TERRITORIAL: la evolución de nuestra alianza de medios


Los medios de comunicación que integramos la Red de Periodistas de a Pie anunciamos que evolucionamos como alianza y ahora nos llamamos TERRITORIAL, bajo este nuevo nombre mantenemos fiel nuestro objetivo: hacer un periodismo local honesto, riguroso y comprometido con las comunidades desde nuestros estados. ¡Síguenos!


Por Amapola Periodismo


Con entusiasmo y orgullo, los medios de comunicación que integramos la Red de Periodistas de a Pie anunciamos que evolucionamos como alianza para consolidarnos bajo un nuevo nombre y concepto que refleja mejor nuestra identidad y compromiso. Nos llamamos TERRITORIAL.

Este cambio representa más que una nueva denominación; TERRITORIAL es un principio, una postura ética y una forma de ejercer el periodismo desde los territorios de México y en formatos digitales. Somos una alianza de medios de periodistas que, desde 2018, ha construido un camino colectivo, sumando saberes, experiencias y una apuesta firme por el periodismo local e independiente.

Desde 12 estados del país, TERRITORIAL se mantiene fiel a su objetivo: hacer un periodismo honesto, riguroso y comprometido con las comunidades. Queremos ser una referencia de buen periodismo local, con prácticas profesionales, responsables y transparentes, en un entorno informativo cada vez más fragmentado.

Este esfuerzo lo integramos los medios LadoB, de Puebla; IstmoPress, El Muro y Página 3, de Oaxaca; Chiapas Paralelo, de Chiapas; Amapola del estado de Guerrero; La Marea, de Veracruz; ZonaDocs, Letra Fría y Perimetral, desde Jalisco; Revista Espejo, de Sinaloa; PopLab de Guanajuato; Raíchali y La Verdad Juárez del estado de Chihuahua; Elefante Blanco de Tamaulipas; Pie de Página de la Ciudad de México; y Escenario Tlaxcala de Tlaxcala.



Nuestra promesa es clara: informar con honestidad y profesionalismo. Cada historia, cada análisis y cada investigación que compartimos está anclada a los territorios y sus realidades. Trabajamos en diálogo directo con nuestras audiencias, escuchando sus voces y mostrando sus necesidades.

Además del trabajo periodístico, TERRITORIAL amplía su acción ofreciendo talleres y actividades especializadas en periodismo, comunicación comunitaria, cobertura en zonas de riesgo, transparencia y uso de datos. Apostamos por fortalecer las capacidades locales desde los propios contextos.

En un momento donde abundan la desinformación y el contenido superficial, TERRITORIAL se mantiene firme en su vocación: verificar, reportear, caminar el territorio. Vamos a los lugares, hablamos con la gente, entendemos el contexto. Porque el periodismo de calidad se hace con presencia y responsabilidad.

A la Red de Periodistas de a Pie reconocemos con profundo agradecimiento todo el apoyo y acompañamiento que nos ha brindado, por lo que nos mantendremos como aliados. Tenemos la seguridad de que continuaremos cultivando una conexión de colaboración y crecimiento.

Hoy más que nunca, invitamos a nuestras audiencias a seguir confiando en el periodismo independiente, ético y territorial que construimos. Su confianza es nuestra mayor fuerza.

Este miércoles 14 de mayo a las 6:30 p.m. súmate a nuestro programa en vivo para conocer más de nuestra evolución, a través de las redes sociales de los medios aliados y de Territorial:

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Exige Cecop a FGE investigaciones sin criminalizar a Marco Suástegui en marcha por la justicia


A 13 días de su muerte, derivado de un ataque armado, integrantes de organizaciones sociales acompañaron a familiares y compañeros de lucha del defensor del territorio para exigir cuentas a los servidores públicos que llevan las investigaciones. Advierten que no dejarán que sea otro crimen de un defensor social sin castigo


Texto y Foto: Margena de la O 

Chilpancingo

Viernes 9 de mayo del 2025


De muchas maneras sus compañeros de lucha hicieron que Marco Antonio Suástegui Muñoz estuviera presente en la marcha de ayer en Chilpancingo para exigir justicia por su asesinato. El sombrero tejano negro que el líder social usó en vida coronó en los puños de las mujeres que encabezaron el contingente y los machetes que llevaron los hombres blandieron durante todo el recorrido.

Eran las mujeres y los hombres del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), de los pueblos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, zona rural de Acapulco, territorio que Marco defendió.

El sombrero y el machete fueron dos símbolos de su lucha de casi 22 años para impedir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construyera el proyecto hidroeléctrico La Parota, porque significaría la desaparición de los pueblos originales de las tierras comunales, quedarían inundados. “¡Marco, hermano, el machete que dejaste, lo llevamos en la mano!”, gritaron sus paisanos durante la protesta.

 


El Cecop durante la marcha por justicia para Marco Suástegui. Las mujeres llevaban su sombrero.

La marcha de ayer en la ciudad ocurrió a los 13 días de la muerte de este dirigente social, porque sus familiares, amigos y compañeros de lucha desconocían cuáles son las líneas que sigue la Fiscalía General del Estado (FGE), encargada de investigar las causas de su asesinato. Además, dejaron en claro, que no permitirán, como ha ocurrido en otros casos, que subestimen su trayectoria.

Marco murió el 25 de abril pasado, al octavo día de estar internado en un hospital privado por el ataque armado que sufrió (el 18 de abril) al salir de playa Icacos, en Acapulco, donde era prestador de servicios turísticos. Rentaba motos acuáticas.

El recorrido y la exigencia de esclarecimiento

La razón de exigirle cuentas a la FGE y a todo el gobierno estatal que encabeza Evelyn Salgado Pineda, es que no habrían de permitir que el caso sea trasladado al repositorio de la injusticia, como otras investigaciones de dirigentes sociales asesinados en Guerrero. Aquí algunos casos de crímenes que siguen sin ser esclarecidos por las instituciones de gobierno: Rocío Mesino Mesino, Arturo Hernández Cardona, Ranferi Hernández Acevedo, Arnulfo Cerón Soriano.

A todos ellos los recordó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, frente a las instalaciones de la FGE, hasta donde concluyó la marcha. “No hay ningún detenido, no hay castigo ejemplar para los que han luchado y han sido asesinados. (…) Hoy es la Fiscalía del nuevo gobierno y la práctica, la inercia y la impunidad sigue reproduciéndose como hace de tres, cinco décadas, con los crímenes del pasado”, mencionó para exponer la falta de interés de las instituciones de gobierno en diferentes épocas.

Expuso, como parte de su discurso durante el mitin con que terminaron la marcha, que todos los presentes, conocidos y allegados a Marco no permitirán que el blanco de las investigaciones oficiales sea la familia del defensor para criminalizarlo o que traten de involucrarlo con otros delitos. “Siempre se investiga a las víctimas y no a los responsables”, mencionó.

Barrera Hernández y Tlachinollan fueron aliados de Marco en diferentes momentos de su lucha, que le costó encarcelamientos, la desaparición de su hermano Vicente y, al final, la muerte, pero solo representa una parte de los miembros de organizaciones sociales que marcharon en la capital del estado.

***

El grueso del contingente lo integraban miembros del Cecop, los compañeros de lucha de Marco, pero lo respaldaban integrantes de otras organizaciones sociales, como la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa; la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el Centro de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos). Además de otras personas que son activistas o que fueron cercanos al vocero del Cecop, como el exgobernador Rogelio Ortega Martínez, académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro).


El contingente de la marcha avanzaba por las calles del centro de la ciudad.

El contingente salió de la avenida Insurgentes, del monumento a Nicolás Bravo, conocido como El Caballito, siguió por todas las calles internas de la ciudad hasta llegar a la FGE.

Los marchistas, de manera principal los miembros del Cecop, expresaron su reclamo, posición e inconformidad durante el recorrido mediante las consignas. “¡Gobierno asesino, mataste un campesino!”, “¡Gobierno opresor, mataste un luchador!”, repitieron.

Para quienes protestaron por Marco las condiciones en Guerrero no han cambiado en nada, porque sigue el avasallamiento contra quienes defienden su territorio. “¡Morena decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería!”, gritaron los marchistas.

Cuando el contingente llegó a la Fiscalía, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, intentó abordarlo, pero los manifestantes no aceptaron hablar con él en la calle, el propósito era que tuvieran un mesa de trabajo formal para saber qué investiga y cuáles son los avances de la FGE. “¡Gobierno decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería!”, gritaron los inconformes hasta hacer que el subsecretario se retirara.

La consigna general era clara. “Que se investigue la trayectoria de Marco Antonio como un defensor. Su asesinato está enmarcado en la lucha que han dado hombres, mujeres del estado para cambiar las condiciones de vida del pueblo de Guerrero”, dijo durante el mitin Barrera Hernández. 

Una comisión del contingente, encabezada por Tlachinollan entró a la FGE, donde plantearon las exigencias que expresaron durante la marcha, como que en la investigación sean contemplados los riesgos que enfrentó Marco como defensor del territorio y la urgencia de proteger a su familia, por el peligro que enfrenta después de su muerte, informó Barrera Hernández al salir. 

Una de las situaciones que expuso el director de Tlachinollan que evidencian que las instituciones han dejado sola a la familia de Marco, es que ya les robaron dos de las cinco motos acuáticas que el defensor tenía y rentaba en la playa Icacos, y que eran parte del pequeño patrimonio de su familia. 

El compromiso mayor que consiguieron en la reunión de ayer en la Fiscalía, es que los abogados de Tlachinollan podrán acceder a la carpeta de investigación para saber cómo avanza y que haya resultados, agregó Barrera Hernández al mencionar que el Cecop tendrá el acompañamiento de las organizaciones sociales de Guerrero. 


 

Reforma de gobernadora Evelyn Salgado que aplazó elección judicial local hasta 2027 beneficia a magistrado cercano


En Guerrero el próximo 1 de junio solo se elegirán cargos judiciales federales tras una reforma de la gobernadora y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien apenas rindió protesta en diciembre pasado


Texto: Margena de la O

Foto: Oficial (Facebook Poder Judicial del Estado de Guerrero)

Chilpancingo

Lunes 5 de mayo del 2025


La primera elección ciudadana en el país para renovar parte de los cargos en el Poder Judicial será en un mes, el primer domingo de junio, pero en Guerrero, los actuales jueces, juezas, magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado permanecerán en sus puestos al menos hasta 2027, debido a la reforma al Poder Judicial local aprobada por la mayoría morenista del Congreso del estado, que retrasó el proceso para la entidad.

La reforma judicial federal contempla que ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular, pero en Guerrero ese ejercicio comenzará hasta 2027 y se aplicará de manera escalonada hasta 2036. Detrás del retraso está una iniciativa firmada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Ricardo Salinas Sandoval, a quienes de manera pública se le atribuye una relación cercana.

Para el ex diputado federal de Morena, Ruben Cayetano García, la maniobra legislativa representa un acto “antidemocrático” y un mecanismo de “protección y tutela a la corrupción” en Guerrero. El abogado, quien lleva años en el interés de que las personas juzgadoras en el estado sean elegidos mediante el voto ciudadano, advierte que en Guerrero siguen operando dos poderes paralelos al formal: el político y el caciquil.

“El poder político y el poder caciquil se ha producido una vez más en Guerrero, independientemente del partido que gobierne, pues, se mantiene el poder caciquil y se protege a través del Poder Judicial. Eso es la impunidad y es una impunidad recíproca, galopante”, denuncia Cayetano García. 

En Guerrero, el Ejecutivo es encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, hija del senador por dos periodos continuos, Félix Salgado Macedonio, ambos militantes de Morena. Lo que ha convertido a los Salgado en una de las familias más imperiosas en el estado. El Congreso local por tercer periodo consecutivo tiene la mayoría de legisladores morenistas, lo que ha garantizado que las iniciativas y propuestas de reforma enviadas por la gobernadora pasen sin contratiempos, incluida la recién reforma judicial. 

“Dieron (los diputados locales) la reforma a modo del poder caciquil, del Poder Judicial, para que las cosas se mantengan en el statu quo, o sea, aparentan que hay una reforma, pero en realidad las cosas se mantienen”, menciona el abogado.

La iniciativa de reforma al Poder Judicial del estado fue presentada a principios de marzo pasado al Congreso del estado por los poderes Ejecutivo y Judicial, encabezados por la gobernadora y el magistrado presidente del TSJ y del Consejo de la Judicatura del Estado. A mediados del mes fue aprobada por la mayoría morenista, con el argumento de que era necesario acabar con los privilegios en el Poder Judicial.

Pero esa reforma termina por beneficiar el magistrado presidente del TSJ, Ricardo Salinas Sandoval, quien tomó protesta apenas el 1 de diciembre del 2024, en un acto donde estuvo acompañado por la gobernadora y legisladores locales. 

Desde antes del máximo encargo en el Poder Judicial local, algunos de familiares directos formaban parte del gobierno estatal de Salgado Pineda con cargos destacados, los cuales mantienen. Su hijo Ricardo Salinas Méndez es Oficial Mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración, y su hermano Arturo Salinas Sandoval es el director de la Comisión Técnica de Transporte de la Administración de Guerrero.


En la imagen, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda junto al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ricardo Salinas Sandoval, en un acto de entregas de visas, programa que impulsa el gobierno estatal. Foto: Oficial.

El exdiputado insiste que ciertas acciones de cara al primer ejercicio de renovación del Poder Judicial federal, en el caso particular de Guerrero, asoman una “impunidad recíproca”.

¿Por qué cargos sí se votará en Guerrero el 1 de junio?

Pese a que en Guerrero no se renovarán cargos judiciales locales este año, sí se elegirá, como en el resto del país, a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. También se votará por 10 magistraturas y 10 jueces de Distrito del Vigésimo Primer Circuito. 

Por ello, Cayetano García considera fundamental participar en las elecciones del 1 de junio. Esta votación, dice, marca el inicio de una transformación en el Poder Judicial federal que podría derivar en una justicia más cercana a la ciudadanía.

A diferencia de otras elecciones, en esta no hay campañas financiadas con recursos públicos ni promesas de dádivas. Eso, señala, obliga a un voto más reflexivo. Aunque los aspirantes pueden tener dificultades para conectar con el electorado —por su lenguaje técnico o falta de experiencia electoral—, la ventaja está en que se trata de perfiles jurídicos con la oportunidad de conocer el entorno social al que servirán, dice.

En cuanto toca a la ciudadanía, ve la oportunidad de un ejercicio consciente para “evaluarnos como sociedad sobre qué tan indignados estamos a la impunidad, la falta de justicia, la delincuencia, las infracciones a la ley”. Ademas, “si queremos la paz, la paz es producto de la justicia y la justicia la imparten los tribunales”.


Fachada de Ciudad Judicial en Chilpancingo. Foto: Margena de la O.

Para el abogado, el reto más grande será que la ciudadanía emita un voto razonado y libre. “Todos somos primerizos en esta elección. Es un avance que no debe demeritarse, aunque la participación sea baja. Quizá esta sea la elección más limpia del futuro”.

En esta elección inédita se renovará 50 por ciento del Poder Judicial federal, es decir, 881 cargos: nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, 15 magistraturas de sus salas regionales, cinco del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito.

Sólo en 19 estados se renovarán también cargos judiciales locales. Guerrero, por las razones antes expuestas, no está entre ellos.

Aun así, todos los votantes del país elegirán a las nueve personas que integrarán la SCJN, el tribunal constitucional más importante del país.

En total, los votantes guerrerenses recibirán seis boletas, todas federales.

Marco Antonio Suástegui enfrentó hasta su muerte todas las fases de riesgo por disentir


El dirigente social resistió 22 años contra la presa La Parota de la CFE, un proyecto que han tratado “de imponer a sangre y fuego” en los Bienes Comunales de Cacahuatepec


Texto: Margena de la O 

Foto: Javier Verdín / Cromática agencia fotográfica y multimedia

Chilpancingo

Lunes 28 de abril del 2025


Marco Antonio Suástegui Muñoz egresó como arquitecto del Instituto Tecnológico de Acapulco y sus planes profesionales eran seguir preparándose fuera de México para, después, regresar y crear proyectos en la zona rural de Acapulco: carreteras, puentes e infraestructura para que el agua potable llegara hasta los Bienes Comunales de Cacahuatepec. 

Le parecía injusto que la zona donde nació y creció dotara de agua a la zona urbana del puerto y sus paisanos la carecieran. “Tenía grandes proyectos de ser un arquitecto prominente”. Los pueblos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec están en la marginalidad.

Pero las circunstancias que estaban por enfrentar sus paisanos le cambiaron la jugada y lo convirtieron en una figura de resistencia en Guerrero. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) empujaba la construcción de la hidroeléctrica La Parota en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, lo que significaba la desaparición de los pueblos originales. Quedarían inundados.

Marco observó despojo, por mucho que las instituciones de los gobiernos, como en todos los proyectos extractivistas o de explotación de recursos naturales que respaldan, plantearan la oportunidad de desarrollo para la zona rural de Acapulco, mientras les ofrecían una reubicación.

Convencido del riesgo, el 28 de julio del 2003, a sus 27 años, comenzó una lucha social junto a los hombres y las mujeres de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. “Tuve que regresar porque vi cómo iba a ser el despojo de las tierras de los campesinos, me di cuenta de que iba a haber una injusticia”. Crearon el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), del cual Marco siempre fue vocero. 

Pronto se distinguió como un líder de temple y discurso fuerte, pero de apariencia sencilla. El sombrero oscuro que usaba y el machete que traía terciado en la espalda le forjaron una identidad.

Conocía los Bienes Comunales de Cacahuatepec donde nació el 17 de enero de 1976, y sus planes, desde que regresó al terminar su carrera universitaria, eran permanecer ahí para siempre.

Así es desde la tarde de este domingo 27 de abril del 2025 que fue sepultado su cadáver en el panteón del poblado de Cacahuatepec. Murió el viernes 25 al octavo día del atentado armado que sufrió en playa Icacos, de Acapulco, donde rentaba motos acuáticas. Los casi 22 años que duró su lucha social enfrentó varios desafíos por su osada resistencia, la más “terrible” de su vida, la desaparición de su hermano Vicente.


El féretro del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, al llegar a Cacahuatepec. Foto: Javier Verdín / Cromática.

Un dolor que nos tiene atrapados

De manera intempestiva Marco se levanta de la silla y dice que se va porque seguro Vicente espera que lo busque. Su reacción es abrupta. Hace unos instantes reía, pero de pronto pareció molesto, como si sintiera culpa por haberse desconectado unos momentos de su pesar.

Antes, en entrevista, dijo que la desaparición de su hermano Vicente le pegó duro. “Me duermo pensando en mi hermano Vicente, sueño con mi hermano Vicente, despierto con mi hermano Vicente, desayuno, como y ceno con mi hermano Vicente”. Marco se despide y se va después de mirar repetidas veces a su alrededor.

La noche del 5 de agosto del 2021 unos hombres se llevaron a Vicente de la avenida principal de colonia Renacimiento, en Acapulco. 

Vicente trabajaba como taxista y salió de su casa esa noche porque le pidieron un servicio que, Marco creía, fue un plan para llevárselo. En la avenida principal de Renacimiento, frente a la Secundaria Federal número 9, un pequeño carro rojo le cerró el paso y unos hombres lo interceptaron, lo bajaron, golpearon y se lo llevaron, de acuerdo con la reconstrucción que hizo entonces el líder del Cecop. No sabía si su hermano estaba herido, pero tenía la certeza de que dispararon para obligar a bajarlo del taxi.

Esta entrevista ocurrió el l9 de octubre del 2021, frente a la playa Papagayo. La razón de que fuera testigo de la reacción inesperada de Marco al acordarse de su hermano fue que antes me concedió una entrevista amplia para hablar de su lucha, que se convirtió en familiar, y la desaparición de su hermano, en la cual tenía indicios de que estarían involucrados agentes policiales con otros grupos armados que en la zona se presentaban como autodefensas.

“Mi hermano está desaparecido y este sufrimiento, le decía yo, que eran como flechas mortíferas, que no solamente te atraviesan el cuerpo, no solamente te ha atravesado el corazón, sino te atraviesan el alma, rompen con tu tranquilidad, no hay paz en el corazón, hay una desesperación tremenda. No saber si Vicente está con vida, no saber si Vicente ya comió, si está enfermo o no, saber si lo están torturando, no saber si Vicente está sufriendo realmente, si está enfermo, realmente es algo que nunca había imaginado”, compartió entonces.

Marco sabía que la situación que enfrentaba con su hermano era resultado de la resistencia de 18 años en ese momento–casi 22 hasta el día de su muerte–, porque se convirtieron en un “estorbo para los gobiernos que, sin duda alguna, van a seguir queriendo imponer a sangre y fuego el proyecto de la presa La Parota”.

También le quedaba claro que se la cobraban con el golpe más bajo. “No tengo miedo de morir, no tengo miedo de ser encarcelado, pero sí tengo mucho miedo de no encontrar a mi hermano Vicente con vida”.

Marco murió y tampoco lo halló.

Desmarañó la jugada

Cuando Marco enfrentaba la desaparición de su hermano ya había vivido momentos duros como dirigente social, como su encarcelamiento en el penal federal de Nayarit.

El vocero del Cecop fue de los dirigentes sociales encarcelados durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero (2011-2014, salió un año antes por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa), considerado el periodo de este cuarto de siglo como el más letal para la lucha social, por el encarcelamiento y asesinato de activistas. 

Lo aprehendieron en Acapulco el 17 de junio del 2014 y al día siguiente ya estaba en Nayarit. En el penal también estuvo presa la ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, quien después fue senadora. Además, en el 2013 mataron a 13 dirigentes sociales, entre ellos Arturo Hernández Cardona, Rocío Mesino Mesino, Raymundo Velázquez Flores y Luis Olivares Enríquez.

Marco ya había estado preso antes y lo estuvo varias veces después. En 2004, en el periodo del extinto gobernador René Juárez Cisneros, al año siguiente de comenzar el movimiento contra La Parota, fue detenido por primera vez. Pero nada, como su año de reclusión en Nayarit, donde perdió 30 kilos de peso. “Cuando yo fui encarcelado en Nayarit pesaba 90 kilos, regresé con 60 kilos, o sea, perdí 30”, comentó en la entrevista de hace cuatro años.

Pero tampoco ese episodio sería lo último que enfrentaría, porque el 7 de enero del 2018, hubo un enfrentamiento entre policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con los que Marco coincidía, y pobladores de pueblos vecinos en La Concepción, que forma parte de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. Esto ocurrió en dos momentos, en uno de ellos, el gobierno estatal, entonces encabezado por Héctor Astudillo Flores, envió una operación policiaca a esta parte rural de Acapulco, al parecer para mermar la oposición a La Parota. El enfrentamiento dejó 11 muertos, entre policías comunitarios y pobladores.

Este hecho le valió a Marco su cuarto encarcelamiento con otros 37 integrantes del Cecop.

Después vendría la desaparición de Vicente quien, compartió Marco en la entrevista de hace cuatro años, había salido desplazado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec entre 2019 y 2020.

Todos estos episodios ocurren en un acoso sistemático no solo de parte de agentes policiacos que los seguían, también de otros grupos de civiles armados. Marco compartió entonces que miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), una organización de autodefensas que creó el dirigente na savi Bruno Plácido Valerio, que fue asesinado el 17 de octubre del 2023, estarían detrás de la desaparición de su hermano en colusión con agentes ministeriales y de otras corporaciones.

Entonces Marco ya tenía claro que para resistir ante las instituciones de Estado había que librar batallas con diferentes rivales. “La lucha social está en verdadero peligro porque ya no son los (policías) federales, ya no son los militares, ya no es el Ejército y la Marina quien desaparece. El gobierno utiliza a grupos criminales para desaparecerte, para asesinarte, para enterrarte vivo, para torturarte, para levantarte y eso es más peligroso”. 

Marco Antonio Suástegui enfrentó todas las fases del riesgo por disentir.

Muere Marco Antonio Suástegui, líder del Cecop, a ocho días de su atentado


El opositor a la presa La Parota de Acapulco dedicó 22 años a esta lucha que le generó encarcelamientos y la desaparición de su hermano Vicente, a quien buscó hasta su final


Texto: Margena de la O

Foto: Tlachinollan

Chilpancingo

Viernes 25 de abril del 2025


El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, murió producto del atentado armado que sufrió el viernes 18 de abril pasado en playa Icacos, de Acapulco, confirmó esta tarde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Fueron ocho días los que el dirigente social permaneció internado de gravedad en un hospital privado del puerto después de los disparos que recibió. 

Suástegui Muñoz solía estar en la playa Icacos, porque también era prestador de servicios turísticos, rentaba motos acuáticas, y fungía como representante de los Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de la Playa Icacos (Tuderpi). 

De acuerdo a lo que registraron algunos medios de comunicación del puerto, el líder social fue agredido en uno de los accesos a la playa la tarde-noche de ese viernes; un hombre se le acercó, le disparó y huyó.

Lo que era público desde entonces por la información que hacían pública integrantes de otras organizaciones sociales que hacen vida en Guerrero, es que Suástegui Muñoz fue intervenido de manera quirúrgica, y que su estado de salud era de gravedad, pero estable 

Pero esta tarde, a las 14:18 horas, Tlachinollan colgó un mensaje en sus redes sociales mediante el cual informaba la muerte del vocero del Cecop. 

“Después de que el pasado viernes 18 de abril de 2025 Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), fuera agredido por un pistolero cuando salía de la playa Icacos, hoy desafortunadamente nos llegó la noticia de que perdió la vida por los disparos de gravedad que le hicieron, luego de 8 días en el hospital tratando de sobrevivir”, es parte del texto difundido. 

La organización también lamentó y exigió una investigación clara de los hechos.

Marco Antonio Suástegui Muñoz es conocido en Guerrero por la lucha social de 22 años que realizó para evitar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE)–con el respaldo de servidores públicos locales– realizaran la construcción de la presa La Parota en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, una parte importante de la zona rural de Acapulco aislada y marginada. 

La oposición fue para evitar que los habitantes de la zona fueran despojados de sus tierras originales, lo que también ocasionó varias diferencias internas entre los pobladores. El proyecto ha sido aplazado por esta lucha.

Estos años de resistencia le valieron a Suástegui Muñoz periodos de encarcelamiento, uno de los más recordados ocurrió durante el periodo del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, estuvo preso por poco más de un año acusado por los delitos de robo y daños en propiedad ajena. 

El gobierno de Aguirre Rivero es de las administraciones recientes donde más dirigentes sociales fueron asesinados y encarcelados. En esa ocasión estuvo en la cárcel de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, donde también estuvo encarcelada la exsenadora y ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado.

De los mayores costos que enfrentó Suástegui Muñoz por su lucha fue la desaparición de su hermano Vicente, a quien el 5 de agosto del 2021 unos hombres se lo llevaron de la avenida principal de colonia Renacimiento, Acapulco, donde trabajaba como taxista. Desde entonces está desaparecido.

Marco dedicó los últimos años de su vida a buscar a su hermano.

Agrega FGE repetidamente en expediente de desaparecidos hace 12 años que las víctimas fueron sepultados de manera clandestina


Los dos hijos y el esposo de Guadalupe Vicario que supuestos policías sacaron por la fuerza de su casa en junio del 2013 estarían enterrados en un punto de Chilpancingo conocido como Cerrito Rico. El dato que está sin acreditar causa sospechas a los familiares 


Texto: Margena de la O

Foto: Colectivo María Herrera

Chilpancingo

Jueves 24 de abril del 2025


Todo pasó tan rápido, al menos así lo vivió al quedar pasmada, que en estos casi 12 años que dos de sus hijos y su esposo llevan desaparecidos, Guadalupe Vicario sigue en la reconstrucción del momento en que unos hombres vestidos como policías los sacaron por la fuerza de su casa, ubicada en la colonia PRD parte alta, de la ciudad de Chilpancingo, y se los llevaron. 

Estuvo tirada en el piso, encañonada con una arma y la advertencia de no moverse por un buen rato–ya no recuerda cuánto tiempo le dieron–si quería evitar que regresaran y los mataran a todos. Pensó en sus otros dos hijos que estaban en casa, un niño de 12 años y una niña de seis años, y su nieta de tres. Solo dejó correr los minutos. 

Pasaban de las seis de la tarde del 25 de junio del 2013 cuando pasó. Guadalupe todavía hacía tortillas a mano para la venta, tenía un puesto afuera de su casa.

Agustín Martínez, su esposo, estaba en el patio ocupado en la compostura de una camioneta, en lo que también le ayudaban sus hijos, Agustín, de 21 años y Héctor, que estaba por cumplir 18 años el 30 de junio. Usaban ese vehículo para acarrear leña desde la Sierra de Chilpancingo, que le servía a Guadalupe para cocer las tortillas. 

En épocas de lluvias, cuando Agustín, el padre, no tenía trabajo como conductor de camión trocero, como son llamados los camiones de carga, en este caso usados para transportar troncos de madera que cortan en las zonas serranas, acarreaba leña para venderla. En las secas era cuando más le contrataban como chofer; la venta de madera no era un negocio de ellos, su trabajo estaba limitado a llevar los troncos a los aserraderos.

En este oficio solía involucrarse su hijo Agustín, porque dejó los estudios desde que acabó la secundaria y se dedicó a trabajar. Héctor recién estudiaba mecánica.

Guadalupe recuerda que uno de los dos hijos desaparecidos, porque tuvo ocho en total, le dijo que tenía hambre. Comenzaba a preparar los alimentos para darle de comer, cuando un grupo de hombres con facha de policía entraron de manera intempestiva a su casa. “No sé si fueron policías, pero ellos venían de policía”, comparte.

En la reconstrucción de los hechos que ha tejido con los recuerdos de todos los que estuvieron en casa ese día, sabe que los supuestos policías llegaron en carros particulares hasta su casa. 

Los hombres la tumbaron al piso y la mantuvieron ahí por la fuerza. “A mí me encañonaron con la armas, me agacharon al piso, me tumbaron. Yo los tuve enfrente, pero es como un casete que se borra, yo nada más oía gritos, gritos”.

Entre esos gritos brotaban múltiples insultos, pero escuchó que su esposo, primero, preguntó a los hombres vestidos de policías qué querían, después, les dijo que dejaran a sus hijos y se lo llevaran a él en lugar de ellos. 

Al final cargaron con los tres y Guadalupe permaneció en el pasmón por un rato más, hasta que los vio perderse para buscar a sus otros hijos y nieta que seguían impávidos de la impresión. Al niño lo halló hasta el fondo debajo de una cama.

Les ha costado mucho, dijo, salir de esa escena de vida. “Luego nos ponemos a platicar, pero como dicen ellos, ya no quieren recordar, porque vivieron con ese temor y hasta la fecha viven con ese temor”.

Un intempestivo dato en la carpeta de investigación

Hay al menos dos razones por las que la historia de la desaparición de los hijos y el esposo de Guadalupe debe ser visibilizado en estos momentos. 

La primera, es que el colectivo local de buscadores de desaparecidos al cual pertenece Guadalupe, el Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, estuvo sumado a la Segunda Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria, donde familiares de desaparecidos organizados en 28 estados del país realizaron actividades durante el sábado 19 y el domingo 20 de abril de manera simultánea. El colectivo María Herrera las extendió al participar en unas mesas de trabajo que organizaron instituciones del gobierno federal en el estado de México desde el lunes pasado hasta este jueves.


Integrantes del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera durante sus actividades del sábado 19 de abril del 2025, en el zócalo de Chilpancingo, al sumarse a la Segunda Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria.

La segunda, porque en una revisión que hizo Guadalupe del expediente que lleva la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la desaparición de sus hijos y esposo halló un dato inesperado: sus hijos y esposo estarían enterrados en un punto de Chilpancingo conocido como Cerrito Rico, ubicado al norte de la ciudad. El lugar es conocido en la ciudad porque ahí está una presa de agua a la que le atribuyen el mismo nombre y suele desbordarse cada temporada de lluvias.

“Me quedé así, asombrada (…). Yo en ningún momento di esa información, hasta me dijo el fiscal, nuestro MP (Ministerio Público) hasta me preguntó, ¿eso dijo es usted?, y le dije no, yo en ningún momento di esa información, yo ni sé cómo apareció esa información allí en mi carpeta”, narra.

Le saltan varias dudas que se convierten en interrogantes, la principal, de dónde sacó la Fiscalía es versión si tampoco está acreditado. “Hasta me dijo el MP, pero si sabe algo usted nos puede informar o investigue, pero cómo voy a investigar yo sin de por si vivo con ese miedo”. Los investigadores locales le pidieron a Guadalupe hacerse cargo también de las indagatorias oficiales. Los familiares de desaparecidos fungen ya uno de los papeles más importantes en la búsqueda de personas desaparecidas.

La dependencia, por lo que ha interpretado Guadalupe de la carpeta, tampoco ha confirmado el dato del posible entierro clandestino de sus hijos y esposo. “Ya ve las autoridades aquí, todo quiere que les pongamos en charola de plata”, agrega.

Guadalupe ya informó a instancias federales sobre este dato que podría prestarse para cambiar el curso de la investigación, porque logró que el gobierno federal también asumiera las indagatorias.

Como parte de la jornada nacional de actividades, los familiares de desaparecidos realizaron concentraciones en plazas y espacios públicos en Chilpancingo y Acapulco y el domingo estuvieron en Atoyac de Álvarez en un acto convocado por la familia de Rosendo Radilla, desaparecido durante la década de los setenta, en la llamada guerra sucia que algunos científicos sociales nombraron terrorismo de Estado, caso por el que el Estado mexicano recibió una sentencia condenatoria por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).


En la imagen aparecen Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, y Gema Antúnez, quien coordina el Colectivo María Herrera, en el acto de Atoyac de Álvarez el domingo 20 de abril del 2025.

Gema Antúnez Flores, quien dirige el Colectivo María Herrera en Chilpancingo, el cual creó después de la desaparición de su hijo Juan Sebastián García Antúnez, ocurrida el 27 de febrero del 2011, informó que estas mesas en las que participa empujan la exigencia de que el gobierno federal revise de manera constante las carpetas de todos los casos de desaparición con expediente, aun cuando sean de larga data. 

“Yo tengo el caso de mi hijo desaparecido desde el 2011, entonces está contemplado como una desaparición de larga data, y se les está pidiendo que esas carpetas sean manejadas de manera virtual, porque yo como madre sigo en la búsqueda”, expone.

Transcurre semana de vacaciones en Acapulco entre dos contrariedades, afluencia turística y asesinatos


Cerró con un promedio 91.6 por ciento en ocupación hotelera y 25 personas asesinadas 


Texto: Margena de la O

Foto: Javier Verdín /Cromática agencia fotográfica y multimedia

Chilpancingo

Lunes 21 de abril del 2025


“Guerrero se consolida como uno de los destinos preferidos de México en esta temporada”, es parte del texto posteado en redes sociales de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda este domingo cuando habló de la ocupación hotelera con que cerraron Semana Santa los cuatro destinos turísticos del estado, donde Acapulco alcanzó un promedio 91.6 por ciento. 

Lo que no figura en esta información oficial son las 25 personas asesinadas en el puerto durante toda la semana pasada de descanso, mientras un parte de Acapulco estaba lleno de turistas. Seis de las personas asesinadas fueron conductores del transporte público o personas de alguna manera asociados a este servicio, lo que generó que algunas rutas del centro y la zona conturbada de la ciudad pararan por algunas horas.

Este número es resultado de un recuento de los hechos violentos suscitados en Acapulco del domingo 13 al domingo 20 de abril, todos publicados por medios locales de comunicación, lo que refleja los diferentes contextos de puerto, como si Acapulco tuviera diversas caras.

Hace unos días Amapola, periodismo transgresor público datos sobre la recuperación turística de Acapulco después de los huracanes Otis (2023) y John (2024) que difunde las instituciones del gobierno del estado y los sucesos violentos que continúan en Acapulco. Dos contrariedades que se acentuaron durante esta Semana Santa que concluyó ayer domingo, pero nunca se cruzaron.

Las playas del puerto estuvieron repletas, según las publicaciones en redes sociales de las dependencias públicas estatales, los medios de comunicación locales y los propios visitantes. Con estas publicaciones, los servidores públicos difundían las diferentes actividades de distracción que hubo en Acapulco, por ejemplo, el puerto fue sede de lo que llamaron la “Cumbre del Mariachi” y otras actividades. Publicaron recomendaciones hasta de los restaurantes que podían visitar.

Todas estas sugerencias dentro de la zona blindada, el Acapulco turístico: el tradicional, que ahora este gobierno le llama la bahía histórica; la dorada, que incluye la costera Miguel Alemán, y la diamante, entre otros puntos que son visitados, como Pie de la cuesta. 

La presencia policiaca y militar por toda la costera, en el principal corredor que conecta con otros puntos, es evidente. Dentro de los números particulares de ocupación hotelera, la zona dorada es la más ocupada, con un promedio de 93.6 por ciento.


Así estuvieron las playas de Acapulco durante Semana Santa. Foto: Cromática.

El otro Acapulco…

Pero en el otro Acapulco, la zona rural, conurbada y hasta en la avenida Cuauhtémoc, ubicada apenas a espaldas de la costera Miguel Alemán, asesinaron a estas 25 personas.

El ataque contra los transportistas llevaba semanas en Acapulco, al menos desde marzo pasado, lo que ya era un antecedente de alarma para estas vacaciones, pero durante Semana Santa hubo una sobre exposición de la situación porque, además, los agresores quemaron unidades y atacaron bases del transporte público, lo que alcanzó a otras víctimas además de los conductores.  

El martes 15 de abril seis personas fueron asesinadas en Acapulco, dos eran dos hombres taxistas. Uno fue asesinado por la tarde en la avenida Cuauhtémoc, cerca del puente Bicentenario, unas personas en moto se le acercaron y le dispararon. Manejaba una unidad de la ruta Centro-Zapata. Antes, por la mañana aún ya habían asesinado a otro taxista en el bulevar Vicente Guerrero, en la colonia Las Cruces. 

Al día siguiente, el miércoles 16, en respuesta contra los ataques, los conductores del transporte publico, de manera particular de taxis y camionetas pasajeras que circulan entre zona conurbada y parte de la zona rural, bloquearon el punto que es conocido como El retorno de la carretera federal México-Acapulco. Durante el bloqueo que duró unas cuatro horas, los conductores no dijeron ninguna palabra a reporteros que cubrían la noticia, su reclamo lo expusieron en las pancartas que portaron durante la protesta, al parecer por temor al exponerse de más.

Este temor no estaba infundado porque unas horas después otro taxista fue asesinado en el bulevar Vicente Guerreros, a la altura de la colonia Renacimiento (zona conurbada). Este conductor había participado en el bloqueo unas horas antes. Su numero de taxi, el 2980, fue visto en el lugar de la protesta.

Al día siguiente, jueves 17, mataron a otro taxista y el viernes 18 a otro. La víctima del viernes ocurrió en un ataque armado al sitio de taxis de la unidad habitacional Casa Palenque, que cubren la ruta hacia el centro de Acapulco. A conductores de esta ruta se les vio en el bloqueo del miércoles, contaron quienes estuvieron en el lugar. En ese mismo hecho mataron a una mujer que era trabajadora de un establecimiento de comida cercano al sitio de taxis, según publicaron algunos medios de comunicación del puerto.

Además, en esta semana fueron incendiadas dos unidades del transporte público, una en Caletilla, ruta Ex campo de tiro-Caleta, y una en calle Nicolás Bravo, cerca del punto conocido como El Vaquero Norteña, en el centro de Acapulco. 

Este último hecho ocurrido el viernes pasado generó que conductores de al menos tres rutas del transporte público de la parte poniente del puerto pararan el servicio durante el resto del día; las unidades que iban de Pie de la Cuesta, Pedregoso y San Isidro hasta el centro no circularon y los habitantes de esa parte de Acapulco tuvieron qué resolver esa necesidad.

De estos hechos ni de las causas don fondo han hecho una mención oficial los servidores públicos estatales, a excepción de que la Secretaría de Seguridad Pública del estado difundió en redes sociales que la semana intensificó su operación policial en los destinos turísticos, donde ya habrían unos 13 mil elementos, según los números publicados durante el arranque del periodo vacacional.

Este lunes, todavía es visible la presencia de turistas en Acapulco, debido a que las vacaciones para estudiantes dura una semana más, y la Secretaría de Turismo del estado siguen convocando a visitantes al puerto.

Recupera Acapulco turismo tras huracanes, pero violencia persiste


La Semana Santa en Acapulco es una prueba para su recuperación turística, tras los estragos de los huracanes Otis y John. Mientras que una reciente ola de violencia en las zonas populares obligó a un despliegue policial y militar en el puerto.


Texto: Margena de la O
Foto: Cromática agencia fotográfica y multimedia
Chilpancingo
Lunes 14 de abril del 2025


La Semana Santa en Acapulco representa una prueba para la recuperación del puerto como destino turístico a nivel nacional, tras los impactos de los huracanes Otis (2023) y John (2024). Sin embargo, la persistente situación de inseguridad, con la que sus habitantes llevan lidiando desde hace más de una década, volvió a hacerse presente justo antes del inicio de la temporada.

Antes de las vacaciones, que comenzaron este fin de semana, el puerto ha experimentado dos semanas de violencia, lo que generó un despliegue policiaco que expuso la situación de alerta.

Las estadísticas de asesinatos en Acapulco en lo que va de abril lo reafirman. Un recuento de hechos violentos, basado en las publicaciones de medios de comunicación locales desde el inicio del mes hasta ayer domingo 13, arrojó que asesinaron a 22 personas en estos días. El periódico El Sur publicó a inicios de abril que marzo cerró con 44 personas asesinadas en el puerto, de las cuales 10 eran transportistas.

Los hechos violentos de los días previos a las vacaciones que iniciaron este fin de semana se concentraron en zonas populares, como la colonia La Mira, que forma parte de ese otro Acapulco que poco es considerado cuando los servidores públicos, empresarios y prestadores de servicios hablan del puerto en términos turísticos.


La imagen corresponde a las diligencias después del asesinato del trabajador de una tortilleria de la colonia La Mira, el 7 de abril pasado. Foto: Andrew López.


Las maestras y los maestros del preescolar y la primaria de La Mira, de acuerdo con la sección XIV del SNTE, salieron de vacaciones una semana antes porque, a unos metros de donde están ubicados los planteles, ocurrieron ataques a balazos, y mataron a un taxista y a trabajadores de tortillerías.

La reacción institucional del gobierno del estado fue enviar vigilancia a la zona de escuelas y ofrecer talleres de activación física y dinámicas para el control de emociones y la prevención del consumo de drogas a la secundaria, que mantuvo sus actividades durante toda la semana pasada, con el propósito, según difundieron, de prevenir la violencia.

La Secundaria Técnica 151 Caritino Maldonado está un poco más lejos del lugar de los ataques. Ahí, los preadolescentes y adolescentes recibieron clases de boxeo.

Desde entonces, la vigilancia en las zonas turísticas es una prioridad, porque el periodo vacacional estaba en puerta. A lo largo de toda la costera Miguel Alemán, según los habitantes del puerto, es evidente la presencia de policías estatales, guardias nacionales y militares desde hace días.

En el contexto de este arranque, el secretario de Seguridad Pública en Acapulco, Eduardo Arturo Baileres Mendoza, informó que el gobierno municipal forma parte de una estrategia integral nacional de seguridad pública y que la vigilancia en La Mira es importante, como lo son las áreas de cualquier otro cuadrante del puerto.

Mencionó que, como resultado de esa coordinación, ahora funcionan en Acapulco más de 2,000 cámaras institucionales de videovigilancia. Pero Acapulco también fue noticia hace unas semanas porque la Marina retiró de algunos puntos de la ciudad cámaras irregulares que podrían ser operadas por grupos criminales.

El viernes pasado, en Taxco, durante el acto oficial para el arranque de la operación policial del periodo vacacional de Semana Santa (del 11 al 27 de abril), el gobierno del estado informó que más de 13 mil elementos fueron distribuidos en el estado, en particular en lugares turísticos, como Acapulco.

Declaran a Acapulco recuperado

Para el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, Roberto Arroyo Matus, la recuperación de Acapulco en infraestructura turística está completa después de Otis y John; solo están pendientes algunas habitaciones o condominios particulares de la zona Diamante del puerto, lo que significa, si acaso –dijo–, un 3 por ciento.

“Tenemos ya prácticamente una recuperación total, a pesar de que hemos tenido condiciones climatológicas un poco adversas. El nivel de ocupación y lo que hemos podido ver aquí es que se está recibiendo una gran cantidad de visitantes”, comentó en entrevista.

La única alerta que los tuvo un tanto a la expectativa fue el alto oleaje por un fenómeno conocido como mar de fondo, que provocó olas altas en los últimos días en diferentes playas de la bahía, pero –aclaró el secretario– no generó ningún escenario negativo, porque ni reportes de palapas derribadas tuvieron.

Todo el discurso institucional del gobierno del estado está orientado en la misma tónica para estas vacaciones. Por ejemplo, el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco, en pleno acto de arranque de la operación policial especial, soltó: “Se cumplió el pronóstico, gobernadora (Evelyn Salgado Pineda), de llegar a las 15 mil habitaciones en Acapulco”.

El periodo vacacional arrancó con 15,004 habitaciones reservadas en 274 hoteles de Acapulco, de acuerdo con las estadísticas de la dependencia.

El funcionario celebró que la ocupación hotelera se mantenga desde el inicio de 2025 entre un 71 y 80 por ciento los fines de semana normales, y que suba durante los fines de semana largos.

Seguridad o inseguridad pública, según el lugar del puerto

La inseguridad de las últimas semanas en ciertas zonas del puerto no figura en el discurso institucional para este periodo vacacional. Algunos empresarios de Acapulco también parecen no mirarla.

Al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco (Canaco Servytur Acapulco), Alejandro Martínez Sidney, le llena de confianza las acciones institucionales coordinadas que –dijo– emplean los diferentes niveles de gobierno actualmente en el puerto.

Consideró que Acapulco no es el mismo que hace 20, 15 o 10 años, porque “ha habido grandes avances en materia de seguridad y prevención de los delitos. Acapulco ha mejorado mucho su seguridad. La extorsión ha disminuido”.

La queja más recurrente del sector empresarial del puerto hace algunos años, como parte del contexto violento, eran las extorsiones de criminales, y Martínez Sidney fue uno de los que más se quejó.

Pero ahora, expuso, han disminuido las extorsiones porque las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, en particular desde el cambio de la administración federal, han respondido con mayor “eficacia”.

Sin embargo, en las zonas urbanas distintas a la costera y otros puntos turísticos podrían tener una evaluación muy diferente a la del empresario. Por ejemplo, en La Mira, donde requirieron vigilancia especial.

Pero el empresario reduce la problemática a los eslabones sociales más débiles: los consumidores de drogas. “Estas ejecuciones que se han dado en el transporte son acapulqueños contra acapulqueños, entonces, no es el gobierno el causante de la violencia, son los consumidores de droga. La droga altera a las personas”.


 

Equinox Gold comienza a liquidar a trabajadores sin ofrecer un proceso de cierre a ejidatarios de Carrizalillo


Se cumplen siete días del plantón que los ejidatarios de Carrizalillo mantienen para impedir los trabajos de Equinox Gold, después de que venciera el contrato de arrendamiento de sus tierras para explotación de minerales. La empresa debe sanear las tierras del ejido antes de retirarse, lo que le llevaría unos cinco años


Texto y Foto: Margena de la O 

Chilpancingo

Lunes 7 de abril del 2025


Este lunes están cumpliéndose los primeros siete días del plantón que los ejidatarios de Carrizalillo mantienen en el acceso principal a su comunidad para impedir los trabajos de la empresa minera Equinox Gold, después de que venciera el contrato de arrendamiento de sus tierras para explotación de minerales sin llegar a acuerdos de renovación. 

En todos estos días no ha habido acercamiento de la compañía para el proceso legal de cierre, informó el Comisariado Ejidal de Carrizalillo.

Lo último que supieron los ejidatarios es que la empresa ya comenzó a liquidar a algunos trabajadores. Como parte de los acuerdos que los ejidatarios mantuvieron con las compañías que explotaron minerales en el ejido, de manera particular oro, es que un número importante de habitantes del pueblo fueran trabajadores.

Los ejidatarios comenzaron este plantón, ubicado a la altura de la primera caseta visible de la empresa sobre el camino hacia el pueblo de Carrizalillo, desde el primer minuto del pasado martes 1 de abril, porque el 31 de marzo venció el último contrato que firmaron con la empresa Equinox Gold en 2019. 

Desde finales del año pasado hay un desacuerdo entre los ejidatarios y la compañía porque no ajustaban los números para renovar el contrato. El argumento de los ejidatarios es que la empresa no quería sostener los términos del anterior contrario porque, según les dijeron, el ejido ya no les era rentable como antes, en lo que no coinciden los ejidatarios, porque en 2024 extrajeron más de 170,000 onzas con un costo de producción que todavía les dejó ganancias.

De acuerdo con la información que compartieron los ejidatarios el día que comenzó el plantón, el contrato que terminó suscribía para los ejidatarios 6.9 onzas de oro anuales por cada hectárea en renta, pero el último ofrecimiento que les hizo la empresa fue de 2.5 onzas. Carrizalillo rentaba a Equinox Gold unas 1,400 hectáreas de su ejido.

En un comunicado formal los ejidatarios difundieron que la empresa pretende reducirles un 64 por ciento del último. 

La empresa además se niega, según dijeron ejidatarios, a sostenerles el convenio social, las obras sociales para los habitantes de Carrizalillo que, con los 20 de años de explotación minera son de primera necesidad, como la operación de la Casa de Salud y los medicamentos especializados que les ofrecían a mitad de precio.

Los 175 ejidatarios, en asamblea ejidal, rechazaron la última propuesta que la empresa les hizo a finales de marzo. Su posición es mantener la negociación, pero de tal manera que convenga al ejido; los ejidatarios proponen recibir cuatro onzas de acuerdo con el Comisariado Ejidal de Carrizalillo. “Incluso, después, quedamos que nosotros íbamos a llevar otra propuesta, pero la empresa ya no se presentó”, compartió uno de los ejidatarios.


Parte de la infraestructura de la minera Equinox Gold en Carrizalillo.

Desde antes que terminará el convenio, la empresa giró unos documentos a los parcelarios de Carrizalillo, a quienes también les rentó sus tierras aunado a los ejidatarios, que terminaban la relación de renta, y tampoco les ofreció un acuerdo para el cierre formal.

Derivado de todo esto, los ejidatarios comenzaron el plantón para motivar una negociación de cierre formal de las operaciones mineras, como está establecido en las leyes. 

Las autoridades ejidales recordaron que el cierre de las operaciones es todo un proceso que contempla el saneamiento de sus tierras hasta que estén listas para la siembra, como antes, lo que llevaría su tiempo; calcularon unos cinco años. Lapso en el que la empresa también debería cubrirle un arrendamiento. 

Pero en estos siete días de plantón no han tenido ningún tipo de acercamiento para negociar una u otra cosa, informaron los ejidatarios. “Lo que esperamos es un cierre. Es un proceso, sabemos que no es de la noche a la mañana, va a tardar como cinco años mínimo”, insistió el ejidatario.

Lo que supieron es que algunos trabajadores ya fueron liquidados.

 Las actividades de la empresa siguen detenidas porque el plantón sigue.

Ejidatarios de Carrizalillo llegan a 20 años de explotación minera entre la incertidumbre del pago por sus tierras


Este 31 de marzo venció el convenio de arrendamiento que tenían con Equinox Gold, quien para renovarles les ofrece menos de la mitad de lo establecido en el último contrato. Los ejidatarios montaron un plantón para impedir los trabajos de la minera. De no llegar a acuerdos, la empresa deberá dejar las tierras saneadas al ejido antes de retirarse 


Texto y Foto: Margena de la O 

Carrizalillo / Eduardo Neri

Miércoles 2 de abril del 2025


Al mediodía de este martes 1 de abril, los ejidatarios de Carrizalillo dieron un recorrido guiado por sus tierras, incluidos los espacios donde está la infraestructura de la minera Equinox Gold, como los campos de lixiviados, que riegan con una mezcla de cianuro y las piletas cargadas de arsénico, área donde hacen la separación de metales, particularmente el oro, que explota (o explotaba) la minera del consorcio de minas Los Filos-El Bermejal.

Fue posible llegar hasta estos sitios que solo transita personal de la minera porque desde el primer minuto de este martes los ejidatarios comenzaron un bloqueo en el acceso principal de la comunidad, a la altura de primera caseta de la minera, para impedir que la compañía continúe con los trabajos de explotación de minerales, porque el lunes 31 de marzo venció el plazo del contrato que tenían con la empresa y aún no llegan a acuerdos. 

Lo que significa que las operaciones de explotación minera a cielo abierto están paradas y los ejidatarios pueden recorrer sus tierras que están en una condición muy diferente a la de hace años, cuando los ejidatarios ancianos todavía sembraban maíz, frijol o calabaza. Con la conclusión del convenio también se cumplieron 20 años de explotación minera.

El conflicto actual, visto desde los ejidatarios, es porque la empresa se niega a aceptar una contrapropuesta que presentaron después de la última oferta que les hizo la empresa en la negociación de hace unos días para renovar el convenio. Equinox Gold les ofreció 2.5 onzas de oro por hectárea al año.



El estira y afloja entre los ejidatarios y la empresa minera comenzó al cierre del 2024, ante el inminente vencimiento del contrato que establecieron ambas partes en 2019. La empresa se niega a mantener los términos de este contrato que venció, con el argumento de que Carrizalillo no les es rentable como antes, según la versión que les hicieron saber a los ejidatarios.

Pero los ejidatarios, quienes han buscado asesoría, están en desacuerdo, las tierras son rentables para la explotación de oro. El problema, inisten, es el procedimiento que usan para la separación de los minerales.

El contrato que terminó suscribía 6.9 onzas de oro anuales por cada hectárea en renta, pero para renovárselos la empresa les ofrecen 2.5, pero los 175 ejidatarios en pleno–la asamblea ejidal– rechazaron la propuesta, están dispuestos bajarse solo hasta cuatro onzas, de acuerdo con el presidente del Comisariado Ejidal de Carrizalillo, José Luis Rodríguez Saldaña. Carrizalillo tenía rentado a Equinox Gold unas 1,400 hectáreas de su ejido.

Rodríguez Saldaña aclaró que el ejido está dispuesto a negociar con la empresa, pero en un margen que convenga a todos.

Los ejidatarios contemplan en su propuesta más que el número de las onzas. Los miembros de ejido consultados mencionaron la necesidad de que la empresa les mantenga el convenio social, que se traduce en acciones sociales que para los habitantes del ejido se han convertido en primera necesidad. El convenio les permiten mantener las becas para niñas, niños y jóvenes que estudian desde su nivel básico hasta la licenciatura, los apoyos a madres solteras y personas con discapacidad, cubrir necesidades de infraestructura y, además, surtir la Casa de Salud con medicamentos y equipo. 

La Casa de Salud ofrece a los habitantes los medicamentos a mitad de precio, porque muchos toman fármacos especializados a causa de males que asocian con la explotación minera. Los patios de lixiviados, donde comienza el proceso de separación del oro de las rocas, usan sustancias tóxicas y están cerca de la comunidad; el habitante Horacio Montiel, por ejemplo, tiene sus tierras y su casa a unos 200 metros de distancia.

En una publicación a principios de este marzo, Amapola, periodismo transgresor documentó que parte de las secuelas de explotación minera en Carrizalillo es la contaminación ambiental y las enfermedades entre los habitantes en diferentes niveles de gravedad. Hay pacientes que necesitan medicamentos de por vida para controlar sus problemas en la piel, los ojos y el sistema respiratorio, sin contar quienes los padecimientos más graves.

“El convenio de colaboración social, parte de ello es para mitigar parte de la actividad que hace la minera”, comenta Alberto Adame Maturana, quien forma del ejido.

El recorrido de la devastación

El plantón de los ejidatarios permitió lo que pocas veces ocurre en Carrizalillo, recorrer los espacios en los que opera la minera. El obstáculo hasta el lunes pasado para cruzar la zona de operaciones no tiene que ver con la distancia, porque prácticamente es parte de la comunidad, las restricciones en el acceso eran para no entorpecer las labores de la compañía.

Pero este martes a mediodía todo estaba despejado. En el trayecto, el presidente del Comisariado Ejidal se da cuenta que la empresa ya desmontó algunas de las oficinas móviles que había en el camino hacia los patios de lixiviados.

Desde lejos, estos patios parecen ser rociados con agua mediante un sistema de mangueras subterráneas, pero de cerca, el olor penetrante alerta sobre algo tóxico. Es una mezcla cianurada, según los pequeños carteles colgados sobre la malla del perímetro, que esparcen sobre el suelo de la zona.

Lo que parece un sistema de riego en funciones permanentemente, seguidas de unas gigantescas albercas de un líquido azul, forma parte del complejo donde se lleva a cabo la separación del metal de las rocas.


La imagen corresponde a los campos de lixiviados en Carrizalillo, los que cuales son rociados con un mezcla cianurada para comenzar el proceso de separación del metal de las rocas.

Lo mismo ocurre, cuando en una parte del camino antes inaccesible, quedan de frente los cerros roídos del complejo de mimas Los Filos- El Bermejal. La profundidad de lo cavado en busca de los metales queda tan expuesta que exhibe el desconsiderado fin de la explotación minera

Desde aquí y en estos momentos de desacuerdo con Equinox Gold, la pregunta que no sobra es cómo recuperarían estos espacios después de 20 años de explotación. 

Sanear las tierras, antes del cierre

En el lugar del plantón, el mismo punto que han ocupado en otros años para negociar acuerdos con las compañías, hay varios ejidatarios que son adultos mayores, dispuestos a compartir cómo evalúan esta negación de la empresa para mantener los acuerdos. Aun cuando fueron consultados por separado por los reporteros que llegaron a dar cobertura al plantón, coincidieron en que si la empresa termina de manera definitiva sus operaciones, antes de retirarse debe componerlo todo, dejar las tierras como cuando estaban, porque así lo convinieron desde que establecieron el primer convenio en 2007. Pero las exploraciones y construcción del complejo comenzó antes, al menos desde 2005.

–¿Cómo ve la situación?, –le pregunta un reportero a María Martina Carrera Guillermo, una de las ejidatarias. 

–Pues, yo la veo mal por la pinche empresa, porque yo tengo rentada mis tierras, que eran tierras de labor, pero, pues, digo, nos iba a estar pagando de la renta, me voy manteniendo, pero ahorita ya se amachó (encaprichó). Ahorita si se quiere ir que se vaya, que ya no regrese, pero que arregle, –dice determinada la mujer de 86 años.


María Martina, una de las ejidatarias de Carrizalillo.

Para que les entreguen sus tierras como estaban, listas para sembrar, como pide Marcos Peña Barrios, otro de los ejidatarios mayores, con 79 años, significa un proceso que requiere tiempo y un cumplimiento económico. “Para que se vaya nos tiene que pagar hasta que nos entreguen nuestras tierras, así está el papel cuando se arregló todo”, dice el ejidatario.

Al menos necesitarían unos cinco años para el cierre como indican los procesos legales y normativos. “Estamos hablando de todas las actividades que se requieren para un cierre apegado a la normativa, a la ley y, obviamente, que responda a las necesidades de ejidatarios, sobre todo del campesino, es decir, que sus tierras estén en condiciones para que puedan ser trabajadas. Hablamos de un saneamiento integral de actividades que implica la estabilidad de taludes, el tema hídrico, la descontaminación de las parcelas (…)”, comenta Adame Maturana.

La estimación entre los ejidatarios es que ese proceso de cierre les saldrían tan caro a la empresa como si continuara en funciones unos 20 años más, esto no solo por la infraestructura que montaron en el ejido, también por las secuelas de su permanencia.

La contaminación ambiental, que los tiene enfermos y sin agua, porque les cancelaron los manantiales de los que se surtían, es parte de las implicaciones más comentadas, pero las implicaciones trastocan a los habitantes de otras tantas maneras.



 

Encuentro entre exalcaldesa de Chilpancingo y líder de Los Ardillos ocurre dentro de una gira de trabajo en zona rural


Hernández Martínez dice que se lo presentaron como un líder de la Policía Comunitaria en 2022, ya en funciones como alcaldesa. Ahora que le restituyeron sus derechos en Morena vuelve hablar del tema y dice que el video completo es de 40 minutos e insiste en que lo difundan completo


Texto: Margena de la O

Foto: Cortesía 

Chilpancingo

Domingo 30 de marzo del 2025


Ahora que Morena le restituyó su militancia en el partido, después de un proceso interno derivado de la exposición de un video donde se le ve reunida con quien fue identificado como Celso Ortega Jiménez, el líder del grupo criminal local Los Ardillos, la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, comparte que el encuentro ocurrió durante una gira como parte de su encargo en pueblos de la capital.

De acuerdo con su narración, ella estaba en una gira de trabajo por Petaquillas y Tepechicotlán, dos comunidades del municipio que forman parte del corredor que conecta a Quechultenango, el municipio vecino de donde son originarios los hermanos Ortega Jiménez. Este encuentro debió ocurrir en junio del 2022, por las referencias que proporciona.

Cuando fueron filtrados partes de este video, julio del 2023, no quedó claro en qué momento fue, si estaba en funciones o no, pero le costó ser relegada por los actores políticos de su partido, incluida la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la estructura estatal de Morena y su dirigente, Jacinto González Varona. Lo que desencadenó un proceso en su contra al interior del partido.

Después de su recorrido, menciona que acudió a desayunar con un grupo de personas a un restaurante ubicado sobre ese camino rural. Ahí le presentaron a Ortega Jiménez como un líder de seguridad comunitaria en la zona, con quien comienza una charla de cosas “sin importancia”, que calcula duró unos 40 minutos, porque su permanencia completa en el lugar cree que fue de una hora.

Admite que el hombre le dice explícitamente quién era y que ella sigue la conversación mostrándose “empática”. Pero insiste en entrevista para Amapola, periodismo transgresor lo que ha dicho siempre, nunca pactó con él ningún tipo de acuerdo y que los fragmentos del video que circularon fueron cortados con un sesgo o intención.

–¿Usted llega (al lugar) sabiendo de esa reunión?, –se le pregunta.

– Te voy a comentar un contexto antes. Días antes, ustedes recordarán que en esos días había una situación bien complicada, entre Petaquillas, Chilpancingo no había transporte, días antes habían retenido a los militares. Al ver ahí empezamos a poner camionetas para ayudar a la gente por lo menos (…), como esas prohibiciones aparentemente, digo fácticas (…), porque nunca nadie (incomprensible), porque nomás decían a partir de esta fecha no hay (…), genera caos, uno como gobernante trata de ayudar dentro de sus alcances; puse a disposición esas camionetas, fui a entregar apoyo esos días, me fui…

Tú sabes que ahí en ese entronque hay Policía Comunitaria.

–¿De Petaquillas, se refiere?

–Ajá. Entonces yo lo que hice fui a Tepe (Tepechicotlán), fui a Peta (Petaquillas) y fuimos a desayunar, no recuerdo ni el restauran, pero está en la carretera. Cuando yo estoy ahí me dicen que ahí estaba el comandante comunitario, y lo que hago, me dicen, salúdalo, sirve que tienes la oportunidad de poder interactuar lo que está sucediendo, como operan aquí, me refería en el sentido de cuidar a la gente y cosas así, y obviamente salieron otras cosas.

Como ves en el video, se habló de política, o sea cosas, fuera sin importancia, pero de alguna manera hubo una interacción de no más de 40 minutos. Fue muy rápido, porque estaba desayunando abajo con mi esposo y otras personas. Ya tiene la Fiscalía (FGR-Fiscalía General de la República) ahí la información, incluso nos convocaron y alguien me dice oye aquí está, lo saludé y yo ah, hola.

–¿Se presentó esta persona?

–Sí, ya en el momento se presentó (…). Obviamente ahí está en el video, dice soy, y yo (…) creí que era más (…). Yo pensé, todas las líneas, la mayor parte de los, por ejemplo en Mazatlán había un comandante comunitario que se llama Neri, incluso fue asesinado, era un adulto mayor, ya eran grandes, personas que de alguna manera tenían como sus autodefensas, pero obviamente era gente mayor, cosas así.

[En varias partes de la entrevista, la ex alcaldesa no termina las palabras, frases u oraciones.

La retención de militares citada ocurrió el 8 de junio del 2022, de acuerdo con lo que está documentado en la prensa local. Habitantes de Petaquillas y miembros de la autodefensa del pueblo retuvieron por unas nueve horas a 25 militares, como parte de sus acciones para impedir que policías y guardias nacionales entraran al pueblo para labores de seguridad. Los habitantes también formaron barricadas con llantas y piedras para impedir el paso durante la noche.

Lo que Hernández Martínez menciona como Policía Comunitaria en Petaquillas es un grupo armado todavía cobijado en el discurso de autodefensa, que ingresó en enero de 2015 al amparo de una organización de seguridad comunitaria, el llamado Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).

Pero lo que esta documentado hasta por el propio gobierno estatal es que en el camino que va de Petaquillas a Quechultenango hay una férrea presencia de Los Ardillos].

–(…) No le di importancia porque nunca hablamos, o sea, de alguna manera, yo ahí lo dije (…). Si hablamos, hablamos cosas de paso, oye qué está sucediendo, cosas así, no, pues, nosotros nomás cuidamos cuestiones de eso, ah, pues, bien, ya. No, pues, estamos a la orden, cosas. Fui muy, como que fui empática en ese sentido. No hubo otra cosa.

Por eso digo que si hubiese habido algo, creanme que yo me hubiera callado. Siempre me mantuve, me mantuve, me mantuve, dije no es cierto, incluso yo dije, yo exijo que salga ese video completo, exijo porque no es lo que está pasando. Trataron de cortar, poner, como tratar de hacer, buscar la forma de que había un pacto.

–¿Esto en sus funciones, entiendo, estaba como alcaldesa en ese recorrido?

–Sí, así es. Así es.

–¿La investigación sigue? Entiendo que la Fiscalía sigue con el curso de la investigación.

–Por supuesto. Creo que hay al respecto muchas averiguaciones previas, carpetas de investigación por lo que yo entendí, incluso de chascarrillo me dijeron oiga, si usted hubiese sido el chivo de la campana para agarrar a tales delincuentes desde cuando le hubiéramos hablado. Y también quiero decirte que siempre estuve a disposición de la Fiscalía (FGR) todo el tiempo, incluso con quien tuve el encuentro directamente, el fiscal que estaba en Chilpancingo, el que asesinaron, hubo siempre la atención. Derivado de esta situación, el asunto se estaba llevando allá (Chilpancingo), y derivado de su asesinato se vino el asunto aquí en la Ciudad de México y desde aquí lo hemos estado llevando.

Yo he estado atenta, porque yo le pregunté a la Fiscalía, díganme, resuélvanme, me dijeron no, es que no eres indiciada, el proceso sigue, eres entrevistada.

[Fernando García Hernández era el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guerrero, fue asesinado a balazos la mañana del 12 de septiembre en la colonia Cipatli, de la ciudad de Chilpancingo.

La exalcaldesa ha manifestado desde los días siguientes en que fueron filtrados los fragmentos del video que aun cuando fue notificada por la FGR, quien investiga el caso, solo le han llamado para ser entrevistada].

–Entonces, lo que usted me dice es que son como 40 minutos de este encuentro.

–Como fue rápido a veces no sientes el tiempo, yo creo que no fue ni una hora. Creo que una hora me tardé ahí desayunando con las personas que veníamos de esta visita dentro de Petaquillas, Tepe (Tepechicotlán).

–Una cosa, ¿usted como alcaldesa tuvo acoso de estos grupos (en referencia de Los Ardillos)?

–No. No. No.

-¿Pudo trabajar? ¿Usted terminó su administración trabajando normalmente?

–Así es, pero nunca tuve un acoso ni nada, molestia, eso se los aseguro. Porque yo me desplazaba ahí a Petaquillas, iba a los eventos de todo el corredor del Valle (del Ocotito), pueden ver todos los eventos, ya solamente dejé de ir en los procesos de elección (tiempos de elecciones), como que me mantuve para no entorpecer.

[Los Ardillos tienen presencia según un mapa criminal diseñado al principio de la administración del gobierno estatal en toda esa parte rural al sur de la ciudad de Chilpancingo.

En esta entrevista, la ex alcaldesa también insiste en que el trasfondo del caso es político. Cuando se le preguntó por qué y de quiénes dijo que no señalaría a nadie en particular, pero mencionó que en su momento ella buscó y se reunió con gente de su partido y del gobierno estatal para explicarles lo que había pasado y que ellos, en particular González Varona y el secretario General de Gobierno, de quien rehusó pronunciar su nombre, pero en ese momento era Ludwig Marcial Reynoso Núñez, prefirieron dirimir el caso de manera pública.

Quizá “por miedo por verse manchados, porque nunca había gobernado la Cuarta Transformación”, pero eso, dice, lo aprovecharon sus adversarios políticos].


 

Exigen destitución del nuevo director del zoológico Zoochilpan un día después de su nombramiento 


Profesionales en áreas ambientales, especialistas en flora y fauna, entre otros, emitieron un comunicado para hacer la petición pública, la razón es que Rodríguez Zavalza no cumple con el perfil que establece la Ley del Bienestar Animal 491. Es licenciado en Locución y su mérito más reciente es el de cuidador de Perritos Felices, el refugio de perros que fundó Salgado Macedonio.


Texto: Alberto Ramírez

Foto: Facebook Rommel Francisco Rodríguez Zavalza

Viernes 28 de marzo del 2025 

Biólogos, médicos veterinarios, profesionales en áreas ambientales, especialistas en flora y fauna, y sociedad civil manifestaron a través de las redes sociales su preocupación y rechazo por el reciente nombramiento de Rommel Francisco Rodríguez Zavalza, licenciado en Locución, como nuevo director del zoológico Zoochilpan, de Chilpancingo, por no contar con el perfil idóneo para el cargo.

Ayer jueves le tomaron protesta como servidor público de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), área de la cual depende el zoológico.

Él mismo difundió en sus redes sociales los detalles de ese momento y agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por la encomienda. Este nuevo servidor público es públicamente conocido como alguien cercano al senador morenista Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora.



Entre sus funciones recientes eran la de cuidador de Perritos Felices, el refugio de perros que fundó Salgado Macedonio.

Enrique Vázquez Arroyo, biólogo cofundador Bio-Explora Guerrero, egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), hizo una publicación en redes sociales mediante la cual convocaba a la sociedad en general a integrar un documento donde plasmaran su inconformidad y razones de peso contra este nombramiento.

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado, Ángel Almazán Juárez, presentó al nuevo director del zoológico Zoochilpan, Rommel Francisco Rodríguez Zavalza, el jueves 27 de marzo del 2024. Foto: Facebook oficial Ángel Almazán Juárez.

Horas más tarde, el biólogo y otros tantos expertos y profesionales en áreas ambientales, especialistas en flora y fauna, técnicos, divulgadores y sociedad civil difundieron un documento donde argumentan su rechazo al nombramiento de Rodríguez Zavalza y piden su destitución como director del zoológico.

Además, exigieron que el gobierno estatal dé a conocer los procesos de selección que empleó para elegirlo.

En el documento los expertos y profesionales expusieron que con la designación de Rodríguez Zavalza incumplen la Ley del Bienestar Animal 491, que establece que “los titulares de zoológicos, bioparques y acuarios en Guerrero deberán poseer título y cédula profesional de médico veterinario zootecnista, biólogo u otra carrera a fin de la materia”.

Recordaron también que la ley menciona que debe existir una convocatoria emitida por la Semaren, la cual debe ser pública y abierta, pero esto nunca sucedió. No hay registros en las redes sociales oficiales o medios de comunicación locales sobre esta convocatoria.

Rodríguez Zavalza es licenciado en Locución, de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas.



La preocupación de los profesionista, expertos y sociedad civil es por el desconocimiento del nuevo director para manejar un zoológico. Es “un significativo retroceso en cuanto a transparencia y cumplimiento de la ley, optando por una persona con un perfil diferente al estipulado, sin experiencia en el manejo de vida silvestre, medicina veterinaria, anatomía, morfología, nutrición animal, entre otras áreas de importancia requerida en el zoológico”, se lee en el documento.

Esto sucede después de dos años de que el Zoochilpan se viera envuelto en un escándalo nacional porque el entonces director, José Rubén Nava, permitió que se sacrificaran cuatro cabras pigmeas para la cena de fin de año de sus colaboradores.

Rodríguez Zavalza solía salir en los en vivos en redes sociales que hace Salgado Macedonio desde el refugio Perritos Felices, como uno más de sus seguidores que aplauden y ríen ante las ocurrencias del senador.


 

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