Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Óscar Guerrero
31 de julio de 2022
Chilpancingo
Policías estatales despedidos durante la pasada administración estatal de Héctor Astudillo Flores protestaron en la puerta principal del Palacio de Gobierno para exigir su reinstalación.
Los agentes se colocaron fuera de la puerta del edificio público. Los acompañaron sus esposas e hijos.
«Esposas e hijos exigimos justicia por los 176», decía una pancarta de la cónyuge de un policía.
Los agentes despedidos acusaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de negarse a acatar la resolución del juez de distrito que ordenó sus reinstalaciones.
En junio del 2017, la Secretaría de Seguridad Pública destituyó a más de 150 policías estatales que pararon labores y marcharon en la Autopista del Sol para exigir el pago de bono de riesgo, incremento del monto del seguro de vida, uniformes, patrullas, chalecos antibalas y renovación de armamento.
Asesorados por un grupo de abogados, los agentes interpusieron un recurso de amparo ante un juez de distrito de Chilpancingo.
La resolución judicial fue favorable a los policías, quienes solicitan su reinstalación y pago de salarios caídos.
El gobierno del estado no les ha dado ninguna respuesta porque, al parecer, apeló la resolución del juez federal
En esta semana, en dos ocasiones, los agentes acompañados por sus familiares protestan afuera del Palacio de Gobierno para solicitar una reunión con Salgado Pineda.
Los habitantes del pueblo de San Marcos Atexquilapan en Naolinco, Veracruz, realizan una procesión por las calles, las imágenes religiosas y los rostros de Yovani, Jair y Misael encabezan el contingente. Desde que sus familias se enteraron que existe una alta posibilidad de que se encontraran en un tráiler donde 53 migrantes murieron y 15 más fueron hospitalizados, las oraciones no han parado.
Yovani tiene 16 años, su hermano Jair 20, y su primo Misael 16; los tres buscaban llegar a Estados Unidos tal como lo han hecho otras muchas personas de su pueblo para tener una mejor vida. Pero lo último que sus familias supieron de ellos fue un mensaje el lunes 27 de junio donde avisaban que iban a salir en un tráiler con rumbo a San Antonio, desde allí sus celulares no han vuelto a recibir los WhatsApp y sus tres primos que los esperaban en Texas nunca tuvieron contacto con ellos.
La noticia de que esa misma tarde un tráiler había sido localizado en San Antonio, Texas, con 67 migrantes hacinados de los cuales 51 estaban muertos- y dos más fallecieron en hospitales-, corrió como pólvora en el pequeño pueblo de apenas mil 700 habitantes que se dedican casi por completo a realizar calzado de piel. Muchas y muchos se apresuraron a mostrar su apoyo a la familia Olivares y desde entonces los rezos no han cesado debajo de la carpa negra que se instaló afuera de las casas de las familias.
Yolanda Olivares, mamá de Yovani y Jair, dice que ella solo quiere tener certeza sobre si sus hijos se encontraban en el tráiler y tuvieron un desafortunado desenlace, pero las autoridades no han sabido darle una confirmación oficial, por lo que han pedido a sus familiares de Estados Unidos que se muevan entre hospitales y dependencias, e inclusive pidieron que a ella les brinden los documentos para pasar al país vecino a hacer su propia búsqueda.
Yovani y Jair Valencia Olivares junto con su primo Misael Olivares se dedican, como casi todo Naolinco, un municipio en la zona montañosa central del estado de Veracruz, a la elaboración de calzado de piel; pero el dinero que obtienen les resulta insuficiente para pagar sus gastos y más con la pandemia que el precio de la materia prima ha incrementado mientras que las ventas han disminuido. Por eso muchos jóvenes migran a Estados Unidos y los vecinos cuentan que tan solo en la última semana han sido más de 20.
Por eso Misael tuvo que dejar la secundaria. Cuando empezó la pandemia le pedían tomar clases por internet pero no podía para pagar el servicio y optó por dedicarse a tiempo completo a cortar y coser la piel, lo que implica estar de pie o sentado todo el día mientras que la espalda duele, cuenta su mamá, Hermelinda Montero.
Como los ingresos seguían siendo insuficientes, Misael se sumó a la idea de irse a Estados Unidos para cumplir sus sueños: construir la barda trasera y así evitar que la casa de sus papás se inunde.
Al principio su mamá se negó. Pero no era la primera vez que salía del pueblo ya que frecuentemente trabajaba en otras ciudades como comerciante para completar el gasto y como sus primos y muchas otras personas se habían ido sin problemas a Estados Unidos, finalmente aceptó.
Cuando se fue, los adoradores nocturnos del Santísimo de la iglesia de San Marcos, se quedaron sin un integrante pues él era un ferviente devoto y parte de ese grupo que reza una vez a la semana y en días festivos. Por eso mientras peregrina su fotografía lleva la insignia roja y blanca que identifica a ese grupo, insignia que portan también las personas que cargan los cirios y encabezan los cantos para pedir por su bienestar.
Yovani y Jair, igual que su primo, eran religiosos. Al igual que él trabaja en el calzado entre semana y los fines de semana iban a la iglesia y a jugar futbol. Su abuelo Balbino les inculcó los tres gustos y les enseñó a hacer bien los tres.
El equipo en el que todos jugaban ganó el torneo pasado, cuenta el abuelo orgulloso, mientras muestra una fotografía de ellos y sus otros nietos con playeras del Chivas, el equipo favorito de la familia.
Pero el lugar donde esa foto fue tomada, en el que juegan cada fin de semana está a 20 minutos en carro y en ocasiones se les dificulta encontrar como llegar, por eso es que el sueño de Jair era ganar el dinero suficiente en Estados Unidos para construir su vivienda y comprarse un coche.
“Juntos se van y juntos regresan”
Jair les dijo que sus metas las lograrían cuatro años y entonces volvería a su pueblo. Así todos fijaron ese plazo.
“Decían que juntos se van y juntos regresan”, cuenta Balbino.
Ahora lamenta que no sabe cómo van a regresar, mientras pasa momentos de resignación creyendo que estaban en ese tráiler aunque no han sido notificados oficialmente y otros de fe en los que espera que regresen con bien.
El director de atención a migrantes del estado de Veracruz, Carlos Escalante Igual, señaló que se encuentran intentando averiguar las identidades de las víctimas veracruzanas en el tráiler, puesto que no han tenido confirmación de Estados Unidos pero que enviaron la documentación de la familia, quienes desde que se enteraron de la noticia se acercaron a su dependencia.
Desesperación
Las familias están desesperadas. Ellas solo piden tener noticias y que sean pronto. Por eso colocaron un altar que estuvo unas horas fuera de la casa y otras al interior, con las fotografías de los tres.
“No tenemos ninguna información sobre ellos y yo siento que eso no es justo”, dice Yolanda, quien ya está cansada y sin dormir durante días.
Ella, cuenta, ya pensaba que todo el problema había terminado porque en la última comunicación sus hijos ya estaban en Estados Unidos y únicamente les faltaba el trayecto final. Pero ahora solo queda el silencio y la incertidumbre.
Hace tan solo unos días le empacó como única identificación posible su certificado de secundaria a su hijo Yovani esperando no tener que recurrir a ella y que, como le hicieron sus tres primos, hicieran esa llamada que tanto esperan aun recibir en la que les dicen que están bien y a salvo, en el lugar que los esperaban.
Pero pasan las horas y esa llamada no llega. Lo único que llega son las mil preguntas sin respuestas sobre lo que está pasando y el recuerdo de lo alegre que son sus hijos, lo sonriente que se fue Yovani y lo cercanos que ambos son.
Mientras llegan las noticias, decenas de familias del pueblo llegan a la casa, prenden veladoras y rezan por los jóvenes que hace menos de un mes empezaron a pensar en su viaje, un viaje que esperan no haya sido el último.
Varios niños entre seis y 10 años llegan a la tienda a pedir una veladora, les faltan 50 centavos para completar los cuatro pesos que les cuesta, pero le piden fiado al tendero porque le cuentan que ellos desean prenderla porque quieren que Yovani, Jair y Misa estén bien. Ellos se van con su veladora para encenderla.
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
30 de junio de 2022
Chilpancingo
El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, reconoció que la policía comunitaria está infiltrada y pidió a las autoridades que realicen las investigaciones y quienes tengan responsabilidad se proceda contra ellos.
«Nosotros como UPOEG que aunque estamos fuera de la ley somos una garantía de estabilidad social y si en esta organización hay gente infiltrada por el tema de las drogas lo separamos», afirmó el líder de las autodefensas que ofreció una conferencia de prensa en Chilpancingo.
Plácido Valerio dijo que no conoce a Alexander «N» alías El Conejo, que este miércoles fue detenido junto con tres mujeres cuando bloqueaban la avenida Costera Miguel Alemán en Acapulco; aseguró que no a su agrupación.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ubica a El Conejo como parte del grupo delictivo de Los Rusos que tiene presencia de Marquelia, Florencio Villarreal, San Marcos y hasta una parte de Acapulco, zona en la que comete varios delitos.
El bloqueo que encabezaba este miércoles Alexander «N» fue para exigir la liberación de Jesús Calleja Clemente y de otros siete autodefensas que fueron detenidos por el Ejército y la Guardia Nacional después de un enfrentamiento a balazos en Marquelia, según la Fiscalía.
Plácido Valerio propuso que en el caso de Marquelia, en donde fue detenido Jesús Calleja y otras siete autodefensas, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realice un peritaje para establecer quien realizó el disparo al aire durante estos hechos .
«Para nosotros no hubo ningún enfrentamiento y que haya un debido proceso, para que no haya un abuso de autoridad sobre ellos (los detenidos), sólo eso», expresó.
Plácido Valerio afirmó que la detención de Calleja Clemente tiene que ver con los hechos del pasado 4 de mayo, cuando éste encabezó la retención de los elementos de la Marina en Marquelia y amenazaron a uno de los mandos de las fuerzas armadas con colgarlo en un puente.
En esa ocasión, el alcalde de ese municipio, Lincer Casiano Clemente, intervino ante las autodefensas para que los marinos fueran liberados.
«Es un mensaje de que aprendas a respetar», dijo Plácido Valerio en referencia a la detención de los ocho policías comunitarios de Marquelia, de los cuáles tres siguen heridos.
Calleja Clemente aún permanece en la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chilpancingo, pero en las próximas horas será trasladado al penal de Acapulco.
La UPOEG se fundó en el 2013, durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Plácido Valerio tuvo todo el apoyo de ese gobierno para hacerlo. En ese periodo el sistema de seguridad comunitario hasta entonces más sólido de Guerrero, el de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de la que Plácido Valerio también fue fundador, atravesó la mayor de sus rupturas.
Por las amenazas que Plácido Valerio recibía supuestamente de los grupos criminales, el gobierno de Aguirre Rivero le otorgó medidas cautelares con custodia de agentes estatales y, se supo, dos camionetas blindadas. Pero en un documento de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal, Plácido Valerio aparece que tiene en resguardo siete vehículos.
Otro de lo dirigentes de estas autodefensas que tenía asignadas dos camionetas blindadas era Ernesto Gallardo Grande, quien fue asesinado durante una emboscada en octubre del 2020. El líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)-Pueblos Fundadores (PF), Jesús Plácido Galindo, quien es sobrino de Plácido Valerio, aparece con una camioneta blindada bajo su resguardo.
«Yo tenía dos camionetas que me asignaron por las medidas cautelares, pero ya las regresé», comentó Plácido Valerio.
Fuera de la FGR hay al menos diez camionetas con agentes de la Guardia Nacional y Ejército
Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal custodian las instalaciones de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) en donde desde este martes están en calidad de detenidos el líder de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Jesús Calleja Clemente y otros cuatro de sus integrantes.
Calleja alías «Chucho» y otros cuatro de la UPOEG además de tres más que están internados para que los curen de sus heridas en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, fueron detenidos después de enfrentárseles a balazos a las fuerzas de seguridad este martes en la tarde en Marquelia, en la región de la Costa Chica.
El grupo de autodefensas detenidos fueron trasladados de Marquelia a esta capital del estado en un helicóptero de la Marina.
Al menos diez camionetas con agentes de la Guardia Nacional y Ejército están fuera de las oficinas de la FGR en labores de vigilancia.
En las calles de Chilpancingo también se observaron patrullajes de las fuerzas federales y estatales.
Sentados en una de las banquetas que están fuera de la Fiscalía, una de las familiares del dirigente de las autodefensas, Jesús Calleja, informó que éste recibió golpes cuando fue detenido y que hasta el momento ninguna autoridad le han permitido verlo personalmente.
«No fue un enfrentamiento como dicen porque los policías comunitarios solo llevaban palos»; ¿a poco eso es un enfrentamiento? preguntó la señora.
Fuera de la delegación estatal de la FGR, había otras mujeres que desde la mañana de este miércoles llegaron a estas oficinas para tratar de ver a sus familiares detenidos que, según una fuente, rendían su declaración ministerial y que es posible que en las próximas horas sean trasladados a un penal de máxima seguridad.
La señora que se identificó como familiar de Jesús Calleja, mencionó que desde hace días el Ejército y Guardia Nacional ya realizaban patrullajes en Marquelia.
«Ya andaban sobre la policía comunitaria la cual tiene el respaldo de comisarios municipales y comisariados ejidales de los pueblos», señaló la mujer que vive en Marquelia.
Desaloja policía a comerciantes ligados a la UPOEG que bloqueaban vías en Acapulco
Este miércoles a las once de la mañana, policías estatales desalojaron a comerciantes que bloqueaban tres avenidas de Acapulco para exigir la salida del Ejército Mexicano y Guardia Nacional.
Durante el desalojo en la avenida costera Miguel Alemán, Caleta y Puerto Marqués las fuerzas de seguridad detuvieron a tres mujeres y un hombre quienes recibieron golpes.
La protesta es después que el Ejército Mexicano se enfrentó a tiros con un grupo de autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) deteniendo a su líder y a otros siete más de esta organización en Marquelia, en la región de la Costa Chica.
Este miércoles desde las nueve de la mañana los prestadores de servicios y comerciantes empezaron a bloquear las vías y dos horas después fueron desalojados por las fuerzas de seguridad.
En las pancartas que tenían los manifestantes se leían consignas contra el Ejército, Marina y la policía estatal.
Durante el bloqueo los inconformes fueron apoyados por un grupo de transportistas que tienen vínculos con la UPOEG.
Este martes en la tarde luego de la detención de las autodefensas en Marquelia, transportistas bloquearon más de dos horas en al menos diez vialidades de este puerto y en diferentes tramos de la carretera federal Acapulco_ Pinotepa Nacional, Oaxaca.
Con dos actos de protesta con la exigencia de justicia y castigo a los responsables fueron conmemorados los 27 años de la masacre de Aguas Blancas.
A las diez de la mañana de este martes 28 de junio, un contingente de integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Colectivo de Desaparecidos Guadalupe Rodríguez Narciso marcharon del vado de Aguas Blancas a la cabecera municipal de Coyuca de Benítez.
Estas activistas encabezados por miembros de la OCSS realizaron un acto político-cultural en el kiosco de Coyuca, donde gritaron consignas contra los responsables de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas en la que participaron policías estatales y agentes judiciales del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer.
«¡Castigo a los asesinos!», «¡Evelyn (Salgado Pineda) decía que todo cambiaría, mentira, mentira la misma porquería!», «¡Aguas Blancas vive!», gritaron.
Una hora después otro grupo de militantes de la OCSS, organizaciones sociales y familiares de las víctimas realizaron una marcha hacia el vado de Aguas Blancas, lugar de la masacre donde ahora está un mausoleo en honor a los 17 campesinos muertos.
Con coronas florales e imágenes del extinto guerrillero lucio Cabañas Barrientos, los integrantes de la organización campesina cubrieron las cruces y el monumento.
Durante el mitin, Norma Mesino Mesino, dirigente de la OCSS, le exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir su promesa de campaña y hacer justicia a las víctimas de esta masacre. Denunció que desde hace 27 años existe una revictimización del Estado mexicano hacia las víctimas y sus familiares.
Demandó también la inmediata libertad de cuatro miembros de la OCSS que son sobrevivientes de la masacre y que están presos
En el acto se recordó a otros líderes sociales asesinados en otros momentos, como Luis Olivares, Raymundo Velázquez, Rocío Mesino, Arturo Hernández Cardona y Ranferi Hernández Acevedo.
EPR, exige a Evelyn que castigue a Figueroa Alcocer por caso Aguas Blancas
Por su parte, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), le exigió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que tiene en sus manos detener las políticas represivas y presentar ante la justicia a los verdaderos responsables del crimen reabriendo el caso de Aguas Blancas para castigar al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer por tener responsabilidad en estos hechos.
A través de un comunicado, el grupo guerrillero, indica que en este 27 aniversario de la matanza de los 17 campesinos no existe una verdadera justicia para las víctimas.
«No basta con el reconocimiento del cometido de estos crímenes desde el Estado, ni tampoco con conocer la verdad para romper con un pasado doloroso; el pueblo jamás se reconciliará con sus verdugos, exige inexorablemente justicia, ni perdón ni olvido, juicio y castigo a los responsables, señala el comunicado.
El EPR, compara el caso de Aguas Blancas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida hace casi ocho años en Iguala.
«En Aguas Blancas y Ayotzinapa persiste el mismo patrón criminal del Estado, los mismos métodos de terror, de perversidad sin límites ejecutados sobre población y territorio bien definidos y estratégica táctica contrainsurgente que se ha aplicado hasta la fecha contra el pueblo inerme», dice el comunicado del grupo subversivo.
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La opresión criminal que ha sufrido la Sierra Tarahumara por décadas ha ocurrido bajo presencia de militares y agentes estatales. La figura de José Noriel Portillo, el Chueco, presunto responsable de la muerte de los sacerdotes jesuitas, es una muestra del hilo con el que se teje el crimen y la impunidad
Texto: Ignacio Álvarez Álvarez / Pie de Página
28 de junio de 2022
La serie de asesinatos que incluyó a dos sacerdotes jesuitas la semana pasada en Cerocahui es apenas un episodio en una larga historia de crimen e impunidad que vive la sierra Tarahumara. Desde la instrumentación de la Operación Cóndor, medio siglo atrás, la región ha visto pocos episodios de relativa calma. El cultivo y trasiego de drogas y narcóticos ha ido ligado al tráfico humano, de minerales y a la tala y venta ilegal de madera, en un concierto de intereses del que han sido parte lo mismo autoridades civiles que militares y células delictivas.
Para estrechar las líneas del tiempo en el retrato de una realidad que muy poco ha cambiado en décadas, el activista por los derechos humanos Gabino Gómez propone una revisión a partir de los años 70, cuando se implementó en la región la Operación Cóndor, el instrumento estadounidense que sirvió para que Washington controlara los destinos de la política y crimen latinoamericanos. Desde entonces, dice el líder de El Barzón en Chihuahua, la fórmula que echó mano de los cuerpos de inteligencia y ejército mexicanos definió el rumbo de violencia e impunidad que perdura hasta hoy.
“La violencia se ha mantenido a pesar de la presencia militar. La convivencia que mantienen los grupos criminales con las fuerzas armadas puede verse desde hace medio siglo”, dice Gómez minutos después de haber arribado a la sala funeraria donde se velan los restos de Pedro Palma, el guía de turistas abatido junto con los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora. “Cuando se dio la militarización del país, diversos organismos y personas conocedoras del tema nos pronunciamos en contra. La militarización no es la solución, sino todo lo contrario”. Gabino Gómez , líder del Barzón.
La trayectoria de Gómez sirve para comprender el propio trazo uniforme del crimen y la violencia no solo dentro de esa zona forestal del estado, que abarca casi 17 millones de hectáreas, sino del resto de la Babícora, que se extiende hasta las praderas centrales y la región del noroeste, invadidos la última década por mercenarios, grupos paramilitares y células del crimen compuestas por civiles de Chihuahua, Sonora y Sinaloa. De un inicio como activista por los derechos del agua, Gómez terminó dedicándose por completo a la asesoría legal y búsqueda de miles de desaparecidos.
Cerocahui es el seccional más emblemático de Urique, uno de los cinco municipios con mayor población indígena en la entidad. Ahí se fundó el primer templo jesuita, en el siglo 17, y salvo un periodo en el que los miembros de la orden se mantuvieron fuera, sus pobladores siempre han vivido bajo su ala religiosa. Alguna vez productor activo de oro y plata, perdió esa condición al comienzo del siglo pasado. Su economía ha versado entonces sobre el comercio y el turismo, una industria incipiente que apenas recibió inversiones para su joya más acabada: las barrancas del cobre.
Pero, lo mismo ahí que en buena parte de la sierra, la población ha decrecido en la última década, más por la violencia y el crimen que por una economía maltrecha. Si bien las operaciones militares y federales de principios de los 70 hilaron violaciones a los derechos humanos bajo pretexto del combate criminal, las operaciones conjuntas ordenadas por el gobierno de Felipe Calderón elevaron la incidencia de homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado en una proporción jamás vista.
La espiral violenta alcanza la sierra Tarahumara
En agosto de 2008, un primer suceso violento puso a la zona en el foco público. Aquella ocasión un grupo armado llegó al salón comunal del poblado de Creel en busca de dos sujetos, y terminó asesinando a 13 personas, entre ellas un menor de meses. Las masacres y desapariciones masivas han sido una constante a partir de entonces. Episodios como el de Creel, en la misma línea turística de Cerocahui, enmarcaron la vida de José Noriel Portillo, el Chueco, señalado por las autoridades como responsable del asesinato de los jesuitas, el guía de turistas y dos hermanos beisbolistas a quienes victimó antes, la mañana del lunes 20 de junio.
En la figura de Portillo se tiene una muestra elocuente del hilo con el que se teje el crimen y la impunidad del último medio siglo. En 2014, cuando el presunto asesino contaba 21 años, el grupo de activistas encabezado por Gabino Gómez solicitó formalmente su captura, primera de varias que vendrían después.
“Acudimos a una reunión con el entonces delegado de la PGR en Chihuahua, hoy Fiscalía General de la República -cuenta Gómez-. Le planteamos el tema concreto del Chueco, que estaba acosando, que estaba demandando, que estaba exigiendo a jóvenes que se incorporaran a su grupo, presionando para reclutarlos o de lo contrario los asesinaba. En ese entonces el delegado [Arturo Peniche] nos dijo: es una zona de muy difícil acceso. Para realmente tener algún grado de efectividad se requiere la presencia de todos los órganos de gobierno. Nadie tiene capacidad suficiente”.
Gabino Gómez, líder del Barzón.
El delegado Arturo Peniche se convirtió a la postre en el fiscal estatal con Javier Corral Jurado. En diciembre de 2016, semanas después de asumir como gobernador de Chihuahua, Corral dijo en una entrevista que no tuvo mayor opción para delegar la responsabilidad del cargo. Peniche fue el mismo fiscal que en 2018, tras el homicidio de un estadounidense llamado Patrick Braxton-Andrew, fue comisionado por Corral para detenerle. La vehemencia discursiva del entonces gobernador terminó en ridículo público. Si alguno de los días tras ese asesinato Portillo se sintió amenazado, el pueblo de Urique nunca se enteró.
“En aquel entonces (el fiscal) solicitó la presencia de helicópteros a la misma policía Federal -prosigue el activista. Según él, se realizaría un operativo aire-tierra, pero le fueron negados. Después fuimos a hablar con el ejército para pedirles su intervención en el caso concreto de este señor, del Chueco, y el ejército nos dijo en esa ocasión que ellos no estaban para realizar tareas de seguridad, cuando sabíamos que estaban por miles en las calles. Así ha permanecido desde entonces, en una total impunidad”.
Las razones de fondo para que en el pasado no se haya emprendido ninguna operación formal para capturarlo, difícilmente van a conocerse. Pese a ello, Portillo no deja de ser un simple matón, despiadado si se quiere, pero lejos de ostentar el poder omnipresente que se le confiere. El cultivo y tráfico de drogas, lo mismo que la tala y comercio ilegal de madera, desapariciones, masacres, es decir, la opresión criminal que ha sufrido la región por décadas, ha ocurrido siempre bajo presencia de militares y legiones de agentes estatales desde años antes de que se estableciera como parte del discurso la idea del “Estado fallido”.
En el verano de 2018 un intercambio de mensajes por redes sociales entre desertores de las fuerzas armadas circuló con una invitación concreta: emplearse para combates clandestinos a lo largo de la línea limítrofe entre Chihuahua y Sonora. “Me dicen que hay bastante jale en la zona, pero no quiero. Les he dicho que no, y ellos insisten e insisten”, dijo un exsoldado que operó entre 2007 y 2010 en una base militar de la región noroeste del estado, en donde decidió desertar ante la ola de ejecuciones extrajudiciales que presenció.
La operación de paramilitares y mercenarios es algo que tiene claro Alex LeBaron. Él no duda que detrás del asesinato de parte de su familia se encuentra un grupo como esos, y lo que le ha llevado a plantearse la probabilidad es el cúmulo de intereses que se tejen sobre amplias zonas del territorio que comparten ambas entidades. El alto flujo de capitales es algo que traspasa las fronteras del narcotráfico e incluye la explotación de materias primas, dice.
“Sin lugar a dudas lo que pienso que ha determinado, además del tráfico ilegal, producción y trasiego (de droga) es que hay factores que no se han contemplado con la seriedad ni claridad que deberían para poner en contexto los problemas de la sierra Tarahumara. Y uno de ellos es la tala ilegal, la compra y venta en los aserraderos, el tráfico ilegal de la madera. Es un tema que ha pasado por debajo del radar, particularmente en esta región”.
Alex Lebaron.
LeBaron hace referencia también a las operaciones de las fuerzas del Estado que durante años sembraron desolación y violencia en la sierra, y encuentra en ello parte de la violencia posterior que entró al punto del no retorno a partir de la militarización de la estrategia de seguridad.
“Lo que queda muy claro con este grupo, que ya lleva muchos años en control de la región, es que hay un enorme resentimiento a las autoridades de todos los niveles -dice-. Hablamos de grupos criminales que nacieron y viven junto a sus familias en la zona, y que se sienten no solo dueños de pueblos enteros sino de las actividades legales e ilegales que ocurren dentro de ellos. Se ha convertido en una sociedad interna, la cual ha sido tocada muy poco por los programas sociales y que ahora que hemos visto una política de total impunidad, de brazos caídos, donde no hay persecución, se fortalecen estos sistemas criminales.
“Estos grupos criminales se han apoderado también del cobro de piso, del tránsito turístico, de hoteles, de restaurantes de toda esta región. A ello hay que sumarle toda la producción de materias primas que salen de la sierra de Chihuahua, minerales. Lo que viene a agravar aún más la situación, puesto que les permite a estos grupos obtener recursos que hace 10 años no tenían”.
La versión de la fiscalía de Chihuahua es que, en principio, el Chueco decidió cobrarse la derrota de su equipo de béisbol hiriendo y llevándose a dos hermanos que jugaron para el equipo rival, de Guadalupe y Calvo. Ante ellos perdió por 10 carreras a 0. La masacre de Creel en agosto de 2008 obedeció también a una deuda de juego, aquella vez una carrera parejera.
“Les decía el otro día que hay quienes quieren acabar con nuestro país, pero también les dije que no podrán acabar con nuestra sociedad. Por eso estamos aquí, con esta exigencia fuerte y definitiva de justicia. Han pasado 15 días y no tenemos justicia. Quienes nos encontramos aquí, estamos comprometidos con esta comunidad y caminamos juntos”.
Esas fueron palabras que dijo aquella vez otro sacerdote jesuita de larga trayectoria en la sierra Tarahumara, Javier Ávila, cuya parroquia tiene asiento en esa comunidad del municipio vecino a Urique, Bocoyna.
Ávila fue avisado del asesinato de sus compañeros de orden y amigos entrañables el mismo lunes 20 de junio, varias horas después de sucedido. Utilizó el mismo léxico, mezcla de furia y dolor de hace 14 años, que fue el mismo que empleó en diciembre de 2011, cuando la comunidad indígena moría de hambre porque la ayuda del gobierno federal no llegaba ante el miedo de los retenes y volantas de criminales. “Todos queremos caminar con un rostro más digno, pero si no hay justicia no hay posibilidades de paz”, terminó por decir entonces a los deudos de Creel.
La dignidad, la justicia y la paz propuesta por el sacerdote siguen sin llegar.
“Hoy, como consecuencia de los delitos de alto impacto que se han registrado, tenemos la intervención de autoridades más importante de los últimos años -dice Gabino Gómez-. Sin embargo, tendría que entenderse que hay una enorme infiltración en los cuerpos policiacos, particularmente sabemos -y todo mundo sabe- que las policías municipales están totalmente controladas. Estamos también ante una región que es zona indígena, y a los indígenas no se les ve con los mismos ojos con que se ven a otras víctimas, como las de ahora”.
Cerocahui basa buena parte de su pobre economía en el turismo. Hablamos de la economía legal. Eso pasa con buena parte de los enclaves en esa parte de la sierra. Puede que como estrategia persuasiva o porque en verdad existía el compromiso, se ha tratado de regresar algo del turismo con la promesa de que ninguna célula criminal se mete con ellos. El turismo europeo no ha vuelto, ni el proveniente de Estados Unidos y Canadá, menos a partir del asesinato de Patrick Braxton-Matew.
“Con el tema de los turistas han habido algunos ataques, robos en algunos casos. Hubo un caso de muy alto impacto, de un extranjero que fue asesinado por este mismo sujeto -dice Gabino en referencia a Braxton-. Igual que ahora, hubo mucho impacto, mucha publicidad. Intervino la Embajada de Estados Unidos y terminaron por entregar el cuerpo. Nosotros mismos, en el caso de un compañero defensor que estaba desplazado en la ciudad de Chihuahua, Cruz Soto Caraveo, que fue a cobrar a esa región un recurso del programa de gobierno, un programa ganaderoy desaparece, también ejercimos mucha presión, mucha denuncia pública, intervención de organismos internacionales y también fueron entregados (sus cuerpos). Igual que en este caso (de los sacerdotes) no fueron localizados por investigaciones, sino que han sido pactos. Ojalá que esta entrega no haya sido a cambio de que no lo detengan (al Chueco), que no haya sido solo para bajarle la presión a todo el movimiento que está haciéndose. Ojalá”.
Este texto fue realizado por Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace
La declaración patrimonial para los trabajadores del sector educativo se instauró durante la actual administración federal a cargo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El gobienro estatal, que también es morenista, exige a los maestros la declaración patrimonial.
Texto: Beatriz García
Fotografía: Óscar Guerrero
28 de junio de 2022
Chilpancingo
En Guerrero, diversos bloques del magisterio considera que la declaración patrimonial, una obligación impuesta por el gobierno federal a los trabajadores del Estado, vulnera sus derechos.
Trabajadores de la educación desde el año pasado mantienen una lucha para que la gobermadora Evelyn Salgado Pineda y las diputadas y los diputados locales intervengan ante este requerimiento.
La declaración patrimonial para los trabajadores del sector educativo se instauró durante la actual administración federal a cargo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El gobienro estatal, que también es morenista, exige a los maestros la declaración patrimonial.
En sitio oficial de DeclaraNet, que depende del gobierno federal, se lee que la declaración patrimonial es similar a la declaración de impuestos que se hace ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el propósito de comprobar ingresos y egresos del año y de detectar casos de incrementos o enriquecimientos.
Los sectores que ahora están obligados a rendir esta declaración patrimonial son funcionarios del gobierno federal, del sector salud, de empresas productivas del estado, de dependencias estatales y federales, del sector educativo y de seguridad, y todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos de la federación.
En el estado los primeros que protestaron por esta situación fue el magisterio agrupado en la organización más amplia que hay en la entidad y considerada la disidente a la oficial, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
La principal queja de los cetegistas era investigar a los funcionarios y servidores públicos, pero la revisión es para ellos.
Desde la semana pasada, los integrantes de la CETEG protestaron con bloqueos, toma de edificios como la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y Mastros (UESICAMM) y el Auditorio Sentimientos de la Nación, en rechazo a la declaración patrimonial y otras demandas laborales y educativas.
El secretario general de la CETEG, Héctor Torres Solano, destacó que tuvieron acuerdo con Contraloría del estado con el propósito de tomar acuerdos sobre el tema.
El secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, se comprometió a que mientras el diálogo entre ellos esté pendiente, la declaración patrimonial no será obligatoria.
Los maestros con base son quienes deben hacer la declaración patrimonial. En Guerrero, de acuerdo con Torres Solano, hay 15,000 maestros con base.
Para los maestros y administrativos de educación es contradictorio que los consideren servidores públicos sindicales, porque desde que son contratados sus datos ya los tiene el sistema tributario (SAT).
Los maestros insisten en hacer caso omiso a la declaración patrimonial hasta que les den la información precisa de qué implicará para ellos presentar la declaración patrimonial.
El 15 de junio pasado, una fracción de la CETEG, agrupada en la Coordinadora Sectorial Zona Centro, en una conferencia de prensa hizo público su rechazo. Una de sus principales dudas es que si recibirían sanciones o perderían el empleo si se oponen a la declaración.
En un posicionamiento destacaron que la educación es un derecho no un servicio, y los trabajadores de la educación no administran dinero público.
Otro sector educativo que se pronunció en contra de la declaración patrimonial fue el Sindicato Democrático del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg).
El secretario general de esta sindicato, Margarito Godínez de Dios, insistió que como maestros de base y administrativos en el estado no son funcionarios.
“Los trabajadores de base no tenemos un ingreso fuerte. De acuerdo con la ley eso va aplicado a los que ganan más de 20,000 pesos mensuales, entones nosotros no tenemos por qué hacerla”, expuso.
El maestro coincide con el magisterio de la CETEG en que desde que ingresan a trabajar a la Secretaría de Educación Pública los registran en el SAT.
Ante esta situación distintos sectores empiezan una alianza para oponerse a la declaración patrimonial. En esa alianza están el sindicato del Cecyteg, la CETEG, los sindicatos de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) y Organismos Públicos Descentralizados (OPD) como Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG).
Las autoridades del estado ni el secretario de Educación siguen sin posicionarse ante la exigencia de varios bloques del magisterio. El martes pasado, lo único que informó Rodríguez Saldaña fue que “se llegó a un punto de acuerdo en el asunto de la declaración patrimonial (con la CETEG)”.
Las organizaciones campesinas anunciaron protestas a partir de este martes 28 de junio y se constituyeron bajo el nombre de Fuerza Guerrerense.
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Óscar Guerrero
27 de junio de 2022
Chilpancingo
Dirigentes de 20 organizaciones anunciaron movilizaciones para denunciar la posible desviación de recursos públicos destinados para el campo con fines político electoral por parte del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro), Jorge Peto Calderón.
En rueda de prensa, los líderes de las agrupaciones de productores dijeron que la Sagadegro pretende destinar 253 millones de pesos para programas que algunos de ellos fueron proyectados de manera ilegal porque no hubo de por medio una licitación como lo establece la ley.
Calificaron de ilegal la convocatoria que el pasado viernes 23 de junio publicó la Sagadegro para que los campesinos entreguen su solicitud y accedan a uno de los cuatro programas sociales para este 2022.
Marco Antonio Reyes Campos, líder estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), dijo que esta convocatoria de la Sagadegro es improcedente porque no fue aprobada en el seno del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable.
En este consejo donde se toman las decisiones lo integran las organizaciones campesinas y el titular de la Sagadegro, entonces las determinaciones no son responsabilidad sólo de una persona, expuso el dirigente de la UNTA.
Reyes Campos comentó que por las irregularidades de esta convocatoria pueden interponer un amparo ante la justicia federal para echarla abajo.
«Nos dieron el clásico sabadazo porque la convocatoria la publicaron el viernes 23 de junio en la noche para que no nos diéramos cuenta y además a todos los beneficiarios de los programas se les dan dos días para que se inscriban en una sola ventanilla que se abrió en Chilpancingo», comentó Evencio Romero Sotelo, secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos.
Tampoco descartó que Peto Calderón ya tenga una lista de beneficiaros morenistas para que se inscriban.
Ventura Reyes Urióstegui, presidente del Consejo Estatal del Maíz, dijo que esta convocatoria para acceder a los programas del campo es «amañada» y abierta a «la corrupción».
«Por ejemplo en uno de los programas se establece un apoyo de 60,000 pesos para la compra de un tractor y eso es una burla para los productores porque este vehículo cuesta 700,000 pesos», comentó.
«¿Qué vamos hacer las organizaciones?, pues, debemos de protestar porque no podemos estar de acuerdo y avalar que de esta manera se aplique el recurso público de manera fraudulenta», planteó Reyes Ventura.
Gerardo León Hurtado, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) Roja, agregó que el titular de la Sagadegro entiende la problemática del campo desde la academia y ahora detrás de un escritorio.
«Estamos peor que con (Héctor) Astudillo y reconozco que yo voté por el actual gobierno de Morena», expresó León Hurtado.
Aseguró que en la actual administración que encabeza Evelyn Salgado Pineda hay nueve secretarios y subsecretarios de su gabinete que pertenecen al grupo político del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer.
Las 20 organizaciones campesinas que anunciaron protestas a partir de este martes 28 de junio se constituyeron bajo el nombre de Fuerza Guerrerense.
Alcalde Moisés Antonio González les presume a los manifestantes que él cuando era maestro de la CETEG y normalista de Ayotzinapa quemaba camiones
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Cortesía
27 de junio de 2022
Chilpancingo
Alumnos, maestros y padres de familia de la escuela primaria Leonardo Mier Peralta, en Tixtla, protestaron fuera del ayuntamiento para exigirle al presidente municipal, Moisés Antonio Gonzales Cabañas, que cumpla con la promesa de rehabilitar las instalaciones del plantel.
Los manifestantes colocaron una lona en la entrada principal del ayuntamiento donde se leía: “Exigimos el cumplimiento de los compromisos del presidente municipal de Tixtla; espacios dignos, explanada techada, aula de medios, biblioteca”.
Además, un grupo de niños, alumnos del plantel, llevaron pancartas a la protesta con esta consigna escrita: “Derecho a la educación de calidad con infraestructura educativa”.
Los maestros y padres de familia exigieron una reunión con González Cabañas para retomar los acuerdos que antes abordaron y que tiene que ver con la demolición de una aula.
A la manifestación llegaron directores del ayuntamiento, quienes les dijeron a los manifestantes que el presidente no podía atenderlos porque estaba en un evento en Chilpancingo. Los inconformes respondieron a los funcionarios que sólo dialogarían con González Cabañas.
Minutos después, a través de una llamada telefónica, el presidente municipal se comunicó con los manifestantes y les pidió que retiraran la protesta.
“Queremos recordarle del compromiso que usted vino adquirir con nosotros, ante los padres, de apoyarnos con la demolición de una aula”, le dijo una madre de familia a González Cabañas por teléfono.
“Ustedes piensan que el compromiso que yo adquirí con ustedes fue darles los 83,000 pesos”, respondió el alcalde y agregó: “nosotros cumplimos con apoyarles con la demolición y yo no sé si la empresa que fue por el escombro y el metal les pagó, y no me importa, nosotros fuimos quienes mediamos para conseguir esa empresa”.
los padres le pidieron una reunión privada al presidente municipal y él les dijo que mantendrá un dialogo abierto y les pidió respeto para los funcionarios que estaban en la manifestación.
«Mire, yo lo voy hacer, pero si me empiezan, eh (…). Yo fui de la CETEG, yo también quemaba camiones en Ayotzinapa», le dijo González Cabañas a una profesora en alusión a la protesta que estaban llevando a cabo fuera del ayuntamiento.
«Mire, nosotros no vamos a quemar el pueblo y disculpe que usted lo esté diciendo, nosotros no estamos yéndonos por los extremos», le reviró la maestra.
La conversación telefónica que tuvieron con el alcalde fue filtrada a los reporteros por los manifestantes.
Habitantes de Unión de las Peras, municipio de Malinaltepec, lograron que López Obrador ordenara que se detuviera el vehículo y los escuchara.
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero
25 de junio de 2022
Pobladores de comunidades del municipio de Malinaltepec tuvieron que cerrar un tramo de la paupérrima carretera Tlapa-Marquelia para que el presidente Andrés Manuel López Obrador los atendiera, aunque se negó a bajarse de la camioneta en la que viajaba.
En el segundo día de gira de López Obrador, habitantes de esta zona le salieron al paso a la comitiva que él y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezaban.
Habitantes de Unión de las Peras, municipio de Malinaltepec, lograron que López Obrador ordenara que se detuviera el vehículo y los escuchara.
Le pidieron al mandatario la construcción de dos kilómetros de un camino artesanal y servicios básicos para su comunidad.
El comisario de este pueblo, Omar Rivas denunció que el alcalde de este municipio de Malinaltepec, Acacio Flores Guerrero solo ordena la realización de obras para las comunidades en las que el ganó en las elecciones del 2021.
Mencionó que desde el pasado 13 de diciembre firmaron una minuta de acuerdos con el ayuntamiento para iniciar los trabajos de la construcción de dos kilómetros de caminos artesanales y dotar de los servicios básicos a la comunidad como es el agua potable, drenaje y una cancha de usos múltiples.
“Queremos con la gobernadora hacer el enlace de manera directa para que a través de ella solucionemos dichas dificultades”, dijo Omar Rivas.
Los pobladores bloquearon la carretera por donde circulaba el presidente y le solicitaron que se bajara de su automóvil para dar un recorrido por la comunidad, el presidente se negó y dijo que le faltaba recorrer otras comunidades.
El presidente iba acompañado de la gobernadora y ambos recibieron regalos y solicitudes de la población.
“Vamos a seguir trabajando en los caminos artesanales y en donde falta ya estamos revisando lo de mano de obra”, mencionó el presidente cuando los reporteros le preguntaron sobre los caminos que faltan.
Derivado de la reubicación el poblado se dividió en parte alta y baja y desde hace nueve años solicitaron los servicios básicos con distintos presidentes municipales y aunque reconocen que si los apoyaron la población todavía necesita los servicios básicos.
“Somos una población reubicada, nos hace falta casi todo y por eso el planteamiento de que nos resuelven los problemas”, agregó el comisario.
Desde este viernes, el presidente López Obrador realiza una gira por la Montaña de Guerrero para supervisar los caminos artesanales y en la ciudad de Tlapa colocó la primera piedra de lo que será un Centro Teletón para personas con discapacidad.
En febrero de este año, López Obrador puso en marcha este programa de construcción de 66 caminos artesanales para comunidades de 23 municipios de las regiones de la Montaña y Costa Chica con una inversión de mil 18 millones de pesos para este 2022.
Estas obras iniciaron en abril y muchas de estas llevan un avance del 50 0 70 por ciento.
Sin embargo algunos caminos artesanales como el de San Nicolás Zoyatlán, del municipio de Xalpatláhuac están tirados.
En la gira que López Obrador realizó por esta zona precisamente para supervisar el avance de los caminos artesanales no pasó por esta obra tirada de San Nicolás.
El presunto feminicida fue aprehendido en las inmediaciones de San Juan Bautista Lo de Soto, en el vecino estado de Oaxaca, población donde fue localizado el cadáver de la menor
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Redes
25 de junio de 2022
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó a través de un comunicado que detuvo en San Juan Bautista Lo de Soto, Oaxaca, al presunto feminicida de Frida Alondra, la menor de edad originaria de Cuajinicuilapa, Guerrero, que fue asesinada el pasado abril.
De acuerdo con el comunicado difundido en las redes sociales de la FGEO, el presunto agresor al que se refieren como I. H. R. fue detenido como “presunto responsable del delito de feminicidio agravado en contra de Frida, adolescente de 13 años de edad, originaria de Cuajinicuilapa, Guerrero”.
El presunto agresor fue aprehendido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en las inmediaciones de San Juan Bautista Lo de Soto, en el vecino estado de Oaxaca, población donde fue localizado el cadáver de la menor.
Derivado de la detención y junto con la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) se abrió la carpeta de investigación 12661/FCOS/PINOTEPA/2022, por lo que el presunto homicida fue presentado ante la autoridad judicial correspondiente y en los próximos días se determinará su situación jurídica.
Frida Alondra salió de su casa en Cuajinicuilapa, Guerrero, el sábado 9 de abril para dirigirse a la localidad vecina de San Juan Bautista Lo de Soto, Oaxaca, ubicado a 14 kilómetros de distancia.
Se supo que Frida Alondra asistió a una celebración por el viernes de dolores en la comunidad oaxaqueña. La menor no regresó a su domicilio y horas después sus familiares comenzaron su búsqueda.
Habitantes de San Nicolás Zoyatlán denunciaron que la construcción del camino empezó en abril pero en mayo se detuvo la obra sin que se les de alguna explicación.
Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: Cortesía
24 de junio de 2022
Un camino artesanal que forma parte de un programa que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está abandonado en el municipio de Xalpatláhuac, denunciaron los pobladores de la comunidad de San Nicolás Zoyatlán, en la región de la Montaña.
Los habitantes de esta comunidad indígena que pertenece al municipio de Xalpatláhuac, dijeron que desde hace un mes la obra está detenida.
Este camino de San Nicolás conectará a la carretera Tlapa-Marquelia y a uno de los accesos de la cabecera municipal de Xalpatláhuac.
Los vecinos del pueblo dijeron que uno de sus temores es de que las toneladas de cemento que se va a utilizar para la construcción del camino se eche a perder.
Los bultos de este material están apilados a unos metros del camino en un techado improvisado.
En febrero de este año, López Obrador estuvo en Chilpancingoen donde anunció el arranque de 66 caminos artesanales para 22 municipios de las regiones de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.
Según los habitantes de San Nicolás Zoyatlán, la construcción del camino empezó en abril pero en mayo se detuvo la obra sin que se les de alguna explicación.
La queja de los pobladores de esta comunidad se registra a unas horas de que López Obrador realice una gira de trabajo por la región de la Montaña para supervisar los caminos artesanales.
Obrador estará este viernes en Tlapa y el sábado en los municipios de Malinaltepec y Tlacoapa.
Por su parte, el alcalde del municipio de Cochoapa el Grande, Bernardo Ponce García, aseguró que los cuatro caminos artesanales que ellos están construyendo llevan más de un 50 por ciento de avance.
«Estos cuatro caminos artesanales va a beneficiar a muchos pueblos que conectan con la cabecera del municipio», señaló el edil entrevistado vía telefónica.
Para estas cuatro obras el gobierno federal entregó 47 millones de pesos al municipio de Cochoapa el Grande.
«Al presidente le voy a entregar un documento en donde le pido que nos den más recursos para la construcción de otros cuatro caminos que va a beneficiar a 80 comunidades», expresó.
El edil que milita en las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aseguró que ya que quedó restablecida la vialidad en el camino de terracería que conduce a Arroyo Prieto y otras comunidades después que maquinaria pesada retiró las toneladas de tierra y piedra que cayeron al desgajarse un cerro como consecuencia de las lluvias.
