Denuncia ex funcionaria que la Fiscal le ordenó a sus escoltas que la desnudaran porque traía armas

Fuentes de la Fiscalía informaron que es la directora de Recursos Humanos Marvilla Alicia Melo Vela la que agredió a la Fiscal después de que le notificó su cambio al municipio de Huitzuco con el rango de trabajadora administrativa


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

11 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Después que la Fiscal General, Sandra Luz Valdovinos presentó una denuncia en su contra por haberle mordido la mano, la ex directora de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de esta institución, Marvila Melo Villa Vela, aseguró que ella fue la agredida, encerrada y desnudada por un grupo de escoltas.

«Temo por mi vida, por la de mi familia, mi hermano porque ella la Fiscal (Sandra Luz Valdovinos) me dijo que me iba a destruir a mi y a mi familia», señaló la ex funcionaria.

En rueda de prensa que ofreció en Acapulco, Melo Villa Vela, señala que este jueves en la noche le pidió la Fiscal que acudiera a su oficina a pesar de que ella ya había hecho el trámite de entrega recepción desde el 9 de febrero.

«Ella (la Fiscal) me dijo que requería de mi presencia, yo le contesté, si jefa nomás que estoy en mi casa a lo que contestó que tenía diez minutos para llegar porque ella tenía una cita con el médico en media hora», contó Marvila Melo.

Indicó que cuando llega la oficina de la Fiscal (aquí en Chilpancingo) estaban cuatro soldados encapuchados con armas largas.

Además del Vicefiscal de Investigación, Miguel de la Cruz Pérez, el Vicefiscal de Control, Apoyo y Logística de Procuración de la Justicia, Martín Rizo y uno de los escoltas de la Fiscal de nombre Martín Erbez, señala la ex funcionaria.

Señaló que desde antes había presentado su renuncia pero la Fiscal no se la aceptaba porque no había quien la supliera.

Menciona que cuando la encierran en la oficina de la Fiscal, ella (Sandra Luz) le entrega un oficio en donde se le comunica que acepta su renuncia de carácter irrevocable.

«Yo le digo a la Fiscal que tengo una plaza de base y por lo tanto se le reincorpore a mi original adscripción y ella me pide que firme el oficio y yo lo hago», indica.

Posteriormente la Fiscal le entrega otro oficio donde le comunica que su nuevo lugar de trabajo será en el municipio de Huitzuco de los Figueroa.

«Yo le comentó, jefa, los administrativos no nos pueden cambiar de lugar puesto que nosotros no ganamos mucho a lo que ella (la Fiscal) me contesta que el oficio está fundamentado y motivado», relató.

Según Marvila, posteriormente la Fiscal le gritó que firmara el oficio, pero cuando le contestó que si lo iba hacer pero que antes lo consultaría con su sindicato a lo que le contestó: «si no lo firmas, te voy a destruir a ti y a toda tu familia».

Indica que los soldados ya la estaban encañonando.

«Cuando iba a firmar el oficio (de su cambio de adscripción) sus escoltas de ella me agarran y la Fiscal me dice que ya no firme el documento y que tampoco la va a liquidar», relató la ex funcionaria.

Menciona que posteriormente la Fiscal ordena a sus escoltas que le quiten la ropa porque según ella está armada.

«Me desnudaron, me tomaron fotos y ella (la Fiscal) me gritaba, vieja pendeja acaso crees que tú puedes más que yo», señaló.

Sobre la versión que hace la Fiscalía de que ella mordió a la titular de esta institución, Sandra Luz

Valdovinos, asegura que ella le metió sus dos dedos en la boca.

«Ella (la Fiscal) me gritaba, pinche vieja puta, vieja pendeja y más cosas feas», refirió.
Mencionó que después llegaron a la oficina, un perito, una médico legista, un agente del Ministerio

Público y la Fiscal les dijo que ella la había mordido dos dedos.

Indica que durante el tiempo que estuvo retenida y desnuda le estuvieron tomando fotos.

Menciona que después le dijeron que tenía una orden de aprehensión en su contra y la llevaron esposada a los separos de la Policía Ministerial.

«Ahí estuve, me tomaron fotos junto con las demás personas que son delincuentes», señaló.

Menciona que después llegó su hermano y después la dejaron ir cuando intervino la Comisión Estatal de

Derechos Humanos de Guerrero (CEDHG).

Por su parte, la Fiscalía General de Guerrero, dio a conocer que la titular de esta institución, Sandra Luz Valdovinos Salmerón fue agredida por una funcionaria en respuesta a que se le comunicó su cambio de adscripción.

«(la agresión) se originó con motivo del cambio de adscripción, quien al momento de recibir la noticia presentó una crisis, que se tradujo en tomar la mano de la Fiscal y mordérsela», señala el comunicado de la FGE.

Indica que derivado de estos hechos ocurridos ayer jueves alrededor de la noche, se presentó una denuncia y está por definirse el grado de las lesiones ocasionadas.

«Dicha funcionaria pública tiene como precedentes repetitivos en conductas violentas previas con compañeras y compañeros, así como con otras personas fuera de la institución, como son abuso de autoridad, lesiones y violencia, contándose además con datos de probables actos de corrupción con motivo del desempeño de sus funciones, información que se habrá de analizar para su debido seguimiento», dice la Fiscalía.

Fuentes de la Fiscalía informaron que es la directora de Recursos Humanos Marvilla Alicia Melo Vela la que agredió a la Fiscal después de que le notificó su cambio al municipio de Huitzuco con el rango de trabajadora administrativa.

Una de las versiones extraoficiales es de que la ex directora de Recursos Humanos y que es allegada al ex Fiscal, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, se enfrentó a golpes con Sandra Luz Valdovinos Salmerón quien es teniente militar y que el 28 de diciembre del 2021 fue nombrada en ese cargo por el Congreso local a propuesta de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Pide CEDHG medidas cautelares

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CEDHG) Cecilia Narciso

Gaytán, dijo que este organismo ya solicitó medidas cautelares para Marvila Melo Villa quien presentó su queja por presuntas agresiones que sufrió en la Fiscalía.

«Estamos integrando el expediente dándole todas las facilidades a la quejosa en materia de derechos humanos para que aporte los elementos oportunos y necesarios y darle también el acompañamiento», expuso Narciso Gaytán.

Dijo que en la denuncia, la ex funcionaria de la Fiscalía, señala que sufrió una retención en la Fiscalía.

 

Acusan a funcionaria del ayuntamiento de Chilpancingo de acoso laboral

Para este miércoles las trabajadoras realizarán una marcha por las calles de esta ciudad para pedir un diálogo con la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez


Texto y fotografía: José Miguel Sánchez

8 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Un grupo de trabajadoras protestaron para exigir la destitución de la secretaria general del ayuntamiento de Chilpancingo, Xóchitl Heredia Barrientos, a quien acusan de abuso de poder y acoso laboral.

Las empleadas se manifestaron frente al ayuntamiento, donde denunciaron que la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández Martínez ya sabe de su inconformidad pero que sigue manteniendo en el cargo a la funcionaria.

La representante de la sección XIV del Sindicato Independiente de Trabajadores, Ofelia Monserrat Valenzo Aguilar, dijo que sus compañeras no pueden ir a desayunar o ir al baño para realizar sus necesidades fisiológicas porque de inmediato Heredia Barrientos las regaña.

Es la segunda vez que se manifiestan por el mismo motivo, pero les preocupa que no sean atendidas por la alcaldesa, dijo la líder del sindicato.

«Queremos que se vaya porque humilla en público a las compañeras, las ofende y les habla con groserías», expresó Valenzo Aguilar durante la protesta que realizaron sus compañeras afuera de la alcaldía capitalina.

Dijo que ya se entregaron tarjetas informativas a la alcaldesa.

Incluso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) ya emitió una recomendación a Hernández Martínez, pero no la ha acatado.

Para este miércoles las trabajadoras realizarán una marcha por las calles de esta ciudad para pedir un diálogo con la alcaldesa.

 

Gobierno de Evelyn, desatención a los derechos humanos

Abel Barrera afirma que el hecho de que la gobernadora haya convocado a las diferentes dependencias de gobierno, entre ellas ONU-Mujeres e Inmujeres, para firmar un convenio para la atención a mujeres y a niñas, fue una buena señal que se quedó en la esfera de lo mediático 


Texto: Beatriz García

Fotografía: Tlachinollan y Oscar Guerrero

27 de enero del 2022

Chilpancingo

 

En 100 días de gobierno Evelyn Salgado Pineda no ha podido establecer una estrategia para pacificar el estado, ni atender a las víctimas de desapariciones y asesinatos, tampoco la crisis que enfrentan los jornaleros agrícolas que salen de sus comunidades obligados por el desempleo, ni en el tema que aseguró resolver: los matrimonios forzados de menores de edad.

El director del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández; el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza y la representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados María Herrera, Gema Antúnez Flores, a petición de Amapola. Periodismo transgresor revisaron los 100 días de gobierno de Salgado Pineda.

El defensor de derechos humanos, el religioso y la activista coincidieron que en este arranque de gobierno la gobernadora ha desestimado uno de los problemas más importantes y urgente que enfrenta Guerrero: la atención integral de los derechos humanos.

Barrera Hernández considera que se debe a que este gobierno no ha diseñado políticas públicas para atender a los pueblos.

Rangel Mendoza lo atribuye a la inexperiencia de la gobernadora y la injerencia que tiene su padre, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, en las decisiones de su gobierno.

Antúnez Flores se lo imputa al desconocimiento de algunos funcionarios que “no saben ni dónde están parados”.

Sin interlocución con los pueblos

Abel Barrera afirma que en estos 100 días en el gobienro de Evelyn Salgado no hay una estrategia clara en cómo establecer vínculos con las organizaciones, con las comunidades, con los núcleos agrarios.

El defensor celebra que la gobernadora junto con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hayan recorrido el 23 de octubre pasado varios municipios de la Montaña y la Costa Chica para conocer de cerca las demandas de los pueblos.

Aunque después de ese día, lamenta, la gente encuentra la interlocución adecuada para encauzar o canalizar sus problemas, sobre todo, uno tan desolador: los matrimonios forzados.

En 2021 se visibilizó en los medios de comunicación uno de los problemas que sufren los menores de edad desde hace décadas: el matrimonio forzado. Los casos de Angélica (15 años) y de Anayeli (13 años) atrajeron la atención. Ambas fueron encarceladas por autoridades comunitarias, una por resistirse al acuerdo y, la otra, por desahacer el matrimonio.

Abel Barrera afirma que el hecho de que la gobernadora haya convocado a las diferentes dependencias de gobierno, entre ellas ONU-Mujeres e Inmujeres, para firmar un convenio para la atención a mujeres y a niñas, fue una buena señal.

Sin embargo, lamenta que sólo haya quedado en la esfera “mediática” y no diera seguimiento a casos de Angélica y Anayeli para darle acompañamiento y un esquema completo de apoyo para la familia.

Reprocha que no se haya involucrado a las mujeres indígenas, ni tampoco víctimas que luchan por justicia.

“No hay avance en la implementación de acciones de políticas que lleguen al ámbito comunitario, ni se vislumbra una acción pensada en las comunidades indígenas”, dice.

Otro sector que está sin atender por este gobierno son los jornaleros, una de las poblaciones más “vulnerable, olvidadas, golpeadas”, dentro de los pueblos originarios.

Recuerda que en la pasada temporada de migración de jornaleros, hubo apoyo de la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado y en otros años ayudaban a mantener un comedor y la atención médica.

“En estos 100 días no ha llegado ninguna despensa, ninguna medicina, ningún apoyo concreto para darle a miles de familias que han salido en estos meses de temporada alta, octubre, diciembre y ahora enero”, informó.

Tlachinollan ha tenido que proveer para que los migrantes jornaleros tengan dónde descansar, atención médica e insumos de higiene ante esta pandemia de la Covid-19.

No busca la pacificación

El obispo Salvador Rangel recuerda que cuando Salgado Pineda estaba en campaña se comprometió a que dialogarían al asumir la gubernatura y juntos buscarían la pacificación del estado, pero a cien 100 de su gobierno eso no ha sucedido.

–¿Qué temas trataría específicamente con la gobernadora?

–Me interesa platicar sobre la pacificación de Guerrero, sobre todo yo tenía una propuesta para el norte del estado: Taxco, Tetipac. Desgraciadamente no se ha dado esta plática.

El religioso compartió que hace unos días se reunió con sus compañeros, los obispos de Tlapa y Acapulco, donde coincidieron en que era extraño que las autoridades del estado no quisieran dialogar con ellos. Considera que, en su caso, sea porque ha criticado a este gobierno y sus declaraciones hayan disgustado a los funcionarios.

El obispo ve que con la entrada del gobierno de Salgado Pineda la violencia no para incluso, evalúa, va en aumento.

Aunado a este panorama, al obispo le preocupa que desde las campañas electorales se dio cuenta que algunas de las presidencias fueron impuestas por organizaciones criminales.

“Lo peor es que cuando ves que ya tomaron posesión los nuevos presidentes, los mandan llamar para ponerse de acuerdo. La semana pasada, no diré el nombre, pero es de aquí de Guerrero, una presidenta municipal me decía: ́yo tengo que estar dando una cuota para poder trabajar en paz y yo creo que muchos están pagando las cuotas´”, destacó.

El obispo, dice, desconoce si la gobernadora y sus funcionarios están enterados de esta situación o simulan no saber nada.

Salvador Rangel expresa su preocupación por la falta de experiencia de la gobernadora y su equipo, además de que su padre, Félix Salgado, esté detrás de todo “porque es quien quita o designa dentro del gobierno”.

“Mientras que la gobernadora esté a la sombra de Félix, las cosas se van a empeorar en el estado, pero hay solución”, aseguró.

Desde la administración pasada, la que encabezó el priista Héctor Astudillo Flores, el obispo ha mantenido relaciones por el momento tensas con el mandatario y funcionarios, en específico con el entonces secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.

En este gobierno, ya ha tenido desencuentro con la gobernadora, pero fue Félix Salgado quién le pidió que ya no hablara de política.

“Con todo respeto, el clero tiene sus sagradas funciones, pero no puede intervenir en los asuntos del gobierno, así como el gobierno no puede interferir en los asuntos de la iglesia”, le dijo Félix Salgado.

Sin esperanza de un cambio

–¿Confían en que en este gobierno encuentren justicia?

–La conclusión a la que hemos llegado es que este gobierno va a ser peor que el anterior. La verdad no tenemos esperanza de que esto vaya a cambiar, vemos que nombraron muchos secretarios, al frente de cada dependencia que no saben ni dónde están parados.

Quien responde es Gema Antúnez Flores, representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados María Herrera.

Desde febrero del 2011, Gema Antúnez busca a su hijo, Juan Sebastián García Antúnez, quien fue desaparecido en Chilpancingo. Lo último que se supo fue que hombres lo interceptaron en el Paseo Alejandro Cervantes y se lo llevaron.

–¿Qué urge resolver para las víctimas de María Herrera y así encontrar justicia?

–Desgraciadamente las desapariciones están aumentando mucho. Por ejemplo, yo tenía 80 familias registradas hasta el año pasado y en lo que va del mes ya aumentaron 15 más, eso solo de mi colectivo. Es muy difícil, porque la gente queda muy desamparada y no hay apoyos económicos y en Guerrero hay una canasta básica que se les tiene que entregar a las víctimas afectadas.

El 11 de enero, el colectivo junto con organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos se reunieron por primera vez con la gobernadora, pero, dice Gema Antúnez, no le han planteado con puntualidad sus demandas, que arrastran desde hace años.

Uno de los acuerdos de este primer encuentro fue que a inicio de febrero la gobernadora encabezará mesas de trabajo para atender de manera más específica las demandas. Sin embargo, hasta ahora no hay fecha programada para las nuevas reuniones.

El encuentro no fue por iniciativa de la gobernadora, más bien, afirma la activista, por la presión que ejercieron las organizaciones sociales.

El colectivo María Herrera agrupa a 95 familiares de 98 desaparecidos y tres asesinados en Guerrero, registrados desde 2008 a este año.

Uno de las urgencias para los familiares de los desaparecidos y asesinados, es que las autoridades del estado atiendan lo que respecta a la Comisión Estatal de Búsqueda, pues no cuentan con personal para búsquedas y, eso, provoca que sea ellos mismos los que salgan a campo a buscar directamente a sus seres queridos.

“Estamos desamparados, les digo ayúdenme con esto, con lo otro y yo veo que están en ceros, no saben por dónde empezar, y piden orden federal”, reprochó.

Covid-19: Sin freno éxodo de migrantes y violaciones a sus derechos humanos

En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país


Texto: Beatriz García

Foto: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña

18 de enero del 2021

Chilpancingo

 

La pandemia de la Covid-19 no impidió el éxodo de jornaleros de Guerrero en 2021 hacia diferentes estados del país.

De acuerdo a la información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Subsecretaría de Migrantes Nacionales del Estado cerca de 35 mil de ellos salieron, entre mujeres, hombres, niñas y niños, pero las condiciones precarias de salud, educación, seguridad y vivienda no se resolvieron.

En un informe publicado el 29 de noviembre por el Centro de Análisis e Investigación Fundar documentó que pese a la pandemia y las restricciones por la misma, millones de personas continuaron trabajando en el campo, para llevar alimentos a sus hogares.

“Las y los jornaleros agrícolas trabajaron y trabajan a la par del personal médico, personal de enfermería, personas cuidadoras, repartidores de alimentos y las millones de trabajadoras esenciales que mantuvieron el país a flote durante 2020 y 2021”, precisa el texto.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan junto con el Consejo de Jornaleros Agrícolas en el estado tiene un panorama puntual de  lo que pasa con los migrantes nacionales, pues la Montaña es una de las regiones del estado que más éxodo de jornalero presenta.

En entrevista, el representante del área de Jornaleros de Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes, confirmó que tan sólo en esta región de la Montaña el éxodo de migrantes no disminuyó, incluso con relación al 2020.

En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país.

Además, Tlachinollan tiene un registro del fallecimiento de 14 jornaleros en el 2021, algunos por accidentes y  tres por coronavirus.

Rodríguez Reyes precisó que además de tener un mismo número de migrantes que salieron a los campos a trabajar, lo hicieron en las mismas condiciones de precariedad.

“En las condiciones de traslados son pésimas en cuanto a camiones, inseguridad en el trayecto del camino, abuso de autoridad, tránsito, no se diga, igual las  condiciones laborales en los campos agrícolas, ahí por ejemplo, lo que ya se sabe la gente vive de su salario, o de lo que gana en el día sin prestaciones, seguridad social”, describió el defensor de derechos humanos.

Agregó que la mayoría de los campos o los estados donde migran los jornaleros son zonas agrícolas  donde no hay albergues ni guardería para que los hijos e hijas de las familias puedan apoyarse de ellas.

Rodríguez Reyes lamentó que siguen faltando políticas públicas del gobierno para atender la problemática y que es lo que más preocupa.

En 2021, dijo, que también con la pandemia nunca se supo si las familias se vacunaron contra la Covid-19, porque donde trabajan no se priorizó una campaña para ellos y así invitarlos a vacunarse.

Tlachinollan tiene el cálculo de que el 80 por ciento de los jornaleros no se vacunó contra el coronavirus.

El representante del área insistió que no hay un programa especial del gobierno que cobije a la población jornalera y el panorama que se vislumbra para este 2022 es similar.

Dijo que el Consejo de Jornaleros y Tlachinollan están pugnando para que se reactiven las mesas de trabajo de la Comisión Intersecretarial del estado para implemente un programa, y que ojalá en el primer trimestre del año se resuelva.

Esta Comisión nace en el 2011 y la conforman las diferentes dependencias del estado, con el objetivo de que haya atención a los jornaleros.

El defensor adelantó que tres secretarías ya se acercaron: la de Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanas, la Secretaría de Migrantes y la Secretaría de Salud. Estas tres dependencias  dialogaron con el Consejo de Jornaleros, quien entregó una agenda de trabajo, mientras que las dependencias prometieron buscar que se reactive la Comisión Intersecretarial y trabajar un planteamiento más integral.

 

Más de 35 mil migrantes de Guerrero salieron en 2021 a los campos agrícolas del país: subsecretaria de Migración Nacional

En entrevista con la subsecretaria de Migración Nacional de estado, Eleazar Marín Quebrado, coincidió que el éxodo de jornaleros no paró pese a la pandemia de la Covid-19 y cerca de 35 mil personas abandonaron sus casas para trabajar en los campos agrícolas.

Pero, reveló, que de enero a octubre que correspondió la atención al gobierno anterior, que encabezó el priista Héctor Astudillo Flores,  no se atendió el problema de los jornaleros.

La funcionaria asumió el cargo a principios de noviembre en el gobierno que encabeza la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y junto con otras dependencias reactivaron la Comisión Intersecretarial para que se diera la atención a este problema, a quienes se les planteó con datos estadísticos la situación.

Con las mesas de trabajo de la Comisión, dijo,  se instalaron dos módulos de salud en las Unidades de Servicios Integrales (USI) de Tlapa y de Chilapa que estaban inactivos donde se asignaron médicos, enfermeras y trabajadoras sociales.

La funcionaria informó que en el 2021 tanto en Chilapa como en Tlapa  se registraron 14 mil  jornaleros en cada uno, quienes salieron a diferentes partes del país, y sumando los jornaleros que salen de Ometepec, asciende a un total de 35 mil migrantes nacionales que cada año salen de sus lugares de origen.

Aseguró que en Tlapa se implementó que elementos de Seguridad Pública acompañen a los jornaleros a los límites del estado, además de que para  este año se pretende firmen convenios interestatales con autoridades de los estados receptores de jornaleros agrícolas.

Se supone que estos convenios son para vigilar que se respeten los derechos humanos de los jornaleros.

La subsecretaria agregó que para este año el objetivo es que el programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar ayude a disminuir el éxodo de migrantes.

 

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