Trabajadoras agrícolas en Sinaloa: de ser blanco de violencias a la organización en sus comunidades

Aun con las dificultades y violencias que viven en el campo, las mujeres son quienes tejen redes, comunidad y aprendizajes. Organizan, gestionan, sostienen y demuestran que los procesos de toma de conciencia e incidencia también pueden originarse en contextos precarios o vulnerables.


Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Ilustración: Andrea Paredes (@driu.paredes)

31 de mayo del 2023

Chilpancingo 

 

Es sábado pasadas las 4:00 de la tarde. La anfitriona es Margarita Castro. Afuera de su casa en la sindicatura de Villa Juárez —a unos 40 minutos en auto de Culiacán, Sinaloa—, mujeres trabajadoras agrícolas se acomodan en varias filas de sillas plegables. Se alistan para ver un video sobre la vida en la montaña guerrerense que orilla a sus habitantes a migrar para trabajar en el campo, como muchas de ellas. Se alistan también para hablar sobre sus derechos.

Igual que sus invitadas, Margarita fue jornalera —esa era la denominación más común entonces— desde niña. Décadas después, se ha asentado en Villa Juárez y, en distintos niveles, incide en su comunidad. Hoy, por ejemplo, está colaborando con el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG) y con Leonor Tereso, académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), para llevar estos talleres sobre derechos laborales a más mujeres.

La historia que la llevó ahí no siempre estuvo marcada por el entusiasmo y la energía que hoy la caracterizan. Ella es originaria de comunidades oaxaqueñas. Nació en Acatlán de Pérez, casi en la frontera con Veracruz. Tenía entre cinco y seis años cuando migró por primera vez al campo con sus papás y sus hermanas, nueve de familia en total, después de que uno de sus hermanos mayores se fue a Sinaloa sin permiso.

Aunque tenía otro trabajo en Coatzacoalcos, el papá pidió autorización para ir a buscar a su hijo con la condición de regresar, pero le gustó el campo y que toda la familia pudiera trabajar. “Se le hizo fácil, me imagino”, relata Margarita. Llegaron al campo Alonso, que hoy ya no existe. Vivían juntos en una “cuartería” —como se conoce a las viviendas de trabajadores agrícolas—. En ese tiempo, eran una especie de galerones.

Margarita recuerda poco, pero tiene claro que se hacían incluso cuadrillas solo de menores de edad —“pitufos, así nos decían”— para que hicieran lo que les permitiera su capacidad física: arrancar hierba, amarrar, recoger basura y otras actividades no tan pesadas como el corte. Había contratiempos porque eran muy pequeños: materiales que se rompían, alguien que se lastimaba. Al principio, al menos pudo estudiar al tiempo que seguía trabajando, una cosa entre semana, y la otra los sábados y domingos.

Cuando estaba en cuarto año de primaria, su papá tomó la decisión de moverse otra vez. Margarita no se quería ir: “A pesar de la edad que tenía, yo sentía que no quería esa vida”. En aquel entonces, su sueño era estudiar para ser secretaria y trabajar en una oficina. Lloró y rogó para que la dejaran quedarse con su hermano, pero el papá no accedió.

La familia se fue a Sonora, a los cultivos de melón, sandía y apio. Ahí, comenzó a trabajar en el empaque. “Nos fuimos a San Quintín, regresamos a Sinaloa, y así andábamos, como dicen, siguiendo la zafra, de campo en campo nada más”, relata. Cuando ella tenía 14 años, llegaron al Valle del Vizcaíno, en Baja California Sur. Ahí conoció al papá de sus hijos y se fue con él a los seis meses de conocerlo.

Ese lapso, dice ahora, es uno que no quiere recordar. Hubo violencia física, verbal, psicológica, económica y laboral —no le pagaba aun cuando trabajaba en el negocio de ambos—. Por eso se separó de él. Con el pesar de que antes no había podido estudiar, y después de esa relación violenta, se dio cuenta de que tampoco quería esa vida.

Fue entonces cuando se separó —no sin antes prepararse—, y se fue para Villa Juárez. Recién casada, ya solo había trabajado en el campo por un tiempo, pero tuvo que volver cuando se quedó solamente con sus hijos, porque al principio, su expareja la amenazaba con no darle pensión. Decidió que el campo no era lo suyo, y empezó a trabajar en Culiacán como promotora, comerciante y empleada en un restaurante.

Su mamá le aconsejó volver a estudiar, porque aún tenía la oportunidad y era joven. En seis meses, sacó la primaria, en otros seis la secundaria, luego el bachillerato en dos años y finalmente la licenciatura en Derecho, de la que egresó en 2020.

Cuando se separó y se instaló en Villa Juárez, se dio cuenta de que a sus hijos les hacía falta una escuela. Le daba tristeza verlos caminar a una muy lejana, donde además a veces podía llevarlos y otras no. No quería para ellos la infancia que ella tuvo. Fue así como empezó a gestionar la Escuela Sinaloa, que ahora queda casi enfrente de su casa. Fueron tres años de ir y venir.

“Fue un logro que, como mujer, me siento un poco satisfecha en ese aspecto, que lo inicié como una necesidad propia en mi familia pero que benefició a toda la población de este sector. Fue una escuela récord, es lo que nos dijeron las autoridades, porque nació con 505 niños desde primero hasta sexto”, recuerda Margarita.

“Nació completa con dos grupos (por grado); de hecho, cuando iniciamos nos dieron la clave pero no teníamos ni el terreno ni la escuela, iniciamos en casas. Aquí en mi casa hubo los dos primeros, uno afuera, que tenía una lámina, y el otro allá adentro. En otras casas, nos prestaron para los otros grados”.

Con la presión de las madres y padres de familia, finalmente el gobierno del estado construyó las aulas, aunque de lámina negra, en el predio que hoy ocupa la escuela. Estuvieron seis meses en las casas y seis meses en los salones improvisados. Entre todas, salió la idea de llamar a la prensa para evidenciar el estado de la escuela y a los 15 días, el gobierno puso la primera piedra. En el siguiente ciclo escolar, quedó lista.

Hoy, Margarita tiene un puesto administrativo en la UAS, es gestora social y se dedica a apoyar a otras mujeres. “Hago actividades que a lo mejor no son parte de mi trabajo, pero las realizo con gusto: gestionar servicios públicos para las colonias; ahorita traemos un proyecto de entre 12 y 15 que no tienen servicios aquí en la comunidad, que es agua, luz y drenaje; los estoy apoyando, asesorando y acompañando”, relata. Además, estudia una segunda licenciatura en Estudios de Género.

Villa Juárez, que pertenece al municipio de Navolato, tiene aproximadamente 60 colonias entre las que hay población proveniente de toda la República e incluso, de manera más reciente, de Centroamérica, apunta Leonor Tereso. Además, hay poblaciones indígenas y otras de la propia entidad. La mayoría se dedica al trabajo agrícola pero también desarrolla otros empleos en sus tiempos libres. En el caso de las mujeres, particularmente la venta de productos.

Cada año —según lo han registrado activistas y académicos—, hay una o dos nuevas colonias en Villa Juárez de personas trabajadoras agrícolas migrantes que deciden asentarse. Hasta ahora, no hay un censo confiable del crecimiento de la sindicatura. Lo que sí se sabe, admite Tereso, es que, por parte de las autoridades, no existe la capacidad para atender las múltiples necesidades que genera, empezando por los servicios públicos.

Incluso, hay algunas que hasta hoy tienen más de 10 años sin algunos de ellos, como recolección de basura o suministro de agua y luz. Además, las escuelas no se dan abasto; hay niños que no estudian porque los centros educativos no son suficientes. Tampoco hay un centro de salud o seguro social. La única forma de tener acceso a ese servicio es ir a Navolato o a Culiacán, o bien, acudir a los pequeños consultorios particulares.

La proliferación de los campos de empresas de procedencia asiática, así como las nuevas tecnologías de uso de suelo y aprovechamiento de clima que permiten que en muchos campos se den hasta tres épocas de cosecha y se diversifiquen los productos propician que haya trabajo todo el año. Ese cambio ha influido en que se generen muchos más asentamientos, porque antes las personas migrantes agrícolas solo se desplazaban en una temporada específica.

Villa Juárez, Costa Rica, El Dorado y Villa Unión son solo algunas de las sindicaturas que forman parte de las 13 zonas de producción agrícola en Sinaloa, una actividad que caracteriza históricamente al estado. Las mujeres siempre han estado presentes en los campos, particularmente las afrodescendientes e indígenas. La feminización de la agricultura no apunta a que ahora sean más, sino a que, también en ese contexto, hoy ellas realizan trabajos que antes solo estaban destinados a hombres.

“Dentro de sus experiencias, comentan que antes no recogían la madera que sobraba una vez que se levanta el proceso de cosecha, sino que eso era para los hombres, pero en la actualidad ya las mujeres están prácticamente en todo el proceso de la agricultura. No nada más la colecta o la recolección, sino también algunas son apuntadoras —quienes contabilizan el trabajo de cada persona—, riegan el campo o detectan plagas, o se dedican al empaque y a semilleras, realizan diferentes actividades”, abunda la académica.

Sin embargo, sí prevalece un proceso de “etnicización” del trabajo agrícola: las oportunidades para las mujeres indígenas migrantes son diferentes que para aquellas oriundas de Sinaloa. Son las últimas quienes regularmente pueden trabajar en empaques y en semilleras, con un contrato, salario fijo y seguro social. Mientras, las indígenas migrantes permanecen en el campo abierto de manera todavía muy marcada. A veces, esa diferenciación se hace simplemente a partir de su aspecto físico.

Aun con las dificultades que representan los nuevos asentamientos y las violencias que las mujeres viven en el campo, Leonor Tereso comenzó a preguntarse qué tan posible era que generaran procesos de empoderamiento a pesar de sus condiciones de vida. “Al darme cuenta de cómo se organizaban, gestionaban, construían y tejían comunidad, dije ‘Sí, el proceso de empoderamiento también se puede dar en esos contextos precarios, vulnerables’”, explica.

Falta de derechos y atropellos compartidos

Casi ninguna de las condiciones laborales que se muestran en un rotafolio durante los talleres dirigidos a mujeres trabajadoras agrícolas son respetadas, dicen ellas cuando se les cuestiona al respecto. “¿Cuáles son mis derechos?”, dice el cartel que Margarita Nemesio, del CECIG, sostiene frente al grupo. Algunos de los enlistados son contar con servicios de salud, recibir un salario fijo, tener un contrato, condiciones de trabajo seguras, vivienda, alimentación y pago por horas extra.

Cuando los primeros talleres llegaron a Villa Juárez, las mujeres migrantes agrícolas solían reconocer solo la violencia física. Sin embargo, cuando aprendían las características de los demás tipos de violencia, la mayoría decía haberlas experimentado. Poco a poco, en los procesos de incidencia, se hace más presente la percepción de las violencias, y es cada vez más frecuente hallar un nivel de concientización que las vuelve muy críticas y activas en conjunto.

De los 2.5 millones de personas que trabajan en el campo, 93.4% carece de contrato, 90.9% no tiene acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo y 85.3% no cuentan con prestaciones laborales, según cálculos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El 33.3% gana un salario mínimo. Las mujeres acceden en mucho menor medida a esos derechos.

Sin embargo, a veces también existen contradicciones. Aun cuando el trabajo agrícola es un espacio donde se ejercen violencias de todo tipo hacia las mujeres, económicas, psicológicas y físicas, incluso reconocidas por ellas mismas, no solo se normalizan, sino que no existen otras opciones de trabajo con las mismas características.

Para las jefas de familia, los esquemas conocidos como “saliendo y pagando” —recibir el salario cada día al acabar la jornada— pueden llegar a ser convenientes, porque les permiten la flexibilidad, por ejemplo, de no asistir cuando por alguna razón extraordinaria tienen que cuidar a sus hijos. Del mismo modo, hacen posible la movilidad entre empresas cuando las condiciones no les son favorables o las maltratan, explica Tereso.

¿Qué ha ayudado en Sinaloa a minimizar las violencias? “Las redes que forman entre ellas mismas, esas redes de reciprocidad. Dado que no tienen familias aquí en Villa Juárez, ellas forman esas redes de amistad que son de las que se valen para las diferentes problemáticas que tienen, y llegan a ser tan fuertes porque incluso algunas han compartido la vivienda durante muchos años. Entre ellas también se generan, por lo tanto, muchos aprendizajes”, agrega.

A lo largo de los talleres, pueden encontrarse historias y reclamos múltiples. Susana, de 45 años, ha trabajado por mucho tiempo en el campo, primero en una empresa agrícola en Jalisco, su lugar de origen y donde conoció a su esposo, que era de Veracruz, con quien después se fue a Sinaloa. Nunca le dieron las mismas facilidades por considerar que provenía de un estado no migrante. Finalmente, en Veracruz le hicieron un acta de nacimiento falsa para poder ser tomada en cuenta.

Después de separarse, regresó a Jalisco, pero extrañó el campo. Cuenta que inicialmente, llegó al trabajo agrícola porque era la única opción de trabajo; así lo hizo durante 12 años, en Jalisco trabajó durante 10 en otro sector, y finalmente terminó en Sinaloa. Ahí trabaja en un cultivo de chile morrón, como apuntadora. Vive con una malformación congénita en la mano y gana 375 pesos diarios.

Se separó de su esposo por las violencias que él ejercía —dice mientras señala una cicatriz de 11 puntadas en el brazo—, y él se quedó con la patria potestad de sus dos hijos, de ocho y seis años, que parió trabajando en el campo sin licencia de maternidad. Dejó de verlos durante 10 años, y los reencontró ahí en Sinaloa haciendo lo mismo. Tiene una carrera técnica de auxiliar contable, pero dice que auténticamente prefiere el campo por la facilidad para conseguir trabajo.

Susana vive con su pareja en uno de los cuartos contiguos al de Anayeli y Miguel, de 23 y 28 años, en la misma cuartería de la colonia Las Amapas. Anayeli está embarazada y comparte un espacio de dos por dos metros con su esposo y dos pequeños. Ella viene de Moyotepec, municipio de Malinaltepec, y él de Chilpancingo, Guerrero, a trabajar por temporada. A la familia no le facilitaron el pasaje para llegar al campo, como comúnmente se hace. Están ahorrando para regresar al sureste por cuenta propia.

Miguel ya había estado antes en Baja California, donde asegura, tuvo mejores condiciones de trabajo: seguro, guarderías, escuelas y niñeras. Aquí en Sinaloa, dice, mucho debe costearse con el sueldo propio. Seguro de salud no tiene porque está cobrando al día, “saliendo y pagando”. Gana entre 300 y 400 pesos diarios, según los baldes que saque de tomate. Anayeli ya no está trabajando porque su embarazo es de riesgo. No cree regresar para la próxima temporada.

Tere, de 54 años, viene de Durango. Está establecida en Villa Juárez desde hace nueve años. En su estado, dice, no había trabajo. Su esposo sembraba frijol, pero no alcanzaba y decidieron irse un tiempo a Sinaloa con sus cuatro hijos. Rentaban en cuarterías; después, compraron un solarcito e hicieron su casa propia. Su esposo, de 74 años, se cayó y se lastimó en el campo, así que desde enero es ella quien sostiene la vida de ambos. Trabaja de 7:00 a 2:00, de lunes a sábado o domingo, y le pagan a la semana por rendimiento.

“Me siento mal, a veces hasta ganas de llorar me dan, porque pues yo sola tengo que hacer todo el gasto. Tengo un hijo que vive ahí conmigo, está solo, lo dejó su mujer, pero no me da nada; nada más trabaja para él, y yo de todos modos le tengo que dar de comer, es mi hijo aunque no me dé. A veces sí me da tristeza, ahorita tengo que llegar y hacer de cenar para darles; llegué de trabajar, nada más me bañé y me vine”, cuenta Tere.

Elvira, de 40 años, es originaria de Puerto Escondido, Oaxaca, lugar que dejó desde los nueve años, cuando su papá se la llevó a Sinaloa con sus siete hermanos. Su mamá ya había fallecido. No tenía papeles, así que no pudo estudiar. Después, empezó a trabajar también en el campo deshierbando con la cuadrilla de niños. Ha estado en Chihuahua, San Quintín, el Valle del Vizcaíno y Hermosillo, pero ahora ya se quedó en Villa Juárez, donde vive con su hermana.

Elvira trabajó casi hasta el último día de su embarazo, y regresó al mes aunque tuvo cesárea. Ella sola saca adelante a su hija de nueve años, que está estudiando. No quería, pero Elvira le insiste: “Yo trabajo para que estudie, yo no tuve esa oportunidad; si la hubiera tenido, hubiera estudiado, le digo; en el campo es muy duro, mejor estudia, mientras yo pueda te voy a ayudar, y entonces vas a agarrar otro trabajo más fácil porque en el campo es muy pesado”. Sus jornadas son “saliendo y pagando”, y no tiene seguridad social.

Como población local, migrante por temporada o asentada en otro estado, cualquiera que sea su contexto y entorno, el acceso a un espacio laboral les da la posibilidad de ser trabajadoras agrícolas y realizar actividades que no están limitadas por su corporeidad ni sus habilidades, con las que adquieren un rol diferente al doméstico y generan un ingreso. Cuando, además, tienen otros conocimientos y pueden ser apuntadoras o asumir responsabilidades, se marca una diferencia.

“Pero son pocas las que la ven. Algunas sí, pero están tan en este entorno de violencia, del rol que te toca como mujer, que para ellas es ‘Termino de trabajar y ya’. Por eso es que cuesta trabajo que ellas mismas, aunque no todas, hablen desde estos sentires o momentos que las han colocado a tener que levantar la voz, y levantar la voz no solo es visibilizar las violencias que enfrentan, que van desde la comunitaria y familiar hasta las institucionales”, explica Margarita Nemesio.

Al mismo tiempo, algunas también llegan a tomar la batuta y exigir la garantía de mejores condiciones en sus lugares de trabajo. Eso las ha conducido a reconocer un valor agregado. “Como trabajadora, hay algo que me acuerpa, que son mis derechos, y cuando ellas los palpan, les da una trascendencia de fuerza interna, que además se permea por lo otro. Esa es la parte clave, porque no son solamente eslabón en sus familias, sino también en sus comunidades”, añade la activista.

Para ella, eso es especialmente significativo para la tercera y cuarta generación de trabajadoras agrícolas, porque quizá sus mamás o abuelas en su momento no pudieron levantar la voz. Cuando además son jefas de familia, su papel cobra mayor relevancia para el entorno comunitario, pues las cargas de cuidado se triplican. Todos esos factores se olvidan o quedan invisibilizados al no mirarlas más allá de su aporte económico, mucho más cuando se trata de mujeres indígenas que han vivido marginación y carencias sociales.

Como ellas mismas, las experiencias de las mujeres en el campo son diversas: por sus condiciones de trabajo, por los roles que asumen dentro y fuera, por su nivel de reconocimiento y conciencia de las violencias, por las circunstancias que las conducen al trabajo agrícola y por sus formas de organización, pero también por la mirada que tienen hacia el futuro. Ahí yace la posibilidad de perpetuar la vida en el campo o de desear un camino diferente para sus hijos, igual que el deseo de cruzar fronteras.

Eli, la esperanza más allá de la frontera

Eli nació en Chiepetepec, municipio de Tlapa, Guerrero. Sus papás ya tenían tiempo yendo al campo, y ella empezó a acompañarlos a los siete años, hasta que su papá prefirió que sus hijos estudiaran y optó quedarse en Guerrero. Eli tenía 25 años cuando decidió regresar a Culiacán, dice después de recordar cómo vivió su infancia allá. “Mal, mal, no me va —asegura—, aprendí a acostumbrarme aquí, aunque hace mucha calor”.

Recuerda que cuando era niña, le emocionaba cada vez que iban a regresar. Entonces, trabajar se sentía como un juego. Ahora es diferente, porque implica ir a trabajar de verdad. Su regreso también se debió a que se juntó con su pareja y decidieron que trabajarían los dos. Además, cuenta, en Tlapa la paga de los trabajos era muy mala. Ella atestiguó cuántas horas trabajaba el papá de su hija por la mínima cantidad que le daban.

En Culiacán siempre hay trabajo, y hay empresas que sí pagan lo justo, considera Eli. Está sentada en la banca de una mesa de madera afuera de los cuartos que tiene la empresa donde trabaja, al interior del campo. Junto a ella, su hija de cuatro años desayuna los chilaquiles que preparó esta mañana. Es domingo y le toca descansar. Como ella, ahora su hija también está viviendo su infancia en Sinaloa, pero va a la escuela instalada ahí mismo.

“Ya no es como antes, que nada más era trabajar y trabajar, ya los niños tienen más oportunidad de estudiar. Aquí no permiten trabajar a menores de edad, la empresa nos exige que los niños estudien; la niña está estudiando, lleva un deporte y así”, agrega. Regularmente, el día empieza a las 5:00 de la mañana: prepara a su hija y el lunch para ir a la escuela. Ella entra a trabajar a las 7:00 en punto, pero debe estar media hora antes en la explanada donde se reparte el trabajo.

Deja a su hija en la guardería y ellos se encargan de llevarla a la escuela. Ahora es tiempo de corte de chile morrón, así que casi todos los días se dedican a esa tarea. El día laboral termina a las 5:00 de la tarde, sobre todo cuando hay mucho producto o pedidos, aunque el contrato es de 7:00 a 2:00.

“No es obligatorio, pero sí te piden como de favor que te quedes hasta que se termine el corte, y sí nos hemos quedado hasta esa hora. A la hora que salimos, vamos por los niños y nos los traemos a nuestros cuartos. Ahí se termina nuestro día, y llegar a hacer la cena. Así es de todos los días, menos los domingos, que no son obligatorios”, relata Eli.

El sueldo base por día es de 260 pesos —cortando 72 botes de chile—, pero también se trabaja por destajo, por lo que ella ha llegado a ganar hasta 600 en una jornada. Antes de salir de Guerrero, firmó un contrato, que sobre todo asienta las reglas de la empresa. Ahí decía que habría igualdad. Sin embargo, la desigualdad y la discriminación están presentes, a veces incluso por parte de los propios trabajadores.

“Nosotros, como cortadores, somos los que andamos en los surcos, trabajando, a veces hay lodo y todo, y los estibadores son los que se encargan de escoger los chiles; ellos están todo el día ahí pero ganan lo mismo que un cortador. Dicen que es por porcentaje, dependiendo de lo que gane un cortador tiene que ganar el que está ahí, y a mí no se me hace justo porque los que andan corriendo son los que cortan y ganan lo mismo. Además, hay personas que llegan a gritar, que no los traigas verdes o no los cortes así”, cuenta Eli.

Ella se ha atrevido a decir que hablar es suficiente, que no ocupa que le griten o la saquen del surco para enseñarle como si fueran “peras y manzanas”. Las mayordomas, que son las encargadas de enseñarles y defenderlas, muchas veces se quedan calladas o favorecen a sus familiares y amigas con mayor pago aunque no hagan la misma labor. Eli trabaja con puras mujeres, pero hay un mayordomo general y a veces castiga a alguna de las mayordomas enviándola a donde no hay chile, particularmente cuando le señalan algo que está mal.

“Tiene igual preferencia, porque es mujer, y a veces ‘Porque eres mujer, tú no sabes’, esas cosas, y eso nosotras como trabajadoras nos damos cuenta, y a veces sí le intentamos decir algo pero ‘Es que ustedes no saben’, y ya mejor nos quedamos calladas —dice—. Si existiera realmente la igualdad para las mujeres, no decirlo de dientes para fuera, otra cosa sería porque son las que trabajan más; si realmente existiera eso, harían cosas mejores”.

Aunque antes solo iba al campo por temporada, los últimos dos años solo ha regresado por 15 o 20 días a Guerrero, porque además tiene a su cuidado a dos sobrinos adolescentes de 15 y 17 años, que tienen que seguir el ciclo escolar en Sinaloa. Este año se va a regresar definitivamente a Guerrero para no volver a Culiacán. Allá debe cuidar a sus papás. Tiene un tiempo que ya no está con su expareja, pero le gusta estar sola con su hija.

Además, está en busca de una mejor oportunidad para trabajar en Estados Unidos contratada en algún programa temporal. Quiere una vida mejor para su hija, diferente a la suya. “Lo mismo que mis papás querían, pero a veces uno como hijo, adolescente, joven, no hace caso, y a veces la vida nos enseña a madurar de diferente manera. Me tocó regresar aquí a trabajar como mamá, y no quiero eso para mi niña. Voy a buscarle por otro lado, y si dios lo permite, vamos a tramitar papeles para trabajar en Estados Unidos”, enfatiza.

Eli no conoce la historia de Maritza, la primera trabajadora agrícola que, junto con Adareli, presentó una queja en contra del gobierno de Estados Unidos en el marco del T-MEC, para denunciar la discriminación de género en contra de las mujeres que participan en programas de migración laboral temporal, que obtienen apenas un 3% de las visas en ese contexto. Como Maritza, espera que la promesa de una mejor paga valga la cantidad y las condiciones del trabajo.

A dos años de la presentación de esa queja, señala Evy Peña, directora de campañas del Centro de Derechos de los Migrantes (CDM), que acompañó el proceso, ha habido algunos movimientos, como pláticas con los gobiernos de México y EU, donde se han comprometido a proteger los derechos de las personas trabajadoras migrantes, así como un memorando de entendimiento que tiene previsiones sin precedente sobre género.

“Aquí la pregunta verdadera es ¿qué sigue? ¿Cómo le hacemos para que las previsiones contenidas en este memorando realmente tengan un impacto concreto en las vidas de las personas trabajadoras migrantes? Lo que sabemos nosotras que documentamos y defendemos los derechos de personas migrantes bajo estos programas es que están muy lejos de ser seguros. En realidad, las personas son explotadas y más que nada, la manera en que están estructurados facilita la explotación”, afirma Peña.

Luego de haberse atrevido a denunciar, Maritza solo espera que todas las mujeres que estén pasando por violencias y discriminación en el campo también lo hagan, porque si no, dice, no hay delito por perseguir. “A veces se queda en un número de folio, pero por lo menos ya dijiste algo, o dejaste algo, y si se van juntando más y más, va a haber alguien que sí ponga atención… Espero que todo esto toque el corazón de quienes están hasta arriba del gobierno y hagan algo, algo efectivo, para que esto deje de suceder”, concluye.

 


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

«Prácticamente nos esclavizó»: mujeres migrantes agrícolas hacen frente a injusticias

17 de cada 100 personas que laboran en el campo son mujeres, según la Encuesta Nacional Agropecuaria. Sin embargo, en los últimos seis años no han alcanzado ni el 3% de registro en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), único que sobrevive y destinado únicamente a la migración internacional. 


Texto: Marcela Nochebuena

Fotografía: Tlachinollan

 

Sin que parezca siquiera percibirlas, las moscas atestan sus pies descalzos. Inmóviles, como el resto de sus piernas, permanecen apoyados en unas sandalias de plástico. Hace casi tres meses que ‘Carolina’, a sus 27 años, no tiene movilidad en sus extremidades inferiores. Un día, trabajando en el campo, la sorprendió un dolor en la cintura hasta que ya no pudo levantarse. Sin seguro social, su esposo y su papá siguen trabajando prácticamente para pagar las cuentas médicas.   

‘Carolina’ y su familia nuclear viven en un cuarto de dos por dos metros, en el último rincón de la sindicatura de Villa Unión, Sinaloa —a unos 40 minutos de Mazatlán—. Adentro solo hay un colchón, utensilios de cocina y un par de arpillas con algunos productos del campo, más unas cuantas sillas. En un metro cuadrado más, sin techo, está el baño. ‘Carolina’ bebe un poco de té y caldo en silencio, y espera con resignación. 

Por el cuarto, un arrendatario que vive en Mazatlán les cobra 2 mil 500 pesos al mes. La cuenta del doctor particular, que no dio un diagnóstico certero ni mejoró el estado de ‘Carolina’, llegó a más de 8 mil pesos. También hay que pagarle 100 pesos diarios a un policía de tránsito para llegar al sitio donde su esposo y su papá encuentran a un empleador diferente cada día. 

En la región sur de Sinaloa, a diferencia de otras sindicaturas cercanas a Culiacán, como Villa Juárez y El Dorado, así es la dinámica para trabajar en el campo: de entrada por salida, cada día “cachar” la mejor oferta entre los empleadores que se congregan muy temprano en el estacionamiento de un supermercado a la entrada del poblado, con la única expectativa de llenar seis o siete arpillas —a 25 pesos cada una—. Si les va bien, ganan 200 pesos por la jornada.

“Estamos trabajando y estamos comprando medicamentos; es mucho dinero, se ha gastado mucho. Aquí casi cada quien trabaja por su cuenta nada más… los tres o cuatro meses que estemos aquí, nada más un día con un empleador y otro día con otro”, dice ‘Arturo’, esposo de ‘Carolina’, cuyos nombres han sido cambiados porque prefirieron dar su testimonio bajo anonimato.

Después de un rato, ella se anima a participar brevemente en la conversación. Desde los 16 años conoció el trabajo en el campo migrando junto con su familia. Ahora que enfermó, lo que más le duele son los pies y todavía no puede levantarse sola; su esposo y su papá le ayudan. No tiene mucha fuerza e incluso siente calambres cuando quiere pararse. Cuenta que un día, después de llegar del campo, ya no pudo caminar bien. 

Su papá relata que incluso han tenido que pedir dinero prestado, y eso solo para pagar las cuentas. A sus 62 años, ha trabajado desde los 15 en el campo. Vive en una casa a pocos metros de distancia, donde habitan cuatro adultos y tres niños, por la que pagan 3 mil 500 pesos mensuales. Igual que ‘Carolina’ y ‘Arturo’, además hay que pagar los servicios y la “cuota” del policía de tránsito. Un lunes, mientras casi anochece, su esposa cocina solo con leña al aire libre. 

 

Esa es la “mejor” vida que la familia fue a buscar a Sinaloa cuando decidió migrar desde Lindavista, municipio de Tlapa, en la montaña guerrerense, porque “allá no hay nada que hacer”, dice ‘Arturo’. La migración desde las comunidades de Guerrero es familiar —cada temporada o algunas veces de manera definitiva, viajan padres, madres e hijos juntos—, pero el papel de las mujeres ha permanecido invisible por décadas. 

 

En México, 17 de cada 100 personas que laboran en el campo son mujeres, según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019, del Inegi. En Estados Unidos, llegan a representar hasta el 32%, de acuerdo con el Centro de los Derechos del Migrante (CDM). Sin embargo, en los últimos seis años no han alcanzado ni el 3% de registro en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) —el único que sobrevive y destinado solamente a migración internacional—, de acuerdo con información proporcionada vía transparencia por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Para trabajar fuera del país, también son solo un 3% las que acceden a las visas de los programas temporales para trabajar en EU que tienen las mejores condiciones. Aun así, cuando las circunstancias lo permiten, son ellas quienes sostienen el trabajo de cuidados, construyen comunidad en los lugares de destino e incluso han sido pioneras en denunciar las violencias y la discriminación que enfrentan en el campo.

“Ese proceso de feminización de la agricultura es muy diferente, una porque las mujeres no trabajan sus propias tierras sino las de los agricultores que las contratan, y otra porque a pesar de que ellas lo hacen y les gusta ese acercamiento con el campo, hay un cúmulo de violencias laborales que incluso en algún momento se normalizan”, explica Leonor Tereso Ramírez, académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa que trabaja con mujeres trabajadoras agrícolas en la sindicatura de Villa Juárez.  

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria, el 46.1% de las mujeres que trabajan en el campo lo hace de manera no remunerada, mientras que de cada 100 productores, solo 17 mujeres son responsables de manejo y toma de decisiones en unidades de producción. 

De acuerdo con la experiencia de Leonor, las mujeres que llegan a darse cuenta de la violencia, no pueden hacer mucho frente a ella en contextos de precariedad laboral, que son mucho más complejos para quienes migran. Sin embargo, algunas han logrado levantar la voz incluso a nivel internacional. 

Maritza denuncia discriminación en el marco del T-MEC

Maritza es la primera trabajadora agrícola que, junto con Adareli, presenta una queja en contra del gobierno de EU, en el marco del T-MEC, por la discriminación de género en contra de las mujeres migrantes en programas de migración laboral temporal. La inconformidad se origina en la negación de trabajos, la asignación de roles con salarios más bajos y la exposición a violencias en sus lugares de trabajo.

Maritza, originaria de Veracruz, ha trabajado desde que tenía nueve años en diferentes empleos: niñera, trabajadora del hogar, comerciante o cualquier otro que se presentara para obtener algo de dinero. El 27 de mayo de 2018 fue la primera vez que salió del país para trabajar en el campo de manera temporal en EU. Fue por sus amigas que habían ido antes que contempló la posibilidad.

“Era pesada la labor de trabajar en campo, pero como yo estaba acostumbrada porque también he trabajado en fábricas… Al principio, no fue tan malo porque realmente donde vivo luego hago ese tipo de actividades, pero allá iba consciente de que iba a ser como nos dijeron ahí: 10 veces más trabajo, pero también mejor remunerado, aunque después me di cuenta que no era cierto”, cuenta en entrevista.

Unos minutos después, confiesa que la experiencia fue horrible desde el momento que pisó los ranchos de Alabama y Florida. “Llegamos, bajamos las maletas y nos dijeron ‘súbanse al camión porque ya vamos a empezar a trabajar’, todas emocionadas porque íbamos a empezar a facturar, como dice Shakira, íbamos a empezar a ganar dinero, pero ahí algo como que se quebró en el momento en que, ya arriba del autobús para irnos al trabajo, se sube un señor”, recuerda.

En el transporte, el hombre se presentó y les dijo que desde ese momento él era su patrón y el dueño de su vida y de todo lo que tuvieran. En ese punto, Maritza pensó que había ido a trabajar pero no a que la hicieran sentir como esclava. “Prácticamente nos esclavizó; en mi caso, por más de cinco meses”, lamenta. Maritza cumplió casi seis allá, en los que el sueño americano muy pronto se volvió pesadilla. 

No había equipo de protección personal para andar en surcos encharcados pizcando calabaza, chile morrón, tomate y pepino. Había compañeras de ella que, con los pies lastimados, no podían trabajar, y entonces tampoco les querían dar de comer. Trabajaban no de sol a sol, aclara Maritza, sino muchas veces desde antes de que saliera, y regresaban apenas para dormir, a las 10:00 u 11:00 de la noche. A veces, cumplían jornadas de hasta 12 o 15 horas.

Las camas donde dormían tampoco estaban en buenas condiciones. Había un solo baño portátil, que lavaban prácticamente una vez al mes, además de que solo podían usarlo entre 12:00 y 1:00 de la tarde, la hora de la comida, nunca antes. Aunque a las 6:00 de la mañana ya estaban trabajando, les llevaban agua casi hasta las 10:00. La comida era mala pero no podían dejarla, porque el empleador la cobraba a 4.26 dólares la consumieran o no. 

Algunas veces, ni siquiera les pagaban completo el sueldo, incluso una quinta parte de lo que realmente habían ganado. Con frecuencia, no entendían los recibos por completo, por las abreviaturas y las palabras en inglés. Maritza ganaba entre 150 y 240 dólares a la semana; trabajaba de lunes a domingo y frente a cualquier inclemencia del tiempo, incluso cuando les tocó un huracán.    

Además de los problemas generalizados, Maritza recuerda que los salarios no eran iguales para hombres y mujeres. A ellas les pagaban la caja o la cubeta de calabaza a 60 centavos, pero a los hombres se les llegaba a dar hasta un dólar. La intención de la queja, explica, ha sido pelear para que se vigilen las condiciones de trabajo y el respeto a los derechos que los contratistas prometen en México. 

Aunque con miedo, está convencida de hay que atreverse a denunciar cuando hay maltrato y discriminación. Estando allá, confiesa, también vivió acoso. “Lo único que me faltaba era que me violaran o me mataran, porque a ese grado llegó este señor, de llegar a amenazarme con nuestras familias aquí en México, con tal de que nosotras no dijéramos nada. Era trabajo forzado, no nos pagaban, no nos daban de comer; de todo lo malo, imagínese lo peor”, dice Maritza.

A lo largo de su vida, ha vivido situaciones que, luego de callar, han terminado repitiéndose. En EU, un día finalmente pensó: “Esto no es normal”. “Yo sabía que iba a una chinga y a una friega, pero que por lo menos me la iban a pagar en 800 dólares a la semana… Hubo veces en que no pagaban; yo, a pesar de no haber tenido experiencia de lleno en el campo, me convertí en una de las mejores empacadoras y sembradoras”, cuenta. 

Cuando tomó la decisión de ir al trabajo temporal en EU, fue porque las oportunidades laborales en su entidad eran muy mal remuneradas. La posibilidad de hacer un trabajo pesado pero transitar de pesos mexicanos a dólares fue una de sus principales motivaciones, pero la experiencia terminó definitivamente con cualquier ánimo de volver. De regreso en Veracruz, ahora se dedica a su hogar y al comercio.

“Llegamos a renunciar también, para que nos regresaran a México, y no nos aceptó la renuncia, nos dijo que no. Entonces, ya prácticamente a partir de ahí si ya estabas esclavizada, date por enterada que realmente estás en esas condiciones. Cuando una amiga me dijo que tenía un número (para denunciar), me acordé que estando en Matamoros, un señor me dio unos trípticos y me dijo que llevara un diario de todo lo que viviera, y eso hice. Cuando me decido a hablar, con miedo, es porque ya no aguantaba la situación”, relata Maritza. 

Aunque inicialmente esa llamada quedó en un número de folio, después se convirtió en la queja que aún está a la espera de alguna respuesta. El documento describe que a las mujeres no se les provee igualdad de oportunidades para solicitar visas de trabajo temporal H-2 y son generalmente excluidas de los programas H-2A y H-2B. Mientras que las mujeres representan el 32% del personal agrícola en EU, solo alcanzan un 3% de las visas H2A.

“La exclusión y discriminación son componentes estructurales de estos programas, arraigados en las preferencias de los empleadores, prácticas discriminatorias en el reclutamiento y contratación desproporcional. Las pocas mujeres que son admitidas en los programas H-2 son con frecuencia admitidas únicamente al programa H-2B, que no cuenta con prestaciones de vivienda gratuita o servicios legales financiados con fondos federales”, denuncia la queja.

Desde 2016, el Centro de los Derechos del Migrante, a partir de la documentación de años de discriminación hacia mujeres migrantes en programas de trabajo temporal —que se extiende a todas las industrias y tipos de visa— había presentado una queja en el marco del TLCAN. Por mucho tiempo no hubo respuesta, sino hasta un día antes de que entrara en vigor el T-MEC, y era solo un reporte que afirmaba que el gobierno estadounidense contaba con medidas para protegerlas de la discriminación.

Ese fue el impulso para presentar la queja que hoy sigue vigente. A diferencia del tratado anterior, ahora el tema laboral está incorporado dentro del T-MEC, y se menciona explícitamente la protección de personas trabajadoras migrantes y los derechos de las mujeres. Su importancia radica en que es un antecedente para establecer que el tema se está tratando con la seriedad con la que ambos gobiernos han prometido que se va a tratar, explica Evy Peña, directora de campañas del CDM.

Los hijos sepultados en el campo que no se cuentan

De vuelta en el campo mexicano, además de las mismas y peores condiciones y carencias que viven en EU, las trabajadoras agrícolas se enfrentan también a la posibilidad de que sus hijos mueran por enfermedad o accidente. Los recientes casos de 11 menores de edad hospitalizados y siete fallecidos en la sindicatura de Juan José Ríos, en Guasave, son solo la cara más visible de un fenómeno que con frecuencia queda oculto. 

En Villa Unión, Mazatlán, los propios trabajadores han sabido de cuatro niños que fallecieron de enfermedades respiratorias o gastrointestinales, que solo se identifican por el vómito y la diarrea. Uno de ellos es el nieto de ‘Arturo’. Un día ya no pudo respirar bien. Según cuenta su abuelo, lo atendieron primero en Villa Unión y después lo llevaron a Mazatlán; más tarde, incluso a Culiacán. “No pudieron hacer nada”, lamenta.

‘Arturo’ lo llevó de regreso a Villa Unión —cuando no tenía dinero ni para trasladarlo—, solo para enfrentar el problema de encontrar un lugar para enterrarlo y poder asumir el costo. Llevarlo de regreso a Guerrero era un gasto aún más alto. Por menos de un metro, pagó cerca de 3 mil pesos para enterrarlo en Sinaloa, a unos kilómetros del cuarto que renta con ‘Carolina’ temporalmente. El bebé de siete meses falleció en febrero.

“Por la enfermedad y porque lo operaron, le pusieron la manguera aquí —señala su cuello— y le dieron una inyección de 24 horas para revivirlo; no pudieron y ahí se fue”, dice ‘Arturo’. Es el segundo bebé que se le muere a su hijo de 21 años: el año pasado, otro de apenas un mes falleció, por enfermedad, en un campo en Río Florido, Zacatecas, a donde también han ido a trabajar temporalmente.  

A finales de abril de este año, en la zona de El Dorado, a unos 30 minutos de Culiacán, en las viviendas que están en el interior de uno de los campos, una niña enfermó y falleció más tarde en el hospital. En ese mismo lugar, varios menores de edad han padecido diarrea y vómito —representantes de la empresa y trabajadores asumen que se trata de un rotavirus—, mientras que otra permanece hospitalizada. Ahí al menos hay seguro social.

En otros casos, aunque los niños supuestamente ya no trabajan, mueren en las conocidas como “cuarterías”, conjuntos de pequeños cuartos de dos por dos metros; en cada cuarto, una familia completa. La mayoría tiene apenas un colchón, algunos utensilios de cocina con una pequeña parrilla y, a veces, una televisión. De Guasave al Dorado y a Villa Unión, el problema es que están ubicadas fuera de los campos y pertenecen a particulares.  

 

Autoridades del trabajo en Culiacán han admitido que la falta de regulación y el vacío de responsabilidad son un problema para evitar el fallecimiento de niños. Hasta ahora, tampoco estas tienen atribuciones para tomar medidas en esos lugares de vivienda. Dicen tener la expectativa puesta en que un posible acuerdo previsto para los próximos meses entre los gobiernos de Guerrero y Sinaloa pueda cambiar los marcos regulatorios. 

Un lunes a finales de marzo, en Tlapa, corazón de la montaña guerrerense, Paulino Rodríguez Reyes habla sobre su labor de atención y acompañamiento a la población jornalera agrícola que migra de un estado a otro, y a otros países, en el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. Acaba de colgar una llamada con ‘Arturo’. Adelanta la historia del fallecimiento de su nieto y la imposibilidad de trasladarlo para sepultarlo en Tlapa, que él confirmaría después de viva voz en Sinaloa.  

Otro niño —dice— falleció también apenas un día antes de la conversación. En suma, de enero a marzo, Tlachinollan registró tres muertes infantiles. “Sobre todo ha estado sucediendo en esas zonas agrícolas, donde la familia llega a un lugar donde no hay guardería, albergue para las niñas y niños, tienen que rentar las casas particulares en malas condiciones, y tienen que llevar a sus hijas y a sus hijos a los surcos porque no hay dónde dejarlos; esa es una de las situaciones que hemos documentado que es constante”, señala. 

Hace un año, la organización también registró varios casos por homicidio en zonas agrícolas —principalmente donde se paga al día, con diferentes empleadores— de Baja California, Chihuahua, Zacatecas y Michoacán, donde además opera el crimen organizado. El Estado debería garantizar los derechos laborales y la seguridad, subraya Paulino; cuando no lo hace, los dueños de las empresas abusan y explotan a las familias jornaleras, y ofertan condiciones que, ya estando en el terreno, resultan distintas.

Nada habla más de la impunidad de años en el fallecimiento de menores de edad que la historia de don Cruz y Agustina, originarios de Ayotzinapa, municipio de Tlapa. Ahora de 68 y 61 años, respectivamente, trabajaron por más de 20 en el campo. Hoy viven de manera definitiva en una casa de dos niveles en su comunidad de origen. Están sentados uno a cada lado de la ventana en el segundo piso; Agustina teje sombreros de paja, mientras don Cruz recuerda de manera pausada la historia que marcó a su familia 16 años atrás.   

Cuando empezaron a migrar a Sinaloa, su hijo Silvestre apenas gateaba; ahora tiene 23 años. Comenzaron en el corte de tomate, pepino y chile morrón, principalmente. El 6 de enero de 2007 llevaban también a su hijo David, de nueve años. Andaba con ellos recolectando jitomate en los surcos, porque en ese tiempo, “si aguantaban el balde, le entraban al trabajo”. Tropezó y el chofer de un tractor lo atropelló y falleció ahí mismo.

Al principio, la solución de la empresa fue que la pareja regresara a sepultar a su hijo en su comunidad de origen, incluso los llevaron. Les ofrecieron regresar una vez que levantaran la cruz. Estuvieron poco más de una semana en Ayotzinapa despidiéndose del niño, fueron de nuevo a Sinaloa y la empresa los volvió a regresar.   

Después, aun con miedo, decidieron demandar. Por un tiempo, don Cruz siguió migrando, pero en otra empresa, la de “los chinos”, como se le conoce a Buen Año. Aquella donde ocurrió el accidente nunca reconoció los errores del chofer. Con el tiempo, don Cruz y Agustina llegaron a tener siete hijos, y cada vez era más difícil llevarlos a todos a la temporada agrícola. Tampoco había con quién dejarlos, así que ella decidió quedarse en su comunidad. 

A sus gemelos más pequeños, de 14 años, prefirió meterlos a la escuela para darles otras posibilidades lejos del campo. “Ahorita no saben qué es el trabajo a donde van los jornaleros, no saben porque no han ido. Ellos no saben cómo se trabaja allá, cómo está allá en Sinaloa, cómo se sufre o qué es lo que hacen en el campo. Ellos no saben, nunca han ido, están estudiando”, dice Agustina.

El resto de sus hijos sigue yendo a Guanajuato y Sinaloa, por temporadas o de manera más definitiva. “Yo quisiera que no fueran, pero la cosa es que aquí no hay trabajo; uno tiene hijos y para salir adelante tiene que ir a trabajar porque aquí no hay. Ellos todavía tienen valor, y ganas, y están bien sanos”, dice Agustina. A ella y a su esposo, además, ya no los aceptarían por la edad.

En Ayotzinapa, siembran para su propia familia, pero no ganan nada. En tiempos más secos, Agustina teje los sombreros, pero advierte que no salen dos docenas por día, sino una o dos unidades. En su casa viven mejor. Uno de los aspectos que más recuerdan del campo es el hacinamiento de las familias en las viviendas. De la demanda, nunca supieron nada más. La empresa primero ofreció dinero, pero lo que ellos querían era el reconocimiento y la sanción de los hechos. 

Agustina le dice ahora a sus hijos gemelos: “Ustedes estudien, porque no creas que vas a ir allá (al campo) y no vas a trabajar, allá vas a sufrir porque desde temprano, a las 4:00 de la mañana, te tienes que levantar, y a estas horas no tienes tu salida, hasta las 7:00, 8:00 de la noche apenas, sol a sol. Ahora para que vayas y vengas, ya es noche; allá tienes que trabajar para que tengas, allá se sufre más, ustedes sabrán”. 

 

Para Margarita Nemesio, del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG), esas historias de vida marcan, pero también reflejan la fuerza de las mujeres al tomar decisiones como la de Agustina: “Ahora ellos son los que toman la batuta, de alguna manera moderada, en su comunidad… Es muy importante cómo se construye el tejido a partir de esas decisiones, pero también de vivencias que les han hecho enfrentar cosas que a veces son impensables, y que marcan, sobre todo cuando la justicia nunca les llegó”.

Las mujeres que viven dificultades y violencias en el campo, cargando además con las tareas de cuidado y la búsqueda de justicia, lo hacen en un contexto general en el que los programas sociales destinados a este sector benefician a pocos trabajadores agrícolas —y a muchas menos cuando se trata de ellas—, las autoridades no verifican las condiciones laborales de las empresas y el abandono de sus comunidades de origen se perpetúa desde hace décadas.  

 

Comienza repatriación de los cuerpos de migrantes fallecidos en estación del INM en Ciudad Juárez

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad, informó que el primer cuerpo en llegar a su país fue del migrante originario de Colombia; además, dio a conocer que hasta este viernes aún permanecen hospitalizados 16 migrantes con lesiones por el incendio


Texto: Redacción La Verdad 

Fotografía: Rey R. Jauregui / La Verdad

9 de abril del 2023

 

 

El proceso de repatriación de 25 de las 40 personas migrantes fallecidas durante el incendio en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, donde permanecían encerradas, comenzó este viernes, informó el Gobierno de México.

A través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que este proceso inició este viernes con la llegada del cuerpo de una de las víctimas mortales a Bogotá, Colombia.

Se trata del colombiano Julián David Villamil Arévalo, de 22 años, de acuerdo con la lista de víctimas fallecidas en el incendio del 27 de marzo en la estación migratoria que fue previamente difundida por las autoridades.

La dependencia informó también que siete cuerpos de personas originarias de El Salvador están en traslado terrestre, con acompañamiento de la Guardia Nacional. Se espera que este sábado estén cruzando la frontera por Chiapas.

Respecto a personas originarias de Guatemala, 11 cuerpos han sido identificados en Ciudad Juárez y se tiene programado su traslado aéreo para la próxima semana.

Además, familiares de seis migrantes hondureños fallecidos están en el proceso de identificación de los cuerpos y se programará un vuelo con destino a su país de origen.

En el caso de las víctimas de Venezuela, dio a conocer que el gobierno de ese país informó que el martes 11 de abril llegará personal especializado en huellas para el proceso de identificación. Este jueves familias venezolanas denuncian que el proceso para identificar y repatriar a sus víctimas mortales está paralizado y exigieron al gobierno de Venezuela que intervenga para llevar a los suyos a su país.

Hasta las 12:00 horas de este viernes, la Secretaría de Salud federal reportó que aún hay 16 migrantes que permanecen hospitalizados con lesiones generadas por el incendio en el INM. Siete de ellos están en Ciudad Juárez y nueve en la Ciudad de México, a donde fueron trasladado el pasado fin de semana.

En el IMSS de Ciudad Juárez fueron dadas de alta dos personas, por lo cual esa institución ya no tiene ningún paciente en sus unidades médicas.

En el ISSSTE hay otra persona y se espera su alta para la próxima semana. En la Secretaría de Salud de Chihuahua hay cinco pacientes graves y uno estable, fuera de riesgo.

En tanto que seis víctimas permanecen en al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (CENIAQ) y tres están en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), ambos de la Ciudad de México.

La dependencia informó que en atención a los familiares de las víctimas, tanto fallecidas como hospitalizadas, se cuenta con un grupo especializado de apoyo jurídico y psicológico, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Aseguró también que el Gobierno de México llegará a las últimas consecuencias para que los responsables de esta tragedia paguen por sus actos.

Reiteró que no habrá impunidad y quienes resulten responsables, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), deberán responder ante la ley.

VIGILIA EN MEMORIA DE MIGRANTES FALLECIDOS MONTADA EN EXTERIOR DEL CENTRO DE DETENCIÓN DEL INM EN CIUDAD JUÁREZ. FOTOGRAFÍA: REY R. JAUREGUI / LA VERDAD

Este texto es propiedad de La Verdad y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace. 

Protestan en oficinas de Migración en Acapulco para exigir la destitución del titular

Texto: Amapola Periodismo 

Fotografía: Cromática Agencia Fotografíca y Multimedia 

Chilpancingo 

 

Militantes de organizaciones sociales y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, protestaron afuera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), en Acapulco, para exigir la destitución de su director Francisco Garduño Yáñez.

Durante la protesta en la que estuvo el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, los manifestantes acusaron a Garduño Yáñez de ser el responsable de la muerte de los 39 migrantes durante un incendio en un albergue en Ciudad Juárez, Chihuahua, este lunes 27 de marzo.

“Fue un crimen de Estado”, “Justicia, castigo a los responsables”, “Las estaciones migratorias no son albergues, son cárceles”, se leía en las pancartas que los inconformes pegaron en las paredes de estas oficinas ubicadas en el Fraccionamiento Costa Azul de Acapulco.

Exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la repatriación inmediata de los cadáveres de los migrantes e investigación pronfunda para castigar a todos los responsables del incendio.

“No es justo que solamente se esté castigando a funcionarios de menor rango en el Instituto exigimos que se detenga todos”, dijo el sacerdote Velázquez Florencio, quien es presidente del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello.

“El Instituto Nacional de Migración utiliza con diferentes nombres estas estaciones migratorias, pero finalmente su funcionamiento es el mismo que es privar de la libertad a las personas, las encierran con candados y les quitan su movilidad”, dijo en el mitin el sacerdote.

También denunció que en su centro de atención tenía en calidad de refugiado a un migrante enfermo, a quien el INM se negó atender pese a necesitar ayuda médica.

“Esta persona es un migrante inglés que no puede hacer nada, está en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo”, sostuvo el cura.

Velázquez Florencio acusó al INM ppr su falta de humanismo con los migrantes centroamericanos.

“Nos quejamos de que en Estados Unidos tratan mal a nuestros migrantes mexicanos y aquí en nuestro país hacemos lo mismo con la gente de Centroamérica que viene de paso”, agregó.

Antes de que terminara el mitin, los normalistas gritaron consignas para exigir al gobierno la presentación con vida de los 43 desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi hija entró con vida y me la entregaron muerta”: Padres de niña migrante acusan negligencia médica en Hospital de Ixtepec, Oaxaca

Texto y fotografía: IstmoPress

29 de marzo del 2023

Ixtepec

 

Angie Stephanie Segura y Pedro Luis Estrada, son migrantes de origen ecuatoriano y están tristes, su pequeña hija de 2 años de edad de nombre Conny Valentina murió anoche y acusan de negligencia medica a los médicos y enfermeras del Hospital General de Ixtepec, Oaxaca conocido como “30 camas”.

“Mi hija entró con vida la noche del domingo y me la entregaron muerta”, dice entre llantos Angie, quién mira su teléfono recordando imágenes de su pequeña hija, quién tenía la ilusión de tocar la nieva, cuando llegaran a Nueva York, que era su destino final.

La madre de raza afrodescendiente relató que su pequeña hija comenzó a sentirse mal de la garganta, y ya no quería comer, por lo que el domingo por la noche la ingresaron al hospital, y al día siguiente los médicos le informaron que iba evolucionando adecuadamente, sin embargo ayer por la noche, le aplicaron una inyección en el suero llamada clendamicina, la cual consideran no es de uso pediátrico y pudo ser la causante del paro cardiaco.

Además su hija necesitaba una transfusión sanguínea y un traslado a hospitales civiles de Juchitán, Salina Cruz, Chiapas o al Hospital de la Niñez en la capital de Oaxaca, pero en el Hospital le dijeron que no se pudo por falta de cupo, lo cual lamentan los padres y responsabilizan de la muerte de su hija a las autoridades de salud.

“Es una pena que acá hayan personas no valoren a los migrantes porque no tenemos dinero, nosotros también somos seres humanos y tenemos derecho a una salud digna, pero a mi hija nunca la atendieron, solo la tenían con suero, nos dijeron que tenia anemia, y como no va ser, si tenemos 3 meses en esta travesía, a Ecuador ya no podemos volver, estamos amenazados de muerte”, narró la joven madre.

El padre de la menor, Pedro Luis Estrada dijo que hace una semana obtuvieron su permiso humanitario para poder estar en México durante un año, y lamentó que ahora su travesía será sin su hija.

Exigió justicia y pidió apoyo para que su hija pueda ser cremada y puedan llevarse las cenizas junto a ellos, debido a que a Ecuador y a Ixtepec ya no piensan regresar.

“Es doloroso todo lo que vivimos, estamos destrozados en vida con esta noticia, seguiremos nuestro camino sin nuestra niña, era nuestra única hija y la amábamos y cuidábamos mucho, mi esposa ya no puede tener mas hijos, hay esto que estamos viviendo es muy, pero muy triste”, contó.

Mario Vera, tío de la menor mostró videos de como el cuerpo de su sobrina comenzó a sufrir erupciones en su piel tras un día de estar hospitalizada y lamentó que por exigir salud digna personal de seguridad del hospital intentó desalojarlos.

“Estábamos desesperados, mi sobrina pedía ayuda estando en su cama, nos decía que no podía ir al baño, no podía hacer popó ni pipí, mi sobrina se hinchó y finalmente nos dijeron que le había dado un paro respiratorio, esto es una negligencia y vamos a denunciarlo”, agregó.

La pequeña Conny Valentina vivía en la colonia Doctores de Ixtepec, Oaxaca, junto con sus padres y tíos, quienes rentaban una casa particular, la cual dejarían esta semana para continuar su ruta hacia la frontera norte, la cual tendrá que esperar hasta que puedan tener en sus manos las cenizas de la menor.

Acudimos al hospital civil e intentamos entrevistarnos con la directora de esta unidad de salud, Yesenia Romero de la Luz, pero nos dijeron que se encontraba en la capital de Oaxaca, por lo que ningún personal quiso informar al respecto.

 

Actualiza INM cifra de migrantes muertos en incendio y revela nombre de hospitalizados en Ciudad Juárez

Quiénes se encontraban en la estación migratoria cuando ocurrió el incendio?, las autoridades migratorias dieron a conocer el nombre de los 68 migrantes alojados en su estación en Ciudad Juárez al momento de la tragedia y ajustó en 38 el número de migrantes fallecidos en incendio, es la tercera cifra que maneja en menos de 24 horas


Texto: Redacción de la Verdad de Juárez

Fotografía: La verdad de Juárez 

29 de marzo del 2023

 

Los nombres de las 68 personas extranjeras que se encontraban en la Estancia Provisional del Instituto Nacional de migración Ciudad Juárez cuando se originó un incendio la noche de este lunes 28 de marzo fueron revelados esta noche por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Esta información se dio a conocer a casi 24 horas de la tragedia que dejó 38 migrantes muertos, de acuerdo con la cifra proporcionada esta noche por el instituto, que primero informó que eran 39 y luego que sumaban 40 las víctimas mortales, aunque la primera cifra proporcionada por fuentes gubernamentales por La Verdad fue 41 personas migrantes fallecidas.

“Al final del recorrido que realizaron autoridades del Instituto Nacional de Migración por los distintos hospitales en los que fueron internadas las víctimas para su atención inmediata, se actualizó la cifra de personas fallecidas y se confirmaron 38 decesos” se cita a través de un comunicado, sin revelar quiénes son los fallecidos.

De la información proporcionada através de un comunicado de prensa se desprende que 10 aún se encuentran hospitalizados. Sin embargo el instituto no identifica en la lista a los migrantes fallecidos en el incendio.

El INM, de la Secretaría de Gobernación, informó que solo da a conocer los nombres de los que se encontraban en la estación migratoria “como un derecho humano”. Esto se hace por tratarse de una tragedia en la que, “garantizar el acceso a la información pública, ayudará a los familiares de las víctimas a conocer si uno de los suyos se encontraba en la estancia del INM”

A continuación se proporcionan los nombres y la nacionalidad de las personas reportadas por el INM:

 

Colombia

1. Julián David Villamil Arévalo

Ecuador

1. Jorge Luis Tumbaco Santiestevan

El Salvador

1. Andrés Fernando Calderón Carbajal

2. Brayan Eduardo Flamenco Quinteros

3. Carlos Alberto Pacheco Gutiérrez

4. Daniel de Jesús Varela Ramírez

5. Enrique Alfonso Melara Rivera

6. Inmer Onesi Molina Hernández (Hospital de la familia Femap)

7. José Amílcar Portillo Solórzano

8. José Pedro Rivera García

9. Marvin Armides García Pacheco (IMSS 6)

10. Milton Alexis Melara Melgar

11. Misael Antonio Aguilar López

12. Roberto Antonio Henríquez Evangelista

Guatemala

1. Bacilio Sutuj Saravia

2. Byron López Xol

3. Cristian Vidal Alexander Ventura Sacalxot (IMSS 6)

4. Cruz Ernesto Chich Marroquín

5. Diego Sau Guarchaj

6. Diego Tzaj Ixtos

7. Edwin Gilberto Ixpertay Macario

8. Eliseo Gutiérrez Valdez (Hospital de la familia Femap)

9. Elvis Adelmar Pérez Esteban

10. Enrique Coy Pop

11. Eyner Anibal García Dieguez

12. Fernando Pu Castro

13. Francisco Gaspar Rojche Chiquival

14. Francisco Javier Sohom Tzoc

15. Gaspar Josue Cuc Tzinquin

16. Gaspar Santiago Ixcotoyac Tum

17. Juan Fernando Quiñonez Montejo

18. Kevin Estuardo Cardona Lopez

19. Manuel Alexander Chox Tambriz

20. Marco Antonio Lucas Paiz

21. Marcos Abdon Tziquin Cuc

22. Miguel Rojche Zapalu

23. Miguel Sebastian Pedro Mateo

24. Raymundo Quib Tzalam

25. Roberto González Hernández

26. Rubbelsy Manrrique Pérez Rodríguez

27. Santiago Caal Tzul

28. Wilson Alexander Juárez Hernández

Honduras

1. Brayan Orlando Rodríguez Funes

2. Cristhian Javier Carranza Toro

3. Dikson Aron Córdova Perdomo

4. Edin Josué Umaña Madrid

5. Higinio Alberto Ramírez Torres (Hospital de la Familia Femap)

6. Jesús Adony Alvarado Madrid

7. José Alfredo Hernández Muñoz

8. José Ángel Ceballos Molina

9. José Armando Rivera Muñoz

10. Juan Carlos De Jesús Gómez (Hospital de la Familia Femap)

11. Juan Carlos Trochez Aguilar

12. Oscar Danilo Serrano Ramírez

13. Oscar Pineda Torres

Venezuela

1. Carlos Eduardo Rodríguez Cordero

2. Masculino Desconocido Sin Identificar

3. Eduardo De Jesús Carballo López (Hospital De La Familia Femap)

4. Jeison Daniel Catari Rivas (Hospital De La Familia Femap)

5. Jesús Eduardo Velásquez Perdomo (Hospital De La Familia Femap)

6. Joel Alexander Leal Peña

7. Orangel José López Guerrero

8. Orlando José Maldonado Pérez

9. Oscar José Regalado Silva

10. Rafael Mendoza Mendoza

11. Rannier Edelber Requena Infante

12. Samuel José Marchena Guilarte

13. Stefan Arango Morillo (Hospital de la Familia Femap)

Atrapados en incendio, 41 migrantes mueren en estación del INM en Ciudad Juárez

Los migrantes fallecidos se encontraban encerrados bajo llave en área de alojamiento temporal para personas del sexo masculino de estancia migratoria, reportaron fuentes consultadas; culpan de la tragedia a personal del INM, “son unos inhumanos“.


Texto: Rocío Gallegos y Gabriela Mijárez / LA VERDAD

Fotografía: Rey R. Jauregui

 

Un incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez dejó al menos 41 migrantes muertos y más de 20 lesionados, la noche de este lunes.

En el lugar, 37 hombres murieron presuntamente intoxicados por inhalación de humo y sus cuerpos fueron colocados en el estacionamiento del edificio del INM, cubiertos con colchas térmicas de aluminio, de donde fueron levantados por personal del Servicio Médico Forense. Otros cuatro fallecieron en un hospital donde recibían atención médica, durante los primeros minutos de este martes, informaron fuentes gubernamentales consultadas por La Verdad.

El siniestro se generó en el área de alojamiento destinada a personas migrantes del sexo masculino mayores de edad, que se localiza en las instalaciones del Instituto, ubicadas junto al puente internacional Lerdo-Stanton, frente a la Presidencia Municipal y a escasos metros del río Bravo, límite fronterizo con Estados Unidos.

Peritos revisan los cuerpos de migrantes cubiertos con colchas térmicas de alumnio

En esa área, que se encontraba cerrada bajo llave, había 68 migrantes hombres de Centro y Sudamérica, algunos de ellos retornados por Estados Unidos a México bajo el Título 42 y otros que fueron asegurados este lunes por agentes del INM en un operativo especial realizado en la ciudad para retirarlos de los cruceros viales donde limpian vidrios, venden dulces o piden dinero.

Alrededor de las 21:00 horas los migrantes se empezaron a inconformar porque durante todo el día no les habían dado agua para beber y tenían sed, se informó.

Las quejas subieron de tono hasta que presuntamente a las 21:30 horas prendieron fuego en el lugar donde se encontraban recluidos, esperaban que les abrieran la puerta, pero se comenzaron a intoxicar y a quemar, de acuerdo con datos preliminares de las investigaciones.

“La culpa la tiene migración, esto que está pasando es culpa de ellos”, dijo Vianey Infante, una migrante venezolana, quien esperaba la liberación de su esposo en el exterior de la estación migratoria cuando se desató el incendio.

La mujer contó que acudió al INM porque le dijeron que iba a soltar a su marido al comprobar ser parte de un núcleo familiar de migrantes, pero pasadas las 9:30 de la noche vio salir mucho humo del centro migratorio y que se comenzó a desalojar a las mujeres recluidas, menos a los hombres.

“Me asomé y me puse a llorar”, contó. Dejaron a los hombres encerrados en las celdas, nunca los sacaron, narró la mujer, quien por eso peleó con agentes del Instituto. “Son unos inhumanos”.

Entre el ajetreo de bomberos y paramédicos que atendieron el siniestro, Vianey se enteró que a su esposo lo trasladaron a un hospital con síntomas de intoxicación.

Las fuentes consultadas indicaron que la investigación de los hechos quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), donde la madrugada de este martes fue presentado el encargado de la Estación Migratoria, Daniel Goray Yosiaka, para rendir su declaración.

En un comunicado emitido la madrugada de este martes, el INM –que dependen de la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal– lamentó el fallecimiento de las personas migrantes extranjeras en estos hechos que consideró una tragedia y dio a conocer que interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes para que se investigue lo sucedido. Reportó de manera oficial solo 39 fallecidos.

El gobierno de Chihuahua y el de Ciudad Juárez guardaron silencio ante esta tragedia.

Los daños generados por el incendio se concentran en el interior de la sede del INM, en ese cruce internacional por donde reciben a expulsados de Estados Unidos, el exterior del edificio prácticamente no presentó afectaciones.

En el lugar peritos de la Fiscalía del Estado en la Zona Norte y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trabajaron hasta casi las 5 de la mañana de este martes en el levantamiento de los cuerpos. El lugar aún permanece resguardado por militares y elementos de la Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales.

TRASLADAS A LESIONADOS A CUATRO HOSPITALES

Mientras los bomberos se encargaban de sofocar el fuego en las instalaciones del Instituto y personal de Protección Civil, estatal y municipal, rescataban los cuerpos de los migrantes fallecidos, paramédicos de distintas corporaciones trasladaban a los lesionados a recibir atención médica.

De los rescatados con vida, 29 migrantes fueron traslados con lesiones o intoxicados a cuatro instituciones de salud en la ciudad, entre ellas al Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Cruz Roja, el Hospital General y al Hospital de la Familia, éste último localizado a unas cuadras de las oficinas del INM.

Cuatro de ellos murieron mientras recibían atención médica, se reportó.

En la estación migratoria se encontraban mujeres en condición de movilidad, una cantidad que no fue determinada esta noche; sin embargo, se dio a conocer que se encontraban en un área especial donde supuestamente no se registraron daños por el incendio, por lo que lograron ponerlas a salvo y fueron trasladadas a distintos albergues en la ciudad.

El Instituto Nacional de Migración informó también que se estableció comunicación y coordinación con autoridades consulares de diferentes países para implementar las acciones que permitan la identificación plena de las personas migrantes fallecidas.

El INM expresa su disposición para coadyuvar en las investigaciones de ley, a fin de que se esclarezcan estos hechos y aseguró que dará seguimiento a la evolución del estado de salud de quienes se encuentran hospitalizados y brindará todo el apoyo a los familiares de las víctimas.

De igual forma dio a conocer que se dio vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que intervenga en las diligencias de ley y de salvaguarda de las personas extranjeras.

Desde finales de 2018, Ciudad Juárez registra una concentración masiva de migrantes que se han quedado varados en espera de cruzar la frontera o que han sido expulsados a México por acciones de control fronterizo del gobierno de Estados Unidos.

 

Este texto es propiedad de LA VERDAD y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el originar en este enlace. 

Con Título 42, EU ha expulsado a 2.5 millones de migrantes en tres años; argumento de salud pública es “farsa”, denuncian ONG

La política del Título 42, establecida por la administración de Trump, ha incrementado las expulsiones de migrantes en la frontera de EU. El argumento de ese país de evitar problemas de salud pública ha generado una crisis humanitaria en territorio mexicano.


Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Fotografía: Gobierno de Jiménez / Oficial

 

Mientras la Suprema Corte de Estados Unidos refrendó hace unos días el Título 42, que permite expulsar a migrantes de manera inmediata desde inicios de la pandemia argumentando motivos sanitarios, las devoluciones derivadas de esta política ya suman cerca de 2 millones y medio en casi tres años.

Durante los siete meses que aún correspondieron al año fiscal 2020 a partir del establecimiento del Título 42 en marzo, las expulsiones producto de esa política sumaron más de 200 mil. En el transcurso del año fiscal 2021 —de octubre de 2020 al mismo mes de 2021— alcanzaron 1 millón y una cifra similar se registró en el año fiscal 2022.

En tanto, en lo que va del año fiscal 2023 para EU —desde octubre pasado— ya se han dado más de 150 mil devoluciones amparadas por el Título 42, de acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP, por sus siglas en inglés).

Derivado de esto, según advierte la organización Human Rights First en su informe Mancha de derechos humanos, farsa de salud pública, presentado en diciembre, durante 2022 se registró la mayor cantidad de muertes —al menos 853— de personas que cruzan la frontera México-EU desde 1998.

Aunado a ello, la permanencia del Título 42 ha ocasionado que quienes migran escojan rutas cada vez más peligrosas, donde se encuentran a merced de grupos criminales que controlan esas zonas.

Hasta el 15 de diciembre de 2022, la organización contabilizaba 13 mil 480 reportes de asesinatos, tortura, secuestros, violaciones y otros ataques violentos hacia migrantes y solicitantes de asilo detenidos o expulsados a México bajo esa política desde que comenzó la administración del presidente estadounidense Joe Biden.

Entre algunos ejemplos que consigna, están el secuestro de una familia guatemalteca con niños por oficiales mexicanos, tras ser expulsados a Nuevo Laredo, para entregarlos al crimen organizado; el secuestro de un solicitante de asilo hondureño y su hija de cuatro años, quien fue golpeada y presenció la violación de su madre cuando les orillaron a esperar en Tijuana, y la violación de una mujer trans lesbiana por elementos de la policía mexicana en Piedras Negras, luego de que la CBP le negara la protección en el punto de entrada de Eagle Pass.

La salud pública como excusa

El 21 de marzo de 2020, la administración del expresidente Donald Trump determinó, a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19 en México y Canadá, que existía un riesgo serio de introducción del virus a EU y que la restricción del ingreso de personas de ambos países se requería por salud pública.

Luego de que los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de EU (CDC) impulsaran la eliminación del Título 42 en mayo pasado, impedida por un juez federal de Louisiana, se preveía que la nueva fecha para su terminación fuera el 21 de diciembre, pero la Suprema Corte determinó su continuidad el 27 de ese mes.

Bajo esta política, durante casi tres años la CBP ha prohibido de manera inmediata la entrada de personas que, de acuerdo con su propia justificación, potencialmente implican un riesgo de salud, tanto por haber sido sujetas de restricciones de viaje anunciadas con anterioridad como por tratar de ingresar al país con la intención de eludir las medidas de control sanitario.

Según la CBP, el Título 42 no aplica a personas que deben ser exceptuadas por consideraciones de ley, de seguridad pública, humanitarias o de interés en torno a la salud pública. Las expulsiones bajo el Título 42, dice el organismo, no están basadas en el estatus migratorio y por ello se registran de manera independiente al resto de las acciones de la Patrulla Fronteriza, como las aprehensiones y la inadmisibilidad.

Sin embargo, Human Rights First advierte que el mal uso del Título 42 ha resultado en un fiasco en salud pública, administración de la frontera y derechos humanos. Esta política ha sido utilizada para bloquear a quienes buscan asilo en puntos de entrada oficiales, exponer a riesgos graves a solicitantes de asilo y migrantes que cruzan la frontera, y evadir el debido proceso y las disposiciones para la protección de refugiados contempladas en las leyes estadounidenses.

Además, sostienen que las consecuencias de esta política y su expansión a la población venezolana desde octubre pasado confirman que no tiene fundamento en la salud pública. Expertos en medicina, así como especialistas de los CDC en declaraciones ante el Congreso, han reiterado —recuerda HRF— que el Título 42 no tiene alguna base científica.

Desde noviembre, agregan, epidemiólogos y expertos en salud pública advirtieron a la administración Biden que la continuidad y expansión del uso del Título 42 era una farsa que manipulaba, mal usaba y mermaba la confianza en la gestión de la salud pública.

De la misma manera, ha contribuido a alimentar y propagar prejuicios racistas que pintan a los migrantes como factores de enfermedad, reforzando estigmas e incrementando la vulnerabilidad de grupos marginados, de una manera antiética y contraria a los principios de buenas prácticas en salud pública.

De acuerdo con la organización, la CBP y oficiales de la Patrulla Fronteriza siguen utilizando el Título 42 para expulsar migrantes y solicitantes de asilo en formas que los colocan en una situación de mayor vulnerabilidad a la violencia en México y merman su posibilidad de pedir asilo. Esto ha incluido regresarlos en medio de la noche, negarles atención médica y retenerles documentos.

Esta política, además, continúa perpetuando el desorden en la frontera, desencadenando múltiples y peligrosos cruces fronterizos, inflando las estadísticas de la CBP, orillando a rutas más riesgosas lejos de los puntos de entrada oficiales y facilitando la explotación.

“El mal uso generalizado y expansivo del Título 42 es confirmación adicional de que esa política no tiene nada que ver con salud pública, pero, en cambio, se ha utilizado para castigar a las personas por migrar y ejercer su derecho humano a buscar asilo frente a la persecución”, concluye HRF.

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

Marisela y su vida de explotación en campos agrícolas

Texto : ​Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero

Chilpancingo

 

Marisela, de 27 años, originaria de la comunidad de Iztacalco, municipio de Chilapa, cuenta que por la falta de trabajo en Guerrero quiere que la contraten para laborar en los campos agrícolas de Florida, Estados Unidos.

Ella, al igual que otros 50 jóvenes, se formó para ser entrevistada por un funcionario del Servicio Nacional de Empleo (SNE) y ser contratada como trabajadora agrícola.

Marisela tiene experiencia en labores agrícolas desde los siete años.

Su mamá la llevaba a trabajar a distintos campos agrícolas de estados del norte del país.

Apenas hace un mes trabajaba en un campo agrícola de Sonora, un poco antes estuvo en Sinaloa, Hidalgo y Morelos.

«Tengo un hijo de 12 años. Lo dejo en mi pueblo; me lo cuida mi mamá».

En el patio central de las oficinas de la Secretaría del Trabajo, ubicada en la calle Galo Soberón y Parra, hay unos 50 jóvenes procedentes de comunidades de los municipios de Zitlala y Chilapa que esperan ser contratados de jornaleros agrícolas.

Son contratados aquí directamente por representantes de empresas de Florida.

Para que sean fichados tienen que cumplir una serie de requisitos por ejemplo tener en regla su pasaporte, experiencia en labores agrícolas, acta de nacimiento, certificado de salud y contar con el esquema de vacunación y la de refuerzo del Covid-19.

Uno de los requisitos es que tengan la vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si tienen la vacuna Cansino, la China o la rusa, Sputnik, no son contratados.

El viaje a Estados Unidos lo paga la empresa que los contrata.

«He cortado pepino, ejote, chile, berenjena», indica Marisela al hablar sobre su experiencia como jornalera agrícola.

Mencionó que uno de los requisitos que tuvo dificultades para conseguir fue la constancia de su último trabajo en los campos de Sonora.

«Las empresas con las que vamos a trabajar quieren que uno tenga mucha experiencia en el corte de los productos agrícolas y yo la tengo», presume la joven.

Dice que el trabajo en los campos agrícolas es de siete de la mañana a cuatro de la tarde.

Sobre este punto de la productividad laboral que exigen las empresas de Estados Unidos, un empleado del SNE que depende de la Secretaría del Trabajo del gobierno federal, contó que un jornalero recibe el pago de un salario mínimo diario pero se le exige que debe de rendir más para que le peguen más.

«La empresa exige 200 cajas diarias del producto agrícola pero muchos llenan hasta 500 cajas y a esos les pagan más», contó.

Según el funcionario del SNE, la Secretaría del Trabajo está al pendiente de que los derechos de los trabajadores no les sean violados allá en Estados Unidos.

Este programa de contratación de jornaleros agrícolas se realiza aquí en Chilpancingo dos y hasta tres veces al año.

«El contrato es de tres meses, pero puede durar hasta diez meses», dijo el funcionario.

En esta primera semana de agosto, el SNE y la empresa estadounidense Lipman Produce María Dehrigen contrató a 60 hombres y 8 mujeres.

Uno de los enviados de la empresa les explica a los aspirantes que el trabajo es duro y que no van a Estados Unidos a «tirar rostro».

La jornada laboral es de seis días y el día de su descanso la empresa lleva a los trabajadores a realizar sus compras de la despensa y a realizar los envíos de remesas a sus familiares.

Si quieren divertirse en su único día de descanso lo harán en sus cuartos y no en la calle.

Los 68 escogidos por la empresa partirán del 20 al 25 de agosto; viajarán solos hasta Monterrey, Nuevo León y en esa ciudad serán recogidos por los representantes de la empresa quienes los trasladarán a Florida.

Los gastos de los pasajes del transporte lo pagarán los jornaleros y cuando lleguen a Monterrey la empresa se los reembolsará, se les explicó en la entrevista.

El funcionario del SNE presume que Guerrero ocupa uno de los primeros lugares en exportar mano de obra a Estados Unidos.

«Tenemos cifras de las remesas que envían los jornaleros agrícolas a sus familiares pero por cuestiones de seguridad no las damos a conocer», dice.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en sus conferencias mañaneras que las remesas que envían los migrantes crecieron durante su gobierno.

«La verdad es un logro que no nos debe de alegrar porque eso refleja que hay más gente de nuestro país que se va a trabajar a Estados Unidos porque aquí no tiene opciones», indica Marisela.

«Yo no puedo estar en mi pueblo todo el año porque tengo que salir a trabajar porque si me quedó no tengo dinero para mantener a mi familia», agrega.

Cuenta que en su pueblo ubicado en la Montaña baja de Guerrero, si hay escuelas, agua, luz y centro de salud.

«Pero no hay trabajo», menciona.

La mayoría de las mujeres y hombres que solicitaron ser contratados para laborar en los campos agrícolas en Florida y en otras ciudades de Estados Unidos son de comunidades de los municipios de Chilapa y Zitlala.

Ambos municipios desde hace décadas son expulsadores de mano de obra barata a los campos agrícolas de los estados del norte de México y también a Estados Unidos.

Organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón documentaron las condiciones de explotación laboral de los jornaleros agrícolas de esta región de la Montaña baja de Guerrero.

Actualmente estos dos municipios, aparte de la marginación y pobreza en que viven sus habitantes, son azotados por la inseguridad y violencia.

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Filemón Ortega y la esperanza de un futuro mejor para su familia

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Filemón Ortega Marabel es originario de Rancho las Lomas, municipio de Zitlala, en la denominada Montaña Baja de Guerrero, y desde los siete años trabaja en los campos agrícolas de Sonora en la cosecha de pepino, jitomate y chile, ahora tiene 28 años y espera trabajar en Estados Unidos con la esperanza de un ingreso extra.

Filemón es parte de las 80 personas que esperan ser entrevistadas por el Servicio Nacional de Empleo Guerrero (SNEG) para obtener una vacante de trabajador agrícola en Estados Unidos.

Esta es la cuarta vez que Filemón se presenta en las oficinas del SNEG para obtener una vacante, las tres veces anteriores por falta de documentos, no cubrió los requisitos, pero tiene fe en que esta vez si pueda obtener un espacio.

Desde niño Filemón trabaja en los campos agrícolas, antes lo hizo para ayudar a sus padres y ahora para mantener a su familia, integrada por su esposa y tres hijos.

Antes, recuerda Filemón, cada nueve meses se iba con su familia a los campos agrícolas de Sonora, donde el pago era de 40,000 pesos por los nueves meses que trabajaron.

En su natal Rancho las Lomas como campesino y artesano gana 200 pesos al día.

“Si me quedo en mi pueblo gano 200 pesos al día y ahora si nos vamos al norte esperamos ganar un poquito más”, responde Filemón.

Esta es la primera vez que Filemón se va a Estados Unidos y espera que el pago sea mayor al de los campos agrícolas en Sonora. Su sueño es construir una casa para él y su familia.

El SNEG oferta 120 plazas para el corte de jitomate en los estados de Virginia, Florida y Carolina del Sur por un periodo de tres a seis meses.

De las 80 personas que entregarán su documentación y entrevistarán es posible que no todos queden. Faltará la valoración de la empresa contratante y una entrevista por parte de ellos.

Los trabajadores contratados comenzarán a laborar a mediados de agosto.

Filemón es parte de la población sin empleo. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empleo (ENOE), Guerrero registra 22,000 personas sin alguna ocupación laboral fija.

Este programa busca abatir el desempleo en México.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo se fue a EU para pagar el nacimiento de su hijo y una casa; su sueño terminó en el tráiler donde murieron 53 migrantes

El joven de 19 años y su tío Jesús partieron de Veracruz en busca de oportunidades. El endurecimiento de las políticas migratorias los hizo ajustar su plan y, pese a los riesgos, optar por cruzar la frontera escondidos en vehículos.


Texto y fotografía: Ana Alicia Osorio / Animal Político 

 

Hace seis años Pablo, siendo un niño, vio cómo su mamá se fue a Estados Unidos, hizo una vida allá y los ayudó económicamente para que no les faltara nada. Por eso creyó que, para pagar los gastos del parto de su hijo que está en camino, él podría hacer lo mismo. Pero las circunstancias son diferentes. Tanto, que el intento le costó la vida.

Los planes para irse comenzaron hace tres años, cuando pagó 15 mil pesos a una persona para que le ayudara con los trámites de la visa. Sin embargo, la pandemia comenzó y las citas para acudir a la entrevista se cancelaron. Así, las llamadas que él hacía para pedir informes le daban una fecha y otra. Quizá en 2023, le dijeron la última vez.

Por eso, cuando llegó la noticia de que tendría un bebé, la idea de irse “de mojado” comenzó. Él y su familia recordaban entonces las anécdotas que su mamá les había contado por teléfono, de cuando cruzó la frontera embarazada hace seis años. Por ejemplo, la forma en que brincó un muro, pidió apoyo y logró llegar a Florida, donde se estableció todo este tiempo.

Animado por su tío Jesús, la historia de su mamá y de muchos otros migrantes que han partido de Tlapacoyan, Veracruz, hacia Estados Unidos, Pablo Ortega Álvarez salió hacia allá. Murió el 27 de junio en un tráiler, donde 53 personas migrantes se asfixiaron.

Hoy, las fotos de Pablo y de Jesús reposan en un pequeño altar de la casa de Pablo. Ese día se fue llorando, pero feliz de reunirse por fin con su mamá —ahora a sus 19 años— y listo para estar tres años en Estados Unidos, para así pagar los 3 mil dólares que le costaba irse y el nacimiento de su hijo, una casa, un coche y tener ahorros.

Camino de migrantes

Jesús Álvarez, de 43 años, a diferencia de Pablo, ya había vivido allá pero soñaba con regresar. Su vida en aquel país acabó hace tres años, en épocas del presidente estadounidense Donald Trump, cuando “la migra” lo agarró y lo regresó a su natal Misantla.

Él, después de siete años, fue deportado justo en esa época, cuando el muro de la frontera se ampliaba para hacer más difícil el cruce ilegal y se ponía en marcha la política migratoria más restrictiva, que determina la expulsión inmediata de personas sin documentos y que las personas no pueden acudir a solicitar asilo a las vías regulares.

Esa política llamada Título 42 argumenta que los migrantes son un riesgo para la salud debido a la pandemia de COVID-19 y se convirtió en una forma de deportar a las personas migrantes de manera expedita: tan solo durante este año, casi medio millón de personas han sido expulsadas de Estados Unidos por esta política (473 mil 793), de acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El total de mexicanos que han sido devueltos de Estados Unidos este año es de 112 mil 298. El año pasado fueron 160 mil 689, de acuerdo con el boletín estadístico de repatriación de las y los mexicanos desde Estados Unidos del Instituto Nacional de Migración.

En mayo, una orden de un juez obligó a mantener el Título 42 vigente, mientras que activistas advirtieron que eso no disminuiría la migración pues las personas siguen buscando nuevas formas de cruzar hacia territorio estadounidense.

“El Título 42 no ha hecho nada para limitar la migración general en la frontera entre Estados Unidos y México. De hecho, esta migración está cerca de alcanzar máximos históricos, y es probable que el mantenimiento del Título 42 haga que las cifras continúen siendo altas durante algún tiempo”, señaló la asociación civil WOLA en un documento.

Y a pesar del Título 42, la migración continúa. Una muestra son Jesús, Pablo y los otros 51 migrantes que murieron en el tráiler.

Jesús fue quien le propuso a Pablo irse y, aunque primero pensaron en el desierto como la forma ideal para hacerlo, el riesgo que corrían los llevó a decidirse a irse “por la línea” (el sitio donde se cruza de manera legal la frontera), escondidos en automóviles.

Junto con ellos se iba a ir la mamá de Jesús y abuela de Pablo, pero los dolores en la muela y la diabetes (cuyos gastos eran parte de los motivos de Jesús para irse) hicieron que se arrepintiera. Ahora, espera de regreso los cuerpos de su hijo y su nieto.

La mamá de Pablo consiguió el “coyote” que les ayudaría a cruzar, pero a diferencia de lo que ha sucedido con otras personas de la familia que se van, ahora él no fue quien los recogió en México y los entregaría en su destino final, sino que los pasó de un lado a otro, de un entramado entre casas, lanchas, autos y tráileres que los llevó a su muerte. Nada de eso sabían cuando partieron.

WOLA advirtió que el Título 42 solamente incrementa los riesgos para las personas migrantes, quienes optan por ingresar a Estados Unidos por otros medios.

“Estos cruces son muy peligrosos: los hospitales de San Diego han informado de un alarmante aumento de muertes y lesiones por escalar la valla fronteriza, mientras que los ahogamientos en el río fronterizo se han producido casi a diario”, señala en el documento Tres consecuencias de mantener el Título 42.

Eli solo tiene 14 años y espera el hijo de Pablo. Mientras mira fijamente el altar, platica de las muchas veces que le pidió que no se fuera porque le daba miedo. Su papá iba y venía muchas veces de aquel país y desde hace varios años dejó de hacerlo, pues le dijo que el cruce era más peligroso, que había más vigilancia y que los riesgos eran muchos. Pero Pablo soñaba con ese auto, esa casa, esa moto, esas máquinas de tatuajes. Nada lo podrá tener. Dejó a una adolescente con cuatro meses de embarazo que no sabe cómo pagará los gastos del parto.

Quizá esos sueños los hubiera cumplido si se tuviera la reforma migratoria que presentó el actual presidente, Joe Biden, en su primer día en el poder, y que incluye una vía para la ciudadanía para 11 millones de migrantes que se encuentran de manera indocumentada en aquel país e incrementar los visados de trabajo. Sin embargo, esta reforma no ha avanzado.

Junto con las peticiones de darle celeridad, EU también ha presumido patrullas “conjuntas con México y Guatemala para capturar a más traficantes de personas”, así como escáneres y otros mecanismos de alta tecnología en la frontera. De esos mecanismos habla Eli, esos que su papá detectó y que hacía que le diera miedo el cruce de Pablo.

El trayecto de Pablo

Desde la casa de Pablo, Rosa, su hermana, revisa las últimas conversaciones que tuvieron, mientras las muestra a las cámaras. En sus contactos, lo tiene guardado como “El Triste”: una broma entre dos hermanos que eran cercanos, cómplices y que se cuidaron el uno al otro. “El Triste”, aunque cuenta que Pablo era muy alegre, bromista, que siempre estaba molestando al otro para hacerlo reír.

No le quedan muchos recuerdos físicos de él; un robo le quitó las máquinas de tatuar que usaba y que tanto le costó comprar, su ropa y todos sus artículos personales. Le queda pensar en la última voluntad, que fue despedirse con un cortejo de motos y la canción “Mi última caravana” sonando de fondo, la cadena que cuelga de su cuello y las conversaciones que permanecen intactas.

En esos mensajes se ve cómo viaja a Reynosa, Tamaulipas, las casas de seguridad a las que es llevado, la forma como intentó cruzar cuatro veces el Río Bravo y en una murió uno de sus compañeros migrantes, pero no supo quién era, porque cada vez que llegaban a un punto o una casa lo hacían con personas distintas a quienes no conocían.

En el último intento, el cuarto, logró cruzar en una lancha y un video lo muestra. Otro escondido en un vehículo confirma que estaba ya en territorio estadounidense. Creyeron que por fin estaba a salvo.

Pero entonces vino la mala noticia: irían a una casa y de allí se subirían a un tráiler durante tres horas. No sabían que eso pasaría y vino el miedo. Rosa le pidió que no se fuera hasta atrás porque tenía más riesgo.

“En Hiuston Ya estamos seguros” (sic), escribió a Rosa para intentar calmarla.

“Échale ganas recuerda mente positiva. Carnales hasta la muerte y siempre al millón”, le respondió ella.

Era el 20 de junio. Ese día, Eli se hizo el ultrasonido y vio que sería niño, Pablito, dice ahora. Se lo contó en una llamada por teléfono porque casi no sabe leer y escribir. Fue la última llamada porque le advirtió que les estaban quitando los teléfonos. De ahí silencio. Silencio. No hubo más respuestas.

“Era su esperanza de irse para allá, de hacer una vida mejor, su mamá lo estaba apoyando para hacer sus papeles, a irse y pues se fue. Me sentí angustiado pero pensé que lo iba a lograr, no pensé que pasara esto”, cuenta Alberto Ortega, su papá, quien comenta que el oficio de albañil deja alrededor de mil 500 pesos a la semana, lo que es insuficiente para una vida mejor.

La mamá de Rosa llamó al “coyote” que había contratado y él le aseguró que seguían en una bodega. Pero las llamadas siguieron y más, cuando el 27 de junio encontraron el tráiler. Después, no les volvieron a responder el teléfono.

El primero en ser identificado fue Jesús. Luego les avisaron que un joven con la CURP de Pablo estaba junto a él. Solo llevaba la CURP porque la tristeza y las prisas le hicieron olvidar sus demás documentos.

Su mamá viajó de Florida a San Antonio para verlo, después de seis años, pero no como esperaba: quería que llegara a su casa a instalarse, en el cuarto que recién había construido para él. En cambio, lo vio en el forense. Sin vida. Sin los sueños que buscaba cumplir.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

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Una llamada que no llega: los veracruzanos Yovani, Jair y Misael podrían estar entre los migrantes muertos en tráiler de Texas

1 de julio, 2022
 

Los habitantes del pueblo de San Marcos Atexquilapan en Naolinco, Veracruz, realizan una procesión por las calles, las imágenes religiosas y los rostros de Yovani, Jair y Misael encabezan el contingente. Desde que sus familias se enteraron que existe una alta posibilidad de que se encontraran en un tráiler donde 53 migrantes murieron y 15 más fueron hospitalizados, las oraciones no han parado.

Yovani tiene 16 años, su hermano Jair 20, y su primo Misael 16; los tres buscaban llegar a Estados Unidos tal como lo han hecho otras muchas personas de su pueblo para tener una mejor vida. Pero lo último que sus familias supieron de ellos fue un mensaje el lunes 27 de junio donde avisaban que iban a salir en un tráiler con rumbo a San Antonio, desde allí sus celulares no han vuelto a recibir los WhatsApp y sus tres primos que los esperaban en Texas nunca tuvieron contacto con ellos.

La noticia de que esa misma tarde un tráiler había sido localizado en San Antonio, Texas, con 67 migrantes hacinados de los cuales 51 estaban muertos- y dos más fallecieron en hospitales-, corrió como pólvora en el pequeño pueblo de apenas mil 700 habitantes que se dedican casi por completo a realizar calzado de piel. Muchas y muchos se apresuraron a mostrar su apoyo a la familia Olivares y desde entonces los rezos no han cesado debajo de la carpa negra que se instaló afuera de las casas de las familias.

Yolanda Olivares, mamá de Yovani y Jair, dice que ella solo quiere tener certeza sobre si sus hijos se encontraban en el tráiler y tuvieron un desafortunado desenlace, pero las autoridades no han sabido darle una confirmación oficial, por lo que han pedido a sus familiares de Estados Unidos que se muevan entre hospitales y dependencias, e inclusive pidieron que a ella les brinden los documentos para pasar al país vecino a hacer su propia búsqueda.

Yovani y Jair Valencia Olivares junto con su primo Misael Olivares se dedican, como casi todo Naolinco, un municipio en la zona montañosa central del estado de Veracruz, a la elaboración de calzado de piel; pero el dinero que obtienen les resulta insuficiente para pagar sus gastos y más con la pandemia que el precio de la materia prima ha incrementado mientras que las ventas han disminuido. Por eso muchos jóvenes migran a Estados Unidos y los vecinos cuentan que tan solo en la última semana han sido más de 20.

Por eso Misael tuvo que dejar la secundaria. Cuando empezó la pandemia le pedían tomar clases por internet pero no podía para pagar el servicio y optó por dedicarse a tiempo completo a cortar y coser la piel, lo que implica estar de pie o sentado todo el día mientras que la espalda duele, cuenta su mamá, Hermelinda Montero.

Como los ingresos seguían siendo insuficientes, Misael se sumó a la idea de irse a Estados Unidos para cumplir sus sueños: construir la barda trasera y así evitar que la casa de sus papás se inunde.

Al principio su mamá se negó. Pero no era la primera vez que salía del pueblo ya que frecuentemente trabajaba en otras ciudades como comerciante para completar el gasto y como sus primos y muchas otras personas se habían ido sin problemas a Estados Unidos, finalmente aceptó.

Cuando se fue, los adoradores nocturnos del Santísimo de la iglesia de San Marcos, se quedaron sin un integrante pues él era un ferviente devoto y parte de ese grupo que reza una vez a la semana y en días festivos. Por eso mientras peregrina su fotografía lleva la insignia roja y blanca que identifica a ese grupo, insignia que portan también las personas que cargan los cirios y encabezan los cantos para pedir por su bienestar.

Yovani y Jair, igual que su primo, eran religiosos. Al igual que él trabaja en el calzado entre semana y los fines de semana iban a la iglesia y a jugar futbol. Su abuelo Balbino les inculcó los tres gustos y les enseñó a hacer bien los tres.

El equipo en el que todos jugaban ganó el torneo pasado, cuenta el abuelo orgulloso, mientras muestra una fotografía de ellos y sus otros nietos con playeras del Chivas, el equipo favorito de la familia.

Pero el lugar donde esa foto fue tomada, en el que juegan cada fin de semana está a 20 minutos en carro y en ocasiones se les dificulta encontrar como llegar, por eso es que el sueño de Jair era ganar el dinero suficiente en Estados Unidos para construir su vivienda y comprarse un coche.

“Juntos se van y juntos regresan”

Jair les dijo que sus metas las lograrían cuatro años y entonces volvería a su pueblo. Así todos fijaron ese plazo.

“Decían que juntos se van y juntos regresan”, cuenta Balbino.

Ahora lamenta que no sabe cómo van a regresar, mientras pasa momentos de resignación creyendo que estaban en ese tráiler aunque no han sido notificados oficialmente y otros de fe en los que espera que regresen con bien.

El director de atención a migrantes del estado de Veracruz, Carlos Escalante Igual, señaló que se encuentran intentando averiguar las identidades de las víctimas veracruzanas en el tráiler, puesto que no han tenido confirmación de Estados Unidos pero que enviaron la documentación de la familia, quienes desde que se enteraron de la noticia se acercaron a su dependencia.

Desesperación 

Las familias están desesperadas. Ellas solo piden tener noticias y que sean pronto. Por eso colocaron un altar que estuvo unas horas fuera de la casa y otras al interior, con las fotografías de los tres.

“No tenemos ninguna información sobre ellos y yo siento que eso no es justo”, dice Yolanda, quien ya está cansada y sin dormir durante días.

Ella, cuenta, ya pensaba que todo el problema había terminado porque en la última comunicación sus hijos ya estaban en Estados Unidos y únicamente les faltaba el trayecto final. Pero ahora solo queda el silencio y la incertidumbre.

Hace tan solo unos días le empacó como única identificación posible su certificado de secundaria a su hijo Yovani esperando no tener que recurrir a ella y que, como le hicieron sus tres primos, hicieran esa llamada que tanto esperan aun recibir en la que les dicen que están bien y a salvo, en el lugar que los esperaban.

Pero pasan las horas y esa llamada no llega. Lo único que llega son las mil preguntas sin respuestas sobre lo que está pasando y el recuerdo de lo alegre que son sus hijos, lo sonriente que se fue Yovani y lo cercanos que ambos son.

Mientras llegan las noticias, decenas de familias del pueblo llegan a la casa, prenden veladoras y rezan por los jóvenes que hace menos de un mes empezaron a pensar en su viaje, un viaje que esperan no haya sido el último.

Varios niños entre seis y 10 años llegan a la tienda a pedir una veladora, les faltan 50 centavos para completar los cuatro pesos que les cuesta, pero le piden fiado al tendero porque le cuentan que ellos desean prenderla porque quieren que Yovani, Jair y Misa estén bien. Ellos se van con su veladora para encenderla.

“La fe es lo último que se acaba”, dice Yolanda.

 

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