Fotografía: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
15 de junio del 2023
Chilpancingo
Después que el Congreso local aprobó, en octubre del 2022, una adición al Código Penal del Estado que sanciona la venta de niñas en la entidad, la diputada presidenta de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes, la morenista Beatriz Mojica Morga, reconoció que aún no se erradican estas prácticas, por lo que trabajan en campañas de concientización y en nuevas leyes secundarias para garantizar el cumplimiento de la ley.
En entrevista para Amapola, periodismo transgresor, Mojica Morga agregó que junto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) trabajarán próximamente en otras 17 reformas a leyes secundarias para garantizar plenamente el derecho a las infancias a no ser vendidas o casadas contra su voluntad.
“Hemos trabajado en la parte de sensibilización, sin embargo hay que decirlo muy claro, todo el tema del aterrizaje territorial de las leyes es parte del ámbito (del Poder) Ejecutivo, los diputados y diputadas no podemos hacer más que aprobar las leyes y concientizar sobre su aplicación, y sobre eso estamos trabajando”, mencionó Mojica Morga.
La diputada informó que también trabajan desde la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes para que haya garantía de la aplicación de recursos para acciones relacionadas a la protección de las niñas y mujeres.
“Por eso en un ejercicio histórico desde la Comisión de Niños y Niñas etiquetamos recursos para mejorar la Procuraduría de Niños y Niñas, apoyar con sus pasajes a los niños con cáncer y atender la deserción escolar y la salud mental”, dijo la diputada.
Organizaciones como el Colectivo Contra el Abandono y Discriminación en la Montaña Alta y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguran que aun cuando está prohibida la venta de niñas y la denominada cohabitación forzada, las acciones gubernamentales son insuficientes para evitarlos; todavía ocurren, dijo, en las comunidades más alejadas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.
“Nosotros tenemos prohibido el matrimonio infantil pero los casos se siguen dando, por eso para nosotros es importante concientizar y hacerle saber a los alcaldes, directores de los registros civiles lo que hemos aprobado”, mencionó Mojica Morga.
La adición al Código Penal aprobada el 20 de octubre del 2022, iniciativa enviada al Congreso local por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, consiste en incluir en el capítulo de Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad la cohabitación forzada, una pena de cinco a 15 años de prisión y una multa de 250 a 750 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien promueve los matrimonios infantiles.
Y a quien solicite, gestione, oferte o induzca la cohabitación forzada o se beneficie de la misma, se le aplicará de tres a 10 años de prisión y multa de 150 a 500 veces el valor diario de la UMA.
Este contenido es patrocinado por el Congreso del Estado
Al menos 153 mil matrimonios con menores se han realizado en los últimos 11 años en México. A pesar de su prohibición, han surgido complicidades con autoridades locales para forzar las uniones.
Texto: Alexis Ortiz / La Lista
Fotografía y gráficas: La Lista
30 de noviembre del 2022
Las niñas tienen precio en la región de la Montaña de Guerrero. Por Yetzali, de 14 años, una mujer desconocida ofreció 160 mil pesos a su mamá. Fue una tarde de primavera de 2021 cuando la señora visitó la casa de la menor en Cochoapa el Grande e hizo la oferta a cambio de que se fuera a vivir con su hijo Diego, de 17 años.
Aquel día, Yetzali estaba en casa con su mamá, a quien le ayudaba a preparar atole para vender y a cuidar a los dos bebés de sus hermanas. No era la primera vez que en su familia escuchaban una oferta similar, su madre también fue vendida cuando era más joven para vivir con un hombre que años después la abandonó con sus tres hijas.
La mamá de Yetzali pidió tiempo para platicar sobre la oferta con su hermano, la figura masculina más cercana a ella. Pero Ofelia insistió durante tres semanas, trató de convencerla diciendo que a su hijo Diego le gustaba la joven delgada, alta y de piel morena.
El tío de Yetzali se sentó con Ofelia para fijar un precio, como si estuviera negociando la venta de ganado. Pero la mujer mantuvo la oferta y soltó una amenaza: si no aceptaban, caería una maldición sobre ellos, una advertencia que tomaron muy en serio.
“La señora dijo que si no aceptaban, no me iba a casar nunca. Fue cuando mi mamá y mi familia decidieron darme”, dice Yetzali en tu’un savi, su lengua natal. Cuando la obligaron a vivir con Diego no dijo ni sintió nada, estaba resignada a repetir la historia de su mamá. Solo tenía un deseo: que la trataran bien.
En México se registraron al menos 153 mil matrimonios infantiles de 2010 a 2021: 38 uniones cada día, según datos obtenidos por La-Lista1. Aunque la práctica está prohibida desde 2014, esto no frenó el problema. Desde la prohibición se celebraron miles y miles hasta llegar a 19 mil en todo el país. El problema afecta más a las mujeres que a los hombres porque en ocho de cada 10 matrimonios, la cónyuge es una menor de edad.
En Ahome, Sinaloa, una niña de nueve años fue casada con un hombre de 43 años en 2010. En ese mismo estado, una joven de 16 años se tuvo que casar con un anciano de 83 en 2014. Entre 2010 y 2016 se registraron oficialmente 17 matrimonios de hombres mayores de 60 años con niñas que llegaban a tener hasta 14 años en seis estados: Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Campeche y Chihuahua.
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Los matrimonios infantiles son un problema visible en todo el país y ocurren con mayor frecuencia en Guerrero, donde se registra uno de cada cinco, le sigue Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa. Los casos más recientes fueron en los municipios Allende y Dolores Hidalgo, en Guanajuato; Morelia, Michoacán, y Calpan, Guadalupe Victoria y Jonotla, en Puebla. “No solo en las comunidades indígenas sucede, en las periferias de las grandes ciudades suceden, ahí están los casos, hay que sancionarlo y visibilizarlo porque la ley tiene que ser pareja para todos y para todas”, dice Eufrosina Cruz, activista indígena y diputada del PRI.
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No hay un registro exacto del primer matrimonio infantil en México. “Es un problema añejo, un problema de décadas. Aquí en los pueblos originarios, principalmente en las cabeceras municipales, es donde se tienen focalizados los casos”, detalla Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Robert McCaa, historiador de la Universidad de Minnesota, encontró que en el siglo XVI ya había registros de este tipo de uniones donde las niñas nahuas eran entregadas entre los ocho y los 15 años.
La situación global no cambia mucho, es un problema arcaico que todavía ocurre. Actualmente hay 650 millones de mujeres en todo el mundo que se casaron antes de cumplir 18 años, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La amenaza es real: la Unicef proyecta que 150 millones de niñas corren el riesgo de casarse antes de 2030.
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El trato para entregar a Yetzali se cerró con 160 mil pesos y una fiesta de tres días. En Cochoapa el Grande, las bodas comienzan el lunes, cuando los padres de la pareja le preguntan ante todo el pueblo si es su voluntad estar juntos. El martes hay una ceremonia donde la familia de la mujer recibe el dinero y la entregan. El miércoles, la pareja se va a su nueva casa. Todo esto mientras los invitados comen, toman y bailan con música en vivo.
A las pocas semanas de la celebración, Yetzali quedó embarazada. La joven tenía la esperanza de que en su nuevo hogar la trataran bien, pero Ofelia comenzó a obligarla a realizar los quehaceres del hogar y a trabajar hasta por 12 horas en un campo de cultivo de chile y tomate en Amatlán, Jalisco. No recuerda cuántos kilos de verdura alzaba, solo pone la mano por debajo de su pecho para señalar el tamaño de las arpillas que cargaba hasta que cumplió ocho meses de embarazo.
“Estaba embarazada y seguía trabajando, durante todo ese tiempo me tocaba moler y llevar la comida al lugar en el que debía trabajar. Aparte tenía que limpiar y hacer lo que mi suegra dijera, solamente así estaba contenta y si no, se enojaba. Si le pedía dinero, lo único que me daba eran 10 o 20 pesos”, cuenta. Cuando estaba cerca de parir, Yetzali, Diego y Ofelia volvieron a Cochoapa el Grande, donde nació el bebé.
Los maltratos continuaron. Ahora Ofelia le decía que el niño no era su nieto porque no se parecía a su hijo. Un día de febrero, cuando la mujer estaba distraída, Yetzali aprovechó para escapar a casa de su madre, estaba cansada de la violencia. Lo único que esperaba de ese matrimonio, recibir un buen trato, nunca ocurrió.
Ofelia fue tras ella: pidió ayuda a la Policía del Pueblo, un grupo civil armado que no es reconocido por el gobierno municipal y que hace justicia por su propia mano si alguien se lo pide con un pago de por medio. Cuando se trata de mujeres que huyen de sus parejas, van por ellas, las llevan por la fuerza y las encierran en un cuarto que usan como cárcel bajo amenaza de muerte.
Yetzali estaba acostada en casa de su mamá cuando los hombres armados irrumpieron. Apenas tenía pocas semanas de haber huido. La tomaron por el brazo, a una de sus hermanas la jalonearon y las metieron a una camioneta para encerrarlas. Durante siete horas recibió amenazas de muerte por parte del grupo armado que le exigía volver con Diego o que regresara a Ofelia los 160 mil pesos que había pagado por ella. Devolver el dinero no era opción, su tío se había quedado con 100 mil pesos y su abuelo con los otros 60 mil pesos.
La única hermana de Yetzali que estaba en libertad pidió ayuda a Hildeberta Moreno, la síndica de Cochoapa el Grande, para que interviniera. Después de varias horas, por fin quedaron libres. En una camioneta de la policía municipal, la funcionaria trasladó a la familia a la ciudad vecina de Tlapa de Comonfort, a tres horas de distancia, entre caminos de terracería, baches y lodo. Las cuatro mujeres y sus hijos se atrincheraron en un refugio improvisado por una organización social –sin camas, sin baños y sin luz–, en busca de un poco de paz.
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Hasta 2019, el Código Civil Federal permitía el matrimonio a partir de 16 años para los hombres y 14 años para las mujeres. Esto a pesar de que el Congreso de la Unión prohibió la práctica cinco años antes con la creación de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Al igual que las autoridades federales, los congresos locales se tardaron hasta seis años en reformar sus códigos civiles para prohibir el matrimonio infantil. Avanzaron a paso lento. Baja California fue el último estado en hacerlo en 2020 y, mientras eso sucedía, sus registros civiles autorizaron 256 uniones de niñas, niños y adolescentes.
Los matrimonios infantiles en México siguen ocurriendo con la participación de las autoridades. Funcionarios del registro civil, jueces de paz y síndicos municipales son algunos de los servidores públicos que, a través de distintos mecanismos, avalan que niñas y niños vivan juntos o con alguien mayor, pese a la prohibición de ley.
Tan solo en Guerrero, los jueces de paz –integrantes del Poder Judicial– han emitido 36 actas de 2015 a 2022 para respaldar que dos menores vivan juntos por “voluntad propia”, según el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
La-Lista solicitó información a los cuatro estados donde hay jueces de paz –Yucatán, Chiapas, Baja California y Guerrero–, pero los poderes judiciales de tres entidades respondieron que no había registro de actas que avalen la unión con menores. Solo el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero admitió el problema y compartió los nombres de los funcionarios que han creado estas actas:
Teteo Inan Reyes Luciano en el municipio de Teloloapan.
María Patricia Guadarrama Garrido en Leonardo Bravo.
Santana Galván Catalán en Zihuatanejo.
Crescenciano Nava Ramos en Cuautepec.
Hugo Quevedo Romero en Atoyac de Álvarez.
Ana Lilia Cuevas Monroy en Juan R. Escudero.
Clemente Tagle Pérez en Ahuacuotzingo.
Norberto Ceballos Suastegui en Tlapa.
Esperanza de la Cruz Godoy, secretaria de acuerdos del Juzgado Mixto de Paz de Atoyac de Álvarez.
A los registros civiles y los jueces de paz se suman los síndicos municipales, funcionarios que dan su aval para que niñas y niños se unan de manera informal. “Hay algunas comunidades donde hemos detectado que (las familias) van con el síndico o el alcalde, y ahí generan este proceso de formalización del matrimonio”, describe Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, donde se han registrado 84 matrimonios con menores desde 2014.
En Chiapas, donde hubo 776 uniones con menores a partir de la prohibición, estas ocurren de manera distinta: las familias llegan a acuerdos para que los jóvenes vivan juntos y, cuando cumplen 18 años, acuden al registro civil para formalizar el matrimonio. Carlos Bautista, síndico del municipio de Amatenango del Valle en el estado, dice que es parte de los “usos y costumbres” de las comunidades indígenas.
Los usos y costumbres no pueden estar por encima de la ley, sentencia Neil Arias, de Tlachinollan. “Si estas autoridades saben que es delito, si saben que están prohibidos los matrimonios infantiles, entonces ellos tienen que hacer esa labor de convencimiento y compartirlo en sus lenguas originarias para que la gente entienda que el hecho de que a una menor de edad la casen violenta sus derechos porque no está decidiendo por sí sola”, agrega la abogada.
Al ser intercambiadas por dinero, alcohol o ganado, las mujeres dejan de ser consideradas personas y enfrentan una vida de violencia física y verbal.
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Originaria de Michoacán, Irma no entiende por qué su papá la casó con un hombre que le doblaba la edad. Darío, quien intentó violarla a los nueve años, se convirtió en su esposo cuando ella tenía 15. Le dijeron que era para que no le faltara nada, pero la promesa no se cumplió: abusó sexualmente de ella y la obligó a trabajar como albañil sin paga. Después de 10 años, la abandonó con cinco hijos.
Cuando las niñas y adolescentes se casan, tienen menos oportunidades de tener un desarrollo de vida digno, dice Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). “Se interrumpe su trayectoria escolar y su desarrollo físico cuando tienen embarazos tempranos. Ellas no pueden tener un desarrollo profesional, sobre todo cuando son ofrecidas y ofertadas como si fueran una pertenencia de la familia”.
Las niñas menores de 18 años que viven con su pareja tienen 10 veces menos probabilidad de ir a la escuela que las que el resto. En 2020 había 226 mil 699 niñas de 12 a 17 años que vivían en pareja con otra persona y la mayoría ya tenía un bebé, según datos de Inegi.
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Eufrosina Cruz tenía 12 años cuando dejó de comer como forma de protesta porque no se quería casar. Le dijo a sus padres que quería irse de Quiegolani, un municipio de la sierra sur del estado de Oaxaca. Terminaron por ceder, su mamá le arregló sus mejores vestidos y huaraches de plástico en una malla y caminó con su papá 12 horas hasta el lugar donde salían los camiones para llegar a Tehuantepec, donde vivían sus tíos.
Con ella se rompió el destino que vivieron su abuela, su madre y su tía. Años más tarde, Eufrosina se convirtió en la primera mujer en ganar una elección para ser presidenta municipal de Quiegolani, pero los hombres de su comunidad no la dejaron asumir el cargo porque es mujer. Después fue electa como diputada local y se convirtió en la primera presidenta del Congreso de Oaxaca. Ahora es diputada federal y está convencida de que los matrimonios infantiles no son parte de los usos y costumbres, sino una forma de esclavitud para las niñas.
En diciembre de 2021 comenzó a impulsar una reforma al Código Penal Federal para que se castigue con 15 años de cárcel a quien permita que una niña o un niño vivan en pareja. “Hay que construir una nueva narrativa para decir: eso se llama abuso, eso se llama violencia, eso se llama trata y tiene una sanción”, dice indignada. “Lo prohibido y lo que no está sancionado es permisible”.
La iniciativa de reforma de la diputada Eufrosina Cruz ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y está en el Senado de la República a la espera de ser discutida. El objetivo es que no haya más jóvenes obligadas a casarse o a vivir con alguien más.
A sus 15 años, Yetzali ya fue vendida, hizo trabajos forzados, tuvo a su primer hijo, escapó de sus agresores, la amenazaron de muerte, estuvo en la cárcel y huyó junto con su familia para salvar su vida. Hoy no está dispuesta a guardar silencio y exige justicia. Ni una Yetzali más, ni una niña más.
Mujeres representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) proponen sancionar de 10 a 15 años de castigo bajo el sistema de justicia de reeducación a los padres que hayan vendido a sus hijas menores de edad, así lo definieron un reglamento que acordaron en una mesa de trabajo por los 27 años de fundación de esta agrupación.
La propuesta es que sean castigados y sentenciados a reeducación los padres que intenten vender a su hija y también a quien quiera comprar a una menor.
“La venta de niñas es un tema histórico, eso vino con los españoles y después con el porfiriato, pero algo es contrario a los usos y costumbres, por eso queremos que sea severamente castigado”, mencionó Herlinda González Ramos, consejera de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
En el marco del 27 aniversario de la CRAC, se realizaron diversas mesas de trabajo para definir las nuevas rutas de acción de la CRAC y en la mesa denominada Participación de las mujeres en el desarrollo comunitario, una de las líneas de acción que se definió fue la de erradicar la venta de niñas en la región.
De acuerdo con González Ramos, la venta de niñas “es un tema ya añejo” que ya contemplaba el Reglamento Interno de la CRAC pero de una manera muy general, ahora derivado de las mesas de trabajo y discutir y escuchar las propuestas se acordó aplicar castigos a las personas que intenten vender o comprar a una menor de edad.
«Nos satanizan por nuestros usos y costumbres, pero eso (la venta de niñas) no son nuestros usos y costumbres, esas son cosas traídas y que luego ven en la televisión y nos satanizan”, dijo en entrevista González Ramos
Otro de los acuerdos fue el de solicitar al gobierno estatal y federal la implementación de programas, cursos y talleres para concientizar a las madres y padres de familia sobre porque se debe prohibir la venta de niñas.
Las mujeres consideraron que la campaña del gobierno del estado para erradicar la venta de niñas solo se enfocó en una zona de la Montaña y es insuficiente.
“Ojalá que el gobierno nos escuche, que atienda a estas comunidades porque no solo es culpa y culpar a las comunidades”, mencionó González Ramos.
El aborto también fue un tema que abordaron las mujeres integrantes de la CRAC, del que consideraron no debe aplicar para todos los casos.
“Cuando una niña sea producto de violación se tiene que hacer, pero si es alguien grande que ya sabe lo que hace pues no podrá hacerlo”, mencionó Delfina Morales López coordinadora de la Casa de Justicia de Cochoapa, del municipio de Ometepec.
Los resolutivos y propuestas de estas mesas de trabajo serán presentados en una asamblea general para su discusión y aprobación.
Estas actividades se realizan por el aniversario 27 de la CRAC, que comenzó el día de ayer viernes con un acto político y con mesas de trabajo.
El día de ayer el Congreso local aprobó una serie de reformas para erradicar la violencia contra mujeres y niñas en Guerrero, desde prohibir los matrimonios forzados a obligar a las instituciones del estado a reconocer el principio de paridad de género.
La diputada Gabriela Bernal Reséndiz presentó un dictamen de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar que los usos y costumbres de las comunidades indígenas no socaven, limiten ni violen los derechos humanos de las mujeres.
“Tenemos que erradicar cualquier práctica que tenga como resultado final la venta de niñas y adolescentes”, mencionó Bernal Reséndiz en representación de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La iniciativa presentada por la legisladora, pretende reformar el artículo 44 de la Ley Número 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para garantizar que los usos y costumbres de las comunidades originarias no vulneraren los derechos humanos de las mujeres.
“Erradicar cualquier acto o práctica, que denigre, menoscabe la dignidad y los derechos humanos de las niñas, incluidas las basadas en tradiciones y usos o costumbres, que tenga como resultado final la venta de niñas, matrimonios forzados y explotación en cualquiera de sus formas”, fue lo que se le agregó al artículo 44 de la Ley 553.
Por su parte, la diputada Citlali Calixto Jiménez presentó un dictamen de reforma a la Ley Número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero para que las instituciones del Estado fundamenten el principio de paridad de género.
Al artículo 14 de la mencionada ley se le agregó la sección IV, donde se lee; “Garantizar la participación y representación paritaria de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en los puestos de toma de decisiones”.
Y la sección X también se agrega, “Garantizar el principio de paridad de género de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan”.
El objetivo, mencionó Calixto Jiménez, es la participación y representación paritaria efectiva dentro de los cargos públicos.
Otro dictamen que se presentó en el pleno del Congreso es uno de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado para implementar sanciones administrativas a los jefes de áreas que sean omisos en recibir y atender una queja sobre hostigamiento o acoso sexual en los centros de trabajo.
En el dictamen se contempla promover la realización de capacitaciones, talleres y cursos dirigidos a identificar este tipo de violencia contra las mujeres, esta Iniciativa fue presentada por la diputada Patricia Doroteo Calderón como integrante de la Comisión Para la Igualdad de Género.
Estos dictámenes fueron aprobados y enviados al Ejecutivo para su decreto.
En un comunicado la colectiva Siempre Vivas del Sur mencionó que a pesar de ser avance, cómo le fue la despenalización del aborto, si no existen garantías ni un seguimiento de su cumplimiento no habrá certeza de su funcionamiento.
“Es necesario que se reformen leyes y que esta obligación legislativa se haga con todo el conocimiento necesario para que realmente sean respuestas de solución a una serie de problemas acerca de los derechos de las mujeres”.
Además mencionaron que los trabajos legislativos deben sin algún tipo de coacción.
“Este trabajo en el poder legislativo debe estar desprovisto de fundamentalismos religioso y de intereses partidistas”, mencionaron.
Por último hicieron un llamado a que todas la comisiones competentes sean integradas para el correcto seguimiento de dichas reformas.
“El camino en el Poder Legislativo aún es largo y transitarlo exige la disposición y el conocimiento de quienes integran las comisiones, cuya relación es más estrecha con los derechos de las mujeres: las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Igualdad de Género, Salud, Educación, Juventud, Desarrollo Social, Atención a personas con discapacidad, Asuntos Indígenas y afromexicanos”.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) recomendó al Congreso local legislar políticas públicas que ayuden a erradicar el problema de los matrimonios infantiles y la venta de niñas en la entidad, ya que mencionaron que no basta con prohibir los casamientos si no se atienden las condiciones sociales que generan el problema.
Durante una conferencia dedicada a los oficiales del Registro Civil de Guerrero, realizada en las instalaciones del Congreso local, José Roberto Luna Manzanero, especialista en matrimonios infantiles del UNFPA, mencionó que si no hay políticas públicas que acompañen la prohibición de los matrimonios infantiles no se erradicará el problema.
“Es más probable que las niñas que se casan vivan en áreas rurales, en pobreza, en una situación de vulnerabilidad y no tengan acceso a educación, y si no le damos a las niñas y adolescentes una manera de emanciparse o de paliar la pobreza sus padres van a ver en el matrimonio una salida a su pobreza”, mencionó Luna Manzanero.
Agregó que hacen falta apoyos sociales que acompañen las problemática de los matrimonios infantiles, el propone, de acuerdo con leyes en otros países, atender las condiciones de pobreza, vulnerabilidad, falta de educación, sexualidad y roles de género para empoderar a las niñas y adolescentes.
Esto para que ni ellas, ni los padres vean el matrimonio como una única alternativa para salir de la pobreza y la situación precaria de las familias, por lo que recomendaron a los diputados legislar a favor de políticas públicas que abarquen todo el problema y no centrar todo en los registros civiles.
“No queremos que todo el peso de erradicar los matrimonios infantiles recaiga en los registros civiles, porque ahí no está el problema, el problema es la situación que viven las menores y las condiciones que las llevan a casarse, muchas veces obligadas, a temprana edad”, mencionó.
En la conferencia se mencionó que erradicar los matrimonios infantiles es garantizarles sus derechos humanos a las menores de edad, “porque un matrimonio a temprana edad casi siempre termina en violencia para ellas y sin alguna otra salida se convierten en esclavas modernas del trabajo doméstico y la maternidad”.
La propuesta del UNFPA es que el Congreso garantice el acceso a la educación de todas las mujeres, dotar de servicios públicos a comunidades rurales, reducir la pobreza y garantizar salud para que los matrimonios infantiles no sean vistos como una salida.
A los registros civiles les recomendaron mecanismos administrativos, reglamentos claros y difusión acerca de la prohibición de matrimonios en menores de edad.
Por último, al sector educativo se recomendó promover entre los niños y niñas un entorno de igualdad de género y trabajar con los niños para que abandonen las ideas machistas.
De acuerdo con datos del UNFPA, en México, en 25 años no disminuyeron los matrimonios infantiles y si sigue así en 10 años México será el segundo país con más matrimonios infantiles, solo detrás de África Subsahariana.
A nivel América Latina y el Caribe, una de cada cuatro niñas contraen matrimonio, a nivel mundial es una de cada cinco, y anualmente son 12 millones de mujeres menores de 18 años las que contraen matrimonio.
Aunque reconocieron que estos datos pueden estar sesgados porque muchos matrimonios se dan en la informalidad.
En el caso de Guerrero, de acuerdo con la diputada Beatriz Mojica Morga, presidenta de la Comisión de Niños Niñas y Adolescentes, no se tienen datos sobre los matrimonios infantiles que ocurren en la entidad.
La conferencia fue denominada Elementos básicos para contribuir a la erradicación de los matrimonios infantiles en Guerrero y fue coordinada por la Comisión de Niños Niñas y Adolescentes del Congreso y la Coordinación Estatal del Registro Civil.
Elvira García Rodríguez, integrante del Colectivo Contra el Abandono y Discriminación en la Montaña Alta, dijo que ante el fracaso de la estrategia contra la venta de niñas implementada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la población implementará su propia estrategia para enfrentar dicha problemática.
«La estrategia contra la venta de niñas que fue a presentar la gobernadora y la ONU a Tlapa es un fracaso, es una estrategia oscura porque no se está trabajando en nuestras comunidades», denunció García Rodríguez.
El pasado 10 de noviembre, Salgado Pineda acompañada de la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón; de representantes de la ONU y de la Comisión Nacional Contra la Violencia y la Discriminación (Conavim), presentaron en la ciudad de Tlapa de Comonfort, una estrategia para erradicar la venta de niñas en Guerrero.
A casi un año de que la estrategia se implementó no hay resultados concretos, la venta de niñas continúa y los talleres que se supone llevarían a la población solo los realizan en las cabeceras municipales, denunció García Rodríguez.
«Estamos haciendo conciencia y estamos trabajando para parar esto (la venta de niñas), pero no por la estrategia que la gobernadora está manejando, si no porque nosotros decimos ser una población más conciente y ya no permitir esos casos», mencionó García Rodríguez en entrevista al término de una protesta afuera de Palacio de Gobierno.
A través del Colectivo al que García Rodríguez pertenece pretenden dar cursos, talleres y capacitaciones a los autoridades de las comunidades, a los adultos mayores y a la población para concientizarlos sobre la problemática de la venta de niñas.
García Rodríguez dijo que si la estrategia de la gobernadora no funciona es porque pretenden imponerles ideas que «son de la ciudad y de la nada quieren aplicarlas a las comunidades y eso no debe de ser».
Agregó que la secretaria de la Mujer acudió al poblado de Joya Real pero no fue bien recibida por los pobladores por considerar que quería imponerles ideas.
Otra de las denuncias es que ningún funcionario público o representante de las organizaciones no gubernamentales que impulsan la estrategia se acercan a las comunidades a dialogar.
«Se supone que hay representantes y enlaces regionales, pero nunca los vemos ni sabemos qué hacen, por eso nosotros aparte impulsaremos nuestra propia propuesta», dijo García Rodríguez.
De acuerdo con García Rodríguez para los talleres tampoco se tiene personal capacitado porque no conocen las lenguas originarias de la región.
«Los pueblos originarios queremos cambiar, pero no porque nos lo imponga la ONU o la gobernadora, si no porque nosotros así lo decidimos».
En la imagen, una protesta de mujeres contra la violencia machista el pasado 24 de abril en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez.
Elvira García Rodríguez, integrante del Colectivo Contra el Abandono y Discriminación en la Montaña Alta, dijo que la estrategia contra la venta de niñas que desde noviembre del 2021 puso en marcha la gobenadora Evelyn Salgado Pineda junto con la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino Girón no funciona y que al contrario, la venta de menores de edad está en aumento.
«Parece que hasta aumentaron los casos de venta de niñas, no tenemos datos porque nadie le pone atención pero nosotros que estamos ahí lo vemos, y desde que se implementó la estrategia nada cambió en nuestras comunidades», mencionó García Rodríguez.
Durante una conferencia de prensa que ofreció en las oficinas de la delegación 17 del SNRP, García Rodríguez habló sobre el tema de la venta de niñas y matrimonios forzados.
García Rodríguez mencionó que si no se atiende el problema de la educación y la salud en las comunidades no se va a detener la venta de niñas.
«La venta de niñas, que fue un caso muy famoso a nivel internacional, se da porque no hay estudios porque las jóvenes no saben que hacer cuando salen de la primera y la secundaria y para que no les pasen cosas malas sus padres deciden casarlas», dijo García Rodríguez.
Indicó que la falta de centros educativos genera que los padres prefieran casar a sus hijas, porque en muchas comunidades de la Montaña no hay telesecundarias ni bachilleratos y enviarlas a estudiar fuera representa un gastos que no pueden costear.
El pasado 10 de noviembre, Salgado Pineda acompañada de la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón; de representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Nacional Contra la Violencia y la Discriminación (Conavim), presentaron en la ciudad de Tlapa una estrategia para erradicar la venta de niñas en Guerrero.
La semana pasada la gobernadora Evelyn Salgado informó que ya envió una iniciativa de ley al Congreso local que contempla la penalización de los matrimonios forzados entre menores de edad.
García Rodríguez mencionó que presentar esa estrategia en Tlapa fue un error, porque ahí ya no se cometen esos actos que deberían de constituir en delitos graves.
«En su estrategia dicen que van a castigar conforme a la ley, y si, está bien, pero primero deben darle atención a las personas, porque para empezar allá arriba (Cochoapa el Grande), nadie conocemos nuestros derechos y obligaciones», afirmó.
Otro de los puntos que consideran para erradicar la venta de niñas y los matrimonios forzados es mejorar el sistema de salud.
«Nuestras niñas tienen a sus hijos como Dios manda, casi casi como animalitos por qué no se les da la educación necesaria, y si les pasa algo malo a ella o al niño tiene que viajar 6 horas hasta Ometepec o Tlapa para ser atendidos, y si no hasta se mueren», aseguró García Rodríguez.
Sobre la estrategia mencionó que está mal focalizada porque nunca les preguntaron a las comunidades que necesitan para detener la venta y matrimonios forzados de niñas.
«Si se mejora la salud y la educación podríamos solucionar el tema de la venta de niñas que tanto le preocupa al gobierno, pero les preocupa porque no sabe como resolverlo, firma convenios con la ONU para resolverlo pero nadie nos pregunta a nosotros que necesitamos para que eso ya no pase», mencionó.
Una niña de 14 años de Cochoapa El Grande que sufrió matrimonio forzado fue encarcelada por la policía comunitaria, huyó de su pueblo porque es perseguida por su suegra que le exige la devolución de los 160 mil pesos que pagó por ella.
La menor, a quien le pondremos el nombre de Ema para resguardar su identidad, fue obligada a casarse en julio del 2021 cuando tenía 13 años.
Con el que se casó tenía 16 años.
Fueron el abuelo materno y el tío paterno de Ema los que recibieron los 160 mil pesos de pago por su venta.
En la boda hubo comida, alcohol y baile que los mismos suegros pagaron.
Pero el suplicio de Ema continuó después de su matrimonio forzado ya que sus suegros y esposo se la llevaron a los campos agrícolas de Autlán, Jalisco.
En ese lugar, a pesar de su corta edad, los suegros y su esposo la obligaban a guisarles el desayuno, almuerzo, comida y cena todos los días.
La niña también trabajaba en los campos agrícolas sin recibir ningún dinero porque se la paga se la daban a su suegra.
«Aquí la suegra y el hijo prácticamente estaban explotando a la niña quien poco después de haber sido obligada a casarse quedó embarazada», señaló Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En marzo de este 2022 la niña, esposo y suegros regresaron a Cochoapa El Grande. La menor ya tenía más de ocho meses de embarazo.
Fue en ese mismo mes que Ema decidió huir de la casa de sus suegros y refugiarse con su mamá que tiene su vivienda en la colonia San Rafael, ubicada en la misma cabecera del municipio.
En un parto de alto riesgo, la menor de edad parió en el centro de salud de Cochoapa.
Pero la suegra no se quedó contenta con su huida y continuamente la hostigaba para exigirle la devolución de los 160 mil pesos que había pagado por su «venta».
El 28 de abril pasado, la suegra acompañó al comandante y a cinco integrantes de la policía comunitaria para que la detuvieran en su casa, todavía convaleciente del parto que había tenía un mes antes.
Con el encarcelamiento de Ema y de una de sus hermanas, sus suegros querían presionar a sus familiares para que les regresaran los 160 mil pesos.
Cuando se supo que Ema y su hermana estaban encerradas en la cárcel de Cochoapa, personal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acudieron y con el apoyo de la Fiscalía lograron la liberación de las dos víctimas, el mismo 28 de abril.
Al comandante y los cinco policías comunitarios se les integró una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de las dos menores de edad.
Pero la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha actuado y ahora los policías comunitarios persiguen a Ema por el robo de un arma cuando fue detenida.
«Eso es absolutamente falso, ella no robó ninguna arma», señaló la abogada Arias Vitinio.
La situación de Ema, su mamá y otros siete familiares, entre hermanos y primos se complicó porque ante el acoso que sufrían por la comunitaria y sus suegros tuvieron que huir de su comunidad en la Montaña Alta, en donde los índices de pobreza y marginación son de los más elevados del país.
Ahora Ema y su familia desplazadas viven en una casa lejos de Cochoapa El Grande.
Son tan graves sus condiciones que a veces no tienen para comer.
Arias Vitinio contó que la mamá de Ema y los demás familiares que vivían en su casa en Cochoapa tenían como modo de manutención económica la venta de atole.
«Se salieron de su comunidad prácticamente sin nada y hasta ahora no vemos el apoyo de las autoridades del gobierno del estado», expresó la abogada.
Mencionó que en un principio la Secretaría de la Mujer apoyó con algunos insumos a la familia, pero eso ha sido insuficiente ya que aparte de comida se requiere el pago de la renta de la casa.
El caso de Ema no ha sido el único que se ha dado a conocer en el 2021 y en lo que va de este 2022.
Por ejemplo, en octubre del 2021, se informó del caso de la niña Nayely de la comunidad Joya Real, municipio de Cochoapa El Grande, quien escapó de sus tratantes para evitar que la casaran de manera forzada a cambio de la cantidad de 200 mil pesos.
También como en el caso de Ema, Nayely fue detenida por la policía comunitaria para que sus familiares regresaran los 200 mil pesos que recibieron por su venta.
La abogada Arias Vitinio, dijo que a más de ocho meses de que la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda y la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino, pusieron en marcha la estrategia para frenar la venta de niñas o matrimonios forzados en la Montaña este plan solo se ha concretado en realizar talleres de información en las comunidades y cabeceras de los municipios.
«No se va a fondo en el asunto», dijo la abogada.
Se trató de entrevistar a la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, quien contestó la llamada pero dijo que en ese momento era imposible dar una versión porque estaba en una reunión.
«Después le regreso la llamada», fue lo que dijo la funcionaria estatal.
