Hace apenas unos años, la población afrodescendiente en México fue contada en un censo. Activistas aún luchan por que se les voltee a ver en programas y políticas públicas. Se siguen sintiendo invisibilizadas
En 2013, la ONU declaró el Decenio Internacional para los Afrodescendientes para impulsar el pleno disfrute de los derechos de las personas de ascendencia africana. El Decenio comenzó en 2015 y terminará en diciembre del 2024. En México, sin embargo, poco ha cambiado.
“Estamos a punto de cumplir el Decenio. No se han notado los impactos de éste. En el caso de México se dio un reconocimiento pero el reconocimiento no nos dio derechos. Menciona que existimos pero no hay avance en políticas públicas y leyes secundarias para comunidades. Se están haciendo consultas públicas para saber cómo queremos ser incluidos pero son una simulación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, porque cuando van al territorio lo que ocurre es que llevan una agenda y las comunidades tienen que decir solo sí o no, sin información”.
Hugo Arellanes, de Hyella Negra.
Para esta segunda celebración del Día Internacional de los afrodescendientes, declarado apenas en 2021, Pie de Página conversó con el fotógrafo Hugo Arellanes, integrante del colectivo Huella Negra, que busca visibilizar a las poblaciones afrodescendientes; y con el cineasta Andrés Lo Sánchez, que forma parte de Cardumen Lab, un proyecto que impulsa el arte de personas afrodescendientes y cuestiona los discursos racistas en su contra.
El decenio declarado por la ONU tiene tres pilares: reconocimiento, justicia y desarrollo. Para Hugo Arellanes el reconocimiento se ha dado a medias pero en el caso de la justicia y el desarrollo todavía falta mucho. Es por ello que dentro de la conversación de grupos de activistas se habla de la posibilidad de pedir a la ONU una extensión para dar seguimiento a estas acciones.
El racismo sigue matando
Arellanes destaca lo señalado por Pastor Murillo, representante de la ONU en México, durante una reunión que tuvieron en días pasados en la CNDH: las poblaciones afro tienen impactos distintos y específicos en contextos como la pandemia, la crisis climática, las necropolíticas de Estado, la migración, la distribución del voto.
En México en la migración se puede medir el racismo y es una de las preocupaciones de activistas afro:
“Está ocurriendo que las poblaciones afro que llegan a México están siendo tratadas peor que animales, tanto en el sur como en el norte, algo que me gustó mucho que dijo Pastor Murillo es que los migrantes tienen color. Quienes no tienen la tez morena no son migrantes, son turistas. Esto hace tan evidente el cómo funciona el racismo en México, el cual hemos normalizado”.
En estos últimos años el asesinato de George Floyd por la policía en Mineápolis impulsó las manifestaciones contra el racismo principalmente en EEUU, pero también en otros países. El caso, destaca Hugo Arellanes, es sumamente relevante para visibilizar que el racismo mata.
Reconocimiento de papel en México
En México, el Congreso aprobó en 2019 la reforma constitucional que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodeterminación, como parte de la composición pluricultural de la nación y garantiza su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.
Desde entonces activistas luchan por exigir al Estado Nación se les voltee a ver en las acciones, en programas, en políticas públicas. Se siguen sintiendo invisibilizados.
“El INPI ni siquiera nos menciona, se ha pedido que se agregue a los afros en la parte del nombre, que sea Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos».
Hugo Arellanes.
Otro importante señalamiento es el uso de las personas afro para tener discursos incluyentes o el recordarles únicamente en fechas como los días internacionales:
“Se acuerdan cada tiempo de nosotros. No queremos estar asistiendo a reuniones inútiles donde no se va a dar seguimiento después porque esto lo hemos expuesto en muchos espacios y es como si cada vez que vamos nos vuelven a preguntar lo mismo” cuenta.
El uso es muy visible en por ejemplo las elecciones, los partidos están obligados a tener candidatos indígenas y afromexicanos pero la gente está mintiendo y usurpando sus espacios.
“Queremos hacer un llamado a la Comisión de Derechos Humanos a que hagan un acompañamiento más cercano porque no sirve de nada que existan estas acciones afirmativas si no vamos a poder acceder a estos espacios de toma de decisión” denuncia Arellanes.
En el tema del reconocimiento, otra de las peticiones es la de realizar un nuevo censo en 2025 ya que el realizado en 2020 presentó varias irregularidades y no contó con una buena campaña informativa previa y de sensibilización, acusa el fotógrafo. Además de que la pandemia impidió una realización adecuada de las encuestas.
“Queremos datos desagregados para saber la situación económica de las poblaciones afrodescendientes, para saber qué está pasando dentro de poblaciones como mujeres o niñez, saber cuántos feminicidios y sobre el acceso a la educación” comenta Arellanes.
Durante los días previos al censo del INEGI del 2020 se realizó una campaña llamada Afrocenso pero ésta no contó con suficiente difusión. Esta falta de información y sensibilización en la población mexicana impactó en los resultados. Hubo personas que se enojaron cuando los encuestadores les preguntaron si se consideraban afromexicanos o afrodescendientes.
“Se necesita una sensibilización constante en medios y en diversos espacios. Dentro del INEGI había encuestadores que si la gente no se veía ‘afro’ no les preguntaban. En Veracruz hubo gente que dijo ‘nosotros no somos africanos somos negros o jarochos’, ‘yo no soy afro’, porque hay varias formas de autonombrarse. Hay personas que al día de hoy, con todo y que militan, piden se les nombre afro a secas o dicen ‘yo soy negra’ pero, ¿qué pasa con quienes recién migran y dicen no me digas afro, yo soy camerunés. Afro es un término que se puede usar como paraguas de manera respetuosa pero en la práctica se puede volver una forma de las instituciones de invisibilizar” explica el cineasta André Lo Sánchez.
“Hay personas que se están dando cuenta del potencial de autorreconocernos no solo de una postura de reivindicación política sino también de historias de vida porque ha habido marginación, discriminación… y darse cuenta que hay más gente a tu gente generando otro tipo de colectividad es muy bonito”.
Para Lo Sánchez uno de los problemas que persisten es el perfilamiento racial, que dependiendo de cómo te veas te traten y que en las acciones sigan sin reconocer a los y las afros como parte de la población mexicana: “Viajé a Veracruz y de regreso la policía me preguntaba de dónde era. De nada sirve decirles que eres afromexicano y recitarles la ley, esto sigue pasando”
Una de las observaciones puntuales que hace el cineasta es la complejidad de los discursos de reconocimiento de instituciones como el INPI, las cuales afectan a poblaciones afro urbanas como las que habitan el Estado de México y la CDMX, a quienes al no tener figuras como la de comisario ejidal o comuneros se les invisibiliza.
“El tema de no ver las dinámicas complejas que hay es que hasta en espacios de formación siguen esperando que si hablo de afrodescendencia quieren ver tambores, escuchar del sabor, de la alegría , que existe pero si solo se ve eso es exotizante” recalca.
Afromexicanidad: más discriminación, menos derechos
De acuerdo lcon el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), , en México habitan dos millones 576 mil 213 personas que se consideran afrodescendientes y representan 2 por ciento de la población total del país.
Esta población tiene presencia en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México. La condición en que viven los afromexicanos es paupérrima. La falta de escuelas, centros de salud, agua potable es una constante en las comunidades afro de Guerrero.
De acuerdo con un análisis de México Social, en 2015 el promedio de analfabetismo nacional fue de 5.5 por ciento en la población de 15 años y más, pero en los municipios con mayor proporción de población afromexicanana aumentó a 15.7 por ciento.
En esos mismos territorios, el porcentaje de personas con ingresos de hasta un salario mínimo es de 14.6 por ciento, casi el doble que la media nacional, de 7.8 por ciento.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Es la zona limítrofe entre Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, Hidalgo. Aquí mismo, a unos metros, un lago de fuego encendió la carne y los huesos de los cuerpos cuando se consumían. Llegó el luto, llegó el llanto; sobre éstos relanzaron su imperio criminal los huachicoleros
“¿Has olido la gasolina carburar en un vocho viejo?”. Esa mezcla entre el humo del escape y el tufo del crudo que se escabulle del tanque. “Es lo mismo que estar a pie de ducto, pero mucho más fuerte, como si en lugar de vocho fuera un tractor, o varios más. Los poros de la nariz arden, luego queman; es como inhalar lumbre”.
A juzgar por lo sucio y raído, al cubrebocas de Piquetero le anteceden muchos días. Dice que ya no huele porque el combustóleo le quemó las fosas. Ríe porque uno de los síntomas de Covid-19 es la pérdida de olfato, pero él no lo tenía bien desde antes. Lleva tres años, desde los 16, perforando ductos con el teco, una herramienta hechiza con la que abren la válvula para que no haga chispa.
Su risa estridente, dada a la locura. Reír incluso por lo que no tiene sentido, con los ojos vidriosos. Si no trajera el cubrebocas pensaría que, de tan grande carcajada, se puede ver por su garganta, no sólo las muelas y los dientes un poco retorcidos en los que sólo queda un hilo blanco a la mitad. Halcón, que está más lejos, dirá después que es el efecto de la gasolina. No es como jalarle las patas al diablo, dice, en alusión a fumarle a la yesca, a la mota, que los adormece, es más como estar bien jalado por el LSD.
Morrillos expertos que saben tanto de la droga como del crudo, más cuando escurre esa línea verdeazul por la maleza, porque no se abre o cierra bien el metal por donde corre el combustóleo.
¿A qué le temes más: a morir calcinado o intubado por Covid?, le pregunto a Halcón. Las charlas constantes han hecho que no sea la dureza de las primeras veces, cuando desconfiaba.
Su respuesta a cualquiera para en seco: “pues más más a morirme de hambre, ¿o tú no, cabrón?”.
Un tío suyo falleció cuando la explosión de Tlahuelilpan, este poblado donde el 18 de enero de 2019 un ducto estalló y dejó 137 muertos. Una perforación quedó abierta y la gente, con días de sequía de combustibles, empezó a recolectar el líquido, hasta que la parcela de San Primitivo se convirtió en un hades sobre la tierra. Tardaron días en reconocer a su tío, calcinado como había quedado. Con él, Halcón descubrió en los ojos la muerte.
Adentro del hoyo está Piquetero, hay cuatro halcones, seis despachadores, entrarán seis Torton de seis mil litros cada uno entre la oscuridad de la una a las cinco de la mañana del cuarto mes del segundo año de confinamiento. Cubiertos entre la maleza, sicarios dispersos con fierros R15 y, a una distancia invisible, con las luces apagadas, dos patrullas de policía sobre la carretera.
Aquí debería estar el Ejército, pero no se aparecerá hasta las seis de la mañana, cuando los camiones estén ya en baldíos y el ducto haya sido soldado con la corriente de dos baterías de autos.
“Las erres son pa’ la chamba, que si hay una bronquilla, esos vatos –los sicarios– llevan una pistolilla ahí, cuando hay madrazos”, suelta El Dos. ¿Y de dónde las sacan? Ya me lo había contado hace un año, a inicio de contingencia: “Los mismos ministeriales las llevan o los mismos de la PGR –hoy Fiscalía General de la República (FGR)”. “Ahí dicen: ‘aquí traigo una recortito o aquí traigo un cuerno’”.
Es la zona limítrofe entre Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, Hidalgo. Aquí mismo, a unos metros, un lago de fuego encendió la carne y los huesos de los cuerpos cuando se consumían. Llegó el luto, llegó el llanto; sobre éstos relanzaron su imperio criminal los huachicoleros.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que ese es el episodio más triste de su mandato, por eso emprendió una lucha contra el huachicol que, aunque él afirme lo contrario, no ha terminado. El combustible que corre por el estómago de la manguera, que está conectado al ducto y que desemboca en el Torton, que se nutre de litros que, en este momento, se venden a doce o a trece pesos, según donde vaya, dice que no, que no ha terminado; el néctar que salpica de esta culebra metálica que anida bajo la tierra refuerza que no ha terminado.
El Dos sabe bien de esto: de picotear ductos y de llevar los ojos llenos de muerte. Operaba en el Valle del Mezquital, pero a 70 kilómetros de aquí, en Tezontepec de Aldama. Era el hombre de confianza de un capo, hasta que a éste lo asesinaron. Antes, perdió a su padre, hace tres años, en una brecha de carretera en San Gabriel, Tezontepec, en un tiroteo entre dos grupos enfrentados por el control de las válvulas de Pemex, Los Parkas y Los Talachas.
Aunque estos dos últimos ya están muertos, dejaron células en las que, ya aprendido el negocio, algún Segundo curtido en fuego –AKA, calibres sin distingo…–, el teco y herramientas para soldar los ductos quiere pelear por un territorio en el estado donde pasan los 101 kilómetros del ducto Tuxpan-Tula, 17 del Tuxpan-Azcapotzalco y 80 del Tula-Salamanca.
El Dos dice que no va a pelear. Lo persigue el riesgo. Se libra de los recuerdos cuando habla. Dice que el cuerpo de su padre tenía un orificio en la frente, varios más entre el abdomen y el pecho. “Cuando entierras a un padre lo demás vale madre”. Con la rabia en el labio, remarca: “pinche precio”. Luego añade, como resignado: “pero no había de otra”.
Su papá no era un sicario, sino un piquetero al que le tocó la ráfaga sin distingo.
Aquel día murieron siete. Él dice: “pero a la que chingaron era pura gente que no tenía nada que ver: chingaron a unos que fueron a revolver alimento para los toros. Esa gente era de Puebla. Otro que estaba arreglando una camioneta, luego una señora y sus dos chavillos; ellos no sabían nada”. La bala sin tregua agarró parejo.
A raíz de la explosión de Tlahuelilpan empezó a llegar más gente de seguridad, pero pronto se alió al negocio.
“Allá está muy controlado, en tramitos ya hay campamentos de soldados. Dirías que ya no se puede hacer nada, pero el dinero lo puede todo”, dice el Dos.
En Bomintzha, Tula, hacían cuatro tomas y llenaban pipas de cinco mil litros.
“Nos daban chance en lo que botaba la alerta y eso. Igual eran casi 40 minutos en abrir el ducto y otros 40 para ordeñarlos, pero por tomas sacábamos lo que eran siete camionetas”. Son 35 mil litros que vendían en dos días, a 13 pesos cada uno. El ducto salpicaba casi medio millón, 455 mil pesos un día sí y un día no.
El Cártel Jalisco junto con Zetas Vieja Escuela son los principales extractores de combustible en el centro del país, según el informe Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations, elaborado por el Congressional Reserve Service –servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos–, y aquí, Hidalgo resalta por su estadística: es el estado más ordeñado de México desde hace cuatro años: dos mil 111 tomas clandestinas en 2018 –en esos doce meses tuvo más que las mil 86 acumuladas en 17 años (2000-2018)–; cuatro mil 29 en 2019 –un incremento de 92 por ciento–, cuatro mil 994 en 2020, el primer año de la pandemia, y cuatro mil 461 en 2021, según la estadística que obra en la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Petróleos Mexicanos (Pemex)[1]… pero los picotazos en las válvulas no cesan; son como cuervos tras la carroña.
Estos grupos no están solos: inteligencia del estado ubica al Cártel de Palmillas –surgido en Palmillas, Querétaro– como uno de los responsables de la cadena de sangre que ha dejado la pugna entre grupos, con asesinatos de otrora líderes de la ordeña y lugartenientes, pero que no han desarticulado a sus estructuras, que perpetúan el delito: El Rabias, El M1, La Marrana, El América, El Rex, El Fénix… y los abatidos El Parka, El Talachas, El Tito, El Puerco, El Hormiga…. son sólo unos nombres que forman los eslabones de esta cadena.
Hidalgo es el estado más vulnerable para perforar un ducto, y no es para menos, el huachicol es una economía ilegal que, de acuerdo con los Sistemas Jurídicos Institucionales de Pemex, ha generado un quebrando económico al país por 25 mil 364 millones 370 mil 51 pesos[2], desde 2006, cuando se comenzó a contabilizar el daño, y sólo por tomas clandestinas.
El monto robado por los huachicoleros equivale a comprar todo un complejo de refinación, literalmente: duplica los 12 mil millones de pesos que el gobierno mexicano pagó por el 50 por ciento de las acciones de la refinería Deer Park en Texas a Shell Oil Company, en mayo de 2021, también es 14 veces más que los mil 794 millones 404 mil 37 pesos gastados por el gobierno de Felipe Calderón en la fallida refinería Bicentenario, en Tula, Hidalgo, sólo en retiro de residuos, acondicionamiento del predio y en una barda perimetral, insignia de una obra errante que dejó 700 hectáreas de tierra estéril en lo que antes eran cultivos de tomate, calabacita, alfalfa, cebada, frijol…
Así, de manera sigilosa, el plomo y la sangre han corrido a causa de este negocio, mientras el crudo se mese en el ducto hasta llegar al agujero.
Abrieron válvulas para financiar guerra
Los Zetas se dieron cuenta que a la par del narco, incluso más rápido, tenían suficientes ingresos de la extorsión y el secuestro, pero, más que de éstos, del huachicol. Lo necesitaban para financiar la lucha por las plazas que tenían contra el Cártel de Sinaloa, protegido –según testimonios en el juicio del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán– por Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad, líder de la estrategia de combate a las organizaciones criminales y mano derecha del presidente Felipe Calderón.
“De ahí se diversificó el negocio y ya todas las mafias lo hacen: ve a la Unión Tepito, cómo tiene el control del Centro Histórico (de la Ciudad de México, a través de la extorsión y el despojo) y ellos también venden la ‘ordeña’, cuando antes sólo eran narcos, o Sinaloa y el Cártel Jalisco, que ni se diga.
“Con esto ya también se perdió la categoría del narco, de que era mafioso, pero no se metía con la raza. No, ahora no, ya los cárteles sangran por sus fortunas”, cuenta el primo, quien conoce por testimonios directos parte del origen del robo de combustible en Hidalgo. Cuando dice que “sangran por sus fortunas” se refiere al ‘huachicol rojo’: la cadena de muerte y crímenes que ha traído este delito: homicidios dolosos, robos de vehículos, extorsión, trata, secuestro…
A él se lo contó El JC, otrora jefe de la plaza en Tampico, Tamaulipas, que respondía a las órdenes del Zeta Rex, Luis Reyes Enríquez, un alto jefe del narco en Ciudad de México, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo en la época en que este cártel comenzó a apoderarse del huachicol en el estado. Además, capo hidalguense, nacido en el vientre de la sierra, en la comunidad de Pemuxtitla, Molango.
El JC fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande y fue cuando el primo lo conoció, porque también estuvo ahí, tras ser detenido en junio de 2007 acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud en modalidad de fomento. Al no probarse su responsabilidad, fue liberado después de tres meses de arraigo y ocho más en prisión.
En las celdas de Puente Grande, el exjefe de plaza le contó que El Lazca, Heriberto Lazcano Lazcano, entonces jefe máximo de Los Zetas, había ordenado diversificar el negocio para obtener más recursos y afrontar el avance del Ejército, la Policía Federal y el Cártel de Sinaloa. Pero después fue tan redituable que del derecho de piso a los mandos de Pemex que manipulaban los tableros y las válvulas desde la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, se apoderaron de todo, como sabían hacerlo: con un reguero de balas y, sobre todo, con sangre.
“Para seguir con la guerra nosotros necesitábamos conseguir cómo financiarnos, porque Sinaloa traía al Ejército y a la Policía Federal. En las plazas los tres peleaban contra nosotros”, le decía El JC.
En junio de 2020, El Dos, un exlugarteniente de un capo del huachicol asesinado, me dijo: “¿Esto del huachicol sabes de dónde vino? De los mismos de adentro. El huachicoleo más más perro que había era ahí adentro, en la refinería, ahí una pipa pasaba y con los mismos papeles salía otra; es decir, no se contabilizaba, o cajas extras salían con bidones. El huachicoleo más perro siempre fue adentro”.
El Rex, otrora jefe del JC, es una pieza clave en esta historia, porque fue uno de los supuestos padres del huachicol en la última década, como fundador de Los Zetas Vieja Escuela.
El primo y el Rex se conocían, y se reencontraron el 15 de mayo de 2015, en la fiesta en honor a San Isidro Labrador, en Pemuxtitla, Molango.
—¿Cómo ves?—, le preguntó el Rex.
La pregunta fue un fuego vivo: la opción de reintegrarse a Los Zetas, ya bajo otro liderazgo tras la supuesta muerte del Lazca en octubre de 2012 –un cadáver prófugo de la justicia–, pero cártel dominante aún en su tierra y en los territorios que él lideró, pese a la escalada del Cártel Jalisco Nueva Generación, que entonces ya había encontrado en las válvulas de Pemex una economía subterránea que comenzaba a dejar un reguero de cuerpos por un tercio del territorio del estado, desde los linderos con Querétaro, en Huichapan, hasta la sierra norte poblana, en Cuautepec.
—Enrolarse en esa madre es la muerte o es la cárcel –le dijo– y tú ya la libraste.
Nadie esperaba al Rex, pero había sido liberado por un tecnicismo legal cuando aún le faltaban 39 años de condena, sin apelación por parte de la PGR.
Inteligencia federal presume que el Rex reagrupó a una facción de Los Zetas, la que estaba en contra de Miguel Treviño Morales, el Z-40, a quien acusaba de haberlo entregado al gobierno federal al proporcionar la ubicación de su boda, en Atotonilco el Grande, el 24 de junio de 2007. La Vieja Escuela, como se hicieron llamar, se financió con la extracción de hidrocarburo en Hidalgo, así como en Minatitlán, Cadereyta, Salamanca –entonces recién emergía el Cártel Santa Rosa de Lima– y Salina Cruz, sede de refinerías en el país y viejos feudos zetas.
El Rex fue detenido por segunda ocasión en agosto de 2016 en San Pedro Garza García, Nuevo León. La división antidrogas de la policía federal lo señaló como uno de los jefes del huachicol en el país. A la par, en Hidalgo aparecían mantas que lo acusaban de perforar las válvulas bajo la protección del poder estatal. Cuando fue asesinado en una cárcel de Tamaulipas en 2018, a manos del Cártel del Noreste de Treviño Morales, el negocio de los ductos de Pemex –según informes de inteligencia federal– ya tenía muchas manos en su estado natal, no sólo de cárteles, entre los que también estaba el de Santa Rosa de Lima en Tula a través de una alianza con grupo La Sombra, formado por exmiembros del Cártel del Golfo, sino de grupos locales que habían aprendido a ordeñar y usaban la mano de obra más vulnerable para sus economías ilegales: niños como halcones, mujeres como despachadoras y jóvenes como piqueteros y sicarios.
Un exalto mando de seguridad en Hidalgo, actualmente en el retiro por situaciones políticas, pero que fue parte de las áreas de inteligencia del estado en la etapa en que los Zetas fueron el cártel más fuerte del país y tenían a la entidad como uno de sus centros de operaciones (2006-2012), contó para este trabajo y a reserva de su identidad que permitieron el acaparamiento de los Zetas del negocio del huachicol porque en aquel momento no era un delito de sangre.
Al concederles las válvulas y la operación de los tableros desde la refinería Miguel Hidalgo, delito que antes controlaban trabajadores de la petrolera, se les entregaba una economía redituable que bajaba delitos de alto impacto como el secuestro y los homicidios.
Este alto mando refiere que cuando detuvieron al primo del Lazca, Humberto Canales Lazcano, en febrero de 2012, que era el jefe de los huachicoleros, el objetivo era obtener información y entregar un “pez gordo” para la entonces guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, por la presión que existía del gobierno federal que acusaba la protección estatal a Los Zetas, sin que buscaran desarticular el entramado delictivo de la ordeña.
El caballo negro del huachicol
Son dos pueblos sobre ductos donde el imperio del huachicol sentó sus reales: Amealco y San Bartolo Xocalpan, en Chapantongo, al poniente del estado. Este municipio sólo representa el 1.34 por ciento de la superficie total de Hidalgo, pero en el ajedrez del crimen es un caballo negro que, en cada movimiento, salpica millonarios réditos para el hampa, como el ducto cuando se perfora.
Mientras las balas se concentran en los otros territorios del Valle, aquí, la ordeña crece sigilosa.
En toda la franja en Chapantongo, hasta salir a Nopala, se trafica gasolina. Se conecta con el Estado de México y con el corredor de la ordeña en la zona Tula-Tepeji (que incluye a Tezontepec de Aldama y Tepetitlán); además, en la zona limítrofe a Querétaro, con Huichapan, otro pueblo huachicolero.
“Antes la gente se dedicaba al campo o a vender alfalfa, queso; el producto que les dejaban los animales, y ahorita ya no se dedican a eso al ciento por ciento. Luego luego se ve cuando entra el huachicol, porque hay casas, locales, comercios… hay más derrama económica”, cuenta Albina, una mujer de Chapantongo. Como su casa está a la orilla de la carretera, ha contado 27 camionetas pasar en la oscuridad. Si los bidones en las bateas no los delataran, lo haría el olor a crudo que van regando sobre el pavimento.
Para saber cómo el hampa se apoderó de los ductos, hay que ir atrás una década.
Aquí hay una cabeza: el capo, lo conocen por su nombre de pila, Arturo. El negocio lo empezó su hijo a los 15 años, como piquetero, hoy tiene 25 o 26. Sin embargó, no empezó aquí, sino en Tepetitlán, otro pueblo sobre ductos, con otro capo conocido como el Bárcenas o el Pelón, Carlos Bárcenas Jiménez.
Cuando publicó el Mapa del huachicoleo con informes de Pemex y la Policía Federal, el semanario Proceso reveló que este personaje estaba ligado a Rodrigo Castillo Martínez, expresidente municipal de Tepetitlán, diputado local por el distrito 6 de Huichapan, postulado por la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD). A Rodrigo, su hermano Elías lo sucedió en la alcaldía de Tepetitlán, un pueblo tomado por la ordeña.
Arturo aprendió el negocio con Bárcenas y tejieron una alianza de facto para cuidarse del resto, porque sólo en esta zona, el Valle del Mezquital, se enfrentan entre sí Los Americanos, en Tezontepec; el grupo del Chita, en Mixquiahuala, Actopan y Tetepango, y el del Geisha, en Tlahuelilpan. Más Los Michoacanos o Pueblos Unidos, que de Tepetitlán se extendieron por los caminos del Valle, del que mantienen control aunque se refugiaron en la montaña de Michoacán después de que José Artemio y Mariano Maldonado Mejía, El Rabias y el M1, fueran liberados de la cárcel de Tula el primero de diciembre de 2021, en una operación que incluyó autos bomba, presunta entrega de dinero a policías y decenas de operarios y sicarios.
Antes, en esta región asesinaron al Parka, líder sanguinario, al Tito y al Talachas… de los primeros “jefes” de la ordeña.
El capo, en Chapantongo, “inició con dos, tres camionetas, a venderla nada más para los tanques (de autos). Ahorita ya él distribuye hasta la zona de Ixmiquilpan y Alfajayucan”, revela un hombre que conoce desde la entraña el negocio por la cercanía con uno de los hijos de este líder del huachicol.
A condición de reserva, da cuenta de todo lo que sabe: en Amealco, el capo ha tejido una economía subterránea en la que involucra a 60 familias, entre piqueteros, halcones y vendedores, desde los niños que “pisan el ducto”, como se dice a los vigías que alertan sobre la presencia de policías, hasta los despachadores o revendedores.
Con esto, añade, ha creado una base social: el pueblo está a un silbido de movilizarse. En su territorio ha creado un escudo en el que al frente va la gente, por si ingresa una policía no cooptada.
Este esquema no es privativo de este líder, en Hidalgo así opera el huachicol: en Tezontepec, la población ha desarmado y amenazado con linchar a soldados, a quienes también acusan de colusión, al supuestamente proteger a unos grupos y perseguir a otros, además de presuntamente atacar a inocentes.
Lo mismo ha sucedido con policías en Cuautepec, en el Valle de Tulancingo –el municipio más ordeñado de Hidalgo, además–, donde el 9 de junio de 2021 habitantes de las comunidades de Guadalupe Victoria y San Juan Hueyepan –puntos álgidos de la ordeña según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)– quemaron un vehículo de la procuraduría de Hidalgo, que acompañaba a la FGR en un operativo de cateo a supuestos almacenes de gasolina robada. La cizaña creció entre el trigo.
Pero no es todo: el primero de julio de 2018, con apoyo de los pobladores, huachicoleros “levantaron” a un elemento de Seguridad Física de Pemex, al que torturaron, le rociaron gasolina y prendieron fuego. El cadáver quedó sobre la batea de la camioneta institucional que el agente tenía bajo su custodia; sólo así lo identificaron, calcinado como había quedado. Pero son sólo escenas, piezas que arman el rompecabezas de realidad.
En el tramo de Chapantongo a Alfajayucan hay construcciones de block: paredes levantadas a un par de metros, algunos pies de casa, deshabitados, que se ocupan como bodegas o tiendas clandestinas. Lo que se observa en la carretera también lo confirman los pobladores.
El capo, dice la fuente que conoce la operación desde el interior, mete alrededor de 45 o 50 camionetas en las que puede trasladar dos mil litros. Son cien mil litros por noche trabajada. Él, además, “renta” la toma: cada litro que alguien saca de ahí, en el punto que él controla, se lo pagan a seis pesos.
Como si se tratara de la ficha para alcanzar consulta en un hospital, él asigna quiénes pasan y a qué horas.
“Tú dices: ‘yo tengo una camioneta de dos mil litros’. ‘Órale, te voy a formar y te voy a dar un turno, el 25, digamos; entonces, más o menos como a las 3:00 o 3:30 de la mañana te vas a meter, te voy a cargar tus dos mil litros y ya te vas, no me interesa dónde la vendas, con quién la vendas ni a dónde la lleves. Saliendo de ahí ya es tu responsabilidad.
“Imagínate, son 600 mil pesos por noche trabajada, pero de esos no todo queda libre. Pagar cien mil a los trabajadores ya es muy exagerado, porque aquí la gente trabaja por mil pesos, y tiene un aproximado de 60 gentes en San Bartolo, más los sobornos a las policías, municipales, estatales… de los de Pemex y a veces de los soldados sí debes cuidarte, por eso pones halcones”, precisa este hombre.
Él sabe que de estos ductos sale el huachicol que se vende en una decena de municipios del Valle del Mezquital, porque lo ha escuchado de voz del capo: Ixmiquilpan, Chilcuautla, Francisco I Madero, Actopan, Ajacuba, Progreso de Obregón, El Arenal, Santiago de Anaya, San Salvador y Alfajayucan.
Otra fuente en Amealco cuenta: “en Alfajayucan luego la llegan a vender a 15 o 16 pesos, pero ese precio subió a partir de la crisis que hubo de desabasto, cuando entró López Obrador, porque antes estaba a seis o siete pesos (enero de 2019).
“Entonces se viene el tiempo en que no dejan trabajar y no hay nadie, entonces cuando empieza a haber ya la empezaron a cobrar de a 11 o 12 pesos hasta que llegó a 16. Pues la gente de estos lados llega a comprar ahí porque tampoco hay gasolineras cerca.
“Hay muchos que dicen: ‘yo estoy a lo mejor en contra de esto, pero ¿dónde voy y compro?’. Las gasolineras más cercanas son en Jagüey, Nopala, o Alfajayucan”, a más de 20 kilómetros.
El año anterior pasó algo muy extraño para los pobladores: “de repente dejó de haber huachicol (marzo de 2021, cumplido un año de pandemia) y nada y nada y nada, y el que tenía te quería vender como si fuera gasolinería, a 20 pesos”.
Los habitantes empezaron a preguntar entre los que venden. La respuesta los atemorizó, como había hecho antes con los huachicoleros: supuestos emisarios del Cártel Jalisco Nueva Generación exigían derecho de piso si alguien quería ordeñar las válvulas.
Halcones, revendedores, piqueteros… todos dependían totalmente de este negocio, entonces empezaron a sacar gasolina con tambos que cargaban en carretillas, pero era muy poco para mantener toda una economía que mantiene a un grueso de la población.
“No había nada de huachicol. Sacaban 200 litros por viaje en una carretilla y un tambo, pero tenían que caminar como un kilómetro sobre piedra y barrancos y ahí iban con sus 200 litros y los vendían a 19, 18 pesos. Ya casi al precio”, refuerza esta versión otra pobladora de Chapantongo.
La gente no salía, tenía miedo de encontrar las balas del grupo armado, ya afincado en la periferia, en el corazón del Valle del Mezquital y también en la zona Tula-Tepeji, donde se ubica la refinería.
De un día para otro, así como había desaparecido, volvió. Los habitantes no saben si la amenaza a los huachicoleros locales era o no real, si habrán o no pactado, pero el ducto comenzó a salpicar de nuevo, y con ello la economía ilegal de la que se sostiene.
Delinquir: las tantas formas
El panteón no sólo es para los muertos, los huachicoleros han encontrado en las tumbas, junto a los vestigios y cadáveres, un sitio para resguardar la gasolina robada y también para extraerla. Tan sólo en enero de 2021, autoridades de la Ciudad de México descubrieron que el panteón de Santa Lucía era utilizado para extraer crudo del ducto Tuxpan.
La savia negra también se mueve por debajo de la tierra, a través de túneles. La Guardia Nacional ha detectado obras subterráneas en los municipios de Nopala y Atotonilco el Grande, también en Tula, a dos kilómetros de la refinería Miguel Hidalgo, donde los gasotraficantes usaron una estructura paralela a través del gasoducto inconcluso que construiría la empresa Transcanada. Este es uno de los puntos en disputa, debido a que, por medio del poliducto bidireccional 12’’-14’’-12’’, que tiene como destino Salamanca, Pemex transporta 38 mil barriles diarios de producto.
Las redes criminales que comercian las combustibles tienen más variantes: en Hidalgo la ordeña se ha movido en carrozas fúnebres, ambulancias apócrifas, taxis y bolsas de plásticos en cajuelas, según los casos detectados por las policías.
A condición de resguardar quiénes son, personas allegadas al negocio revelaron un nuevo esquema de tráfico que comenzó ante el cierre parcial de válvulas desde los tableros de la refinería Miguel Hidalgo, como una medida para reducir la ordeña.
Por los ductos empezó a correr más turbosina, que, por su octanaje, no es recomendable para automóviles, sino para aviones. Pemex creyó que con ello reduciría el tráfico, si los huachicoleros no podían comerciarla, mas no fue así.
Los traficantes comenzaron a mezclarla con aceite de dirección, para que diera un color rojizo, y así a venderla como gasolina. De esta forma hicieron por el corredor del Valle del Mezquital, el más extenso del estado, con 23 de los 84 municipios.
La turbosina es color paja, pero no sólo es la tonalidad, sino la picazón que ocasiona en las fosas de la nariz por el nivel de octanaje. “La reconocemos por el color y por el olor, porque huele muy feo, pica también hasta los ojos”, precisa un operador de la ordeña, encargado del resguardo de combustibles en una casa de seguridad.
“Te queda como babosa, como el aceite, pues. La gasolina tiene que secar en tu mano y ésta queda espesa. Entonces ahí quiere decir que le mezclaron ese aceite de dirección para hacerla rojita, como la premium, porque la turbosina es como blanca”, añade.
Cada litro cuesta 12 pesos y, por su octanaje, revienta las bombas de gasolina. Esta economía ilegal ha potenciado la venta de refacciones. Titulares de estos negocios por la carretera México-Laredo confirmaron esta versión.
Los ojos de Halcón
Los ojos de Halcón guardan mucho, suficiente para saber que la ordeña no opera sin la corrupción.
Cuenta que hay un pacto para ingresar por días terciados de doce de la noche a seis de la mañana y drenar los ductos. El pacto tiene precio: 45 mil a la cabeza, que distribuye entre todos. La cabeza está a cargo de los militares que llegaron tras la explosión de Tlahuelilpan. Dice que pagan 50 mil más a la estatal y cinco mil a cada municipal.
Quien opera la toma se comunica por radio para saber cuándo cerrar, por las alertas que reciben en el tablero los operadores de Pemex, o por los reportes que arrojan las frecuencias radiales de seguridad estatal y municipal, ahí también.
Ellos dejan mangueras y bidones cargados que se reportan como decomisos. Es un combate de facto.
En dos minutos llenan un bidón. La manguera es de dos pulgadas y la presión la detecta tras cinco minutos. Después, cierran la válvula y esperan indicación desde Pemex para volver a abrir. Sacan entre cinco y seis Torton, cada uno con capacidad de seis mil litros. Son 35 mil, casi medio millón.
El cubrebocas es más para disipar un poco el olor a gasolina que para protegerse del Covid, dejados los rastros de éste u otros virus mientras se manipulan las mangueras o en las herramientas. De los que conocen aquí entre estos ordeñadores, seis han enfermado, de entre unos 40 que por noches van entrando al quite. Sólo uno estuvo muy grave, pero dicen que fue por la hipertensión y el sobrepeso. No era morro como la mayoría, “él ya estaba más ruco”. Éste viene desde el tiempo del poblano, un viejo jefe del huachicol, de hace más de una década, que empezó con Los Zetas.
La mordedura del destino
Tenía que mirar atrás, con el miedo de volverse estatua de sal, una sal flamable que chispó del ducto cuando acarreaban la gasolina y, al estallido, encendió los cuerpos en San Primitivo hasta volverlos ceniza. Tenía que mirar atrás y lo hizo, después de que el estruendo que cimbró la tierra lo desbalanceó y lo dejó en el piso.
En los linderos del predio, Halcón vio cuando la gente se calcinaba. Era un aullido en cada ser mientras su cuerpo se derretía, en una agonía que los hacía tirarse al piso para tratar de apagarse con los pastizales. Quiso meterse entre la columna de lumbre que había cubierto la parcela tras sus rostros aturdidos, con el grito atorado en la quijada.
Él jura que, en la sinfonía de alaridos que se hizo en el terreno, escuchaba a su tío gritar; Piquetero, con él entonces, dice que no, que era Halcón el que lo hacía. Presenciar la muerte de los suyos, con los bidones cargados en una batea, era la mordedura que el destino les tenía preparada.
Apenas habían salido minutos atrás antes de que fuego cubriera San Primitivo… son memorias que duelen al soñarse.
Dice que los soldados les habían dicho que recolectaran, porque iban a cerrar la toma a las ocho, pero explotó a las seis cincuenta y ocho. Acarreaban en garrafas y bidones, tras días de sequía en la región, porque en las gasolineras hubo desabasto.
No saben si el olfato se perdió aquella noche, en Tlahuelilpan, entre los cuerpos quemados, pero sus ojos tienen algo que no borró la memoria: las espaldas encendidas que corrían entre la hierba húmeda, recién regada por el combustible. Tatuadas en sus recuerdos lleva las muecas de agonía: una quijada que se tensa mientras la piel, alrededor de los ojos, abiertos, con llamas en el iris, se derrite.
Entre las tuberías, los morrillos se pierden entre el hampa vieja. Cuando alguno caiga entre balas, lo relevarán. Morro también es la parte baja de la cara, la boca y los mofletes de algunos animales: el hocico. Son eso, las fauces que clavan los dientes en el ducto, a riesgo de estallido.
[2] Solicitud de información 1857200111621. La cifra sólo se cuantifica cuando hay denuncias.
*Este reportaje fue elaborado como resultado del curso-taller “Prensa y Crimen en la pandemia” con el apoyo de El Colegio de México y el Instituto Nacional para la Seguridad y la Democracia.
Aureliana Aguilar Mosso es originaria de El Epazote, municipio de Chilapa, tiene 59 años y 30 de éstos lleva empleándose en lavar ropa a mano. Durante la pandemia por la Covid-19, se quedó sin empleo junto a muchas de sus compañeras.
Aureliana es una de las 800 integrantes de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar, tras dos años de pandemia decidieron emprender para generar recursos económicos.
La Red de Mujeres Empleadas del Hogar, con sede en Chilpancingo, busca el respeto de los derechos laborales de estas 800 mujeres, pero también que los conozcan para evitar que sufran la explotación laboral.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Guerrero, hay 60,000 trabajadoras del hogar.
Desde hace siete años, Aureliana forma parte de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar. Una vez llegaron a Chilapa y le explicaron sus derechos para que no permitiera la explotación laboral.
A Aureliana le gustó la idea de organizarse con otras mujeres para buscar su bienestar. La red llegó en un momento oportuno: cuando más le estresaba su trabajo.
“Gracias a las compañeras que me invitaron, antes no platicaba con nadie, estaba estresada y aquí gracias a las compañeras que me invitaron, salgo”, manifestó.
Ahora, Aureliana trata de mantenerse activa en la red asistiendo a talleres y reuniones en Chilpancingo.
Aureliana perdió su empleo durante la pandemia. En estos meses, como muchas de su compañera, experimentó como se negaban a contratarlas cuando se enteraban que tenía un contagio de coronavirus, como cuando su hija se enfermó.
“Mi hija se me enfermó, ella trabaja en Iguala en un Tribunal, dice que le agarró el Covid, se vino a la casa, ni modo que le dijera que no, es mi hija. Sí nos afectó, si se dan cuenta que te dio la enfermedad no te dan el trabajo piensan que tú también tienes Covid, yo me quedaba callada, no decía nada”, explica la trabajadora.
Ante la pandemia, Aureliana y sus compañeras idearon emprender, para buscar cómo generar ingresos económicos y fue que buscaron apoyos económicos mediante convocatorias y así producir lo que saben hacer: pasta de mole, comida, postres, dulces, bordados. La producción la iniciaron el pasado 19 de marzo.
En el caso de Aureliana produjo pasta de mole, porque lo sabe hacer. Hizo equipo para producir mole con dos de sus compañeras, también de Chilapa: Olivia Bello Aguilar y Casilda Juárez Sánchez.
Las tres trabajadoras se han distribuido en su comunidad, en el trabajo de la hija de Aureliana en Iguala, con sus mismas compañeras. Las tres están motivadas para continuar emprendiendo y poco poco volver a reactivar su economía y su empleo en el lavado de ropa.
*
Desde hace 30 años, Aureliana se dedica a lavar ropa a mano, con eso junto con su esposo mantuvo a sus ocho hijos.
Empezó a lavar ropa por invitación de una amiga, que al mudarse le dejó a su cargo las lavadas de ropa de las clientas que ya tenía. Aurelina aceptó.
“Ahí empecé a sobresalir con mis hijos, los mantuve con la lavada, les di estudios como pude porque la licenciatura ya no, eso ya es otro dinero, nomás le di secundaria y prepa. Ahorita gracias a Dios entre mis hijos los más grandes apoyaron a los demás, son dos los que se prepararon”, cuenta.
En Chilapa, Aureliana asiste a lavaderos públicos, donde por 2 pesos lava el tiempo que desee y utiliza el agua que necesita.
Ella pone en costales la ropa que tiene que lavar y se traslada a los lavaderos públicos, ubicados en el barrio de San Antonio.
Al inicio, Aureliana lavó hasta 12 docenas de ropa al día. Poco a poco la conocieron más personas porque todos los días la veían cargando los bultos con ropa e identificaban que a eso se dedicaba y la contrataban.
Ahora que los hijos de Aureliana crecieron y ya no dependen de ella, no abandona su trabajo, aunque lava menos, unas siete docenas diarias.
Al principio lavaba en las casas de quienes la contrataban pero no le gustó, porque los lavaderos eran pequeños y eso le complicaba más el trabajo.
Todavía recuerda a cuánto cobraba la docena de ropa al principio: 8 pesos; actualmente a 45 pesos.
“Cada año le vamos subiendo, porque decimos que entre más sube y más suben de precio las cosas no nos alcanza, a luchas algunos sí van pagado”, dijo.
—¿A raíz de este trabajo que implica fuerza usted padece alguna enfermedad?
—Hasta ahorita gracias a Dios no, pero sí ya me empieza a doler mi riñón, pero no he ido al médico. Me dolían las rodillas pero como me estoy tomando un tecito se me quita, además ya no lavo igual.
Las empleadas del hogar no cuentan con prestaciones de ley, mucho menos, con seguro social, solo perciben el pago, como el caso de Aureliana, por el lavado de la ropa.
Apoyo insuficiente: la red
La coordinadora de Proyectos en la Red de Mujeres Empleadas del Hogar, Petra Hermillo Martínez expuso que la iniciativa de emprender surgió porque las trabajadoras del hogar fueron despedidas de sus trabajos y a otras más les dijeron que después les llamaban, pero desde hace dos años no les llaman.
Las trabajadoras han ido a sus antiguos empleos pero les dicen que no hay trabajo y es por ello que comenzaron a trabajar en la propuesta para autoemplearse.
“Es como empezamos a trabajar una propuesta, una idea, una convocatoria que sacó la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH). Nos aceptaron”, expresó.
El pasado 8 de marzo recibieron el dinero, a los equipos, de tres o cuatro integrantes, les tocó de entre 7,000 a 10,000 pesos para comenzar su negocio.
Petra Hermillo destacó que las mujeres sí necesitan más apoyo ante las consecuencias que viven por la pandemia y así puedan generar sus propios recursos económicos, la mayoría de las 800 de sus compañeras perdieron su empleo y pocas han regresado.
La representante destacó las carencias de las trabajadoras del hogar, principalmente el de no contar con seguridad social, además de la lucha constante de que el pago que perciban sea proporcional al trabajo que hacen.
El 12 de diciembre del 2012, entró en vigor del Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Trabajadoras del Hogar, que determina que los funcionarios de todos los niveles sin pretexto deben intervenir y hacer valer los derechos que desde hace décadas pelean las trabajadoras: seguridad social, salario digno, respeto y cero discriminación.
Petra Hermillo lamentó que la pandemia haya impidio accionar este convenio y exigir para que las autoridades lo cumplan, sin embargo, dice, ya es momento de retomarlo así como su lucha para hacer valer sus derechos como trabajadoras del hogar.
Se fue a Estados Unidos huyendo del odio. Allá logró ser libre y feliz, hasta que llegó la COVID-19. De acuerdo con la ONU, las personas migrantes de la diversidad sexual, como ella, enfrentaron discriminaciones entrecruzadas durante la pandemia que reveló, sobre todo, cuán invisibles pueden ser sus problemas y por lo tanto sus vidas, también del otro lado.
Texto: Beatriz García
Fotografía y video: Franyeli García
Ilustración: Conejo Muerto
31 de enero del 2022
Es la noche del 10 de marzo del 2020. El azul brillante de las luces se refleja en la mirada cansada de Yimel Alvarado. El color negro que delínea sus ojos, aun cuando le da mucha profundidad, acentúa su agotamiento.
Trae un vestido negro entallado que ella misma diseñó y cosió. Está en medio de una de sus imitaciones musicales más solicitadas en un bar de la avenida Roosevelt, del distrito de Queens, en Nueva York.
Ese mismo vestido ahora está dentro de una maleta en una habitación de la casa de su madre, en su natal Tlapa, municipio de la región Montaña en Guerrero, uno de los estados con mayores niveles de marginación, ubicado en el suroeste del país.
Yimel es una de las tantas personas de la comunidad LGBTI+ (Lésbico, Gay, Transgénero, Bisexual, Intersexual) que migró a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Aunque tanto allá como en México, la población de la diversidad sexual suele ser invisible, porque en sus historias se configuran varias variables de desigualdad: homofobia, discriminación, odio y rechazo, entre otras.
Yimel se fue a Nueva York en septiembre de 1997. Al inicio, como migrante indocumentada, no tuvo opción y por un tiempo se dedicó al trabajo sexual, lo que la obligó a soportar ataques verbales y físicos bajo las vías elevadas del metro Jackson Heights, como lo documentó The New York Times en un texto sobre COVID-19 que tituló El Epicentro. Luego Yimel se unió con un grupo de amistades de la comunidad LGBTI+ y formó una familia con la que compartía departamento en Queens.
Ese 10 de marzo del 2020, Yimel dio su espectáculo en el Kings Bar de la avenida Roosevelt. Nadie se dio cuenta que no estaba bien, la pandemia todavía se sentía lejana a pesar de estar a la vuelta de la esquina, y Estados Unidos aún no decretaba el confinamiento por el virus SARS-CoV-2 que ya se expandía por el mundo.
Después de esa presentación Yimel regresó a casa y comenzó su martirio en silencio. Trató de aliviarse con tés caseros: pensó que sólo era una tos y un dolor de espalda que pasarían. Además, seis días después tendría otra presentación para la que debía recuperarse pronto.
Ella sabía que la COVID-19 se estaba propagando, pero creyó que su caso sólo era resultado del cansancio y lo asoció a que la noche previa se desveló mejorando su vestuario. Pero para el 13 de marzo seguían sus malestares: ahora le dolía la cabeza, se había intensificado el dolor de espalda y la tos se volvió tremenda.
Sin embargo no le cuenta a nadie de su familia, ni siquiera a su hermana Olivia Aldama Alvarado, que también vive en Queens. Sólo sus compañeros de departamento se dan cuenta que no está bien y le piden que vaya al médico, pero se niega.
Es la segunda vez desde que llegó a Estados Unidos que la pasa mal. La primera fue muy al principio, cuando debió prostituirse para sobrevivir. Pero las cosas que más le habían dolido en la vida, le ocurrieron antes de migrar, en Tlapa, 23 años atrás.
Libre como las mariposas
Es septiembre de 1997. El bullicio y la música de banda reinan en la colonia San Francisco, en Tlapa. Armando, sus hermanas, su mamá y su papá disfrutan de un jaripeo, un espectáculo que consiste en ver qué jinete se queda más tiempo sobre el lomo de un toro. Armando se aparta para reunirse con sus amigos, a quienes su padre llama “los putos”.
Sus hermanas se van, pero Armando se queda. Al verlo, su padre desenfunda la pistola y suelta varios tiros entre los pies de su hijo y sus amigos. Nadie resulta herido, pero Concepción, la madre de Armando, sabe que su esposo intentó matarlo. Ella y sus hermanas se llenan de miedo.
No es la primera vez que su padre lo agrede. Sucede con frecuencia desde que cumplió 15 años y comenzó a autopercibirse como una persona transexual. Una vez su padre le dio un cuchillo y le gritó: “¡Ten, mátate!”. En la región Montaña, como en muchas otras del país, aún hay muchos prejuicios contra personas con orientaciones e identidades sexuales distintas.
Después del jaripeo, Concepción, sus hijas y Armando duermen en casa de una comadre. Tienen miedo de que su esposo lo mate. Esa noche, Armando comenzó a idear su huida. Dos días después, al amanecer, él ya no está en Tlapa.
Hasta una semana más tarde, su madre y sus hermanas supieron que ya estaba en Estados Unidos. Lo que no les contó en ese momento es que durmió en la calle, hizo trabajo sexual y sufrió maltratos, que para llegar allá consiguió dinero que debía reunir y pagar pronto, y que tenía una meta clara: a partir de entonces sería Yimel Alvarado.
La otra realidad
Durante la pandemia de la COVID-19, las personas migrantes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales pueden enfrentarse a discriminaciones entrecruzadas: tanto por ser migrantes, como por su identidad de género u orientación sexual, han advertido organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Lo cierto es que de la realidad de las personas migrantes de la comunidad LGBT durante la pandemia, poco se sabe. Al menos en México.
Por varios días este medio intentó tener comunicación con organizaciones estatales y nacionales de la diversidad sexual, tanto de México como de EU, para conocer cómo estaba viviendo esta población la pandemia, pero la única información disponible es la relacionada específicamente con crímenes por homofobia.
El representante de la organización local Orgullo Guerrero, Juan Carlos Salvador, dijo que quizás estaban siendo egoístas por no documentar lo que están viviendo sus compañeros y compañeras de la población LGBTI+ en pandemia, porque desconocen totalmente su situación.
De acuerdo con la ONU, las personas LGBTI+ pueden enfrentar discriminación y estigma cuando acceden a los servicios de salud, además de que en algunos países hay leyes en que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y criminalizan a las personas trans.
Otras conductas sobre las que advierte este organismo son: estigmatización, discriminación, discursos de odio y ataques contra las personas LGBTI, así como obstáculos para acceder a trabajos y medios de vida, y vulnerabilidad ante violencia y explotación.
Además, debido a las diversas formas de discriminación social y económica que enfrentan las personas migrantes LGBTI+, es más probable que se vinculen en el sector informal y no tengan acceso a licencia por enfermedad remunerada ni a compensación por desempleo, detalla la organización.
La ONU precisa que las personas migrantes transgénero y no binarias son particularmente vulnerables a la explotación, debido a la discriminación laboral por su identidad de género o nacionalidad, lo cual abre una ventana para que los tratantes aprovechen esta vulnerabilidad y muchas veces busquen activamente víctimas trans y no binarias.
El vuelo de la mariposa
Yimel nació en Tlapa, en la Montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país, el 14 de mayo de 1980.
Para llegar a la casa donde creció y vivió hasta la noche del jaripeo, se camina por la avenida Hidalgo hasta la colonia San Francisco. Es un extremo de la cabecera municipal, cerca de los cerros, donde abundan casas sencillas de concreto. En la puerta de una de esas casas cuelga un moño negro, símbolo de luto. Es la casa de Yimel.
Dentro, en el segundo piso, hay mariposas de cerámica de colores, con alas abiertas sobre una pared azul. Yimel quería ser como ellas: libre. Algunas de esas mariposas las compró ella misma en Estados Unidos, pero ahora adornan la casa de su madre, en su memoria.
Al cruzar la puerta de la entrada, lo primero que se percibe es el aroma de las lilis -como se conocen en esta región a las azucenas- que rodean una gran pintura de Yimel, donde luce una larga cabellera y está sonriendo; se ven sus labios carnosos y sus ojos perfectamente delineados.
Ariana desempolva el maletero donde guardan como un tesoro preciado los vestidos que confeccionó “La Gorda”, como se refiere cariñosamente a su hermana Yimel. Los saca uno por uno, son grandes y vistosos; Yimel era una mujer robusta de 1.90m de estatura.
La Gorda, cuenta su hermana, regresó a Tlapa después de cuatro años en EU, para ver a su familia. Para entonces su madre se había separado del padre, por las peleas constantes relacionadas con la identidad sexual de su hija.
Ella llegó sin los vestidos, las zapatillas y el maquillaje que usaba en Nueva York. Le contó a su madre y sus hermanas que por fin era libre y disfrutaba mucho su trabajo en los bares, principalmente en El Trío o en Kings Bar, donde imitaba a artistas como Paquita la del Barrio, Celia Cruz, Ana Gabriel, Rocío Durcal, Gloria Trevi y Jenny Rivera, con vestidos amplios, de olanes y llenos de brillos que ella misma se cosía.
“Me voy a beber y comer todo lo que pueda, después, cuando sienta que acabó ese tiempo, comenzaré a obtener bienes materiales”, dice la hermana que un día le dijo Yimel a su madre, de quien se hacía cargo y estaba pendiente por teléfono. Su madre construyó la mitad de su casa con el dinero que Yimel ganó en Queens.
Después de tres meses de estancia en Tlapa, regresó a Estado Unidos con los mismos riesgos de ser migrante indocumentada. Creyó que moriría en el desierto: se le acabó el agua, se deshidrató y estuvo a punto de beberse sus orines; sus pies se llenaron de llagas por todas las horas que caminó, pero logró cruzar. Y del otro lado, a diferencia de la primera vez, la esperaban sus amigos en el departamento, a quienes ella misma había ayudado de manera económica hasta que consiguieron trabajo.
Una sentencia que se cumple
Cuatro días después de su imitación más solicitada en el Kings Bar, Yimel se siente peor de salud. Entonces se comunica con su madre y sus hermanas que están en Tlapa para contarles. Les pide que recen por ella.
También habla con su hermana menor, quien vive en Queens. Cuando Olivia escucha su voz agitada y sin fuerza se va a verla. La encuentra dentro de su habitación tirada en la cama.
The New York Times reconstruyó ese día. Olivia llevó a Yimel al hospital: “Llaman un taxi. Pero el conductor, al sospechar que la mujer desplomada en las escaleras tiene el virus, se disculpa y se va. En un fugaz momento de claridad, Yimel dice: llama a una ambulancia”.
Yimel fue trasladada al Hospital Elmhurst, que ofrece atención, sobre todo, a quienes no tienen seguridad social en EU.
“En estos tiempos de pandemia, las personas transgénero encuentran aún más desafíos. La falta de seguro médico, la falta de capacidad para seguir las pautas de distanciamiento social y las pautas de cuarentena hacen que las personas LGBTI+ se enfrenten a una mayor probabilidad de exposición al COVID-19”, advirtió la ONU en un artículo publicado en octubre del 2020.
En Estados Unidos la situación es distinta que en México, asegura en entrevista la coordinadora de Desarrollo Institucional de Casa Arcoíris, un albergue para la comunidad LGBTI+ migrante en Tijuana, Sara Amelia Islas.
Allá las personas de la diversidad sexual tienen derecho a recibir atención médica, y hay organizaciones que velan por sus derechos, dice Islas, quien hace acompañamiento a migrantes LGBTI+ que llegan a la frontera de México con Estados Unidos, para cruzar a ese país mediante la figura de asilo.
Islas afirma que en EU, la comunidad migrante de la diversidad sexual recibe mejor atención de salud que en México, aun cuando sigue padeciendo discriminación, racismo y los crímenes de odio persisten.
En su opinión esto responde a que, en comparación con México, en Estados Unidos hay mayor apertura a la comunidad LGBTI+, porque hay políticas públicas y leyes que les protegen, aunque el grado de aceptación depende del estado, por ejemplo en San Francisco, Washington, Nueva York y California gozan de mejores condiciones y mayor presencia de colectivos que les apoyan.
Hace cuatro días Yimel cantaba en el Kings Bar y ahora está en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte.
El día que ingresó al hospital, los médicos le diagnosticaron neumonía. Después le informaron a Olivia que su hermana sería intubada, porque su respiración y oxigenación disminuía de manera acelerada.
Cuatro días después de que Yimel fue internada en el hospital se declaró la pandemia por la COVID-19 en Estados Unidos. Las autoridades obligaron al confinamiento, pero ella ya estaba en la cama de un hospital, en coma y con todos los síntomas que provoca el virus Sars-CoV-2.
A Olivia le dijeron que el país estaba en alerta y debían restringir las visitas en el hospital, sobre todo en el área en la que estaba Yimel, por lo que se retiró a su casa, pero varias veces al día marcaba por teléfono para saber de su hermana.
El 26 marzo por la noche, Olivia llamó nuevamente al hospital. Se sentía impaciente. La doctora en turno le dijo que Yimel seguía igual, que al menos no había empeorado y que podría considerarla estable. Eso le dio tranquilidad.
Pero, a la mañana siguiente, sonó el celular de Olivia, era una llamada del hospital: Yimel había muerto.
En octubre de 2021 Olivia todavía se resiste a creerlo. Ella cree que su hermana fue desconectada intencionalmente por el aumento de pacientes con COVID-19.
El calvario de las muertes de migrantes por covid-19
De acuerdo con la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales (SIMAI) de Guerrero, el número de migrantes guerrerenses que fallecieron a causa de la COVID-19, tan sólo de marzo del 2020 al 13 de agosto de 2021 eran 451, aunque tampoco se conoce cuántos o cuántas pertenecían a la comunidad LGBTI+.
Desde el 2020, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha documentado los casos de migrantes muertos por la COVID-19 en esta región de la Montaña para repatriar sus cenizas, pero poco saben específicamente de muertes de migrantes LGBTI+.
En su último informe (2019-2020), Tlachinollan documentó los casos de 63 personas originarias de la Montaña alta fallecidas por COVID-19 en Estados Unidos, la mayoría en Nueva York.
Tlapa, el municipio de la región donde se concentra la actividad comercial de la Montaña alta de Guerrero, es el centro donde confluyen habitantes de pueblos mixtecos, tlapanecos, nahuas y mestizos. En las últimas cuatro décadas –como lo enuncia Tlachinollan en su informe de actividades– las y los jóvenes que emigran buscan asentarse en NY porque les significa ascender a otro nivel social.
De 63 personas fallecidas por el virus, Tlachinollan gestionó la repatriación de las cenizas de 27. El resto se quedó en ese país porque allá estaban sus familias, explicó el responsable del área de Migrantes y Jornaleros de esa organización, Paulino Rodríguez Reyes.
El costo de la incineración de los cuerpos era de 2 mil dólares, pero lograron que les disminuyeran el costo a mil dólares, pues la mayoría de migrantes sin documentos no recibieron apoyo de los gobiernos de Estados Unidos ni de México durante la pandemia, afirma Rodríguez Reyes.
De acuerdo con la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales de Guerrero, en Estados Unidos hay un registro aproximado de 70 mil 474 migrantes guerrerenses viviendo en ese país, pero tampoco tienen una cifra de cuántas de estas personas pertenecen a la comunidad LGBTI+.
Los migrantes que viven en Nueva York pudieron acceder al sistema de salud, pero por temor de ser deportados o los dieran por muertos en los hospitales, mejor se quedaron en casa, agregó el defensor Paulino Rodríguez.
Yimel regresa a Tlapa
¿Cómo darle sepultura a la hermana y a la hija cuyo cadáver está en Estados Unidos? En Queens, Olivia y las amistades de Yimel se unieron para recuperar su cadáver. Debía ser rápido.
En Tlapa, Ariana tenía temor de que su hermana terminara en una fosa común o que les entregaran unas cenizas que no eran las de ella. En ese entonces había un fuerte rumor de que los cadáveres de migrantes indocumentados estaban siendo enviados a la fosa común.
Era urgente conseguir un crematorio. Recordaron que antes de dedicarse a cantar, Yimel trabajó en una funeraria. Se comunicaron con el dueño, quien accedió a cremar su cadáver de inmediato pero debían cubrir los gastos. Olivia acababa de recibir un ahorro y con eso pudo pagarlos.
Yimel ya no tuvo la oportunidad de recibir su documentación como estadounidense nacionalizada, que llevaba años tramitando, de haberla conseguido, habría logrado ser mujer de manera legal.
Las cenizas no llegaron pronto a Tlapa. El duelo de la familia en Guerrero se prolongó por seis meses, hasta que una comadre de Olivia viajó a México y con ella viajaron las cenizas de Yimel.
Es 5 de agosto del 2020. Una mujer sale del aeropuerto de la Ciudad de México, en sus manos lleva la caja de madera donde están las cenizas de Yimel, que enseguida entrega a Concepción y a Ariana, madre y hermana de Yimel. En cuanto Concepción las recibe, suelta el llanto.
Más tarde, en la entrada de la cabecera municipal de Tlapa, una caravana de amistades, familiares y conocidos de Yimel, la esperan. Hay muchas flores, música de viento, una muñeca gigante –a la que se le llama “mona” o “mojiganga”, hecha de papel y trapo, en cuyo interior, debajo de la falda, se introduce una persona para hacerla bailar, una costumbre típica de las festividades en la región– , que mueven al son de la música, globos y banderas arcoíris.
En su casa de la calle Hidalgo, en un altar con flores multicolores e imágenes religiosas colocan sus cenizas, que al final fueron depositadas en una nueva urna pintada a mano por artesanos de Olinalá, otro municipio de la región.
Con la llegada de Yimel a su casa lo mismo rezaron que bailaron al son de la banda de viento. Sus amigas se pusieron sus vestidos, los que cosió y bordó con esmero, y bebieron y rieron toda la tarde. Después, los restos fueron llevados al panteón municipal de Tlapa. Aunque el presagio de muerte de su padre se cumplió, Yimel logró su sueño y pudo ser libre.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país
La pandemia de la Covid-19 no impidió el éxodo de jornaleros de Guerrero en 2021 hacia diferentes estados del país.
De acuerdo a la información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Subsecretaría de Migrantes Nacionales del Estado cerca de 35 mil de ellos salieron, entre mujeres, hombres, niñas y niños, pero las condiciones precarias de salud, educación, seguridad y vivienda no se resolvieron.
En un informe publicado el 29 de noviembre por el Centro de Análisis e Investigación Fundar documentó que pese a la pandemia y las restricciones por la misma, millones de personas continuaron trabajando en el campo, para llevar alimentos a sus hogares.
“Las y los jornaleros agrícolas trabajaron y trabajan a la par del personal médico, personal de enfermería, personas cuidadoras, repartidores de alimentos y las millones de trabajadoras esenciales que mantuvieron el país a flote durante 2020 y 2021”, precisa el texto.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan junto con el Consejo de Jornaleros Agrícolas en el estado tiene un panorama puntual de lo que pasa con los migrantes nacionales, pues la Montaña es una de las regiones del estado que más éxodo de jornalero presenta.
En entrevista, el representante del área de Jornaleros de Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes, confirmó que tan sólo en esta región de la Montaña el éxodo de migrantes no disminuyó, incluso con relación al 2020.
En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país.
Además, Tlachinollan tiene un registro del fallecimiento de 14 jornaleros en el 2021, algunos por accidentes y tres por coronavirus.
Rodríguez Reyes precisó que además de tener un mismo número de migrantes que salieron a los campos a trabajar, lo hicieron en las mismas condiciones de precariedad.
“En las condiciones de traslados son pésimas en cuanto a camiones, inseguridad en el trayecto del camino, abuso de autoridad, tránsito, no se diga, igual las condiciones laborales en los campos agrícolas, ahí por ejemplo, lo que ya se sabe la gente vive de su salario, o de lo que gana en el día sin prestaciones, seguridad social”, describió el defensor de derechos humanos.
Agregó que la mayoría de los campos o los estados donde migran los jornaleros son zonas agrícolas donde no hay albergues ni guardería para que los hijos e hijas de las familias puedan apoyarse de ellas.
Rodríguez Reyes lamentó que siguen faltando políticas públicas del gobierno para atender la problemática y que es lo que más preocupa.
En 2021, dijo, que también con la pandemia nunca se supo si las familias se vacunaron contra la Covid-19, porque donde trabajan no se priorizó una campaña para ellos y así invitarlos a vacunarse.
Tlachinollan tiene el cálculo de que el 80 por ciento de los jornaleros no se vacunó contra el coronavirus.
El representante del área insistió que no hay un programa especial del gobierno que cobije a la población jornalera y el panorama que se vislumbra para este 2022 es similar.
Dijo que el Consejo de Jornaleros y Tlachinollan están pugnando para que se reactiven las mesas de trabajo de la Comisión Intersecretarial del estado para implemente un programa, y que ojalá en el primer trimestre del año se resuelva.
Esta Comisión nace en el 2011 y la conforman las diferentes dependencias del estado, con el objetivo de que haya atención a los jornaleros.
El defensor adelantó que tres secretarías ya se acercaron: la de Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanas, la Secretaría de Migrantes y la Secretaría de Salud. Estas tres dependencias dialogaron con el Consejo de Jornaleros, quien entregó una agenda de trabajo, mientras que las dependencias prometieron buscar que se reactive la Comisión Intersecretarial y trabajar un planteamiento más integral.
Más de 35 mil migrantes de Guerrero salieron en 2021 a los campos agrícolas del país: subsecretaria de Migración Nacional
En entrevista con la subsecretaria de Migración Nacional de estado, Eleazar Marín Quebrado, coincidió que el éxodo de jornaleros no paró pese a la pandemia de la Covid-19 y cerca de 35 mil personas abandonaron sus casas para trabajar en los campos agrícolas.
Pero, reveló, que de enero a octubre que correspondió la atención al gobierno anterior, que encabezó el priista Héctor Astudillo Flores, no se atendió el problema de los jornaleros.
La funcionaria asumió el cargo a principios de noviembre en el gobierno que encabeza la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y junto con otras dependencias reactivaron la Comisión Intersecretarial para que se diera la atención a este problema, a quienes se les planteó con datos estadísticos la situación.
Con las mesas de trabajo de la Comisión, dijo, se instalaron dos módulos de salud en las Unidades de Servicios Integrales (USI) de Tlapa y de Chilapa que estaban inactivos donde se asignaron médicos, enfermeras y trabajadoras sociales.
La funcionaria informó que en el 2021 tanto en Chilapa como en Tlapa se registraron 14 mil jornaleros en cada uno, quienes salieron a diferentes partes del país, y sumando los jornaleros que salen de Ometepec, asciende a un total de 35 mil migrantes nacionales que cada año salen de sus lugares de origen.
Aseguró que en Tlapa se implementó que elementos de Seguridad Pública acompañen a los jornaleros a los límites del estado, además de que para este año se pretende firmen convenios interestatales con autoridades de los estados receptores de jornaleros agrícolas.
Se supone que estos convenios son para vigilar que se respeten los derechos humanos de los jornaleros.
La subsecretaria agregó que para este año el objetivo es que el programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar ayude a disminuir el éxodo de migrantes.
Un análisis de la Cuenta Pública ha detectado que los recortes son una constante; organizaciones urgen a revisar presupuestos para disminuir las brechas de desigualdad.
Texto: Nayeli Roldán / Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo
11 de enero de 2011
Aunque la Cámara de Diputados aprobó en 2020 un presupuesto de 104 mil millones de pesos para el Anexo 13, el apartado presupuestal que financia los programas para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, la Secretaría de Hacienda le recortó 4 mil 152 millones de pesos.
Eso impactó en sectores como Salud, que tuvo 12% menos presupuesto, y entre los nueve programas dirigidos a mujeres que opera, por ejemplo, “Salud materna, sexual y reproductiva” tenía 2 mil 44 millones de pesos de presupuesto etiquetado, pero solo pudo ocupar mil 611 millones de pesos.
Además, también han desaparecido programas dirigidos exclusivamente a disminuir la brecha de desigualdad de género, entre 2018 y 2021, entre los que se encuentran el Programa de Fomento a la Economía Social, de Coinversión Social, o la sustitución de subsidiar los lugares de cuidado como las estancias infantiles por un programa de entrega directa de dinero que operaba la Secretaría de Bienestar, o la partida para investigar delitos relacionados con delincuencia organizada que ejercía la Fiscalía General de la República.
Los presupuestos, afirma la investigadora feminista de la UNAM, Patricia Rodríguez, significa la pauta económica de un gobierno. “Si un presupuesto tiene o presume de perspectiva de género tiene que visualizarse claramente en cómo está integrado, estructurado, definido”.
Por eso es que la construcción y aplicación del presupuesto es la definición de las prioridades para una administración. “Si por ejemplo, Hacienda dará 13 mil millones de dólares para salvar a Pemex que en cuanto a la producción es pésima y ha tenido pérdidas, ahí se ve claramente el reflejo de la política económica, claramente”, dice Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones de la UNAM.
La alianza Aliada, integrada por CEJIL, Colectiva Ciudad y Género, Equality Now, MIDI y Raíces, sostienen que ha hecho el análisis de la Cuenta Pública y ha detectado que los recortes son una constante, hacen un llamado a que el Anexo 13 “cumpla con el objetivo de ser presupuestos para disminuir las brechas de desigualdad y es necesario contar mecanismo para dar seguimiento al presupuesto”.
Por ello es que proponen la instalación de “mesas interinstitucionales” porque “en este contexto de emergencia que enfrentamos por el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, el aumento de feminicidios, se considera imperativo una revisión urgente de los programas presupuestarios que se incluyen en el Anexo 13 y otros que no están contenidos en él, pero que son fundamentales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”.
Otros de los recortes estuvieron en “las entidades no sectorizadas” que tienen partidas específicas de género como en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres, y que tuvieron 57%, pues de mil 356 millones de pesos de presupuesto aprobado, solo tuvo a disposición 581 millones de pesos.
La Secretaría de Economía tenía mil 926 millones de pesos, pero le recortaron 466 millones, es decir, 35% de su presupuesto, que solo opera el programa de “Apoyo al emprendedor”.
Elsa Conde, integrante de Mujeres Impulsando la Igualdad (MIDI) explica que esto se trata de un “desfinanciamiento” de la política de igualdad entre mujeres y hombres que ha sido paulatino, no solo en el actual sexenio, pero “con este último gobierno lo que vemos es que, además del desfinanciamiento se suma el desmantelamiento de las instituciones”.
Esto debido a que el 31 de diciembre de 2021, el presidente eliminó por decreto el Instituto de Desarrollo Social (Indesol) pero sin tener la certeza de cómo funcionará el principal programa que tenía a cargo llamado Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), dedicado a financiar las unidades estatales para atender a las mujeres víctimas de violencia en los estados, y el financiamiento a refugios, en un país donde ocurren 11 feminicidios cada día.
Además, no solo hay recortes en años previos, sino que los incrementos presupuestales para 2022 son mínimos, pues la mayoría oscilan entre 3.42% y 3.78%, prácticamente se trata de la inflación calculada en 3.4%. Por ejemplo, el Programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que opera la Secretaría de Gobernación, tendrá 146 millones, un aumento de 3.42%, o sea, solo la inflación y el Programa de Salud materna, sexual y reproductiva tendrá 2 mil 26 millones de pesos, un incremento de 3.78%.
Aunque el Anexo 13 registró un aumento presupuestal histórico, con 75% más recursos para 2022, el aumento está concentrado en los programas sociales prioritarios de esta administración, pues 89% del presupuesto irá a Pensión para Adultos Mayores, Sembrando Vida o las becas Benito Juárez, entre otros programas sociales, mientras que las acciones dirigidas hacia las mujeres para disminuir la brecha de género tendrán menos.
