La política del Título 42, establecida por la administración de Trump, ha incrementado las expulsiones de migrantes en la frontera de EU. El argumento de ese país de evitar problemas de salud pública ha generado una crisis humanitaria en territorio mexicano.
Mientras la Suprema Corte de Estados Unidos refrendó hace unos días el Título 42, que permite expulsar a migrantes de manera inmediata desde inicios de la pandemia argumentando motivos sanitarios, las devoluciones derivadas de esta política ya suman cerca de 2 millones y medio en casi tres años.
Durante los siete meses que aún correspondieron al año fiscal 2020 a partir del establecimiento del Título 42 en marzo, las expulsiones producto de esa política sumaron más de 200 mil. En el transcurso del año fiscal 2021 —de octubre de 2020 al mismo mes de 2021— alcanzaron 1 millón y una cifra similar se registró en el año fiscal 2022.
En tanto, en lo que va del año fiscal 2023 para EU —desde octubre pasado— ya se han dado más de 150 mil devoluciones amparadas por el Título 42, de acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP, por sus siglas en inglés).
Derivado de esto, según advierte la organización Human Rights First en su informe Mancha de derechos humanos, farsa de salud pública, presentado en diciembre, durante 2022 se registró la mayor cantidad de muertes —al menos 853— de personas que cruzan la frontera México-EU desde 1998.
Aunado a ello, la permanencia del Título 42 ha ocasionado que quienes migran escojan rutas cada vez más peligrosas, donde se encuentran a merced de grupos criminales que controlan esas zonas.
Hasta el 15 de diciembre de 2022, la organización contabilizaba 13 mil 480 reportes de asesinatos, tortura, secuestros, violaciones y otros ataques violentos hacia migrantes y solicitantes de asilo detenidos o expulsados a México bajo esa política desde que comenzó la administración del presidente estadounidense Joe Biden.
Entre algunos ejemplos que consigna, están el secuestro de una familia guatemalteca con niños por oficiales mexicanos, tras ser expulsados a Nuevo Laredo, para entregarlos al crimen organizado; el secuestro de un solicitante de asilo hondureño y su hija de cuatro años, quien fue golpeada y presenció la violación de su madre cuando les orillaron a esperar en Tijuana, y la violación de una mujer trans lesbiana por elementos de la policía mexicana en Piedras Negras, luego de que la CBP le negara la protección en el punto de entrada de Eagle Pass.
La salud pública como excusa
El 21 de marzo de 2020, la administración del expresidente Donald Trump determinó, a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19 en México y Canadá, que existía un riesgo serio de introducción del virus a EU y que la restricción del ingreso de personas de ambos países se requería por salud pública.
Luego de que los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de EU (CDC) impulsaran la eliminación del Título 42 en mayo pasado, impedida por un juez federal de Louisiana, se preveía que la nueva fecha para su terminación fuera el 21 de diciembre, pero la Suprema Corte determinó su continuidad el 27 de ese mes.
Bajo esta política, durante casi tres años la CBP ha prohibido de manera inmediata la entrada de personas que, de acuerdo con su propia justificación, potencialmente implican un riesgo de salud, tanto por haber sido sujetas de restricciones de viaje anunciadas con anterioridad como por tratar de ingresar al país con la intención de eludir las medidas de control sanitario.
Según la CBP, el Título 42 no aplica a personas que deben ser exceptuadas por consideraciones de ley, de seguridad pública, humanitarias o de interés en torno a la salud pública. Las expulsiones bajo el Título 42, dice el organismo, no están basadas en el estatus migratorio y por ello se registran de manera independiente al resto de las acciones de la Patrulla Fronteriza, como las aprehensiones y la inadmisibilidad.
Sin embargo, Human Rights First advierte que el mal uso del Título 42 ha resultado en un fiasco en salud pública, administración de la frontera y derechos humanos. Esta política ha sido utilizada para bloquear a quienes buscan asilo en puntos de entrada oficiales, exponer a riesgos graves a solicitantes de asilo y migrantes que cruzan la frontera, y evadir el debido proceso y las disposiciones para la protección de refugiados contempladas en las leyes estadounidenses.
Además, sostienen que las consecuencias de esta política y su expansión a la población venezolana desde octubre pasado confirman que no tiene fundamento en la salud pública. Expertos en medicina, así como especialistas de los CDC en declaraciones ante el Congreso, han reiterado —recuerda HRF— que el Título 42 no tiene alguna base científica.
Desde noviembre, agregan, epidemiólogos y expertos en salud pública advirtieron a la administración Biden que la continuidad y expansión del uso del Título 42 era una farsa que manipulaba, mal usaba y mermaba la confianza en la gestión de la salud pública.
De la misma manera, ha contribuido a alimentar y propagar prejuicios racistas que pintan a los migrantes como factores de enfermedad, reforzando estigmas e incrementando la vulnerabilidad de grupos marginados, de una manera antiética y contraria a los principios de buenas prácticas en salud pública.
De acuerdo con la organización, la CBP y oficiales de la Patrulla Fronteriza siguen utilizando el Título 42 para expulsar migrantes y solicitantes de asilo en formas que los colocan en una situación de mayor vulnerabilidad a la violencia en México y merman su posibilidad de pedir asilo. Esto ha incluido regresarlos en medio de la noche, negarles atención médica y retenerles documentos.
Esta política, además, continúa perpetuando el desorden en la frontera, desencadenando múltiples y peligrosos cruces fronterizos, inflando las estadísticas de la CBP, orillando a rutas más riesgosas lejos de los puntos de entrada oficiales y facilitando la explotación.
“El mal uso generalizado y expansivo del Título 42 es confirmación adicional de que esa política no tiene nada que ver con salud pública, pero, en cambio, se ha utilizado para castigar a las personas por migrar y ejercer su derecho humano a buscar asilo frente a la persecución”, concluye HRF.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
Marisela, de 27 años, originaria de la comunidad de Iztacalco, municipio de Chilapa, cuenta que por la falta de trabajo en Guerrero quiere que la contraten para laborar en los campos agrícolas de Florida, Estados Unidos.
Ella, al igual que otros 50 jóvenes, se formó para ser entrevistada por un funcionario del Servicio Nacional de Empleo (SNE) y ser contratada como trabajadora agrícola.
Marisela tiene experiencia en labores agrícolas desde los siete años.
Su mamá la llevaba a trabajar a distintos campos agrícolas de estados del norte del país.
Apenas hace un mes trabajaba en un campo agrícola de Sonora, un poco antes estuvo en Sinaloa, Hidalgo y Morelos.
«Tengo un hijo de 12 años. Lo dejo en mi pueblo; me lo cuida mi mamá».
En el patio central de las oficinas de la Secretaría del Trabajo, ubicada en la calle Galo Soberón y Parra, hay unos 50 jóvenes procedentes de comunidades de los municipios de Zitlala y Chilapa que esperan ser contratados de jornaleros agrícolas.
Son contratados aquí directamente por representantes de empresas de Florida.
Para que sean fichados tienen que cumplir una serie de requisitos por ejemplo tener en regla su pasaporte, experiencia en labores agrícolas, acta de nacimiento, certificado de salud y contar con el esquema de vacunación y la de refuerzo del Covid-19.
Uno de los requisitos es que tengan la vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Si tienen la vacuna Cansino, la China o la rusa, Sputnik, no son contratados.
El viaje a Estados Unidos lo paga la empresa que los contrata.
«He cortado pepino, ejote, chile, berenjena», indica Marisela al hablar sobre su experiencia como jornalera agrícola.
Mencionó que uno de los requisitos que tuvo dificultades para conseguir fue la constancia de su último trabajo en los campos de Sonora.
«Las empresas con las que vamos a trabajar quieren que uno tenga mucha experiencia en el corte de los productos agrícolas y yo la tengo», presume la joven.
Dice que el trabajo en los campos agrícolas es de siete de la mañana a cuatro de la tarde.
Sobre este punto de la productividad laboral que exigen las empresas de Estados Unidos, un empleado del SNE que depende de la Secretaría del Trabajo del gobierno federal, contó que un jornalero recibe el pago de un salario mínimo diario pero se le exige que debe de rendir más para que le peguen más.
«La empresa exige 200 cajas diarias del producto agrícola pero muchos llenan hasta 500 cajas y a esos les pagan más», contó.
Según el funcionario del SNE, la Secretaría del Trabajo está al pendiente de que los derechos de los trabajadores no les sean violados allá en Estados Unidos.
Este programa de contratación de jornaleros agrícolas se realiza aquí en Chilpancingo dos y hasta tres veces al año.
«El contrato es de tres meses, pero puede durar hasta diez meses», dijo el funcionario.
En esta primera semana de agosto, el SNE y la empresa estadounidense Lipman Produce María Dehrigen contrató a 60 hombres y 8 mujeres.
Uno de los enviados de la empresa les explica a los aspirantes que el trabajo es duro y que no van a Estados Unidos a «tirar rostro».
La jornada laboral es de seis días y el día de su descanso la empresa lleva a los trabajadores a realizar sus compras de la despensa y a realizar los envíos de remesas a sus familiares.
Si quieren divertirse en su único día de descanso lo harán en sus cuartos y no en la calle.
Los 68 escogidos por la empresa partirán del 20 al 25 de agosto; viajarán solos hasta Monterrey, Nuevo León y en esa ciudad serán recogidos por los representantes de la empresa quienes los trasladarán a Florida.
Los gastos de los pasajes del transporte lo pagarán los jornaleros y cuando lleguen a Monterrey la empresa se los reembolsará, se les explicó en la entrevista.
El funcionario del SNE presume que Guerrero ocupa uno de los primeros lugares en exportar mano de obra a Estados Unidos.
«Tenemos cifras de las remesas que envían los jornaleros agrícolas a sus familiares pero por cuestiones de seguridad no las damos a conocer», dice.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en sus conferencias mañaneras que las remesas que envían los migrantes crecieron durante su gobierno.
«La verdad es un logro que no nos debe de alegrar porque eso refleja que hay más gente de nuestro país que se va a trabajar a Estados Unidos porque aquí no tiene opciones», indica Marisela.
«Yo no puedo estar en mi pueblo todo el año porque tengo que salir a trabajar porque si me quedó no tengo dinero para mantener a mi familia», agrega.
Cuenta que en su pueblo ubicado en la Montaña baja de Guerrero, si hay escuelas, agua, luz y centro de salud.
«Pero no hay trabajo», menciona.
La mayoría de las mujeres y hombres que solicitaron ser contratados para laborar en los campos agrícolas en Florida y en otras ciudades de Estados Unidos son de comunidades de los municipios de Chilapa y Zitlala.
Ambos municipios desde hace décadas son expulsadores de mano de obra barata a los campos agrícolas de los estados del norte de México y también a Estados Unidos.
Organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón documentaron las condiciones de explotación laboral de los jornaleros agrícolas de esta región de la Montaña baja de Guerrero.
Actualmente estos dos municipios, aparte de la marginación y pobreza en que viven sus habitantes, son azotados por la inseguridad y violencia.
Filemón Ortega Marabel es originario de Rancho las Lomas, municipio de Zitlala, en la denominada Montaña Baja de Guerrero, y desde los siete años trabaja en los campos agrícolas de Sonora en la cosecha de pepino, jitomate y chile, ahora tiene 28 años y espera trabajar en Estados Unidos con la esperanza de un ingreso extra.
Filemón es parte de las 80 personas que esperan ser entrevistadas por el Servicio Nacional de Empleo Guerrero (SNEG) para obtener una vacante de trabajador agrícola en Estados Unidos.
Esta es la cuarta vez que Filemón se presenta en las oficinas del SNEG para obtener una vacante, las tres veces anteriores por falta de documentos, no cubrió los requisitos, pero tiene fe en que esta vez si pueda obtener un espacio.
Desde niño Filemón trabaja en los campos agrícolas, antes lo hizo para ayudar a sus padres y ahora para mantener a su familia, integrada por su esposa y tres hijos.
Antes, recuerda Filemón, cada nueve meses se iba con su familia a los campos agrícolas de Sonora, donde el pago era de 40,000 pesos por los nueves meses que trabajaron.
En su natal Rancho las Lomas como campesino y artesano gana 200 pesos al día.
“Si me quedo en mi pueblo gano 200 pesos al día y ahora si nos vamos al norte esperamos ganar un poquito más”, responde Filemón.
Esta es la primera vez que Filemón se va a Estados Unidos y espera que el pago sea mayor al de los campos agrícolas en Sonora. Su sueño es construir una casa para él y su familia.
El SNEG oferta 120 plazas para el corte de jitomate en los estados de Virginia, Florida y Carolina del Sur por un periodo de tres a seis meses.
De las 80 personas que entregarán su documentación y entrevistarán es posible que no todos queden. Faltará la valoración de la empresa contratante y una entrevista por parte de ellos.
Los trabajadores contratados comenzarán a laborar a mediados de agosto.
Filemón es parte de la población sin empleo. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empleo (ENOE), Guerrero registra 22,000 personas sin alguna ocupación laboral fija.
Este programa busca abatir el desempleo en México.
El joven de 19 años y su tío Jesús partieron de Veracruz en busca de oportunidades. El endurecimiento de las políticas migratorias los hizo ajustar su plan y, pese a los riesgos, optar por cruzar la frontera escondidos en vehículos.
Hace seis años Pablo, siendo un niño, vio cómo su mamá se fue a Estados Unidos, hizo una vida allá y los ayudó económicamente para que no les faltara nada. Por eso creyó que, para pagar los gastos del parto de su hijo que está en camino, él podría hacer lo mismo. Pero las circunstancias son diferentes. Tanto, que el intento le costó la vida.
Los planes para irse comenzaron hace tres años, cuando pagó 15 mil pesos a una persona para que le ayudara con los trámites de la visa. Sin embargo, la pandemia comenzó y las citas para acudir a la entrevista se cancelaron. Así, las llamadas que él hacía para pedir informes le daban una fecha y otra. Quizá en 2023, le dijeron la última vez.
Por eso, cuando llegó la noticia de que tendría un bebé, la idea de irse “de mojado” comenzó. Él y su familia recordaban entonces las anécdotas que su mamá les había contado por teléfono, de cuando cruzó la frontera embarazada hace seis años. Por ejemplo, la forma en que brincó un muro, pidió apoyo y logró llegar a Florida, donde se estableció todo este tiempo.
Animado por su tío Jesús, la historia de su mamá y de muchos otros migrantes que han partido de Tlapacoyan, Veracruz, hacia Estados Unidos, Pablo Ortega Álvarez salió hacia allá. Murió el 27 de junio en un tráiler, donde 53 personas migrantes se asfixiaron.
Hoy, las fotos de Pablo y de Jesús reposan en un pequeño altar de la casa de Pablo. Ese día se fue llorando, pero feliz de reunirse por fin con su mamá —ahora a sus 19 años— y listo para estar tres años en Estados Unidos, para así pagar los 3 mil dólares que le costaba irse y el nacimiento de su hijo, una casa, un coche y tener ahorros.
Camino de migrantes
Jesús Álvarez, de 43 años, a diferencia de Pablo, ya había vivido allá pero soñaba con regresar. Su vida en aquel país acabó hace tres años, en épocas del presidente estadounidense Donald Trump, cuando “la migra” lo agarró y lo regresó a su natal Misantla.
Él, después de siete años, fue deportado justo en esa época, cuando el muro de la frontera se ampliaba para hacer más difícil el cruce ilegal y se ponía en marcha la política migratoria más restrictiva, que determina la expulsión inmediata de personas sin documentos y que las personas no pueden acudir a solicitar asilo a las vías regulares.
Esa política llamada Título 42 argumenta que los migrantes son un riesgo para la salud debido a la pandemia de COVID-19 y se convirtió en una forma de deportar a las personas migrantes de manera expedita: tan solo durante este año, casi medio millón de personas han sido expulsadas de Estados Unidos por esta política (473 mil 793), de acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
El total de mexicanos que han sido devueltos de Estados Unidos este año es de 112 mil 298. El año pasado fueron 160 mil 689, de acuerdo con el boletín estadístico de repatriación de las y los mexicanos desde Estados Unidos del Instituto Nacional de Migración.
En mayo, una orden de un juez obligó a mantener el Título 42 vigente, mientras que activistas advirtieron que eso no disminuiría la migración pues las personas siguen buscando nuevas formas de cruzar hacia territorio estadounidense.
“El Título 42 no ha hecho nada para limitar la migración general en la frontera entre Estados Unidos y México. De hecho, esta migración está cerca de alcanzar máximos históricos, y es probable que el mantenimiento del Título 42 haga que las cifras continúen siendo altas durante algún tiempo”, señaló la asociación civil WOLA en un documento.
Y a pesar del Título 42, la migración continúa. Una muestra son Jesús, Pablo y los otros 51 migrantes que murieron en el tráiler.
Jesús fue quien le propuso a Pablo irse y, aunque primero pensaron en el desierto como la forma ideal para hacerlo, el riesgo que corrían los llevó a decidirse a irse “por la línea” (el sitio donde se cruza de manera legal la frontera), escondidos en automóviles.
Junto con ellos se iba a ir la mamá de Jesús y abuela de Pablo, pero los dolores en la muela y la diabetes (cuyos gastos eran parte de los motivos de Jesús para irse) hicieron que se arrepintiera. Ahora, espera de regreso los cuerpos de su hijo y su nieto.
La mamá de Pablo consiguió el “coyote” que les ayudaría a cruzar, pero a diferencia de lo que ha sucedido con otras personas de la familia que se van, ahora él no fue quien los recogió en México y los entregaría en su destino final, sino que los pasó de un lado a otro, de un entramado entre casas, lanchas, autos y tráileres que los llevó a su muerte. Nada de eso sabían cuando partieron.
WOLA advirtió que el Título 42 solamente incrementa los riesgos para las personas migrantes, quienes optan por ingresar a Estados Unidos por otros medios.
“Estos cruces son muy peligrosos: los hospitales de San Diego han informado de un alarmante aumento de muertes y lesiones por escalar la valla fronteriza, mientras que los ahogamientos en el río fronterizo se han producido casi a diario”, señala en el documento Tres consecuencias de mantener el Título 42.
Eli solo tiene 14 años y espera el hijo de Pablo. Mientras mira fijamente el altar, platica de las muchas veces que le pidió que no se fuera porque le daba miedo. Su papá iba y venía muchas veces de aquel país y desde hace varios años dejó de hacerlo, pues le dijo que el cruce era más peligroso, que había más vigilancia y que los riesgos eran muchos. Pero Pablo soñaba con ese auto, esa casa, esa moto, esas máquinas de tatuajes. Nada lo podrá tener. Dejó a una adolescente con cuatro meses de embarazo que no sabe cómo pagará los gastos del parto.
Quizá esos sueños los hubiera cumplido si se tuviera la reforma migratoria que presentó el actual presidente, Joe Biden, en su primer día en el poder, y que incluye una vía para la ciudadanía para 11 millones de migrantes que se encuentran de manera indocumentada en aquel país e incrementar los visados de trabajo. Sin embargo, esta reforma no ha avanzado.
Junto con las peticiones de darle celeridad, EU también ha presumido patrullas “conjuntas con México y Guatemala para capturar a más traficantes de personas”, así como escáneres y otros mecanismos de alta tecnología en la frontera. De esos mecanismos habla Eli, esos que su papá detectó y que hacía que le diera miedo el cruce de Pablo.
El trayecto de Pablo
Desde la casa de Pablo, Rosa, su hermana, revisa las últimas conversaciones que tuvieron, mientras las muestra a las cámaras. En sus contactos, lo tiene guardado como “El Triste”: una broma entre dos hermanos que eran cercanos, cómplices y que se cuidaron el uno al otro. “El Triste”, aunque cuenta que Pablo era muy alegre, bromista, que siempre estaba molestando al otro para hacerlo reír.
No le quedan muchos recuerdos físicos de él; un robo le quitó las máquinas de tatuar que usaba y que tanto le costó comprar, su ropa y todos sus artículos personales. Le queda pensar en la última voluntad, que fue despedirse con un cortejo de motos y la canción “Mi última caravana” sonando de fondo, la cadena que cuelga de su cuello y las conversaciones que permanecen intactas.
En esos mensajes se ve cómo viaja a Reynosa, Tamaulipas, las casas de seguridad a las que es llevado, la forma como intentó cruzar cuatro veces el Río Bravo y en una murió uno de sus compañeros migrantes, pero no supo quién era, porque cada vez que llegaban a un punto o una casa lo hacían con personas distintas a quienes no conocían.
En el último intento, el cuarto, logró cruzar en una lancha y un video lo muestra. Otro escondido en un vehículo confirma que estaba ya en territorio estadounidense. Creyeron que por fin estaba a salvo.
Pero entonces vino la mala noticia: irían a una casa y de allí se subirían a un tráiler durante tres horas. No sabían que eso pasaría y vino el miedo. Rosa le pidió que no se fuera hasta atrás porque tenía más riesgo.
“En Hiuston Ya estamos seguros” (sic), escribió a Rosa para intentar calmarla.
“Échale ganas recuerda mente positiva. Carnales hasta la muerte y siempre al millón”, le respondió ella.
Era el 20 de junio. Ese día, Eli se hizo el ultrasonido y vio que sería niño, Pablito, dice ahora. Se lo contó en una llamada por teléfono porque casi no sabe leer y escribir. Fue la última llamada porque le advirtió que les estaban quitando los teléfonos. De ahí silencio. Silencio. No hubo más respuestas.
“Era su esperanza de irse para allá, de hacer una vida mejor, su mamá lo estaba apoyando para hacer sus papeles, a irse y pues se fue. Me sentí angustiado pero pensé que lo iba a lograr, no pensé que pasara esto”, cuenta Alberto Ortega, su papá, quien comenta que el oficio de albañil deja alrededor de mil 500 pesos a la semana, lo que es insuficiente para una vida mejor.
La mamá de Rosa llamó al “coyote” que había contratado y él le aseguró que seguían en una bodega. Pero las llamadas siguieron y más, cuando el 27 de junio encontraron el tráiler. Después, no les volvieron a responder el teléfono.
El primero en ser identificado fue Jesús. Luego les avisaron que un joven con la CURP de Pablo estaba junto a él. Solo llevaba la CURP porque la tristeza y las prisas le hicieron olvidar sus demás documentos.
Su mamá viajó de Florida a San Antonio para verlo, después de seis años, pero no como esperaba: quería que llegara a su casa a instalarse, en el cuarto que recién había construido para él. En cambio, lo vio en el forense. Sin vida. Sin los sueños que buscaba cumplir.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
Los habitantes del pueblo de San Marcos Atexquilapan en Naolinco, Veracruz, realizan una procesión por las calles, las imágenes religiosas y los rostros de Yovani, Jair y Misael encabezan el contingente. Desde que sus familias se enteraron que existe una alta posibilidad de que se encontraran en un tráiler donde 53 migrantes murieron y 15 más fueron hospitalizados, las oraciones no han parado.
Yovani tiene 16 años, su hermano Jair 20, y su primo Misael 16; los tres buscaban llegar a Estados Unidos tal como lo han hecho otras muchas personas de su pueblo para tener una mejor vida. Pero lo último que sus familias supieron de ellos fue un mensaje el lunes 27 de junio donde avisaban que iban a salir en un tráiler con rumbo a San Antonio, desde allí sus celulares no han vuelto a recibir los WhatsApp y sus tres primos que los esperaban en Texas nunca tuvieron contacto con ellos.
La noticia de que esa misma tarde un tráiler había sido localizado en San Antonio, Texas, con 67 migrantes hacinados de los cuales 51 estaban muertos- y dos más fallecieron en hospitales-, corrió como pólvora en el pequeño pueblo de apenas mil 700 habitantes que se dedican casi por completo a realizar calzado de piel. Muchas y muchos se apresuraron a mostrar su apoyo a la familia Olivares y desde entonces los rezos no han cesado debajo de la carpa negra que se instaló afuera de las casas de las familias.
Yolanda Olivares, mamá de Yovani y Jair, dice que ella solo quiere tener certeza sobre si sus hijos se encontraban en el tráiler y tuvieron un desafortunado desenlace, pero las autoridades no han sabido darle una confirmación oficial, por lo que han pedido a sus familiares de Estados Unidos que se muevan entre hospitales y dependencias, e inclusive pidieron que a ella les brinden los documentos para pasar al país vecino a hacer su propia búsqueda.
Yovani y Jair Valencia Olivares junto con su primo Misael Olivares se dedican, como casi todo Naolinco, un municipio en la zona montañosa central del estado de Veracruz, a la elaboración de calzado de piel; pero el dinero que obtienen les resulta insuficiente para pagar sus gastos y más con la pandemia que el precio de la materia prima ha incrementado mientras que las ventas han disminuido. Por eso muchos jóvenes migran a Estados Unidos y los vecinos cuentan que tan solo en la última semana han sido más de 20.
Por eso Misael tuvo que dejar la secundaria. Cuando empezó la pandemia le pedían tomar clases por internet pero no podía para pagar el servicio y optó por dedicarse a tiempo completo a cortar y coser la piel, lo que implica estar de pie o sentado todo el día mientras que la espalda duele, cuenta su mamá, Hermelinda Montero.
Como los ingresos seguían siendo insuficientes, Misael se sumó a la idea de irse a Estados Unidos para cumplir sus sueños: construir la barda trasera y así evitar que la casa de sus papás se inunde.
Al principio su mamá se negó. Pero no era la primera vez que salía del pueblo ya que frecuentemente trabajaba en otras ciudades como comerciante para completar el gasto y como sus primos y muchas otras personas se habían ido sin problemas a Estados Unidos, finalmente aceptó.
Cuando se fue, los adoradores nocturnos del Santísimo de la iglesia de San Marcos, se quedaron sin un integrante pues él era un ferviente devoto y parte de ese grupo que reza una vez a la semana y en días festivos. Por eso mientras peregrina su fotografía lleva la insignia roja y blanca que identifica a ese grupo, insignia que portan también las personas que cargan los cirios y encabezan los cantos para pedir por su bienestar.
Yovani y Jair, igual que su primo, eran religiosos. Al igual que él trabaja en el calzado entre semana y los fines de semana iban a la iglesia y a jugar futbol. Su abuelo Balbino les inculcó los tres gustos y les enseñó a hacer bien los tres.
El equipo en el que todos jugaban ganó el torneo pasado, cuenta el abuelo orgulloso, mientras muestra una fotografía de ellos y sus otros nietos con playeras del Chivas, el equipo favorito de la familia.
Pero el lugar donde esa foto fue tomada, en el que juegan cada fin de semana está a 20 minutos en carro y en ocasiones se les dificulta encontrar como llegar, por eso es que el sueño de Jair era ganar el dinero suficiente en Estados Unidos para construir su vivienda y comprarse un coche.
“Juntos se van y juntos regresan”
Jair les dijo que sus metas las lograrían cuatro años y entonces volvería a su pueblo. Así todos fijaron ese plazo.
“Decían que juntos se van y juntos regresan”, cuenta Balbino.
Ahora lamenta que no sabe cómo van a regresar, mientras pasa momentos de resignación creyendo que estaban en ese tráiler aunque no han sido notificados oficialmente y otros de fe en los que espera que regresen con bien.
El director de atención a migrantes del estado de Veracruz, Carlos Escalante Igual, señaló que se encuentran intentando averiguar las identidades de las víctimas veracruzanas en el tráiler, puesto que no han tenido confirmación de Estados Unidos pero que enviaron la documentación de la familia, quienes desde que se enteraron de la noticia se acercaron a su dependencia.
Desesperación
Las familias están desesperadas. Ellas solo piden tener noticias y que sean pronto. Por eso colocaron un altar que estuvo unas horas fuera de la casa y otras al interior, con las fotografías de los tres.
“No tenemos ninguna información sobre ellos y yo siento que eso no es justo”, dice Yolanda, quien ya está cansada y sin dormir durante días.
Ella, cuenta, ya pensaba que todo el problema había terminado porque en la última comunicación sus hijos ya estaban en Estados Unidos y únicamente les faltaba el trayecto final. Pero ahora solo queda el silencio y la incertidumbre.
Hace tan solo unos días le empacó como única identificación posible su certificado de secundaria a su hijo Yovani esperando no tener que recurrir a ella y que, como le hicieron sus tres primos, hicieran esa llamada que tanto esperan aun recibir en la que les dicen que están bien y a salvo, en el lugar que los esperaban.
Pero pasan las horas y esa llamada no llega. Lo único que llega son las mil preguntas sin respuestas sobre lo que está pasando y el recuerdo de lo alegre que son sus hijos, lo sonriente que se fue Yovani y lo cercanos que ambos son.
Mientras llegan las noticias, decenas de familias del pueblo llegan a la casa, prenden veladoras y rezan por los jóvenes que hace menos de un mes empezaron a pensar en su viaje, un viaje que esperan no haya sido el último.
Varios niños entre seis y 10 años llegan a la tienda a pedir una veladora, les faltan 50 centavos para completar los cuatro pesos que les cuesta, pero le piden fiado al tendero porque le cuentan que ellos desean prenderla porque quieren que Yovani, Jair y Misa estén bien. Ellos se van con su veladora para encenderla.
“Bajo la Bota” es un proyecto web hecho por organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes donde se muestra, a través de trabajo de campo en las fronteras norte y sur, 100 testimonios y 144 respuestas a solicitudes de información pública sobre la triste realidad que viven día con día las personas que intentan lograr asilo en México o, en su defecto, cruzar el país en dirección a los Estados Unidos de América.
Texto: Josué Ibarra / ZonaDocs
24 de mayo de 2022
“La militarización de las políticas migratorias va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional en materia de derechos humanos”, mencionaron los colectivos que participaron en el proyecto web: “Bajo la Bota”, el cual muestra -mediante diversos trabajos periodísticos- los efectos de la militarización en las políticas migratorias.
En este proyecto participaron las organizaciones Fundación Para la Justicia, Sin Fronteras, Red de Periodistas de a Pie, Derechos Humanos Integrales en Acción A.C., Instituto para las Mujeres en la Migración, Uno de siete Migración y Derechoscopio.
El origen del proyecto fue la implementación, por parte del Estado Mexicano, de una de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos donde se usó tanto a la Guardia Nacional como a otros cuerpos militares para ser el aparato de control del flujo migratorio.
Esta política migratoria vulnera los derechos de las personas migrantes en sus recorridos para llegar a Estados Unidos, pero también lo hace con los solicitantes de asilo, pues en ambos casos éstos se ven forzados a tomar rutas clandestinas para evitar a los cuerpos militares, y esto los pone en riesgo de sufrir desapariciones forzadas, secuestros, extorsión, trata de personas y corrupción, además de discriminación racial y étnica, situaciones climáticas extremas y accidentes.
El proyecto hace énfasis en tres cuestiones que consideran alarmantes en la violación de los derechos humanos de las personas migrantes; la primera son “Las detenciones arbitrarias e ilegales”.
“La Guardia Nacional perpetra detenciones arbitrarias, muchas veces basadas en perfilamiento racial, participando también en expulsiones colectivas, contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”
Este punto lo resaltan incluyendo otros temas de suma importancia: el racismo y la xenofobia, las que se activan con la represión militar, esto lo reflejan con dos reportajes realizados en Tijuana, Baja California, y Tapachula, Chiapas; regiones donde documentaron situaciones de personas migrantes y solicitantes de asilo afrodescendientes y africanas que fueron detenidas arbitrariamente.
La segunda cuestión fue “El uso excesivo de la fuerza” que hace referencia a como la Guardia Nacional, junto con el Instituto Nacional de Migración, han ejecutado un uso excesivo de la fuerza contra grupos de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, así como otras personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En su mayoría, las Caravanas Migrantes han sido las que más sufrieron estos atentados, así lo confirma el informe a través de la documentación periodística que se hizo del tema.
En último punto que remarca “Bajo la Bota” es “La violencia sexual”, sobre la que señalan:
“Las mujeres migrantes y solicitantes de asilo afrodescendientes y africanas en su tránsito por México, han sido víctimas de violación sexual, acoso e intimidación por parte de elementos de la Guardia Nacional.”
“Bajo la Bota” deja claro que esto no son hechos aislados; al contrario, son actos que cada vez se vuelven más comunes por parte de la Guardia Nacional y de los agentes del INM.
Tras su trabajo realizaron las siguientes recomendaciones tanto para el gobierno mexicano como para el estadounidense.
Al gobierno mexicano:
Cese de la participación de las fuerzas militares en tareas migratorias;
Eliminar expresamente de toda política pública relacionada con la movilidad humana la detención de las personas migrantes;
En particular, ninguna niña, niño o adolescente ni personas solicitantes de asilo deberían ser privadas de su libertad.
Derogar acuerdos migratorios o cualquier clase de acuerdo con Estados Unidos que atenten contra el derecho internacional de las personas refugiadas y el derecho internacional de los derechos humanos.
Respetar el principio internacional de no devolución.
Al gobierno estadunidense:
Cesar la aplicación de toda política migratoria y de relaciones exteriores en la región que se centre en la contención migratoria, mediante la detención y el uso de la fuerza y políticas de “externalización” del control migratorio.
Evitar de manera absoluta exigir, alentar, acordar o apoyar la participación de fuerzas militares en tareas de control migratorio en otros países de la región.
Participar de manera coordinada con otros gobiernos de la región en esfuerzos por garantizar la seguridad de las personas migrantes, solicitantes de asilo y en necesidad de protección internacional.
El Congreso estadounidense debe evaluar las consecuencias que ha traído para la región impulsar acuerdos migratorios que violan las reglas internas de los países que los suscriben.
El proyecto web “Bajo la Bota” cuenta con reportajes que narran, a través de distintas historias, los efectos que tiene en la frontera norte y en la frontera sur de México, la militarización de las políticas migratorias. Algunas de estas historias llevan por nombre “Mamá ¿Por qué nos van a matar?: el infierno del secuestro de migrantes en México” o “Temblaba de miedo: la Historia de Natalie, migrante extorsionada por la Guardia Nacional”; en ellas se retrata la violencia que sufren día con día los migrantes que pisan el país en la búsqueda de una vida más digna.
Aquí puedes visitar el sitio del proyecto “Bajo la Bota”:
Este texto es propiedad de ZonaDocs y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.
La hondureña Carol Castro fundó la primera escuela de pole dance en Tapachula.
A 650 kilómetros de su hogar en Puerto Cortés, Honduras, Carol Yazmín Castro Martínez fundó la primera academia de pole dance establecida en Tapachula, municipio ubicado en la frontera sur de México.
Hace cinco años atrás, Carol dejó su tierra con el propósito de cumplir “el sueño americano” en Estados Unidos, sin embargo, los robos, asaltos y violaciones que han sufrido los migrantes al cruzar México la obligaron a quedarse a vivir en la frontera sur, en donde ahora ha emprendido su propio negocio que promueve la activación física.
Ella dejó su hogar porque los delincuentes impidieron que su negocio prosperara económicamente debido a los asaltos y el cobro de derecho de piso, así que un día cerró el establecimiento, tomó la maleta y huyó.
“Yo intenté dos veces irme a Estados Unidos, pero no me fue bien y dije: ‘si en Honduras sobrevivía, ¿por qué aquí en Tapachula no la voy a hacer? Aquí está tranquilo, andas por todos lados y no hemos tenido problemas’”, expresó Carol desde el interior del gimnasio que ahora es suyo.
“El pole dance es un ejercicio que permite quemar calorías, se trabaja todo el cuerpo, sin embargo, aún hay prejuicios en la sociedad tapachulteca, especialmente en algunas mujeres, por ello la escuela que inició hace unos ocho meses nada más cuenta con cinco alumnas”, narró la instructora y propietaria del negocio quién ha perfeccionado algunas técnicas a través de cursos online.
La psicóloga Fabiola Díaz Rovelo, de la Fundación Chiapaneca de Mujeres Migrantes, citó el estudio denominado “Las desigualdades de salud de género de las mujeres y niñas desplazadas en contextos de crisis prolongada en América Central y del Sur”, que elaboró la Universidad de Southampton del Reino Unido, que evidencia que aquellas hondureñas que tenían una actividad comercial en su país eran víctimas de los pandilleros que les cobraban una cuota de derecho de piso, que inicialmente era de 50 dólares mensuales y, tras la pandemia se duplicó a 100 dólares.
Y quienes se negaron a pagar la cuota o carecían de dinero, fueron agredidas físicamente y amenazadas de muerte, por eso algunas de ellas huyeron a través de las caravanas del éxodo.
El esposo de Carol es originario de El Salvador con quien ha procreado cuatro hijos: tres nacidos en Honduras y otro, el más pequeño, nacido en México. Ellos son la razón de su ímpetu para conseguir un trabajo y construir su nuevo hogar en la frontera sur de México. Para ella, esta tierra le ha ofrecido las oportunidades de rentar una casa, que sus hijos accedan a la educación a través de asistir a las escuelas y emprender su negocio de pole dance.
Carol renta una casa que ha habilitado en un gimnasio para ofrecer clases de pole dance a sus 20 alumnos.
Tapachula es uno de los últimos municipios del sur de México que hace frontera con Guatemala, con lo que se ha convertido en un paso natural del flujo migratorio proveniente de Centroamérica y que avanza hacia Estados Unidos. Es la segunda ciudad más importante de Chiapas, después de la capital Tuxtla Gutiérrez.
“Mi país no ha cambiado, todo sigue igual. Es por ello, que la gente sigue emigrando, buscando una mejor opción de vida y, la verdad, muchos ya no quieren ir a Estados Unidos, se quieren quedar aquí en Chiapas o irse a otro estado del país mexicano. Quizá hoy se podría decir que buscan el sueño tapachulteco”, consideró la instructora.
Carol denunció que los hondureños son discriminados y estigmatizados como personas malas. Lo cual, para ella, es erróneo, pues sus connacionales son honrados y trabajadores, quienes intentan progresar en la vida, “en esta bendita tierra tranquila y con un calor humano increíble”, expresó.
El negocio de Carol ha progresado rápidamente. Antes sólo tenía seis alumnas, quizá porque abrió sus puertas en medio de la pandemia declarada por la enfermedad de Covid-19 en 2020, sin embargo, hoy tiene aproximadamente 20 en los dos turnos.
“El que es trabajador en todas partes lo demuestra y le va bien. Quien quiere salir adelante mientras haya salud, va hacer el trabajo de manera honrada porque los hondureños que huimos por la difícil situación somos gente de paz, gente honrada. Incluso nosotros no nos olvidamos de nuestros familiares porque cada que podemos enviamos un dinerito”, contó.
El país más violento
El éxodo migratorio proveniente del Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, es consecuencia de la violencia provocada por grupos delictivos organizados.
La violencia es la razón principal por la que los migrantes salen del país. De acuerdo con el Sistema Estadístico Policial de Honduras, la Policía Nacional Civil de El Salvador y el Ministerio de Gobernación de Guatemala, se reportaron 25 mil 372 homicidios en Honduras de 2015 a 2020.
Un reporte de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expuso cómo las pandillas utilizan las escuelas en Honduras como “casas de seguridad”, donde esconden drogas o armas. Mientras que los maestros son víctimas de desplazamiento forzado ante las extorsiones y amenazas.
En 2020 la tasa de homicidios fue de 37 personas por cada 100 mil habitantes, lo que ubicó al país entre uno de los más peligrosos del mundo. ACNUR estima que la violencia de las pandillas obligó a más de 247 mil hondureños a desplazarse al interior.
Tan sólo en 2021 fueron asesinadas 318 mujeres en Honduras, de acuerdo con el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Las edades de las víctimas son distintas. El 11 por ciento de ellas eran niñas y adolescentes en edades que oscilaban desde los 0 a los 17 años; el 31 por ciento eran mujeres que tenían edades de los 18 a 29 años; el 41 por ciento, el mayor rango de porcentaje de las víctimas, son mujeres en edades de los 30 a 59 años; y el siete por ciento tenían edad superior a los 60 años.
El 70 por ciento fueron asesinadas con arma de fuego y el 14 por ciento con un puñal o cuchillo. De acuerdo con el estudio de la Universidad, cada 27 horas una mujer es asesinada en Honduras.
Luis García Villagrán, presidente de la Asociación Civil Dignificación Humana, que en los últimos 11 años ha defendido los derechos de los migrantes, dijo que Honduras es el país que más expulsa migrantes derivado de la violencia generada por el narco-estado y las pandillas.
“Tan sólo en los últimos 11 años, fecha en que llevamos trabajando con la población migrante, se ha trabajado principalmente con la gente proveniente de Honduras, el grupo más grueso, que podría dar el mayor ejemplo del porqué la gente deja sus casas, su familia, todo y viene con lo que traen puestos”, contó.
“En Honduras la pandilla es el Estado porque allá no manda el gobierno. Esto trae terribles consecuencias para los jóvenes, quienes no tienen otra opción más que unirse a la pandilla o emigrar. Las mujeres jóvenes, en un 80 por ciento de ellas tienen edades de 18 y 35 años, quienes son madres solteras, el índice más alto en todo Centroamérica, por ello salen porque no pueden vivir allá, algunas se prostituyen y otras se unen a pandillas, no tienen más alternativas”, expuso García Villagrán.
Cada noche Catalina se dedica a trabajar en el bar “El Marinero”.
Huir de la violencia
La comunidad hondureña en Tapachula es cada vez más visible, principalmente porque ha logrado insertarse en la economía local.
Debido a que anteriormente no contaban con un estatus migratorio legal, se empleaban en bares y cantinas, sin embargo, hoy algunas personas de la comunidad han recibido beneficios de ley, con lo que han pasado de ilegales a legales.
En el conocido cabaret “El Marinero”, Catalina, de 23 años y madre de una pequeña, trabaja como bailarina. Ella es originaria del Puerto de Cortez, en San Pedro Sula. Viajó a la frontera norte, pero sufrió vejaciones en el camino y regresó a Honduras.
Catalina, como la conocen en el cabaret, se embarazó a los 18 años y, para obtener ingresos, trabajó con su mamá en una cafetería, pero la crisis económica de su país y el incremento al cobro de piso impuesto por las pandillas a los negocios, la obligó a huir nuevamente de San Pedro Sula rumbo a Tapachula, ciudad del que le hablaron sus familiares que ya residían ahí.
“Decidí venirme por la economía, trabajaba con mi mamá en su cafetería, pero como yo tenía una niña, no me alcazaba para mantenerla. Por ello, decidí venirme, ahorré primero para los pasajes y a recomendación de unas primas que me dijeron viniera para acá, lo hice. Hace dos años llegué, cuando llegué empecé a hacer mis trámites correspondientes ante las autoridades migratorias y ahorita próximamente me saldrá la permanencia en la COMAR porque solicité refugio”, contó.
Catalina huyó de Honduras junto a su hija.
Con el sueldo y propinas que percibe como bailarina en el bar “Marinero” puede sostenerse económicamente junto a su hija. Ahora busca regularizar su situación migratoria y quedarse a vivir en Tapachula. Para ella, el “sueño americano” quedó atrás.
Lamentó que sus connacionales salgan de su país por la situación de pobreza y violencia. Huyen en caravanas, acompañándose unos a otros en el trayecto, algunos les va bien, como a Catalina, pero a otros les va mal.
“Los trámites ante autoridades migratorias ha sido muy difícil, cuando llegué perdí el primer caso por la pandemia, cerraron COMAR y, después, ya no supe cuando volvieron a abrir, tuve que meter otra solicitud para reiniciar otro caso y ya en este procedimiento sí me salió positiva la permanente. Sin embargo, la demás gente que no trae más dinero se las ve difícil porque también para nadie es un secreto, si tienes dinero y pagas, logras las cosas rápidas en el Instituto Nacional de Migración (INM)”, explicó.
Antonio Armas Hernández, presidente de la Asociación de Establecimientos de Entretenimiento de Tapachula, quien en los últimos 16 años ha administrado un negocio de cabaret, refirió que las olas de migrantes hondureños no paran.
“La mayoría de personas que trabajaban cuando yo empecé eran hondureños y hondureñas, como meseros, cocineros y bailarinas, esta gente no tenía papeles y se empleaba en estas actividades, la ley no les permitía en esos años que ellos pudieran iniciar algunos trámites legales para estar en el país, sin embargo después hubo una modificación que nos permitió legalmente y muchos se beneficiaron”, detalló.
Y hay quienes dominan diferentes oficios, como son los albañiles, carpinteros, mecánicos, peluqueros y cocineros.
“Si hablamos particularmente de la migración hondureña no se ha detenido, la mayoría huye por la situación económica y se recrudeció por el tema de las pandillas maras en las ciudades donde cobros de protección especialmente a los negocios, mucha gente decide cerrar y huir con la familia completa, otros dejan a sus seres queridos, se ponen a trabajar aquí y les envían ayuda económica”, añadió Armas Hernández.
El empresario Antonio Armas explica que los migrantes se emplean como meseros, cocineros y bailarines durante su llegada a Tapachula.
El narco-Estado
El incremento del flujo migratorio proveniente de Honduras ha sido la consecuencia de un “narco-estado” en los últimos 12 años, desatado por la inseguridad, pobreza, corrupción, mala gobernanza y vínculos con el narcotráfico, reconoció el Vicecanciller en Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras, Antonio García, durante su primera visita al extranjero realizada a Tapachula, Chiapas el 11 de marzo pasado.
Reconoció que Honduras es el país de Centroamérica que más migrantes expulsa hacia México, sin embargo, ocupa el segundo sitio a nivel mundial, sólo por debajo de Haití.
“Llevamos pocos días del gobierno de la República de Honduras, el Presidente anterior (Juan Carlos Hernández) que estuvo 12 años en el poder está actualmente detenido esperando extradición a Estados Unidos acusado por narcotráfico”, señaló.
“El gobierno anterior es responsable de las caravanas, algo nuevo que no existía y que es producto de la mala gobernanza, corrupción; este nuevo gobierno trae la filosofía de atacar las causas de las caravanas, estamos empeñados en eliminarlas, somos un gobierno nuevo con credibilidad y que tendrá ayuda de Estados Unidos y México para generar inversión, empleos, para que nuestra gente no tenga que salir y con ello detener o reducir este flujo migratorio”, prometió el diplomático.
García mencionó que la intención del gobierno entrante encabezado por la Presidenta Xiomara Castro es reducir el número de personas que migran a través de caravanas. Consideró que migrar es un acto que debería evitarse porque transitar por México con la intención de llegar hacia Estados Unidos representa un peligro para la seguridad de los hondureños, a pesar de que el Estado mexicano brinda protección apegada al respeto a los derechos humanos, aún “somos víctimas de la violencia y de los grupos fuera de la ley”.
“Un porcentaje alto de los compatriotas que llegan a Chiapas o buscan llegar a Estados Unidos se quedan aquí porque hay seguridad y empleo, entonces, tienen oportunidades, trabajan, pagan impuestos, ponen sus negocios y contribuyen a la economía”, refirió.
Estimó que 30 mil hondureños radican en Chiapas, quienes en su mayoría tienen un estatus migratorio legal o bajo solicitud de asilo, quienes son reconocidos como refugiados. El 47 por ciento de los hondureños que solicitan asilo obtienen el reconocimiento, por lo que no todos migran por razones económicas, sino que hay gente que huye para proteger su vida, víctimas de la inseguridad, las maras y la pobreza.
Ellas sufren
A Díaz Rovelo, le entristece escuchar las historias de mujeres que llegan desde Honduras, quienes desde niñas han sufrido violencia sexual y vejaciones, y han padecido de hambre, por lo que dejan su hogar en búsqueda de mejorar su condición de vida.
Ellas se establecen en Tapachula, primordialmente porque no tuvieron éxito cuando intentaron alcanzar el “sueño americano”, generalmente son madres solteras y se emplean como meseras, cocineras o bailarinas en cabarets y bares. Otras más se dedican a la prostitución a través de anuncios publicados en internet o en las calles.
“En el trabajo de campo realizado hemos detectado que son pocas mujeres migrantes de Honduras que se establecen en Tapachula y deciden poner un negocio, quizá porque el tema de las rentas es muy alto, sin embargo, quienes se atreven, hoy son casos de éxito”, aseguró.
Doña Martha desde hace 24 años se dedica a la venta de comida hondureña.
Cocina Catracha
Doña Martha Elisabeth López llegó hace 28 años a Tapachula, proveniente de Sonaguera en el departamento de Colón, la situación de miseria e inseguridad en su país fueron las causas por las que abandonó Honduras. A diferencia de otros migrantes, ella puso la mirada en vivir en esta ciudad fronteriza y no en Estados Unidos ante los riesgos de ser víctima de la violencia al transitar por México.
“Yo vine aquí para mejorar mi situación económica, quizá no para hacerme millonaria, sin embargo, cuando me vine que estaba yo muy joven lo primero que me ofrecieron para trabajar fue en un bar, quizá porque es lo más fácil o porque no tenía papeles, pero la verdad a mí eso jamás me ha llamado la atención”, mencionó.
Narró que cuando logró establecerse en la ciudad preparaba comida “catracha”, como baleadas y tajada con pollo, en algunas ocasiones invitaba a sus paisanos. A partir de estas reuniones surgió la intención de establecer un local para vender la comida tradicional hondureña. Por lo que, Doña Martha Elisabeth decidió aventurarse hace 24 años en este negocio, que dice le ha dado la oportunidad de generar ingresos para mantenerse y emplear a tres personas más, quienes son sus connacionales.
Doña Martha añora su tierra, en ocasiones revisa redes sociales para saber lo que sucede en Honduras.
Contó que la vida no ha sido fácil en México porque ha enfrentado situaciones de xenofobia y discriminación. Para los lugareños, los hombres hondureños son percibidos como pandilleros y las mujeres como prostitutas.
“Cuando llegué, enfrenté mucha discriminación de mis vecinos por el simple hecho de ser hondureña, se han creado imagen de que somos malos o pandilleros. A nosotros nos gusta trabajar, prueba de ello es que hay una comunidad grande con papeles en regla ante migración, que estamos moviendo la economía de la región”, defendió.
Hoy Martha es dueña de uno de tres negocios existentes en Tapachula dedicados a la venta de comida hondureña ubicado sobre la Calle Novena, entre la Décima y la Doceava. Cuenta también que además de dar empleos, paga impuestos, se ha naturalizado como mexicana, tiene un esposo y dos hijos nacidos en México. Sin embargo, aún siente nostalgia por estar lejos del lugar donde nació y constantemente consulta las redes sociales para informarse de la situación de su país, el cual dijo sigue sumergido en la miseria e inseguridad.
“Hay demasiada migración porque la pobreza cada día es más extrema, la gente sale por montones de mi país y no sólo de Honduras, algunos ya no vienen en caravanas están entrando en pequeños grupos, pero vienen a sufrir y andan pidiendo limosna en las calles. Muchos conocidos han sufrido por irse a Estados Unidos y, la verdad, se regresan porque les pegan, los asaltan, algunas mujeres han sido violadas y asesinadas, quienes tienen la posibilidad de seguir con vida mejor se regresan a Tapachula y se quedan a vivir aquí”, apuntó.
Pobreza, el otro factor
La pobreza es el otro factor que ha contribuido a que la población hondureña abandone su hogar.
Tan sólo en 2020 la miseria aumentó 70 por ciento, lo que representó un crecimiento del 11 por ciento con respecto a 2019, ocasionado por la pandemia por Covid-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota, de acuerdo con el informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) publicado en 2021.
La pobreza alcanzó a 9.5 millones de habitantes, con lo que registró «un incremento sin precedentes al pasar del 59.3 por ciento en 2019 a una estimación aproximada del 70 por ciento en 2020».
Según el informe, la miseria ha mantenido un «comportamiento oscilante», una situación que «se agudiza por la caída en la producción» y, en consecuencia, provoca desempleo, disminución de ingresos y precarización social de la población.
La UNAH señala que, además, el 53 por ciento de los hogares vivía en pobreza extrema en 2020, un aumento del 16 por ciento con respecto a 2019.
Carlos Bonilla se dedica a la barbería, un oficio que aprendió en Honduras.
El otro sueño
El oficio de peluquero ha evolucionado rápidamente en Tapachula derivado de las oleadas de migrantes que arriban. Tan sólo en el primer cuadro de la ciudad se contabilizaron 30 negocios que son administrados por extranjeros: hondureños, salvadoreños, cubanos y haitianos.
Desde su negocio de barbería establecido en el mercado de la estación, Carlos Bonilla detalló que la nostalgia que siente por estar lejos de su país y compartió que establecerse en la frontera sur de México se le ha dificultado.
Aunque su negocio es más modesto que el resto de los ubicados en el centro de Tapachula y en los centros comerciales, comentó que ha prosperado en los últimos cuatro años.
“En esta peluquería han pasado muchos con ganas de irse a Estados Unidos, me cuentan que venden todo allá en Honduras para irse, pero nada más van a que los agarre la migra allá o que los asalten a medio camino. ¿Ahora qué crees? Están allá en mi país todos tristes porque no la hicieron, yo por eso no me voy, una vez tuve el sueño americano, pero quedó en eso: sólo un sueño”, confesó.
‘A mí no me interesa hoy irme a Estados Unidos, a mí me va bien aquí en México’, expresó Carlos Bonilla.
Insistió que en Tapachula hay trabajo, lo que les ha permitido mejorar su calidad de vida.
“Yo me salí de mi tierra en busca de estar mejor y conocer otro país, para empezar el sueño americano se sufre, si no sabes hablar inglés te cuesta, en un país ajeno hay que respetar y ponerse a trabajar sino no la haces no comes; dejé familia en Honduras y regreso a verlos, mi primer empleo es la peluquería, allá me dedicaba a la peluquería. A mí no me interesa hoy irme a Estados Unidos, a mí me va bien aquí en México, me trata bien la gente”, expresó.
Hondureños, los que más asilo piden
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) registró el número más alto de constancias en condición de refugiados provenientes de Honduras por motivos de migración forzada por la violencia generada por las pandillas, intolerancia política, religiosa y discriminación de género. En 2021, la cifra alcanzó a 36 mil 361 solicitudes.
La COMAR precisó que fueron presentadas 131 mil 448 solicitudes de refugio en México, el primer lugar lo encabezó Haití con 51 mil 827 procedimientos y en segundo lugar apareció Honduras con 36 mil 361.
De las oficinas de Comar en México ubicadas en Baja California, Ciudad de México, Tabasco, Veracruz, Chiapas Palenque y Chiapas Tapachula, en éstas dos últimas sedes se ha concentrado la mayor cantidad de atenciones, en Palenque se contabilizaron cinco mil 696 solicitudes y en Tapachula, 89 mil 668.
La cifra de atenciones en los últimos tres años es: 2019, 70 mil 341 solicitudes, 2020, 40 mil 996; y 2021, 131 mil 448.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que en 2021 se emitieron 23 tarjetas de residente temporal al mismo número de personas hondureñas, que permiten que las personas puedan viajar al interior de México.
Luego de que Carlos truncó su intención de alcanzar el “sueño americano” en Estados Unidos se dedica a dibujar sonrisas a los tapachultecos.
Hacer reír a la gente
Carlos Javier, es un hondureño que llegó a Tapachula hace ocho años, quien truncó su sueño de llegar a los Estados Unidos por la difícil situación de inseguridad que aqueja a México y especialmente a los migrantes que atraviesan el país para llegar al norte, como conectarse con polleros y llegar a su destino final.
Dedicado al espectáculo callejero, como payaso en su país de origen, y conocido en México con el nombre artístico “Peluchín”, nos cuenta que decidió abandonar su lugar de residencia por la difícil situación de violencia y la pobreza.
“Mi intención al salir de mi país siempre fue llegar a los Estados Unidos. Ese era mi sueño, pero a la mitad del camino se me acabó la economía y ya no pude continuar porque tenía que pagar un pollero para que me cruzara a mi destino final, por ello me tuve que resignar, regresarme y me quedé en Tapachula”, expresó.
Comentó que aquí empezó a trabajar y perfeccionar su técnica como payaso, desafiaba a las autoridades de migración, pues a bordo de vehículos del servicio público de pasaje él hacía sus espectáculos de entretenimiento y cuando realizaban revisiones migratorias lograba evadirse sin que le solicitaran sus documentos.
“Actualmente, tengo mis documentos en regla, me casé con una guatemalteca y mis hijos nacieron aquí en Tapachula. Me cambió mucho la vida porque he conocido la generosidad de la gente y de una región tranquila. Me gano la comida haciendo reír a la gente en la combi, en fiestas infantiles o en las plazas y parques públicos”, agregó.
Antes de la llegada de la COVID-19, la comunidad migrante en EU ya enfrentaba otra pandemia, una para la que no hay vacunas: la desigualdad. Entonces a la tragedia se le sumó la incertidumbre y a la marginación, el luto. Hace años, cuando Vicente, Guadalupe y Rosa cruzaron al norte en busca de una vida mejor, jamás pensaron en que su vulnerabilidad como migrantes les pondría tan cerca de la muerte
–Mi hermano ya llevaba años allá en Estados Unidos, cerca de 12 o 13 -cuenta Germán López Cruz desde el estado de Puebla-, todo estaba bien, él nunca dejó de llamar, estaba trabajando, siempre apoyó a mis papás económicamente, hablaba muy seguido, pero de hace un año o año y medio para acá, cambió todo.
Hace año y medio Vicente López Cruz, dedicado a la construcción, originario de Zacatlán, un municipio en la sierra norte de Puebla, perdió la vida en un hospital de Manhattan. A su muerte, le siguió su desaparición: su familia localizó sus restos hasta un año después, en una fosa común que los servicios de sanidad locales utilizaban para arrojar los cuerpos no identificados durante la pandemia.
Antes de la tragedia, conocidos de Vicente le contaron a su hermano Germán que él tenía un problema de salud debido a un accidente en el que se había golpeado la cabeza. Su familia no lo sabe bien, pero quizás por eso, a finales de marzo del 2020, se desmayó en la calle y Martín, otro de sus hermanos que también vivía en EU, lo llevó de emergencia al hospital.
A Vicente lo ingresaron al hospital Mount Sinai, ubicado en Queens, Nueva York, el 28 de marzo del 2020. Y esa fue la última vez que su hermano lo vio con vida.
–Perdimos comunicación con él -recuerda Germán.
Quisieron visitarlo en cuanto lo internaron, sin embargo, el personal médico les impedía el acceso argumentando las restricciones sanitarias por la pandemia. Tampoco les proporcionaban alguna información sobre su estado de salud. Y, poco después, el hospital ya no tenía reporte alguno del ingreso de Vicente.
“No hay ningún Vicente aquí”, le decían a su familia.
Entonces Martín emprendió su búsqueda, mientras su familia en Zacatlán hacía lo que podía para intentar dar con él a la distancia.
Martín recorrió las calles de Nueva York, sus hospitales, centros psiquiátricos, morgues y demás lugares donde pudiera existir la posibilidad de encontrarlo. No dejaba de recordar aquella tarde cuando lo acompañó en la ambulancia y lo vio ingresar en aquel hospital donde, de la nada, ya no sabían nada de él.
El tiempo pasaba y Vicente no aparecía. Ni desde Zacatlán, ni en Nueva York, sus amigos y familiares lograron obtener información. Incluso Germán viajó a Puebla para buscar ayuda del gobierno estatal, pero tampoco ahí le dieron apoyo.
“Los consulados están rebasados porque ni tienen el personal, no cuentan con el equipamiento, a veces las personas al frente de ellos no son sensibles con los problemas de las comunidades y además no tienen recursos económicos (…), ni la voluntad política para atender esta situación”, dice Arturo Villaseñor, coordinador de Puente Ciudadano en Puebla, una organización que atiende población en contexto de movilidad.
Martín seguía la búsqueda de su hermano hasta llevarse a sí mismo al límite. Sin trabajo, terminó con sus ahorros al grado de quedarse sin casa debido a que no pudo pagar la renta. A veces dejaba de comer y, cuando la vergüenza no le ganaba, se quedaba a dormir en casa de algún amigo. Desgastado y sin ánimos, luego de seis meses regresó a Zacatlán sin éxito.
Seguían sin saber de Vicente.
Hallazgo y retorno
Un año después, cuando Germán y sus hermanos estaban planeando viajar a los Estados Unidos para continuar la búsqueda, un amigo suyo les compartió una foto que había salido en una página de desaparecidos en Nueva York: era Vicente.
–Desafortunadamente sí era él; es como nos enteramos que ya había fallecido -lamenta Germán.
En más de una ocasión revisaron los registros del sistema forense en Nueva York y no encontraron información alguna de Vicente. Fue hasta que apareció su nombre en aquella publicación de personas desaparecidas, cuando por fin se mostraron también sus datos.
–Increíblemente en el papel, en el reporte, dice que venía del hospital Mount Sinai de Manhattan; sí tenía los datos, no sé por qué un año buscándolo y no nos dijeron nada -reprocha Germán.
A Vicente lo trasladaron del hospital Mount Sinai de Queens al Mount Sinai de Manhattan, donde, según el informe, finalmente falleció el 31 de marzo del 2020, por un derrame tras una lesión en la cabeza. Su cuerpo fue enviado a la morgue y finalmente a la fosa común en la isla Hart, destinada a las víctimas de coronavirus, aunque él no había muerto por eso.
–Algunos migrantes nos cuentan que muchos paisanos cayeron en la fosa común –advierte Arturo Villaseñor. Y dado que la estadística de muertes abarca solamente a cierta población, la que sí pudo ser contada e identificada, hubo personas que quedaron fuera de los registros y por ende sin identificar en estas fosas, ya que no tenían una familia que reclamara sus cuerpos, y ni siquiera un nombre tras su muerte.
Incluso, en su momento, Martín sí fue a solicitar información al hospital donde su hermano murió en Manhattan, sin embargo ahí también le dijeron que no existía registro alguno de Vicente.
–Nosotros no nos explicamos por qué, si salió de ese hospital, si sí tenían el nombre y el registro de todo, ¿por qué cuando hablamos nosotros o por qué cuando se buscó no nos dijeron que sí salía de ahí? Desde el primer día nos hubiéramos ahorrado toda esa búsqueda, toda esa preocupación -lamenta Germán.
Villaseñor explica que cuando fallece una persona migrante en EU se complica su localización por la falta de documentos de identidad oficiales, lo cual impide a su familia saber dónde y cómo está.
Repatriación de Vicente
Fue la familia de Vicente la que, mediante la adquisición de una deuda, asumió todos los gastos funerarios y de repatriación de sus restos. “Lo incineraron y lo trasladaron aquí a México”, cuenta Germán, pues a pesar de que la situación económica era difícil, no encontraron apoyos de ningún tipo. La funeraria cobró entre 7 y 8 mil dólares, y ni los gobiernos de México, del estado de Puebla o de Nueva York aportaron.
La repatriación de cuerpos ha sido en incertidumbre, es un proceso muy largo y costoso, que afectó a las familias en México, sobre todo en lo económico pero también en lo emocional.
Ángelo Cabrera, líder comunitario migrante en el Bronx, investigador en temas de movilidad y fundador de la organización Masa, recuerda casos de familias a las que les llegaron a cobrar entre 10 mil y 15 mil dólares por gastos funerarios, y no recibieron ningún apoyo de parte de las autoridades.
En el caso de Vicente, la repatriación fue lenta: sus cenizas llegaron a su natal Zacatlán tras haber transcurrido cuatro meses, sumándose así a otros casos de Puebla en los que se vivió un proceso largo y complejo.
–Era inaudito pedirle a alguien que hiciera todo ese proceso (de repatriación) cuando está lidiando con el dolor de la pérdida de un familiar -sentencia Cabrera.
Además, al momento de que la familia de Vicente analizó la posibilidad de buscar una indemnización por parte del hospital Mount Sinai, un abogado desde Nueva York les explicó que los hospitales, en tiempos de pandemia, estaban protegidos por el gobierno y por ende, deslindados de toda responsabilidad por las personas fallecidas.
Desempleo, crisis e incertidumbre: Guadalupe
Intubado y con escasos signos vitales, el esposo de Guadalupe, Eriberto Zurita, se despidió de ella a través de una videollamada desde el hospital donde estaba internado, el 6 de mayo del 2020, justo antes de morir a causa de un paro cardiaco resultado del desgaste que le ocasionó el coronavirus.
A su muerte, a ella le aguardaban más problemas: lidiar con los gastos funerarios, el cuidado de sus tres hijos, las deudas y el desempleo.
–Se enfermó, lo internaron por 20 días; de ahí, como tres días antes de que él falleciera le metieron el tubo, me avisaron que, lamentablemente, le había dado un paro -narra Guadalupe Ángel Benítez, originaria de San Felipe Ayutla, una comunidad en Izúcar de Matamoros, municipio ubicado en la entrada de la mixteca poblana.
–Cuando empezaron a llegar los contagios, empezó la tragedia -recuerda Luis Gallegos, especialista en estudios migratorios, que llegó a Nueva York para trabajar con las comunidades migrantes en marzo del 2020, cuando se cerró el tránsito de personas. –Entró el pánico muy acelerado dentro de la comunidad, pero empezó más cuando los contagios estaban mucho más fuertes y la gente empezó a morir.
La primera muerte por COVID-19 en la urbe se registró el 14 de marzo, pero el punto alto se alcanzó el 19 de abril, registrando mil 221 decesos. Hasta abril del 2021, el gobierno de Puebla había reportado la muerte de 660 poblanas y poblanos en EU a causa de COVID-19.
El esposo de Guadalupe era originario de Tepeacatzingo, Puebla, ubicado al suroeste del estado, en el municipio de San Juan Epatlán, caracterizado por la pobreza y vulnerabilidad en la que vive el 75 por ciento de sus habitantes, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Eriberto enfermó a mediados de abril y tras no responder a los medicamentos, tuvieron que internarlo de emergencia. Y a pesar de que no estaban permitidas las visitas familiares debido a las restricciones sanitarias, cuando la situación se tornó más grave, permitieron que Guadalupe, sus hijas e hijo, de uno en uno, pasaran a verlo.
En el hospital les dijeron que buscarían “limpiarle los pulmones”, pero con la advertencia de que tal vez no sería suficiente.
Cuando su estado de salud pasó de grave a crítico, el hospital permitió que su hija e hijo mayores entraran a verlo. A pesar de que “su corazón ya latía despacito”, él podía escucharlos. Y así, vestidos con equipo de protección sanitaria pudieron entrar. Con ambos a su lado, Eriberto falleció.
Paralelamente, mientras la enfermedad desgastaba a su padre, su hijo empeoraba también a causa de esta. Guadalupe, también contagiada, tuvo que gestionar su recuperación. Ella recuerda que a su hijo “se le estaban tapando los pulmones”.
–Yo ya chillaba, yo estaba mal, ya no podía caminar, estaba yo sin comer por seis días, y aún así yo me lo llevé al hospital arrastrando; no sé cómo tuve fuerzas de ver a un hijo que se me está muriendo.
Vinieron las deudas
Viuda y sin papeles de residencia permanente -también conocida como green card-, Guadalupe no pudo acceder a los apoyos de asistencia económica del gobierno de Estados Unidos, de modo que atravesó el duelo en incertidumbre.
Y es que, de acuerdo con Ángelo Cabrera, durante la pandemia, tener un documento de identificación (como el pasaporte) se volvió crucial para acceder a servicios que daba el Estado tales como: salud, fondos de apoyo para trabajadores, apoyos de asistencia en la renta, apoyos para infancias, entre otros.
–Muchas de estas familias quedaron excluidas por la ineficiencia de la representación del gobierno mexicano a través de sus consulados aquí en Nueva York -dice el líder comunitario, pues muchas personas migrantes ingresan al país sin estos papeles y necesitan tramitarlos; pero en pandemia, tardaban mucho en entregarlos.
Desde antes de la pandemia ya se documentaba la precariedad laboral, la carencia de servicios y la falta de acceso a seguridad social y programas de asistencia en que viven las y los migrantes mexicanos en este país. Tan solo en 2017, 8 de cada 10 inmigrantes (principalmente de nacionalidad mexicana) carecía de un plan de pensión y no tenía acceso a servicios de salud a través de un seguro brindado por sus empleadores.
Y sin embargo, las y los migrantes sí pagan taxes (impuestos). Según datos de New American Economy, una organización bipartidista de investigación y defensa de la inmigración, consignados por Los Angeles Times, en 2018 los inmigrantes indocumentados pagaron aproximadamente $31.9 mil millones de dólares.
Con la enfermedad vino el desempleo, y lo primero que Guadalupe tuvo que enfrentar fueron los gastos funerarios, para los cuales la familia de Eriberto y sus amistades le prestaron dinero. En contraste, el gobierno mexicano en EU respondió con negativas.
–Mi hija con amistades, yo con amistades, juntamos (dinero) gracias a Dios, pero se siente bien feo que el propio consulado no me quiso ayudar sabiendo que yo soy mexicana, él es mexicano; no les estaba pidiendo para que yo comiera, les estaba pidiendo para su funeral – reclama. Ni el consulado, ni el gobierno de Puebla la ayudaron con el proceso administrativo y mucho menos con los gastos.
Al respecto el especialista en estudios migratorios Luis Gallegos, considera que no hubo una respuesta adecuada a las circunstancias por parte del gobierno mexicano: “cuando los paisanos empezaron a fallecer y a tener más complicaciones en su vida diaria no fueron apoyados por sus autoridades, por quienes los representan”.
Guadalupe estuvo alrededor de cuatro meses sin trabajo. Antes tenía empleos de limpieza en diferentes apartamentos, después, con la crisis sanitaria, le avisaron que no se presentara.
“Me afectó demasiado porque se me juntó la renta, la luz… se me juntó todo, como no te imaginas”. En el peor auge de la crisis, con las secuelas que le dejó el coronavirus, con las deudas encima y el duelo de su esposo, salía a buscar despensas regaladas por las organizaciones civiles para alimentar a su familia.
Hoy en día ha recuperado algunos de sus antiguos trabajos y pagado algunas deudas.
No más remesas y crisis familiar: Rosa y José juan
Cuando Rosa y José Juan no pudieron enviar dinero a México sintieron frustración. “No tenemos qué comer”, les decían por teléfono la madre y el padre de él. Entonces pedía prestado para mandar algo. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 7 de cada 10 migrantes en el mundo dejaron de enviar remesas a causa de la pandemia.
Rosa Mota, originaria de Tehuacán, un municipio a 132 kilómetros de la capital poblana, lleva 17 años en el estado de Nueva Jersey viviendo con su hija y esposo. Actualmente funge como niñera, aunque antes de la pandemia se dedicaba a la limpieza de hogares pero, igual que 335 mil 430 inmigrantes mexicanos en EU entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020, según cifras del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), perdió su empleo y con ello la oportunidad de enviar remesas a su familia en México.
–Mi hermano falleció y la mamá de mi nuera también (en México) -recuerda Rosa, a causa del virus-, fueron situaciones bien tristes y dolorosas, la verdad: no poder hacer nada, no poder ayudar. Me sentía bien mal.
Su esposo José Juan Montoya se dedicaba a la fabricación de colchones, pero también perdió el trabajo en la pandemia. Ambos quedaron sin sueldo, compensaciones o apoyos del gobierno para resistir la crisis sanitaria con su hija, Celeste.
–Somos inmigrantes, no gozamos de los mismos privilegios que los ciudadanos de aquí, de este país, ellos dejaron de trabajar, pero seguían recibiendo su cheque por desempleo, nosotros no -dice José Juan, quien también tuvo que experimentar la angustia de tener a un ser amado enfermo en México por COVID-19: su padre
En casa también enfermaron Rosa, José Juan y su hija. “Yo estuve tan enferma que tuve miedo, mucho miedo y más que nada por mi nena, porque ella me tiene a mí y a mi esposo”.
Ambos creen que en México existe la sensación de que las y los migrantes que viven en Estados Unidos “viven bien y no les falta nada”. Sin embargo, Rosa asegura que se vive en condiciones complicadas, rodeadas de discriminación y racismo.
–Quiero decirles que se borren esa idea de la cabeza de pensar que aquí los que venimos a este país a trabajar vivimos como reyes, no es cierto, nos rompemos el lomo para ganar un peso y para poder ayudarnos, que no piensen eso de que nosotros somos malos hijos, malos hermanos o malos padres (por no enviar remesas) -sentencia José Juan Montoya.
Resistir en comunidad
–Nueva York es una ciudad de muchísimos recursos, con una infraestructura de gobierno vasta y desarrollada, pero profundamente desigual; y durante la pandemia estas desigualdades se exacerbaron y la gente que vivía marginada económica, social y políticamente se vio sumamente afectada –dice por su parte Marco Castillo, presidente de la junta directiva de la Red de Pueblos Transnacionales, una organización migrante integrada principalmente por personas de origen poblano.
Cuando los gobiernos de México, Estados Unidos y Puebla fueron omisos para atender las necesidades de las y los migrantes, fue la generosidad de la comunidad la que les permitió salir adelante. Berenice Santiago, integrante activa de la Red de Pueblos Trasnacionales y migrante poblana, recuerda que a través de despensas, acompañamiento y entregas de bienes básicos pudieron ayudar a las familias que más lo necesitaban.
–Para nosotros hablar de la respuesta del gobierno mexicano para enfrentar el problema de COVID en Nueva York, y especialmente para brindar apoyo a los connacionales poblanos, fue fatal, fue un insulto -sentencia Cabrera, quien asegura que la representación mexicana actuó hasta que la comunidad empezó a ayudarse.
Rosa Mota lo veía como un compromiso moral, no “soltar la toalla” hasta que la gente saliera de la enfermedad. “Nos ayudamos de parte y parte, porque aquí así es, no hay de otra”.
–Durante la pandemia, las comunidades más devastadas por el COVID fueron las comunidades migrantes, porque ellos no tuvieron el lujo de quedarse en casa para resguardarse por su estatus migratorio, por las leyes anti inmigrantes, desde este proceso de desigualdad de quienes tienen acceso a la riqueza -concluye Cabrera.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país
La pandemia de la Covid-19 no impidió el éxodo de jornaleros de Guerrero en 2021 hacia diferentes estados del país.
De acuerdo a la información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Subsecretaría de Migrantes Nacionales del Estado cerca de 35 mil de ellos salieron, entre mujeres, hombres, niñas y niños, pero las condiciones precarias de salud, educación, seguridad y vivienda no se resolvieron.
En un informe publicado el 29 de noviembre por el Centro de Análisis e Investigación Fundar documentó que pese a la pandemia y las restricciones por la misma, millones de personas continuaron trabajando en el campo, para llevar alimentos a sus hogares.
“Las y los jornaleros agrícolas trabajaron y trabajan a la par del personal médico, personal de enfermería, personas cuidadoras, repartidores de alimentos y las millones de trabajadoras esenciales que mantuvieron el país a flote durante 2020 y 2021”, precisa el texto.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan junto con el Consejo de Jornaleros Agrícolas en el estado tiene un panorama puntual de lo que pasa con los migrantes nacionales, pues la Montaña es una de las regiones del estado que más éxodo de jornalero presenta.
En entrevista, el representante del área de Jornaleros de Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes, confirmó que tan sólo en esta región de la Montaña el éxodo de migrantes no disminuyó, incluso con relación al 2020.
En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país.
Además, Tlachinollan tiene un registro del fallecimiento de 14 jornaleros en el 2021, algunos por accidentes y tres por coronavirus.
Rodríguez Reyes precisó que además de tener un mismo número de migrantes que salieron a los campos a trabajar, lo hicieron en las mismas condiciones de precariedad.
“En las condiciones de traslados son pésimas en cuanto a camiones, inseguridad en el trayecto del camino, abuso de autoridad, tránsito, no se diga, igual las condiciones laborales en los campos agrícolas, ahí por ejemplo, lo que ya se sabe la gente vive de su salario, o de lo que gana en el día sin prestaciones, seguridad social”, describió el defensor de derechos humanos.
Agregó que la mayoría de los campos o los estados donde migran los jornaleros son zonas agrícolas donde no hay albergues ni guardería para que los hijos e hijas de las familias puedan apoyarse de ellas.
Rodríguez Reyes lamentó que siguen faltando políticas públicas del gobierno para atender la problemática y que es lo que más preocupa.
En 2021, dijo, que también con la pandemia nunca se supo si las familias se vacunaron contra la Covid-19, porque donde trabajan no se priorizó una campaña para ellos y así invitarlos a vacunarse.
Tlachinollan tiene el cálculo de que el 80 por ciento de los jornaleros no se vacunó contra el coronavirus.
El representante del área insistió que no hay un programa especial del gobierno que cobije a la población jornalera y el panorama que se vislumbra para este 2022 es similar.
Dijo que el Consejo de Jornaleros y Tlachinollan están pugnando para que se reactiven las mesas de trabajo de la Comisión Intersecretarial del estado para implemente un programa, y que ojalá en el primer trimestre del año se resuelva.
Esta Comisión nace en el 2011 y la conforman las diferentes dependencias del estado, con el objetivo de que haya atención a los jornaleros.
El defensor adelantó que tres secretarías ya se acercaron: la de Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanas, la Secretaría de Migrantes y la Secretaría de Salud. Estas tres dependencias dialogaron con el Consejo de Jornaleros, quien entregó una agenda de trabajo, mientras que las dependencias prometieron buscar que se reactive la Comisión Intersecretarial y trabajar un planteamiento más integral.
Más de 35 mil migrantes de Guerrero salieron en 2021 a los campos agrícolas del país: subsecretaria de Migración Nacional
En entrevista con la subsecretaria de Migración Nacional de estado, Eleazar Marín Quebrado, coincidió que el éxodo de jornaleros no paró pese a la pandemia de la Covid-19 y cerca de 35 mil personas abandonaron sus casas para trabajar en los campos agrícolas.
Pero, reveló, que de enero a octubre que correspondió la atención al gobierno anterior, que encabezó el priista Héctor Astudillo Flores, no se atendió el problema de los jornaleros.
La funcionaria asumió el cargo a principios de noviembre en el gobierno que encabeza la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y junto con otras dependencias reactivaron la Comisión Intersecretarial para que se diera la atención a este problema, a quienes se les planteó con datos estadísticos la situación.
Con las mesas de trabajo de la Comisión, dijo, se instalaron dos módulos de salud en las Unidades de Servicios Integrales (USI) de Tlapa y de Chilapa que estaban inactivos donde se asignaron médicos, enfermeras y trabajadoras sociales.
La funcionaria informó que en el 2021 tanto en Chilapa como en Tlapa se registraron 14 mil jornaleros en cada uno, quienes salieron a diferentes partes del país, y sumando los jornaleros que salen de Ometepec, asciende a un total de 35 mil migrantes nacionales que cada año salen de sus lugares de origen.
Aseguró que en Tlapa se implementó que elementos de Seguridad Pública acompañen a los jornaleros a los límites del estado, además de que para este año se pretende firmen convenios interestatales con autoridades de los estados receptores de jornaleros agrícolas.
Se supone que estos convenios son para vigilar que se respeten los derechos humanos de los jornaleros.
La subsecretaria agregó que para este año el objetivo es que el programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar ayude a disminuir el éxodo de migrantes.
