Crisis migratoria: 13 mil personas preparan éxodo migrante en la frontera sur el 24 de diciembre

Un grupo de más de 13 mil migrantes preparan el inicio de una caravana masiva en Tapachula, Chiapas, ante la falta de atención del Instituto Nacional de Migración; exigen documentos para transitar libremente por el país.


Texto: Diana Delgado / Animal Político 

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo 

23 de diciembre 2023

 

Más de 13 mil personas migrantes iniciarán un éxodo el 24 de diciembre en Tapachula, Chiapas, ante la falta de respuesta de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) en sus trámites pues solicitan permisos para transitar libremente por el país para llegar a Estados Unidos.

En la caravana participan organizaciones como el Centro de Dignificación Humana A.C. y migrantes que desde hace meses están varados en Chiapas y han solicitado asilo, visas por razones humanitarias y formas migratorias pero no han tenido respuesta.

Luis Rey García Villagrán, director del Centro dijo en entrevista con Animal Político que la caminata iniciará alrededor de las 6 de la mañana por toda la costa chiapaneca con el objetivo de llamar la atención de autoridades y de la opinión pública para que se atienda las peticiones de los migrantes.

“Vamos a salir de Tapachula y vamos a tratar de llegar en el primer día a Huixtla que está a unos 42 km, ahí haremos un descanso para continuar los días siguientes. Viendo el contingente que somos, para mí no es caravana, para mí es un éxodo de la pobreza, un éxodo de la injusticia, un éxodo de menesterosos y de la gente más pobre porque esta región se ha convertido en una cárcel migratoria”, denunció.

De acuerdo con el defensor de derechos, entre las más de 13 mil personas que participarán el 60% son originarios de Honduras, Cuba y Haití; también hay de Guatemala, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú y Brasil.

Además de Mauritania, Mali, Bangladesh, Siria, China, El Congo, Guinea Bissau, la India y de países africanos. En total son 24 nacionalidades.

Del total, detalló García Villagrán, hay unas mil 300 personas en condiciones de vulnerabilidad, es decir, mujeres embarazadas, adultos mayores, niños, personas con discapacidad y algunos con enfermedades crónicas.

Agregó que caminarán hacia el norte del país pues la Ley de Migración contempla la figura del “rescate” con lo que les podrían entregar oficios de salida, sin embargo, este podría ser válido para la frontera más cercana, es decir, Guatemala “lo que equivale a una deportación, mientras que en otros casos les dan 20 días para llegar al norte lo cual es imposible al ir caminando”, explicó.

Tras hacerse pública la organización de la caminata, el activista aseguró que autoridades se acercaron a él para detener la salida y una de las propuestas es atender a las mil 300 personas en vulnerabilidad; sin embargo, el director del Centro de Dignificación Humana dijo que aunque lo están valorando, no confían en el resultado pues hay personas que han sido deportadas pese a que cuentan con documentación para el libre tránsito.

 

INM acusa falta de presupuesto; organizaciones presentan amparos

De acuerdo con un oficio que circuló internamente en el Instituto Nacional de Migración (INM) se anunció la suspensión de deportaciones y traslados de migrantes sin documentos por la falta de recursos económicos, en medio de un año que está batiendo todos los récords tanto de paso de migrantes por México, detención de personas sin papeles, así como de solicitantes de asilo y refugio

En 2023, el INM tuvo asignado un presupuesto de más de 1 mil 700 millones de pesos, sin embargo, el documento fechado el 1 de diciembre de 2023 y firmado por el comisionado Francisco Garduño, detalla que ante la falta de liquidez “se suspende el servicio aéreo para traslado de personal y migrantes para retornos asistidos, se suspenden los servicios de transportación terrestre para el traslado de migrantes irregulares y se suspenden las comisiones de AFM en el país”, entre otros puntos.

De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, que depende de la Secretaría de Gobernación, hasta octubre de este 2023 suman 588 mil 626 migrantes detenidos en territorio nacional; hasta 117 mil 217 detenciones más que en todo 2022, que ya era año récord, y casi 279 mil más –un 90% al alza– que en 2021, el primer año de la postpandemia.

Además de las detenciones, este 2023 también está siendo récord de solicitudes de asilo en el país. El pasado 20 de septiembre, Animal Político publicó que en apenas 8 meses las solicitudes de refugio ya habían sobrepasado las 100 mil y que, probablemente, sobrepasarán las 150 mil peticiones, lo cual rebasaría por mucho el récord histórico de las casi 130 mil solicitudes que se registraron en 2021.

Luego de que por falta de presupuesto dejaran de entregar tarjetas por razones humanitarias, organizaciones como el Centro de Dignificación Humana lanzó una convocatoria para que a partir del 12 de diciembre las personas interesadas se enlistaran para interponer juicios de garantía a fin de permitir la entrega de tarjetas u oficios de salida.

“Nosotros desde hace dos semanas hemos venido interponiendo juicios de garantía de manera gratuita y llevamos hasta el momento como 4 mil 600 interpuestos ante los Juzgados de Distrito y en estos días vamos por más, vamos a llegar a unos 7 mil”, dijo Luis Rey García quien aseguró que hay mucho más personas interesadas pero ni ellos ni la organización cuentan con recursos para el pago de copias que se necesitan para los trámites.

Hasta el momento, el juzgado tercero de distrito en Chiapas concedió los amparos para evitar la detención y deportación a sus países de origen y obligó al Instituto Nacional de Migración y a la Comar continuar los trámites de regularización iniciados, sin embargo, les negaron la posibilidad de transitar libremente por México.

El defensor de los derechos de las personas migrantes detalló en entrevista que esta resolución los protege “a medias” pues al no permitirles transitar los dejan en una condición de indefensión pues en Tapachula muchos no tienen empleo y viven en situación de calle; mientras que la Comar anunció que regresa de vacaciones el 2 de enero y migración no tiene presupuesto.

A esto se suma que muchas personas no tienen cómo comprobar el avance de sus trámites ante Comar porque les dan citas escritas en papelitos, no están por sistema.

“Son tácticas que utilizan ellos, por todo eso vamos a salir el 24 de diciembre, con amparos o sin ellos, si las autoridades se dan cuenta de la crisis que implica y deciden entregar los documentos, los podrán llevar mientras vamos caminando porque quedarnos en Tapachula es un suicidio”, dijo García Villagrán.

La crisis migrante en Tapachula, Chiapas

Organizaciones aseguran que Chiapas se ha convertido en un “tapón” para los miles de migrantes que buscan obtener permisos para transitar por México rumbo a Estados Unidos.

 

Esta situación ha causado una crisis humanitaria y que se presenten diversos problemas que han causado pérdidas de vidas. El Centro de Dignificación Humana A.C. calcula que en la frontera sur hay unas 60 mil personas que buscan transitar y que actualmente están varados en Tapachula, Ciudad Hidalgo, Metapa, Cacahoatán, Tapachula, Huahuetán, Huixtla y mapastepec, Pijijiapan y Tuxtla Gutiérrez.

“Imagínese que en Tapachula hay una población de 400-500 mil habitantes y con unos 60 mil migrantes que llegaron se hace inhabitable la ciudad, sin contar que la frontera sur es una de las zonas más olvidadas en materia de gobernabilidad, seguridad e infraestructura”, dijo a Animal Político el director del Centro de Dignificación Humana.

“Esto ha provocado un tapón, un nudo humano que está causando una una crispación aguda en esta frontera sur principalmente en la ciudad de Tapachula donde se encuentran cuatro oficinas de Comar, pero también hay una población que se ha infectado de una cultura del odio en contra de la migración y eso hace un caldo de cultivo perfecto para aumentar la tensión, es una pelea de pobres contra pobres”.

La cantidad de personas que buscan que las autoridades de migración les entreguen sus tarjetas para que puedan circular por el país sin el riesgo de ser detenidos ha provocado bloqueos, protestas, una estampida e incluso la muerte de migrantes que deciden continuar su camino en camiones de carga que se han accidentado o que aparecen abandonados en carreteras con las personas al interior.

El pasado 18 de septiembre de 2023 se registró una estampida en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de Tapachula, Chiapas, que dejó dos migrantes lesionados.

Los hechos ocurrieron luego de que más mil personas estuvieran a la espera de ser atendidas y un grupo intentata entrar “por la fuerza” al área de atención, informó Segob. Un día después, 2 mil migrantes se presentaron en las oficinas en espera de atención.

El 26 de septiembre, el INM reubicó a 8 mil 152 migrantes que se encontraban en las instalaciones de la Comar en Tapachula para para “despresurizar” las instalaciones y “evitar actos de violencia”.

Fueron llevados a Tuxtla Gutiérrez, Huixtla, San Cristóbal y Palenque, en Chiapas; a Villahermosa, Tabasco, y a Acayucan, Veracruz, en 189 autobuses y 73 camionetas tipo van, informó el Instituto.

A esta situación se suma la protesta en Huixtla, Chiapas, el 3 de noviembre, en la que 10 migrantes originarios de Centroamérica se suturaron los labios para protestar contra las autoridades migratorias mexicanas y exigir libre tránsito por el país en su ruta hacia Estados Unidos.

La caravana de más de 6 mil personas pidió a la Comar la entrega de un documento que aclare su estancia legal con lo que podrán evitar ser extorsionados por policías y dejarán de circular por zonas controladas por el crimen organizado al no tener que huir.

Días después bloquearon la carretera costera en el tramo Huixtla-Escuintla e instalaron un plantón en el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF). En ese momento, Irineo Mújica, activista y director de la organización Pueblo Sin Fronteras, acusó que el INM es insensible a la crisis migratoria.

¿En dónde está mi hogar? Adolescencias e infancias migrantes sin derecho a permanecer en México

Más de 70 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados han sido retornados a sus países de origen entre el 2021 y 2023 en Jalisco. Negándoles su derecho al tránsito libre y seguro, así como a continuar su proyecto de vida. Sólo tres personas menores de edad pudieron iniciar procesos de solicitud de refugio en el estado. 

Organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) reconocen que la política de deportaciones masivas de personas en contexto de movilidad humana y con necesidades de protección internacional alcanza también a las infancias y adolescencias.


Texto: Arleth Delgadillo, Iberia Campos, Nubia Ramírez, Oriana Rivero y Sarahí Flores / Zona Docs

Fotografía: Cortesía / Zona Docs 

13 de diciembre 2023

 

Johan de 19 años es un joven hondureño que fue deportado de Chiapas cuando aún era menor de edad. En aquel momento sólo su amigo acompañante logró cruzar el norte de la frontera mexicana y ahora se encuentra en los Estados Unidos.

Actualmente lo único que quiere Johan es tener una oportunidad para continuar con su proyecto de vida en el país que eligió para vivir.

Niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes se ven obligados a transitar por México tras salir de sus países de origen junto a sus familias o en solitario, huyendo de la violencia o buscando reunirse con sus familiares en Estados Unidos. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y a la Unidad de Política Migratoria, en enero del año 2023 se registró el ingreso de 6 mil 833 personas migrantes de entre 0 y 17 años.

México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de población migrante. La migración internacional desde distintos países del mundo hacia México ha sido impulsada por diversos factores como la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la reunificación familiar y, en algunos casos, la huida de la violencia y la inseguridad en algunas regiones.

Jalisco, según cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), es una de las 10 entidades con más alto grado de intensidad migratoria a Estados Unidos, y a su vez un estado de tránsito y destino para la población en movilidad humana y con necesidades de protección internacional.

Sobre este último dato, de acuerdo con el Diagnóstico de Movilidad Humana en Jalisco (2022) hay un aumento creciente de la población solicitante de la condición de refugiado o de protección complementaria que reside en Jalisco. Y es que, entre 2020 y 2021 se registró un incremento del 437% en las solicitudes de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) pasando de 603 a 3 mil 240 entre ambos años. Esta última cifra registrada representa el 4% de las TVRH emitidas en todo el país.

El 55% fueron solicitadas por población proveniente de Haití, el 10% a personas originarias de Venezuela, el 7% a población chilena, 6% a personas de Brasil, 5.5% a población cubana y el resto (cerca del 5%) a personas procedentes de Honduras.

 

Compromisos por cumplir

El actual Gobierno de México ha asumido el compromiso de “promover una migración ordenada, segura y regular”, así como “el reto de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes estableciendo una política humanitaria”. Especialmente de las poblaciones que viven una situación de riesgo o vulnerabilidad dentro de sus naciones de origen, para facilitar “su integración”. Como es el caso de las infancias y adolescencias en situación de movilidad humana o con necesidades de protección internacional.

Por lo tanto, los cambios establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México nombraron al Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) como el órgano gubernamental encargado de establecer instrumentos, políticas, servicios y acciones de protección de los derechos de esta población en el país.

En ese sentido, el SIPINNA declaró que los esfuerzos realizados por la federación, los estados y los municipios deben orientarse a la consolidación de subsistemas de Protección Especial, a través de Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes adscritos al Sistema DIF.

Bajo este contexto, el marco legal establece que las Procuradurías de Protección son la autoridad responsable de la determinación del Interés Superior de la Niñez, y por lo tanto, deben enfocar su total atención en garantizar -desde la no discriminación- que el Estado mexicano promueva, garantice y defienda los derechos de las infancias y adolescencias en México, sean migrantes o no.

Al respecto, Rosa del Carmen Ochoa, directora de Protección y Restitución de Derechos de la Procuraduría de Protección en Jalisco, afirmó en entrevista que tanto el Sistema DIF como la Procuraduría estatal tienen “la total responsabilidad de lo que les suceda a las Niñas, Niños y Adolescentes migrantes (NNA)”.

Frente a esta responsabilidad gubernamental e interinstitucional, las Procuradurías de Protección deben actuar de manera responsable bajo el marco de las políticas públicas federales establecidas en la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes en Situación de Migración.

De hecho, para facilitar la tarea al funcionariado obligado, el Instituto para la Mujeres en la Migración (IMUMI) elaboró el Manual de Capacitación para Autoridades de Protección a Niñas Niños y Adolescentes en Situaciones de Migración en febrero de 2022.

“La ruta señala qué es lo que le toca a cada autoridad hacer cuando se detecta a un niño, niño o adolescente en situación de migración, en caso de ser no acompañado se informa al DIF para que pueda asignar un Centro de Asistencia Social o algún albergue…Se tiene que entrevistar al infante, bueno eso es lo ideal, pero la realidad es que no es lo que pasa”, declaró Sandra Mejía abogada del IMUMI.

De esta manera, la ruta establece cinco etapas que buscan de forma puntual la protección y restitución de los derechos de las infancias y adolescencias en situaciones de movilidad humana, ya sea en contextos donde viajan acompañados o no acompañados.

Rosa del Carmen Ochoa subrayó que todas las dependencias de gobierno deben actuar bajo los mismos lineamientos y bajo el mismo enfoque de derechos de protección y restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana.

Esta guía contempla el monitoreo constante de los flujos migratorios tras el ingreso de las personas migrantes al país; en este proceso las Procuradurías de Protección son responsables de la identificación de las infancias y adolescencias migrantes.

Una vez identificadas las niñas, niños y adolescentes, el proceso continúa por medio de la designación de un equipo de trabajo multidisciplinario conformado por las áreas de psicología, medicina, trabajo social y jurídica quienes realizan una evaluación integral de cada persona menor de edad para establecer un plan de reintegración social.

Finalmente, la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes en Situación de Migración lleva como principal fundamento el cuidado del principio del Interés Superior de la Niñez, el cual implica la toma de decisiones efectivas que resguarden y garanticen los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

 

Protocolos de acción… ¡Ignorados!

Johan este año volvió por tercera vez a México, esperando no ser deportado nuevamente. Cuenta que “ya abandonó” su sueño de llegar a los Estados Unidos y lo único que desea ahora es asegurar su bienestar y obtener un trabajo “decente” en México.

 

Por ello, ha iniciado su proceso de solicitud de refugio, debido a que en años anteriores, encontrándose en la frontera de Chiapas, el estado siempre negó su entrada. Esto resulta contrario a los estatutos de la Ruta de Protección, la cual se rige bajo el principio de no devolución.

 

El derecho internacional obliga a los Estados a no devolver o expulsar a una persona a un estado donde exista la posibilidad de que su vida o libertad estén en riesgo inminente.

 

A pesar de ello, se estipula que “cuando la Procuraduría de Protección detecte que resulta necesario el retorno asistido en observancia del Interés Superior de la Niñez emitirá una medida de protección al Instituto Nacional de Migración para que este gestione el procedimiento de retorno”.

 

Sin embargo, ¿qué circunstancias y desafíos deben de sufrir las niñas, niños y adolescentes para dejar su país de origen y aventurarse en un proceso migratorio?

 

“Fue feo como me llegó a pasar todo el viaje… Por los carteles, porque pues lo secuestran a uno… Tuve mucho miedo” afirma Johan sobre su recorrido por la frontera vertical que representa México para las personas migrantes, debido a las condiciones de inseguridad que el país atraviesa.

 

Sandra Mejía, abogada del IMUMI explicó que en casos como el de Johan “se tendría que detectar si el niño o adolescente tiene necesidades de protección internacional, es decir, si viene huyendo. Las razones por las cuales las niñeces pueden estar huyendo y necesitan de la protección internacional por el regular es por crimen organizado, reclutamiento en narcotráfico, o violencia familiar”.

 

El Gobierno de México reconoce que en los últimos 4 años al menos 120 mil niños, niñas y adolescentes han sido contabilizados dentro de la ruta migratoria hacia los Estados Unidos.

 

Por su parte, de acuerdo con una nota realizada por le periodista Aletse Torres para ZonaDocs, el proyecto Inclusión Digna, un modelo de cuidados alternativos para la niñez y adolescencia migrante, solicitantes de asilo y refugiados impulsado por AVSI México en alianza con el albergue FM4 Paso Libre, Dignidad y Justicia en el Camino A.C. identificó que los perfiles más habituales en la niñez y adolescencia en contexto de movilidad son los siguientes:

 

  • Adolescentes provenientes de zonas urbanas huyendo de amenazas e inseguridad de las pandillas y con falta de protección estatal, ya sea directamente hacia su persona o hacia su familia.
  • Infantes que viajan acompañados por sus padres en una migración forzada de la familia nuclear.
  • Infancias acompañadas de su madre por eventos de violencia de género en sus países de origen.
  • Adolescentes indígenas no acompañados provenientes de comunidades rurales.
  • Adolescentes transgénero no acompañadas que han sido rechazadas por su familia y la sociedad homofóbica.

Los niños, niñas y adolescentes en flujos masivos que transitan por nuestro país, merecen, por encima del control migratorio de cualquier estado, tener un viaje digno, el respeto, protección y ejercicio de sus derechos.

Sin embargo, los esfuerzos realizados por las instituciones gubernamentales de Jalisco han sido limitados, pues resulta paradójico el número de jóvenes migrantes no acompañados que son repatriados a sus países de origen; esto a sabiendas de que existe un protocolo de acción que estipula el no retorno de las infancias.

Según datos del DIF Jalisco y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, proporcionados a través de solicitudes de acceso a la información durante 2021, 2022 y lo que va del 2023 se han recibido 226 notificaciones de infancias y adolescencias migrantes por el Instituto Nacional de Migración.

En el primer semestre de 2023, el DIF Jalisco contabilizó 92 notificaciones, es decir, 92 niñas, niños y adolescentes que requerían asistencia. De estos sólo 14 fueron resguardados y 78 continuaron su camino voluntariamente ya que venían acompañados.

No obstante, en el caso de las niñas, niños y adolescentes que viajaban no acompañados, “todos fueron retornados a su país de origen”, informó Rosa del Carmen Ochoa.

Esta situación resulta violatoria del principio de la no devolución, así como contradictoria frente al potencial riesgo del que podrían estar huyendo, pues como establecen las organizaciones los perfiles que mantiene esta población menor de edad dejan en evidencia los contextos de vulnerabilidad de los que vienen huyendo.

Rosa del Carmen Ochoa insistió que a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados “nos los dejamos continuar, no hay manera de que nosotros los dejemos continuar solos, porque los estamos exponiendo a un riesgo”.

Los registros del DIF y la Procuraduría de Protección han determinado que durante los años de 2021 y 2023 se han resguardado a 74 niños, niñas y adolescentes migrantes en calidad de no acompañados.

Rosa del Carmen Ochoa comentó que en promedio la edad de los adolescentes es de 15 y 17 años, por lo que de acuerdo a “su nivel de madurez” se les explica directamente las posibilidades de restitución de sus derechos:

 

  1. Regresar a tu país de origen debido a que después del diagnóstico inicial no se detectaron elementos de riesgo.
  2. Quedarse en México, pero sin conocer el tiempo de espera para una posible reunificación familiar.
  3. En caso de que en el diagnóstico sea detectado riesgo de vida para los NNA, solicitar calidad de refugiado en COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados).

Hace dos años retornaron a Johan a su país de origen cuando era un menor de edad, sin considerar que sólo le faltaba una semana para cumplir 18 años. Ninguna autoridad se encargó de evaluar su situación y, por ello, fue obligado a regresar a Honduras:

“Había un señor que nos iba a esconder, pero no teníamos suficiente dinero, entonces le dije a mi amigo que le iba a dar mi dinero para que lo escondiera a él y nomás a ver que cómo la hacía yo… Y me agarró migración”, cuenta su experiencia como si se tratara tal cual de una hazaña de historieta.

Sandra Mejía, reconoció que las autoridades mexicanas no están garantizando el derecho de las infancias y adolescencias a la no devolución y, por lo tanto, les retornan de manera masiva, sin considerar sus condiciones de riesgo y situaciones particulares:

“Lo que estamos viendo en la realidad es que las procuradurías no están haciendo diagnósticos conscientes y que están haciendo retornos masivamente. Son muy pocos los NNA que tienen la oportunidad de reunificarse en un tercer país, o de solicitar asilo en México”.

Por su parte, Rosalba Rivera coordinadora del área de infancia migrante en IMUMI,

refirió que hay una clara diferencia entre lo que establece la ley federal y los protocolos de acción, así como con lo que realmente sucede en la práctica de dichos manuales.

En el caso de Johan, él no sentía la disposición para compartir sus motivaciones de migración, pero, el simple hecho de que cada año busqué la forma de salir de su país podría significar que sus planes están fuera de éste.

Las niñas, niños y adolescentes también se ven obligados a tomar la decisión de emigrar, por lo tanto, cuando la autoridad decide ignorar o no prestar atención a estas condiciones no sólo violenta sus derechos, sino que les niega la oportunidad de vivir vidas más dignas y seguras.

“Un proyecto de vida en pausa”: niñas, niños y adolescentes que se quedan 

Las instituciones públicas y las Procuradurías de Protección deben garantizar los derechos de las infancias y adolescencias migrantes no acompañados que deciden quedarse en el país.

Según reportes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) durante el 2023, Jalisco ha presentado 427 casos de personas solicitantes de refugio en el estado. Al mismo tiempo, el DIF Jalisco reporta que durante el mismo año únicamente 3 adolescentes atendidos solicitaron la condición de refugiado.

Johan se encuentra frustrado, dice que en su tercera travesía para volver a entrar a México, había decidido que esta vez llegaría hasta Jalisco, esperando recibir una atención digna por parte de las oficinas de migración, puesto que, en Chiapas esto no fue así “es la primera vez que yo llego hasta aquí, y son igual de mala onda que en Chiapas”, confiesa.

“Hemos visto que se trata de procesos muy complicados, muchas veces las personas regresan frustradas de sus citas con COMAR porque no las atienden o porque les regresaron la documentación. Incluso, si pones una palabra diferente a como ellos lo piden te regresan el trámite y eso también causa miedo a las personas porque sienten que los pueden deportar”, explicó Sharon, voluntaria en el Refugio Casa del Migrante, espacio humanitario que ofrece sus servicios a la población en movilidad humana, así como aquella con necesidades de protección internacional.

Por otro lado, el proceso de restitución de derechos establecido por la Ruta de Protección Integral para aquellas niñas, niños o adolescentes que deciden quedarse en el territorio nacional continúa a la par de la construcción de un proyecto de vida independiente.

El Manual de Capacitación para Autoridades de Protección a Niñas Niños y Adolescentes en Situaciones de Migración, establece que el proyecto de vida independiente es aplicable a las y los adolescentes en situación de migración que se encuentran en cualquier modalidad de cuidado alternativo y están próximos a cumplir la mayoría de edad, asimismo, señala que el DIF y las Procuradurías de Protección son las responsables de ayudar al adolescente para diseñar su proyecto de vida, además de ayudarlo a desarrollar habilidades en el área laboral, social, relaciones interpersonales, vida cotidiana, educación sexual, vida en pareja, entre otras.

“Cuando los NNA migrantes no acompañados están por cumplir los 16 o 17 se les va preparando para su sustento independiente. Hay un departamento de proyecto de vida en la Dirección de Adopciones y Familia de Acogida”, agregó Rosa del Carmen Ochoa.

Johan tenía 17 años la primera vez que fue deportado, pero ¿por qué estos principios no fueron aplicables para él? Sandra Mejía del IMUMI reconoció que esto sucede porque no todas las autoridades están dando cumplimiento a los estatutos de la ruta de protección:

“Lo que pasa en la realidad es que no se les está apoyando. La procuraduría no está cumpliendo con estas medidas de protección para transición a la vida independiente, sino más bien es con acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, y por lo tanto son muchos los adolescentes que se quedan a vivir aquí en México” finalizó Sandra Mejía.

Por ahora, después de tres intentos, Johan sigue persistente en la búsqueda de su objetivo de una vida digna frente a los vacíos institucionales de los que sigue siendo objeto.

 

 

 

Este reportaje fue realizado en el marco del Bloque de Producción periodística convergente del Tec de Monterrey Campus Guadalajara, del cual ZonaDocs fungió como Socio Formador.

Migrantes hondureños perseguidos por agentes del INM pernoctan en Chilpancingo 

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

27 de septiembre del 2023

 

Integrantes de dos familias que salieron de Honduras y cruzaron la frontera de Guatemala con México, pernoctan hoy en Chilpancingo, pero tienen miedo de ser deportados.

Las dos familias fueron acogidas en la Casa del Peregrino que dirige el sacerdote y defensor de los derechos humanos Filiberto Velázquez Florencio.

Después de casi un mes de haber salido de su comunidad Las Entradas, en Honduras, un matrimonio y sus dos hijos deambulaban este martes por las calles de Chilpancingo sin tener a quien pedir ayuda.

Tenían mucha hambre y sed. «Andábamos caminando por la alameda (Granados Maldonado ubicada en el centro de Chilpancingo) y alguien nos dijo que había un lugar donde nos podían dar alojo y aquí llegamos», dijo el hondureño, de nombre Josué.

Relató que junto con su esposa y sus dos pequeños hijos sufrieron muchas penurias desde que decidieron salirse de su país en donde según él, la economía está mal.

«Hemos venido caminando por cerros día y noche, a veces sin probar alimento», indica Josué.

El hondureño dice que desde que la presidenta (Xiomara Castro) asumió el poder hay muchos problemas económicos en su país.

«Yo soy mecánico y no tenía trabajo, pero así como yo hay muchos que también se salieron de mi país», señaló.

Ante las nuevas medidas migratorias que ha implementado el gobierno de México, los indocumentados que logran atravesar la frontera sur del país sufren el acoso de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

«Varias veces fuimos acosados por migra pero afortunadamente logramos avanzar y ojalá podamos llegar a Estados Unidos y si no se puede nos quedamos en México a trabajar», afirmó Josué.

Mencionó que desde Chiapas hasta entrar a Guerrero los agentes de la migra los hostigaron. Estuvieron durante unos días en la aduana de la INM en Acapulco.

«Debo reconocer que llegando a Guerrero nos han tratado bien», refirió Josué.

 

En la frontera de Guatemala y México, Josué se percató de que cientos de personas de países centroamericanos y de Sudamérica lograron cruzar por los cerros.

«Durante el trayecto, a veces caminábamos hasta ocho horas diarias, cargaba a mis hijos quienes se enfermaron en Tapachula, Chiapas pero no les pasó nada grave».

Desde el desbordamiento de migrantes que logran cruzar México, el INM endureció los operativos para retener a los indocumentados.

Las dos familias hondureñas se trasladarán a las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para solicitar asilo humanitario.

Según el registro de la Comar, de enero a agosto de este año, recibieron 99 mil 888 solicitudes de asilo, de las cuales solo 12, 468 se resolvieron de manera positiva.

La mayoría de estas solicitudes de indocumentados son de gente de Honduras, Haití, Venezuela, El Salvador y Cuba.

Josué dice que en su pueblo natal, en Honduras, solo se quedó su mamá pero cuando él ya tenga asilo humanitario en Estados Unidos o en México, va ir por ella.

El hondureño cuenta que su hermana también se salió de Honduras y está en trayecto a Estados Unidos y cree que en cualquier momento ingrese a ese país.

Josué contó que en Tapachula trabajó de peón y que los patrones se aprovechaban pagándole menos salario que a los demás trabajadores bajo el argumento de que era indocumentado.

«Sé que aquí a los chalanes (peones) les pagan 250 pesos diarios pero a mí me daban 150 pesos», dijo.

El sacerdote Filiberto Velázquez, encargado de la Casa del Peregrino, afirmó que hay una persecución feroz por parte de los agentes de Migración contra los indocumentados y eso provoca que los que cruzan la frontera busquen rutas alternas para llegar a Estados Unidos.

«Por ese endurecimiento contra los migrantes Guerrero se ha convertido en una ruta alterna y está bien porque si la gente llega a Michoacán o Jalisco existe el riesgo de que caigan en manos de las organizaciones criminales», aseguró Filiberto Velázquez.

“Anhelábamos llegar a Estados Unidos”: cuatro sobrevivientes del incendio en el INM cruzan la frontera en busca de asilo

Procedentes de la Ciudad de México, donde estuvieron hospitalizados, los migrantes regresaron a Ciudad Juárez para ingresar a Estados Unidos, a casi seis meses la tragedia en la estación migratoria donde murieron 40 personas


Texto: Blanca Carmona / La Verdad 

Fotografía: Alicia Fernández / La Verdad 

20 de septiembre 2023

 

Cuatro migrantes extranjeros que sobrevivieron al incendio registrado el pasado 27 de marzo en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, cruzaron a Estados Unidos en las primeras horas de este 20 de septiembre.

 

Los hombres, quienes pidieron ser identificadas con las iniciales de sus nombres: Bryan Eduardo F.Q., de 27 años originario de El Salvador; Bryan Orlando R.F., de 26 años procedente de Honduras; Eliseo G.V., de 22 años, de Guatemala, y Stefan A., de 31 años originario de Venezuela, expresaron que su anhelo continúa siendo llegar al país del norte en busca de una mejor calidad de vida.

 

“Siempre anhelamos ingresar a Estados Unidos, lo vemos como un país de muchas oportunidades y que obviamente siendo licenciado (en su caso) pueda entrar en el área deportiva. Lo vemos como algo muy anhelado y con la ayuda de Dios va a ser posible”, dijo una de las víctimas que sobrevivieron al incendio donde 40 personas migrantes murieron atrapados por el fuego en la estación migratoria.

 

Procedentes de la Ciudad de México, donde estuvieron hospitalizados tras la tragedia, ellos se trasladan ahora a los estados de Colorado, Carolina del Norte, Dallas y otra comunidad en Texas. Este miércoles, unos minutos antes de las 7 de la mañana, llegaron al puente internacional Paso del Norte para cruzar la frontera.

Stefan, de Venezuela, sobreviviente del incendio en las Oficinas de Migración en Ciudad Juárez, se presenta ante la patrulla fronteriza para ser revisado e ingresar a Estados Unidos, este 20 de septiembre

 

Los sobrevivientes cruzan a Estados Unidos por la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas

Jalando sus maletas, y asistidos por personal de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), subieron la joroba del puente internacional y se detuvieron en la parte más alta justo donde acaba el territorio mexicano para colocarse frente a los oficiales del servicio de Aduana y Protección Fronteriza del Sector El Paso, Texas, a quienes les indicaron que cuenta con un permiso humanitario, conocido en inglés como parole.

 

Todas las personas entraron de inmediato a Estados Unidos. Otros sobrevivientes cruzaron la frontera antes, mientras algunos más aún permanecen en México.

Blanca Navarrete, directora de DHIA, informó que las cuatro personas y tres familiares de ellos recibieron un parole humanitario, es decir un permiso que el gobierno estadounidense otorga a las personas debido a una emergencia y una razón humanitaria urgente.

 

Las gestiones las realizó el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUVI) con apoyo de la organización de Las Américas, luego de que las autoridades estadounidenses mostraron lentitud en la respuesta para admitir a los sobrevivientes de la tragedia en Ciudad Juárez.

“Ellos aún continúan en seguimiento médico, de hecho, están ingresando también con medicamento, con sus recetas, algunos de ellos tienen una protección para quemaduras, otro para mejorar articulaciones. Entonces va a ser necesario continuar la atención médica en Estados Unidos”, explicó Navarrete.

Los sobrevivientes externaron sentimientos encontrados al dejar México e internarse a Estados Unidos, a donde buscaban llegar desde hace meses cuando salieron de sus países de origen, El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela. Lo lograron este miércoles, aunque ahora lo hicieron con secuelas físicas y psicológicas por haber quedado atrapados en un fuego que se propagó de forma muy rápida y sin recibir auxilio por parte de los responsables de la estación migratoria.

Dos de los sobrevivientes expresaron tener temor a no poder trabajar, debido a las secuelas que les dejaron las lesiones sufridas durante el siniestro.

Bryan Orlando estuvo casi dos meses intubado, los últimos 20 días consciente, porque sufrió quemaduras en el 20 por ciento del cuerpo, de segundo grado y tercer grado, así como quemaduras en la vía aérea.

Él presenta todavía un trastorno del plexo braquial – es decir en la red de nervios que envía señales desde la médula espinal hasta el hombro, el brazo y la mano–, que le afecta la movilidad del brazo y la mano del lado derecho, también presenta tos con una flema negra por el humo que inhaló, falta de sensibilidad en algunas partes del cuerpo y en otras un exceso de sensibilidad.

El hombre dijo que por su nivel académico ha laborado en trabajos que requieren esfuerzo físico, pero ahora está imposibilitado para mover su brazo y mano derecha.

El sueño de él es aprender el idioma inglés, obtener un empleo y terminar de recuperarse.

Sobrevivientes del incendio en las instalaciones de las Oficinas de Migración en marzo de este año, en Ciudad Juárez, caminan por el puente Internacional Paso del Norte para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos desde Ciudad Juárez hacia El Paso, Texas

Mientras que Eliseo, tiene quemaduras en ambas manos. Las más severas en la izquierda donde le fue colocado un colgajo de piel tomada de otras partes de su cuerpo y para evitar que le fuera amputada fue necesario “pegarle” la mano a su abdomen durante tres semanas.

Él presenta cortadas en ambas piernas pues los médicos estuvieron buscando un vaso sanguíneo viable para conectar la mano izquierda. También sufrió quemaduras en la vía aérea, dice que al precisar que trago el humo.

Además, sufre una sensación de molestia y enojo por lo sucedido, por el daño a su mano derecha.

 

“No quería yo quemarme, pero me quemé… no quería tener daño en mi cuerpo, verdad, pero es injusto porque me quemé. Donde me desmayé, no sentí cómo me quemé, vine a despertar en el hospital”, expresó.

 

Él estuvo internado 12 días en un hospital de Ciudad Juárez y dos meses y medio en un nosocomio en la Ciudad de México, actualmente utiliza una protección en la mano izquierda para cubrir la quemadura y el colgajo.

En la mano derecha se le hizo un trasplante de piel y tiene movilidad.

Eliseo también tiene temor de no poder volver a laborar por la condición de la mano izquierda.

Bryan Eduardo fue una de las personas trasladadas a la Ciudad de México y estuvo internado en dos hospitales. Permaneció un mes intubado porque sufrió una lesión en un pulmón, quemaduras de la vía aérea y presentó un daño renal.

No quería yo quemarme, pero me quemé… no quería tener daño en mi cuerpo, verdad, pero es injusto porque me quemé. Donde me desmayé, no sentí cómo me quemé, vine a despertar en el hospital”, expresó.

 

Él estuvo internado 12 días en un hospital de Ciudad Juárez y dos meses y medio en un nosocomio en la Ciudad de México, actualmente utiliza una protección en la mano izquierda para cubrir la quemadura y el colgajo.

 

En la mano derecha se le hizo un trasplante de piel y tiene movilidad.

 

Eliseo también tiene temor de no poder volver a laborar por la condición de la mano izquierda.

 

Bryan Eduardo fue una de las personas trasladadas a la Ciudad de México y estuvo internado en dos hospitales. Permaneció un mes intubado porque sufrió una lesión en un pulmón, quemaduras de la vía aérea y presentó un daño renal.

 

“Mi recuperación ha venido en poco presentó daño renal y está mejorando. Si de los exámenes que me he estado haciendo en el hospital gracias a Dios me ha salido positiva. Siempre la recomendación de los doctores por lo que ya pase, un doctor me dijo que los riñones estaban curados a un 90 por ciento pero que si llego a pasar una gripa, una diarrea o cualquier otra enfermedad… que no me dejen tomar medicamentos fuertes porque puede perjudicar mi salud”, expresó.

 

Stefan sufrió un paro cardiorrespiratorio cuando iba a ser intubado, se le practicó una pleura pulmonar, debido a la inhalación de monóxido, quemaduras en la oreja izquierda, afectaciones en la retina en el ojo derecho por el fuego y un golpe en la cabeza cuando perdió el conocimiento.

 

Él presentó úlceras a causa de la falta de movilidad mientras estuvo intubado.

 

“Fui dado por muerto”, recuerda S.A., al precisar que ya estaba dentro de una bolsa térmica acomodada en el piso del estacionamiento de la estación migratoria incluso con el rostro tapado cuando una mujer militar se percató que tenía signos vitales.

 

El hombre estuvo internado del 27 de marzo al 19 de abril, permaneció dos días fuera y regresó seis días más al hospital para una apendicitis.

 

El grupo de migrantes y sus familiares llegaron a Ciudad Juárez el 19 de septiembre provenientes de la Ciudad de México donde estuvieron hospitalizados, y ese día acudieron a la estación migratoria que se quemó, ubicada junto al puente internacional Lerdo-Stanton, para una sesión en la que pretendían cerrar un ciclo.

 

Al llegar a ese lugar, cuentan, personal de seguridad que vigila el inmueble los corrió, diciéndoles que ahí no pasó nada importante, solo “unos quemados”.

Morgues colapsadas y subregistro de personas desaparecidas en México complican búsqueda de migrantes

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México tiene un subregistro de los casos de migrantes desaparecidos, lo que dificulta que sus familias hagan búsquedas y tengan certeza de lo que les ocurrió.


Texto: Rosario Marina, Verónica Liso, Gabriela Villegas y Andrea Godínez /Animal Político

Fotografía: Andrea Godínez

“La situación de violencia que se vive en el país satura a las fiscalías y en muchos estados no hay recursos suficientes para el día a día”.

Jairo Hernando Vivas, experto en identificación humana del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF)

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) publica solo el 9.6% del total de reportes de migrantes desaparecidos que tienen las fiscalías en México. Este subregistro se halló al solicitar a las 32 fiscalías locales las cifras totales de migrantes desaparecidos entre 2017 y 2022, a través de pedidos de acceso a la información pública.

Tras recibir 26 respuestas, se concluyó que hay, al menos, un total de mil 270 migrantes reportados como desaparecidos ante las fiscalías locales, pero la cifra es muy dispar a la mostrada públicamente. La CNB solo ha contabilizado 124, en ese mismo periodo, es decir, una brecha abismal. Luego de insistir seis meses por una entrevista, la autoridad mexicana dijo que tenían alrededor de mil 300 inmigrantes contabilizados como desaparecidos en una base de datos, que se negaron a compartir porque está en una “fase de homologación”.

Una necropsia “bien hecha” toma de entre tres a seis horas completarla, pero algunas fiscalías locales en México solo tienen un médico forense para 12 horas y llegan a hacer hasta 10 necropsias. ¿Cuántos médicos forenses se requieren para los más de 50 mil cuerpos sin identificar en México? ¿Y cuántos se necesitan para devolver a las familias de Guatemala los restos de sus migrantes hallados muertos aquí?

Jairo Hernando Vivas, médico forense experto en identificación humana del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), cuenta la complejidad que hay en las fiscalías locales, más en las que tienen alto índice de muertes violentas, para tratar la crisis forense en México.

“Uno mira cómo están trabajando los colegas y no tienen el tiempo suficiente para hacer una autopsia, para dejar registro de toda la evidencia necesaria, no solo para la identificación, sino para la investigación del crimen. Entonces, también es entendible”, dice el médico. “Mirar los toros desde la barrera es fácil, pero ¿qué está ocurriendo en ese momento? ¿Por qué no lograron identificar estos cuerpos?”.

Estas mismas fiscalías locales, que tienen la custodia de los cuerpos, son las que deben enviar las carpetas de investigación sobre desaparición de personas a la Comisión Nacional de Búsqueda para completar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Cualquier ciudadano, periodista o integrante de una ONG que quiera consultar ese Registro Nacional para saber cuántos inmigrantes hay reportados como desaparecidos se topará con un abismal subregistro.

La CNB publica solo el 9.6% del total de reportes de migrantes desaparecidos que tienen las fiscalías en México. Este subregistro se halló al solicitar a las 32 fiscalías locales las cifras totales de migrantes desaparecidos en México, entre 2017 y 2022.

Tras recibir respuesta de 26 fiscalías, se concluyó que hay un total de mil 270 migrantes reportados como desaparecidos ante estas oficinas locales, pero la cifra es muy dispar a la mostrada públicamente. La CNB solo ha contabilizado 124, en ese mismo periodo, es decir, una brecha abismal entre el total de reportes de las fiscalías y lo publicado en el Registro Nacional. Sobre los migrantes desaparecidos y hallados muertos, las fiscalías respondieron a tener un total de 64, pero la Comisión Nacional de Búsqueda solo registró dos.

Para obtener estas cifras, este equipo de investigación envió 157 solicitudes de acceso a la información a gobiernos estatales y federales, e incluso a la misma Comisión Nacional de Búsqueda.

Además, sometió recursos de revisión con fiscalías como la de Nuevo León que, en un principio, alegó que le era “humanamente imposible” saber cuántas carpetas de investigación y reportes de inmigrantes desaparecidos tienen.

La CNB acepta que hay un subregistro en los reportes de inmigrantes desaparecidos 

Tras procesar los datos se llegó a la conclusión de que hay un subregistro en el Registro Nacional, mismo que aceptó la Comisión Nacional de Búsqueda.

Pero, ¿por qué existe un subregistro si la principal fuente de información de ese registro nacional son las fiscalías locales?

Se requirió a la CNB saber por qué las fiscalías estatales, en solicitudes de acceso a la información, respondieron que tenían reporte de mil 270 inmigrantes desaparecidos, cuando la cifra pública de su registro es de apenas 124.

Luego de insistir seis meses por una entrevista, la CNB accedió y dijo que tenían alrededor de mil 300 inmigrantes contabilizados como desaparecidos en una base de datos, que se negaron a compartir al decir que está en una “fase de homologación”.

“Nuestra cifra que nosotros manejamos en nuestra dirección de búsqueda de personas migrantes son alrededor de mil 300 personas, justamente caracterizando los casos de los que tenemos conocimiento y damos seguimiento y que luego se está haciendo su búsqueda”, mencionó Sonja Perkič, directora general de Acciones de Búsqueda de la CNB.

En entrevista para esta investigación, aceptó que existe un subregistro público en la RNPDNO y lo atribuyó a que los reportes hechos carecen de certeza y que esos datos “no tienen suficiente información para poder rastrear”.

Entonces, ¿lo que marca la base pública nacional es un subregistro?, se le cuestionó.

“Sí, de hecho nosotros estamos conscientes de este subregistro porque justamente es difícil rastrear la información. Te repito, son casos que estamos preparando y rastreando para tener una información certera”, dijo Perkič.

Retrospectiva forense: el reto de México de identificar los cuerpos de años anteriores a 2019 

Entre los más de 50 mil cuerpos no identificados en México, el MEIF no descarta que haya migrantes, pero saber a quiénes pertenecen lo hace muy complejo, considerando el rezago que tiene el país en atender la crisis forense.

“Nosotros partimos de cuerpos que no tienen nombre y, por lo tanto, no tenemos un indicio, poniéndolo en esos términos o sospecha alguna, de que se puede tratar de un migrante”, dice Jairo Hernando Vivas, médico forense experto en identificación humana del MEIF, y agrega: “Eso lo hace mucho más complejo y exigente”.

“¿Qué va a ser lo más difícil? Si bien es difícil trabajar o tener información de las personas dadas como desaparecidas en el país, mucho más difícil va a ser tener la de otros países”.

El MEIF trabaja para mejorar la información que recolectan y someten las fiscalías locales al hacer exhumaciones de restos hallados de 2019 hacia atrás. Ahora, trabajan con al menos tres fiscalías locales, las de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas, en un proyecto de identificación retrospectiva para estudiar los cuerpos que están sin identificar en las morgues.

En la entrevista aclara que ellos solo dan la metodología a las fiscalías e intentan hacer los match del ADN con nombres de las bases de datos de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. “Los dueños de la información siguen siendo las fiscalías estatales”, reiteró, y agregó: “Todo el tiempo tanto la información como el cuerpo sigue en custodia de las fiscalías”.

Sin embargo, el trabajo con las fiscalías se da con convenios, a los cuales estas no están obligadas a firmar o seguir. Por lo tanto, para trabajar con el MEIF deben confiar en la “voluntad política”.

Buscar desde Centroamérica

Cecilia Delgado Grijalva es una buscadora mexicana. Ella fundó Buscadoras por la Paz, un grupo de madres buscadoras de Hermosillo, Sonora, cuando desapareció su hijo, que tiempo después encontró muerto. Ahora busca también a su sobrino.

Una madre que sale al campo con un pico y una pala para darle, al menos, un descanso en paz a su hijo, es testimonio vivo de la grave realidad que atraviesa México. Pero, también lo es de la lucha y persistencia de estas mujeres que no dejan de buscar.

A ella acuden, por teléfono o redes sociales, madres de Centroamérica, Guatemalaen particular, para pedirle su ayuda.

“Tengo muchos casos en la página de madres que pierden a sus hijos en camino al sueño americano. Me hablan llorando, me dicen que estaba en un lugar cuando fue la última vez que se comunicó con ellas. Y nosotras no tenemos el acceso rápido a una búsqueda inmediata. Eso nos mata, no poderlas ayudar al 100%. Puedo ayudarles a difundir su ficha de búsqueda pero muchas veces están en otros lugares, como Tamaulipas, y no tenemos acceso. Y pues la verdad que siento su sufrimiento y más porque ellas no pueden estar acá en México”, contó Cecilia en medio de una búsqueda en marzo.

“Las vuelven a revictimizar cuando ellas piden su visa humanitaria para venir acá a buscar a sus hijos. Se encuentran con muchas trabas”, explicó. “Sufrimos lo que ellas están sufriendo y sabemos lo que es ese dolor”.

 

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

 

Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.

Trabajadoras agrícolas en Sinaloa: de ser blanco de violencias a la organización en sus comunidades

Aun con las dificultades y violencias que viven en el campo, las mujeres son quienes tejen redes, comunidad y aprendizajes. Organizan, gestionan, sostienen y demuestran que los procesos de toma de conciencia e incidencia también pueden originarse en contextos precarios o vulnerables.


Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Ilustración: Andrea Paredes (@driu.paredes)

31 de mayo del 2023

Chilpancingo 

 

Es sábado pasadas las 4:00 de la tarde. La anfitriona es Margarita Castro. Afuera de su casa en la sindicatura de Villa Juárez —a unos 40 minutos en auto de Culiacán, Sinaloa—, mujeres trabajadoras agrícolas se acomodan en varias filas de sillas plegables. Se alistan para ver un video sobre la vida en la montaña guerrerense que orilla a sus habitantes a migrar para trabajar en el campo, como muchas de ellas. Se alistan también para hablar sobre sus derechos.

Igual que sus invitadas, Margarita fue jornalera —esa era la denominación más común entonces— desde niña. Décadas después, se ha asentado en Villa Juárez y, en distintos niveles, incide en su comunidad. Hoy, por ejemplo, está colaborando con el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG) y con Leonor Tereso, académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), para llevar estos talleres sobre derechos laborales a más mujeres.

La historia que la llevó ahí no siempre estuvo marcada por el entusiasmo y la energía que hoy la caracterizan. Ella es originaria de comunidades oaxaqueñas. Nació en Acatlán de Pérez, casi en la frontera con Veracruz. Tenía entre cinco y seis años cuando migró por primera vez al campo con sus papás y sus hermanas, nueve de familia en total, después de que uno de sus hermanos mayores se fue a Sinaloa sin permiso.

Aunque tenía otro trabajo en Coatzacoalcos, el papá pidió autorización para ir a buscar a su hijo con la condición de regresar, pero le gustó el campo y que toda la familia pudiera trabajar. “Se le hizo fácil, me imagino”, relata Margarita. Llegaron al campo Alonso, que hoy ya no existe. Vivían juntos en una “cuartería” —como se conoce a las viviendas de trabajadores agrícolas—. En ese tiempo, eran una especie de galerones.

Margarita recuerda poco, pero tiene claro que se hacían incluso cuadrillas solo de menores de edad —“pitufos, así nos decían”— para que hicieran lo que les permitiera su capacidad física: arrancar hierba, amarrar, recoger basura y otras actividades no tan pesadas como el corte. Había contratiempos porque eran muy pequeños: materiales que se rompían, alguien que se lastimaba. Al principio, al menos pudo estudiar al tiempo que seguía trabajando, una cosa entre semana, y la otra los sábados y domingos.

Cuando estaba en cuarto año de primaria, su papá tomó la decisión de moverse otra vez. Margarita no se quería ir: “A pesar de la edad que tenía, yo sentía que no quería esa vida”. En aquel entonces, su sueño era estudiar para ser secretaria y trabajar en una oficina. Lloró y rogó para que la dejaran quedarse con su hermano, pero el papá no accedió.

La familia se fue a Sonora, a los cultivos de melón, sandía y apio. Ahí, comenzó a trabajar en el empaque. “Nos fuimos a San Quintín, regresamos a Sinaloa, y así andábamos, como dicen, siguiendo la zafra, de campo en campo nada más”, relata. Cuando ella tenía 14 años, llegaron al Valle del Vizcaíno, en Baja California Sur. Ahí conoció al papá de sus hijos y se fue con él a los seis meses de conocerlo.

Ese lapso, dice ahora, es uno que no quiere recordar. Hubo violencia física, verbal, psicológica, económica y laboral —no le pagaba aun cuando trabajaba en el negocio de ambos—. Por eso se separó de él. Con el pesar de que antes no había podido estudiar, y después de esa relación violenta, se dio cuenta de que tampoco quería esa vida.

Fue entonces cuando se separó —no sin antes prepararse—, y se fue para Villa Juárez. Recién casada, ya solo había trabajado en el campo por un tiempo, pero tuvo que volver cuando se quedó solamente con sus hijos, porque al principio, su expareja la amenazaba con no darle pensión. Decidió que el campo no era lo suyo, y empezó a trabajar en Culiacán como promotora, comerciante y empleada en un restaurante.

Su mamá le aconsejó volver a estudiar, porque aún tenía la oportunidad y era joven. En seis meses, sacó la primaria, en otros seis la secundaria, luego el bachillerato en dos años y finalmente la licenciatura en Derecho, de la que egresó en 2020.

Cuando se separó y se instaló en Villa Juárez, se dio cuenta de que a sus hijos les hacía falta una escuela. Le daba tristeza verlos caminar a una muy lejana, donde además a veces podía llevarlos y otras no. No quería para ellos la infancia que ella tuvo. Fue así como empezó a gestionar la Escuela Sinaloa, que ahora queda casi enfrente de su casa. Fueron tres años de ir y venir.

“Fue un logro que, como mujer, me siento un poco satisfecha en ese aspecto, que lo inicié como una necesidad propia en mi familia pero que benefició a toda la población de este sector. Fue una escuela récord, es lo que nos dijeron las autoridades, porque nació con 505 niños desde primero hasta sexto”, recuerda Margarita.

“Nació completa con dos grupos (por grado); de hecho, cuando iniciamos nos dieron la clave pero no teníamos ni el terreno ni la escuela, iniciamos en casas. Aquí en mi casa hubo los dos primeros, uno afuera, que tenía una lámina, y el otro allá adentro. En otras casas, nos prestaron para los otros grados”.

Con la presión de las madres y padres de familia, finalmente el gobierno del estado construyó las aulas, aunque de lámina negra, en el predio que hoy ocupa la escuela. Estuvieron seis meses en las casas y seis meses en los salones improvisados. Entre todas, salió la idea de llamar a la prensa para evidenciar el estado de la escuela y a los 15 días, el gobierno puso la primera piedra. En el siguiente ciclo escolar, quedó lista.

Hoy, Margarita tiene un puesto administrativo en la UAS, es gestora social y se dedica a apoyar a otras mujeres. “Hago actividades que a lo mejor no son parte de mi trabajo, pero las realizo con gusto: gestionar servicios públicos para las colonias; ahorita traemos un proyecto de entre 12 y 15 que no tienen servicios aquí en la comunidad, que es agua, luz y drenaje; los estoy apoyando, asesorando y acompañando”, relata. Además, estudia una segunda licenciatura en Estudios de Género.

Villa Juárez, que pertenece al municipio de Navolato, tiene aproximadamente 60 colonias entre las que hay población proveniente de toda la República e incluso, de manera más reciente, de Centroamérica, apunta Leonor Tereso. Además, hay poblaciones indígenas y otras de la propia entidad. La mayoría se dedica al trabajo agrícola pero también desarrolla otros empleos en sus tiempos libres. En el caso de las mujeres, particularmente la venta de productos.

Cada año —según lo han registrado activistas y académicos—, hay una o dos nuevas colonias en Villa Juárez de personas trabajadoras agrícolas migrantes que deciden asentarse. Hasta ahora, no hay un censo confiable del crecimiento de la sindicatura. Lo que sí se sabe, admite Tereso, es que, por parte de las autoridades, no existe la capacidad para atender las múltiples necesidades que genera, empezando por los servicios públicos.

Incluso, hay algunas que hasta hoy tienen más de 10 años sin algunos de ellos, como recolección de basura o suministro de agua y luz. Además, las escuelas no se dan abasto; hay niños que no estudian porque los centros educativos no son suficientes. Tampoco hay un centro de salud o seguro social. La única forma de tener acceso a ese servicio es ir a Navolato o a Culiacán, o bien, acudir a los pequeños consultorios particulares.

La proliferación de los campos de empresas de procedencia asiática, así como las nuevas tecnologías de uso de suelo y aprovechamiento de clima que permiten que en muchos campos se den hasta tres épocas de cosecha y se diversifiquen los productos propician que haya trabajo todo el año. Ese cambio ha influido en que se generen muchos más asentamientos, porque antes las personas migrantes agrícolas solo se desplazaban en una temporada específica.

Villa Juárez, Costa Rica, El Dorado y Villa Unión son solo algunas de las sindicaturas que forman parte de las 13 zonas de producción agrícola en Sinaloa, una actividad que caracteriza históricamente al estado. Las mujeres siempre han estado presentes en los campos, particularmente las afrodescendientes e indígenas. La feminización de la agricultura no apunta a que ahora sean más, sino a que, también en ese contexto, hoy ellas realizan trabajos que antes solo estaban destinados a hombres.

“Dentro de sus experiencias, comentan que antes no recogían la madera que sobraba una vez que se levanta el proceso de cosecha, sino que eso era para los hombres, pero en la actualidad ya las mujeres están prácticamente en todo el proceso de la agricultura. No nada más la colecta o la recolección, sino también algunas son apuntadoras —quienes contabilizan el trabajo de cada persona—, riegan el campo o detectan plagas, o se dedican al empaque y a semilleras, realizan diferentes actividades”, abunda la académica.

Sin embargo, sí prevalece un proceso de “etnicización” del trabajo agrícola: las oportunidades para las mujeres indígenas migrantes son diferentes que para aquellas oriundas de Sinaloa. Son las últimas quienes regularmente pueden trabajar en empaques y en semilleras, con un contrato, salario fijo y seguro social. Mientras, las indígenas migrantes permanecen en el campo abierto de manera todavía muy marcada. A veces, esa diferenciación se hace simplemente a partir de su aspecto físico.

Aun con las dificultades que representan los nuevos asentamientos y las violencias que las mujeres viven en el campo, Leonor Tereso comenzó a preguntarse qué tan posible era que generaran procesos de empoderamiento a pesar de sus condiciones de vida. “Al darme cuenta de cómo se organizaban, gestionaban, construían y tejían comunidad, dije ‘Sí, el proceso de empoderamiento también se puede dar en esos contextos precarios, vulnerables’”, explica.

Falta de derechos y atropellos compartidos

Casi ninguna de las condiciones laborales que se muestran en un rotafolio durante los talleres dirigidos a mujeres trabajadoras agrícolas son respetadas, dicen ellas cuando se les cuestiona al respecto. “¿Cuáles son mis derechos?”, dice el cartel que Margarita Nemesio, del CECIG, sostiene frente al grupo. Algunos de los enlistados son contar con servicios de salud, recibir un salario fijo, tener un contrato, condiciones de trabajo seguras, vivienda, alimentación y pago por horas extra.

Cuando los primeros talleres llegaron a Villa Juárez, las mujeres migrantes agrícolas solían reconocer solo la violencia física. Sin embargo, cuando aprendían las características de los demás tipos de violencia, la mayoría decía haberlas experimentado. Poco a poco, en los procesos de incidencia, se hace más presente la percepción de las violencias, y es cada vez más frecuente hallar un nivel de concientización que las vuelve muy críticas y activas en conjunto.

De los 2.5 millones de personas que trabajan en el campo, 93.4% carece de contrato, 90.9% no tiene acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo y 85.3% no cuentan con prestaciones laborales, según cálculos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El 33.3% gana un salario mínimo. Las mujeres acceden en mucho menor medida a esos derechos.

Sin embargo, a veces también existen contradicciones. Aun cuando el trabajo agrícola es un espacio donde se ejercen violencias de todo tipo hacia las mujeres, económicas, psicológicas y físicas, incluso reconocidas por ellas mismas, no solo se normalizan, sino que no existen otras opciones de trabajo con las mismas características.

Para las jefas de familia, los esquemas conocidos como “saliendo y pagando” —recibir el salario cada día al acabar la jornada— pueden llegar a ser convenientes, porque les permiten la flexibilidad, por ejemplo, de no asistir cuando por alguna razón extraordinaria tienen que cuidar a sus hijos. Del mismo modo, hacen posible la movilidad entre empresas cuando las condiciones no les son favorables o las maltratan, explica Tereso.

¿Qué ha ayudado en Sinaloa a minimizar las violencias? “Las redes que forman entre ellas mismas, esas redes de reciprocidad. Dado que no tienen familias aquí en Villa Juárez, ellas forman esas redes de amistad que son de las que se valen para las diferentes problemáticas que tienen, y llegan a ser tan fuertes porque incluso algunas han compartido la vivienda durante muchos años. Entre ellas también se generan, por lo tanto, muchos aprendizajes”, agrega.

A lo largo de los talleres, pueden encontrarse historias y reclamos múltiples. Susana, de 45 años, ha trabajado por mucho tiempo en el campo, primero en una empresa agrícola en Jalisco, su lugar de origen y donde conoció a su esposo, que era de Veracruz, con quien después se fue a Sinaloa. Nunca le dieron las mismas facilidades por considerar que provenía de un estado no migrante. Finalmente, en Veracruz le hicieron un acta de nacimiento falsa para poder ser tomada en cuenta.

Después de separarse, regresó a Jalisco, pero extrañó el campo. Cuenta que inicialmente, llegó al trabajo agrícola porque era la única opción de trabajo; así lo hizo durante 12 años, en Jalisco trabajó durante 10 en otro sector, y finalmente terminó en Sinaloa. Ahí trabaja en un cultivo de chile morrón, como apuntadora. Vive con una malformación congénita en la mano y gana 375 pesos diarios.

Se separó de su esposo por las violencias que él ejercía —dice mientras señala una cicatriz de 11 puntadas en el brazo—, y él se quedó con la patria potestad de sus dos hijos, de ocho y seis años, que parió trabajando en el campo sin licencia de maternidad. Dejó de verlos durante 10 años, y los reencontró ahí en Sinaloa haciendo lo mismo. Tiene una carrera técnica de auxiliar contable, pero dice que auténticamente prefiere el campo por la facilidad para conseguir trabajo.

Susana vive con su pareja en uno de los cuartos contiguos al de Anayeli y Miguel, de 23 y 28 años, en la misma cuartería de la colonia Las Amapas. Anayeli está embarazada y comparte un espacio de dos por dos metros con su esposo y dos pequeños. Ella viene de Moyotepec, municipio de Malinaltepec, y él de Chilpancingo, Guerrero, a trabajar por temporada. A la familia no le facilitaron el pasaje para llegar al campo, como comúnmente se hace. Están ahorrando para regresar al sureste por cuenta propia.

Miguel ya había estado antes en Baja California, donde asegura, tuvo mejores condiciones de trabajo: seguro, guarderías, escuelas y niñeras. Aquí en Sinaloa, dice, mucho debe costearse con el sueldo propio. Seguro de salud no tiene porque está cobrando al día, “saliendo y pagando”. Gana entre 300 y 400 pesos diarios, según los baldes que saque de tomate. Anayeli ya no está trabajando porque su embarazo es de riesgo. No cree regresar para la próxima temporada.

Tere, de 54 años, viene de Durango. Está establecida en Villa Juárez desde hace nueve años. En su estado, dice, no había trabajo. Su esposo sembraba frijol, pero no alcanzaba y decidieron irse un tiempo a Sinaloa con sus cuatro hijos. Rentaban en cuarterías; después, compraron un solarcito e hicieron su casa propia. Su esposo, de 74 años, se cayó y se lastimó en el campo, así que desde enero es ella quien sostiene la vida de ambos. Trabaja de 7:00 a 2:00, de lunes a sábado o domingo, y le pagan a la semana por rendimiento.

“Me siento mal, a veces hasta ganas de llorar me dan, porque pues yo sola tengo que hacer todo el gasto. Tengo un hijo que vive ahí conmigo, está solo, lo dejó su mujer, pero no me da nada; nada más trabaja para él, y yo de todos modos le tengo que dar de comer, es mi hijo aunque no me dé. A veces sí me da tristeza, ahorita tengo que llegar y hacer de cenar para darles; llegué de trabajar, nada más me bañé y me vine”, cuenta Tere.

Elvira, de 40 años, es originaria de Puerto Escondido, Oaxaca, lugar que dejó desde los nueve años, cuando su papá se la llevó a Sinaloa con sus siete hermanos. Su mamá ya había fallecido. No tenía papeles, así que no pudo estudiar. Después, empezó a trabajar también en el campo deshierbando con la cuadrilla de niños. Ha estado en Chihuahua, San Quintín, el Valle del Vizcaíno y Hermosillo, pero ahora ya se quedó en Villa Juárez, donde vive con su hermana.

Elvira trabajó casi hasta el último día de su embarazo, y regresó al mes aunque tuvo cesárea. Ella sola saca adelante a su hija de nueve años, que está estudiando. No quería, pero Elvira le insiste: “Yo trabajo para que estudie, yo no tuve esa oportunidad; si la hubiera tenido, hubiera estudiado, le digo; en el campo es muy duro, mejor estudia, mientras yo pueda te voy a ayudar, y entonces vas a agarrar otro trabajo más fácil porque en el campo es muy pesado”. Sus jornadas son “saliendo y pagando”, y no tiene seguridad social.

Como población local, migrante por temporada o asentada en otro estado, cualquiera que sea su contexto y entorno, el acceso a un espacio laboral les da la posibilidad de ser trabajadoras agrícolas y realizar actividades que no están limitadas por su corporeidad ni sus habilidades, con las que adquieren un rol diferente al doméstico y generan un ingreso. Cuando, además, tienen otros conocimientos y pueden ser apuntadoras o asumir responsabilidades, se marca una diferencia.

“Pero son pocas las que la ven. Algunas sí, pero están tan en este entorno de violencia, del rol que te toca como mujer, que para ellas es ‘Termino de trabajar y ya’. Por eso es que cuesta trabajo que ellas mismas, aunque no todas, hablen desde estos sentires o momentos que las han colocado a tener que levantar la voz, y levantar la voz no solo es visibilizar las violencias que enfrentan, que van desde la comunitaria y familiar hasta las institucionales”, explica Margarita Nemesio.

Al mismo tiempo, algunas también llegan a tomar la batuta y exigir la garantía de mejores condiciones en sus lugares de trabajo. Eso las ha conducido a reconocer un valor agregado. “Como trabajadora, hay algo que me acuerpa, que son mis derechos, y cuando ellas los palpan, les da una trascendencia de fuerza interna, que además se permea por lo otro. Esa es la parte clave, porque no son solamente eslabón en sus familias, sino también en sus comunidades”, añade la activista.

Para ella, eso es especialmente significativo para la tercera y cuarta generación de trabajadoras agrícolas, porque quizá sus mamás o abuelas en su momento no pudieron levantar la voz. Cuando además son jefas de familia, su papel cobra mayor relevancia para el entorno comunitario, pues las cargas de cuidado se triplican. Todos esos factores se olvidan o quedan invisibilizados al no mirarlas más allá de su aporte económico, mucho más cuando se trata de mujeres indígenas que han vivido marginación y carencias sociales.

Como ellas mismas, las experiencias de las mujeres en el campo son diversas: por sus condiciones de trabajo, por los roles que asumen dentro y fuera, por su nivel de reconocimiento y conciencia de las violencias, por las circunstancias que las conducen al trabajo agrícola y por sus formas de organización, pero también por la mirada que tienen hacia el futuro. Ahí yace la posibilidad de perpetuar la vida en el campo o de desear un camino diferente para sus hijos, igual que el deseo de cruzar fronteras.

Eli, la esperanza más allá de la frontera

Eli nació en Chiepetepec, municipio de Tlapa, Guerrero. Sus papás ya tenían tiempo yendo al campo, y ella empezó a acompañarlos a los siete años, hasta que su papá prefirió que sus hijos estudiaran y optó quedarse en Guerrero. Eli tenía 25 años cuando decidió regresar a Culiacán, dice después de recordar cómo vivió su infancia allá. “Mal, mal, no me va —asegura—, aprendí a acostumbrarme aquí, aunque hace mucha calor”.

Recuerda que cuando era niña, le emocionaba cada vez que iban a regresar. Entonces, trabajar se sentía como un juego. Ahora es diferente, porque implica ir a trabajar de verdad. Su regreso también se debió a que se juntó con su pareja y decidieron que trabajarían los dos. Además, cuenta, en Tlapa la paga de los trabajos era muy mala. Ella atestiguó cuántas horas trabajaba el papá de su hija por la mínima cantidad que le daban.

En Culiacán siempre hay trabajo, y hay empresas que sí pagan lo justo, considera Eli. Está sentada en la banca de una mesa de madera afuera de los cuartos que tiene la empresa donde trabaja, al interior del campo. Junto a ella, su hija de cuatro años desayuna los chilaquiles que preparó esta mañana. Es domingo y le toca descansar. Como ella, ahora su hija también está viviendo su infancia en Sinaloa, pero va a la escuela instalada ahí mismo.

“Ya no es como antes, que nada más era trabajar y trabajar, ya los niños tienen más oportunidad de estudiar. Aquí no permiten trabajar a menores de edad, la empresa nos exige que los niños estudien; la niña está estudiando, lleva un deporte y así”, agrega. Regularmente, el día empieza a las 5:00 de la mañana: prepara a su hija y el lunch para ir a la escuela. Ella entra a trabajar a las 7:00 en punto, pero debe estar media hora antes en la explanada donde se reparte el trabajo.

Deja a su hija en la guardería y ellos se encargan de llevarla a la escuela. Ahora es tiempo de corte de chile morrón, así que casi todos los días se dedican a esa tarea. El día laboral termina a las 5:00 de la tarde, sobre todo cuando hay mucho producto o pedidos, aunque el contrato es de 7:00 a 2:00.

“No es obligatorio, pero sí te piden como de favor que te quedes hasta que se termine el corte, y sí nos hemos quedado hasta esa hora. A la hora que salimos, vamos por los niños y nos los traemos a nuestros cuartos. Ahí se termina nuestro día, y llegar a hacer la cena. Así es de todos los días, menos los domingos, que no son obligatorios”, relata Eli.

El sueldo base por día es de 260 pesos —cortando 72 botes de chile—, pero también se trabaja por destajo, por lo que ella ha llegado a ganar hasta 600 en una jornada. Antes de salir de Guerrero, firmó un contrato, que sobre todo asienta las reglas de la empresa. Ahí decía que habría igualdad. Sin embargo, la desigualdad y la discriminación están presentes, a veces incluso por parte de los propios trabajadores.

“Nosotros, como cortadores, somos los que andamos en los surcos, trabajando, a veces hay lodo y todo, y los estibadores son los que se encargan de escoger los chiles; ellos están todo el día ahí pero ganan lo mismo que un cortador. Dicen que es por porcentaje, dependiendo de lo que gane un cortador tiene que ganar el que está ahí, y a mí no se me hace justo porque los que andan corriendo son los que cortan y ganan lo mismo. Además, hay personas que llegan a gritar, que no los traigas verdes o no los cortes así”, cuenta Eli.

Ella se ha atrevido a decir que hablar es suficiente, que no ocupa que le griten o la saquen del surco para enseñarle como si fueran “peras y manzanas”. Las mayordomas, que son las encargadas de enseñarles y defenderlas, muchas veces se quedan calladas o favorecen a sus familiares y amigas con mayor pago aunque no hagan la misma labor. Eli trabaja con puras mujeres, pero hay un mayordomo general y a veces castiga a alguna de las mayordomas enviándola a donde no hay chile, particularmente cuando le señalan algo que está mal.

“Tiene igual preferencia, porque es mujer, y a veces ‘Porque eres mujer, tú no sabes’, esas cosas, y eso nosotras como trabajadoras nos damos cuenta, y a veces sí le intentamos decir algo pero ‘Es que ustedes no saben’, y ya mejor nos quedamos calladas —dice—. Si existiera realmente la igualdad para las mujeres, no decirlo de dientes para fuera, otra cosa sería porque son las que trabajan más; si realmente existiera eso, harían cosas mejores”.

Aunque antes solo iba al campo por temporada, los últimos dos años solo ha regresado por 15 o 20 días a Guerrero, porque además tiene a su cuidado a dos sobrinos adolescentes de 15 y 17 años, que tienen que seguir el ciclo escolar en Sinaloa. Este año se va a regresar definitivamente a Guerrero para no volver a Culiacán. Allá debe cuidar a sus papás. Tiene un tiempo que ya no está con su expareja, pero le gusta estar sola con su hija.

Además, está en busca de una mejor oportunidad para trabajar en Estados Unidos contratada en algún programa temporal. Quiere una vida mejor para su hija, diferente a la suya. “Lo mismo que mis papás querían, pero a veces uno como hijo, adolescente, joven, no hace caso, y a veces la vida nos enseña a madurar de diferente manera. Me tocó regresar aquí a trabajar como mamá, y no quiero eso para mi niña. Voy a buscarle por otro lado, y si dios lo permite, vamos a tramitar papeles para trabajar en Estados Unidos”, enfatiza.

Eli no conoce la historia de Maritza, la primera trabajadora agrícola que, junto con Adareli, presentó una queja en contra del gobierno de Estados Unidos en el marco del T-MEC, para denunciar la discriminación de género en contra de las mujeres que participan en programas de migración laboral temporal, que obtienen apenas un 3% de las visas en ese contexto. Como Maritza, espera que la promesa de una mejor paga valga la cantidad y las condiciones del trabajo.

A dos años de la presentación de esa queja, señala Evy Peña, directora de campañas del Centro de Derechos de los Migrantes (CDM), que acompañó el proceso, ha habido algunos movimientos, como pláticas con los gobiernos de México y EU, donde se han comprometido a proteger los derechos de las personas trabajadoras migrantes, así como un memorando de entendimiento que tiene previsiones sin precedente sobre género.

“Aquí la pregunta verdadera es ¿qué sigue? ¿Cómo le hacemos para que las previsiones contenidas en este memorando realmente tengan un impacto concreto en las vidas de las personas trabajadoras migrantes? Lo que sabemos nosotras que documentamos y defendemos los derechos de personas migrantes bajo estos programas es que están muy lejos de ser seguros. En realidad, las personas son explotadas y más que nada, la manera en que están estructurados facilita la explotación”, afirma Peña.

Luego de haberse atrevido a denunciar, Maritza solo espera que todas las mujeres que estén pasando por violencias y discriminación en el campo también lo hagan, porque si no, dice, no hay delito por perseguir. “A veces se queda en un número de folio, pero por lo menos ya dijiste algo, o dejaste algo, y si se van juntando más y más, va a haber alguien que sí ponga atención… Espero que todo esto toque el corazón de quienes están hasta arriba del gobierno y hagan algo, algo efectivo, para que esto deje de suceder”, concluye.

 


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

«Prácticamente nos esclavizó»: mujeres migrantes agrícolas hacen frente a injusticias

17 de cada 100 personas que laboran en el campo son mujeres, según la Encuesta Nacional Agropecuaria. Sin embargo, en los últimos seis años no han alcanzado ni el 3% de registro en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), único que sobrevive y destinado únicamente a la migración internacional. 


Texto: Marcela Nochebuena

Fotografía: Tlachinollan

 

Sin que parezca siquiera percibirlas, las moscas atestan sus pies descalzos. Inmóviles, como el resto de sus piernas, permanecen apoyados en unas sandalias de plástico. Hace casi tres meses que ‘Carolina’, a sus 27 años, no tiene movilidad en sus extremidades inferiores. Un día, trabajando en el campo, la sorprendió un dolor en la cintura hasta que ya no pudo levantarse. Sin seguro social, su esposo y su papá siguen trabajando prácticamente para pagar las cuentas médicas.   

‘Carolina’ y su familia nuclear viven en un cuarto de dos por dos metros, en el último rincón de la sindicatura de Villa Unión, Sinaloa —a unos 40 minutos de Mazatlán—. Adentro solo hay un colchón, utensilios de cocina y un par de arpillas con algunos productos del campo, más unas cuantas sillas. En un metro cuadrado más, sin techo, está el baño. ‘Carolina’ bebe un poco de té y caldo en silencio, y espera con resignación. 

Por el cuarto, un arrendatario que vive en Mazatlán les cobra 2 mil 500 pesos al mes. La cuenta del doctor particular, que no dio un diagnóstico certero ni mejoró el estado de ‘Carolina’, llegó a más de 8 mil pesos. También hay que pagarle 100 pesos diarios a un policía de tránsito para llegar al sitio donde su esposo y su papá encuentran a un empleador diferente cada día. 

En la región sur de Sinaloa, a diferencia de otras sindicaturas cercanas a Culiacán, como Villa Juárez y El Dorado, así es la dinámica para trabajar en el campo: de entrada por salida, cada día “cachar” la mejor oferta entre los empleadores que se congregan muy temprano en el estacionamiento de un supermercado a la entrada del poblado, con la única expectativa de llenar seis o siete arpillas —a 25 pesos cada una—. Si les va bien, ganan 200 pesos por la jornada.

“Estamos trabajando y estamos comprando medicamentos; es mucho dinero, se ha gastado mucho. Aquí casi cada quien trabaja por su cuenta nada más… los tres o cuatro meses que estemos aquí, nada más un día con un empleador y otro día con otro”, dice ‘Arturo’, esposo de ‘Carolina’, cuyos nombres han sido cambiados porque prefirieron dar su testimonio bajo anonimato.

Después de un rato, ella se anima a participar brevemente en la conversación. Desde los 16 años conoció el trabajo en el campo migrando junto con su familia. Ahora que enfermó, lo que más le duele son los pies y todavía no puede levantarse sola; su esposo y su papá le ayudan. No tiene mucha fuerza e incluso siente calambres cuando quiere pararse. Cuenta que un día, después de llegar del campo, ya no pudo caminar bien. 

Su papá relata que incluso han tenido que pedir dinero prestado, y eso solo para pagar las cuentas. A sus 62 años, ha trabajado desde los 15 en el campo. Vive en una casa a pocos metros de distancia, donde habitan cuatro adultos y tres niños, por la que pagan 3 mil 500 pesos mensuales. Igual que ‘Carolina’ y ‘Arturo’, además hay que pagar los servicios y la “cuota” del policía de tránsito. Un lunes, mientras casi anochece, su esposa cocina solo con leña al aire libre. 

 

Esa es la “mejor” vida que la familia fue a buscar a Sinaloa cuando decidió migrar desde Lindavista, municipio de Tlapa, en la montaña guerrerense, porque “allá no hay nada que hacer”, dice ‘Arturo’. La migración desde las comunidades de Guerrero es familiar —cada temporada o algunas veces de manera definitiva, viajan padres, madres e hijos juntos—, pero el papel de las mujeres ha permanecido invisible por décadas. 

 

En México, 17 de cada 100 personas que laboran en el campo son mujeres, según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019, del Inegi. En Estados Unidos, llegan a representar hasta el 32%, de acuerdo con el Centro de los Derechos del Migrante (CDM). Sin embargo, en los últimos seis años no han alcanzado ni el 3% de registro en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) —el único que sobrevive y destinado solamente a migración internacional—, de acuerdo con información proporcionada vía transparencia por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Para trabajar fuera del país, también son solo un 3% las que acceden a las visas de los programas temporales para trabajar en EU que tienen las mejores condiciones. Aun así, cuando las circunstancias lo permiten, son ellas quienes sostienen el trabajo de cuidados, construyen comunidad en los lugares de destino e incluso han sido pioneras en denunciar las violencias y la discriminación que enfrentan en el campo.

“Ese proceso de feminización de la agricultura es muy diferente, una porque las mujeres no trabajan sus propias tierras sino las de los agricultores que las contratan, y otra porque a pesar de que ellas lo hacen y les gusta ese acercamiento con el campo, hay un cúmulo de violencias laborales que incluso en algún momento se normalizan”, explica Leonor Tereso Ramírez, académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa que trabaja con mujeres trabajadoras agrícolas en la sindicatura de Villa Juárez.  

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria, el 46.1% de las mujeres que trabajan en el campo lo hace de manera no remunerada, mientras que de cada 100 productores, solo 17 mujeres son responsables de manejo y toma de decisiones en unidades de producción. 

De acuerdo con la experiencia de Leonor, las mujeres que llegan a darse cuenta de la violencia, no pueden hacer mucho frente a ella en contextos de precariedad laboral, que son mucho más complejos para quienes migran. Sin embargo, algunas han logrado levantar la voz incluso a nivel internacional. 

Maritza denuncia discriminación en el marco del T-MEC

Maritza es la primera trabajadora agrícola que, junto con Adareli, presenta una queja en contra del gobierno de EU, en el marco del T-MEC, por la discriminación de género en contra de las mujeres migrantes en programas de migración laboral temporal. La inconformidad se origina en la negación de trabajos, la asignación de roles con salarios más bajos y la exposición a violencias en sus lugares de trabajo.

Maritza, originaria de Veracruz, ha trabajado desde que tenía nueve años en diferentes empleos: niñera, trabajadora del hogar, comerciante o cualquier otro que se presentara para obtener algo de dinero. El 27 de mayo de 2018 fue la primera vez que salió del país para trabajar en el campo de manera temporal en EU. Fue por sus amigas que habían ido antes que contempló la posibilidad.

“Era pesada la labor de trabajar en campo, pero como yo estaba acostumbrada porque también he trabajado en fábricas… Al principio, no fue tan malo porque realmente donde vivo luego hago ese tipo de actividades, pero allá iba consciente de que iba a ser como nos dijeron ahí: 10 veces más trabajo, pero también mejor remunerado, aunque después me di cuenta que no era cierto”, cuenta en entrevista.

Unos minutos después, confiesa que la experiencia fue horrible desde el momento que pisó los ranchos de Alabama y Florida. “Llegamos, bajamos las maletas y nos dijeron ‘súbanse al camión porque ya vamos a empezar a trabajar’, todas emocionadas porque íbamos a empezar a facturar, como dice Shakira, íbamos a empezar a ganar dinero, pero ahí algo como que se quebró en el momento en que, ya arriba del autobús para irnos al trabajo, se sube un señor”, recuerda.

En el transporte, el hombre se presentó y les dijo que desde ese momento él era su patrón y el dueño de su vida y de todo lo que tuvieran. En ese punto, Maritza pensó que había ido a trabajar pero no a que la hicieran sentir como esclava. “Prácticamente nos esclavizó; en mi caso, por más de cinco meses”, lamenta. Maritza cumplió casi seis allá, en los que el sueño americano muy pronto se volvió pesadilla. 

No había equipo de protección personal para andar en surcos encharcados pizcando calabaza, chile morrón, tomate y pepino. Había compañeras de ella que, con los pies lastimados, no podían trabajar, y entonces tampoco les querían dar de comer. Trabajaban no de sol a sol, aclara Maritza, sino muchas veces desde antes de que saliera, y regresaban apenas para dormir, a las 10:00 u 11:00 de la noche. A veces, cumplían jornadas de hasta 12 o 15 horas.

Las camas donde dormían tampoco estaban en buenas condiciones. Había un solo baño portátil, que lavaban prácticamente una vez al mes, además de que solo podían usarlo entre 12:00 y 1:00 de la tarde, la hora de la comida, nunca antes. Aunque a las 6:00 de la mañana ya estaban trabajando, les llevaban agua casi hasta las 10:00. La comida era mala pero no podían dejarla, porque el empleador la cobraba a 4.26 dólares la consumieran o no. 

Algunas veces, ni siquiera les pagaban completo el sueldo, incluso una quinta parte de lo que realmente habían ganado. Con frecuencia, no entendían los recibos por completo, por las abreviaturas y las palabras en inglés. Maritza ganaba entre 150 y 240 dólares a la semana; trabajaba de lunes a domingo y frente a cualquier inclemencia del tiempo, incluso cuando les tocó un huracán.    

Además de los problemas generalizados, Maritza recuerda que los salarios no eran iguales para hombres y mujeres. A ellas les pagaban la caja o la cubeta de calabaza a 60 centavos, pero a los hombres se les llegaba a dar hasta un dólar. La intención de la queja, explica, ha sido pelear para que se vigilen las condiciones de trabajo y el respeto a los derechos que los contratistas prometen en México. 

Aunque con miedo, está convencida de hay que atreverse a denunciar cuando hay maltrato y discriminación. Estando allá, confiesa, también vivió acoso. “Lo único que me faltaba era que me violaran o me mataran, porque a ese grado llegó este señor, de llegar a amenazarme con nuestras familias aquí en México, con tal de que nosotras no dijéramos nada. Era trabajo forzado, no nos pagaban, no nos daban de comer; de todo lo malo, imagínese lo peor”, dice Maritza.

A lo largo de su vida, ha vivido situaciones que, luego de callar, han terminado repitiéndose. En EU, un día finalmente pensó: “Esto no es normal”. “Yo sabía que iba a una chinga y a una friega, pero que por lo menos me la iban a pagar en 800 dólares a la semana… Hubo veces en que no pagaban; yo, a pesar de no haber tenido experiencia de lleno en el campo, me convertí en una de las mejores empacadoras y sembradoras”, cuenta. 

Cuando tomó la decisión de ir al trabajo temporal en EU, fue porque las oportunidades laborales en su entidad eran muy mal remuneradas. La posibilidad de hacer un trabajo pesado pero transitar de pesos mexicanos a dólares fue una de sus principales motivaciones, pero la experiencia terminó definitivamente con cualquier ánimo de volver. De regreso en Veracruz, ahora se dedica a su hogar y al comercio.

“Llegamos a renunciar también, para que nos regresaran a México, y no nos aceptó la renuncia, nos dijo que no. Entonces, ya prácticamente a partir de ahí si ya estabas esclavizada, date por enterada que realmente estás en esas condiciones. Cuando una amiga me dijo que tenía un número (para denunciar), me acordé que estando en Matamoros, un señor me dio unos trípticos y me dijo que llevara un diario de todo lo que viviera, y eso hice. Cuando me decido a hablar, con miedo, es porque ya no aguantaba la situación”, relata Maritza. 

Aunque inicialmente esa llamada quedó en un número de folio, después se convirtió en la queja que aún está a la espera de alguna respuesta. El documento describe que a las mujeres no se les provee igualdad de oportunidades para solicitar visas de trabajo temporal H-2 y son generalmente excluidas de los programas H-2A y H-2B. Mientras que las mujeres representan el 32% del personal agrícola en EU, solo alcanzan un 3% de las visas H2A.

“La exclusión y discriminación son componentes estructurales de estos programas, arraigados en las preferencias de los empleadores, prácticas discriminatorias en el reclutamiento y contratación desproporcional. Las pocas mujeres que son admitidas en los programas H-2 son con frecuencia admitidas únicamente al programa H-2B, que no cuenta con prestaciones de vivienda gratuita o servicios legales financiados con fondos federales”, denuncia la queja.

Desde 2016, el Centro de los Derechos del Migrante, a partir de la documentación de años de discriminación hacia mujeres migrantes en programas de trabajo temporal —que se extiende a todas las industrias y tipos de visa— había presentado una queja en el marco del TLCAN. Por mucho tiempo no hubo respuesta, sino hasta un día antes de que entrara en vigor el T-MEC, y era solo un reporte que afirmaba que el gobierno estadounidense contaba con medidas para protegerlas de la discriminación.

Ese fue el impulso para presentar la queja que hoy sigue vigente. A diferencia del tratado anterior, ahora el tema laboral está incorporado dentro del T-MEC, y se menciona explícitamente la protección de personas trabajadoras migrantes y los derechos de las mujeres. Su importancia radica en que es un antecedente para establecer que el tema se está tratando con la seriedad con la que ambos gobiernos han prometido que se va a tratar, explica Evy Peña, directora de campañas del CDM.

Los hijos sepultados en el campo que no se cuentan

De vuelta en el campo mexicano, además de las mismas y peores condiciones y carencias que viven en EU, las trabajadoras agrícolas se enfrentan también a la posibilidad de que sus hijos mueran por enfermedad o accidente. Los recientes casos de 11 menores de edad hospitalizados y siete fallecidos en la sindicatura de Juan José Ríos, en Guasave, son solo la cara más visible de un fenómeno que con frecuencia queda oculto. 

En Villa Unión, Mazatlán, los propios trabajadores han sabido de cuatro niños que fallecieron de enfermedades respiratorias o gastrointestinales, que solo se identifican por el vómito y la diarrea. Uno de ellos es el nieto de ‘Arturo’. Un día ya no pudo respirar bien. Según cuenta su abuelo, lo atendieron primero en Villa Unión y después lo llevaron a Mazatlán; más tarde, incluso a Culiacán. “No pudieron hacer nada”, lamenta.

‘Arturo’ lo llevó de regreso a Villa Unión —cuando no tenía dinero ni para trasladarlo—, solo para enfrentar el problema de encontrar un lugar para enterrarlo y poder asumir el costo. Llevarlo de regreso a Guerrero era un gasto aún más alto. Por menos de un metro, pagó cerca de 3 mil pesos para enterrarlo en Sinaloa, a unos kilómetros del cuarto que renta con ‘Carolina’ temporalmente. El bebé de siete meses falleció en febrero.

“Por la enfermedad y porque lo operaron, le pusieron la manguera aquí —señala su cuello— y le dieron una inyección de 24 horas para revivirlo; no pudieron y ahí se fue”, dice ‘Arturo’. Es el segundo bebé que se le muere a su hijo de 21 años: el año pasado, otro de apenas un mes falleció, por enfermedad, en un campo en Río Florido, Zacatecas, a donde también han ido a trabajar temporalmente.  

A finales de abril de este año, en la zona de El Dorado, a unos 30 minutos de Culiacán, en las viviendas que están en el interior de uno de los campos, una niña enfermó y falleció más tarde en el hospital. En ese mismo lugar, varios menores de edad han padecido diarrea y vómito —representantes de la empresa y trabajadores asumen que se trata de un rotavirus—, mientras que otra permanece hospitalizada. Ahí al menos hay seguro social.

En otros casos, aunque los niños supuestamente ya no trabajan, mueren en las conocidas como “cuarterías”, conjuntos de pequeños cuartos de dos por dos metros; en cada cuarto, una familia completa. La mayoría tiene apenas un colchón, algunos utensilios de cocina con una pequeña parrilla y, a veces, una televisión. De Guasave al Dorado y a Villa Unión, el problema es que están ubicadas fuera de los campos y pertenecen a particulares.  

 

Autoridades del trabajo en Culiacán han admitido que la falta de regulación y el vacío de responsabilidad son un problema para evitar el fallecimiento de niños. Hasta ahora, tampoco estas tienen atribuciones para tomar medidas en esos lugares de vivienda. Dicen tener la expectativa puesta en que un posible acuerdo previsto para los próximos meses entre los gobiernos de Guerrero y Sinaloa pueda cambiar los marcos regulatorios. 

Un lunes a finales de marzo, en Tlapa, corazón de la montaña guerrerense, Paulino Rodríguez Reyes habla sobre su labor de atención y acompañamiento a la población jornalera agrícola que migra de un estado a otro, y a otros países, en el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. Acaba de colgar una llamada con ‘Arturo’. Adelanta la historia del fallecimiento de su nieto y la imposibilidad de trasladarlo para sepultarlo en Tlapa, que él confirmaría después de viva voz en Sinaloa.  

Otro niño —dice— falleció también apenas un día antes de la conversación. En suma, de enero a marzo, Tlachinollan registró tres muertes infantiles. “Sobre todo ha estado sucediendo en esas zonas agrícolas, donde la familia llega a un lugar donde no hay guardería, albergue para las niñas y niños, tienen que rentar las casas particulares en malas condiciones, y tienen que llevar a sus hijas y a sus hijos a los surcos porque no hay dónde dejarlos; esa es una de las situaciones que hemos documentado que es constante”, señala. 

Hace un año, la organización también registró varios casos por homicidio en zonas agrícolas —principalmente donde se paga al día, con diferentes empleadores— de Baja California, Chihuahua, Zacatecas y Michoacán, donde además opera el crimen organizado. El Estado debería garantizar los derechos laborales y la seguridad, subraya Paulino; cuando no lo hace, los dueños de las empresas abusan y explotan a las familias jornaleras, y ofertan condiciones que, ya estando en el terreno, resultan distintas.

Nada habla más de la impunidad de años en el fallecimiento de menores de edad que la historia de don Cruz y Agustina, originarios de Ayotzinapa, municipio de Tlapa. Ahora de 68 y 61 años, respectivamente, trabajaron por más de 20 en el campo. Hoy viven de manera definitiva en una casa de dos niveles en su comunidad de origen. Están sentados uno a cada lado de la ventana en el segundo piso; Agustina teje sombreros de paja, mientras don Cruz recuerda de manera pausada la historia que marcó a su familia 16 años atrás.   

Cuando empezaron a migrar a Sinaloa, su hijo Silvestre apenas gateaba; ahora tiene 23 años. Comenzaron en el corte de tomate, pepino y chile morrón, principalmente. El 6 de enero de 2007 llevaban también a su hijo David, de nueve años. Andaba con ellos recolectando jitomate en los surcos, porque en ese tiempo, “si aguantaban el balde, le entraban al trabajo”. Tropezó y el chofer de un tractor lo atropelló y falleció ahí mismo.

Al principio, la solución de la empresa fue que la pareja regresara a sepultar a su hijo en su comunidad de origen, incluso los llevaron. Les ofrecieron regresar una vez que levantaran la cruz. Estuvieron poco más de una semana en Ayotzinapa despidiéndose del niño, fueron de nuevo a Sinaloa y la empresa los volvió a regresar.   

Después, aun con miedo, decidieron demandar. Por un tiempo, don Cruz siguió migrando, pero en otra empresa, la de “los chinos”, como se le conoce a Buen Año. Aquella donde ocurrió el accidente nunca reconoció los errores del chofer. Con el tiempo, don Cruz y Agustina llegaron a tener siete hijos, y cada vez era más difícil llevarlos a todos a la temporada agrícola. Tampoco había con quién dejarlos, así que ella decidió quedarse en su comunidad. 

A sus gemelos más pequeños, de 14 años, prefirió meterlos a la escuela para darles otras posibilidades lejos del campo. “Ahorita no saben qué es el trabajo a donde van los jornaleros, no saben porque no han ido. Ellos no saben cómo se trabaja allá, cómo está allá en Sinaloa, cómo se sufre o qué es lo que hacen en el campo. Ellos no saben, nunca han ido, están estudiando”, dice Agustina.

El resto de sus hijos sigue yendo a Guanajuato y Sinaloa, por temporadas o de manera más definitiva. “Yo quisiera que no fueran, pero la cosa es que aquí no hay trabajo; uno tiene hijos y para salir adelante tiene que ir a trabajar porque aquí no hay. Ellos todavía tienen valor, y ganas, y están bien sanos”, dice Agustina. A ella y a su esposo, además, ya no los aceptarían por la edad.

En Ayotzinapa, siembran para su propia familia, pero no ganan nada. En tiempos más secos, Agustina teje los sombreros, pero advierte que no salen dos docenas por día, sino una o dos unidades. En su casa viven mejor. Uno de los aspectos que más recuerdan del campo es el hacinamiento de las familias en las viviendas. De la demanda, nunca supieron nada más. La empresa primero ofreció dinero, pero lo que ellos querían era el reconocimiento y la sanción de los hechos. 

Agustina le dice ahora a sus hijos gemelos: “Ustedes estudien, porque no creas que vas a ir allá (al campo) y no vas a trabajar, allá vas a sufrir porque desde temprano, a las 4:00 de la mañana, te tienes que levantar, y a estas horas no tienes tu salida, hasta las 7:00, 8:00 de la noche apenas, sol a sol. Ahora para que vayas y vengas, ya es noche; allá tienes que trabajar para que tengas, allá se sufre más, ustedes sabrán”. 

 

Para Margarita Nemesio, del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG), esas historias de vida marcan, pero también reflejan la fuerza de las mujeres al tomar decisiones como la de Agustina: “Ahora ellos son los que toman la batuta, de alguna manera moderada, en su comunidad… Es muy importante cómo se construye el tejido a partir de esas decisiones, pero también de vivencias que les han hecho enfrentar cosas que a veces son impensables, y que marcan, sobre todo cuando la justicia nunca les llegó”.

Las mujeres que viven dificultades y violencias en el campo, cargando además con las tareas de cuidado y la búsqueda de justicia, lo hacen en un contexto general en el que los programas sociales destinados a este sector benefician a pocos trabajadores agrícolas —y a muchas menos cuando se trata de ellas—, las autoridades no verifican las condiciones laborales de las empresas y el abandono de sus comunidades de origen se perpetúa desde hace décadas.  

 

Comienza repatriación de los cuerpos de migrantes fallecidos en estación del INM en Ciudad Juárez

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad, informó que el primer cuerpo en llegar a su país fue del migrante originario de Colombia; además, dio a conocer que hasta este viernes aún permanecen hospitalizados 16 migrantes con lesiones por el incendio


Texto: Redacción La Verdad 

Fotografía: Rey R. Jauregui / La Verdad

9 de abril del 2023

 

 

El proceso de repatriación de 25 de las 40 personas migrantes fallecidas durante el incendio en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, donde permanecían encerradas, comenzó este viernes, informó el Gobierno de México.

A través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que este proceso inició este viernes con la llegada del cuerpo de una de las víctimas mortales a Bogotá, Colombia.

Se trata del colombiano Julián David Villamil Arévalo, de 22 años, de acuerdo con la lista de víctimas fallecidas en el incendio del 27 de marzo en la estación migratoria que fue previamente difundida por las autoridades.

La dependencia informó también que siete cuerpos de personas originarias de El Salvador están en traslado terrestre, con acompañamiento de la Guardia Nacional. Se espera que este sábado estén cruzando la frontera por Chiapas.

Respecto a personas originarias de Guatemala, 11 cuerpos han sido identificados en Ciudad Juárez y se tiene programado su traslado aéreo para la próxima semana.

Además, familiares de seis migrantes hondureños fallecidos están en el proceso de identificación de los cuerpos y se programará un vuelo con destino a su país de origen.

En el caso de las víctimas de Venezuela, dio a conocer que el gobierno de ese país informó que el martes 11 de abril llegará personal especializado en huellas para el proceso de identificación. Este jueves familias venezolanas denuncian que el proceso para identificar y repatriar a sus víctimas mortales está paralizado y exigieron al gobierno de Venezuela que intervenga para llevar a los suyos a su país.

Hasta las 12:00 horas de este viernes, la Secretaría de Salud federal reportó que aún hay 16 migrantes que permanecen hospitalizados con lesiones generadas por el incendio en el INM. Siete de ellos están en Ciudad Juárez y nueve en la Ciudad de México, a donde fueron trasladado el pasado fin de semana.

En el IMSS de Ciudad Juárez fueron dadas de alta dos personas, por lo cual esa institución ya no tiene ningún paciente en sus unidades médicas.

En el ISSSTE hay otra persona y se espera su alta para la próxima semana. En la Secretaría de Salud de Chihuahua hay cinco pacientes graves y uno estable, fuera de riesgo.

En tanto que seis víctimas permanecen en al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (CENIAQ) y tres están en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), ambos de la Ciudad de México.

La dependencia informó que en atención a los familiares de las víctimas, tanto fallecidas como hospitalizadas, se cuenta con un grupo especializado de apoyo jurídico y psicológico, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Aseguró también que el Gobierno de México llegará a las últimas consecuencias para que los responsables de esta tragedia paguen por sus actos.

Reiteró que no habrá impunidad y quienes resulten responsables, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), deberán responder ante la ley.

VIGILIA EN MEMORIA DE MIGRANTES FALLECIDOS MONTADA EN EXTERIOR DEL CENTRO DE DETENCIÓN DEL INM EN CIUDAD JUÁREZ. FOTOGRAFÍA: REY R. JAUREGUI / LA VERDAD

Este texto es propiedad de La Verdad y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace. 

Protestan en oficinas de Migración en Acapulco para exigir la destitución del titular

Texto: Amapola Periodismo 

Fotografía: Cromática Agencia Fotografíca y Multimedia 

Chilpancingo 

 

Militantes de organizaciones sociales y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, protestaron afuera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), en Acapulco, para exigir la destitución de su director Francisco Garduño Yáñez.

Durante la protesta en la que estuvo el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, los manifestantes acusaron a Garduño Yáñez de ser el responsable de la muerte de los 39 migrantes durante un incendio en un albergue en Ciudad Juárez, Chihuahua, este lunes 27 de marzo.

“Fue un crimen de Estado”, “Justicia, castigo a los responsables”, “Las estaciones migratorias no son albergues, son cárceles”, se leía en las pancartas que los inconformes pegaron en las paredes de estas oficinas ubicadas en el Fraccionamiento Costa Azul de Acapulco.

Exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la repatriación inmediata de los cadáveres de los migrantes e investigación pronfunda para castigar a todos los responsables del incendio.

“No es justo que solamente se esté castigando a funcionarios de menor rango en el Instituto exigimos que se detenga todos”, dijo el sacerdote Velázquez Florencio, quien es presidente del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello.

“El Instituto Nacional de Migración utiliza con diferentes nombres estas estaciones migratorias, pero finalmente su funcionamiento es el mismo que es privar de la libertad a las personas, las encierran con candados y les quitan su movilidad”, dijo en el mitin el sacerdote.

También denunció que en su centro de atención tenía en calidad de refugiado a un migrante enfermo, a quien el INM se negó atender pese a necesitar ayuda médica.

“Esta persona es un migrante inglés que no puede hacer nada, está en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo”, sostuvo el cura.

Velázquez Florencio acusó al INM ppr su falta de humanismo con los migrantes centroamericanos.

“Nos quejamos de que en Estados Unidos tratan mal a nuestros migrantes mexicanos y aquí en nuestro país hacemos lo mismo con la gente de Centroamérica que viene de paso”, agregó.

Antes de que terminara el mitin, los normalistas gritaron consignas para exigir al gobierno la presentación con vida de los 43 desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi hija entró con vida y me la entregaron muerta”: Padres de niña migrante acusan negligencia médica en Hospital de Ixtepec, Oaxaca

Texto y fotografía: IstmoPress

29 de marzo del 2023

Ixtepec

 

Angie Stephanie Segura y Pedro Luis Estrada, son migrantes de origen ecuatoriano y están tristes, su pequeña hija de 2 años de edad de nombre Conny Valentina murió anoche y acusan de negligencia medica a los médicos y enfermeras del Hospital General de Ixtepec, Oaxaca conocido como “30 camas”.

“Mi hija entró con vida la noche del domingo y me la entregaron muerta”, dice entre llantos Angie, quién mira su teléfono recordando imágenes de su pequeña hija, quién tenía la ilusión de tocar la nieva, cuando llegaran a Nueva York, que era su destino final.

La madre de raza afrodescendiente relató que su pequeña hija comenzó a sentirse mal de la garganta, y ya no quería comer, por lo que el domingo por la noche la ingresaron al hospital, y al día siguiente los médicos le informaron que iba evolucionando adecuadamente, sin embargo ayer por la noche, le aplicaron una inyección en el suero llamada clendamicina, la cual consideran no es de uso pediátrico y pudo ser la causante del paro cardiaco.

Además su hija necesitaba una transfusión sanguínea y un traslado a hospitales civiles de Juchitán, Salina Cruz, Chiapas o al Hospital de la Niñez en la capital de Oaxaca, pero en el Hospital le dijeron que no se pudo por falta de cupo, lo cual lamentan los padres y responsabilizan de la muerte de su hija a las autoridades de salud.

“Es una pena que acá hayan personas no valoren a los migrantes porque no tenemos dinero, nosotros también somos seres humanos y tenemos derecho a una salud digna, pero a mi hija nunca la atendieron, solo la tenían con suero, nos dijeron que tenia anemia, y como no va ser, si tenemos 3 meses en esta travesía, a Ecuador ya no podemos volver, estamos amenazados de muerte”, narró la joven madre.

El padre de la menor, Pedro Luis Estrada dijo que hace una semana obtuvieron su permiso humanitario para poder estar en México durante un año, y lamentó que ahora su travesía será sin su hija.

Exigió justicia y pidió apoyo para que su hija pueda ser cremada y puedan llevarse las cenizas junto a ellos, debido a que a Ecuador y a Ixtepec ya no piensan regresar.

“Es doloroso todo lo que vivimos, estamos destrozados en vida con esta noticia, seguiremos nuestro camino sin nuestra niña, era nuestra única hija y la amábamos y cuidábamos mucho, mi esposa ya no puede tener mas hijos, hay esto que estamos viviendo es muy, pero muy triste”, contó.

Mario Vera, tío de la menor mostró videos de como el cuerpo de su sobrina comenzó a sufrir erupciones en su piel tras un día de estar hospitalizada y lamentó que por exigir salud digna personal de seguridad del hospital intentó desalojarlos.

“Estábamos desesperados, mi sobrina pedía ayuda estando en su cama, nos decía que no podía ir al baño, no podía hacer popó ni pipí, mi sobrina se hinchó y finalmente nos dijeron que le había dado un paro respiratorio, esto es una negligencia y vamos a denunciarlo”, agregó.

La pequeña Conny Valentina vivía en la colonia Doctores de Ixtepec, Oaxaca, junto con sus padres y tíos, quienes rentaban una casa particular, la cual dejarían esta semana para continuar su ruta hacia la frontera norte, la cual tendrá que esperar hasta que puedan tener en sus manos las cenizas de la menor.

Acudimos al hospital civil e intentamos entrevistarnos con la directora de esta unidad de salud, Yesenia Romero de la Luz, pero nos dijeron que se encontraba en la capital de Oaxaca, por lo que ningún personal quiso informar al respecto.

 

Actualiza INM cifra de migrantes muertos en incendio y revela nombre de hospitalizados en Ciudad Juárez

Quiénes se encontraban en la estación migratoria cuando ocurrió el incendio?, las autoridades migratorias dieron a conocer el nombre de los 68 migrantes alojados en su estación en Ciudad Juárez al momento de la tragedia y ajustó en 38 el número de migrantes fallecidos en incendio, es la tercera cifra que maneja en menos de 24 horas


Texto: Redacción de la Verdad de Juárez

Fotografía: La verdad de Juárez 

29 de marzo del 2023

 

Los nombres de las 68 personas extranjeras que se encontraban en la Estancia Provisional del Instituto Nacional de migración Ciudad Juárez cuando se originó un incendio la noche de este lunes 28 de marzo fueron revelados esta noche por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Esta información se dio a conocer a casi 24 horas de la tragedia que dejó 38 migrantes muertos, de acuerdo con la cifra proporcionada esta noche por el instituto, que primero informó que eran 39 y luego que sumaban 40 las víctimas mortales, aunque la primera cifra proporcionada por fuentes gubernamentales por La Verdad fue 41 personas migrantes fallecidas.

“Al final del recorrido que realizaron autoridades del Instituto Nacional de Migración por los distintos hospitales en los que fueron internadas las víctimas para su atención inmediata, se actualizó la cifra de personas fallecidas y se confirmaron 38 decesos” se cita a través de un comunicado, sin revelar quiénes son los fallecidos.

De la información proporcionada através de un comunicado de prensa se desprende que 10 aún se encuentran hospitalizados. Sin embargo el instituto no identifica en la lista a los migrantes fallecidos en el incendio.

El INM, de la Secretaría de Gobernación, informó que solo da a conocer los nombres de los que se encontraban en la estación migratoria “como un derecho humano”. Esto se hace por tratarse de una tragedia en la que, “garantizar el acceso a la información pública, ayudará a los familiares de las víctimas a conocer si uno de los suyos se encontraba en la estancia del INM”

A continuación se proporcionan los nombres y la nacionalidad de las personas reportadas por el INM:

 

Colombia

1. Julián David Villamil Arévalo

Ecuador

1. Jorge Luis Tumbaco Santiestevan

El Salvador

1. Andrés Fernando Calderón Carbajal

2. Brayan Eduardo Flamenco Quinteros

3. Carlos Alberto Pacheco Gutiérrez

4. Daniel de Jesús Varela Ramírez

5. Enrique Alfonso Melara Rivera

6. Inmer Onesi Molina Hernández (Hospital de la familia Femap)

7. José Amílcar Portillo Solórzano

8. José Pedro Rivera García

9. Marvin Armides García Pacheco (IMSS 6)

10. Milton Alexis Melara Melgar

11. Misael Antonio Aguilar López

12. Roberto Antonio Henríquez Evangelista

Guatemala

1. Bacilio Sutuj Saravia

2. Byron López Xol

3. Cristian Vidal Alexander Ventura Sacalxot (IMSS 6)

4. Cruz Ernesto Chich Marroquín

5. Diego Sau Guarchaj

6. Diego Tzaj Ixtos

7. Edwin Gilberto Ixpertay Macario

8. Eliseo Gutiérrez Valdez (Hospital de la familia Femap)

9. Elvis Adelmar Pérez Esteban

10. Enrique Coy Pop

11. Eyner Anibal García Dieguez

12. Fernando Pu Castro

13. Francisco Gaspar Rojche Chiquival

14. Francisco Javier Sohom Tzoc

15. Gaspar Josue Cuc Tzinquin

16. Gaspar Santiago Ixcotoyac Tum

17. Juan Fernando Quiñonez Montejo

18. Kevin Estuardo Cardona Lopez

19. Manuel Alexander Chox Tambriz

20. Marco Antonio Lucas Paiz

21. Marcos Abdon Tziquin Cuc

22. Miguel Rojche Zapalu

23. Miguel Sebastian Pedro Mateo

24. Raymundo Quib Tzalam

25. Roberto González Hernández

26. Rubbelsy Manrrique Pérez Rodríguez

27. Santiago Caal Tzul

28. Wilson Alexander Juárez Hernández

Honduras

1. Brayan Orlando Rodríguez Funes

2. Cristhian Javier Carranza Toro

3. Dikson Aron Córdova Perdomo

4. Edin Josué Umaña Madrid

5. Higinio Alberto Ramírez Torres (Hospital de la Familia Femap)

6. Jesús Adony Alvarado Madrid

7. José Alfredo Hernández Muñoz

8. José Ángel Ceballos Molina

9. José Armando Rivera Muñoz

10. Juan Carlos De Jesús Gómez (Hospital de la Familia Femap)

11. Juan Carlos Trochez Aguilar

12. Oscar Danilo Serrano Ramírez

13. Oscar Pineda Torres

Venezuela

1. Carlos Eduardo Rodríguez Cordero

2. Masculino Desconocido Sin Identificar

3. Eduardo De Jesús Carballo López (Hospital De La Familia Femap)

4. Jeison Daniel Catari Rivas (Hospital De La Familia Femap)

5. Jesús Eduardo Velásquez Perdomo (Hospital De La Familia Femap)

6. Joel Alexander Leal Peña

7. Orangel José López Guerrero

8. Orlando José Maldonado Pérez

9. Oscar José Regalado Silva

10. Rafael Mendoza Mendoza

11. Rannier Edelber Requena Infante

12. Samuel José Marchena Guilarte

13. Stefan Arango Morillo (Hospital de la Familia Femap)

Atrapados en incendio, 41 migrantes mueren en estación del INM en Ciudad Juárez

Los migrantes fallecidos se encontraban encerrados bajo llave en área de alojamiento temporal para personas del sexo masculino de estancia migratoria, reportaron fuentes consultadas; culpan de la tragedia a personal del INM, “son unos inhumanos“.


Texto: Rocío Gallegos y Gabriela Mijárez / LA VERDAD

Fotografía: Rey R. Jauregui

 

Un incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez dejó al menos 41 migrantes muertos y más de 20 lesionados, la noche de este lunes.

En el lugar, 37 hombres murieron presuntamente intoxicados por inhalación de humo y sus cuerpos fueron colocados en el estacionamiento del edificio del INM, cubiertos con colchas térmicas de aluminio, de donde fueron levantados por personal del Servicio Médico Forense. Otros cuatro fallecieron en un hospital donde recibían atención médica, durante los primeros minutos de este martes, informaron fuentes gubernamentales consultadas por La Verdad.

El siniestro se generó en el área de alojamiento destinada a personas migrantes del sexo masculino mayores de edad, que se localiza en las instalaciones del Instituto, ubicadas junto al puente internacional Lerdo-Stanton, frente a la Presidencia Municipal y a escasos metros del río Bravo, límite fronterizo con Estados Unidos.

Peritos revisan los cuerpos de migrantes cubiertos con colchas térmicas de alumnio

En esa área, que se encontraba cerrada bajo llave, había 68 migrantes hombres de Centro y Sudamérica, algunos de ellos retornados por Estados Unidos a México bajo el Título 42 y otros que fueron asegurados este lunes por agentes del INM en un operativo especial realizado en la ciudad para retirarlos de los cruceros viales donde limpian vidrios, venden dulces o piden dinero.

Alrededor de las 21:00 horas los migrantes se empezaron a inconformar porque durante todo el día no les habían dado agua para beber y tenían sed, se informó.

Las quejas subieron de tono hasta que presuntamente a las 21:30 horas prendieron fuego en el lugar donde se encontraban recluidos, esperaban que les abrieran la puerta, pero se comenzaron a intoxicar y a quemar, de acuerdo con datos preliminares de las investigaciones.

“La culpa la tiene migración, esto que está pasando es culpa de ellos”, dijo Vianey Infante, una migrante venezolana, quien esperaba la liberación de su esposo en el exterior de la estación migratoria cuando se desató el incendio.

La mujer contó que acudió al INM porque le dijeron que iba a soltar a su marido al comprobar ser parte de un núcleo familiar de migrantes, pero pasadas las 9:30 de la noche vio salir mucho humo del centro migratorio y que se comenzó a desalojar a las mujeres recluidas, menos a los hombres.

“Me asomé y me puse a llorar”, contó. Dejaron a los hombres encerrados en las celdas, nunca los sacaron, narró la mujer, quien por eso peleó con agentes del Instituto. “Son unos inhumanos”.

Entre el ajetreo de bomberos y paramédicos que atendieron el siniestro, Vianey se enteró que a su esposo lo trasladaron a un hospital con síntomas de intoxicación.

Las fuentes consultadas indicaron que la investigación de los hechos quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), donde la madrugada de este martes fue presentado el encargado de la Estación Migratoria, Daniel Goray Yosiaka, para rendir su declaración.

En un comunicado emitido la madrugada de este martes, el INM –que dependen de la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal– lamentó el fallecimiento de las personas migrantes extranjeras en estos hechos que consideró una tragedia y dio a conocer que interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes para que se investigue lo sucedido. Reportó de manera oficial solo 39 fallecidos.

El gobierno de Chihuahua y el de Ciudad Juárez guardaron silencio ante esta tragedia.

Los daños generados por el incendio se concentran en el interior de la sede del INM, en ese cruce internacional por donde reciben a expulsados de Estados Unidos, el exterior del edificio prácticamente no presentó afectaciones.

En el lugar peritos de la Fiscalía del Estado en la Zona Norte y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trabajaron hasta casi las 5 de la mañana de este martes en el levantamiento de los cuerpos. El lugar aún permanece resguardado por militares y elementos de la Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales.

TRASLADAS A LESIONADOS A CUATRO HOSPITALES

Mientras los bomberos se encargaban de sofocar el fuego en las instalaciones del Instituto y personal de Protección Civil, estatal y municipal, rescataban los cuerpos de los migrantes fallecidos, paramédicos de distintas corporaciones trasladaban a los lesionados a recibir atención médica.

De los rescatados con vida, 29 migrantes fueron traslados con lesiones o intoxicados a cuatro instituciones de salud en la ciudad, entre ellas al Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Cruz Roja, el Hospital General y al Hospital de la Familia, éste último localizado a unas cuadras de las oficinas del INM.

Cuatro de ellos murieron mientras recibían atención médica, se reportó.

En la estación migratoria se encontraban mujeres en condición de movilidad, una cantidad que no fue determinada esta noche; sin embargo, se dio a conocer que se encontraban en un área especial donde supuestamente no se registraron daños por el incendio, por lo que lograron ponerlas a salvo y fueron trasladadas a distintos albergues en la ciudad.

El Instituto Nacional de Migración informó también que se estableció comunicación y coordinación con autoridades consulares de diferentes países para implementar las acciones que permitan la identificación plena de las personas migrantes fallecidas.

El INM expresa su disposición para coadyuvar en las investigaciones de ley, a fin de que se esclarezcan estos hechos y aseguró que dará seguimiento a la evolución del estado de salud de quienes se encuentran hospitalizados y brindará todo el apoyo a los familiares de las víctimas.

De igual forma dio a conocer que se dio vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que intervenga en las diligencias de ley y de salvaguarda de las personas extranjeras.

Desde finales de 2018, Ciudad Juárez registra una concentración masiva de migrantes que se han quedado varados en espera de cruzar la frontera o que han sido expulsados a México por acciones de control fronterizo del gobierno de Estados Unidos.

 

Este texto es propiedad de LA VERDAD y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el originar en este enlace. 

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