Marisela y su vida de explotación en campos agrícolas

Texto : ​Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero

Chilpancingo

 

Marisela, de 27 años, originaria de la comunidad de Iztacalco, municipio de Chilapa, cuenta que por la falta de trabajo en Guerrero quiere que la contraten para laborar en los campos agrícolas de Florida, Estados Unidos.

Ella, al igual que otros 50 jóvenes, se formó para ser entrevistada por un funcionario del Servicio Nacional de Empleo (SNE) y ser contratada como trabajadora agrícola.

Marisela tiene experiencia en labores agrícolas desde los siete años.

Su mamá la llevaba a trabajar a distintos campos agrícolas de estados del norte del país.

Apenas hace un mes trabajaba en un campo agrícola de Sonora, un poco antes estuvo en Sinaloa, Hidalgo y Morelos.

«Tengo un hijo de 12 años. Lo dejo en mi pueblo; me lo cuida mi mamá».

En el patio central de las oficinas de la Secretaría del Trabajo, ubicada en la calle Galo Soberón y Parra, hay unos 50 jóvenes procedentes de comunidades de los municipios de Zitlala y Chilapa que esperan ser contratados de jornaleros agrícolas.

Son contratados aquí directamente por representantes de empresas de Florida.

Para que sean fichados tienen que cumplir una serie de requisitos por ejemplo tener en regla su pasaporte, experiencia en labores agrícolas, acta de nacimiento, certificado de salud y contar con el esquema de vacunación y la de refuerzo del Covid-19.

Uno de los requisitos es que tengan la vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si tienen la vacuna Cansino, la China o la rusa, Sputnik, no son contratados.

El viaje a Estados Unidos lo paga la empresa que los contrata.

«He cortado pepino, ejote, chile, berenjena», indica Marisela al hablar sobre su experiencia como jornalera agrícola.

Mencionó que uno de los requisitos que tuvo dificultades para conseguir fue la constancia de su último trabajo en los campos de Sonora.

«Las empresas con las que vamos a trabajar quieren que uno tenga mucha experiencia en el corte de los productos agrícolas y yo la tengo», presume la joven.

Dice que el trabajo en los campos agrícolas es de siete de la mañana a cuatro de la tarde.

Sobre este punto de la productividad laboral que exigen las empresas de Estados Unidos, un empleado del SNE que depende de la Secretaría del Trabajo del gobierno federal, contó que un jornalero recibe el pago de un salario mínimo diario pero se le exige que debe de rendir más para que le peguen más.

«La empresa exige 200 cajas diarias del producto agrícola pero muchos llenan hasta 500 cajas y a esos les pagan más», contó.

Según el funcionario del SNE, la Secretaría del Trabajo está al pendiente de que los derechos de los trabajadores no les sean violados allá en Estados Unidos.

Este programa de contratación de jornaleros agrícolas se realiza aquí en Chilpancingo dos y hasta tres veces al año.

«El contrato es de tres meses, pero puede durar hasta diez meses», dijo el funcionario.

En esta primera semana de agosto, el SNE y la empresa estadounidense Lipman Produce María Dehrigen contrató a 60 hombres y 8 mujeres.

Uno de los enviados de la empresa les explica a los aspirantes que el trabajo es duro y que no van a Estados Unidos a «tirar rostro».

La jornada laboral es de seis días y el día de su descanso la empresa lleva a los trabajadores a realizar sus compras de la despensa y a realizar los envíos de remesas a sus familiares.

Si quieren divertirse en su único día de descanso lo harán en sus cuartos y no en la calle.

Los 68 escogidos por la empresa partirán del 20 al 25 de agosto; viajarán solos hasta Monterrey, Nuevo León y en esa ciudad serán recogidos por los representantes de la empresa quienes los trasladarán a Florida.

Los gastos de los pasajes del transporte lo pagarán los jornaleros y cuando lleguen a Monterrey la empresa se los reembolsará, se les explicó en la entrevista.

El funcionario del SNE presume que Guerrero ocupa uno de los primeros lugares en exportar mano de obra a Estados Unidos.

«Tenemos cifras de las remesas que envían los jornaleros agrícolas a sus familiares pero por cuestiones de seguridad no las damos a conocer», dice.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en sus conferencias mañaneras que las remesas que envían los migrantes crecieron durante su gobierno.

«La verdad es un logro que no nos debe de alegrar porque eso refleja que hay más gente de nuestro país que se va a trabajar a Estados Unidos porque aquí no tiene opciones», indica Marisela.

«Yo no puedo estar en mi pueblo todo el año porque tengo que salir a trabajar porque si me quedó no tengo dinero para mantener a mi familia», agrega.

Cuenta que en su pueblo ubicado en la Montaña baja de Guerrero, si hay escuelas, agua, luz y centro de salud.

«Pero no hay trabajo», menciona.

La mayoría de las mujeres y hombres que solicitaron ser contratados para laborar en los campos agrícolas en Florida y en otras ciudades de Estados Unidos son de comunidades de los municipios de Chilapa y Zitlala.

Ambos municipios desde hace décadas son expulsadores de mano de obra barata a los campos agrícolas de los estados del norte de México y también a Estados Unidos.

Organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón documentaron las condiciones de explotación laboral de los jornaleros agrícolas de esta región de la Montaña baja de Guerrero.

Actualmente estos dos municipios, aparte de la marginación y pobreza en que viven sus habitantes, son azotados por la inseguridad y violencia.

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Hombres armados asesinan a tiros a un joven en billar de Chilpancingo

 

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Un joven fue asesinado a balazos por hombres armados en un billar ubicado en la calle Omiltemi, en la colonia Guerrero, aquí en la capital del estado.

El joven identificado con el nombre de Roberto estaba acompañado por otra persona cuando fue agredido a tiros.

Eran alrededor de las siete de la noche cuando dos individuos ingresaron al billar con razón social Agus y dispararon contra Roberto frente a las demás personas.

Los dos agresores llegaron al billar a bordo de una motocicleta.

El joven recibió un balazo en la cabeza y otros más en distintas partes del cuerpo.

El cadáver del joven quedó tirado en el piso cerca de una mesa de billar.

La víctima vestía playera negra, pantalón azul y tenis negros con una franja blanca.

En este billar ubicado a unas cuadras del centro de Chilpancingo se han registrado otros hechos de violencia.

El 30 de octubre del 2019, hombres armados entraron a este mismo billar y asesinaron a balazos a un hombre de 60 años.

Otro joven fue asesinado a balazos en ese billar el 30 de enero del 2018 por hombres armados.

A pesar de que en este negocio se han cometido crímenes y se han registrado riñas, las autoridades municipales de Chilpancingo no lo clausuran.

Llama obispo a los sacerdotes a cuidarse de la delincuencia que mantiene en zozobra a Guerrero

Cómo parte de la Jornada Nacional de Oración el obispo González Hernández ofició una misa en el la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac para pedir paz en Guerrero y México.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Después del ataque a balazos que sufrió el sacerdote Felipe Vélez Jiménez en Chilapa, y de las amenazas contra el director y sacerdote del Centro de las Víctimas Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, el obispo de la Diócesis Chilpancingo – Chilapa, José de Jesús González Hernández, recomendó a los sacerdotes de la diócesis a tomar medidas de seguridad y cuando viajen en carretera siempre porten con ellos una identificación.

 

«Siempre es mejor prevenir, yo recomendaré que siempre que salgan (los sacerdotes) usen los levanta cuellos, la cruz en el pecho o algún elemento religioso, incluso un auto rotulado», comentó González Hernández.

Esta recomendación que dio este sábado en la tarde el prelado es después de que el pasado jueves Vélez Jiménez, sacerdote de Iguala, fue atacado a balazos cuando circulaba en su automóvil por las calles de Chilapa.

“Si nos confunden que nos confundan, porque ya la traen pero que no nos vayan a confundir por equivocación”.

De acuerdo con González Hernández el estado de salud de Vélez Jiménez es estable, pero tuvo que ser trasladado al estado de Morelos.

Al ser cuestionado sobre los avances de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso, González Hernández dijo que no les han informado algún avance y que desconocen el motivo del ataque a Vélez Jiménez.

Sobre el tema de la violencia comentó que en todo México es difícil la situación, pero como iglesia católica trabajan siempre a favor de la paz, por lo que hizo un llamado al diálogo y aseguró que para resolver el tema de necesita de todos los actores sociales.

«Si el gobierno quiere resolver todo solo es complicado, la iglesia tampoco puede sola y mucho menos la sociedad, por eso tenemos que trabajar en equipo», comentó.

Sobre el tema de dialogar con los grupos del crimen organizado, dijo que el acercamiento y el diálogo es una posibilidad para lograr la pacificación del estado.

Cómo parte de la Jornada Nacional de Oración González Hernández ofició una misa en el la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, en medio de la votación de consejeros de Morena, para pedir paz en Guerrero y México.

Minutos antes un aproximado de 100 feligreses católicos marcharon de la Alameda Granados Maldonado a la Plaza Cívica, durante su recorrido los manifestantes iban rezando, vestidos de blanco y con carteles donde pedían paz y un alto a la violencia.

Durante la marcha se vio a personas que portaban gallardetes en la que iba la imagen de un familiar desaparecido o asesinado en Guerrero.

Este domingo en Acapulco, el sacerdote Salvador Cisneros dijo que las autoridades que no tienen empatía con los familiares de los asesinados y desaparecidos no deben ser servidores públicos.

Cisneros ofició una misa en Acapulco por el cierre de la Jornada Nacional por la Paz que convocaron las autoridades eclesiásticas hace una semana.

En la homilía que se realizó en la iglesia Cristo Rey, ubicada en la avenida Universidad en Acapulco, estuvieron integrantes del Colectivo en Busca de sus Desaparecidos.

 

 

Detienen a hijo de ex alcalde de Copanatoyac por el feminicidio de dos mujeres

Las dos medias hermanas, originarias de Copanatoyac, fueron sepultadas este miércoles por la tarde y familiares, vecinos y amigos exigieron justicia y castigo al feminicida.


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan 

Chilpancingo

 

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que fue detenido el presunto feminicida de dos mujeres de la comunidad de Tlaquetzalapa, municipio de Copanatoyac, en la región de la Montaña.

Se trata de Fernando Reyes Olivos quien el pasado martes en la noche asesinó a tiros a su pareja sentimental Kenia López Flores y a la media hermana de ella, Avelina Olivares López, cuando ambas estaban en la casa propiedad de ésta última.

Kenia deja en la horfandad a tres adolescentes y su hermana Avelina, tres niños.

Las dos medias hermanas fueron sepultadas este miércoles por la tarde y familiares, vecinos y amigos exigieron justicia y castigo al feminicida.

Versiones de los familiares de las dos víctimas aseguran que la noche del martes 26, Fernando Reyes, golpeó a Kenia, quien se fue a refugiar a la casa de su hermana mayor Avelina.

Reyes Olivo, al parecer estaba en estado de ebriedad,  acudió a la casa de Avelina para buscar a Kenia.

En la vivienda Reyes asesinó a tiros a las dos medias hermanas frente al hijo de una de ellas.

Esa noche del martes 26, Reyes Olivo fue en busca de Kenia después de que ella abandonó su casa en Copanatoyac debido a que sufría violencia física y psicológica.

Ramón Gamboa Ayala, vicefiscal de Investigación de la FGE, informó que el presunto feminicida fue detenido este miércoles por elementos de la Policía Investigadora Ministerial.

Reyes Olivo es hijo del ex alcalde priísta de Copanatoyac, Enterbio Reyes Bello,  asesinado a balazos en abril del 2011.

Miguel Reyes Bello, otro priísta que fue alcalde de este mismo municipio, es tío de Reyes Olivo.

Los Reyes Bello son considerados caciques de ese municipio porque han estado en el poder durante décadas. Enterbio y Miguel Reyes fueron acusados de actos de corrupción durante el período constitucional en que gobernaron.

Versión de la FGE

La FGE informó que alrededor de las once y media de la mañana  del martes  26 de julio, Fernando Reyes se encontró en la calle a su pareja sentimental Kenia López y a la media hermana de ésta, Avelina Olivares, con quienes discutió.

El feminicida, al parecer estaba en estado de ebriedad, sacó una pistola y disparó contra las dos mujeres dejándolas tiradas en la vía.

El individuo que venía procedente de la comunidad de Potoichán, municipio de Copanatoyac,  se dio a la fuga.

La otra versión es de que Fernando Reyes llegó a la casa donde vivía su pareja y tocó la puerta.

El individuo entró a la casa y en presencia de dos niños le disparó a su pareja sentimental y a la hermana de ésta.

En menos de dos meses,  cuatro mujeres fueron asesinadas en este municipio de la región de la Montaña alta.

El 1 de mayo, hallaron los cadáveres de dos mujeres asesinadas a tiros en la carretera Potoichán-San Vicente Amole.

Las dos mujeres Eleuteria Dircio Cristino y Rosalía Pérez García,  eran cuñadas. Fueron privadas de su libertad por un grupo de hombres armados cuando estaban en su casa en la comunidad de Laguna Membrillo, del municipio de Zapotitlán Tablas.

Los individuos dieron muerte a balazos a las dos mujeres y después fueron a tirarlas a la carretera en el municipio de Copanatoyac.

De estos casos, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha realizado ninguna Investigación.


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La Ley de Bienestar Animal, letra muerta porque no estipula tabular de multas y sanciones

De acuerdo con varias asociaciones dedicadas a la protección del bienestar animal, la Ley es letra muerte porque no existen protocolos para su implementación.


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Amílcar Juárez 

Chilpancingo

Scotta era una perra mestiza de tamaño mediano. Era negra, con manchas blancas y cafés. Vivía con una familia de la colonia Galeana de Chilpancingo. Un día sus dueños salieron y no regresaron. Dejaron a Scotta sola, encerrada y sin alimento.

Esteban era vecino de la familia humana de Scotta. Su casa está justo al lado. Después de una semana, Esteban se percató de que sus vecinos no llegaban y de que Scotta estaba sola y sin nadie que la alimentara. Esteban comenzó a pasarle alimento a Scotta de la parte alta de su escalera al patio donde estaba Scotta.

Después de esa semana, Scotta logró salir de su casa y Esteban le llevaba comida a su puerta o Scotta se acercaba a la puerta de Esteban para que la alimentaran. Así pasaron tres meses, hasta que un día Scotta vio la puerta de la casa de Esteban abierta y entró.

“Tardó un poco en agarrar confianza, iba, comía y se salía, pero después de una semana ya nos conocía más y se quedó”, recuerda Esteban.

Así, Scotta se convirtió en la mascota de Esteban y de su familia.

Scotta compartió dos años con ellos antes de morir, en esa familia Scotta fue cuidada, la llevaban al veterinario, la alimentaban y sobre todo le daban amor. Para Esteban era difícil de creer que hubiera personas que abandonaran a sus mascotas.

Si la Ley Número 491 de Bienestar Animal del Estado de Guerrero se cumpliera, probablemente los primeros dueños de Scotta hubieran pagado una multa económica o enfrentado de seis meses a cuatro años de prisión por abandonar a Scotta.

Pero surgen dos cuestiones por lo que eso no sucedió, Esteban desconocía que existe la Ley de Bienestar Animal. El desconocimiento acerca de la legislación genera que muchas personas no denuncien los casos de maltrato animal.

El otro punto es que, de acuerdo con varias asociaciones dedicadas a la protección del bienestar animal, la Ley es letra muerte porque no existen protocolos para su implementación.

El papel de la sociedad es el problema

Isela Anaya es cofundadora de Fundación Tesan y explica la limitante de la Ley de Bienestar. “La ley no es aplicada como tal, no hay un tabulador de multas y sanciones”.

La fundación Tesan es una fundación sin fines de lucro que se dedica a brindar apoyo a perros y gatos en situación de calle. Es una de las fundaciones de la capital que se ha preocupado por que disminuya la población de perros abandonados.

El domingo 17 de julio del 2022, la fundación Tesan realizó una campaña de esterilización gratuita, en la que esterilizaron a 100 perros y gatos abandonados.

De acuerdo con Isela Anaya, aunque la Ley de Bienestar Animal entró en vigor desde el año 2014 aún falta mucho trabajo por parte de las autoridades para que se aplicada de manera correcta, además de que muchas personas no conocen esta ley y no saben que castigos o consecuencias pueden tener al maltratar o abandonar a un animal.

“Se supone que podemos hacer las denuncias en cualquier Ministerio Público (MP) del fuero común, pero una vez interpuesta una denuncia ya no existe ese seguimiento, las carpetas se archivan porque no existen protocolos para realizar las investigaciones”, comenta.

Existen diversas fundaciones y asociaciones en Chilpancingo que se dedican a procurar el bienestar animal realizando campañas de esterilización a bajo costo, campañas de desparasitación, adopción de animales y su único sustento es el apoyo de la ciudadanía.

Tesan tiene dos años como fundación y para ellos crear conciencia en las personas sobre el cuidado y protección animal es importante. Tesan al igual que muchas otras fundaciones vive del apoyo de las personas, de cooperaciones voluntarias, de donaciones en especie, realizan rifas, caminatas y kermeses para seguir con su labor.

La situación es complicada y aún hay mucho por hacer. En sus actividades han tenido buena respuesta de la ciudadanía, lo que les ha permitido apoyar a los perros abandonados.

Falta de cultura sobre el cuidado animal

De acuerdo con el director del Centro de Control Canino y Felino de Chilpancingo, Filiberto Pérez, en la capital existe una falta de cultura sobre el cuidado animal. El director del centro comentó que, 95 por ciento de los perros en situación de calle tuvieron dueño, es decir, terminan abandonados por falta de cuidado.

Respecto al número de perros en situación de calle, el control tiene datos de hace tres años en los que se revela que en Chilpancingo hay aproximadamente 75 mil perros abandonados.

Estos datos se contraponen con los datos de fundaciones y asociaciones, quienes comentan que en la capital hay 95 mil perros abandonados.

Filiberto Pérez considera que hay una sobrepoblación de perros en situación de calle y cree que es por qué hay falta de cultura sobre el cuidado animal.
“Nosotros damos pláticas en escuelas para generar conciencia sobre el cuidado animal, que los niños aprendan sobre el tema y lo pongan en práctica”, comentó.

El Centro de Control Canino y Felino de Chilpancingo por el momento tiene 10 perros bajo su resguardo, los cuáles serán esterilizados y puestos en adopción.

Ciudadanos de Chilpancingo acuden a esterilizar perros en situación de calle

Generar conciencia en la sociedad

Sea desde la parte institucional o desde las asociaciones que se dedican a rescatar y cuidar perros abandonados, el objetivo es el mismo: lograr una concientización en las personas sobre el respeto y cuidado en los animales, principalmente en los perros.

Tanto las instituciones como las asociaciones consideran que la esterilización es una de las soluciones al problema, para que ya no se sigan reproduciendo animales en situación de calle.

La cultura de la adopción también es una parte importe que ambos promueven, adoptar y no comprar.

Aunque la sociedad participa en las campañas en pro del bienestar de los perros, aún existen personas que no cuidan adecuadamente a sus mascotas y en casos peores, todavía hay quienes envenenan de forma masiva a los perros abandonados.

Isela Anaya cree que es importante la reeducación en este tema. «Aprendamos a querer y respetar a estos animalitos vivientes y que sienten, si no los quieres no los maltrates porque ya es un delito».


Niña con matrimonio forzado, la encarcela su suegra y le exige que le pague 160 mil pesos

 

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Amílcar Juárez 

Chilpancingo

 

Una niña de 14 años de Cochoapa El Grande que sufrió matrimonio forzado fue encarcelada por la policía comunitaria, huyó de su pueblo porque es perseguida por su suegra que le exige la devolución de los 160 mil pesos que pagó por ella.

La menor, a quien le pondremos el nombre de Ema para resguardar su identidad, fue obligada a casarse en julio del 2021 cuando tenía 13 años.

Con el que se casó tenía 16 años.

Fueron el abuelo materno y el tío paterno de Ema los que recibieron los 160 mil pesos de pago por su venta.

En la boda hubo comida, alcohol y baile que los mismos suegros pagaron.

Pero el suplicio de Ema continuó después de su matrimonio forzado ya que sus suegros y esposo se la llevaron a los campos agrícolas de Autlán, Jalisco.

En ese lugar, a pesar de su corta edad, los suegros y su esposo la obligaban a guisarles el desayuno, almuerzo, comida y cena todos los días.

La niña también trabajaba en los campos agrícolas sin recibir ningún dinero porque se la paga se la daban a su suegra.

«Aquí la suegra y el hijo prácticamente estaban explotando a la niña quien poco después de haber sido obligada a casarse quedó embarazada», señaló Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En marzo de este 2022 la niña, esposo y suegros regresaron a Cochoapa El Grande. La menor ya tenía más de ocho meses de embarazo.

Fue en ese mismo mes que Ema decidió huir de la casa de sus suegros y refugiarse con su mamá que tiene su vivienda en la colonia San Rafael, ubicada en la misma cabecera del municipio.

En un parto de alto riesgo, la menor de edad parió en el centro de salud de Cochoapa.

Pero la suegra no se quedó contenta con su huida y continuamente la hostigaba para exigirle la devolución de los 160 mil pesos que había pagado por su «venta».

El 28 de abril pasado, la suegra acompañó al comandante y a cinco integrantes de la policía comunitaria para que la detuvieran en su casa, todavía convaleciente del parto que había tenía un mes antes.

Con el encarcelamiento de Ema y de una de sus hermanas, sus suegros querían presionar a sus familiares para que les regresaran los 160 mil pesos.

Cuando se supo que Ema y su hermana estaban encerradas en la cárcel de Cochoapa, personal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acudieron y con el apoyo de la Fiscalía lograron la liberación de las dos víctimas, el mismo 28 de abril.

Al comandante y los cinco policías comunitarios se les integró una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de las dos menores de edad.

Pero la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha actuado y ahora los policías comunitarios persiguen a Ema por el robo de un arma cuando fue detenida.

«Eso es absolutamente falso, ella no robó ninguna arma», señaló la abogada Arias Vitinio.

La situación de Ema, su mamá y otros siete familiares, entre hermanos y primos se complicó porque ante el acoso que sufrían por la comunitaria y sus suegros tuvieron que huir de su comunidad en la Montaña Alta, en donde los índices de pobreza y marginación son de los más elevados del país.

Ahora Ema y su familia desplazadas viven en una casa lejos de Cochoapa El Grande.

Son tan graves sus condiciones que a veces no tienen para comer.

Arias Vitinio contó que la mamá de Ema y los demás familiares que vivían en su casa en Cochoapa tenían como modo de manutención económica la venta de atole.

«Se salieron de su comunidad prácticamente sin nada y hasta ahora no vemos el apoyo de las autoridades del gobierno del estado», expresó la abogada.

Mencionó que en un principio la Secretaría de la Mujer apoyó con algunos insumos a la familia, pero eso ha sido insuficiente ya que aparte de comida se requiere el pago de la renta de la casa.

El caso de Ema no ha sido el único que se ha dado a conocer en el 2021 y en lo que va de este 2022.

Por ejemplo, en octubre del 2021, se informó del caso de la niña Nayely de la comunidad Joya Real, municipio de Cochoapa El Grande, quien escapó de sus tratantes para evitar que la casaran de manera forzada a cambio de la cantidad de 200 mil pesos.

También como en el caso de Ema, Nayely fue detenida por la policía comunitaria para que sus familiares regresaran los 200 mil pesos que recibieron por su venta.

La abogada Arias Vitinio, dijo que a más de ocho meses de que la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda y la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino, pusieron en marcha la estrategia para frenar la venta de niñas o matrimonios forzados en la Montaña este plan solo se ha concretado en realizar talleres de información en las comunidades y cabeceras de los municipios.

«No se va a fondo en el asunto», dijo la abogada.

Se trató de entrevistar a la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, quien contestó la llamada pero dijo que en ese momento era imposible dar una versión porque estaba en una reunión.

«Después le regreso la llamada», fue lo que dijo la funcionaria estatal.

Desaparecen dos niñas de albergue de Acapulco y Abelina dice que se escaparon

Este sábado la FGE emitió la alerta Amber dando a conocer la desaparición de las niñas Adriana Salmerón Galeana y José Brisai Cruz, de 15 y 11 años, respectivamente.


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: FGE

10 de junio de 2022

Chilpancingo

 

La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó, a través de la alerta Amber, la desaparición de dos menores de edad del albergue de Las Villas en Acapulco.

La alcaldesa morenista, Abelina López Rodríguez, aseguró que ambas se escaparon.

Este sábado la FGE emitió la alerta Amber dando a conocer la desaparición de Adriana Salmerón Galeana y José Brisai Cruz, de 15 y 11 años, respectivamente.

La institución señaló que la última vez que a ambas se les vio fue este sábado 9 de julio en el albergue Villa de las Niñas, ubicado en la calle Michoacán, en la colonia Progreso, en Acapulco.

Después que la FGE emitió el reporte, la edil de Acapulco aseguró que las dos menores reportadas como desaparecidas se escaparon del albergue.

«Las niñas a esa edad se brincan rapidito, no tengo el dato de cuando llegaron (al albergue) y es el presidente del patronato (del DIF municipal) el que tiene que responder», afirmó López Rodríguez.

Dijo que en la plática que tuvo con el presidente del (patronato del DIF) «es que las dos niñas llegaron con un problema y que se escaparon».

Hasta este domingo, las dos menores siguen desaparecidas, dijo la FGE.


Iglesia católica pide un alto a la violencia

Vázquez Florencio también exigió justicia para los dos sacerdotes jesuitas asesinados en Cerocahui, Chihuahua, el pasado 22 de junio.


Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Amílcar Juárez
10 de julio de 2022
Chilpancingo

Durante la misa dominical por los enfermos, realizada en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, el sacerdote Filiberto Vázquez Florencio pidió a las autoridades un alto a la violencia en el estado y en el país

Vázquez Florencio también exigió justicia para los dos sacerdotes jesuitas asesinados en Cerocahui, Chihuahua, el pasado 22 de junio.

Respecto a las críticas que diversos sacerdotes realizaron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre su incapacidad de erradicar la violencia Vázquez Florencio durante su sermón dijo que los comentarios no son contra él (López Obrador), ni contra su partido político.
“Es contra un sistema injusto que muchos sectores tratamos de erradicar”.

Durante el sermón también llamó a López Obrador a solucionar el tema de la violencia en Guerrero, porque los casos que atiende en el Centro Minera Bello no disminuyen.

“Reconocemos que el presidente está combatiendo las causas de la violencia, que hay muchos apoyos, pero una beca o un apoyo social no es garantía de que una persona regrese con bien a su casa”.

Recordó que el pasado 8 de julio desapareció un padre de familia con su hijo en la comunidad de Acatepec, en la región Montaña y se acercaron a él para pedirle apoyo, y cuando buscaron al fiscal regional de Tlapa éste contestó que tenía cosas más importantes que atender refiriéndose al secuestro del director del DIF en Tlapa, secuestrado y liberado ese mismo día en una operación conjunta de elementos de la FGE y la Policía Estatal.

El padre y su hijo fueron hallados muertos en un camino rural de Tlapa y trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, en donde les niegan a sus familiares recoger a los cadáveres.

“¿En que momento se hizo más importante un político que el pueblo?”

Vázquez Florencio, integrante del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, durante la misa que realizó en la entrada principal del Hospital General, colocó las fotos de Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales, los dos sacerdotes asesinados en Chihuahua.

“Esta misa la dedicamos a nuestros hermanos asesinados que solo cumplían la palabra de Dios”, mencionó

La misa se realizó en el contexto de la Jornada de la Paz, convocada por el episcopado mexicano para exigir al gobierno federal el esclarecimiento del crimen contra los sacerdotes en Chihuahua.

Recordó a los sacerdotes guerrerenses asesinados; Germain Muñoz García, Jhon Sellado y Marco Antonio Crispín, a los que también dedico la misa.

 

 

Detienen en Tijuana a feminicida que descuartizó y cocinó a nutrióloga de Taxco

El presunto feminicida era buscado por la Interpol con base a una orden de aprehensión que emitió un juez de control de Taxco.


Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: Redes
Chilpancingo

Un individuo que en enero del 2018 asesinó y descuartizó a su ex esposa en Taxco, Guerrero fue detenido por las autoridades en Tijuana, Baja California, este miércoles en la noche.

Se trata de César Gómez Arciniega, quien tenía orden de aprehensión por el feminicidio de la nutrióloga Magdalena Aguilar Romero y logró escapar de las autoridades.

El ayuntamiento de Tijuana difundió en su página de Facebook un comunicado en el que informó sobre la detención de Gómez Arciniega, por las fuerzas de seguridad de ese municipio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) acusó a Gómez Arciniega de asfixiar, cortar y cocinar a su ex esposa, en enero del 2018, en Taxco de Alarcón.

El presunto feminicida era buscado por la Interpol con base a una orden de aprehensión que emitió un juez de control de Taxco.

La nutrióloga Magdalena Aguilar Romero fue reportada como desaparecida el 13 de enero del 2018 y nueve días después su cadáver desmembrado fue hallado en una olla dentro de un refrigerador.

Otra parte del cadáver de la víctima era cocinado en un local de venta de cerveza ubicado en el barrio de Guadalupe, casi en el centro de Taxco y que era propiedad de Gómez Arciniega.

Silvia Arciniega, mamá del feminicida, fue detenida por su presunta complicidad en este hecho.

El feminicidio de la nutrióloga de Taxco causó indignación en la sociedad de ese municipio; desde entonces, hay protestas encabezadas por grupos colectivos feministas exigiendo justicia y castigo al responsable.

Las activistas feministas acusaron a la FGE de permitir que el feminicida de la nutrióloga se haya escapado de la acción de la justicia.

Se prevé que en las próximas horas las autoridades de la FGE presenten al feminicida y sea enviado a una de las cárceles de esta entidad.

Gobierno federal se lanza contra la UPOEG y los acusa de aliarse con Los Rusos

En la conferencia matutina de este jueves Mejia Bermeja se refirió a los ocho policías comunitarios de la UPOEG detenidos en Marquelia después de agredir a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional el 28 de junio pasado


Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Fotograma 
7 de junio de 2022
Chilpancingo

 

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal informó que de acuerdo con sus investigaciones, la policía comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) está aliada con el grupo del crímen organizado conocido como Los Rusos que opera en Acapulco y la Costa Chica de Guerrero.

En la conferencia matutina de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador, Mejia Bermeja dio a conocer esta Información a través del informe semanal Cero impunidad en la que explica sobre las acciones contra la incidencia delictiva.

Mejía Berdeja se refirió a los siete policías comunitarios detenidos en Marquelia después de agredir a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional el 28 de junio pasado

Uno de los detenidos fue Jesús N, alias comandante Calleja, de acuerdo con Mejía Berdeja, tiene al menos diez carpetas de investigación abiertas por delitos de homicidio y privación de la libertad.

Agregó que el pasado 4 de mayo, presuntamente, el comandante Calleja retuvo a dos unidades de la Marina, a quienes amenazó con colgarlos de un puente.

Los otros seis implicados son Juan Carlos N, Vicente N José Luis N, Andrit N., Daniel N, Miguel N.

El funcionario agregó que todos ellos están acusados de cometer agresiones armadas, y de portar ilegalmente armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros delitos, por lo cual fueron vinculados a proceso penal.

En su informe, el subsecretario dijo que previo a la detención de éstos siete, el 13 de mayo se logró ejecutar una orden de aprehensión contra Víctor «N», otro presunto integrante de la UPOEG, por el delito de homicidio calificado con ventaja y robo específico en el estado de Oaxaca, dando así un total de ocho personas vinculadas con esta agrupación comunitaria aprehendidas.

Indicó que, de acuerdo con las investigaciones, la UPOEG, «usa una base social para que, a través de bloqueos carreteros incluso en el puerto de Acapulco, impidan la detención de presuntos criminales que tiene alianza con un grupo criminal conocido como Los Rusos.

El grupo del crimen organizado denominado Los Rusos operan en en el puerto de Acapulco y gran parte de la Costa Chica, pero el subsecretario aseguró que «ya se está actuando en consecuencia para desarticularlos».


 

Llega Guardia Nacional y en Buenavista, grupo armado ataca con drones explosivos

Versiones de los lugareños de Buenavista de la Salud revelaron que se percataron que las granadas que estallaron cerca de la comandancia fueron lanzadas a través de drones.


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Redes y Óscar Guerrero

7 de junio de 2022

Chilpancingo

 

A dos días de que 300 agentes de la Guardia Nacional (GN) arribaron a este municipio de Chilpancingo para reforzar la seguridad, hombres armados, que según la Fiscalía General del Estado pertenecen al grupo de Los Ardillos, atacaron con granadas de fragmentación la comandancia de la policía comunitaria en la comunidad de Buenavista de la Salud.

Esta localidad está ubicada a 30 minutos de la capital del estado.

A través de un comunicado, la FGE señaló que la presunta granada de fragmentación habría sido arrojada desde un peñasco hacia la base de las autodefensas la mañana de este jueves.

Indicó que la Policía Investigadora Ministerial (PIM)  y el Ejército Mexicano además de Guardia Nacional llegaron al lugar y la gente les dijo haber escuchado la detonación y una nube de polvo.

No se reportaron lesionados.

La FGE señaló que los agresores pertenecen al grupo criminal de Los Ardillos.

Versiones de los lugareños de Buenavista de la Salud revelaron que se percataron que las granadas que estallaron cerca de la comandancia fueron lanzadas a través de drones.

Las autodefensas de Buenavista de la Salud pertenecen a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Ya son cuatro veces que la comandancia de esta organización armada es atacada por presuntos miembros de Los Ardillos en lo que va de este año.

El pasado 28 de enero, en un ataque contra esta comandancia hubo un saldo de seis personas asesinadas, entre ellas, el dirigente de esta agrupación, el profesor Mario Zamora Maldonado.

Desde este martes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió 300 agentes de la Guardia Nacional al municipio de Chilpancingo para contener la ola de violencia que ha derivado en asesinatos, secuestros e incendio de unidades de transporte público.

 

 


Una indemnización no sería justicia para las víctimas de la guerra sucia

En un pronunciamiento por escrito Ventura Reyes expresó que las víctimas y familiares de personas desaparecidas durante la guerra sucia lo que necesitan es reconciliación, reivindicación y justicia.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero (Archivo)

30 de junio de 2022

Chilpancingo

 

El activista Ventura Reyes Urióstegui denunció la intención del gobierno federal de indemnizar a las víctimas y familiares de la guerra sucia.

Calificó esa acción como algo mínimo y dijo que se necesita justicia y que el Estado diga dónde están los desaparecidos.

Por parte de la Comisión de Atención a Victimas de la Violencia (CEAV), y de la Comisión de la Verdad, hay un programa que se puso en marcha el pasado 11 de febrero, en Guerrero, para indemnizar a familiares y victimas de la guerra sucia.

En un pronunciamiento por escrito Ventura Reyes expresó que las víctimas y familiares de personas desaparecidas durante la guerra sucia lo que necesitan es reconciliación, reivindicación y justicia.

Explicó que para lograrlo se requiere considerar los ideales y causas que motivaron a los movimientos guerrilleros y, “en un proceso de reconciliación tenemos que poner por delante las razones por las que luchamos y la disposición del régimen para crear las condiciones y hacer realidad esos ideales”, explicó.

Se conoce como guerra sucia a un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver a los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano.

Ventura Reyes consideró que además de la justicia y la presentación con vida de los desaparecidos se necesitan crear las condiciones para lograr los objetivos que el movimiento guerrillero abanderó.

Sobre la propuesta presidencial de abrir los cuarteles para revisar los archivos del Ejercito, Ventura Reyes consideró que es una pérdida de tiempo para las víctimas, porque el Estado sabe dónde están.

“Fueron los cuerpos de seguridad quienes se los llevaron (a los desaparecidos), por órdenes del gobierno en turno. Querer meter a las víctimas a hurgar en los archivos del Ejercito es un engaño más, porque así no van a encontrar la verdad”.

Respecto a su propuesta de reconciliación Ventura Reyes apuntó que se necesita entablar un diálogo y llegar a acuerdos con todas las partes, el gobierno, el Ejercito e integrantes de los movimientos guerrilleros para deslindar responsabilidades de quienes tomaron las decisiones y las estrategias de guerra.

De acuerdo con Ventura Reyes se necesita deslindar responsabilidades y castigar a los culpables para que haya justicia y las instituciones se fortalezcan con instrumentos de justicia, política y economía más justas.

Agregó que de parte de las víctimas y familiares hace falta más organización para hacer una exigencia de justica más amplia, consensuada e incluyente.

“Lo cierto es que no se ha hecho un esfuerzo por definir y fijar posicionamientos consensuados, frente a las diferentes aristas del tema”, mencionó.

Respecto a la propuesta del presidente de homenajear a los militares fallecidos Ventura Reyes dijo que no se puede tomar partido a favor de los perpetradores.

“El Ejército y el presidente están en su derecho de reconocer a los militares y agentes caídos, pero al hacerlo, se asumen como parte beligerante. De manera institucional deben estar del lado de la ley y de la justicia, al calificar los acontecimientos en cuestión”.


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