Quiénes se encontraban en la estación migratoria cuando ocurrió el incendio?, las autoridades migratorias dieron a conocer el nombre de los 68 migrantes alojados en su estación en Ciudad Juárez al momento de la tragedia y ajustó en 38 el número de migrantes fallecidos en incendio, es la tercera cifra que maneja en menos de 24 horas
Texto: Redacción de la Verdad de Juárez
Fotografía: La verdad de Juárez
29 de marzo del 2023
Los nombres de las 68 personas extranjeras que se encontraban en la Estancia Provisional del Instituto Nacional de migración Ciudad Juárez cuando se originó un incendio la noche de este lunes 28 de marzo fueron revelados esta noche por el Instituto Nacional de Migración (INM).
Esta información se dio a conocer a casi 24 horas de la tragedia que dejó 38 migrantes muertos, de acuerdo con la cifra proporcionada esta noche por el instituto, que primero informó que eran 39 y luego que sumaban 40 las víctimas mortales, aunque la primera cifra proporcionada por fuentes gubernamentales por La Verdad fue 41 personas migrantes fallecidas.
“Al final del recorrido que realizaron autoridades del Instituto Nacional de Migración por los distintos hospitales en los que fueron internadas las víctimas para su atención inmediata, se actualizó la cifra de personas fallecidas y se confirmaron 38 decesos” se cita a través de un comunicado, sin revelar quiénes son los fallecidos.
De la información proporcionada através de un comunicado de prensa se desprende que 10 aún se encuentran hospitalizados. Sin embargo el instituto no identifica en la lista a los migrantes fallecidos en el incendio.
El INM, de la Secretaría de Gobernación, informó que solo da a conocer los nombres de los que se encontraban en la estación migratoria “como un derecho humano”. Esto se hace por tratarse de una tragedia en la que, “garantizar el acceso a la información pública, ayudará a los familiares de las víctimas a conocer si uno de los suyos se encontraba en la estancia del INM”
A continuación se proporcionan los nombres y la nacionalidad de las personas reportadas por el INM:
Colombia
1. Julián David Villamil Arévalo
Ecuador
1. Jorge Luis Tumbaco Santiestevan
El Salvador
1. Andrés Fernando Calderón Carbajal
2. Brayan Eduardo Flamenco Quinteros
3. Carlos Alberto Pacheco Gutiérrez
4. Daniel de Jesús Varela Ramírez
5. Enrique Alfonso Melara Rivera
6. Inmer Onesi Molina Hernández (Hospital de la familia Femap)
7. José Amílcar Portillo Solórzano
8. José Pedro Rivera García
9. Marvin Armides García Pacheco (IMSS 6)
10. Milton Alexis Melara Melgar
11. Misael Antonio Aguilar López
12. Roberto Antonio Henríquez Evangelista
Guatemala
1. Bacilio Sutuj Saravia
2. Byron López Xol
3. Cristian Vidal Alexander Ventura Sacalxot (IMSS 6)
4. Cruz Ernesto Chich Marroquín
5. Diego Sau Guarchaj
6. Diego Tzaj Ixtos
7. Edwin Gilberto Ixpertay Macario
8. Eliseo Gutiérrez Valdez (Hospital de la familia Femap)
9. Elvis Adelmar Pérez Esteban
10. Enrique Coy Pop
11. Eyner Anibal García Dieguez
12. Fernando Pu Castro
13. Francisco Gaspar Rojche Chiquival
14. Francisco Javier Sohom Tzoc
15. Gaspar Josue Cuc Tzinquin
16. Gaspar Santiago Ixcotoyac Tum
17. Juan Fernando Quiñonez Montejo
18. Kevin Estuardo Cardona Lopez
19. Manuel Alexander Chox Tambriz
20. Marco Antonio Lucas Paiz
21. Marcos Abdon Tziquin Cuc
22. Miguel Rojche Zapalu
23. Miguel Sebastian Pedro Mateo
24. Raymundo Quib Tzalam
25. Roberto González Hernández
26. Rubbelsy Manrrique Pérez Rodríguez
27. Santiago Caal Tzul
28. Wilson Alexander Juárez Hernández
Honduras
1. Brayan Orlando Rodríguez Funes
2. Cristhian Javier Carranza Toro
3. Dikson Aron Córdova Perdomo
4. Edin Josué Umaña Madrid
5. Higinio Alberto Ramírez Torres (Hospital de la Familia Femap)
6. Jesús Adony Alvarado Madrid
7. José Alfredo Hernández Muñoz
8. José Ángel Ceballos Molina
9. José Armando Rivera Muñoz
10. Juan Carlos De Jesús Gómez (Hospital de la Familia Femap)
11. Juan Carlos Trochez Aguilar
12. Oscar Danilo Serrano Ramírez
13. Oscar Pineda Torres
Venezuela
1. Carlos Eduardo Rodríguez Cordero
2. Masculino Desconocido Sin Identificar
3. Eduardo De Jesús Carballo López (Hospital De La Familia Femap)
4. Jeison Daniel Catari Rivas (Hospital De La Familia Femap)
5. Jesús Eduardo Velásquez Perdomo (Hospital De La Familia Femap)
6. Joel Alexander Leal Peña
7. Orangel José López Guerrero
8. Orlando José Maldonado Pérez
9. Oscar José Regalado Silva
10. Rafael Mendoza Mendoza
11. Rannier Edelber Requena Infante
12. Samuel José Marchena Guilarte
13. Stefan Arango Morillo (Hospital de la Familia Femap)
Los migrantes fallecidos se encontraban encerrados bajo llave en área de alojamiento temporal para personas del sexo masculino de estancia migratoria, reportaron fuentes consultadas; culpan de la tragedia a personal del INM, “son unos inhumanos“.
Texto: Rocío Gallegos y Gabriela Mijárez / LA VERDAD
Fotografía: Rey R. Jauregui
Un incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez dejó al menos 41 migrantes muertos y más de 20 lesionados, la noche de este lunes.
En el lugar, 37 hombres murieron presuntamente intoxicados por inhalación de humo y sus cuerpos fueron colocados en el estacionamiento del edificio del INM, cubiertos con colchas térmicas de aluminio, de donde fueron levantados por personal del Servicio Médico Forense. Otros cuatro fallecieron en un hospital donde recibían atención médica, durante los primeros minutos de este martes, informaron fuentes gubernamentales consultadas por La Verdad.
El siniestro se generó en el área de alojamiento destinada a personas migrantes del sexo masculino mayores de edad, que se localiza en las instalaciones del Instituto, ubicadas junto al puente internacional Lerdo-Stanton, frente a la Presidencia Municipal y a escasos metros del río Bravo, límite fronterizo con Estados Unidos.
Peritos revisan los cuerpos de migrantes cubiertos con colchas térmicas de alumnio
En esa área, que se encontraba cerrada bajo llave, había 68 migrantes hombres de Centro y Sudamérica, algunos de ellos retornados por Estados Unidos a México bajo el Título 42 y otros que fueron asegurados este lunes por agentes del INM en un operativo especial realizado en la ciudad para retirarlos de los cruceros viales donde limpian vidrios, venden dulces o piden dinero.
Alrededor de las 21:00 horas los migrantes se empezaron a inconformar porque durante todo el día no les habían dado agua para beber y tenían sed, se informó.
Las quejas subieron de tono hasta que presuntamente a las 21:30 horas prendieron fuego en el lugar donde se encontraban recluidos, esperaban que les abrieran la puerta, pero se comenzaron a intoxicar y a quemar, de acuerdo con datos preliminares de las investigaciones.
“La culpa la tiene migración, esto que está pasando es culpa de ellos”, dijo Vianey Infante, una migrante venezolana, quien esperaba la liberación de su esposo en el exterior de la estación migratoria cuando se desató el incendio.
La mujer contó que acudió al INM porque le dijeron que iba a soltar a su marido al comprobar ser parte de un núcleo familiar de migrantes, pero pasadas las 9:30 de la noche vio salir mucho humo del centro migratorio y que se comenzó a desalojar a las mujeres recluidas, menos a los hombres.
“Me asomé y me puse a llorar”, contó. Dejaron a los hombres encerrados en las celdas, nunca los sacaron, narró la mujer, quien por eso peleó con agentes del Instituto. “Son unos inhumanos”.
Entre el ajetreo de bomberos y paramédicos que atendieron el siniestro, Vianey se enteró que a su esposo lo trasladaron a un hospital con síntomas de intoxicación.
Las fuentes consultadas indicaron que la investigación de los hechos quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), donde la madrugada de este martes fue presentado el encargado de la Estación Migratoria, Daniel Goray Yosiaka, para rendir su declaración.
En un comunicado emitido la madrugada de este martes, el INM –que dependen de la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal– lamentó el fallecimiento de las personas migrantes extranjeras en estos hechos que consideró una tragedia y dio a conocer que interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes para que se investigue lo sucedido. Reportó de manera oficial solo 39 fallecidos.
El gobierno de Chihuahua y el de Ciudad Juárez guardaron silencio ante esta tragedia.
Los daños generados por el incendio se concentran en el interior de la sede del INM, en ese cruce internacional por donde reciben a expulsados de Estados Unidos, el exterior del edificio prácticamente no presentó afectaciones.
En el lugar peritos de la Fiscalía del Estado en la Zona Norte y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trabajaron hasta casi las 5 de la mañana de este martes en el levantamiento de los cuerpos. El lugar aún permanece resguardado por militares y elementos de la Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales.
TRASLADAS A LESIONADOS A CUATRO HOSPITALES
Mientras los bomberos se encargaban de sofocar el fuego en las instalaciones del Instituto y personal de Protección Civil, estatal y municipal, rescataban los cuerpos de los migrantes fallecidos, paramédicos de distintas corporaciones trasladaban a los lesionados a recibir atención médica.
De los rescatados con vida, 29 migrantes fueron traslados con lesiones o intoxicados a cuatro instituciones de salud en la ciudad, entre ellas al Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Cruz Roja, el Hospital General y al Hospital de la Familia, éste último localizado a unas cuadras de las oficinas del INM.
Cuatro de ellos murieron mientras recibían atención médica, se reportó.
En la estación migratoria se encontraban mujeres en condición de movilidad, una cantidad que no fue determinada esta noche; sin embargo, se dio a conocer que se encontraban en un área especial donde supuestamente no se registraron daños por el incendio, por lo que lograron ponerlas a salvo y fueron trasladadas a distintos albergues en la ciudad.
El Instituto Nacional de Migración informó también que se estableció comunicación y coordinación con autoridades consulares de diferentes países para implementar las acciones que permitan la identificación plena de las personas migrantes fallecidas.
El INM expresa su disposición para coadyuvar en las investigaciones de ley, a fin de que se esclarezcan estos hechos y aseguró que dará seguimiento a la evolución del estado de salud de quienes se encuentran hospitalizados y brindará todo el apoyo a los familiares de las víctimas.
De igual forma dio a conocer que se dio vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que intervenga en las diligencias de ley y de salvaguarda de las personas extranjeras.
Desde finales de 2018, Ciudad Juárez registra una concentración masiva de migrantes que se han quedado varados en espera de cruzar la frontera o que han sido expulsados a México por acciones de control fronterizo del gobierno de Estados Unidos.
Este texto es propiedad de LA VERDAD y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el originar en este enlace.
La política del Título 42, establecida por la administración de Trump, ha incrementado las expulsiones de migrantes en la frontera de EU. El argumento de ese país de evitar problemas de salud pública ha generado una crisis humanitaria en territorio mexicano.
Mientras la Suprema Corte de Estados Unidos refrendó hace unos días el Título 42, que permite expulsar a migrantes de manera inmediata desde inicios de la pandemia argumentando motivos sanitarios, las devoluciones derivadas de esta política ya suman cerca de 2 millones y medio en casi tres años.
Durante los siete meses que aún correspondieron al año fiscal 2020 a partir del establecimiento del Título 42 en marzo, las expulsiones producto de esa política sumaron más de 200 mil. En el transcurso del año fiscal 2021 —de octubre de 2020 al mismo mes de 2021— alcanzaron 1 millón y una cifra similar se registró en el año fiscal 2022.
En tanto, en lo que va del año fiscal 2023 para EU —desde octubre pasado— ya se han dado más de 150 mil devoluciones amparadas por el Título 42, de acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP, por sus siglas en inglés).
Derivado de esto, según advierte la organización Human Rights First en su informe Mancha de derechos humanos, farsa de salud pública, presentado en diciembre, durante 2022 se registró la mayor cantidad de muertes —al menos 853— de personas que cruzan la frontera México-EU desde 1998.
Aunado a ello, la permanencia del Título 42 ha ocasionado que quienes migran escojan rutas cada vez más peligrosas, donde se encuentran a merced de grupos criminales que controlan esas zonas.
Hasta el 15 de diciembre de 2022, la organización contabilizaba 13 mil 480 reportes de asesinatos, tortura, secuestros, violaciones y otros ataques violentos hacia migrantes y solicitantes de asilo detenidos o expulsados a México bajo esa política desde que comenzó la administración del presidente estadounidense Joe Biden.
Entre algunos ejemplos que consigna, están el secuestro de una familia guatemalteca con niños por oficiales mexicanos, tras ser expulsados a Nuevo Laredo, para entregarlos al crimen organizado; el secuestro de un solicitante de asilo hondureño y su hija de cuatro años, quien fue golpeada y presenció la violación de su madre cuando les orillaron a esperar en Tijuana, y la violación de una mujer trans lesbiana por elementos de la policía mexicana en Piedras Negras, luego de que la CBP le negara la protección en el punto de entrada de Eagle Pass.
La salud pública como excusa
El 21 de marzo de 2020, la administración del expresidente Donald Trump determinó, a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19 en México y Canadá, que existía un riesgo serio de introducción del virus a EU y que la restricción del ingreso de personas de ambos países se requería por salud pública.
Luego de que los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de EU (CDC) impulsaran la eliminación del Título 42 en mayo pasado, impedida por un juez federal de Louisiana, se preveía que la nueva fecha para su terminación fuera el 21 de diciembre, pero la Suprema Corte determinó su continuidad el 27 de ese mes.
Bajo esta política, durante casi tres años la CBP ha prohibido de manera inmediata la entrada de personas que, de acuerdo con su propia justificación, potencialmente implican un riesgo de salud, tanto por haber sido sujetas de restricciones de viaje anunciadas con anterioridad como por tratar de ingresar al país con la intención de eludir las medidas de control sanitario.
Según la CBP, el Título 42 no aplica a personas que deben ser exceptuadas por consideraciones de ley, de seguridad pública, humanitarias o de interés en torno a la salud pública. Las expulsiones bajo el Título 42, dice el organismo, no están basadas en el estatus migratorio y por ello se registran de manera independiente al resto de las acciones de la Patrulla Fronteriza, como las aprehensiones y la inadmisibilidad.
Sin embargo, Human Rights First advierte que el mal uso del Título 42 ha resultado en un fiasco en salud pública, administración de la frontera y derechos humanos. Esta política ha sido utilizada para bloquear a quienes buscan asilo en puntos de entrada oficiales, exponer a riesgos graves a solicitantes de asilo y migrantes que cruzan la frontera, y evadir el debido proceso y las disposiciones para la protección de refugiados contempladas en las leyes estadounidenses.
Además, sostienen que las consecuencias de esta política y su expansión a la población venezolana desde octubre pasado confirman que no tiene fundamento en la salud pública. Expertos en medicina, así como especialistas de los CDC en declaraciones ante el Congreso, han reiterado —recuerda HRF— que el Título 42 no tiene alguna base científica.
Desde noviembre, agregan, epidemiólogos y expertos en salud pública advirtieron a la administración Biden que la continuidad y expansión del uso del Título 42 era una farsa que manipulaba, mal usaba y mermaba la confianza en la gestión de la salud pública.
De la misma manera, ha contribuido a alimentar y propagar prejuicios racistas que pintan a los migrantes como factores de enfermedad, reforzando estigmas e incrementando la vulnerabilidad de grupos marginados, de una manera antiética y contraria a los principios de buenas prácticas en salud pública.
De acuerdo con la organización, la CBP y oficiales de la Patrulla Fronteriza siguen utilizando el Título 42 para expulsar migrantes y solicitantes de asilo en formas que los colocan en una situación de mayor vulnerabilidad a la violencia en México y merman su posibilidad de pedir asilo. Esto ha incluido regresarlos en medio de la noche, negarles atención médica y retenerles documentos.
Esta política, además, continúa perpetuando el desorden en la frontera, desencadenando múltiples y peligrosos cruces fronterizos, inflando las estadísticas de la CBP, orillando a rutas más riesgosas lejos de los puntos de entrada oficiales y facilitando la explotación.
“El mal uso generalizado y expansivo del Título 42 es confirmación adicional de que esa política no tiene nada que ver con salud pública, pero, en cambio, se ha utilizado para castigar a las personas por migrar y ejercer su derecho humano a buscar asilo frente a la persecución”, concluye HRF.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
En condiciones laborales deplorables y con el riesgo de sufrir algún accidente e incluso la muerte, unos 30,000 jornaleros agrícolas guerrerenses se van a trabajar cada año a los campos de distintos estados del norte del país ante la falta de empleo en sus comunidades.
En lo que va de este año han muerto 14 jornaleros agrícolas de la región de la Montaña, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes.
En estos momentos un jornalero que murió al caer de un tren sigue en el Servicio Médico Forense de Guadalajara, Jalisco porque sus familiares no tienen dinero para traer su cadáver y sepultarlo en su comunidad.
Es un habitante de la comunidad de Ojo de Agua, del municipio de Iliatenco, quien murió al caerse del tren de carga La Bestia, al cual subió cuando cruzaba el municipio de Ocotlán, Jalisco.
«Esta persona estaba trabajando de jornalero en los campos de Michoacán y quería cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos y encontró la muerte, pero sus familiares no pueden sepultarlo porque no tienen dinero para traerlo y el gobierno del estado ni los apoya», comentó el abogado.
Este jornalero agrícola dejó huérfanos a dos niños.
Rodríguez Reyes dijo que aun con esos peligros la gente de las comunidades de la Montaña y Costa Chica siguen trasladándose a diferentes estados del país para emplearse de jornaleros agrícolas.
Este fin de semana, 800 personas, entre adultos y niños de la comunidad de Ayotzinapa, del municipio de Tlapa, se trasladaron en 14 autobuses a los campos agrícolas de la comunidad de Costa Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa.
Este grupo de personas fueron al corte de verduras que se exporta a Estados Unidos.
El éxodo de jornaleros agrícolas en los municipios de la región de la Montaña inicia en estas fechas, siempre después del Día de Muertos.
La empresa que contrató a los jornaleros agrícolas es la Golden Fields y los lleva directamente a la localidad de Costa Rica, donde están los campos agrícolas.
Dijo que la organización lleva un registro y cada año alrededor de 30,000 indígenas van a trabajar a los campos agrícolas de los estados del norte del país en condiciones de inequidad laboral.
«La situación para los jornaleros ha sido muy complicada desde siempre porque enfrentan problemas de todo tipo, como el abuso y la explotación laboral, discriminación, y carecen de seguridad social además de que los gobiernos federal y estatal no los respaldan», comentó Rodríguez Reyes.
Hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para que le den seguimiento a los jornaleros durante su estancia en Sinaloa.
El abogado activista denunció que el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda ni siquiera apoya con la dotación de insumos básicos en la Casa del Jornalero Agrícola, ubicada en Tlapa, principal cabecera de la región Montaña.
«Estas instalaciones del jornalero no cuentan con lo básico para preparar comidas calientes y tampoco despensas», contó.
Agregó que desde que Salgado Pineda llegó al gobierno ordenó el retiro de los recursos públicos para el mantenimiento de las Unidades de Jornaleros Agrícolas, ubicadas en los municipios de Ometepec, Tlapa y Chilapa. «Dejaron de dar entre un millón y tres millones de pesos que otorgaban anualmente a estas unidades».
Esta tarde, familias nahuas de la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa de Comonfort, en la Montaña de Guerrero, salieron a trabajar a los campos agrícolas del estado de Sonora sin algún apoyo gubernamental, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El abogado de Tlachinollan que da acompañamiento a los jornaleros agrícolas, Paulino Rodríguez Reyes, denunció que de parte del gobierno estatal y federal no hay respaldo para los trabajadores en materia laboral.
«La situación para este sector ha sido muy complicada desde siempre porque enfrentan problemas de todo tipo como la explotación y abuso laboral, discriminación y carecen de seguridad social y no hay programas gubernamentales que los respalden», mencionó Rodríguez Reyes.
Los jornaleros que se dirigen hacia Costa Rica, municipio de Sinaloa, son alrededor de 800, donde los emplea la empresa Golden Fields para el corte de verduras que exporta a Estados Unidos y Canadá.
La Golden Fields mandó 14 autobuses para el traslado de los jornaleros, quienes salieron esta tarde del crucero de Ayotzinapa, en Tlapa, y se le sumarán más en Chilapa.
Los jornaleros trabajarán en los campos agrícolas durante seis meses.
Rodríguez Reyes mencionó que Tlachinollan lleva un registro de 14,000 jornales que migran a los estados del norte del país, pero la cifra a nivel estatal pueden ascender a 40,000.
«Por eso se deberían crear programas que mejoren las condiciones de los jornales, como se está haciendo en otros estados expulsores de migrantes», dijo Rodríguez Reyes.
A nivel estatal, denunció el abogado, la Secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, no apoya a la Casa del Jornalero, un espacio para la protección de los trabajadores, ni con insumos básicos para realizar su labor.
«Estas instancias no cuentan con lo básico para preparar alimentos calientes para los migrantes y tampoco les proporcionan despensas, el comedor sigue sin operar”, denunció.
Como muchos de sus paisanos Herlinda llegó a Rancho Los Pinos, en Baja California, para emplearse como jornalera agrícola. Y también, como a muchos de sus paisanos, la empresa la abandonó después de un accidente de trabajo. Esta es su historia, pero también la de muchas personas más
Rancho Los Pinos dejó a su suerte a Herlinda Santiago Martínez después del accidente que sufrió en el surco de la empresa agrícola rancho Los Pinos, en Baja California. Los hechos ocurrieron el 23 de septiembre, en la malla 6 del sector 5, cuando Herlinda deshojaba las plantas de tomate en la empresa agrícola.
La jornalera llegó a la pizca de tomate y pepino de la temporada primavera-verano. Se fue con el compromiso de regresar a su comunidad de origen después de la cosecha. El enganchador le prometió a Herlinda que mientras trabajaba en los campos tendría vivienda digna, atención médica inmediata y áreas de trabajo seguras.
Herlinda Santiago Martínez habla la lengua tu’un savi (mixteco). Eso le impidió tener información clara sobre el trabajo que le prometieron. Ella salió de Cochoapa el Grande, en la montaña alta de Guerrero, para trabajar en la empresa agrícola Rancho Los Pinos. Ahí trabajaría por una temporada de seis meses.
Entre las promesas que le hicieron a la jornalera Ñuu Savi están: Que después cumplir con contrato laboral, la empresa la regresaría a sus comunidad de origen en un transporte adecuado. Sin embargo, esto no se cumplió. Tampoco la seguridad en el trabajo, ni la atención médica.
No es la primera vez
La denuncia en contra de rancho Los Pinos Desde no es de ahora. Pues desde hace 28 años que los na savi llegan a este lugar para trabajar en condiciones deplorables. Por ejemplo, el 26 de septiembre de 2016 Gudelia Lazaron, otra trabajadora, murió atropellada en los surcos del sector 1, malla 20, de esa empresa. La arrolló un camión que la llevó a ese lugar para cortar jitomate.
De acuerdo con fuentes cercanas a Herlinda Santiago Martínez, la trabajadora agrícola trató de incorporarse pero no le dio tiempo de moverse. Ahí fue cuando se dio cuenta que tenía fracturada la pierna derecha y la rodilla. La jornalera pidió auxilio en tu’un, pero la única que llegó a socorrerla fue su hermana.
Después de eso, el mayordomo pidió una ambulancia que llegó una hora tarde para trasladarla a la clínica 13 de la colonia La Cali. Sin embargo, los médicos que la recibieron le negaron atención médica. Así que la trasladaron a Ensenada, donde fue abandonada por rancho Los Pinos en la clínica 08 del Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS). Herlinda se quedó sin interprete ni acompañante.
En el hospital, la víctima no recibió información de su estado de salud en tu’un savi. Tampoco la empresa agrícola le proporcionó un intérprete. Herlinda estuvo en calidad de desconocida durante 13 días en la clínica 08 del IMSS, donde le suministraron paracetamol para calmar su dolor.
Violencia laboral y abandono
Después de buscarla por más de una semana, uno de sus sobrinos, que también es jornalero en Rancho Los Pinos, la ubicó en Ensenada, Baja California. A partir de ese día, el joven ñuu savi, se hizo cargo del cuidado de la jornalera, a pesar de ser un adolescente con español elemental.
Ante la falta de atención medica y dinero, Herlinda y su sobrino decidieron abandonar el hospital para regresar al campamento El Vergel, del rancho Los pinos. Los médicos del seguro social la obligaron a ella y su sobrino a firmar una responsiva en la que se deslindaban de la salud de la víctima.
Cuando llegaron llegaron a El Vergel, el campero de la cartería, Luis Andrés Huerta Chaires, y la trabajadora social Erika Guerrero Valera impidieron el ingreso de los jornaleros al campamento. El argumento fue que habían dejado el hospital. Tras esto, los administrativos de Los Pinos despidieron a la jornalera y su sobrino.
Los ñuu savi de Cochoapa se refugiaron con una paisana en el fraccionamiento Las Casitas de Santa María Los Pinos. Eso lo hicieron mientras buscaban regresar al estado de Guerrero. Sin embargo, al día siguiente se apersonó Luis Andrés Huerta Chaires con un cheque de tres mil pesos para finiquitar a la jornalera.
El argumento era que rancho Los Pinos le entregaba un apoyo económico a la afectada. Huerta Chaires hizo que la señora Herlinda firmara bajo engaños su renuncia y el deslinde de responsabilidades de la empresa por accidente en el trabajo.
En 2015, Pie de Página documentó la explotación de jornaleros agrícolas en el rancho Los Pinos. A siete años del reportaje, los abusos en esta empresa continúan, mientras el gobierno federal ha hecho poco para sancionar a esta empresa.
Este trabajo fue publicado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Filemón Ortega Marabel es originario de Rancho las Lomas, municipio de Zitlala, en la denominada Montaña Baja de Guerrero, y desde los siete años trabaja en los campos agrícolas de Sonora en la cosecha de pepino, jitomate y chile, ahora tiene 28 años y espera trabajar en Estados Unidos con la esperanza de un ingreso extra.
Filemón es parte de las 80 personas que esperan ser entrevistadas por el Servicio Nacional de Empleo Guerrero (SNEG) para obtener una vacante de trabajador agrícola en Estados Unidos.
Esta es la cuarta vez que Filemón se presenta en las oficinas del SNEG para obtener una vacante, las tres veces anteriores por falta de documentos, no cubrió los requisitos, pero tiene fe en que esta vez si pueda obtener un espacio.
Desde niño Filemón trabaja en los campos agrícolas, antes lo hizo para ayudar a sus padres y ahora para mantener a su familia, integrada por su esposa y tres hijos.
Antes, recuerda Filemón, cada nueve meses se iba con su familia a los campos agrícolas de Sonora, donde el pago era de 40,000 pesos por los nueves meses que trabajaron.
En su natal Rancho las Lomas como campesino y artesano gana 200 pesos al día.
“Si me quedo en mi pueblo gano 200 pesos al día y ahora si nos vamos al norte esperamos ganar un poquito más”, responde Filemón.
Esta es la primera vez que Filemón se va a Estados Unidos y espera que el pago sea mayor al de los campos agrícolas en Sonora. Su sueño es construir una casa para él y su familia.
El SNEG oferta 120 plazas para el corte de jitomate en los estados de Virginia, Florida y Carolina del Sur por un periodo de tres a seis meses.
De las 80 personas que entregarán su documentación y entrevistarán es posible que no todos queden. Faltará la valoración de la empresa contratante y una entrevista por parte de ellos.
Los trabajadores contratados comenzarán a laborar a mediados de agosto.
Filemón es parte de la población sin empleo. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empleo (ENOE), Guerrero registra 22,000 personas sin alguna ocupación laboral fija.
Este programa busca abatir el desempleo en México.
Hermelinda Santiago Ríos es originaria de la comunidad Francisco I Madero, municipio de Metlatonoc, en la Montaña de Guerrero, es indígena Me’paa y desde niña comenzó a ir a los campos agrícolas del país a trabajar.
Por la falta de empleo y de escolaridad la única alternativa de Hermelinda, como la de muchas otras mujeres de la Montaña, fue la de migrar al norte del país cada temporada para cosechar en los campos agrícolas berenjena, papas, manzanas, entre otras cosas.
Casos como el de Hermelinda son invisibilizados por las autoridades, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en conjunto con Periplo, organización no gubernamental dedicada a acompañar y asesorar a trabajadores agrícolas migrantes.
De acuerdo con los datos de Periplo, en México 12.7 por ciento de las personas trabajadoras agrícolas son mujeres, de las cuales solamente tres de cada 10 reciben un pago por su trabajo.
Además que 93 por ciento de las mujeres trabajadoras agrícolas en México carece de contrato, 90 por ciento carece de acceso a la salud por parte de su patrón y el ocho por ciento no cuenta con prestaciones laborales.
“Nosotros estamos metidos ahí desde niños. Desde hace dos, un año, dijeron por ahí. Estamos en el estómago de nuestra mamá. Está metida en los surcos. Nosotros ahí, nacemos, ahí crecimos. Somos jornaleros”, contó Hermelinda.
Hermelinda compartió su experiencia durante la presentación de la campaña Ellas hablan, una iniciativa impulsada por el proyecto Periplo, para dar a conocer las propuestas y contribuciones de las mujeres trabajadoras agrícolas migrantes tanto en México como en Estados Unidos.
Ellas hablan es una campaña que busca visibilizar la situación de las mujeres trabajadoras agrícolas, qué consiste en que 10, mediante entrevistas, cuentan sobre las difíciles condiciones laborales y humanas a las que se enfrentan.
Casos como discriminación, bajos salarios en México, falta de prestaciones, excesiva duración de las jornadas laborales y falta de oportunidades para acceder a visas de trabajo para emigrar a Estados Unidos, son situaciones que contó Hermelinda durante su entrevista que es la primera de las diez que se presentarán en las redes sociales de Periplo.
«Las historias también nos permiten conocer y ampliar el papel de agentes de cambio que estas mujeres están teniendo para sus familias, comunidades y para cambiar la industria agrícola en México y Estados Unidos; además de reconocer retos específicos que por su género enfrentan, como las dobles o triples jornadas de trabajo al encargarse de la crianza y cuidado de hijas, hijos y terceras personas, así como otras labores de cuidados, y la invisibilización de sus contribuciones, bajo nivel de representación y toma de decisiones en sus espacios de trabajo», comentó Pablo Baños, coordinador del proyecto Periplo.
Hermelinda considera que a a traves de la campaña Ellas hablan la industria y las personas consumidoras reconocerán la importancia de su trabajo y que industria y gobierno actúen para garantizar sus derechos humanos y laborales.
El joven de 19 años y su tío Jesús partieron de Veracruz en busca de oportunidades. El endurecimiento de las políticas migratorias los hizo ajustar su plan y, pese a los riesgos, optar por cruzar la frontera escondidos en vehículos.
Hace seis años Pablo, siendo un niño, vio cómo su mamá se fue a Estados Unidos, hizo una vida allá y los ayudó económicamente para que no les faltara nada. Por eso creyó que, para pagar los gastos del parto de su hijo que está en camino, él podría hacer lo mismo. Pero las circunstancias son diferentes. Tanto, que el intento le costó la vida.
Los planes para irse comenzaron hace tres años, cuando pagó 15 mil pesos a una persona para que le ayudara con los trámites de la visa. Sin embargo, la pandemia comenzó y las citas para acudir a la entrevista se cancelaron. Así, las llamadas que él hacía para pedir informes le daban una fecha y otra. Quizá en 2023, le dijeron la última vez.
Por eso, cuando llegó la noticia de que tendría un bebé, la idea de irse “de mojado” comenzó. Él y su familia recordaban entonces las anécdotas que su mamá les había contado por teléfono, de cuando cruzó la frontera embarazada hace seis años. Por ejemplo, la forma en que brincó un muro, pidió apoyo y logró llegar a Florida, donde se estableció todo este tiempo.
Animado por su tío Jesús, la historia de su mamá y de muchos otros migrantes que han partido de Tlapacoyan, Veracruz, hacia Estados Unidos, Pablo Ortega Álvarez salió hacia allá. Murió el 27 de junio en un tráiler, donde 53 personas migrantes se asfixiaron.
Hoy, las fotos de Pablo y de Jesús reposan en un pequeño altar de la casa de Pablo. Ese día se fue llorando, pero feliz de reunirse por fin con su mamá —ahora a sus 19 años— y listo para estar tres años en Estados Unidos, para así pagar los 3 mil dólares que le costaba irse y el nacimiento de su hijo, una casa, un coche y tener ahorros.
Camino de migrantes
Jesús Álvarez, de 43 años, a diferencia de Pablo, ya había vivido allá pero soñaba con regresar. Su vida en aquel país acabó hace tres años, en épocas del presidente estadounidense Donald Trump, cuando “la migra” lo agarró y lo regresó a su natal Misantla.
Él, después de siete años, fue deportado justo en esa época, cuando el muro de la frontera se ampliaba para hacer más difícil el cruce ilegal y se ponía en marcha la política migratoria más restrictiva, que determina la expulsión inmediata de personas sin documentos y que las personas no pueden acudir a solicitar asilo a las vías regulares.
Esa política llamada Título 42 argumenta que los migrantes son un riesgo para la salud debido a la pandemia de COVID-19 y se convirtió en una forma de deportar a las personas migrantes de manera expedita: tan solo durante este año, casi medio millón de personas han sido expulsadas de Estados Unidos por esta política (473 mil 793), de acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
El total de mexicanos que han sido devueltos de Estados Unidos este año es de 112 mil 298. El año pasado fueron 160 mil 689, de acuerdo con el boletín estadístico de repatriación de las y los mexicanos desde Estados Unidos del Instituto Nacional de Migración.
En mayo, una orden de un juez obligó a mantener el Título 42 vigente, mientras que activistas advirtieron que eso no disminuiría la migración pues las personas siguen buscando nuevas formas de cruzar hacia territorio estadounidense.
“El Título 42 no ha hecho nada para limitar la migración general en la frontera entre Estados Unidos y México. De hecho, esta migración está cerca de alcanzar máximos históricos, y es probable que el mantenimiento del Título 42 haga que las cifras continúen siendo altas durante algún tiempo”, señaló la asociación civil WOLA en un documento.
Y a pesar del Título 42, la migración continúa. Una muestra son Jesús, Pablo y los otros 51 migrantes que murieron en el tráiler.
Jesús fue quien le propuso a Pablo irse y, aunque primero pensaron en el desierto como la forma ideal para hacerlo, el riesgo que corrían los llevó a decidirse a irse “por la línea” (el sitio donde se cruza de manera legal la frontera), escondidos en automóviles.
Junto con ellos se iba a ir la mamá de Jesús y abuela de Pablo, pero los dolores en la muela y la diabetes (cuyos gastos eran parte de los motivos de Jesús para irse) hicieron que se arrepintiera. Ahora, espera de regreso los cuerpos de su hijo y su nieto.
La mamá de Pablo consiguió el “coyote” que les ayudaría a cruzar, pero a diferencia de lo que ha sucedido con otras personas de la familia que se van, ahora él no fue quien los recogió en México y los entregaría en su destino final, sino que los pasó de un lado a otro, de un entramado entre casas, lanchas, autos y tráileres que los llevó a su muerte. Nada de eso sabían cuando partieron.
WOLA advirtió que el Título 42 solamente incrementa los riesgos para las personas migrantes, quienes optan por ingresar a Estados Unidos por otros medios.
“Estos cruces son muy peligrosos: los hospitales de San Diego han informado de un alarmante aumento de muertes y lesiones por escalar la valla fronteriza, mientras que los ahogamientos en el río fronterizo se han producido casi a diario”, señala en el documento Tres consecuencias de mantener el Título 42.
Eli solo tiene 14 años y espera el hijo de Pablo. Mientras mira fijamente el altar, platica de las muchas veces que le pidió que no se fuera porque le daba miedo. Su papá iba y venía muchas veces de aquel país y desde hace varios años dejó de hacerlo, pues le dijo que el cruce era más peligroso, que había más vigilancia y que los riesgos eran muchos. Pero Pablo soñaba con ese auto, esa casa, esa moto, esas máquinas de tatuajes. Nada lo podrá tener. Dejó a una adolescente con cuatro meses de embarazo que no sabe cómo pagará los gastos del parto.
Quizá esos sueños los hubiera cumplido si se tuviera la reforma migratoria que presentó el actual presidente, Joe Biden, en su primer día en el poder, y que incluye una vía para la ciudadanía para 11 millones de migrantes que se encuentran de manera indocumentada en aquel país e incrementar los visados de trabajo. Sin embargo, esta reforma no ha avanzado.
Junto con las peticiones de darle celeridad, EU también ha presumido patrullas “conjuntas con México y Guatemala para capturar a más traficantes de personas”, así como escáneres y otros mecanismos de alta tecnología en la frontera. De esos mecanismos habla Eli, esos que su papá detectó y que hacía que le diera miedo el cruce de Pablo.
El trayecto de Pablo
Desde la casa de Pablo, Rosa, su hermana, revisa las últimas conversaciones que tuvieron, mientras las muestra a las cámaras. En sus contactos, lo tiene guardado como “El Triste”: una broma entre dos hermanos que eran cercanos, cómplices y que se cuidaron el uno al otro. “El Triste”, aunque cuenta que Pablo era muy alegre, bromista, que siempre estaba molestando al otro para hacerlo reír.
No le quedan muchos recuerdos físicos de él; un robo le quitó las máquinas de tatuar que usaba y que tanto le costó comprar, su ropa y todos sus artículos personales. Le queda pensar en la última voluntad, que fue despedirse con un cortejo de motos y la canción “Mi última caravana” sonando de fondo, la cadena que cuelga de su cuello y las conversaciones que permanecen intactas.
En esos mensajes se ve cómo viaja a Reynosa, Tamaulipas, las casas de seguridad a las que es llevado, la forma como intentó cruzar cuatro veces el Río Bravo y en una murió uno de sus compañeros migrantes, pero no supo quién era, porque cada vez que llegaban a un punto o una casa lo hacían con personas distintas a quienes no conocían.
En el último intento, el cuarto, logró cruzar en una lancha y un video lo muestra. Otro escondido en un vehículo confirma que estaba ya en territorio estadounidense. Creyeron que por fin estaba a salvo.
Pero entonces vino la mala noticia: irían a una casa y de allí se subirían a un tráiler durante tres horas. No sabían que eso pasaría y vino el miedo. Rosa le pidió que no se fuera hasta atrás porque tenía más riesgo.
“En Hiuston Ya estamos seguros” (sic), escribió a Rosa para intentar calmarla.
“Échale ganas recuerda mente positiva. Carnales hasta la muerte y siempre al millón”, le respondió ella.
Era el 20 de junio. Ese día, Eli se hizo el ultrasonido y vio que sería niño, Pablito, dice ahora. Se lo contó en una llamada por teléfono porque casi no sabe leer y escribir. Fue la última llamada porque le advirtió que les estaban quitando los teléfonos. De ahí silencio. Silencio. No hubo más respuestas.
“Era su esperanza de irse para allá, de hacer una vida mejor, su mamá lo estaba apoyando para hacer sus papeles, a irse y pues se fue. Me sentí angustiado pero pensé que lo iba a lograr, no pensé que pasara esto”, cuenta Alberto Ortega, su papá, quien comenta que el oficio de albañil deja alrededor de mil 500 pesos a la semana, lo que es insuficiente para una vida mejor.
La mamá de Rosa llamó al “coyote” que había contratado y él le aseguró que seguían en una bodega. Pero las llamadas siguieron y más, cuando el 27 de junio encontraron el tráiler. Después, no les volvieron a responder el teléfono.
El primero en ser identificado fue Jesús. Luego les avisaron que un joven con la CURP de Pablo estaba junto a él. Solo llevaba la CURP porque la tristeza y las prisas le hicieron olvidar sus demás documentos.
Su mamá viajó de Florida a San Antonio para verlo, después de seis años, pero no como esperaba: quería que llegara a su casa a instalarse, en el cuarto que recién había construido para él. En cambio, lo vio en el forense. Sin vida. Sin los sueños que buscaba cumplir.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
Miles de migrantes que llegan a México se encuentran con “la otra ruta de la migración”, aquella en la que los carteles se afianzaron con las pandillas y tomaron el control de “La Bestia”. En municipios del Estado de México, las personas migrantes son reclutadas como «soldados» para la venta y distribución de droga
Fotos: Alejandro Mendoza Benítez y Jessica Lizbeth Mendoza Benítez
28 de marzo del 2022
Estado de México
En el calor de las vías del tren, entre los arbustos y las rocas que se desprenden de la barranca en una localidad del norte del Estado de México, se encuentran hombres, mujeres y niños con la postura de fatiga y una mirada derrotada. Aquí, los migrantes centroamericanos interrumpen su viaje hacia la frontera con Estados Unidos tras ser empleados de manera forzada en la primera fila del crimen organizado y las pandillas.
“Nosotros lo tenemos que hacer por la familia, si no nos ponen y terminamos allá en el altar”, explicó Marvin Josué, un migrante centroamericano que fue reclutado y actualmente trabaja para una facción de la Mara Salvatrucha (MS-13), adjunta al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aseguró que de no haber aceptado trabajar para la pandilla, habría sido asesinado y sus restos óseos colocados en un altar a la Santa Muerte.
El 12 de mayo del 2021 a las 11:17 de la mañana, en la entidad mexiquense, el joven Marvin Josué, a quien se le cambió el nombre tras aceptar conversar sin ser grabado, estaba sentado a la orilla de las vías del tren con un cigarro en la mano izquierda, la capucha de la sudadera puesta y los tenis amarrados a sus sueños desde que salió de su lugar de origen. Junto a él, dos hombres más, de rostros delgados y labios entrecortados. El primer contacto fue directo pero precavido:
—Buenos días— dijo; extendió la mano y saludó. —¿Qué necesita? —preguntó con firmeza después—. Junto a ellos había una mochila que alejaron levemente al iniciar la conversación y, luego de soltar una breve risa al escuchar el motivo del acercamiento, agregó: —No puedo responder tus preguntas, si yo hablo, en lo que tú vas y las llevas hasta donde escribes, a mí ya me mataron. Pero, te voy a decir lo que sí puedo.
Luego de alrededor de 20 minutos de conversación, en los que dijo asegurarse de que no se trataba de “un cuatro”, Marvin Josué reveló que, tras su llegada al Estado de México, algunos meses atrás, en el municipio de Tultitlán fue abordado por una persona que “se encargaba de reclutar”. Junto a otros hombres, Marvin fue trasladado a una localidad aledaña en donde fueron destinados a realizar distintas actividades por miembros de la MS.
Sin precisar la fecha, relató que después de salir de lo que él llamó “un país de abajo” (para referirse a Centroamérica) y debido a los pocos recursos con los que contaba en ese momento, se vio obligado a recorrer el territorio mexicano por una de las tres rutas principales de traslado hacia Estados Unidos, una de las cuales implica un menor costo: se trata de la ruta del centro que conecta el camino que recorre de Tenosique, Tabasco, o de Tapachula, Chiapas, hasta el Estado de México; son poco más de 1000 kilómetros para llegar al municipio de Tultitlán en donde, de manera irregular, los migrantes suben al tren carguero, conocido como “La Bestia”. Anteriormente los migrantes solían desplazarse en dirección a Reynosa, en la frontera con Tamaulipas y Texas; sin embargo, debido al amplio control que tomó en su momento el cartel de los Zetas en esta ruta, optaron por desplazarse al noroeste, en la zona limítrofe de Sonora y Baja California con Arizona y California, la denominada ruta del “infierno”, el camino largo hacia el “sueño americano”.
Tren carguero “La Bestia”, (Jessica Lizbeth Mendoza Benitez, 2021).
En la actualidad, Marvin es una más de las 177 personas extranjeras en condición migratoria irregular que ha sido víctima de algún delito en territorio mexicano durante 2020 y de los 3 mil 732 casos registrados desde 2016, según estadísticas del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En México, hasta el 25 de abril de 2021, datos de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) indican que se registraron al menos 2 mil desapariciones de personas migrantes en el país, las cuales han sido reportadas por sus familiares. Algunas de ellas interceptadas por el crimen organizado y las pandillas, las personas indocumentadas sufren delitos como tortura, secuestro, extorsión o robo antes de ser asesinados y ofrendados, como dicen ellos, a la “niña blanca”.
Los migrantes son reemplazados de la primera fila de la pandilla cuando cometen un error o se resisten a colaborar con las organizaciones, según el testimonio de una fuente cercana a la pandilla, a quien se geolocalizará, por seguridad, en el municipio de Cuautitlán y se nombrará como Alberto para los efectos de esta historia. Las personas migrantes reclutadas en la entidad llevan a cabo actividades de venta y distribución de droga, así como de sicariato, y se les denomina “soldados”. Los centroamericanos —la mayoría— se rigen bajo las órdenes de un “cabecilla” de la MS que opera en el Estado de México, lugar con 125 municipios y 163 mil 244 habitantes que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se ha convertido en una “zona roja” para la comunidad migrante.
Con miembros de la pandilla a bordo de los trenes de carga, a las personas indocumentadas se les obligada a pagar una cuota para que no las arrojen al convoy en movimiento o se les detenga, hasta pagar una extorsión, en “casas de seguridad” ubicadas estratégicamente en territorios aledaños a las vías del ferrocarril: así es la vida del migrante.
Migrantes durante la pandemia por covid-19
Durante el último año, la pandemia por SARS CoV-2 originó cambios en la movilidad de los migrantes, las rutas de tránsito ordinario se vieron afectadas y los carteles del país se desplazaron a nuevos territorios. Los ciudadanos pasaron del interés y la solidaridad iniciales, al descontento y la xenofobia generadas a partir de la organización de las caravanas. Los cúmulos de población que comenzaron a coordinarse para cruzar las fronteras internacionales a partir de 2018, y que desde entonces van en aumento, dieron lugar, en conjunto con las contradicciones del gobierno federal y las políticas internacionales, al colapso de los sistemas públicos locales, el aumento en la competencia del mercado laboral, la incompatibilidad cultural y la exclusión.
Incluso en el periodo correspondiente a 2021, el crimen organizado se había apoderado de zonas estratégicas; incrementó las operaciones focalizadas, el afianzamiento social y la diversificación económica. Se desplazó al conocido “nicho de valor” que proporciona la población migrante en el país y que representa un potencial ingreso económico de hasta 134 millones de dólares anuales por actividades como secuestro, robo, cobro de cuotas de piso y robo de tarifas de contrabando (sin incluir las tarifas de tráfico ilícito).
Según el informe del Centro Robert S. Strauss para la Seguridad y el Derecho Internacionales de junio de 2018, en algunas entidades en México las víctimas de delitos por cada 300 personas migrantes han llegado a las 101 personas; tal es el caso de los jóvenes centroamericanos Marlon José, Julio César y Jairo Enrique, quienes tras ser cuestionados el pasado 30 de agosto de 2020 sobre la situación sanitaria ocasionada por la pandemia de covid-19, respondieron: “Nosotros estamos más preocupados por los asesinatos”. Marlon José recibió seis disparos de arma de fuego el 26 de junio de 2020, en San Luis Potosí, un mes antes de la entrevista; luego de algunas llamadas telefónicas, el 8 de agosto del mismo año se perdió contacto con Marlon. Julio César y Jairo Enrique se separaron en Guadalajara tras sufrir un atentado.
MS-13 pacta con carteles mexicanos
Paradójicamente, cientos de migrantes salen de sus países de origen debido a la expansión de las pandillas y al cobro de piso; sin embargo, al llegar a México se encuentran con “la otra ruta de la migración”, aquella en la que los carteles se afianzaron con las clicas y tomaron el control de “La Bestia”, el tren que transporta combustibles, materiales e insumos a lo largo de más de 5 mil kilómetros desde la frontera sur hasta la frontera norte. Debido a las prácticas de intimidación, la pandilla es notoriamente ineludible.
En 2012, el diario Infobae publicó que las prácticas como desmembramientos y decapitaciones realizadas por los carteles mexicanos eran técnicas de intimidación aprendidas de las pandillas salvadoreñas, según la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ). Posteriormente, el 14 de febrero de 2021, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador confirmó su relación, ya que en Central Islip, Nueva York, se presentó una acusación en contra de 14 líderes de mayor rango de la MS- 13 que integraban la Junta Directiva de la organización conocida como la Ranfla Nacional y quienes fueron señalados como responsables de negocios ilegales en distintas partes del mundo, principalmente en México. Los Zeta, el Cartel del Golfo, Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa son señaladas como las principales organizaciones con quienes la pandilla se dedica a la trata y el contrabando de personas, es decir, quienes convierten a México, en palabras de José Carlos Aguiar, en un “jardín de huesos”.
De igual forma, durante una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el 25 de junio de 2020, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, presentó un mapa del Estado de México con las zonas de principal operación y disputa de cuatro organizaciones criminales; sin embargo, el CJNG es el que mantiene el control en el corredor ferroviario Tultitlán- Huehuetoca, encabezado en la entidad y en la Ciudad de México por Omar Ramsés “el Calaca”. Datos de la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), indican que la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, cuenta con presencia en al menos 23 estados de la República mexicana entre los que se incluyen Guadalajara, Guanajuato y el Estado de México.
Durante el periodo de 2006 a 2016, autoridades estatales reportaron el hallazgo de 1978 fosas clandestinas y la PGR, 132. Según el mapeo realizado por el sitio de periodistas de investigación “A dónde van los desaparecidos” y Quinto Elemento Lab, fueron 24 las fiscalías que encontraron fosas en su territorio, con al menos 2284 cuerpos; sin embargo, en el Estado de México solo se reportó la ubicación de cuatro sitios con siete fosas y 10 cuerpos; ningún dato indicó la localización de la fosa en el municipio de Huehuetoca.
El 17 de agosto de 2016, mientras personal de una empresa externa contratada por el Ayuntamiento municipal de Huehuetoca realizaba labores de limpieza en el pozo de agua “Planta Noria”, lugar donde actualmente se localiza el Museo del Ferrocarril, se encontraron 900 restos óseos, de los cuales 792 correspondían a restos humanos y 72 a animales, según informó Alejandro Jaime Gómez Sánchez, titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, ahora Fiscalía del Estado. Se logró constatar que uno de los perfiles genéticos de las víctimas correspondía a una mujer, sin embargo, MVS reportó que no se divulgó más información sobre los mismos debido a su avanzado estado de descomposición. Un habitante de la zona, entrevistado el pasado 2 de mayo del 2021 y que no aceptó ser grabado, aseguró que sí había un conocimiento previo de las víctimas en el lugar, pues era como “un secreto a voces que esperas no sea verdad”.
“Un residente de allá me contó que una vez que iba pasando por el lugar escuchó que gritaban y enseguida dos disparos. Mejor subió el puente y rodeó el lugar”, refirió el hombre de la tercera edad. Dos personas más cercanas al caso fueron contactadas, pero señalaron que no se les tiene permitido hablar sobre el tema.
El actual fiscal del Estado señaló que no se descartó ninguna línea de investigación, ya que una de las hipótesis apuntaba a que, debido a la localización de la fosa dentro del municipio, podría constatarse que las víctimas eran migrantes centroamericanos; sin embargo, ésta tampoco fue comprobada y los perfiles genéticos se entregaron al Instituto Nacional de Migración (INM). Recientemente el joven Alberto, argumentó que “cada cierto tiempo” se ven “soldados” migrantes nuevos, soldados a los que “se suele cambiar de territorio”. Señaló que, tras ser descubiertos los restos de las 12 personas en inmediaciones de la cabecera municipal de Huehuetoca, los “soldados” fueron trasladados de lugar a otras regiones operadas por la pandilla y el CJNG.
Fotografía 3. Pozo de agua “Planta Noria”, (Alejandro Mendoza Benitez, 2021).
Los santitos
“A nosotros nos dicen santitos, ¿sabes por qué nos dicen santitos? Porque si no lo haces (distribución y venta de narcóticos) te ofrendan a la Santa, pero se tiene que hacer. No importa dónde estés, si no lo haces, te matan a ti y a tu familia”, aseguró Marvin Josué en otro momento de la entrevista. El joven declaró que tiempo después de haber sido reclutado fue “puesto” por alguien de la MS-13 para ser asesinado, pero la persona encargada de trasladarlo a una ubicación inexacta dentro de la entidad lo confundió con alguien más, a quien ultimaron y colocaron en un altar como parte de un culto a la Santa Muerte.
Desde entonces, Marvin se identifica con la pandilla con un nombre que no le pertenece, pues tuvo que adoptar la identidad del sujeto a quien se llevaron “en su lugar”. De forma ilegítima, Marvin desapareció…Y luego de ponerse de pie frente a las vías del tren, preguntó:
Yo vengo de allá. Yo me salvé, mírame. A mí me llevaron a matarme. Me enseñaron las fotos de cómo los ponen y cómo los dejan. A mí me dijeron mira, así vas a quedar. Pero mira, aquí estoy, si no me hubieran llevado allá a sus altares. Ellos allá llevan los huesos de los santitos, por eso es que nos dicen santitos, porque nos convierten en santos. ¿Tú sabías que ellos tienen altares?
En ese sentido, el investigador de organizaciones religiosas emergentes en México Arturo Fabián Jiménez, considera que la Santa Muerte está vinculada de manera directa a lo que él denominó “cinco categorías”: la religión católica, la santería, los ángeles y las creencias prehispánicas; sin embargo, es en su asociación con el satanismo o la magia negra en donde se hace uso de restos humanos para “cuestiones de brujería” ya que, hasta el momento, no hay conocimiento de su relación con las creencias denominadas prehispánicas; sería “un hallazgo el que encuentres tú restos humanos en un altar a la Santa Muerte pero dentro de un culto prehispánico, y precisamente asociado al crimen organizado”.
El experto aseguró que, no obstante, lo que “está en juego” en este tipo de culto asociado a la brujería no es la “capacidad que tiene la Santa Muerte”, sino creer en la persona que te hará el trabajo, pensar que realmente será efectivo. Aseveró que no todos los tipos de culto a la Santa Muerte están relacionados con lo negativo, pues hay “asociación a cuestiones positivas”; incluso dentro del crimen organizado, pueden rendirle culto a la Santa Muerte para protección de sus hijos o en un embarazo en riesgo ofrecer al bebé, “eso hacen las familias”.
“Entre los devotos a la Santa Muerte se encuentran policías y criminales por igual, madres cuyos hijos fueron levantados y aquellos que realizan los levantones”, escribió el antropólogo José Carlos G. Aguiar en una publicación para Aristegui Noticias. Paradójicamente, aunque la niña blanca “no hace milagros, tira paros”, y pareciera no hacerlos por igual. Sin respaldo, los migrantes se ven obligados a formar redes de relación con las pandillas, aquellas por las que, en muchos de los casos, abandonaron su país de origen.
“El migrante es visto como un signo de pesos, alguien a quien se puede explotar laboralmente, sexualmente y económicamente”, dice el encargado diocesano de Movilidad Humana de la Diócesis de Cuautitlán, el padre Horacio Robles Cedillo. Bandas que buscan ganar territorio presionan al migrante con el pago de derecho de piso, “acostumbrado mucho en países centroamericanos”, o al menos eso es lo que le platicaban los migrantes en su estancia como director de la Casa del Migrante San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, de 2015 a 2017. El padre Horacio Robles recuerda que la zona en Tultitlán donde se ubicaban las instalaciones era peligrosa, “había autos raros”.
No obstante, al realizar su traslado al municipio de Huehuetoca, “se continuó escuchando de los polleros y aledaño al lugar de casas de seguridad”; este cambio de ubicación geográfica no determinó el cese de las agresiones contra migrantes, por el contrario, éstas se expandieron y potenciaron. Según su testimonio, consideró que para los vecinos resultó difícil “que llegaba el pollero o el que quería secuestrar o extorsionar al migrante en esa zona, por lo que la presión de la comunidad se debió más que a las personas migrantes”, a los “actores negativos” que provocaron ese conflicto.
La casa a cargo de la Diócesis de Cuautitlán se encontraba ubicada en la colonia Lechería, en el municipio de Tultitlán, pero tiempo más tarde, y debido a los
conflictos con la población de la zona, tuvo que cerrarse el 10 de julio de 2012. Posteriormente se le trasladó al municipio de Huehuetoca, a kilómetro y medio de la Presidencia municipal, en una región poco poblada, frente a las vías del tren, donde actualmente opera bajo las estrictas medidas de salud que exige la pandemia por covid-19.
Sin embargo, luego de que entre 2008, 2009 y 2010 el flujo era de hasta 300 migrantes por día, hoy la cantidad oscila de entre 10 a 30 personas. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en su reporte 2020, como resultado de las actuales medidas sanitarias implementadas por los gobiernos, los migrantes se encuentran en una serie de situaciones precarias, restricciones a la movilidad relacionadas con las medidas de seguridad sanitaria, el desalojo de los refugios seguros, personas varadas en centros de detención y, finalmente, la exposición de las personas migrantes a contraer covid-19.
Finalmente, sobre las vías de “la Bestia” y esta vez con la cabeza descubierta, Marlon Josué se despidió de la entrevista con un choque de puños y asentando con la cabeza; en sus ojos se reflejaba todo, menos tranquilidad.
Al ingresar al territorio mexicano, los migrantes se enfrentan a situaciones como las que los hicieron huir de su país, pero con la diferencia de que en México se ven obligados a integrarse a las filas de las pandillas para sobrevivir. Se convierten en sicarios y burreros; soldados al servicio de los cabecillas de la MS que han logrado pactar con las organizaciones criminales más grandes de México, aquellas que se extienden en la búsqueda de nuevas plazas, que los posicionan como nuevos “sectores económicos”. Al igual que una gran empresa , los carteles de la droga diversifican sus actividades y se incluyen cada vez más a fondo en la “cotidianeidad” del México actual.
*Este reportaje fue elaborado como resultado del curso-taller “Prensa y Crimen en la pandemia” con el apoyo de El Colegio de México y el Instituto Nacional para la Seguridad y la Democracia.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
La incertidumbre social al iniciar el confinamiento en Jalisco fue visible para los empleados formales, comercios, escuelas e industria. Pero el impacto poco retratado fue en la población migrante estacionada en Guadalajara, ciudad a la que llegan en espera de obtener el visado humanitario.
Migrantes ya establecidos en sus propios hogares y con empleo temporal, tuvieron que volver a los albergues para personas en tránsito porque fueron los primeros despedidos.
Paralelamente a este fenómeno, aunque se establecieron restricciones para viajes, a Guadalajara llegaron deportados extranjeros y retornados mexicanos, en vuelos comerciales desde Estados Unidos de Norteamérica, como medida “de prevención”, según el país vecino.
En este episodio relatamos lo que significa la COVID-19 para quienes están en tránsito, cómo los albergues en Guadalajara se desbordaron y cómo un solo sacerdote scalabrini auxilió a deportados a miles de kilómetros de su país de origen o ciudad de nacimiento.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
Antes de la llegada de la COVID-19, la comunidad migrante en EU ya enfrentaba otra pandemia, una para la que no hay vacunas: la desigualdad. Entonces a la tragedia se le sumó la incertidumbre y a la marginación, el luto. Hace años, cuando Vicente, Guadalupe y Rosa cruzaron al norte en busca de una vida mejor, jamás pensaron en que su vulnerabilidad como migrantes les pondría tan cerca de la muerte
–Mi hermano ya llevaba años allá en Estados Unidos, cerca de 12 o 13 -cuenta Germán López Cruz desde el estado de Puebla-, todo estaba bien, él nunca dejó de llamar, estaba trabajando, siempre apoyó a mis papás económicamente, hablaba muy seguido, pero de hace un año o año y medio para acá, cambió todo.
Hace año y medio Vicente López Cruz, dedicado a la construcción, originario de Zacatlán, un municipio en la sierra norte de Puebla, perdió la vida en un hospital de Manhattan. A su muerte, le siguió su desaparición: su familia localizó sus restos hasta un año después, en una fosa común que los servicios de sanidad locales utilizaban para arrojar los cuerpos no identificados durante la pandemia.
Antes de la tragedia, conocidos de Vicente le contaron a su hermano Germán que él tenía un problema de salud debido a un accidente en el que se había golpeado la cabeza. Su familia no lo sabe bien, pero quizás por eso, a finales de marzo del 2020, se desmayó en la calle y Martín, otro de sus hermanos que también vivía en EU, lo llevó de emergencia al hospital.
A Vicente lo ingresaron al hospital Mount Sinai, ubicado en Queens, Nueva York, el 28 de marzo del 2020. Y esa fue la última vez que su hermano lo vio con vida.
–Perdimos comunicación con él -recuerda Germán.
Quisieron visitarlo en cuanto lo internaron, sin embargo, el personal médico les impedía el acceso argumentando las restricciones sanitarias por la pandemia. Tampoco les proporcionaban alguna información sobre su estado de salud. Y, poco después, el hospital ya no tenía reporte alguno del ingreso de Vicente.
“No hay ningún Vicente aquí”, le decían a su familia.
Entonces Martín emprendió su búsqueda, mientras su familia en Zacatlán hacía lo que podía para intentar dar con él a la distancia.
Martín recorrió las calles de Nueva York, sus hospitales, centros psiquiátricos, morgues y demás lugares donde pudiera existir la posibilidad de encontrarlo. No dejaba de recordar aquella tarde cuando lo acompañó en la ambulancia y lo vio ingresar en aquel hospital donde, de la nada, ya no sabían nada de él.
El tiempo pasaba y Vicente no aparecía. Ni desde Zacatlán, ni en Nueva York, sus amigos y familiares lograron obtener información. Incluso Germán viajó a Puebla para buscar ayuda del gobierno estatal, pero tampoco ahí le dieron apoyo.
“Los consulados están rebasados porque ni tienen el personal, no cuentan con el equipamiento, a veces las personas al frente de ellos no son sensibles con los problemas de las comunidades y además no tienen recursos económicos (…), ni la voluntad política para atender esta situación”, dice Arturo Villaseñor, coordinador de Puente Ciudadano en Puebla, una organización que atiende población en contexto de movilidad.
Martín seguía la búsqueda de su hermano hasta llevarse a sí mismo al límite. Sin trabajo, terminó con sus ahorros al grado de quedarse sin casa debido a que no pudo pagar la renta. A veces dejaba de comer y, cuando la vergüenza no le ganaba, se quedaba a dormir en casa de algún amigo. Desgastado y sin ánimos, luego de seis meses regresó a Zacatlán sin éxito.
Seguían sin saber de Vicente.
Hallazgo y retorno
Un año después, cuando Germán y sus hermanos estaban planeando viajar a los Estados Unidos para continuar la búsqueda, un amigo suyo les compartió una foto que había salido en una página de desaparecidos en Nueva York: era Vicente.
–Desafortunadamente sí era él; es como nos enteramos que ya había fallecido -lamenta Germán.
En más de una ocasión revisaron los registros del sistema forense en Nueva York y no encontraron información alguna de Vicente. Fue hasta que apareció su nombre en aquella publicación de personas desaparecidas, cuando por fin se mostraron también sus datos.
–Increíblemente en el papel, en el reporte, dice que venía del hospital Mount Sinai de Manhattan; sí tenía los datos, no sé por qué un año buscándolo y no nos dijeron nada -reprocha Germán.
A Vicente lo trasladaron del hospital Mount Sinai de Queens al Mount Sinai de Manhattan, donde, según el informe, finalmente falleció el 31 de marzo del 2020, por un derrame tras una lesión en la cabeza. Su cuerpo fue enviado a la morgue y finalmente a la fosa común en la isla Hart, destinada a las víctimas de coronavirus, aunque él no había muerto por eso.
–Algunos migrantes nos cuentan que muchos paisanos cayeron en la fosa común –advierte Arturo Villaseñor. Y dado que la estadística de muertes abarca solamente a cierta población, la que sí pudo ser contada e identificada, hubo personas que quedaron fuera de los registros y por ende sin identificar en estas fosas, ya que no tenían una familia que reclamara sus cuerpos, y ni siquiera un nombre tras su muerte.
Incluso, en su momento, Martín sí fue a solicitar información al hospital donde su hermano murió en Manhattan, sin embargo ahí también le dijeron que no existía registro alguno de Vicente.
–Nosotros no nos explicamos por qué, si salió de ese hospital, si sí tenían el nombre y el registro de todo, ¿por qué cuando hablamos nosotros o por qué cuando se buscó no nos dijeron que sí salía de ahí? Desde el primer día nos hubiéramos ahorrado toda esa búsqueda, toda esa preocupación -lamenta Germán.
Villaseñor explica que cuando fallece una persona migrante en EU se complica su localización por la falta de documentos de identidad oficiales, lo cual impide a su familia saber dónde y cómo está.
Repatriación de Vicente
Fue la familia de Vicente la que, mediante la adquisición de una deuda, asumió todos los gastos funerarios y de repatriación de sus restos. “Lo incineraron y lo trasladaron aquí a México”, cuenta Germán, pues a pesar de que la situación económica era difícil, no encontraron apoyos de ningún tipo. La funeraria cobró entre 7 y 8 mil dólares, y ni los gobiernos de México, del estado de Puebla o de Nueva York aportaron.
La repatriación de cuerpos ha sido en incertidumbre, es un proceso muy largo y costoso, que afectó a las familias en México, sobre todo en lo económico pero también en lo emocional.
Ángelo Cabrera, líder comunitario migrante en el Bronx, investigador en temas de movilidad y fundador de la organización Masa, recuerda casos de familias a las que les llegaron a cobrar entre 10 mil y 15 mil dólares por gastos funerarios, y no recibieron ningún apoyo de parte de las autoridades.
En el caso de Vicente, la repatriación fue lenta: sus cenizas llegaron a su natal Zacatlán tras haber transcurrido cuatro meses, sumándose así a otros casos de Puebla en los que se vivió un proceso largo y complejo.
–Era inaudito pedirle a alguien que hiciera todo ese proceso (de repatriación) cuando está lidiando con el dolor de la pérdida de un familiar -sentencia Cabrera.
Además, al momento de que la familia de Vicente analizó la posibilidad de buscar una indemnización por parte del hospital Mount Sinai, un abogado desde Nueva York les explicó que los hospitales, en tiempos de pandemia, estaban protegidos por el gobierno y por ende, deslindados de toda responsabilidad por las personas fallecidas.
Desempleo, crisis e incertidumbre: Guadalupe
Intubado y con escasos signos vitales, el esposo de Guadalupe, Eriberto Zurita, se despidió de ella a través de una videollamada desde el hospital donde estaba internado, el 6 de mayo del 2020, justo antes de morir a causa de un paro cardiaco resultado del desgaste que le ocasionó el coronavirus.
A su muerte, a ella le aguardaban más problemas: lidiar con los gastos funerarios, el cuidado de sus tres hijos, las deudas y el desempleo.
–Se enfermó, lo internaron por 20 días; de ahí, como tres días antes de que él falleciera le metieron el tubo, me avisaron que, lamentablemente, le había dado un paro -narra Guadalupe Ángel Benítez, originaria de San Felipe Ayutla, una comunidad en Izúcar de Matamoros, municipio ubicado en la entrada de la mixteca poblana.
–Cuando empezaron a llegar los contagios, empezó la tragedia -recuerda Luis Gallegos, especialista en estudios migratorios, que llegó a Nueva York para trabajar con las comunidades migrantes en marzo del 2020, cuando se cerró el tránsito de personas. –Entró el pánico muy acelerado dentro de la comunidad, pero empezó más cuando los contagios estaban mucho más fuertes y la gente empezó a morir.
La primera muerte por COVID-19 en la urbe se registró el 14 de marzo, pero el punto alto se alcanzó el 19 de abril, registrando mil 221 decesos. Hasta abril del 2021, el gobierno de Puebla había reportado la muerte de 660 poblanas y poblanos en EU a causa de COVID-19.
El esposo de Guadalupe era originario de Tepeacatzingo, Puebla, ubicado al suroeste del estado, en el municipio de San Juan Epatlán, caracterizado por la pobreza y vulnerabilidad en la que vive el 75 por ciento de sus habitantes, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Eriberto enfermó a mediados de abril y tras no responder a los medicamentos, tuvieron que internarlo de emergencia. Y a pesar de que no estaban permitidas las visitas familiares debido a las restricciones sanitarias, cuando la situación se tornó más grave, permitieron que Guadalupe, sus hijas e hijo, de uno en uno, pasaran a verlo.
En el hospital les dijeron que buscarían “limpiarle los pulmones”, pero con la advertencia de que tal vez no sería suficiente.
Cuando su estado de salud pasó de grave a crítico, el hospital permitió que su hija e hijo mayores entraran a verlo. A pesar de que “su corazón ya latía despacito”, él podía escucharlos. Y así, vestidos con equipo de protección sanitaria pudieron entrar. Con ambos a su lado, Eriberto falleció.
Paralelamente, mientras la enfermedad desgastaba a su padre, su hijo empeoraba también a causa de esta. Guadalupe, también contagiada, tuvo que gestionar su recuperación. Ella recuerda que a su hijo “se le estaban tapando los pulmones”.
–Yo ya chillaba, yo estaba mal, ya no podía caminar, estaba yo sin comer por seis días, y aún así yo me lo llevé al hospital arrastrando; no sé cómo tuve fuerzas de ver a un hijo que se me está muriendo.
Vinieron las deudas
Viuda y sin papeles de residencia permanente -también conocida como green card-, Guadalupe no pudo acceder a los apoyos de asistencia económica del gobierno de Estados Unidos, de modo que atravesó el duelo en incertidumbre.
Y es que, de acuerdo con Ángelo Cabrera, durante la pandemia, tener un documento de identificación (como el pasaporte) se volvió crucial para acceder a servicios que daba el Estado tales como: salud, fondos de apoyo para trabajadores, apoyos de asistencia en la renta, apoyos para infancias, entre otros.
–Muchas de estas familias quedaron excluidas por la ineficiencia de la representación del gobierno mexicano a través de sus consulados aquí en Nueva York -dice el líder comunitario, pues muchas personas migrantes ingresan al país sin estos papeles y necesitan tramitarlos; pero en pandemia, tardaban mucho en entregarlos.
Desde antes de la pandemia ya se documentaba la precariedad laboral, la carencia de servicios y la falta de acceso a seguridad social y programas de asistencia en que viven las y los migrantes mexicanos en este país. Tan solo en 2017, 8 de cada 10 inmigrantes (principalmente de nacionalidad mexicana) carecía de un plan de pensión y no tenía acceso a servicios de salud a través de un seguro brindado por sus empleadores.
Y sin embargo, las y los migrantes sí pagan taxes (impuestos). Según datos de New American Economy, una organización bipartidista de investigación y defensa de la inmigración, consignados por Los Angeles Times, en 2018 los inmigrantes indocumentados pagaron aproximadamente $31.9 mil millones de dólares.
Con la enfermedad vino el desempleo, y lo primero que Guadalupe tuvo que enfrentar fueron los gastos funerarios, para los cuales la familia de Eriberto y sus amistades le prestaron dinero. En contraste, el gobierno mexicano en EU respondió con negativas.
–Mi hija con amistades, yo con amistades, juntamos (dinero) gracias a Dios, pero se siente bien feo que el propio consulado no me quiso ayudar sabiendo que yo soy mexicana, él es mexicano; no les estaba pidiendo para que yo comiera, les estaba pidiendo para su funeral – reclama. Ni el consulado, ni el gobierno de Puebla la ayudaron con el proceso administrativo y mucho menos con los gastos.
Al respecto el especialista en estudios migratorios Luis Gallegos, considera que no hubo una respuesta adecuada a las circunstancias por parte del gobierno mexicano: “cuando los paisanos empezaron a fallecer y a tener más complicaciones en su vida diaria no fueron apoyados por sus autoridades, por quienes los representan”.
Guadalupe estuvo alrededor de cuatro meses sin trabajo. Antes tenía empleos de limpieza en diferentes apartamentos, después, con la crisis sanitaria, le avisaron que no se presentara.
“Me afectó demasiado porque se me juntó la renta, la luz… se me juntó todo, como no te imaginas”. En el peor auge de la crisis, con las secuelas que le dejó el coronavirus, con las deudas encima y el duelo de su esposo, salía a buscar despensas regaladas por las organizaciones civiles para alimentar a su familia.
Hoy en día ha recuperado algunos de sus antiguos trabajos y pagado algunas deudas.
No más remesas y crisis familiar: Rosa y José juan
Cuando Rosa y José Juan no pudieron enviar dinero a México sintieron frustración. “No tenemos qué comer”, les decían por teléfono la madre y el padre de él. Entonces pedía prestado para mandar algo. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 7 de cada 10 migrantes en el mundo dejaron de enviar remesas a causa de la pandemia.
Rosa Mota, originaria de Tehuacán, un municipio a 132 kilómetros de la capital poblana, lleva 17 años en el estado de Nueva Jersey viviendo con su hija y esposo. Actualmente funge como niñera, aunque antes de la pandemia se dedicaba a la limpieza de hogares pero, igual que 335 mil 430 inmigrantes mexicanos en EU entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020, según cifras del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), perdió su empleo y con ello la oportunidad de enviar remesas a su familia en México.
–Mi hermano falleció y la mamá de mi nuera también (en México) -recuerda Rosa, a causa del virus-, fueron situaciones bien tristes y dolorosas, la verdad: no poder hacer nada, no poder ayudar. Me sentía bien mal.
Su esposo José Juan Montoya se dedicaba a la fabricación de colchones, pero también perdió el trabajo en la pandemia. Ambos quedaron sin sueldo, compensaciones o apoyos del gobierno para resistir la crisis sanitaria con su hija, Celeste.
–Somos inmigrantes, no gozamos de los mismos privilegios que los ciudadanos de aquí, de este país, ellos dejaron de trabajar, pero seguían recibiendo su cheque por desempleo, nosotros no -dice José Juan, quien también tuvo que experimentar la angustia de tener a un ser amado enfermo en México por COVID-19: su padre
En casa también enfermaron Rosa, José Juan y su hija. “Yo estuve tan enferma que tuve miedo, mucho miedo y más que nada por mi nena, porque ella me tiene a mí y a mi esposo”.
Ambos creen que en México existe la sensación de que las y los migrantes que viven en Estados Unidos “viven bien y no les falta nada”. Sin embargo, Rosa asegura que se vive en condiciones complicadas, rodeadas de discriminación y racismo.
–Quiero decirles que se borren esa idea de la cabeza de pensar que aquí los que venimos a este país a trabajar vivimos como reyes, no es cierto, nos rompemos el lomo para ganar un peso y para poder ayudarnos, que no piensen eso de que nosotros somos malos hijos, malos hermanos o malos padres (por no enviar remesas) -sentencia José Juan Montoya.
Resistir en comunidad
–Nueva York es una ciudad de muchísimos recursos, con una infraestructura de gobierno vasta y desarrollada, pero profundamente desigual; y durante la pandemia estas desigualdades se exacerbaron y la gente que vivía marginada económica, social y políticamente se vio sumamente afectada –dice por su parte Marco Castillo, presidente de la junta directiva de la Red de Pueblos Transnacionales, una organización migrante integrada principalmente por personas de origen poblano.
Cuando los gobiernos de México, Estados Unidos y Puebla fueron omisos para atender las necesidades de las y los migrantes, fue la generosidad de la comunidad la que les permitió salir adelante. Berenice Santiago, integrante activa de la Red de Pueblos Trasnacionales y migrante poblana, recuerda que a través de despensas, acompañamiento y entregas de bienes básicos pudieron ayudar a las familias que más lo necesitaban.
–Para nosotros hablar de la respuesta del gobierno mexicano para enfrentar el problema de COVID en Nueva York, y especialmente para brindar apoyo a los connacionales poblanos, fue fatal, fue un insulto -sentencia Cabrera, quien asegura que la representación mexicana actuó hasta que la comunidad empezó a ayudarse.
Rosa Mota lo veía como un compromiso moral, no “soltar la toalla” hasta que la gente saliera de la enfermedad. “Nos ayudamos de parte y parte, porque aquí así es, no hay de otra”.
–Durante la pandemia, las comunidades más devastadas por el COVID fueron las comunidades migrantes, porque ellos no tuvieron el lujo de quedarse en casa para resguardarse por su estatus migratorio, por las leyes anti inmigrantes, desde este proceso de desigualdad de quienes tienen acceso a la riqueza -concluye Cabrera.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
