Mueren cinco personas, entre ellas, una bebé a causa de lluvias en Guerrero

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía:

Chilpancingo

 

Los remanentes de la tormenta tropical Lester provocaron la muerte de cuatro adultos y un bebé en los municipios de Malinaltepec e Iliatenco, en la región de la Montaña de Guerrero.

La Secretaría de Protección Civil (SPC) del estado informó que este martes, alrededor de las 3:30 de la tarde lograron rescatar los cadáveres de dos adultos y un menor de edad que desde la madrugada de este día habían sido reportadas como desaparecidas después de haber sido arrastradas por la corriente de un río en la comunidad de El Mango, anexo a Tilapa, municipio de Malinaltepec.

Se trata de Francisco Neri Quiroz, Miguel Neri Garza y José Miguel Neri Quiroz, de 20, 49 y 12 años, respectivamente.

Los tres fueron arrastrados por la creciente de un río al registrarse un deslave de tierra que se originó por las lluvias que cayeron durante la madrugada de este martes.

Protección Civil informó que en la comunidad de Arroyo San Pedro, municipio de Iliatenco, murieron Gabina de Jesús Neri, de 32 años, y su bebé de cinco meses Liliana Gabriel Galena.

Fue un derrumbe que cayó sobre una casa lo que provocó la muerte de la mujer y de su bebé.

Personal de Protección Civil está en la zona en donde está atendiendo a las familias.

Ante la falta de resultados gubernamentales contra la venta de niñas comunidades de la Montaña propondrán otra estrategia 

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)

20 de septiembre del 2022

Chilpancingo 

 

Elvira García Rodríguez, integrante del Colectivo Contra el Abandono y Discriminación en la Montaña Alta, dijo que ante el fracaso de la estrategia contra la venta de niñas implementada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la población implementará su propia estrategia para enfrentar dicha problemática.

«La estrategia contra la venta de niñas que fue a presentar la gobernadora y la ONU a Tlapa es un fracaso, es una estrategia oscura porque no se está trabajando en nuestras comunidades», denunció García Rodríguez.

El pasado 10 de noviembre, Salgado Pineda acompañada de la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón; de representantes de la ONU y de la Comisión Nacional Contra la Violencia y la Discriminación (Conavim), presentaron en la ciudad de Tlapa de Comonfort, una estrategia para erradicar la venta de niñas en Guerrero.

A casi un año de que la estrategia se implementó no hay resultados concretos, la venta de niñas continúa y los talleres que se supone llevarían a la población solo los realizan en las cabeceras municipales, denunció García Rodríguez.

«Estamos haciendo conciencia y estamos trabajando para parar esto (la venta de niñas), pero no por la estrategia que la gobernadora está manejando, si no porque nosotros decimos ser una población más conciente y ya no permitir esos casos», mencionó García Rodríguez en entrevista al término de una protesta afuera de Palacio de Gobierno.

A través del Colectivo al que García Rodríguez pertenece pretenden dar cursos, talleres y capacitaciones a los autoridades de las comunidades, a los adultos mayores y a la población para concientizarlos sobre la problemática de la venta de niñas.

García Rodríguez dijo que si la estrategia de la gobernadora no funciona es porque pretenden imponerles ideas que «son de la ciudad y de la nada quieren aplicarlas a las comunidades y eso no debe de ser».

Agregó que la secretaria de la Mujer acudió al poblado de Joya Real pero no fue bien recibida por los pobladores por considerar que quería imponerles ideas.

Otra de las denuncias es que ningún funcionario público o representante de las organizaciones no gubernamentales que impulsan la estrategia se acercan a las comunidades a dialogar.

«Se supone que hay representantes y enlaces regionales, pero nunca los vemos ni sabemos qué hacen, por eso nosotros aparte impulsaremos nuestra propia propuesta», dijo García Rodríguez.

De acuerdo con García Rodríguez para los talleres tampoco se tiene personal capacitado porque no conocen las lenguas originarias de la región.

«Los pueblos originarios queremos cambiar, pero no porque nos lo imponga la ONU o la gobernadora, si no porque nosotros así lo decidimos».

En la imagen, una protesta de mujeres contra la violencia machista el pasado 24 de abril en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez.

 

Presea Sentimientos del Pueblo es otorgada a luchadores sociales

Texto: Itzel Urieta 

Fotografía: José Miguel Sánchez 

13 de septiembre del 2022

Chilpancingo

 

Los recipiendarios de la Presea Sentimientos del Pueblo, otorgada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), fueron los activistas sociales Octaviano Santiago Dionisio, Guillermo Sánchez Nava, Hilario Mesino Acosta y Pedro Nava Rodríguez.

La Presea Sentimientos del Pueblo es otorgada por la APPG como una medalla alternativa y de protesta contra la oficial, Sentimientos de la Nación, que entrega el Congreso local en una sesión especial en la catedral Santa María de la Asunción de Chilpancingo.

En su edición número XV Los recipiendarios de este año fueron activistas sociales.

Uno de los recipiendarios fue Octaviano Santiago Dionisio, la cual fue post morten.

Santiago Dionisio fue activista, fundador y dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

También le fue entregada al perredista Guillermo Sánchez Nava, quien en el proceso electoral del 2011 fue golpeado por un grupo de brigadas priístas y desde entonces está en una silla de ruedas, sin poder moverse y hablar.

La Presa le fue entregada también a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), a través de su fundador Hilario Mesino Acosta y a Pedro Nava Rodríguez de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG).

La entrega de esta Presea es organizada por la APPG y su dirigente, quien ahora es asesor en el gobierno estatal, Nicolas Chávez Adame.

En su discurso Chávez Ademe expresó que le pidieron, “que este año sólo hubiera una entrega de la presea, la de personas con traje en la iglesia”, pero se negó, contó.

Al recibir la presea, el dirigente de la OCSS Hilario Mesino señaló que la obligación del actual gobierno encabezado por Evelyn Salgado y Andrés Manuel López Obrador, de investigar y sancionar a quienes en el pasado usaron sus cargos públicos para atentar contra los derechos humanos y dijo que insistirán en una Ley de Amnistía para la salida de la cárcel de cuatro integrantes de su organización.

Ley de Desplazamiento Forzado, un pendiente para las víctimas: Centro Morelos 

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

11 de septiembre del 2022

Chilpancingo 

 

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desplazamiento forzado interno, Cecilia Jiménez Damary, llevará al alto comisionado de la ONU la exigencia de acceso a la justicia, la verdad, la reparación del daño a víctimas de desplazamiento forzado, informó el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

El Centro Morelos emitió un comunicado donde informó el resultado de la visita de Jiménez Damary, el pasado 6 y 7 de septiembre, con víctimas de desplazamiento forzado de distintos municipios de Guerrero.

En el informe preliminar de Jiménez Damary a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en México para los Derechos Humanos informó sobre la necesidad que tienen las víctimas del acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación del daño, garantias de no repetición, la restitución de los bienes, vivienda, tierras y enjuizamiento de los perpetradores.

Además de pedir al Senado de la República apruebe la Ley de Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno.

Durante la visita a Guerrero, Jiménez Damary se reunió con alrededor de 60 familias de Chilapa, Zitlala, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, municipios de los que salieron por la violencia desatada por los grupos del crimen organizado en connivencia con grupos económicos y políticos.

Jiménez Damary también dijo que los derechos de los desplazados están garantizados por la Ley Internacional Territorial para Pueblos Indígenas y la Ley General de Derechos Humanos.

«Ser niño o niña desplazada supone una doble vulnerabilidad, el rompimiento de las estructuras familiares y comunitarias las ponen en un mayor riesgo de sufrir diversas formas de explotación, abuso y abandono, me preocupa particularmente la ausencia de perpectiva intercultural de atención a mujeres Indígenas Desplazadas”, mencionó Jiménez Damary durante la entrega del informe preliminar.

De acuerdo con el Centro Morelos, Jiménez Damary llamó al Estado mexicano a plasmar en la Ley de Desplazamiento una clara distribución de competencias, de acuerdo con las diversas faces del desplazamiento, y mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno y organismos autónomos.

También que está ley plasme que las personas desplazadas y organizaciones de la sociedad civil sean consultadas.

También lamentó que el desplazamiento forzado Interno no esté tipificado como delito en los codigos penales.

Por su parte, el Centro Morelos dijo que la vista de la relatora de la ONU «renueva las esperanzas de las familias; unas por tener el reconocimiento como víctimas y finalmente que todas las familias puedan obtener la reubicación, la reparación del daño y acceso a la justicia».

El Centro Morelos lamentó que en el informe preliminar, Jiménez Damary, no mencionó el señalamiento que hicieron las víctimas a los agentes del estado que apoyaron a los grupos de «narcoparamilitares» para desplazarlos, ni tampoco mencionó la complicidad y corrupción de las autoridades, pero esperan que en el informe final si haga mención de ese contexto.

Por falta de viáticos trabajadores de Protección Civil del estado paran labores 

Texto y fotografía: José Miguel Sánchez.

8 de septiembre del 2022

Chilpancingo

 

Trabajadores de Protección civil agremiados al Sindicato Estatal Trabajadores de Protección Civil del Estado de Guerrero (Setpcegro) pararon labores en todo el estado para exigir viáticos, insumos y seguridad social.

Los trabajadores denunciaron que en la región Centro solo cuentan con dos ambulancias que ya cumplieron su vida útil, no hay camión de bomberos y los viáticos de traslados no se los entregan a tiempo, por lo que los trabajadores ponen de su sueldo.

Son 250 agremiados al Setpcegro entre los que están bomberos, rescatistas, salva vidas, paramédicos y administrativos, que además de los insumos y vehículos de operación piden la basificación de sus puestos.

José Don Juan Lucena, secretario de Actas y Acuerdos del Setpcegro, dijo que los trabajadores de Protección Civil son los únicos trabajadores del estado que no cuentan con base de trabajo.

«Queremos seguridad económica para nuestras familias, no somos desechables, ni trabajadores de tercer nivel, queremos bases para tener una seguridad social y prestaciones como todos los demás trabajadores del estado», dijo Juan Lucena.

El paro de los trabajadores comenzó a las nueve de la mañana de este jueves en las instalaciones de la Secretaría de Protección Civil estatal, donde mediante asamblea los trabajadores decidieron marchar hacia Palacio de Gobierno.

El paro es a nivel estatal, por lo que la coordinaciones regiones de Acapulco, Montaña, Costa Chica, Costa Grande, Tierra Caliente y zona Nora dejaron de laborar está mañana.

Juan Lucena reprochó el desinterés del estado para atender las necesidades de Protección Civil y su personal, recordó en 2014 cuando normalistas de Ayotzinapa incendiaron Palacio de Gobierno, fue Protección Civil sofocó el fuego.

«Si se vuelven a incendiar aquí en Palacio está vez no vamos a poder ayudarlos, porque no tenemos nada, no hay equipo de combate contra incendios y menos un camión de bomberos».

Los protesta llegó a Palacio de Gobierno donde los manifestantes bloquearon la vialidad.

Al bloqueo llegó personal de la Secretaría General de Gobierno a dialogar con los manifestantes y se acordó una mesa de trabajo para ese momento.

A las 11:30 y de acuerdo con información de la comisión negociadora, el diálogo iba bien, por lo que decidieron levantar el bloqueo pero no la protesta, los trabajadores se mantienen en paro.

Desplazados por la violencia denuncian inacción del gobierno ante Relatora de la ONU

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero

6 de septiembre del 2022

Chilpancingo

 

Familias desplazadas por la violencia de Guerrero se reunieron con la relatora de la ONU sobre desplazamiento forzado, Cecilia Jiménez Demary, a quien le expusieron sus condiciones precarias en las que viven y la inacción del gobierno.

«En Guerrero hay más de 20 mil personas desplazadas y es un flagelo que no ha sido atendido por las autoridades», dijo el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, durante el inicio de la reunión con Jiménez Demary.

Familias expulsadas de sus comunidades por grupos del crimen organizado de municipios como Leonardo Bravo, Coyuca de Catalán, Zitlala, Chilapa llegaron a la curia de la diócesis Chilpancingo-Chilapa.

Un grupo de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala también participaron en la reunión.

Las familias le dieron el recibimiento a la relatora con una cadena de cempasúchil.

«Aquí hay personas desplazadas de la zona Norte, de la Tierra Caliente, de la Sierra y están esperanzadas de que su voz y su palabra llegue lejos para que el gobierno nos escuche», dijo Barrera Hernández al darle la bienvenida a la relatora de la ONU.

«Gracias, muchas gracias», les dijo la relatora a las personas que le colocaron en el cuello dos cadenas de cempasúchil.

Jiménez Dimary empezó una gira de dos días en Guerrero para reunirse con las familias desplazadas por la violencia y las autoridades estatales.

Este miércoles la relatora de la ONU estará en la localidad de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo.

Aquí desde noviembre del 2018 viven familias de seis comunidades de la Sierra expulsadas por integrantes de una supuesta policía comunitaria que, según informes oficiales, tiene nexos con un grupo criminal conocido como Los Tlacos.

A la relatora la custodian varias patrullas de la Guardia Nacional.

SCJN rechazó la consulta a los pueblos indígenas, CRAC pedirá sanciones a los diputados

 

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

6 de septiembre del 2022

Chilpancingo 

 

Organizaciones sociales y de pueblos originarios exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sancionar a los diputados locales de la 62 legislatura por irregularidades en el proceso de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos.

Durante un acto político afuera del Congreso local, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informaron que el pasado 26 de agosto la SCJN rechazó algunos procesos de la consulta a los pueblos indígenas que realizó el Congreso local.

El rechazo se debió a diversas irregularidades en el proceso; documentos falsos y otros que no cumplen con el aval de las asambleas comunitarias.

«La SCJN rechazó la consulta de los diputados porque los pueblos indígenas estuvieron ausentes y no fueron integrados para diseñar protocolos», mencionó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan.

Los asesores legales de la CRAC mencionaron que la SCJN rechazó la consulta por no considerar a los pueblos indígenas, por lo que no hubo diálogo objetivo,ni acuerdos ni consensos.

«Solo Hubo actas donde los pueblos firmaron de enterados».

El acuerdo de la SCJN por las inconsistencias fue darle al Congreso de Guerrero un plazo de 10 días hábiles para explicar porque no fueron considerados los pueblos indígenas.

Sobre la sentencia, las organizaciones sociales dijeron que la SCJN es condescendientes y pretende favorecer al Congreso local.

«Hacemos un extrañamiento respetuoso al presidente de la Suprema Corte para que no sea condescendiente con el Congreso, los 10 días están fuera del marco legal, debieron sancionar», mencionó Rubén Cayetano García, asesor legal de la CRAC.

Plácido Dolores, de la Casa de Justicia de Espino Blanco, en el municipio de Malinaltepec, mencionó que el Congreso hizo un falso trabajo de consulta que no plasma las necesidades de los pueblos.

En el acto acusaron al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, de ocupar un cargo que no le corresponde como indígena amuzgo.

Otra de las exigencias fue que que el dinero ocupado para la consulta sea devuelto y ocupado para una verdadera consulta donde los pueblos originarios sean organizadores y los diputados solo observadores.

«Los diputados que integran la legislatura solo se dedican a actividades de menor relevancia y hacen caso omiso a las necesidades reales, específicamente con los pueblos indígenas y Afromexicanos».

Además de los asesores legales de la CRAC y Tlachinollan estuvieron representantes integrantes de las cinco casas de justicia del sistema comunitario de la CRAC.

Fernando Xochihua, otro de los asesores de la CRAC, pidió sanciones al Congreso.

Pedimos a la Corte aplicar la ley y que ya no siga prolongando la agonía de la 62 legislatura, la Corte debe aplicar la ley, aplicar la sanción que corresponde a los diputados que avalaron la consulta y que la Corte ya dijo que está mal hecha, estableció Xochihua.

Se deslinda Policía Comunitaria de El Ocotito, adherida a UPOEG, del asesinato de Fredid Román

Señalan a sobrino e hijo del periodista como integrantes del CJNG


Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Ex comisarios municipales y el comandante de la Policía Comunitaria de El Ocotito, José Deivy Barrientos Salazar, negaron tener algo que ver en el asesinato del periodista Fredid Román Román, ante una de las líneas de investigación que planteó el vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ramón Celaya Gamboa.

La Policía Comunitaria de El Ocotito pertenece a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a cuyo líder, Bruno Plácido Valerio, detuvo la FGE hace unas semanas y luego liberó porque el delito había prescrito.

En conferencia de prensa en El Ocotito, lugar al que acudieron periodistas y estuvieron presentes habitantes de la comunidad, los ex comisarios y el comandante de la Policía Comunitaria narraron a la prensa una trama muy complicada en la que resaltan supuestos vínculos del sobrino e hijo del periodista con el grupo del crimen organizado, llamado Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la que salió a relucir otro grupo criminal de la zona Los Ardillos.

La FGE comunicó a los periodistas al término de una protesta que una de las líneas de investigación, aparte de su labor periodística, se relacionaba con el asesinato del hijo de Vladimir Román, un joven que se dedicaba al comercio de pollo en esa comunidad del municipio de Chilpancingo.

Pobladores de El Ocotito, quienes por lo delicado del hecho pidieron confidencialidad, contaron que el día del asesinato de Vladimir, el 1 de julio pasado, el otro hijo de Fredid Román, Cristián Román, llegó el lugar de los hechos para llevarse el cadáver de su hermano, pero el secretario de la Comisaría de El Ocotito se lo impidió porque estaban a la espera de las autoridades ministeriales, razón por la que Cristian, quien iba armado, sacó la pistola y delante de todos, lo mató.

El comandante de la Policía Comunitaria no se refirió al asesinado del secretario de la Comisaria con la misma claridad. Dijo: “El hecho ocurrió a la luz del día, delante de la concurrencia”.

Barrientos Salazar dijo que por el asesinato de Vladimir Román recibió amenazas de muerte, de Cristian y de un hijo de una hermana de Fredid Román, incluso, del mismo periodista.

Se deslindó también del asesinato de Vladimir Román. “A poco de todos los asesinatos que ocurren, por decir algo, en Chilpancingo, van a culpar al secretario de Seguridad, no, verdad”.

Los Román, el sobrino y el hijo del periodista y otras personas, dijo que le exigieron que les entregara al policía comunitario que asesinó a Vladimir, pero que él no tenía porque entregar a nadie. Pidió que se hagan las investigaciones y que detengan al culpable.

Fue ahí donde señaló relación de Cristian Román y Fawer García Román, hijo de la hermana de Fredid Román, con el grupo CJNG, a quienes mencionó de ser responsables de los asesinatos y desapariciones de otras personas.

Dijo que todo este acoso contra El Ocotito “es una presión generada por el señor Alanís”. Se refería a Servando Alanís, coordinador de la llamada Policía Comunitaria de Tlacotepec, asentada en una zona controlada por otro grupo del crimen organizado conocido como Los Tlacos.

Barrientos Salazar aseguró que diversos grupos tienen interés en controlar El Ocotito porque es un paso importante para el control de la Sierra y el asedio contra las autoridades de esta comunidad es porque no permiten que sea el paso para secuestrados y autos robados hacia la sierra.
“Le han buscado la forma y no la han hallado con armas, así que andan buscando el modo”, dijo.

Contó que El Ocotito se mantiene neutro porque no entregaron el control a ningún grupo, aunque han sido diferentes y varias veces que se lo pidieron.

Le han preguntado, dice, que por qué al pueblo de El Ocotito no los atacan Los Ardillos. Contó que eso es porque ellos no aceptaron dinero ni camionetas robadas, como si lo hicieron, otras comandancias de varias otras policías comunitarias.

Antes, contó, El Cartel de la Sierra, Los Ardillos y el CJNG eran la misma cosa y cuando salieron mal comenzó a haber violencia en las comunidades que aceptaron trabajar con ellos.

 

Hombres armados privan de su libertad a sobrino de Ángel Aguirre en Acapulco

 

Texto: Amapola periodismo

24 de agosto del 2022

Chilpancingo

 

Cuatro hombres armados a bordo de un vehículo privaron de su libertad a Igor Aguirre, sobrino del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero cuando salía de un restaurant en la avenida Costera Miguel Alemán, frente al Centro Internacional de Convenciones (CIA), en Acapulco.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que la esposa del empresario y ex candidato a la alcaldía de Acapulco por el PT, interpuso la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común (AMPFC) de lo que le sucedió a su esposo alrededor de las once de la mañana de hoy miércoles.

Contó que junto con su esposo salían del restaurant donde habían acudido a desayunar cuando se disponían a abordar su automóvil, llegó un vehículo con cuatro hombres a bordo.

Posteriormente este grupo de individuos sujetaron a su esposo y lo subieron a un vehículo y se lo llevaron.

Según la fuente de la FGE ya se montó un dispositivo de seguridad en esta zona de Acapulco para recuperar al empresario y político.

Trascendió que el sobrino de Aguirre Rivero habría sido detenido por agentes ministeriales estatales, pero la FGE, no lo confirmó.

Grupo armado asesinan a balazos a cinco hombres en Mochitlán

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Hombres armados asesinaron a balazos a un comisario a sus tres hijos y a otra persona en la comunidad de Cuajilotla, del municipio de Mochitlán, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En un reporte de la FGE dice que este sábado alrededor de las once de la noche varios hombres con vestimenta tipo militar llegaron al pueblo y preguntaron por Crescencio Romero, a quien encontraron en su casa y lo mataron a balazos al igual que a sus hijos Guadalupe, Emilio e Irineo Romero Flores, quien era comisario municipal de la comunidad además de otra persona de nombre Ponciano Morales.

Al arribar este domingo a la comunidad los elementos del Ejército, Marina y Policía estatal hallaron los cadáveres de los cinco hombres tendidos en el piso.

Encima de los cinco cadáveres había hierba verde con características de la marihuana.

Durante este mes de agosto ya son dos hechos de violencia que se registran en esta zona controlada por un grupo del crimen organizado denominado Los Ardillos.

El 4 de agosto en la comunidad de Tolixtlahuaca, municipio de Quechultenango, un grupo armado asesinó a balazos a siete hombres.

Según las autoridades de la FGE, las siete víctimas pertenecían a la organización delictiva de Los Ardillos que dirigen los hermanos Iván y Celso Ortega Jiménez.

Plutarco sobrevivió 7 días sin agua ni comida en una mina colapsada; ahora busca rescatar a su yerno en El Pinabete

Texto y fotografía: Manu Ureste / Animal Político

17 de agosto de 2022

 

Plutarco Ruiz, de 56 años, dice que lo más duro de quedarse atrapado en las profundidades de la tierra es sobrevivir al primer día: la oscuridad, el pánico y la desesperación deshidratan muy rápido el organismo y perforan la mente como el martillo neumático con el que se pica el carbón.

“Al principio sientes mucho miedo, pero luego piensas con más calma y empiezas a planear cómo puedes salir del pozo”, explica.

Plutarco, minero de toda la vida, estuvo atrapado por siete días en un pozo de carbón en el municipio de Múzquiz, Coahuila. Fue el 30 de julio de 2010. Él, junto a otros 12 mineros, se encontraba perforando las entrañas de la tierra cuando, de pronto, una de las paredes estalló y un mar de agua inundó las galerías en cuestión de segundos.

Aquel suceso fue casi idéntico a lo que sucedió el pasado miércoles 3 de agosto, cuando en la mina El Pinabete, en el municipio de Sabinas, también en Coahuila, 10 mineros quedaron atrapados, luego de que el pozo se inundara tras el colapso de una pared de contención que conectaba con una mina abandonada que guardaba en su interior casi 2 millones de metros cúbicos de agua. Entre los mineros atrapados está Sergio Gabriel Cruz Gaytán, de 41 años, yerno de don Plutarco y padre de su nieta, una joven adolescente de tez morena, ojos negros y sonrisa tímida, cuyo rostro de nariz y barbilla afilada —dicen sus abuelos— se asemeja mucho al de su padre.

En el caso de Plutarco, cuando el pozo se inundó, la misma corriente sacó a la superficie a todos los mineros, salvo a otro compañero y a él, que quedaron atrapados. Plutarco cuenta que corrió a refugiarse a una galería ubicada en la parte más alta del pozo, donde el agua no alcanzó. Su compañero no tuvo la misma suerte y murió ahogado al momento.

Sin lámpara, solo, sin casco y sin las botas que perdió mientras trataba de ponerse a salvo, el carbonero trató de ubicar cuál era su posición en la mina, aunque a oscuras, tiritando de frío porque estaba “chorreando” de agua, y habiendo ya perdido la noción del tiempo —“yo dormía de vez en cuando, pero no sabía qué hora era ni cuántos días estaban pasando”—, las cosas se complicaban mucho con cada minuto que corría.

“Me encomendé mucho a Dios y a la Virgen de Guadalupe para que me alimentara y me diera fuerzas para aguantar el frío y la sed. Porque, ¿qué otra cosa podía hacer? No tenía comida, ni tampoco podía beber el agua que inundaba el pozo porque estaba contaminada y bien apestosa”, cuenta el hombre sentado en una silla de plástico, mientras a lo lejos observa a los elementos de la Guardia Nacional que custodian el pozo siniestrado de El Pinabete, donde está atrapado su yerno.

En su caso —dice—, la ventaja es que conocía a la perfección las galerías del pozo de carbón donde llevaba ya varios meses picando, y eso le permitió ubicarse y poner en práctica un plan.

“Mis familiares no dejaron que los rescatistas perforaran el cañón del pozo porque pensaban que se podía colapsar y matarme. Y las autoridades tampoco fueron a rescatarme a donde yo estaba. En realidad, yo hice todo. Iba arrastrándome por los túneles para checar los niveles de agua, checaba la altura y luego me volvía a subir a la parte alta a refugiarme”.

En un punto en el que el nivel de agua había bajado un poco, a Plutarco se le ocurrió una idea.

“Pensé que arriba debía haber alguien cuidando el compresor que mandaba aire al pozo. Entonces, busqué la manguera y la doblé, porque cuando haces eso hazte cuenta que es como si pisaras el acelerador de un coche”.

En el exterior ya habían transcurrido cuatro días cuando, en efecto, la persona que cuidaba el compresor notó que este se aceleraba cada cierto tiempo. Que desde abajo les estaban enviando una señal de vida.

Tres días después, Plutarco respiró de nuevo el aire limpio de la superficie. El milagro se había consumado.

“Los milagros existen, pero…”

“Yo soy la prueba de que los milagros, a veces, sí existen —dice con un sonrisa tímida en su rostro moreno y agrietado, en el que sobresalen dos profundas ojeras producto del cansancio y el estrés de casi dos semanas de agónica espera—. Aquí, en este caso, sé que es muy complicado porque ya pasaron muchos días, pero no pierdo la fe de que encuentren a mi yerno y a los demás muchachos”.

A pesar de la fe inquebrantable de Plutarco y de personas como las hermanas María Magdalena y Angélica Montelongo, hermanas del minero Jaime Montelongo, de 61 años, lo cierto es que a 14 días del siniestro en El Pinabete las esperanzas ya se han desvanecido casi por completo. Máxime, después del pasado fin de semana, cuando las autoridades de Protección Civil reconocieron que los niveles de agua subieron de nuevo “súbitamente” y las labores de rescate se complicaron mucho.

“Hemos vuelto al mismo punto del inicio”, lamentó María Magdalena Montelongo en una conferencia de prensa la tarde del pasado domingo, cuando Plutarco, desesperado, pidió a las autoridades que detallaran cuál sería el nuevo plan para acometer el rescate a contrarreloj y que se pidiera ayuda al extranjero si era necesario.

Un día después, el lunes, Protección Civil informó que los rescatistas tratarían de sellar con concreto la mina abandonada contigua a El Pinabete, que, de acuerdo con los ingenieros, es la que está inundando el pozo siniestrado, a pesar de que a diario se extraen miles de metros cúbicos de agua. Pero la medida, según denunciaron los familiares de los mineros, llega ya muy tarde.

“Se ha perdido un tiempo valiosísimo”, lamenta Plutarco ante la mirada silenciosa de su nieta, que observa el suelo tal vez en busca de respuestas.

Cecilia Cruz, tía de Sergio Gabriel Cruz Gaytán, cuyo suegro le describe como chaparro y delgado —“el cuerpo ideal para meterse por los túneles estrechos de los pozos”—, también comienza a mostrarse resignada, como su hermano, el padre de Sergio.

“Mi hermano está ya muy cansado, perdió la fe. Creemos en los milagros de Dios, pero él ya se rindió. Dice que ya quiere a su hijo como sea. Vivo o muerto, pero que se lo entreguen ya”, confiesa la mujer ahogando un suspiro.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace 

19 estados han registrado casos de mujeres quemadas intencionalmente este año

Durante el primer semestre de 2022, 47 mujeres fueron quemadas intencionalmente en el país. Tan solo en Guanajuato hubo seis víctimas, seguido del Edomex y de Veracruz, con cinco cada uno.


Texto: Eréndira Aquino / Animal Político

Fotografía: Amílcar Juárez

4 de agosto de 2022

 

En el primer semestre del año, 19 de las 32 entidades del país reportaron haber atendido a 47 mujeres víctimas de quemaduras intencionales. Guanajuato, Veracruz, Estado de México, San Luis Potosí y Campeche concentran el 51% de los casos de mujeres atacadas con elementos como fuego, vapor, sustancias calientes o corrosivas.

Guanajuato es la entidad donde más mujeres han sido quemadas intencionalmente en 2022, con seis casos registrados por la Secretaría de Salud federal entre enero y junio, seguido por Veracruz y Estado de México, con cinco pacientes atendidas en hospitales por estas causas.

En Guanajuato, cuatro de las seis mujeres que fueron intencionalmente quemadas eran menores de edad: una niña de meses de nacida, una de seis años, una de 14 y otra de 17. Las otras dos víctimas son de 27 y 35 años. Cuatro de las agredidas fueron atacadas por familiares; de los otros casos, uno se catalogó como violencia no familiar y el otro se consideró que fue provocado por trata de personas.

De acuerdo con los datos abiertos por lesiones atendidas en 2022, este estado fue también el de mayor número de lesiones dolosas contra mujeres —con distintos agentes—: 12 mil 361 relacionadas con violencia familiar, a las que se suman mil 118 perpetradas por personas que no eran parientes de las víctimas.

Veracruz reportó que, por violencia familiar, uno de los casos de mujeres quemadas correspondió a una bebé de un año. Otros fueron de tres mujeres de 22, 41 y 61 años, y se atendió a otra mujer de 29 años por un ataque violento cometido por alguien con quien no tenía parentesco. Una de las víctimas se encontraba embarazada al momento de la agresión y una más se identificó como persona indígena.

En el Estado de México, las autoridades sanitarias atendieron por violencia familiar a cuatro mujeres quemadas, de 23, 27, 31 y 33 años, así como a una adolescente de 15 años, cuyo agresor fue un desconocido. De ellas, una se encontraba embarazada.

Por número de víctimas, le siguen San Luis Potosí, con cuatro casos, correspondientes a mujeres de 14, 16, 28 y 31 años —una de ellas identificada como persona indígena—, y Campeche, con mujeres de 30, 32, 37 y 41 años víctimas de quemaduras. De ellas, cinco se vincularon con violencia familiar, y tres más, a violencia de otro tipo.

Nayarit tuvo tres casos, todos por violencia no relacionada con el entorno familiar, de mujeres de 32, 33 y 35 años, una de ellas identificada como persona indígena.

La visibilización de “casos brutales”

Antes de los casos de Luz Raquel Padilla, madre de una persona con discapacidad que fue quemada en un parque de Zapopan, y de la niña de 11 años que sufrió quemaduras y otros tratos violentos en un albergue de Tonalá, también en Jalisco, el estado había reportado tres casos, de mujeres de 29, 30 y 38 años que fueron atendidas en distintos hospitales por quemaduras.

Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), explicó en entrevista que los datos de la Secretaría de Salud muestran que estas agresiones se han cometido desde antes de los casos que se han visibilizado a partir de la muerte de Luz Raquel debido a su “brutalidad” y, específicamente en este, por la labor como activista de la víctima.

“Es algo que hemos denunciado desde hace tiempo y que cada vez vemos más claro como un patrón grave, que se ha venido visibilizando por las maneras brutales como las mujeres son atacadas y muchas veces asesinadas, con quemaduras, envenenamientos, estrangulamientos… modus operandi que no es común encontrar en casos de ataques contra hombres”, detalló.

Otro de los casos recientemente visibilizados fue el de Margarita Seceña, quemada en Morelos por familiares que disputaban un inmueble y quien falleció por la gravedad de sus heridas. Sin embargo, antes de ella otras dos mujeres habían sufrido ataques similares en Morelos. Se trata de dos víctimas, de 17 y 34 años, una de ellas embarazada.

Guerrero, Oaxaca y Tabasco también tuvieron, cada uno, dos víctimas de quemaduras intencionales. La mitad de los casos se vinculó con violencia familiar.

En Guerrero, las víctimas tenían 28 y 34 años, mientras que en Oaxaca —donde una de las mujeres agredidas se identificó como indígena—, las afectadas fueron de 16 y 17 años. Por su parte, las autoridades tabasqueñas reportaron haber atendido por quemaduras intencionales a mujeres de 19 y 25 años.

Para Luz Estrada, los casos reportados en 2022 son muestra de que no se trata de agresiones aisladas ni poco frecuentes, por lo que desde la sociedad civil se trabaja para que las autoridades reconozcan la gravedad de estos hechos y los investiguen como ataques por motivos de género. Esto, porque en el caso de Luz Raquel, la Fiscalía de Jalisco insinuó que pudo haberse autolesionado.

Otros estados que presentaron al menos un caso de quemaduras intencionales contra mujeres son la Ciudad de México, con una víctima de 25 años; Querétaro, de 29 años; Sonora, de 16 años; Coahuila, de 21 años; Chiapas, de 36 años; Durango, de 23 años; Puebla, de 17 años, y Tamaulipas, de 25 años.

La hipótesis de que no son casos aislados ni nuevos se sostiene también con la cifra de 96 ataques perpetrados con fuego, líquidos calientes o vapor que fueron atendidos en hospitales y clínicas durante 2021. De acuerdo con los datos abiertos de Salud, estas agresiones se reportaron en 26 estados.

Por violencia familiar se documentaron casos en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En cuanto a la violencia no familiar, se atendió a mujeres quemadas intencionalmente en Colima, Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

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