En Chilpancingo, el personal del Registro Civil aún niega los matrimonios igualitarios
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Oficial Ayuntamiento de Pungarabato
Chilpancingo
Osiris y Anareli, después de 10 años de relación, contrajeron matrimonio en las bodas igualitarios que realizaron en Ciudad Altamirano, cabecera de Pungarabato, municipio de la Tierra Caliente, el 1 de julio pasado.
La convocatorias de las bodas igualitarias fue planteada para los nueve municipios de la región, pero sólo tres parejas acudieron a casarse, una de ellas fue la de Osiris y Anareli.
“Estábamos esperando hace muchísimo tiempo que a nosotros se nos diera esta oportunidad, que a la comunidad (poblaciones LGBTI+) se nos reconociera, mucho tiempo a nosotros nos han excluido, pero somos parte de la comunidad en general. De aquí en adelante a seguir defendiendo nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones”, mencionó en entrevista telefónica Osiris.
Osiris y Anareli tienen dos hijos, a quienes buscan proteger de manera legal, así como sus bienes y las propiedades en común.
Óscar y Miguel es la otra pareja que contrajo matrimonio; llevaban tres años de relación.
“Supimos que el matrimonio ya era legal en el estado y que se haría este evento en Altamirano y aprovechamos”, dijo Óscar.
Esta es la primera vez que realizan estos matrimonios en la Tierra Caliente, región donde, de acuerdo con algunos activistas de las poblaciones LGBTI+, imperan la las acciones machistas y homofóbicas.
La realización de estas bodas generaron comentarios negativos en las redes sociales, en particular de burla para las parejas que decidieron casarse, lo que expone un problema mayor.
“Sigan apoyando a los jotitos y a las machorras. Gracias por promover el propio fin de nuestra raza”, escribió un usuario en redes sociales.
De acuerdo con el activista por los derechos de las personas LGBTI+ en Tierra Caliente, Ranferi Echeverría Pineda, sí hay machismo y homofobia en la región, pero con el paso de los años la gente muestra cierta apertura a estos temas.
“Sigue imperando el machismo en Tierra Caliente, es un porcentaje mínimo. Hace unos 15 años sí imperaba más el machismo hasta en las familias; las redes sociales no han ayudado a que se abra más la mente”, expuso Echeverría Pineda.
Estas fueron las primeras bodas igualitarias que se realizan de manera colectiva en la Tierra Caliente.
Denuncian que Ayuntamiento de Chilpancingo no garantiza matrimonios igualitarios
En Chilpancingo, capital de Guerrero, el Ayuntamiento aún no garantiza este derecho, de acuerdo con una denuncia del presidente del Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero, Juan Carlos Salvador López.
A más de un mes que la Dirección Estatal del Registro Civil entregó los formatos para las bodas y permitió a nivel estatal dichos matrimonios, en Chilpancingo aún no lo garantizan.
“Dos parejas que acudieron a pedir informes al Registro Civil de Chilpancingo no recibieron atención de manera adecuada y les dijeron que no podía realizar el trámite”, mencionó Salvador López.
Estas dos parejas se acercaron al Colectivo Lgbti+ para pedir acompañamiento. El director del Registro Civil de Chilpancingo, Miguel Ángel Torreblanca Ruano, les dijo a los activistas que aún no tenían los formatos ni han recibido las capacitaciones para realizar un matrimonio igualitario.
“En ese momento le marco a (Roberto Barreto, coordinador estatal del Registro Civil) Bohórquez para que me explicara por qué en Chilpancingo no se podían casar las parejas”, contó Salvador López.
En esa llamada, Barreto Bohórquez le comentó a Torreblanca Ruano que el personal del Registro Civil de Chilpancingo no han asistido a las capacitaciones. Además le comentó que los formatos están en una plataforma en línea del Registro Civil Estatal, es decir que los ayuntamientos pueden acceder y descargarlos.
Por los malos tratos que recibieron estas dos parejas valoraban interponer una denuncia por discriminación y violación a sus derechos humanos, pero desistieron y el colectivo enviará un oficio dirigido a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, para exponerle el caso.
“Yo no sé qué está pasando pero exijo la capacitación para el Registro Civil de aquí, porque ni quiero estar esperando que hagan una boda colectiva para que todos los aplausos se los lleve la presidenta municipal, cuando uno tiene que ser libre de casarse cuando quiera”, agregó Salvador López.
La ausencia del Estado en La Montaña guerrerense va desde el abandono en materia de salud, educación, seguridad y empleo hasta la desaparición de programas sociales específicos para la población trabajadora agrícola. En comunidades donde las personas no tienen nada, mucho menos cuentan con terrenos suficientes para cumplir los requisitos del programa Sembrando Vida.
Rodeada enteramente de cerros, la cabecera municipal de Tlapa de Comonfort, al oriente de Guerrero, parece el último destino de la región montañosa de la entidad, pero no lo es. Es apenas el centro y punto de partida para la migración a otros estados de quienes habitan sus 19 municipios. Aquí quien no trabaja en el campo ya lo hizo antes o lo hará en el futuro. En los últimos 50 años, tres o cuatro generaciones de jóvenes han estado destinadas al trabajo agrícola.
Para los pueblos de la montaña, no existe un antes glorioso de atención gubernamental o de desarrollo, nunca lo ha habido. Todo antes es trágico, porque la historia de las comunidades aledañas a Tlapa se ha escrito con dolor: les han despojado, dividido, engañado, asesinado, masacrado, expulsado de sus tierras y explotado. Así resume Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el abandono de esas poblaciones del sureste desde hace décadas.
De esa manera ocurrió el retiro del Estado, cuyas instituciones nunca terminaron de llegar a los habitantes de Tlapa. La ausencia sigue vigente: desde la atención a la salud hasta la educación, la seguridad y el acceso al empleo. Por épocas, han existido programas sociales dirigidos a pequeños productores y algunos subsidios que funcionaron, como uno de Conasupo de almacenes para el manejo y la compra de maíz. Hoy han dejado de existir.
En Tlapa, el porcentaje de personas de 15 años y más analfabetas es de 83.4% —con un crecimiento gradual desde el 2000, cuando era de 69.8%—, según estadísticas del Inegi. El promedio de escolaridad es de secundaria inconclusa (8.2 años). El 64% de la población de más de tres años no asiste a la escuela, frente a 36% que sí.
La migración de los habitantes de la región a otros estados comenzó a volverse sistemática en la década de los 70, cuando se evidenció la insuficiencia de las condiciones de las comunidades. En México, las personas que trabajan en el campo sobreviven al margen de todo, incluso de las estadísticas oficiales, pero estimaciones del Inegi señalan que alrededor de 2.5 millones laboran como empleadas en centros de producción agrícola.
Sin embargo, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), que contemplaba apoyos directos y acciones sociales para el desarrollo de esta población, y que había disminuido en 84% sus beneficiarios entre 2008 y 2016 a pesar de haber recibido 91% más de presupuesto en ese periodo, hoy ya no existe. En 2015, alcanzaba a 103 mil 140 personas.
Destinado específicamente a reclutar, seleccionar y enviar población migrante internacional a Canadá, sobrevive el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), que en los últimos seis años, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha beneficiado anualmente a 24 mil 800 personas en promedio. De ellas, solo 3% son mujeres. Las variaciones por año son mínimas; mientras el registro no crece, la migración sí.
Si antes se limitaba a la temporada más alta, entre septiembre y mayo, hoy es permanente, según lo documentado por Tlachinollan. Aunado a ello, las remesas recibidas en Tlapa, uno de los municipios guerrerenses con más envíos de dinero por parte de migrantes internacionales a sus familias, pasaron de más de 49 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2019 a 106 millones de dólares en el mismo periodo de 2022, un incremento del 116%, de acuerdo con datos del Banco de México.
Para el campo mexicano, a partir de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el apoyo se enfocó en el programa Sembrando Vida, que según el gobierno federal tiene la finalidad de generar autoempleo e incentivar a las y los trabajadores del campo a convertirse en productores. A cargo de la Secretaría de Bienestar, desde 2018 presumió el objetivo de revertir el abandono al sector por parte de gobiernos anteriores.
Según sus reglas de operación, las personas trabajadoras agrícolas deben cumplir con habitar en municipios catalogados como de medio a muy alto grado de rezago social, por debajo de la línea de pobreza por ingresos rural, pero al mismo tiempo tienen que acreditar la propiedad o posesión individual de 2.5 hectáreas —25 mil metros cuadrados— para trabajar en proyectos agroforestales que no se ubiquen a más de 20 kilómetros de su domicilio. A ello añaden más de cinco características específicas del terreno. Todo para obtener 6 mil pesos mensuales.
Si en La Montaña guerrerense no hay acceso a servicios o empleo, mucho menos a terrenos suficientes para cumplir con esos requisitos. Por ejemplo, en Calpanapa, municipio de Cochoapa el Grande, uno de los más pobres de México, al que se llega solo por caminos de terracería, hay cerca de 50 personas inscritas en el programa, mientras entre 70% y 80% de sus 336 habitantes sigue migrando a otros estados, temporal o definitivamente, para poder trabajar en el campo, según lo refirieron autoridades comunitarias.
En su evaluación más reciente, correspondiente a los recursos ejercidos en 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consignó que Sembrando Vida otorgó apoyos económicos a un total de 481 mil 205 personas en 20 estados, 30.7% de ellas mujeres. Sin embargo, de los 968 municipios donde se distribuyeron, 456 no correspondían a localidades marginadas. Por otro lado, no hubo mecanismos de control, en general, para probar documentalmente que los beneficiarios del programa cumplían los criterios y requisitos de elegibilidad.
Para 2023, Sembrando Vida tiene una meta de 455 mil 749 beneficiarios en más de 25 mil localidades de 23 estados. Las reglas de operación establecen que al menos 20% deben ser mujeres. Tomando en cuenta la estimación del Inegi, la población beneficiada por el programa representaría apenas 19% del total de personas dedicadas al trabajo agrícola en México. En contraste, entre quienes no tienen propiedad y no les queda más que trabajar para un empleador, solamente del 3% al 7% cuenta con contrato escrito.
“Queda el programa de fertilizante (Fertilizantes para el Bienestar), pero es un programa para asegurar clientela política, y obviamente también en el cambio al uso de agroquímicos es cuando llega el fertilizante, y es utilizado primero y después los demás; entonces, la gente se vuelve dependiente de todos los insumos químicos de fuera. Tanto ya no recibe apoyos como le llegan las nuevas tecnologías y las nuevas prácticas agrícolas, que los vuelven dependientes, y viene la privatización. Todo eso hizo que la gente prefiriera salir”, explica Barrera.
“Primero los pobres”: negativas y ausencias en el último sexenio
Abel Barrera recuerda que, desde el principio de esta administración, Tlachinollan intentó y logró reunirse con Ariadna Montiel, entonces subsecretaria de Bienestar, “con esa ilusión de que obviamente tienen una perspectiva en favor de los pobres, como lo ha dicho AMLO”. Le explicaron el trabajo del centro y le externaron su preocupación por la población jornalera en La Montaña, para plantear la posibilidad de que se implementara un programa específico.
En la reunión, supieron que la administración no tenía intención de implementar programas sociales sectoriales, sino únicamente universales para el supuesto beneficio de toda la población pobre. Sin embargo, hay una población jornalera —explica Barrera— que no se está beneficiando porque no está en la comunidad por su frecuente movilidad. Los Servidores de la Nación ni siquiera los ubican. “Quedó ahí; está muy difícil que hagan un programa para jornaleros”, lamenta.
Más tarde, fueron contactados por la misma secretaría para plantearles un programa piloto en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chihuahua. Le pidieron apoyo a Tlachinollan para identificar comunidades específicas; sin embargo, al final no se concretó, presuntamente porque se necesitaban recursos para la campaña en Zacatecas, según confiaron a Barrera. “Nosotros fuimos a dar la cara y a decir que iba a haber programas para jornaleros… no se hizo y ni siquiera hubo forma de reclamarle a nadie”, agrega.
Por otro lado, lograron tener una reunión —a través de la Alianza Campo Justo— con la STPS. A partir de ella, el resultado fue que la población jornalera fuera incorporada a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). El monto considerado sigue siendo bajo —aclara Barrera—, pero al menos ya está contemplado. Las personas trabajadoras agrícolas han pedido que se fije en al menos 300 pesos diarios.
Se refiere a la reforma que se dio finalmente en 2019 —después de años de solicitarla— al artículo 280 de Ley Federal del Trabajo, que indica que la Conasami fijará los salarios mínimos de las y los trabajadores del campo, tomando en cuenta su naturaleza y cantidad, el desgaste físico y los salarios en establecimientos y empresas dedicadas a producción agrícola. En 2020, lo fijó por primera vez en 213.39 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte y 160.19 en el resto del país. Este año asciende a 312.41 y 234.52, respectivamente.
En el caso de la STPS, también lograron que accediera a una única inspección en campos agrícolas. “Pero ya nos dimos cuenta que hay una burocracia en medio que dice ‘A ver, dime dónde está ese campo agrícola, cuáles son las coordenadas, quién es el dueño, cuál es su registro federal de causantes’. Eso lo tuvimos que hacer nosotros y todavía decían ‘Es que esta dirección no existe porque está sobre la carretera’. Nosotros teníamos que hacer su trabajo”, dice Barrera.
“No podían hacerlo ellos, alguien tiene que solicitarlo, y también ahí nos dimos cuenta que una cosa es la empresa que contrata a los trabajadores, otra la dueña de los terrenos, otra la de los camiones; entonces, hay cinco o seis”, agrega. Eso genera el problema de que lleguen a presentarse en una empresa cuya dirección no corresponde necesariamente con los terrenos agrícolas. En su opinión, el trámite burocrático de las inspecciones está hecho para los empresarios, no para los trabajadores.
Por ejemplo, la empresa Divemex, que se dedica a cultivo, cosecha, distribución y comercialización de granos, frutas, hortalizas y verduras, se ubica en Guadalajara, Jalisco. En su acta constitutiva, como única dirección oficial registra la Zona Metropolitana de esa ciudad. En su página oficial en internet puede conocerse de manera más específica que su sede está en Ostia 2756-6, colonia Lomas de Guevara, Guadalajara. Ninguna otra ubicación se publica ahí.
Sin embargo, sus campos de cultivo están en un punto distinto: la carretera El Dorado-El Salado número 12510, a media hora de Culiacán, aunque en una búsqueda general en internet, en primera instancia solo aparece como 80300 Culiacán, Sinaloa. Por otro lado, en respuesta a una solicitud de información sobre las inspecciones que ha realizado en centros agrícolas, la oficina de representación federal del trabajo en Sinaloa solo enlistó direcciones, muchas únicamente con el nombre de la carretera sin número, por lo que es imposible saber de qué empresas se trata.
De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Tlachinollan solo obtuvo el compromiso de que se garantizara que algunos programas generales de producción ya existentes llegaran a la población minoritaria que es candidata, y del Inegi, que en los censos agropecuarios se incorporen rubros relacionados de manera más específica a las características de la población jornalera. Con el IMSS, hasta ahora no ha habido avances en alguna estrategia para hacer efectiva la afiliación.
Sobre los campos agrícolas en los estados de destino de la migración interna —Sonora, Sinaloa y Baja California, principalmente— y las inspecciones mencionadas, la STPS tampoco puede dar muchas certezas. A la petición del censo específico de centros de trabajo agrícolas vía transparencia, la STPS respondió con un padrón extenso de empresas registradas en todo tipo de sectores, sin especificar cuáles corresponden al agrícola.
En respuesta a otra solicitud de información, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo contestó que de 2017 a la fecha localizó únicamente 57 actas de visitas de inspección ordinarias y extraordinarias, la mayoría por comprobación de seguridad e higiene.
A estas se suman las realizadas por las delegaciones estatales de la dependencia. Tan solo en Sinaloa pasaron de 17 en 2015 —y un máximo de 34 en 2018— a seis en 2022; en Baja California Sur, de 18 en 2016 a una en 2022, mientras que en Jalisco, uno de los principales estados productores, han sido únicamente entre cero y siete anuales en los últimos ocho años.
Reclutamiento en La Montaña: “Aquí no hay nada”
A unos 10 minutos a pie desde el centro de Tlapa, en una superficie seca conocida como Río Jale, se estacionan los transportes —camionetas medianas— que llegan de las comunidades de la montaña. De ahí, a unos cuantos pasos se encuentra la casa del jornalero. En la reja exterior, las cartulinas se amontonan con una diversidad de ofertas para ir a otros estados a trabajar al campo.
“Se solicitan trabajadores el campo Santa Elena en Culiacán, Sinaloa, el corte de pepino; tarea de enrede, desbrote y desoje y otras más, el salario de 300 pesos diarios de 7:00 AM a 4:00 PM más 40 pesos, horas extras después de las 4:00 OM, hombres y mujeres a partir de 16 a 65 años con o sin experiencia, nosotros te capacitamos”, dice una de ellas.
“La empresa proporciona cuarto, tanque con gas, estufa, colchoneta, seguro social, guardería y escuela, el traslado y alimentos”, se añade en el letrero. Apenas cruzando la reja, en la primera mesa un contratista espera con un bonche de folletos. Sin que alguien se lo pregunte, explica que hoy ya no está permitido que los menores de edad trabajen y de inmediato culpa a las familias por insistir. Luego asegura que su empresa no miente: lo que dice en el tríptico se cumple.
“Campo Patricia Sinaloa, ¡Te ofrecemos empleo! Contrato gratuito”, dice el folleto. Tiene unos espacios en blanco para los días de salida, que no se especifican. Adentro, responden qué ofrecen: traslado gratuito, guarderías, seguridad social y consultorio médico, zonas habitacionales, despensas, primer cilindro de gas regalado y traslado de la zona habitacional al área de trabajo.
“Podrás ganar mínimo 280 diarios por tarea (cumpliendo con asistencia de seis días a la semana) y dependiendo de tu esfuerzo incrementar hasta 400 con tareas extras”, específica el interior del tríptico, antes de ofrecer incluso un bono de lealtad por el cumplimiento de contrato hasta el final de la temporada y buena asistencia. Necesitan personas en las áreas de trabajo en el campo, empaque, bomberos (fumigación) y actividades varias.
En la casa del jornalero, quienes vienen de las comunidades más lejanas pueden pasar una o varias noches mientras llega la fecha de tomar alguna de esas ofertas. Los camiones los recogen ahí mismo en la parte de afuera, o incluso llegan a otros puntos, como la intersección que conduce a Ayotzinapa, a unas dos horas en auto desde Tlapa. Dentro de la casa, a cargo de la cocina, está Aure. Como casi todos, ella también fue trabajadora agrícola desde pequeña, con su familia, que migró porque “aquí en La Montaña no hay nada”.
Recuerda que ella iba a Morelos al corte de ejote y elote, nunca a Sinaloa. Desde los 10 años, la llevaba su papá y después, ahí conoció a su esposo. “Siempre andábamos allá trabajando, hasta que falleció en 2005”, dice. Después, ya no pudo ir a trabajar, porque no podía ir sola con sus hijos pequeños. Fue entonces que regresó a vivir con sus papás en Chiepetepec, su comunidad en La Montaña, y más tarde llegó a la casa del jornalero por una recomendación, donde ya tiene 13 años.
Cuando trabajaba, iban muchas mujeres embarazadas y con bebés a cuestas, en el surco y en la sombra. Eran campos sin guardería y sin atención médica en casos de enfermedad o accidente. Había que llevarlos por fuera a un centro de salud. Remarca que en Culiacán hay campos diferentes que sí tienen todos esos servicios, aunque eso es solo en algunos casos; para quienes trabajan día por día con empleadores diferentes, como en Villa Unión, no existen esas condiciones.
Ahora, los hijos de Aure ya crecieron y son sus nietos quienes la acompañan ese día en el comedor. Sus hijos trabajan en la construcción, pero sus sobrinos sí van al campo a Sinaloa. Cuenta que quienes pasan por ahí y se van contratados salen en septiembre u octubre, y regresan hacia mayo a sus comunidades. Otros compran boletos por su cuenta, ya saben a dónde llegar a trabajar, están allá uno o dos meses y vuelven. Llegan de Cochoapa, de Joya Real, de Metlatonoc y de otras comunidades de La Montaña.
Aure hace ahora la limpieza y la comida, e incluso la cena, para los trabajadores, aunque en esta ocasión no hay gas. Como es abril, en este momento no hay tantas salidas de personas contratadas, sino de quienes van por su cuenta. Algunos ya saben más o menos a dónde; otros aceptan alguna de las ofertas en la reja esperando que lo prometido sea realidad. La mayoría prácticamente ya está por regresar a Guerrero.
En la casa del jornalero se genera, además, un registro local. No es un censo, aclara Paulino Rodríguez, de Tlachinollan, pero es un indicador que permite conocer más de lo que pueden informar las autoridades. Cada temporada, ascienden a entre 12 y 15 mil personas de diferentes edades que van en busca de trabajo a Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California, y se dispersan a hasta 21 estados de destino.
Sin acceso a la salud, en una de las comunidades más alejadas
Si en La Montaña no hay nada, para las mujeres mucho menos. Más aún en una de las comunidades más alejadas: Calpanapa Viejo, municipio de Cochoapa el Grande, a unas cinco horas de Tlapa, casi la mitad de pura terracería. En una comunidad de 336 habitantes, de los que más del 40% es hablante de lengua indígena, y 145 viviendas, para ellas no existe el acceso seguro a la educación o la salud de sus hijos, que llegan a morir por una diarrea, y a veces ni siquiera la posibilidad de parirlos en un hospital.
A sus 30 años, Angela tuvo que dar a luz a la orilla de una barranca, de camino al hospital que tenía más cercano, a dos horas y media. No habla español. Paulino ayuda con la traducción del ñuu savi. Embarazada de su sexta hija, había ido a una última cita médica. El 11 de enero, salió de su comunidad para el nacimiento de su bebé, porque no encontró doctor en el centro de salud.
En el hospital al que llegó, en Dos Ríos, la revisó solo una enfermera, pero argumentó que como Angela no iba a las citas ahí constantemente, no podían recibirla. “No aceptaron que mi niña naciera en ese hospital y fue que tuvimos que regresar”, relata. Cuando iban por un paraje de Dos Ríos a Calpanapa, llegaron a un punto que se conoce como barranca de ocote. No pudo más y ahí nació su bebé.
En la camioneta viajaban también su suegro y su esposo. La enfermera de Dos Ríos le dio la opción de ir al hospital básico de Cochoapa o al de Ometepec, pero no alcanzaron a llegar. El más cercano quedaba a dos horas mínimo de distancia.
“En ese instante hicimos una llamada al hospital básico porque teníamos el número de teléfono. No entró la llamada y a veces se va la señal, o quién sabe qué había pasado, y con el simple hecho de que no estaba el médico en ese momento el día que ella nació, las enfermeras me dijeron que no me podían atender porque ellas iban a meterse en problemas”, cuenta Angela.
Su esposo y su familia se dedican al cultivo de la milpa en Guerrero. Antes y desde hacía muchos años, también iban a trabajar a Jalisco como jornaleros al corte de tomate y chile, pero ya no lo han hecho porque el papá de sus hijos logró entrar al programa Sembrando Vida, y sus hijos pequeños están estudiando. Hace cerca de cuatro años que permanecen en la comunidad.
“Nos apoya el programa, pero aparte sembramos maíz y vamos acompletando. Principalmente, los hombres son los que hacen ese trabajo, y nosotras las mujeres aquí en el hogar”, agrega. A solo unas viviendas de distancia, Guadalupe, de 52 años, borda al aire libre afuera de su casa, en un pequeño espacio techado con lámina. A esa hora, el calor supera los 30 grados en toda la región de La Montaña. Entre cuatro y cinco niños juegan o aprovechan para comer alrededor de ella.
Es abuela de todos ellos. También de un niño que recién falleció a los dos años de edad, la misma que tiene uno de los que permanecen sentados junto a ella mientras recuerda la enfermedad y muerte de su nieto. Guadalupe tampoco habla español. El niño, relata en ñuu savi, amaneció un día con vómito y diarrea, y en la noche su estado empezó a complicarse más. Al día siguiente, martes 21 de marzo, murió.
“Aquí no hay servicio médico. Tuvimos que ir al centro de salud, u hospital básico, de Dos Ríos —explica—. Fuimos y no lo atendieron, nos mandaron a Cochoapa el Grande, logramos llegar todavía, pero cuando revisaron a mi nietecito, los médicos detectaron que ya tenía como dos horas que había dejado de existir”. De un hospital a otro, hicieron tres horas de camino.
El papá de su nieto tenía ya meses en la migración, pero la mamá había salido de Calpanapa a trabajar en los campos de Jalisco hacía apenas 22 días. “Quiero agregar que el niño estaba sano cuando me lo dejó su mamá; así como vemos a este niño, así estaba él”, enfatiza. Otros dos nietos, de 11 y cinco años, hijos de la misma pareja, siguen a su cuidado. Los demás que la rodean están ahí solo por un rato; sus papás siguen en la comunidad.
“Aquí surgen muchas enfermedades y no hay medicinas. Tenemos un centro de salud, pero no hay médico, no hay enfermera. Anteriormente hubo un médico, pero a la fecha no. Es muy diferente cualquier situación de emergencia teniendo centro de salud con médico; pueden salvar la vida de alguien, de los niños, pero como aquí no hay eso, tenemos que ir hasta Ometepec. A otros dos de mis nietos los han tenido que llevar hasta allá para su atención médica”, reclama la abuela.
Guadalupe solo sabe que su nieto murió por vómito y diarrea, sin un diagnóstico específico. En abril, habría cumplido tres años.
“El pequeño Sinaloa”
Francisco y María Ignacia, que viven en Cacahuatepec, son ejemplo de que no hay programa social que alcance para subsistir en La Montaña. Tienen un pequeño invernadero en esa comunidad guerrerense. Les gustaría —y todavía conservan la esperanza de que un día sea posible— vivir de sus cultivos de tomate, cilantro, pepino y chile, pero sin apoyos, sería más costoso mantenerlo que el dinero que ganarían.
María Ignacia fue por primera vez a los campos de Culiacán con su papá, cuando tenía 15 años. A veces también ha ido a Baja California. Se juntó con Francisco hace 16 años. Juntos, han migrado a Sinaloa por contrato de seis meses. Francisco relata que antes los contrataba el señor Pedro Gálvez, que está en Tlapa. Ahora sus paisanos de la comunidad y él han asumido ese papel.
“Ahorita ya estoy contratando yo, pero ahorita mi gente los fui a dejar y me quedé la temporada, siempre he andado con ellos. Antes era trabajador y después me fui guiando sobre los patrones, les pedí el número y ya me dijeron que si podía buscarles gente, y empecé a trabajar así”, revela Francisco.
Antes, había ido cada temporada por unos cinco años solo como trabajador a esa empresa. En cada pueblo, dice, debe tener un conocido o alguien de confianza, y no mentirle a la gente sobre cuánto van a ganar y por cuántos meses es el contrato. Francisco dice que de entrada son tres, pero casi siempre se quedan seis. Recién llevó a 40 personas de Cacahuatepec, más otros dos camiones de Olinalá y Chilapa.
Le han pagado hasta 7 mil 500 por camión, solo que ahora la empresa también le ha fallado a él: dos semanas después de que llevó a las personas, dejaron de pagarle. “No sé cómo le hicieron, pero es como si me sacaran de la nómina”, reclama. Aun así, dice que debe ir a Sinaloa a estar con el grupo que mandó, y tratar de resolver el pago. Recuerda que antes las empresas daban otros apoyos o programas, pero ahora “ya trabajan mal”.
La paga, en este momento, es de 250 pesos, y el horario depende del rendimiento. “Si son seis surcos, tienes que sacar los seis y sales como a las 9:00 o 10:00; si sacas los seis surcos temprano, ya”, añade María Ignacia. Allá, lo que hagas es lo que vas a ganar, remata Francisco. Las personas duermen en un albergue al que le conocen como el Regalito, por la zona de El Dorado. Ahora, él tiene un compromiso como autoridad comunitaria, y eso también le impide volver a Sinaloa, pero casi toda su familia está allá.
La empresa para la que trabaja tiene la ventaja, dice, de que todavía les deja llegar con sus seis hijos, que van a la escuela o a la guardería, no a trabajar. Como ya no se permite el trabajo de menores de edad, hay algunas empresas que han restringido a que las familias migrantes lleguen a las viviendas con máximo dos niños. Francisco recuerda que cuando él inició en el campo, tendría 12 o 13 años, y los niños sí trabajaban limpiando surcos y en el enrede.
Asegura que el pago también va cambiando cada temporada, incluso ya se usa tarjeta. Los autobuses están un poco más equipados, no como los urbanos que todavía existen en la sindicatura de Villa Juárez, cerca de Culiacán. Ahora son los Costa de Oro los que hacen el viaje de más de 20 horas que los lleva a Sinaloa. La gente sigue prefiriendo irse porque en la comunidad no hay apoyo, dice la pareja.
De su invernadero propio incluso venden en Tlapa cuando no es temporada de migrar. A unos metros de su hogar, más allá de la breve superficie urbanizada, ya en el invernadero María Ignacia y Francisco muestran, a mucho menor escala, cómo es el trabajo en Sinaloa. En Cacahuatepec, el precio de las verduras es muy bajo comparado con lo que cuesta comprar simplemente un herbicida. “¿Cómo le vas a hacer? No sale. Por eso casi la mayoría migra”, asegura Francisco.
“Antes había más apoyos, había vivienda para los jornaleros, ahorita nada. Antes había hortalizas, piso firme, techados, mucho apoyo, era bueno, a mí me tocó de esos invernaderos, pero ahorita estamos viendo que definitivamente ya no hay nada”, agrega. De Sembrando Vida, la pareja reclama que solo aceptan a algunos, porque hay que cumplir con los requisitos de la dimensión del terreno.
Después de un rato en el invernadero, María Ignacia corta algunos chiles, tomates y cilantro para la salsa de ese día. Hace mucho, a su abuelita le pagaban 35 pesos con menos derechos. Ella gana más en la temporada del campo, pero también vende su cosecha cuando está de regreso en la comunidad. Tiene un papel central en el trabajo, la crianza, la alimentación y la migración de su familia. Está convencida de que con otro invernadero y más materiales, podrían hacer mucho más, e incluso quedarse.
A más de mil 500 kilómetros de su invernadero, algunas mujeres, en cambio, deciden ya no regresar. Optan por quedarse a formar comunidad en diferentes sindicaturas de Sinaloa, principalmente en Villa Juárez, donde su presencia no solo sostiene a sus familias, sino que implica gestiones, mejoras e incidencia en sus comunidades y en las generaciones de mujeres por venir.
Los reportajes de esta serie se realizaron en alianza con la Iniciativa Periplo de Fundación Avina.
A puerta cerrada en un salón de la residencia oficial de Casa Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda atendió este lunes a un grupo de habitantes de comunidades del municipio de Cochoapa el Grande, quienes, según sus dirigentes, les dio soluciones “a medias” a sus demandas de maestros y servicios de salud.
“Nos dieron de almorzar frijoles con huevo y un vaso de agua en Casa Guerrero», dijo Elvira García Rodríguez, quien formó parte del grupo que atendió la mandataria estatal junto con el titular de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña.
Las respuestas a sus demandas, según García Rodríguez, no fueron del todo satisfactorias, pero acordaron levantar el plantón que mantenían desde el miércoles 24 de mayo pasado afuera del Palacio de Gobierno y volver a sus comunidades. Los inconformes pedían maestros, una ambulancia y la reapertura de centros de salud.
“Ya no queremos exponer a los niños a alguna enfermedad grave”, dijo la activista entrevistada al salir de la residencia oficial.
García Rodríguez comentó que el único punto que la gobernadora resolvió fue el envío de dos maestros y una maestra de educación preescolar; a la maestra de la primaria a la comunidad de Dos Ríos le renovarán su contrato laboral. Es la profesora Lizeth Pacheco Alonso, a quien desde abril le dejaron de pagar su salario.
“Frente a la gobernadora, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, reconoció que la suspensión del pago del salario a la maestra Pacheco Alonso fue una confusión y ni siquiera sufrió un regaño por ese error”, mencionó Elvira García.
En la reunión, Salgado Pineda y Rodríguez Saldaña les dijeron a los manifestantes que la reapertura de ocho escuelas que están cerradas por falta de ocho maestros es un punto que analizarán hasta que inicie el nuevo ciclo escolar del 2023-2024; sería un grupo de egresados normalistas.
Sobre el caso del equipamiento del centro de salud de la comunidad de Dos Ríos y el envió de una ambulancia para el traslado de enfermos y enfermas, la gobernadora y un funcionario de la Secretaría de Salud contestaron que lo analizarán.
Elvira García afirmó que en casi todas las comunidades del municipio de Cochoapa hacen falta ambulancias y los pocos centros de salud que hay, unos están cerrados y donde sí hay servicio carecen de medicamentos y personal.
“Nos dijeron que estas demandas en materia de salud las van analizar y nos entregarán una respuesta posteriormente”, comentó la dirigente.
El grupo de habitantes de localidades de Cochoapa llegaron a las ocho de la mañana a Casa Guerrero y una hora después fueron atendidos por Salgado Pineda, los secretarios General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; de Educación, Marcial Rodríguez, y un funcionario de la Secretaría de Salud.
Otro grupo de inconformes permaneció en plantón afuera del Palacio de Gobierno.
Elvira García contó que durante el encuentro, Ludwig Marcial Reynoso los regañó por haber traído a niños a su protesta y que, incluso, los acusó de cometer un delito por ese hecho.
“Yo le contesté al secretario General de Gobierno que allá en nuestros pueblos todos luchamos”, comentó García Rodríguez.
Durante los cinco días que duró el plantón del grupo de pobladores de Cochoapa afuera del Palacio de Gobierno llovió y como consecuencia, informaron, cinco niños se enfermaron de gripa y tos, pero ya están bien de salud.
La reunión con la mandataria estatal fue concertada por la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Cecilia Narciso Gaytán, quien este domingo a mediodía atendió al grupo de inconformes en sus oficinas en Chilpancingo.
El grupo de habitantes interpuso una denuncia contra autoridades del gobierno estatal por el desalojo que sufrieron el pasado jueves 24 cuando tenían cerrada una de las laterales del Palacio de Gobierno, con lo que impidieron la entrada y la salida de funcionarios y trabajadores del edificio.
Elvira García dijo que las demandas que le plantearon a la mandataria estatal este lunes son las mismas que están plasmadas en una minuta de acuerdos que firmó el 22 de septiembre del 2022, luego de que también se instalaron en plantón afuera del Palacio de Gobierno.
“En esa fecha del 22 de septiembre la gobernadora dio instrucciones a los funcionarios que recorrieran las comunidades y atendieran las demandas, y en la reunión de este lunes 29 de mayo les dio las mismas indicaciones”, comentó.
Uno de los nuevos compromisos que estableció Salgado Pineda con los habitantes de Cochoapa es realizar una visita a las localidades para supervisar los trabajos de una carretera.
Después de la reunión en Casa Guerrero, el grupo de habitantes encabezados por Elvira García y el profesor Paulino Hernández se dirigieron al Palacio de Gobierno para informar al resto de los inconformes el resultado de estas pláticas. Después de eso se trasladarían a sus comunidades.
Integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), que aglutina a siete normales del estado, marcharon y cerraron los accesos al Recinto Oficial del Poder Ejecutivo para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) cumpla la promesa de otorgarles plazas para egresados y material didáctico.
El grupo de alrededor de 300 normalistas en una primera actividad marchó por la avenida Lázaro Cárdenas hasta llegar a la entrada principal de la sede el Poder Ejecutivo.
Durante la marcha, la dirigencia del FUNPEG mencionó que la SEG incumplió con la entrega de material didáctico para todos los grados académicos y la entrega plazas para los recién egresados.
Al llegar a la sede del Poder Ejecutivo, los manifestantes cerraron todos los accesos para presionar a las autoridades y pedir una reunión con la titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña.
Los estudiantes se colocaron en todas las entradas e impidieron el ingreso y la salida de los trabajadores, por lo que llegaron policía antimotines para intentar desalojar a los manifestantes.
El desalojo no ocurrió y los estudiantes permanecieron otra hora en las entradas de palacio hasta que una comisión entró para reunirse con Rodríguez Saldaña y el subsecretario de Educación Media Superior, Marco Antonio Marbán Galván.
Los estudiantes negaron que la manifestación sea para solicitar recursos económicos para clausuras, «tal y como se ha manejado por parte de algunos funcionarios en Guerrero que sólo pretenden desarticular el movimiento», mencionó uno de ellos.
Si solicitan recurso económico, pero «es un apoyo que dan las autoridades año con año para titulación y aranceles, no para eventos de clausura», comentó uno de los representantes del FUNPEG quien pidió omitieron su nombre.
A la una de la tarde instalaron una mesa de negociación entre las autoridades y los estudiantes. Fue entonces que los normalistas se retiraron de las entradas y permitieron el acceso a los trabajadores.
Durante el bloqueo, en el auditorio José Joaquín de Herrera, ubicado dentro de la sede de Palacio de Gobierno, se realizó una clausura de fin de de cursos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), por lo que muchos de los invitados y hasta el mariachi no entraron a la ceremonia.
Algunas personas con globos y ramos de flores permanecieron en la manifestación en espera de que liberaran el edificio.
Policías estatales con equipo antimotín replegaron a mujeres, niñas, niños y adultos mayores que tomaron todas las entradas del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, conocido como Palacio de Gobierno, quienes exigían maestros y médicos para 56 comunidades de Cochoapa el Grande, municipio de la Montaña alta de Guerrero.
Desde ayer, los pobladores de ese municipio mantienen un plantón en la entrada principal de este edificio porque quieren una audiencia directa con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Como parte de sus acciones políticas, alrededor de las dos de la tarde los más de 100 manifestantes cerraron los cinco accesos al inmueble, de inmediato llegaron policías antimotines para abrir por la fuerza.
Los manifestantes trataron de cerrar con sus propios candados las puertas laterales del lado sur, situación que generó, en un primer momento, que los antimotines los jalonearan.
En los bloqueos estaban presentes niñas y niños, porque acompañan a sus madres y padres en la manifestación; quedaron en medio de los jaloneos.
Ante la negativa de los manifestantes de retirarse, otro grupo de antimotines encapsuló a todos, lo que generó un enfrentamiento a palabras y empujones entre los dos bandos. Este momento duró unos 10 minutos.
Elvira García Rodríguez, representante de los manifestantes, mencionó que la protesta es para exigir una audiencia con Salgado Pineda y preguntarle de manera directa por qué no ha cumplido su promesa de enviar maestros y médicos a 56 comunidades de la parte alta de Cochoapa el Grande.
En una acción diferente, estudiantes de la Escuela Primaria José Martí de esta ciudad, acompañados de sus maestras, acudieron al plantón y entregaron juguetes, ropa, y comida a las niñas y los niños que están con sus madres y padres en esta concentración de protesta.
Los manifestantes también recibieron la visita del director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, quien les ofreció una mesa de diálogo con funcionarios, pero la propuesta fue rechazada por la representante de los inconformes.
“Nosotros queremos hablar con la gobernadora Evelyn Salgado y que nos diga de viva voz por qué no ha cumplido lo que nos prometió en el 2022”, le contestó García Rodríguez al funcionario estatal.
Luego de ese acercamiento, el contingente bloqueó la puerta lateral del lado izquierdo de Palacio de Gobierno.
Poco después, fueron desalojados por los antimotines, quienes aun cuando escucharon los llantos de las niñas y los niños replegaron el contingente. Según García Rodríguez dos niños resultaron con pequeñas lesiones.
“Este es el gobierno de diálogo y de respeto a los derechos humanos”, ironizó la activista después del desalojo.
Por segundo día consecutivo, la gobernadora no despachó en sus oficinas de gobierno.
En la puerta principal de Palacio Gobierno otros grupos de manifestantes con diversas demandas permanecen en plantón y también piden una reunión con la mandataria.
Pero la gobernadora ni los ve ni los oye (Con información de Jesús Guerrero).
«La gobernadora que vaya a la Montaña para que le dé un poco el sol», gritó en un mitin afuera del Palacio de Gobierno Elvira García Rodríguez, quien encabezó un grupo de padres de familia y niños en una marcha de protesta para exigir maestros y clínicas de salud en sus comunidades, pertenecientes a Cochoapa el Grande, en la región Montaña de Guerrero.
El grupo de más de 50 personas, entre menores de edad y adultos, caminó más de dos kilómetros. Después de la marcha a los niños se les pintron los cachetes de rojo por el sol.
«Aquí nos vamos a quedar, no importa que llueva o pegue más el sol», dijo García Rodríguez, quien se identificó como representante de los manifestantes.
Los pobladores de seis comunidades llegaron al Palacio de Gobierno, donde la puerta de acero estaba cerrada y tapizada con pancartas que colocó un grupo de militantes de la organización del Frente de Defensa Popular (FDP), quienes desde hace dos días duermen ahí en espera de una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Los miembroa del FDP esperan una respuesta de la búsqueda de José Abundio Bolaños Calvario, habitante nahua del municipio de Chilapa, quien desde mayo del 2022 fue privado de su libertad por el grupo del crimen organizado de Los Ardillos.
«Llegamos aquí porque dice la gobernadora que es la casa del pueblo pero está cerrada», dijo García Rodríguez al arribar junto con mujeres, niñas y niños a la puerta del edificio de la sede del Poder Ejecutivo.
Al mismo tiempo de las protestas de afuera del Palacio, funcionarios estatales compartían en su cuenta personal de Facebook una fotografía.donde aparece la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum con gobernadoras de varios estados del país, entre ellas la de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.
Uno de los servidores públicos que compartió profusamente las imágenes de Salgado Pineda fue el delegado en la región Centro de la Secretaría General de Gobierno, Raúl Suárez Martínez, un ex militante del desaparecido Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y ahora de Morena.
«Siempre unidas», decía el encabezado de la fotografía con Sheimbaun Pardo tomada este miércoles en Palacio Nacional en la Ciudad de México, luego de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
«Aquí vamos a esperar a la gobernadora para ver si se le antoja recibirnos porque ya estamos cansados de las órdenes que da a sus funcionarios y no las cumplen», dijo García Rodríguez en el mitin.
Durante el trayecto de la marcha, un servidor público de nombre Rafael los conminó a no llegar a Palacio de Gobierno a cambio de ser atendidos por su jefe, el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros.
Pero los manifestantes rechazaron esa oferta y siguieron en la marcha que partió de la alameda Granados Maldonado, en el centro de Chilpancingo.
«Ya hemos tenido muchas reuniones con funcionarios como con el secretario de Educación (Marcial Rodríguez Saldaña) y no resuelven nada», dijo García Rodríguez.
Contó que en septiembre del 2022 Rodríguez Saldaña acudió a la comunidad de Dos Ríos y firmó una minuta de acuerdos que incluía la contratación de dos maestros y una maestra bilingües para escuelas de primaria y de preescolar.
Pero a la profesora, dojo, ya no le renovaron su contrato, lleva dos meses sin cobrar su salario.
Las personas que se instalaron en plantón afuera del Palacio de Gobierno provienen de las comunidades de Barranca Ocotera, Peña de Venado, Agua Azul, Dos Ríos, Guadalupe de la Joya, San Pedro y Río Encantador Chiquito.
En el 2022 habitantes de estas comunidades del municipio de Cochoapa el Grande protestaron en Palacio de Gobierno para exigir maestros, construcción de escuelas y centros de salud.
«En aquella ocasión aquí estuvimos dos días en plantón y nos recibió la gobernadora, quien les dio instrucciones a los funcionarios que resolvieran nuestras demandas, pero todo sigue igual», recordó García Rodríguez.
En la minuta de acuerdos, dijo, fijaron el compromiso de la construcción de 20 escuelas en la región y el funcionamiento de los centros de salud con médicos y medicinas.
«Sabemos que la construcción de las 20 escuelas es un proceso lento, pero el asunto de los profesores si se puede resolver de manera inmediata pero no lo hacen», insistió García Rodríguez.
Debido a la falta de maestros más de 80 niños de preescolar y de primaria de estas comunidades están sin recibir clases.
No es la primera vez que pobladores de estas comunidades del municipio de Cochoapa el Grande se trasladan a Chilpancingo a protestar para presionar a las autoridades a que cumplan con la ejecución de obras y dotación de servicios públicos.
En el 2021, habitantes de esa zona denunciaron que las familias de estas demarcaciones estaban incomunicadas debido a que el gobierno estatal dejó tirada la construcción de un puente llamado Río Víbora.
Por las protestas que realizaron los pobladores lograron que el gobierno estatal construya ese puente con una inversión de más de 14 millones de pesos.
Este puente va a comunicar a pueblos de Cochoapa el Grande con Ometepec, es decir, region Montaña con región Costa Chica.
«Uno tiene que venir aquí a Chilpancingo a protestar para que nos hagan caso y aquí nos vamos a quedar a dormir los días que sean necesarios hasta que la gobernadora nos reciba en audiencia», advirtió la representante.
Cochoapa el Grande es un municipio con los más bajos índices de desarrollo humano, señala el Consejo Nacional de Población (Conapo).
En los casi dos años que lleva en el cargo Salgado Pineda, cuatro veces ha visitado algunos municipios de la Montaña y en dos de ellas acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador para supervisar los trabajos de los caminos artesanales.
En las dos visitas que la gobernadora ha realizado a la Montaña su traslado fue en helicóptero y son giras de «pisa y corre».
Luego del mitin, los manifestantes de Cochoapa cerraron dos horas la avenida Alejandro Cervantes Delgado.
El otro grupo de inconformes, del Frente de Defensa Popular (FDP) y que dirige Clementina Guevara Tejedor y que están en plantón desde el lunes pasado, preparaban sus alimentos en afuera del Palacio de Gobierno.
A estos inconformes los desalojaron el lunes pasado de la Autopista del Sol policías antimotines estatales.
Durante la tarde de este miércoles otro contigente integrado por padres de familia y estudiantes de las preparatorias populares que demandan mayor presupuesto y su reconomiento legal también se instalaron en plantón en Palacio.
Estonia sucedió son que la gobernadora Evelyn Salgado pusiera un pie en sus oficinas.
Al cumplirse tres días el paro laboral de médicos, enfermeras y personal administrativo del Hospital del Niño y la Madre Indígena de Tlapa, los líderes de este movimiento denunciaron que su inconformidad la detonó la muerte de una mujer que no pudo ser trasladada a Chilpancingo por falta de ambulancia, luego de tener un parto.
El pasado seis de mayo, Mariana Andrés Toribio, de 16 años, originaria de la comunidad de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa, fue atendida de un parto en el hospital de Tlapa y aun cuando el bebé nació bien de salud, tuvo complicaciones graves, y requería ser trasladada de manera urgente al Hospital General de Chilpancingo, pero la ambulancia que tienen está en mal estado.
“Hay una ambulancia que desde hace un año y medio estamos diciéndole a las autoridades estatales que está en malas condiciones, pero no nos hacen ningún caso”, dijo una enfermera de este hospital que pidió mantener su nombre en anonimato.
Mariana Andrés murió dentro de la unidad. Una trabajadora atribuyó esta situación al mal estado de la ambulancia.
También denunció que han enviado oficios a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, haciéndole una reseña de todas las carencias en el Hospital del Niño y la Madre de Tlapa, pero siguen sin recibir respuesta.
“En el quirófano no hay aire acondicionado, además de que se carece de insumos en el hospital”, comentó.
En el paro de labores participan 300 trabajadores del hospital, quienes también exigen la destitución de la directora de este nosocomio, Lorenza Jiménez Villanueva, a quien señalan de ser incapaz de gestionar mejoras en la infraestructura del nosocomio y en la situación laboral de la base trabajadora.
En un anuncio que los trabajadores colocaron en la entrada del hospital piden a la ciudadanía su comprensión por la falta atención médica. Sólo atienden servicios de urgencias médicas.
Este Hospital del Niño y la Madre Indígena da atención a las mujeres embarazadas de los 19 municipios de la región de la Montaña.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que la muerte de Mariana Andrés por falta de atención médica no es el único caso del hospital.
“Ahí (en el Hospital) son sumamente negligentes, al grado que han acaecido muchas muertes de mujeres embarazadas que pueden haberse evitado”, planteó Tlachinollan en un artículo difundido hace algunos días.
Reportó que Mariana Andrés era jornalera agrícola, y empezó con los dolores de parto el 5 de mayo y sus familiares la llevaron al centro de salud de su comunidad, Santa María Tonaya.
El médico que la atendió le diagnóstico un grave problema de desnutrición y la envío al Hospital del Niño y la Madre Indígena de Tlapa, donde parió pero, al final, se agravó.
“Una ambulancia que iba a trasladar a Mariana al Hospital de Chilpancingo se quedó parada una hora y, aunque se habló de que estaba en disposición otra ambulancia, Mariana murió”, publicó Tlachinollan.
Con sólo ocho meses de entrenamiento y de sumarse al Club de Deporte Adaptado Avispones de Chilpancingo ganó medalla de bronce en una competencia nacional la semana pasada
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
El 14 de octubre del 2014, la vida de Efrén Corona Zaragoza cambió drásticamente. Su vida era normal, trabajaba como chófer de un camión, tenía una familia, a su esposa y a su hija.
Ahora sólo vive con su hija Fabi Amairani Corona Jiménez, de 12 años, y sus papás. Con su esposa se separaron; no entró en detalles.
Ese 14 de octubre, Efrén tuvo un accidente automovilístico en el tramo de Mezcala-Iguala, a la altura del crucero a San Juan Tetelcingo. Recuerda que después del accidente estuvo inconsciente unas dos horas, al despertar intentó levantarse, pero ya no pudo.
Efrén se fracturó la cuarta vértebra de la columna, le diagnosticaron cuadriplejia. Se denomina cuadriplejia a la parálisis del cuerpo a partir del cuello, incluidos los brazos y las piernas.
Efrén ha asistido por años a terapias de movimiento al Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG), donde la ayudaron y recuperó parte del movimiento en sus manos.
Después del accidente, no le fue fácil adaptarse a su nueva condición. Vivió cuatro años en depresión, encerrado en su casa, sin salir y sin ver a nadie. A Efrén le gusta jugar fútbol, lo practicaba eventualmente antes del accidente.
«Me daba pena salir a la calle y que me vieran en esta condición. Tardé mucho tiempo encerrado en la casa debido a la depresión», recuerda.
Saber que su vida había cambiado lo mantenía desanimado. «Antes pensaba hasta en quitarme la vida, porque ya no iba a ser como antes», comenta.
La etapa de la depresión la afrontó con su madre, su padre y su hija. «Una vez me quitaron ya un cordón del cuello, porque ya estaba en esa idea de quitarme la vida».
Ver a su hija y a sus padres sufrir junto con él, lo hizo reflexionar y decidió «echarle ganas».
El deporte en su nueva vida
En abril del 2022, los integrantes del Club de Deporte Adaptado Avispones de Chilpancingo lo contactaron y lo invitaron a integrarse al club, y a los entrenamientos.
Para entonces, ocho años después del accidente, con la ayuda de las terapias, él permanece en una silla de ruedas, porque recuperó un porcentaje importante de movilidad en sus brazos.
Él les dijo a los del club que iría sólo si iban por él a su casa, porque no tenía transporte en qué moverse. Alejandro Hernández Iturio, presidente del club y Diego Reyna Cortez, el entrenador, fueron a su casa.
A casi un año de unirse al club, sus pensamientos de suicidio ya no cruzan por su cabeza. «Ahora me siento mejor, con más energía hasta puedo salir más solo».
Empezó a practicar básquetbol, pero aún no puede mover con mucha destreza los dedos, además no tiene todos los músculos del brazo.
A los tres meses de ingresar al club, el entrenador Diego le recomendó practicar el lanzamiento de clava, una disciplina para atletas con significativa discapacidad en las manos que compiten sentados.
Consiste en lanzar a distancia un palo de madera, algunos con una base de metal, desde la silla en la que permanece la persona. «Él (Diego) me dijo si quieres practicar este deporte, vamos a entrarle, si tú quieres practico contigo, y sí me gustó”, comparte.
Efrén tuvo un proceso de entrenamiento con Diego. Adaptaron un artefacto que no precisamente era una clava.
«Con un destapador de bat (bate), él me lo proporcionó para que yo le pusiera el peso y diera el peso adecuado, con ese comenzamos a lanzar. Posteriormente comenzamos a jalar ligas y mancuernas. Lo más difícil para mí fue estabilizar mi cuerpo con las mancuernas”, cuenta.
En un principio lo hizo para no estar encerrado en su casa, con el tiempo le apasionó.
La práctica le ayudó a perfeccionar su técnica. Ocho meses después de haber ingresado al club, en noviembre, Diego le dijo que estaban en puerta los 44 Juegos Nacionales Deportivos en Silla de Ruedas y Amputados 2023, en Uruapan, Michoacán.
«Van a empezar unas competencias nacionales ¿Quieres prepararte para ir?”, le preguntó Diego a Efrén.
«Pues sí, vamos a prepararnos, para eso estamos entrenando», respondió.
Se preparó por cuatro meses. Estuvo en la competencia que ocurrió del 9 al 14 de marzo pasado en Uruapan, de donde se trajo medalla de bronce.
Efrén define su experiencia como «muy bonita», se siente orgulloso de haber representado a Guerrero a nivel nacional con sólo ocho meses de haber iniciado su entrenamiento y unirse al club. Compitió con personas que tienen más de 10 años en la disciplina de lanzamiento de clava.
«Cuando dijeron mi nombre para subirme al podio, sentí una emoción muy grande, inexplicable. Quería chillar, quería reírme. Se siente muy chido que nombren a tu estado en una competencia nacional, siendo la primera vez y compitiendo con los mejores de México y Latinoamérica”, comenta.
La medalla se la dedicó a su hija, a sus padres, a su entrenador, al estado de Guerrero y al presidente del club, Alejandro Hernández, quien lo motivó a salir de su casa.
Efrén continúa con su preparación para lo que viene, una competencia en Ciudad de México, en agosto próximo. Quiere ganar más medallas para el estado.
Al otro día que llegó de Uruapan comenzó la preparación para la competencia siguiente.
«La vida no se acaba por un problema. Tenemos que salir adelante como quiera que estemos. El Club de Deporte Adaptado Avispones de Chilpancingo tiene las puertas abiertas para todas las personas con alguna discapacidad».
Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.
Hace apenas unos años, la población afrodescendiente en México fue contada en un censo. Activistas aún luchan por que se les voltee a ver en programas y políticas públicas. Se siguen sintiendo invisibilizadas
En 2013, la ONU declaró el Decenio Internacional para los Afrodescendientes para impulsar el pleno disfrute de los derechos de las personas de ascendencia africana. El Decenio comenzó en 2015 y terminará en diciembre del 2024. En México, sin embargo, poco ha cambiado.
“Estamos a punto de cumplir el Decenio. No se han notado los impactos de éste. En el caso de México se dio un reconocimiento pero el reconocimiento no nos dio derechos. Menciona que existimos pero no hay avance en políticas públicas y leyes secundarias para comunidades. Se están haciendo consultas públicas para saber cómo queremos ser incluidos pero son una simulación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, porque cuando van al territorio lo que ocurre es que llevan una agenda y las comunidades tienen que decir solo sí o no, sin información”.
Hugo Arellanes, de Hyella Negra.
Para esta segunda celebración del Día Internacional de los afrodescendientes, declarado apenas en 2021, Pie de Página conversó con el fotógrafo Hugo Arellanes, integrante del colectivo Huella Negra, que busca visibilizar a las poblaciones afrodescendientes; y con el cineasta Andrés Lo Sánchez, que forma parte de Cardumen Lab, un proyecto que impulsa el arte de personas afrodescendientes y cuestiona los discursos racistas en su contra.
El decenio declarado por la ONU tiene tres pilares: reconocimiento, justicia y desarrollo. Para Hugo Arellanes el reconocimiento se ha dado a medias pero en el caso de la justicia y el desarrollo todavía falta mucho. Es por ello que dentro de la conversación de grupos de activistas se habla de la posibilidad de pedir a la ONU una extensión para dar seguimiento a estas acciones.
El racismo sigue matando
Arellanes destaca lo señalado por Pastor Murillo, representante de la ONU en México, durante una reunión que tuvieron en días pasados en la CNDH: las poblaciones afro tienen impactos distintos y específicos en contextos como la pandemia, la crisis climática, las necropolíticas de Estado, la migración, la distribución del voto.
En México en la migración se puede medir el racismo y es una de las preocupaciones de activistas afro:
“Está ocurriendo que las poblaciones afro que llegan a México están siendo tratadas peor que animales, tanto en el sur como en el norte, algo que me gustó mucho que dijo Pastor Murillo es que los migrantes tienen color. Quienes no tienen la tez morena no son migrantes, son turistas. Esto hace tan evidente el cómo funciona el racismo en México, el cual hemos normalizado”.
En estos últimos años el asesinato de George Floyd por la policía en Mineápolis impulsó las manifestaciones contra el racismo principalmente en EEUU, pero también en otros países. El caso, destaca Hugo Arellanes, es sumamente relevante para visibilizar que el racismo mata.
Reconocimiento de papel en México
En México, el Congreso aprobó en 2019 la reforma constitucional que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodeterminación, como parte de la composición pluricultural de la nación y garantiza su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.
Desde entonces activistas luchan por exigir al Estado Nación se les voltee a ver en las acciones, en programas, en políticas públicas. Se siguen sintiendo invisibilizados.
“El INPI ni siquiera nos menciona, se ha pedido que se agregue a los afros en la parte del nombre, que sea Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos».
Hugo Arellanes.
Otro importante señalamiento es el uso de las personas afro para tener discursos incluyentes o el recordarles únicamente en fechas como los días internacionales:
“Se acuerdan cada tiempo de nosotros. No queremos estar asistiendo a reuniones inútiles donde no se va a dar seguimiento después porque esto lo hemos expuesto en muchos espacios y es como si cada vez que vamos nos vuelven a preguntar lo mismo” cuenta.
El uso es muy visible en por ejemplo las elecciones, los partidos están obligados a tener candidatos indígenas y afromexicanos pero la gente está mintiendo y usurpando sus espacios.
“Queremos hacer un llamado a la Comisión de Derechos Humanos a que hagan un acompañamiento más cercano porque no sirve de nada que existan estas acciones afirmativas si no vamos a poder acceder a estos espacios de toma de decisión” denuncia Arellanes.
En el tema del reconocimiento, otra de las peticiones es la de realizar un nuevo censo en 2025 ya que el realizado en 2020 presentó varias irregularidades y no contó con una buena campaña informativa previa y de sensibilización, acusa el fotógrafo. Además de que la pandemia impidió una realización adecuada de las encuestas.
“Queremos datos desagregados para saber la situación económica de las poblaciones afrodescendientes, para saber qué está pasando dentro de poblaciones como mujeres o niñez, saber cuántos feminicidios y sobre el acceso a la educación” comenta Arellanes.
Durante los días previos al censo del INEGI del 2020 se realizó una campaña llamada Afrocenso pero ésta no contó con suficiente difusión. Esta falta de información y sensibilización en la población mexicana impactó en los resultados. Hubo personas que se enojaron cuando los encuestadores les preguntaron si se consideraban afromexicanos o afrodescendientes.
“Se necesita una sensibilización constante en medios y en diversos espacios. Dentro del INEGI había encuestadores que si la gente no se veía ‘afro’ no les preguntaban. En Veracruz hubo gente que dijo ‘nosotros no somos africanos somos negros o jarochos’, ‘yo no soy afro’, porque hay varias formas de autonombrarse. Hay personas que al día de hoy, con todo y que militan, piden se les nombre afro a secas o dicen ‘yo soy negra’ pero, ¿qué pasa con quienes recién migran y dicen no me digas afro, yo soy camerunés. Afro es un término que se puede usar como paraguas de manera respetuosa pero en la práctica se puede volver una forma de las instituciones de invisibilizar” explica el cineasta André Lo Sánchez.
“Hay personas que se están dando cuenta del potencial de autorreconocernos no solo de una postura de reivindicación política sino también de historias de vida porque ha habido marginación, discriminación… y darse cuenta que hay más gente a tu gente generando otro tipo de colectividad es muy bonito”.
Para Lo Sánchez uno de los problemas que persisten es el perfilamiento racial, que dependiendo de cómo te veas te traten y que en las acciones sigan sin reconocer a los y las afros como parte de la población mexicana: “Viajé a Veracruz y de regreso la policía me preguntaba de dónde era. De nada sirve decirles que eres afromexicano y recitarles la ley, esto sigue pasando”
Una de las observaciones puntuales que hace el cineasta es la complejidad de los discursos de reconocimiento de instituciones como el INPI, las cuales afectan a poblaciones afro urbanas como las que habitan el Estado de México y la CDMX, a quienes al no tener figuras como la de comisario ejidal o comuneros se les invisibiliza.
“El tema de no ver las dinámicas complejas que hay es que hasta en espacios de formación siguen esperando que si hablo de afrodescendencia quieren ver tambores, escuchar del sabor, de la alegría , que existe pero si solo se ve eso es exotizante” recalca.
Afromexicanidad: más discriminación, menos derechos
De acuerdo lcon el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), , en México habitan dos millones 576 mil 213 personas que se consideran afrodescendientes y representan 2 por ciento de la población total del país.
Esta población tiene presencia en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México. La condición en que viven los afromexicanos es paupérrima. La falta de escuelas, centros de salud, agua potable es una constante en las comunidades afro de Guerrero.
De acuerdo con un análisis de México Social, en 2015 el promedio de analfabetismo nacional fue de 5.5 por ciento en la población de 15 años y más, pero en los municipios con mayor proporción de población afromexicanana aumentó a 15.7 por ciento.
En esos mismos territorios, el porcentaje de personas con ingresos de hasta un salario mínimo es de 14.6 por ciento, casi el doble que la media nacional, de 7.8 por ciento.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Es la zona limítrofe entre Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, Hidalgo. Aquí mismo, a unos metros, un lago de fuego encendió la carne y los huesos de los cuerpos cuando se consumían. Llegó el luto, llegó el llanto; sobre éstos relanzaron su imperio criminal los huachicoleros
“¿Has olido la gasolina carburar en un vocho viejo?”. Esa mezcla entre el humo del escape y el tufo del crudo que se escabulle del tanque. “Es lo mismo que estar a pie de ducto, pero mucho más fuerte, como si en lugar de vocho fuera un tractor, o varios más. Los poros de la nariz arden, luego queman; es como inhalar lumbre”.
A juzgar por lo sucio y raído, al cubrebocas de Piquetero le anteceden muchos días. Dice que ya no huele porque el combustóleo le quemó las fosas. Ríe porque uno de los síntomas de Covid-19 es la pérdida de olfato, pero él no lo tenía bien desde antes. Lleva tres años, desde los 16, perforando ductos con el teco, una herramienta hechiza con la que abren la válvula para que no haga chispa.
Su risa estridente, dada a la locura. Reír incluso por lo que no tiene sentido, con los ojos vidriosos. Si no trajera el cubrebocas pensaría que, de tan grande carcajada, se puede ver por su garganta, no sólo las muelas y los dientes un poco retorcidos en los que sólo queda un hilo blanco a la mitad. Halcón, que está más lejos, dirá después que es el efecto de la gasolina. No es como jalarle las patas al diablo, dice, en alusión a fumarle a la yesca, a la mota, que los adormece, es más como estar bien jalado por el LSD.
Morrillos expertos que saben tanto de la droga como del crudo, más cuando escurre esa línea verdeazul por la maleza, porque no se abre o cierra bien el metal por donde corre el combustóleo.
¿A qué le temes más: a morir calcinado o intubado por Covid?, le pregunto a Halcón. Las charlas constantes han hecho que no sea la dureza de las primeras veces, cuando desconfiaba.
Su respuesta a cualquiera para en seco: “pues más más a morirme de hambre, ¿o tú no, cabrón?”.
Un tío suyo falleció cuando la explosión de Tlahuelilpan, este poblado donde el 18 de enero de 2019 un ducto estalló y dejó 137 muertos. Una perforación quedó abierta y la gente, con días de sequía de combustibles, empezó a recolectar el líquido, hasta que la parcela de San Primitivo se convirtió en un hades sobre la tierra. Tardaron días en reconocer a su tío, calcinado como había quedado. Con él, Halcón descubrió en los ojos la muerte.
Adentro del hoyo está Piquetero, hay cuatro halcones, seis despachadores, entrarán seis Torton de seis mil litros cada uno entre la oscuridad de la una a las cinco de la mañana del cuarto mes del segundo año de confinamiento. Cubiertos entre la maleza, sicarios dispersos con fierros R15 y, a una distancia invisible, con las luces apagadas, dos patrullas de policía sobre la carretera.
Aquí debería estar el Ejército, pero no se aparecerá hasta las seis de la mañana, cuando los camiones estén ya en baldíos y el ducto haya sido soldado con la corriente de dos baterías de autos.
“Las erres son pa’ la chamba, que si hay una bronquilla, esos vatos –los sicarios– llevan una pistolilla ahí, cuando hay madrazos”, suelta El Dos. ¿Y de dónde las sacan? Ya me lo había contado hace un año, a inicio de contingencia: “Los mismos ministeriales las llevan o los mismos de la PGR –hoy Fiscalía General de la República (FGR)”. “Ahí dicen: ‘aquí traigo una recortito o aquí traigo un cuerno’”.
Es la zona limítrofe entre Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, Hidalgo. Aquí mismo, a unos metros, un lago de fuego encendió la carne y los huesos de los cuerpos cuando se consumían. Llegó el luto, llegó el llanto; sobre éstos relanzaron su imperio criminal los huachicoleros.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que ese es el episodio más triste de su mandato, por eso emprendió una lucha contra el huachicol que, aunque él afirme lo contrario, no ha terminado. El combustible que corre por el estómago de la manguera, que está conectado al ducto y que desemboca en el Torton, que se nutre de litros que, en este momento, se venden a doce o a trece pesos, según donde vaya, dice que no, que no ha terminado; el néctar que salpica de esta culebra metálica que anida bajo la tierra refuerza que no ha terminado.
El Dos sabe bien de esto: de picotear ductos y de llevar los ojos llenos de muerte. Operaba en el Valle del Mezquital, pero a 70 kilómetros de aquí, en Tezontepec de Aldama. Era el hombre de confianza de un capo, hasta que a éste lo asesinaron. Antes, perdió a su padre, hace tres años, en una brecha de carretera en San Gabriel, Tezontepec, en un tiroteo entre dos grupos enfrentados por el control de las válvulas de Pemex, Los Parkas y Los Talachas.
Aunque estos dos últimos ya están muertos, dejaron células en las que, ya aprendido el negocio, algún Segundo curtido en fuego –AKA, calibres sin distingo…–, el teco y herramientas para soldar los ductos quiere pelear por un territorio en el estado donde pasan los 101 kilómetros del ducto Tuxpan-Tula, 17 del Tuxpan-Azcapotzalco y 80 del Tula-Salamanca.
El Dos dice que no va a pelear. Lo persigue el riesgo. Se libra de los recuerdos cuando habla. Dice que el cuerpo de su padre tenía un orificio en la frente, varios más entre el abdomen y el pecho. “Cuando entierras a un padre lo demás vale madre”. Con la rabia en el labio, remarca: “pinche precio”. Luego añade, como resignado: “pero no había de otra”.
Su papá no era un sicario, sino un piquetero al que le tocó la ráfaga sin distingo.
Aquel día murieron siete. Él dice: “pero a la que chingaron era pura gente que no tenía nada que ver: chingaron a unos que fueron a revolver alimento para los toros. Esa gente era de Puebla. Otro que estaba arreglando una camioneta, luego una señora y sus dos chavillos; ellos no sabían nada”. La bala sin tregua agarró parejo.
A raíz de la explosión de Tlahuelilpan empezó a llegar más gente de seguridad, pero pronto se alió al negocio.
“Allá está muy controlado, en tramitos ya hay campamentos de soldados. Dirías que ya no se puede hacer nada, pero el dinero lo puede todo”, dice el Dos.
En Bomintzha, Tula, hacían cuatro tomas y llenaban pipas de cinco mil litros.
“Nos daban chance en lo que botaba la alerta y eso. Igual eran casi 40 minutos en abrir el ducto y otros 40 para ordeñarlos, pero por tomas sacábamos lo que eran siete camionetas”. Son 35 mil litros que vendían en dos días, a 13 pesos cada uno. El ducto salpicaba casi medio millón, 455 mil pesos un día sí y un día no.
El Cártel Jalisco junto con Zetas Vieja Escuela son los principales extractores de combustible en el centro del país, según el informe Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations, elaborado por el Congressional Reserve Service –servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos–, y aquí, Hidalgo resalta por su estadística: es el estado más ordeñado de México desde hace cuatro años: dos mil 111 tomas clandestinas en 2018 –en esos doce meses tuvo más que las mil 86 acumuladas en 17 años (2000-2018)–; cuatro mil 29 en 2019 –un incremento de 92 por ciento–, cuatro mil 994 en 2020, el primer año de la pandemia, y cuatro mil 461 en 2021, según la estadística que obra en la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Petróleos Mexicanos (Pemex)[1]… pero los picotazos en las válvulas no cesan; son como cuervos tras la carroña.
Estos grupos no están solos: inteligencia del estado ubica al Cártel de Palmillas –surgido en Palmillas, Querétaro– como uno de los responsables de la cadena de sangre que ha dejado la pugna entre grupos, con asesinatos de otrora líderes de la ordeña y lugartenientes, pero que no han desarticulado a sus estructuras, que perpetúan el delito: El Rabias, El M1, La Marrana, El América, El Rex, El Fénix… y los abatidos El Parka, El Talachas, El Tito, El Puerco, El Hormiga…. son sólo unos nombres que forman los eslabones de esta cadena.
Hidalgo es el estado más vulnerable para perforar un ducto, y no es para menos, el huachicol es una economía ilegal que, de acuerdo con los Sistemas Jurídicos Institucionales de Pemex, ha generado un quebrando económico al país por 25 mil 364 millones 370 mil 51 pesos[2], desde 2006, cuando se comenzó a contabilizar el daño, y sólo por tomas clandestinas.
El monto robado por los huachicoleros equivale a comprar todo un complejo de refinación, literalmente: duplica los 12 mil millones de pesos que el gobierno mexicano pagó por el 50 por ciento de las acciones de la refinería Deer Park en Texas a Shell Oil Company, en mayo de 2021, también es 14 veces más que los mil 794 millones 404 mil 37 pesos gastados por el gobierno de Felipe Calderón en la fallida refinería Bicentenario, en Tula, Hidalgo, sólo en retiro de residuos, acondicionamiento del predio y en una barda perimetral, insignia de una obra errante que dejó 700 hectáreas de tierra estéril en lo que antes eran cultivos de tomate, calabacita, alfalfa, cebada, frijol…
Así, de manera sigilosa, el plomo y la sangre han corrido a causa de este negocio, mientras el crudo se mese en el ducto hasta llegar al agujero.
Abrieron válvulas para financiar guerra
Los Zetas se dieron cuenta que a la par del narco, incluso más rápido, tenían suficientes ingresos de la extorsión y el secuestro, pero, más que de éstos, del huachicol. Lo necesitaban para financiar la lucha por las plazas que tenían contra el Cártel de Sinaloa, protegido –según testimonios en el juicio del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán– por Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad, líder de la estrategia de combate a las organizaciones criminales y mano derecha del presidente Felipe Calderón.
“De ahí se diversificó el negocio y ya todas las mafias lo hacen: ve a la Unión Tepito, cómo tiene el control del Centro Histórico (de la Ciudad de México, a través de la extorsión y el despojo) y ellos también venden la ‘ordeña’, cuando antes sólo eran narcos, o Sinaloa y el Cártel Jalisco, que ni se diga.
“Con esto ya también se perdió la categoría del narco, de que era mafioso, pero no se metía con la raza. No, ahora no, ya los cárteles sangran por sus fortunas”, cuenta el primo, quien conoce por testimonios directos parte del origen del robo de combustible en Hidalgo. Cuando dice que “sangran por sus fortunas” se refiere al ‘huachicol rojo’: la cadena de muerte y crímenes que ha traído este delito: homicidios dolosos, robos de vehículos, extorsión, trata, secuestro…
A él se lo contó El JC, otrora jefe de la plaza en Tampico, Tamaulipas, que respondía a las órdenes del Zeta Rex, Luis Reyes Enríquez, un alto jefe del narco en Ciudad de México, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo en la época en que este cártel comenzó a apoderarse del huachicol en el estado. Además, capo hidalguense, nacido en el vientre de la sierra, en la comunidad de Pemuxtitla, Molango.
El JC fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande y fue cuando el primo lo conoció, porque también estuvo ahí, tras ser detenido en junio de 2007 acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud en modalidad de fomento. Al no probarse su responsabilidad, fue liberado después de tres meses de arraigo y ocho más en prisión.
En las celdas de Puente Grande, el exjefe de plaza le contó que El Lazca, Heriberto Lazcano Lazcano, entonces jefe máximo de Los Zetas, había ordenado diversificar el negocio para obtener más recursos y afrontar el avance del Ejército, la Policía Federal y el Cártel de Sinaloa. Pero después fue tan redituable que del derecho de piso a los mandos de Pemex que manipulaban los tableros y las válvulas desde la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, se apoderaron de todo, como sabían hacerlo: con un reguero de balas y, sobre todo, con sangre.
“Para seguir con la guerra nosotros necesitábamos conseguir cómo financiarnos, porque Sinaloa traía al Ejército y a la Policía Federal. En las plazas los tres peleaban contra nosotros”, le decía El JC.
En junio de 2020, El Dos, un exlugarteniente de un capo del huachicol asesinado, me dijo: “¿Esto del huachicol sabes de dónde vino? De los mismos de adentro. El huachicoleo más más perro que había era ahí adentro, en la refinería, ahí una pipa pasaba y con los mismos papeles salía otra; es decir, no se contabilizaba, o cajas extras salían con bidones. El huachicoleo más perro siempre fue adentro”.
El Rex, otrora jefe del JC, es una pieza clave en esta historia, porque fue uno de los supuestos padres del huachicol en la última década, como fundador de Los Zetas Vieja Escuela.
El primo y el Rex se conocían, y se reencontraron el 15 de mayo de 2015, en la fiesta en honor a San Isidro Labrador, en Pemuxtitla, Molango.
—¿Cómo ves?—, le preguntó el Rex.
La pregunta fue un fuego vivo: la opción de reintegrarse a Los Zetas, ya bajo otro liderazgo tras la supuesta muerte del Lazca en octubre de 2012 –un cadáver prófugo de la justicia–, pero cártel dominante aún en su tierra y en los territorios que él lideró, pese a la escalada del Cártel Jalisco Nueva Generación, que entonces ya había encontrado en las válvulas de Pemex una economía subterránea que comenzaba a dejar un reguero de cuerpos por un tercio del territorio del estado, desde los linderos con Querétaro, en Huichapan, hasta la sierra norte poblana, en Cuautepec.
—Enrolarse en esa madre es la muerte o es la cárcel –le dijo– y tú ya la libraste.
Nadie esperaba al Rex, pero había sido liberado por un tecnicismo legal cuando aún le faltaban 39 años de condena, sin apelación por parte de la PGR.
Inteligencia federal presume que el Rex reagrupó a una facción de Los Zetas, la que estaba en contra de Miguel Treviño Morales, el Z-40, a quien acusaba de haberlo entregado al gobierno federal al proporcionar la ubicación de su boda, en Atotonilco el Grande, el 24 de junio de 2007. La Vieja Escuela, como se hicieron llamar, se financió con la extracción de hidrocarburo en Hidalgo, así como en Minatitlán, Cadereyta, Salamanca –entonces recién emergía el Cártel Santa Rosa de Lima– y Salina Cruz, sede de refinerías en el país y viejos feudos zetas.
El Rex fue detenido por segunda ocasión en agosto de 2016 en San Pedro Garza García, Nuevo León. La división antidrogas de la policía federal lo señaló como uno de los jefes del huachicol en el país. A la par, en Hidalgo aparecían mantas que lo acusaban de perforar las válvulas bajo la protección del poder estatal. Cuando fue asesinado en una cárcel de Tamaulipas en 2018, a manos del Cártel del Noreste de Treviño Morales, el negocio de los ductos de Pemex –según informes de inteligencia federal– ya tenía muchas manos en su estado natal, no sólo de cárteles, entre los que también estaba el de Santa Rosa de Lima en Tula a través de una alianza con grupo La Sombra, formado por exmiembros del Cártel del Golfo, sino de grupos locales que habían aprendido a ordeñar y usaban la mano de obra más vulnerable para sus economías ilegales: niños como halcones, mujeres como despachadoras y jóvenes como piqueteros y sicarios.
Un exalto mando de seguridad en Hidalgo, actualmente en el retiro por situaciones políticas, pero que fue parte de las áreas de inteligencia del estado en la etapa en que los Zetas fueron el cártel más fuerte del país y tenían a la entidad como uno de sus centros de operaciones (2006-2012), contó para este trabajo y a reserva de su identidad que permitieron el acaparamiento de los Zetas del negocio del huachicol porque en aquel momento no era un delito de sangre.
Al concederles las válvulas y la operación de los tableros desde la refinería Miguel Hidalgo, delito que antes controlaban trabajadores de la petrolera, se les entregaba una economía redituable que bajaba delitos de alto impacto como el secuestro y los homicidios.
Este alto mando refiere que cuando detuvieron al primo del Lazca, Humberto Canales Lazcano, en febrero de 2012, que era el jefe de los huachicoleros, el objetivo era obtener información y entregar un “pez gordo” para la entonces guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, por la presión que existía del gobierno federal que acusaba la protección estatal a Los Zetas, sin que buscaran desarticular el entramado delictivo de la ordeña.
El caballo negro del huachicol
Son dos pueblos sobre ductos donde el imperio del huachicol sentó sus reales: Amealco y San Bartolo Xocalpan, en Chapantongo, al poniente del estado. Este municipio sólo representa el 1.34 por ciento de la superficie total de Hidalgo, pero en el ajedrez del crimen es un caballo negro que, en cada movimiento, salpica millonarios réditos para el hampa, como el ducto cuando se perfora.
Mientras las balas se concentran en los otros territorios del Valle, aquí, la ordeña crece sigilosa.
En toda la franja en Chapantongo, hasta salir a Nopala, se trafica gasolina. Se conecta con el Estado de México y con el corredor de la ordeña en la zona Tula-Tepeji (que incluye a Tezontepec de Aldama y Tepetitlán); además, en la zona limítrofe a Querétaro, con Huichapan, otro pueblo huachicolero.
“Antes la gente se dedicaba al campo o a vender alfalfa, queso; el producto que les dejaban los animales, y ahorita ya no se dedican a eso al ciento por ciento. Luego luego se ve cuando entra el huachicol, porque hay casas, locales, comercios… hay más derrama económica”, cuenta Albina, una mujer de Chapantongo. Como su casa está a la orilla de la carretera, ha contado 27 camionetas pasar en la oscuridad. Si los bidones en las bateas no los delataran, lo haría el olor a crudo que van regando sobre el pavimento.
Para saber cómo el hampa se apoderó de los ductos, hay que ir atrás una década.
Aquí hay una cabeza: el capo, lo conocen por su nombre de pila, Arturo. El negocio lo empezó su hijo a los 15 años, como piquetero, hoy tiene 25 o 26. Sin embargó, no empezó aquí, sino en Tepetitlán, otro pueblo sobre ductos, con otro capo conocido como el Bárcenas o el Pelón, Carlos Bárcenas Jiménez.
Cuando publicó el Mapa del huachicoleo con informes de Pemex y la Policía Federal, el semanario Proceso reveló que este personaje estaba ligado a Rodrigo Castillo Martínez, expresidente municipal de Tepetitlán, diputado local por el distrito 6 de Huichapan, postulado por la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD). A Rodrigo, su hermano Elías lo sucedió en la alcaldía de Tepetitlán, un pueblo tomado por la ordeña.
Arturo aprendió el negocio con Bárcenas y tejieron una alianza de facto para cuidarse del resto, porque sólo en esta zona, el Valle del Mezquital, se enfrentan entre sí Los Americanos, en Tezontepec; el grupo del Chita, en Mixquiahuala, Actopan y Tetepango, y el del Geisha, en Tlahuelilpan. Más Los Michoacanos o Pueblos Unidos, que de Tepetitlán se extendieron por los caminos del Valle, del que mantienen control aunque se refugiaron en la montaña de Michoacán después de que José Artemio y Mariano Maldonado Mejía, El Rabias y el M1, fueran liberados de la cárcel de Tula el primero de diciembre de 2021, en una operación que incluyó autos bomba, presunta entrega de dinero a policías y decenas de operarios y sicarios.
Antes, en esta región asesinaron al Parka, líder sanguinario, al Tito y al Talachas… de los primeros “jefes” de la ordeña.
El capo, en Chapantongo, “inició con dos, tres camionetas, a venderla nada más para los tanques (de autos). Ahorita ya él distribuye hasta la zona de Ixmiquilpan y Alfajayucan”, revela un hombre que conoce desde la entraña el negocio por la cercanía con uno de los hijos de este líder del huachicol.
A condición de reserva, da cuenta de todo lo que sabe: en Amealco, el capo ha tejido una economía subterránea en la que involucra a 60 familias, entre piqueteros, halcones y vendedores, desde los niños que “pisan el ducto”, como se dice a los vigías que alertan sobre la presencia de policías, hasta los despachadores o revendedores.
Con esto, añade, ha creado una base social: el pueblo está a un silbido de movilizarse. En su territorio ha creado un escudo en el que al frente va la gente, por si ingresa una policía no cooptada.
Este esquema no es privativo de este líder, en Hidalgo así opera el huachicol: en Tezontepec, la población ha desarmado y amenazado con linchar a soldados, a quienes también acusan de colusión, al supuestamente proteger a unos grupos y perseguir a otros, además de presuntamente atacar a inocentes.
Lo mismo ha sucedido con policías en Cuautepec, en el Valle de Tulancingo –el municipio más ordeñado de Hidalgo, además–, donde el 9 de junio de 2021 habitantes de las comunidades de Guadalupe Victoria y San Juan Hueyepan –puntos álgidos de la ordeña según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)– quemaron un vehículo de la procuraduría de Hidalgo, que acompañaba a la FGR en un operativo de cateo a supuestos almacenes de gasolina robada. La cizaña creció entre el trigo.
Pero no es todo: el primero de julio de 2018, con apoyo de los pobladores, huachicoleros “levantaron” a un elemento de Seguridad Física de Pemex, al que torturaron, le rociaron gasolina y prendieron fuego. El cadáver quedó sobre la batea de la camioneta institucional que el agente tenía bajo su custodia; sólo así lo identificaron, calcinado como había quedado. Pero son sólo escenas, piezas que arman el rompecabezas de realidad.
En el tramo de Chapantongo a Alfajayucan hay construcciones de block: paredes levantadas a un par de metros, algunos pies de casa, deshabitados, que se ocupan como bodegas o tiendas clandestinas. Lo que se observa en la carretera también lo confirman los pobladores.
El capo, dice la fuente que conoce la operación desde el interior, mete alrededor de 45 o 50 camionetas en las que puede trasladar dos mil litros. Son cien mil litros por noche trabajada. Él, además, “renta” la toma: cada litro que alguien saca de ahí, en el punto que él controla, se lo pagan a seis pesos.
Como si se tratara de la ficha para alcanzar consulta en un hospital, él asigna quiénes pasan y a qué horas.
“Tú dices: ‘yo tengo una camioneta de dos mil litros’. ‘Órale, te voy a formar y te voy a dar un turno, el 25, digamos; entonces, más o menos como a las 3:00 o 3:30 de la mañana te vas a meter, te voy a cargar tus dos mil litros y ya te vas, no me interesa dónde la vendas, con quién la vendas ni a dónde la lleves. Saliendo de ahí ya es tu responsabilidad.
“Imagínate, son 600 mil pesos por noche trabajada, pero de esos no todo queda libre. Pagar cien mil a los trabajadores ya es muy exagerado, porque aquí la gente trabaja por mil pesos, y tiene un aproximado de 60 gentes en San Bartolo, más los sobornos a las policías, municipales, estatales… de los de Pemex y a veces de los soldados sí debes cuidarte, por eso pones halcones”, precisa este hombre.
Él sabe que de estos ductos sale el huachicol que se vende en una decena de municipios del Valle del Mezquital, porque lo ha escuchado de voz del capo: Ixmiquilpan, Chilcuautla, Francisco I Madero, Actopan, Ajacuba, Progreso de Obregón, El Arenal, Santiago de Anaya, San Salvador y Alfajayucan.
Otra fuente en Amealco cuenta: “en Alfajayucan luego la llegan a vender a 15 o 16 pesos, pero ese precio subió a partir de la crisis que hubo de desabasto, cuando entró López Obrador, porque antes estaba a seis o siete pesos (enero de 2019).
“Entonces se viene el tiempo en que no dejan trabajar y no hay nadie, entonces cuando empieza a haber ya la empezaron a cobrar de a 11 o 12 pesos hasta que llegó a 16. Pues la gente de estos lados llega a comprar ahí porque tampoco hay gasolineras cerca.
“Hay muchos que dicen: ‘yo estoy a lo mejor en contra de esto, pero ¿dónde voy y compro?’. Las gasolineras más cercanas son en Jagüey, Nopala, o Alfajayucan”, a más de 20 kilómetros.
El año anterior pasó algo muy extraño para los pobladores: “de repente dejó de haber huachicol (marzo de 2021, cumplido un año de pandemia) y nada y nada y nada, y el que tenía te quería vender como si fuera gasolinería, a 20 pesos”.
Los habitantes empezaron a preguntar entre los que venden. La respuesta los atemorizó, como había hecho antes con los huachicoleros: supuestos emisarios del Cártel Jalisco Nueva Generación exigían derecho de piso si alguien quería ordeñar las válvulas.
Halcones, revendedores, piqueteros… todos dependían totalmente de este negocio, entonces empezaron a sacar gasolina con tambos que cargaban en carretillas, pero era muy poco para mantener toda una economía que mantiene a un grueso de la población.
“No había nada de huachicol. Sacaban 200 litros por viaje en una carretilla y un tambo, pero tenían que caminar como un kilómetro sobre piedra y barrancos y ahí iban con sus 200 litros y los vendían a 19, 18 pesos. Ya casi al precio”, refuerza esta versión otra pobladora de Chapantongo.
La gente no salía, tenía miedo de encontrar las balas del grupo armado, ya afincado en la periferia, en el corazón del Valle del Mezquital y también en la zona Tula-Tepeji, donde se ubica la refinería.
De un día para otro, así como había desaparecido, volvió. Los habitantes no saben si la amenaza a los huachicoleros locales era o no real, si habrán o no pactado, pero el ducto comenzó a salpicar de nuevo, y con ello la economía ilegal de la que se sostiene.
Delinquir: las tantas formas
El panteón no sólo es para los muertos, los huachicoleros han encontrado en las tumbas, junto a los vestigios y cadáveres, un sitio para resguardar la gasolina robada y también para extraerla. Tan sólo en enero de 2021, autoridades de la Ciudad de México descubrieron que el panteón de Santa Lucía era utilizado para extraer crudo del ducto Tuxpan.
La savia negra también se mueve por debajo de la tierra, a través de túneles. La Guardia Nacional ha detectado obras subterráneas en los municipios de Nopala y Atotonilco el Grande, también en Tula, a dos kilómetros de la refinería Miguel Hidalgo, donde los gasotraficantes usaron una estructura paralela a través del gasoducto inconcluso que construiría la empresa Transcanada. Este es uno de los puntos en disputa, debido a que, por medio del poliducto bidireccional 12’’-14’’-12’’, que tiene como destino Salamanca, Pemex transporta 38 mil barriles diarios de producto.
Las redes criminales que comercian las combustibles tienen más variantes: en Hidalgo la ordeña se ha movido en carrozas fúnebres, ambulancias apócrifas, taxis y bolsas de plásticos en cajuelas, según los casos detectados por las policías.
A condición de resguardar quiénes son, personas allegadas al negocio revelaron un nuevo esquema de tráfico que comenzó ante el cierre parcial de válvulas desde los tableros de la refinería Miguel Hidalgo, como una medida para reducir la ordeña.
Por los ductos empezó a correr más turbosina, que, por su octanaje, no es recomendable para automóviles, sino para aviones. Pemex creyó que con ello reduciría el tráfico, si los huachicoleros no podían comerciarla, mas no fue así.
Los traficantes comenzaron a mezclarla con aceite de dirección, para que diera un color rojizo, y así a venderla como gasolina. De esta forma hicieron por el corredor del Valle del Mezquital, el más extenso del estado, con 23 de los 84 municipios.
La turbosina es color paja, pero no sólo es la tonalidad, sino la picazón que ocasiona en las fosas de la nariz por el nivel de octanaje. “La reconocemos por el color y por el olor, porque huele muy feo, pica también hasta los ojos”, precisa un operador de la ordeña, encargado del resguardo de combustibles en una casa de seguridad.
“Te queda como babosa, como el aceite, pues. La gasolina tiene que secar en tu mano y ésta queda espesa. Entonces ahí quiere decir que le mezclaron ese aceite de dirección para hacerla rojita, como la premium, porque la turbosina es como blanca”, añade.
Cada litro cuesta 12 pesos y, por su octanaje, revienta las bombas de gasolina. Esta economía ilegal ha potenciado la venta de refacciones. Titulares de estos negocios por la carretera México-Laredo confirmaron esta versión.
Los ojos de Halcón
Los ojos de Halcón guardan mucho, suficiente para saber que la ordeña no opera sin la corrupción.
Cuenta que hay un pacto para ingresar por días terciados de doce de la noche a seis de la mañana y drenar los ductos. El pacto tiene precio: 45 mil a la cabeza, que distribuye entre todos. La cabeza está a cargo de los militares que llegaron tras la explosión de Tlahuelilpan. Dice que pagan 50 mil más a la estatal y cinco mil a cada municipal.
Quien opera la toma se comunica por radio para saber cuándo cerrar, por las alertas que reciben en el tablero los operadores de Pemex, o por los reportes que arrojan las frecuencias radiales de seguridad estatal y municipal, ahí también.
Ellos dejan mangueras y bidones cargados que se reportan como decomisos. Es un combate de facto.
En dos minutos llenan un bidón. La manguera es de dos pulgadas y la presión la detecta tras cinco minutos. Después, cierran la válvula y esperan indicación desde Pemex para volver a abrir. Sacan entre cinco y seis Torton, cada uno con capacidad de seis mil litros. Son 35 mil, casi medio millón.
El cubrebocas es más para disipar un poco el olor a gasolina que para protegerse del Covid, dejados los rastros de éste u otros virus mientras se manipulan las mangueras o en las herramientas. De los que conocen aquí entre estos ordeñadores, seis han enfermado, de entre unos 40 que por noches van entrando al quite. Sólo uno estuvo muy grave, pero dicen que fue por la hipertensión y el sobrepeso. No era morro como la mayoría, “él ya estaba más ruco”. Éste viene desde el tiempo del poblano, un viejo jefe del huachicol, de hace más de una década, que empezó con Los Zetas.
La mordedura del destino
Tenía que mirar atrás, con el miedo de volverse estatua de sal, una sal flamable que chispó del ducto cuando acarreaban la gasolina y, al estallido, encendió los cuerpos en San Primitivo hasta volverlos ceniza. Tenía que mirar atrás y lo hizo, después de que el estruendo que cimbró la tierra lo desbalanceó y lo dejó en el piso.
En los linderos del predio, Halcón vio cuando la gente se calcinaba. Era un aullido en cada ser mientras su cuerpo se derretía, en una agonía que los hacía tirarse al piso para tratar de apagarse con los pastizales. Quiso meterse entre la columna de lumbre que había cubierto la parcela tras sus rostros aturdidos, con el grito atorado en la quijada.
Él jura que, en la sinfonía de alaridos que se hizo en el terreno, escuchaba a su tío gritar; Piquetero, con él entonces, dice que no, que era Halcón el que lo hacía. Presenciar la muerte de los suyos, con los bidones cargados en una batea, era la mordedura que el destino les tenía preparada.
Apenas habían salido minutos atrás antes de que fuego cubriera San Primitivo… son memorias que duelen al soñarse.
Dice que los soldados les habían dicho que recolectaran, porque iban a cerrar la toma a las ocho, pero explotó a las seis cincuenta y ocho. Acarreaban en garrafas y bidones, tras días de sequía en la región, porque en las gasolineras hubo desabasto.
No saben si el olfato se perdió aquella noche, en Tlahuelilpan, entre los cuerpos quemados, pero sus ojos tienen algo que no borró la memoria: las espaldas encendidas que corrían entre la hierba húmeda, recién regada por el combustible. Tatuadas en sus recuerdos lleva las muecas de agonía: una quijada que se tensa mientras la piel, alrededor de los ojos, abiertos, con llamas en el iris, se derrite.
Entre las tuberías, los morrillos se pierden entre el hampa vieja. Cuando alguno caiga entre balas, lo relevarán. Morro también es la parte baja de la cara, la boca y los mofletes de algunos animales: el hocico. Son eso, las fauces que clavan los dientes en el ducto, a riesgo de estallido.
[2] Solicitud de información 1857200111621. La cifra sólo se cuantifica cuando hay denuncias.
*Este reportaje fue elaborado como resultado del curso-taller “Prensa y Crimen en la pandemia” con el apoyo de El Colegio de México y el Instituto Nacional para la Seguridad y la Democracia.
Aureliana Aguilar Mosso es originaria de El Epazote, municipio de Chilapa, tiene 59 años y 30 de éstos lleva empleándose en lavar ropa a mano. Durante la pandemia por la Covid-19, se quedó sin empleo junto a muchas de sus compañeras.
Aureliana es una de las 800 integrantes de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar, tras dos años de pandemia decidieron emprender para generar recursos económicos.
La Red de Mujeres Empleadas del Hogar, con sede en Chilpancingo, busca el respeto de los derechos laborales de estas 800 mujeres, pero también que los conozcan para evitar que sufran la explotación laboral.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Guerrero, hay 60,000 trabajadoras del hogar.
Desde hace siete años, Aureliana forma parte de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar. Una vez llegaron a Chilapa y le explicaron sus derechos para que no permitiera la explotación laboral.
A Aureliana le gustó la idea de organizarse con otras mujeres para buscar su bienestar. La red llegó en un momento oportuno: cuando más le estresaba su trabajo.
“Gracias a las compañeras que me invitaron, antes no platicaba con nadie, estaba estresada y aquí gracias a las compañeras que me invitaron, salgo”, manifestó.
Ahora, Aureliana trata de mantenerse activa en la red asistiendo a talleres y reuniones en Chilpancingo.
Aureliana perdió su empleo durante la pandemia. En estos meses, como muchas de su compañera, experimentó como se negaban a contratarlas cuando se enteraban que tenía un contagio de coronavirus, como cuando su hija se enfermó.
“Mi hija se me enfermó, ella trabaja en Iguala en un Tribunal, dice que le agarró el Covid, se vino a la casa, ni modo que le dijera que no, es mi hija. Sí nos afectó, si se dan cuenta que te dio la enfermedad no te dan el trabajo piensan que tú también tienes Covid, yo me quedaba callada, no decía nada”, explica la trabajadora.
Ante la pandemia, Aureliana y sus compañeras idearon emprender, para buscar cómo generar ingresos económicos y fue que buscaron apoyos económicos mediante convocatorias y así producir lo que saben hacer: pasta de mole, comida, postres, dulces, bordados. La producción la iniciaron el pasado 19 de marzo.
En el caso de Aureliana produjo pasta de mole, porque lo sabe hacer. Hizo equipo para producir mole con dos de sus compañeras, también de Chilapa: Olivia Bello Aguilar y Casilda Juárez Sánchez.
Las tres trabajadoras se han distribuido en su comunidad, en el trabajo de la hija de Aureliana en Iguala, con sus mismas compañeras. Las tres están motivadas para continuar emprendiendo y poco poco volver a reactivar su economía y su empleo en el lavado de ropa.
*
Desde hace 30 años, Aureliana se dedica a lavar ropa a mano, con eso junto con su esposo mantuvo a sus ocho hijos.
Empezó a lavar ropa por invitación de una amiga, que al mudarse le dejó a su cargo las lavadas de ropa de las clientas que ya tenía. Aurelina aceptó.
“Ahí empecé a sobresalir con mis hijos, los mantuve con la lavada, les di estudios como pude porque la licenciatura ya no, eso ya es otro dinero, nomás le di secundaria y prepa. Ahorita gracias a Dios entre mis hijos los más grandes apoyaron a los demás, son dos los que se prepararon”, cuenta.
En Chilapa, Aureliana asiste a lavaderos públicos, donde por 2 pesos lava el tiempo que desee y utiliza el agua que necesita.
Ella pone en costales la ropa que tiene que lavar y se traslada a los lavaderos públicos, ubicados en el barrio de San Antonio.
Al inicio, Aureliana lavó hasta 12 docenas de ropa al día. Poco a poco la conocieron más personas porque todos los días la veían cargando los bultos con ropa e identificaban que a eso se dedicaba y la contrataban.
Ahora que los hijos de Aureliana crecieron y ya no dependen de ella, no abandona su trabajo, aunque lava menos, unas siete docenas diarias.
Al principio lavaba en las casas de quienes la contrataban pero no le gustó, porque los lavaderos eran pequeños y eso le complicaba más el trabajo.
Todavía recuerda a cuánto cobraba la docena de ropa al principio: 8 pesos; actualmente a 45 pesos.
“Cada año le vamos subiendo, porque decimos que entre más sube y más suben de precio las cosas no nos alcanza, a luchas algunos sí van pagado”, dijo.
—¿A raíz de este trabajo que implica fuerza usted padece alguna enfermedad?
—Hasta ahorita gracias a Dios no, pero sí ya me empieza a doler mi riñón, pero no he ido al médico. Me dolían las rodillas pero como me estoy tomando un tecito se me quita, además ya no lavo igual.
Las empleadas del hogar no cuentan con prestaciones de ley, mucho menos, con seguro social, solo perciben el pago, como el caso de Aureliana, por el lavado de la ropa.
Apoyo insuficiente: la red
La coordinadora de Proyectos en la Red de Mujeres Empleadas del Hogar, Petra Hermillo Martínez expuso que la iniciativa de emprender surgió porque las trabajadoras del hogar fueron despedidas de sus trabajos y a otras más les dijeron que después les llamaban, pero desde hace dos años no les llaman.
Las trabajadoras han ido a sus antiguos empleos pero les dicen que no hay trabajo y es por ello que comenzaron a trabajar en la propuesta para autoemplearse.
“Es como empezamos a trabajar una propuesta, una idea, una convocatoria que sacó la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH). Nos aceptaron”, expresó.
El pasado 8 de marzo recibieron el dinero, a los equipos, de tres o cuatro integrantes, les tocó de entre 7,000 a 10,000 pesos para comenzar su negocio.
Petra Hermillo destacó que las mujeres sí necesitan más apoyo ante las consecuencias que viven por la pandemia y así puedan generar sus propios recursos económicos, la mayoría de las 800 de sus compañeras perdieron su empleo y pocas han regresado.
La representante destacó las carencias de las trabajadoras del hogar, principalmente el de no contar con seguridad social, además de la lucha constante de que el pago que perciban sea proporcional al trabajo que hacen.
El 12 de diciembre del 2012, entró en vigor del Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Trabajadoras del Hogar, que determina que los funcionarios de todos los niveles sin pretexto deben intervenir y hacer valer los derechos que desde hace décadas pelean las trabajadoras: seguridad social, salario digno, respeto y cero discriminación.
Petra Hermillo lamentó que la pandemia haya impidio accionar este convenio y exigir para que las autoridades lo cumplan, sin embargo, dice, ya es momento de retomarlo así como su lucha para hacer valer sus derechos como trabajadoras del hogar.
Se fue a Estados Unidos huyendo del odio. Allá logró ser libre y feliz, hasta que llegó la COVID-19. De acuerdo con la ONU, las personas migrantes de la diversidad sexual, como ella, enfrentaron discriminaciones entrecruzadas durante la pandemia que reveló, sobre todo, cuán invisibles pueden ser sus problemas y por lo tanto sus vidas, también del otro lado.
Texto: Beatriz García
Fotografía y video: Franyeli García
Ilustración: Conejo Muerto
31 de enero del 2022
Es la noche del 10 de marzo del 2020. El azul brillante de las luces se refleja en la mirada cansada de Yimel Alvarado. El color negro que delínea sus ojos, aun cuando le da mucha profundidad, acentúa su agotamiento.
Trae un vestido negro entallado que ella misma diseñó y cosió. Está en medio de una de sus imitaciones musicales más solicitadas en un bar de la avenida Roosevelt, del distrito de Queens, en Nueva York.
Ese mismo vestido ahora está dentro de una maleta en una habitación de la casa de su madre, en su natal Tlapa, municipio de la región Montaña en Guerrero, uno de los estados con mayores niveles de marginación, ubicado en el suroeste del país.
Yimel es una de las tantas personas de la comunidad LGBTI+ (Lésbico, Gay, Transgénero, Bisexual, Intersexual) que migró a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Aunque tanto allá como en México, la población de la diversidad sexual suele ser invisible, porque en sus historias se configuran varias variables de desigualdad: homofobia, discriminación, odio y rechazo, entre otras.
Yimel se fue a Nueva York en septiembre de 1997. Al inicio, como migrante indocumentada, no tuvo opción y por un tiempo se dedicó al trabajo sexual, lo que la obligó a soportar ataques verbales y físicos bajo las vías elevadas del metro Jackson Heights, como lo documentó The New York Times en un texto sobre COVID-19 que tituló El Epicentro. Luego Yimel se unió con un grupo de amistades de la comunidad LGBTI+ y formó una familia con la que compartía departamento en Queens.
Ese 10 de marzo del 2020, Yimel dio su espectáculo en el Kings Bar de la avenida Roosevelt. Nadie se dio cuenta que no estaba bien, la pandemia todavía se sentía lejana a pesar de estar a la vuelta de la esquina, y Estados Unidos aún no decretaba el confinamiento por el virus SARS-CoV-2 que ya se expandía por el mundo.
Después de esa presentación Yimel regresó a casa y comenzó su martirio en silencio. Trató de aliviarse con tés caseros: pensó que sólo era una tos y un dolor de espalda que pasarían. Además, seis días después tendría otra presentación para la que debía recuperarse pronto.
Ella sabía que la COVID-19 se estaba propagando, pero creyó que su caso sólo era resultado del cansancio y lo asoció a que la noche previa se desveló mejorando su vestuario. Pero para el 13 de marzo seguían sus malestares: ahora le dolía la cabeza, se había intensificado el dolor de espalda y la tos se volvió tremenda.
Sin embargo no le cuenta a nadie de su familia, ni siquiera a su hermana Olivia Aldama Alvarado, que también vive en Queens. Sólo sus compañeros de departamento se dan cuenta que no está bien y le piden que vaya al médico, pero se niega.
Es la segunda vez desde que llegó a Estados Unidos que la pasa mal. La primera fue muy al principio, cuando debió prostituirse para sobrevivir. Pero las cosas que más le habían dolido en la vida, le ocurrieron antes de migrar, en Tlapa, 23 años atrás.
Libre como las mariposas
Es septiembre de 1997. El bullicio y la música de banda reinan en la colonia San Francisco, en Tlapa. Armando, sus hermanas, su mamá y su papá disfrutan de un jaripeo, un espectáculo que consiste en ver qué jinete se queda más tiempo sobre el lomo de un toro. Armando se aparta para reunirse con sus amigos, a quienes su padre llama “los putos”.
Sus hermanas se van, pero Armando se queda. Al verlo, su padre desenfunda la pistola y suelta varios tiros entre los pies de su hijo y sus amigos. Nadie resulta herido, pero Concepción, la madre de Armando, sabe que su esposo intentó matarlo. Ella y sus hermanas se llenan de miedo.
No es la primera vez que su padre lo agrede. Sucede con frecuencia desde que cumplió 15 años y comenzó a autopercibirse como una persona transexual. Una vez su padre le dio un cuchillo y le gritó: “¡Ten, mátate!”. En la región Montaña, como en muchas otras del país, aún hay muchos prejuicios contra personas con orientaciones e identidades sexuales distintas.
Después del jaripeo, Concepción, sus hijas y Armando duermen en casa de una comadre. Tienen miedo de que su esposo lo mate. Esa noche, Armando comenzó a idear su huida. Dos días después, al amanecer, él ya no está en Tlapa.
Hasta una semana más tarde, su madre y sus hermanas supieron que ya estaba en Estados Unidos. Lo que no les contó en ese momento es que durmió en la calle, hizo trabajo sexual y sufrió maltratos, que para llegar allá consiguió dinero que debía reunir y pagar pronto, y que tenía una meta clara: a partir de entonces sería Yimel Alvarado.
La otra realidad
Durante la pandemia de la COVID-19, las personas migrantes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales pueden enfrentarse a discriminaciones entrecruzadas: tanto por ser migrantes, como por su identidad de género u orientación sexual, han advertido organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Lo cierto es que de la realidad de las personas migrantes de la comunidad LGBT durante la pandemia, poco se sabe. Al menos en México.
Por varios días este medio intentó tener comunicación con organizaciones estatales y nacionales de la diversidad sexual, tanto de México como de EU, para conocer cómo estaba viviendo esta población la pandemia, pero la única información disponible es la relacionada específicamente con crímenes por homofobia.
El representante de la organización local Orgullo Guerrero, Juan Carlos Salvador, dijo que quizás estaban siendo egoístas por no documentar lo que están viviendo sus compañeros y compañeras de la población LGBTI+ en pandemia, porque desconocen totalmente su situación.
De acuerdo con la ONU, las personas LGBTI+ pueden enfrentar discriminación y estigma cuando acceden a los servicios de salud, además de que en algunos países hay leyes en que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y criminalizan a las personas trans.
Otras conductas sobre las que advierte este organismo son: estigmatización, discriminación, discursos de odio y ataques contra las personas LGBTI, así como obstáculos para acceder a trabajos y medios de vida, y vulnerabilidad ante violencia y explotación.
Además, debido a las diversas formas de discriminación social y económica que enfrentan las personas migrantes LGBTI+, es más probable que se vinculen en el sector informal y no tengan acceso a licencia por enfermedad remunerada ni a compensación por desempleo, detalla la organización.
La ONU precisa que las personas migrantes transgénero y no binarias son particularmente vulnerables a la explotación, debido a la discriminación laboral por su identidad de género o nacionalidad, lo cual abre una ventana para que los tratantes aprovechen esta vulnerabilidad y muchas veces busquen activamente víctimas trans y no binarias.
El vuelo de la mariposa
Yimel nació en Tlapa, en la Montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país, el 14 de mayo de 1980.
Para llegar a la casa donde creció y vivió hasta la noche del jaripeo, se camina por la avenida Hidalgo hasta la colonia San Francisco. Es un extremo de la cabecera municipal, cerca de los cerros, donde abundan casas sencillas de concreto. En la puerta de una de esas casas cuelga un moño negro, símbolo de luto. Es la casa de Yimel.
Dentro, en el segundo piso, hay mariposas de cerámica de colores, con alas abiertas sobre una pared azul. Yimel quería ser como ellas: libre. Algunas de esas mariposas las compró ella misma en Estados Unidos, pero ahora adornan la casa de su madre, en su memoria.
Al cruzar la puerta de la entrada, lo primero que se percibe es el aroma de las lilis -como se conocen en esta región a las azucenas- que rodean una gran pintura de Yimel, donde luce una larga cabellera y está sonriendo; se ven sus labios carnosos y sus ojos perfectamente delineados.
Ariana desempolva el maletero donde guardan como un tesoro preciado los vestidos que confeccionó “La Gorda”, como se refiere cariñosamente a su hermana Yimel. Los saca uno por uno, son grandes y vistosos; Yimel era una mujer robusta de 1.90m de estatura.
La Gorda, cuenta su hermana, regresó a Tlapa después de cuatro años en EU, para ver a su familia. Para entonces su madre se había separado del padre, por las peleas constantes relacionadas con la identidad sexual de su hija.
Ella llegó sin los vestidos, las zapatillas y el maquillaje que usaba en Nueva York. Le contó a su madre y sus hermanas que por fin era libre y disfrutaba mucho su trabajo en los bares, principalmente en El Trío o en Kings Bar, donde imitaba a artistas como Paquita la del Barrio, Celia Cruz, Ana Gabriel, Rocío Durcal, Gloria Trevi y Jenny Rivera, con vestidos amplios, de olanes y llenos de brillos que ella misma se cosía.
“Me voy a beber y comer todo lo que pueda, después, cuando sienta que acabó ese tiempo, comenzaré a obtener bienes materiales”, dice la hermana que un día le dijo Yimel a su madre, de quien se hacía cargo y estaba pendiente por teléfono. Su madre construyó la mitad de su casa con el dinero que Yimel ganó en Queens.
Después de tres meses de estancia en Tlapa, regresó a Estado Unidos con los mismos riesgos de ser migrante indocumentada. Creyó que moriría en el desierto: se le acabó el agua, se deshidrató y estuvo a punto de beberse sus orines; sus pies se llenaron de llagas por todas las horas que caminó, pero logró cruzar. Y del otro lado, a diferencia de la primera vez, la esperaban sus amigos en el departamento, a quienes ella misma había ayudado de manera económica hasta que consiguieron trabajo.
Una sentencia que se cumple
Cuatro días después de su imitación más solicitada en el Kings Bar, Yimel se siente peor de salud. Entonces se comunica con su madre y sus hermanas que están en Tlapa para contarles. Les pide que recen por ella.
También habla con su hermana menor, quien vive en Queens. Cuando Olivia escucha su voz agitada y sin fuerza se va a verla. La encuentra dentro de su habitación tirada en la cama.
The New York Times reconstruyó ese día. Olivia llevó a Yimel al hospital: “Llaman un taxi. Pero el conductor, al sospechar que la mujer desplomada en las escaleras tiene el virus, se disculpa y se va. En un fugaz momento de claridad, Yimel dice: llama a una ambulancia”.
Yimel fue trasladada al Hospital Elmhurst, que ofrece atención, sobre todo, a quienes no tienen seguridad social en EU.
“En estos tiempos de pandemia, las personas transgénero encuentran aún más desafíos. La falta de seguro médico, la falta de capacidad para seguir las pautas de distanciamiento social y las pautas de cuarentena hacen que las personas LGBTI+ se enfrenten a una mayor probabilidad de exposición al COVID-19”, advirtió la ONU en un artículo publicado en octubre del 2020.
En Estados Unidos la situación es distinta que en México, asegura en entrevista la coordinadora de Desarrollo Institucional de Casa Arcoíris, un albergue para la comunidad LGBTI+ migrante en Tijuana, Sara Amelia Islas.
Allá las personas de la diversidad sexual tienen derecho a recibir atención médica, y hay organizaciones que velan por sus derechos, dice Islas, quien hace acompañamiento a migrantes LGBTI+ que llegan a la frontera de México con Estados Unidos, para cruzar a ese país mediante la figura de asilo.
Islas afirma que en EU, la comunidad migrante de la diversidad sexual recibe mejor atención de salud que en México, aun cuando sigue padeciendo discriminación, racismo y los crímenes de odio persisten.
En su opinión esto responde a que, en comparación con México, en Estados Unidos hay mayor apertura a la comunidad LGBTI+, porque hay políticas públicas y leyes que les protegen, aunque el grado de aceptación depende del estado, por ejemplo en San Francisco, Washington, Nueva York y California gozan de mejores condiciones y mayor presencia de colectivos que les apoyan.
Hace cuatro días Yimel cantaba en el Kings Bar y ahora está en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte.
El día que ingresó al hospital, los médicos le diagnosticaron neumonía. Después le informaron a Olivia que su hermana sería intubada, porque su respiración y oxigenación disminuía de manera acelerada.
Cuatro días después de que Yimel fue internada en el hospital se declaró la pandemia por la COVID-19 en Estados Unidos. Las autoridades obligaron al confinamiento, pero ella ya estaba en la cama de un hospital, en coma y con todos los síntomas que provoca el virus Sars-CoV-2.
A Olivia le dijeron que el país estaba en alerta y debían restringir las visitas en el hospital, sobre todo en el área en la que estaba Yimel, por lo que se retiró a su casa, pero varias veces al día marcaba por teléfono para saber de su hermana.
El 26 marzo por la noche, Olivia llamó nuevamente al hospital. Se sentía impaciente. La doctora en turno le dijo que Yimel seguía igual, que al menos no había empeorado y que podría considerarla estable. Eso le dio tranquilidad.
Pero, a la mañana siguiente, sonó el celular de Olivia, era una llamada del hospital: Yimel había muerto.
En octubre de 2021 Olivia todavía se resiste a creerlo. Ella cree que su hermana fue desconectada intencionalmente por el aumento de pacientes con COVID-19.
El calvario de las muertes de migrantes por covid-19
De acuerdo con la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales (SIMAI) de Guerrero, el número de migrantes guerrerenses que fallecieron a causa de la COVID-19, tan sólo de marzo del 2020 al 13 de agosto de 2021 eran 451, aunque tampoco se conoce cuántos o cuántas pertenecían a la comunidad LGBTI+.
Desde el 2020, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha documentado los casos de migrantes muertos por la COVID-19 en esta región de la Montaña para repatriar sus cenizas, pero poco saben específicamente de muertes de migrantes LGBTI+.
En su último informe (2019-2020), Tlachinollan documentó los casos de 63 personas originarias de la Montaña alta fallecidas por COVID-19 en Estados Unidos, la mayoría en Nueva York.
Tlapa, el municipio de la región donde se concentra la actividad comercial de la Montaña alta de Guerrero, es el centro donde confluyen habitantes de pueblos mixtecos, tlapanecos, nahuas y mestizos. En las últimas cuatro décadas –como lo enuncia Tlachinollan en su informe de actividades– las y los jóvenes que emigran buscan asentarse en NY porque les significa ascender a otro nivel social.
De 63 personas fallecidas por el virus, Tlachinollan gestionó la repatriación de las cenizas de 27. El resto se quedó en ese país porque allá estaban sus familias, explicó el responsable del área de Migrantes y Jornaleros de esa organización, Paulino Rodríguez Reyes.
El costo de la incineración de los cuerpos era de 2 mil dólares, pero lograron que les disminuyeran el costo a mil dólares, pues la mayoría de migrantes sin documentos no recibieron apoyo de los gobiernos de Estados Unidos ni de México durante la pandemia, afirma Rodríguez Reyes.
De acuerdo con la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales de Guerrero, en Estados Unidos hay un registro aproximado de 70 mil 474 migrantes guerrerenses viviendo en ese país, pero tampoco tienen una cifra de cuántas de estas personas pertenecen a la comunidad LGBTI+.
Los migrantes que viven en Nueva York pudieron acceder al sistema de salud, pero por temor de ser deportados o los dieran por muertos en los hospitales, mejor se quedaron en casa, agregó el defensor Paulino Rodríguez.
Yimel regresa a Tlapa
¿Cómo darle sepultura a la hermana y a la hija cuyo cadáver está en Estados Unidos? En Queens, Olivia y las amistades de Yimel se unieron para recuperar su cadáver. Debía ser rápido.
En Tlapa, Ariana tenía temor de que su hermana terminara en una fosa común o que les entregaran unas cenizas que no eran las de ella. En ese entonces había un fuerte rumor de que los cadáveres de migrantes indocumentados estaban siendo enviados a la fosa común.
Era urgente conseguir un crematorio. Recordaron que antes de dedicarse a cantar, Yimel trabajó en una funeraria. Se comunicaron con el dueño, quien accedió a cremar su cadáver de inmediato pero debían cubrir los gastos. Olivia acababa de recibir un ahorro y con eso pudo pagarlos.
Yimel ya no tuvo la oportunidad de recibir su documentación como estadounidense nacionalizada, que llevaba años tramitando, de haberla conseguido, habría logrado ser mujer de manera legal.
Las cenizas no llegaron pronto a Tlapa. El duelo de la familia en Guerrero se prolongó por seis meses, hasta que una comadre de Olivia viajó a México y con ella viajaron las cenizas de Yimel.
Es 5 de agosto del 2020. Una mujer sale del aeropuerto de la Ciudad de México, en sus manos lleva la caja de madera donde están las cenizas de Yimel, que enseguida entrega a Concepción y a Ariana, madre y hermana de Yimel. En cuanto Concepción las recibe, suelta el llanto.
Más tarde, en la entrada de la cabecera municipal de Tlapa, una caravana de amistades, familiares y conocidos de Yimel, la esperan. Hay muchas flores, música de viento, una muñeca gigante –a la que se le llama “mona” o “mojiganga”, hecha de papel y trapo, en cuyo interior, debajo de la falda, se introduce una persona para hacerla bailar, una costumbre típica de las festividades en la región– , que mueven al son de la música, globos y banderas arcoíris.
En su casa de la calle Hidalgo, en un altar con flores multicolores e imágenes religiosas colocan sus cenizas, que al final fueron depositadas en una nueva urna pintada a mano por artesanos de Olinalá, otro municipio de la región.
Con la llegada de Yimel a su casa lo mismo rezaron que bailaron al son de la banda de viento. Sus amigas se pusieron sus vestidos, los que cosió y bordó con esmero, y bebieron y rieron toda la tarde. Después, los restos fueron llevados al panteón municipal de Tlapa. Aunque el presagio de muerte de su padre se cumplió, Yimel logró su sueño y pudo ser libre.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
