Maestros jubilados bloquean Autopista del Sol después de cerrar Palacio de Gobierno en reclamo de prestaciones

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Maestros jubilados y pensionados aglutinados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon la Autopista del Sol, a la altura del punto conocido como Parador del Marqués, para exigir una audiencia directa con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

En la manifestación un maestro se quitó la ropa hasta quedar en ropa interior; fue la manera en que reprochó a los policías antimotines que les enviaron desde el gobierno estatal y les impidieron el paso.

El grupo de jubilados y pensionados salieron en marcha desde la sede del recinto del Poder Ejecutivo hacia la Autopista del Sol a las 13:30 horas.

Los manifestantes trasladaron su protesta a la carretera después de cuatro horas de bloquear las entradas al recinto del Poder Ejecutivo sin que las autoridades los atendieran.

A unos metros de llegar al Parador del Marqués elementos de la Policía Estatal interceptaron el contingente de la marcha, y les impidió avanzar.

Los manifestantes llegaron a Chilpancingo ayer para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) o al gobierno estatal en su conjunto el cumplimiento de una serie de demandas de carácter económico y el pago del adeudo que tiene la administración estatal de sus prestaciones sociales.

“Nos dicen que no hay dinero, pero no dicen quién se robó el dinero, en conjunto son más de 500 millones de pesos lo que nos han robado”, mencionó uno de los manifestantes, quienes se negaron a dar sus nombres.

Las maestras y los maestros jubilados piden el pago del bono decembrino y su incremento del 10 por ciento anual, y lo; pagos atrasados de mayo y noviembre del Plan de Previsión Social.

Además del cumplimiento de pagos de siniestros por parte de la aseguradora, mejor atención médica en consultas externas y especialidades, y abastecimiento de medicamentos para todas las enfermedades.

Los policías antimotines se colocaron a unos 200 metros del punto conocido como Parador del Marqués para toparse de frente con los jubilados, a quienes les dijeron que no les permitirían llegar hasta ese punto de la autopista, donde los inconformes pretendían instalarse.

Aun con la presencia de los elementos de seguridad, los cuatro carriles de la Autopista del Sol fueron bloqueados por ambos lados por unos dos horas.

A las dos de la tarde una comisión de 10 jubilados y pensionados se trasladó a la sede Poder Ejecutivo para una mesa de trabajo con el secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Nuñez.

A las 15:30 horas regresaron a su plantón que mantienen en las entradas del recinto del Poder Ejecutivo.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó que el presupuesto destinado para el 2023 no existen partidas para pagar los bonos que exigen los profesores jubilados y mencionaron que «ya se gestionan recursos económicos para realizarles el pago del adeudo histórico que data desde el año 2001».

«Prácticamente nos esclavizó»: mujeres migrantes agrícolas hacen frente a injusticias

17 de cada 100 personas que laboran en el campo son mujeres, según la Encuesta Nacional Agropecuaria. Sin embargo, en los últimos seis años no han alcanzado ni el 3% de registro en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), único que sobrevive y destinado únicamente a la migración internacional. 


Texto: Marcela Nochebuena

Fotografía: Tlachinollan

 

Sin que parezca siquiera percibirlas, las moscas atestan sus pies descalzos. Inmóviles, como el resto de sus piernas, permanecen apoyados en unas sandalias de plástico. Hace casi tres meses que ‘Carolina’, a sus 27 años, no tiene movilidad en sus extremidades inferiores. Un día, trabajando en el campo, la sorprendió un dolor en la cintura hasta que ya no pudo levantarse. Sin seguro social, su esposo y su papá siguen trabajando prácticamente para pagar las cuentas médicas.   

‘Carolina’ y su familia nuclear viven en un cuarto de dos por dos metros, en el último rincón de la sindicatura de Villa Unión, Sinaloa —a unos 40 minutos de Mazatlán—. Adentro solo hay un colchón, utensilios de cocina y un par de arpillas con algunos productos del campo, más unas cuantas sillas. En un metro cuadrado más, sin techo, está el baño. ‘Carolina’ bebe un poco de té y caldo en silencio, y espera con resignación. 

Por el cuarto, un arrendatario que vive en Mazatlán les cobra 2 mil 500 pesos al mes. La cuenta del doctor particular, que no dio un diagnóstico certero ni mejoró el estado de ‘Carolina’, llegó a más de 8 mil pesos. También hay que pagarle 100 pesos diarios a un policía de tránsito para llegar al sitio donde su esposo y su papá encuentran a un empleador diferente cada día. 

En la región sur de Sinaloa, a diferencia de otras sindicaturas cercanas a Culiacán, como Villa Juárez y El Dorado, así es la dinámica para trabajar en el campo: de entrada por salida, cada día “cachar” la mejor oferta entre los empleadores que se congregan muy temprano en el estacionamiento de un supermercado a la entrada del poblado, con la única expectativa de llenar seis o siete arpillas —a 25 pesos cada una—. Si les va bien, ganan 200 pesos por la jornada.

“Estamos trabajando y estamos comprando medicamentos; es mucho dinero, se ha gastado mucho. Aquí casi cada quien trabaja por su cuenta nada más… los tres o cuatro meses que estemos aquí, nada más un día con un empleador y otro día con otro”, dice ‘Arturo’, esposo de ‘Carolina’, cuyos nombres han sido cambiados porque prefirieron dar su testimonio bajo anonimato.

Después de un rato, ella se anima a participar brevemente en la conversación. Desde los 16 años conoció el trabajo en el campo migrando junto con su familia. Ahora que enfermó, lo que más le duele son los pies y todavía no puede levantarse sola; su esposo y su papá le ayudan. No tiene mucha fuerza e incluso siente calambres cuando quiere pararse. Cuenta que un día, después de llegar del campo, ya no pudo caminar bien. 

Su papá relata que incluso han tenido que pedir dinero prestado, y eso solo para pagar las cuentas. A sus 62 años, ha trabajado desde los 15 en el campo. Vive en una casa a pocos metros de distancia, donde habitan cuatro adultos y tres niños, por la que pagan 3 mil 500 pesos mensuales. Igual que ‘Carolina’ y ‘Arturo’, además hay que pagar los servicios y la “cuota” del policía de tránsito. Un lunes, mientras casi anochece, su esposa cocina solo con leña al aire libre. 

 

Esa es la “mejor” vida que la familia fue a buscar a Sinaloa cuando decidió migrar desde Lindavista, municipio de Tlapa, en la montaña guerrerense, porque “allá no hay nada que hacer”, dice ‘Arturo’. La migración desde las comunidades de Guerrero es familiar —cada temporada o algunas veces de manera definitiva, viajan padres, madres e hijos juntos—, pero el papel de las mujeres ha permanecido invisible por décadas. 

 

En México, 17 de cada 100 personas que laboran en el campo son mujeres, según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019, del Inegi. En Estados Unidos, llegan a representar hasta el 32%, de acuerdo con el Centro de los Derechos del Migrante (CDM). Sin embargo, en los últimos seis años no han alcanzado ni el 3% de registro en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) —el único que sobrevive y destinado solamente a migración internacional—, de acuerdo con información proporcionada vía transparencia por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Para trabajar fuera del país, también son solo un 3% las que acceden a las visas de los programas temporales para trabajar en EU que tienen las mejores condiciones. Aun así, cuando las circunstancias lo permiten, son ellas quienes sostienen el trabajo de cuidados, construyen comunidad en los lugares de destino e incluso han sido pioneras en denunciar las violencias y la discriminación que enfrentan en el campo.

“Ese proceso de feminización de la agricultura es muy diferente, una porque las mujeres no trabajan sus propias tierras sino las de los agricultores que las contratan, y otra porque a pesar de que ellas lo hacen y les gusta ese acercamiento con el campo, hay un cúmulo de violencias laborales que incluso en algún momento se normalizan”, explica Leonor Tereso Ramírez, académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa que trabaja con mujeres trabajadoras agrícolas en la sindicatura de Villa Juárez.  

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria, el 46.1% de las mujeres que trabajan en el campo lo hace de manera no remunerada, mientras que de cada 100 productores, solo 17 mujeres son responsables de manejo y toma de decisiones en unidades de producción. 

De acuerdo con la experiencia de Leonor, las mujeres que llegan a darse cuenta de la violencia, no pueden hacer mucho frente a ella en contextos de precariedad laboral, que son mucho más complejos para quienes migran. Sin embargo, algunas han logrado levantar la voz incluso a nivel internacional. 

Maritza denuncia discriminación en el marco del T-MEC

Maritza es la primera trabajadora agrícola que, junto con Adareli, presenta una queja en contra del gobierno de EU, en el marco del T-MEC, por la discriminación de género en contra de las mujeres migrantes en programas de migración laboral temporal. La inconformidad se origina en la negación de trabajos, la asignación de roles con salarios más bajos y la exposición a violencias en sus lugares de trabajo.

Maritza, originaria de Veracruz, ha trabajado desde que tenía nueve años en diferentes empleos: niñera, trabajadora del hogar, comerciante o cualquier otro que se presentara para obtener algo de dinero. El 27 de mayo de 2018 fue la primera vez que salió del país para trabajar en el campo de manera temporal en EU. Fue por sus amigas que habían ido antes que contempló la posibilidad.

“Era pesada la labor de trabajar en campo, pero como yo estaba acostumbrada porque también he trabajado en fábricas… Al principio, no fue tan malo porque realmente donde vivo luego hago ese tipo de actividades, pero allá iba consciente de que iba a ser como nos dijeron ahí: 10 veces más trabajo, pero también mejor remunerado, aunque después me di cuenta que no era cierto”, cuenta en entrevista.

Unos minutos después, confiesa que la experiencia fue horrible desde el momento que pisó los ranchos de Alabama y Florida. “Llegamos, bajamos las maletas y nos dijeron ‘súbanse al camión porque ya vamos a empezar a trabajar’, todas emocionadas porque íbamos a empezar a facturar, como dice Shakira, íbamos a empezar a ganar dinero, pero ahí algo como que se quebró en el momento en que, ya arriba del autobús para irnos al trabajo, se sube un señor”, recuerda.

En el transporte, el hombre se presentó y les dijo que desde ese momento él era su patrón y el dueño de su vida y de todo lo que tuvieran. En ese punto, Maritza pensó que había ido a trabajar pero no a que la hicieran sentir como esclava. “Prácticamente nos esclavizó; en mi caso, por más de cinco meses”, lamenta. Maritza cumplió casi seis allá, en los que el sueño americano muy pronto se volvió pesadilla. 

No había equipo de protección personal para andar en surcos encharcados pizcando calabaza, chile morrón, tomate y pepino. Había compañeras de ella que, con los pies lastimados, no podían trabajar, y entonces tampoco les querían dar de comer. Trabajaban no de sol a sol, aclara Maritza, sino muchas veces desde antes de que saliera, y regresaban apenas para dormir, a las 10:00 u 11:00 de la noche. A veces, cumplían jornadas de hasta 12 o 15 horas.

Las camas donde dormían tampoco estaban en buenas condiciones. Había un solo baño portátil, que lavaban prácticamente una vez al mes, además de que solo podían usarlo entre 12:00 y 1:00 de la tarde, la hora de la comida, nunca antes. Aunque a las 6:00 de la mañana ya estaban trabajando, les llevaban agua casi hasta las 10:00. La comida era mala pero no podían dejarla, porque el empleador la cobraba a 4.26 dólares la consumieran o no. 

Algunas veces, ni siquiera les pagaban completo el sueldo, incluso una quinta parte de lo que realmente habían ganado. Con frecuencia, no entendían los recibos por completo, por las abreviaturas y las palabras en inglés. Maritza ganaba entre 150 y 240 dólares a la semana; trabajaba de lunes a domingo y frente a cualquier inclemencia del tiempo, incluso cuando les tocó un huracán.    

Además de los problemas generalizados, Maritza recuerda que los salarios no eran iguales para hombres y mujeres. A ellas les pagaban la caja o la cubeta de calabaza a 60 centavos, pero a los hombres se les llegaba a dar hasta un dólar. La intención de la queja, explica, ha sido pelear para que se vigilen las condiciones de trabajo y el respeto a los derechos que los contratistas prometen en México. 

Aunque con miedo, está convencida de hay que atreverse a denunciar cuando hay maltrato y discriminación. Estando allá, confiesa, también vivió acoso. “Lo único que me faltaba era que me violaran o me mataran, porque a ese grado llegó este señor, de llegar a amenazarme con nuestras familias aquí en México, con tal de que nosotras no dijéramos nada. Era trabajo forzado, no nos pagaban, no nos daban de comer; de todo lo malo, imagínese lo peor”, dice Maritza.

A lo largo de su vida, ha vivido situaciones que, luego de callar, han terminado repitiéndose. En EU, un día finalmente pensó: “Esto no es normal”. “Yo sabía que iba a una chinga y a una friega, pero que por lo menos me la iban a pagar en 800 dólares a la semana… Hubo veces en que no pagaban; yo, a pesar de no haber tenido experiencia de lleno en el campo, me convertí en una de las mejores empacadoras y sembradoras”, cuenta. 

Cuando tomó la decisión de ir al trabajo temporal en EU, fue porque las oportunidades laborales en su entidad eran muy mal remuneradas. La posibilidad de hacer un trabajo pesado pero transitar de pesos mexicanos a dólares fue una de sus principales motivaciones, pero la experiencia terminó definitivamente con cualquier ánimo de volver. De regreso en Veracruz, ahora se dedica a su hogar y al comercio.

“Llegamos a renunciar también, para que nos regresaran a México, y no nos aceptó la renuncia, nos dijo que no. Entonces, ya prácticamente a partir de ahí si ya estabas esclavizada, date por enterada que realmente estás en esas condiciones. Cuando una amiga me dijo que tenía un número (para denunciar), me acordé que estando en Matamoros, un señor me dio unos trípticos y me dijo que llevara un diario de todo lo que viviera, y eso hice. Cuando me decido a hablar, con miedo, es porque ya no aguantaba la situación”, relata Maritza. 

Aunque inicialmente esa llamada quedó en un número de folio, después se convirtió en la queja que aún está a la espera de alguna respuesta. El documento describe que a las mujeres no se les provee igualdad de oportunidades para solicitar visas de trabajo temporal H-2 y son generalmente excluidas de los programas H-2A y H-2B. Mientras que las mujeres representan el 32% del personal agrícola en EU, solo alcanzan un 3% de las visas H2A.

“La exclusión y discriminación son componentes estructurales de estos programas, arraigados en las preferencias de los empleadores, prácticas discriminatorias en el reclutamiento y contratación desproporcional. Las pocas mujeres que son admitidas en los programas H-2 son con frecuencia admitidas únicamente al programa H-2B, que no cuenta con prestaciones de vivienda gratuita o servicios legales financiados con fondos federales”, denuncia la queja.

Desde 2016, el Centro de los Derechos del Migrante, a partir de la documentación de años de discriminación hacia mujeres migrantes en programas de trabajo temporal —que se extiende a todas las industrias y tipos de visa— había presentado una queja en el marco del TLCAN. Por mucho tiempo no hubo respuesta, sino hasta un día antes de que entrara en vigor el T-MEC, y era solo un reporte que afirmaba que el gobierno estadounidense contaba con medidas para protegerlas de la discriminación.

Ese fue el impulso para presentar la queja que hoy sigue vigente. A diferencia del tratado anterior, ahora el tema laboral está incorporado dentro del T-MEC, y se menciona explícitamente la protección de personas trabajadoras migrantes y los derechos de las mujeres. Su importancia radica en que es un antecedente para establecer que el tema se está tratando con la seriedad con la que ambos gobiernos han prometido que se va a tratar, explica Evy Peña, directora de campañas del CDM.

Los hijos sepultados en el campo que no se cuentan

De vuelta en el campo mexicano, además de las mismas y peores condiciones y carencias que viven en EU, las trabajadoras agrícolas se enfrentan también a la posibilidad de que sus hijos mueran por enfermedad o accidente. Los recientes casos de 11 menores de edad hospitalizados y siete fallecidos en la sindicatura de Juan José Ríos, en Guasave, son solo la cara más visible de un fenómeno que con frecuencia queda oculto. 

En Villa Unión, Mazatlán, los propios trabajadores han sabido de cuatro niños que fallecieron de enfermedades respiratorias o gastrointestinales, que solo se identifican por el vómito y la diarrea. Uno de ellos es el nieto de ‘Arturo’. Un día ya no pudo respirar bien. Según cuenta su abuelo, lo atendieron primero en Villa Unión y después lo llevaron a Mazatlán; más tarde, incluso a Culiacán. “No pudieron hacer nada”, lamenta.

‘Arturo’ lo llevó de regreso a Villa Unión —cuando no tenía dinero ni para trasladarlo—, solo para enfrentar el problema de encontrar un lugar para enterrarlo y poder asumir el costo. Llevarlo de regreso a Guerrero era un gasto aún más alto. Por menos de un metro, pagó cerca de 3 mil pesos para enterrarlo en Sinaloa, a unos kilómetros del cuarto que renta con ‘Carolina’ temporalmente. El bebé de siete meses falleció en febrero.

“Por la enfermedad y porque lo operaron, le pusieron la manguera aquí —señala su cuello— y le dieron una inyección de 24 horas para revivirlo; no pudieron y ahí se fue”, dice ‘Arturo’. Es el segundo bebé que se le muere a su hijo de 21 años: el año pasado, otro de apenas un mes falleció, por enfermedad, en un campo en Río Florido, Zacatecas, a donde también han ido a trabajar temporalmente.  

A finales de abril de este año, en la zona de El Dorado, a unos 30 minutos de Culiacán, en las viviendas que están en el interior de uno de los campos, una niña enfermó y falleció más tarde en el hospital. En ese mismo lugar, varios menores de edad han padecido diarrea y vómito —representantes de la empresa y trabajadores asumen que se trata de un rotavirus—, mientras que otra permanece hospitalizada. Ahí al menos hay seguro social.

En otros casos, aunque los niños supuestamente ya no trabajan, mueren en las conocidas como “cuarterías”, conjuntos de pequeños cuartos de dos por dos metros; en cada cuarto, una familia completa. La mayoría tiene apenas un colchón, algunos utensilios de cocina con una pequeña parrilla y, a veces, una televisión. De Guasave al Dorado y a Villa Unión, el problema es que están ubicadas fuera de los campos y pertenecen a particulares.  

 

Autoridades del trabajo en Culiacán han admitido que la falta de regulación y el vacío de responsabilidad son un problema para evitar el fallecimiento de niños. Hasta ahora, tampoco estas tienen atribuciones para tomar medidas en esos lugares de vivienda. Dicen tener la expectativa puesta en que un posible acuerdo previsto para los próximos meses entre los gobiernos de Guerrero y Sinaloa pueda cambiar los marcos regulatorios. 

Un lunes a finales de marzo, en Tlapa, corazón de la montaña guerrerense, Paulino Rodríguez Reyes habla sobre su labor de atención y acompañamiento a la población jornalera agrícola que migra de un estado a otro, y a otros países, en el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. Acaba de colgar una llamada con ‘Arturo’. Adelanta la historia del fallecimiento de su nieto y la imposibilidad de trasladarlo para sepultarlo en Tlapa, que él confirmaría después de viva voz en Sinaloa.  

Otro niño —dice— falleció también apenas un día antes de la conversación. En suma, de enero a marzo, Tlachinollan registró tres muertes infantiles. “Sobre todo ha estado sucediendo en esas zonas agrícolas, donde la familia llega a un lugar donde no hay guardería, albergue para las niñas y niños, tienen que rentar las casas particulares en malas condiciones, y tienen que llevar a sus hijas y a sus hijos a los surcos porque no hay dónde dejarlos; esa es una de las situaciones que hemos documentado que es constante”, señala. 

Hace un año, la organización también registró varios casos por homicidio en zonas agrícolas —principalmente donde se paga al día, con diferentes empleadores— de Baja California, Chihuahua, Zacatecas y Michoacán, donde además opera el crimen organizado. El Estado debería garantizar los derechos laborales y la seguridad, subraya Paulino; cuando no lo hace, los dueños de las empresas abusan y explotan a las familias jornaleras, y ofertan condiciones que, ya estando en el terreno, resultan distintas.

Nada habla más de la impunidad de años en el fallecimiento de menores de edad que la historia de don Cruz y Agustina, originarios de Ayotzinapa, municipio de Tlapa. Ahora de 68 y 61 años, respectivamente, trabajaron por más de 20 en el campo. Hoy viven de manera definitiva en una casa de dos niveles en su comunidad de origen. Están sentados uno a cada lado de la ventana en el segundo piso; Agustina teje sombreros de paja, mientras don Cruz recuerda de manera pausada la historia que marcó a su familia 16 años atrás.   

Cuando empezaron a migrar a Sinaloa, su hijo Silvestre apenas gateaba; ahora tiene 23 años. Comenzaron en el corte de tomate, pepino y chile morrón, principalmente. El 6 de enero de 2007 llevaban también a su hijo David, de nueve años. Andaba con ellos recolectando jitomate en los surcos, porque en ese tiempo, “si aguantaban el balde, le entraban al trabajo”. Tropezó y el chofer de un tractor lo atropelló y falleció ahí mismo.

Al principio, la solución de la empresa fue que la pareja regresara a sepultar a su hijo en su comunidad de origen, incluso los llevaron. Les ofrecieron regresar una vez que levantaran la cruz. Estuvieron poco más de una semana en Ayotzinapa despidiéndose del niño, fueron de nuevo a Sinaloa y la empresa los volvió a regresar.   

Después, aun con miedo, decidieron demandar. Por un tiempo, don Cruz siguió migrando, pero en otra empresa, la de “los chinos”, como se le conoce a Buen Año. Aquella donde ocurrió el accidente nunca reconoció los errores del chofer. Con el tiempo, don Cruz y Agustina llegaron a tener siete hijos, y cada vez era más difícil llevarlos a todos a la temporada agrícola. Tampoco había con quién dejarlos, así que ella decidió quedarse en su comunidad. 

A sus gemelos más pequeños, de 14 años, prefirió meterlos a la escuela para darles otras posibilidades lejos del campo. “Ahorita no saben qué es el trabajo a donde van los jornaleros, no saben porque no han ido. Ellos no saben cómo se trabaja allá, cómo está allá en Sinaloa, cómo se sufre o qué es lo que hacen en el campo. Ellos no saben, nunca han ido, están estudiando”, dice Agustina.

El resto de sus hijos sigue yendo a Guanajuato y Sinaloa, por temporadas o de manera más definitiva. “Yo quisiera que no fueran, pero la cosa es que aquí no hay trabajo; uno tiene hijos y para salir adelante tiene que ir a trabajar porque aquí no hay. Ellos todavía tienen valor, y ganas, y están bien sanos”, dice Agustina. A ella y a su esposo, además, ya no los aceptarían por la edad.

En Ayotzinapa, siembran para su propia familia, pero no ganan nada. En tiempos más secos, Agustina teje los sombreros, pero advierte que no salen dos docenas por día, sino una o dos unidades. En su casa viven mejor. Uno de los aspectos que más recuerdan del campo es el hacinamiento de las familias en las viviendas. De la demanda, nunca supieron nada más. La empresa primero ofreció dinero, pero lo que ellos querían era el reconocimiento y la sanción de los hechos. 

Agustina le dice ahora a sus hijos gemelos: “Ustedes estudien, porque no creas que vas a ir allá (al campo) y no vas a trabajar, allá vas a sufrir porque desde temprano, a las 4:00 de la mañana, te tienes que levantar, y a estas horas no tienes tu salida, hasta las 7:00, 8:00 de la noche apenas, sol a sol. Ahora para que vayas y vengas, ya es noche; allá tienes que trabajar para que tengas, allá se sufre más, ustedes sabrán”. 

 

Para Margarita Nemesio, del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG), esas historias de vida marcan, pero también reflejan la fuerza de las mujeres al tomar decisiones como la de Agustina: “Ahora ellos son los que toman la batuta, de alguna manera moderada, en su comunidad… Es muy importante cómo se construye el tejido a partir de esas decisiones, pero también de vivencias que les han hecho enfrentar cosas que a veces son impensables, y que marcan, sobre todo cuando la justicia nunca les llegó”.

Las mujeres que viven dificultades y violencias en el campo, cargando además con las tareas de cuidado y la búsqueda de justicia, lo hacen en un contexto general en el que los programas sociales destinados a este sector benefician a pocos trabajadores agrícolas —y a muchas menos cuando se trata de ellas—, las autoridades no verifican las condiciones laborales de las empresas y el abandono de sus comunidades de origen se perpetúa desde hace décadas.  

 

Una muerte materna detonó el paro de labores en Hospital del Niño y la Madre Indígena en Tlapa

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Tlachinollan

Chilpancingo

 

Al cumplirse tres días el paro laboral de médicos, enfermeras y personal administrativo del Hospital del Niño y la Madre Indígena de Tlapa, los líderes de este movimiento denunciaron que su inconformidad la detonó la muerte de una mujer que no pudo ser trasladada a Chilpancingo por falta de ambulancia, luego de tener un parto.

El pasado seis de mayo, Mariana Andrés Toribio, de 16 años, originaria de la comunidad de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa, fue atendida de un parto en el hospital de Tlapa y aun cuando el bebé nació bien de salud, tuvo complicaciones graves, y requería ser trasladada de manera urgente al Hospital General de Chilpancingo, pero la ambulancia que tienen está en mal estado.

“Hay una ambulancia que desde hace un año y medio estamos diciéndole a las autoridades estatales que está en malas condiciones, pero no nos hacen ningún caso”, dijo una enfermera de este hospital que pidió mantener su nombre en anonimato.

Mariana Andrés murió dentro de la unidad. Una trabajadora atribuyó esta situación al mal estado de la ambulancia.

También denunció que han enviado oficios a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, haciéndole una reseña de todas las carencias en el Hospital del Niño y la Madre de Tlapa, pero siguen sin recibir respuesta.

“En el quirófano no hay aire acondicionado, además de que se carece de insumos en el hospital”, comentó.

En el paro de labores participan 300 trabajadores del hospital, quienes también exigen la destitución de la directora de este nosocomio, Lorenza Jiménez Villanueva, a quien señalan de ser incapaz de gestionar mejoras en la infraestructura del nosocomio y en la situación laboral de la base trabajadora.

En un anuncio que los trabajadores colocaron en la entrada del hospital piden a la ciudadanía su comprensión por la falta atención médica. Sólo atienden servicios de urgencias médicas.

Este Hospital del Niño y la Madre Indígena da atención a las mujeres embarazadas de los 19 municipios de la región de la Montaña.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que la muerte de Mariana Andrés por falta de atención médica no es el único caso del hospital.

“Ahí (en el Hospital) son sumamente negligentes, al grado que han acaecido muchas muertes de mujeres embarazadas que pueden haberse evitado”, planteó Tlachinollan en un artículo difundido hace algunos días.

Reportó que Mariana Andrés era jornalera agrícola, y empezó con los dolores de parto el 5 de mayo y sus familiares la llevaron al centro de salud de su comunidad, Santa María Tonaya.

El médico que la atendió le diagnóstico un grave problema de desnutrición y la envío al Hospital del Niño y la Madre Indígena de Tlapa, donde parió pero, al final, se agravó.

“Una ambulancia que iba a trasladar a Mariana al Hospital de Chilpancingo se quedó parada una hora y, aunque se habló de que estaba en disposición otra ambulancia, Mariana murió”, publicó Tlachinollan.

 

Homero, un maestro que enseña desde la precariedad en plena capital de Guerrero

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

En medio de un aula de madera, techo de lámina y unas ventanas improvisadas, Homero Guerrero de Jesús imparte clases a 25 niños de entre tres y seis años en el Jardín de Niños Emiliano Zapata, ubicado en la Comunidad Indígena Emperador Cuauhtémoc de Chilpancingo.

Homero es egresado de la Normal Rural Raul Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y desde que se graduó, en 2005, imparte clases en comunidades alejadas y de condiciones adversas por el abandono institucional.

Comenzó en su labor docente en la comunidad de Jicayán de Tovar, municipio Tlacoachistlahuaca, en la Costa Chica de Guerrero.

Ahí estuvo siete años, donde las condiciones no eran muy distintas a las que hay en el Jardín de Niños Emiliano Zapata, aun cuando éste se ubica en la capital del estado.

Aulas de madera con techo de lámina, mobiliario donado y un solo maestro que al mismo tiempo es el director de la escuela, porque la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no envía más personal.

Después de Jicayán de Tovar fue enviado a Apango, en la región Centro, donde permaneció otros siete años.

Hace tres años, en medio de la pandemia de Covid-19, Homero llegó al Jardín de Niños Emiliano Zapata donde las condiciones, dijo, son muy parecidas a las que enfrentó en los planteles de las comunidades alejadas donde estuvo antes.

“Aquí tenemos niños amuzgos, mixtecos, nahuas que migraron y que necesitan educación”, contó Homero en entrevista.

En el Jardín Emiliano Zapata sólo hay un aula de madera, y afuera un techado donde él y los estudiantes se resguardan de la lluvia y el sol; este mismo espacio funciona como galera para reuniones y eventos de los habitantes de la comunidad.

El jardín de niños existe desde hace 17 años y no cuenta con una clave propia, es un anexo de un otro jardín ubicado en la comunidad de Atliaca, municipio de Tixtla.

“Como anexo necesitamos de otro jardín de niños que nos facilite la clave para subir a los niños a la plataforma y sus documentos puedan tener validez”.

Al no tener una clave propia, el Jardín Emiliano Zapata no puede acceder a infraestructura, presupuesto o más maestros, “por lo que hacemos lo que podemos con lo que tenemos”.

Uno de los principales problemas de este jardín es que el terreno donde se ubica está en litigio porque un particular asegura que es de él, entonces, la SEG no puede emitir clave mientras no resuelvan el conflicto.

“En estas condiciones, sin infraestructura es como estamos trabajando, por la misma situación que no hay un terreno ya fijo; cuando ya se otorgue este espacio haremos las gestiones pertinentes para todo el mejoramiento del espacio”, comentó en entrevista el maestro.

Con 17 años de servicio, Homero tiene métodos de enseñanza diferentes que adecua al contexto de sus alumnos.

Homero cuenta que al ser un solo grupo tiene que dividir el trabajo, al ser niños de edades diferentes necesitan actividades diferentes, pero al estar juntos se las ingenia para apoyarlos a todos.

«Ahorita con la practicante es más fácil, pero cuando estoy solo, pues, uno tiene que resolver, y trato de dividir el trabajo a las necesidades de cada uno».

El maestro también entiende el contexto de la comunidad y de los niños y niñas, el horario es del jardín es de nueve a 11:30 de la mañana.

De acuerdo al reglamento la hora de salida tendría que ser a las 12:30, pero después de pláticas con las madres de familia entendió y accedió a reducir el horario.

Esto porque a muchas madres se les complica llevarle el almuerzo a sus hijos e hijas y acordaron reducir una hora de clases y eliminar el receso para que los niños salgan a una hora adecuada para almorzar en sus hogares.

“Nuestro compromiso como maestros es echarle, pues, ganas para que nuestros niños sean competitivos en todos los contextos”.

Es 12 de mayo pasado, en la galera afuera del único salón de clases realizaban el festejo del Día de las Madres, el cual “no queremos que sean como en otros lugares, que el baile o la fiesta, si no una convivencia real de la mamá con el niño”.

En lugar de un baile, concurso o festejo como se acostumbra, Homero decidió reunir las madres con sus hijos en una convivencia que poco se da en el Jardín de Niños.

Primero, Homero dio una conferencia dirigida a las madres en la que habló sobre la importancia de la educación para sus hijos y cómo pueden acompañarlos en su proceso de enseñanza.

Después impartió una clase como cualquier otra, en la que madre e hijo trabajaron en equipo. «Las mamás puedan ver en qué fallan sus hijos, en qué son buenos y cómo se comportan, porque muchas veces aquí en el aula son de una manera y en su casa otra».

Al final las madres, hijos, hijas, maestro y practicante disfrutaron de unos tacos, refresco y un poco de música.

“Lejos de hacer un festejo tradicional, con bailes y todo eso, nosotros quisimos hacerlo como una mañana de trabajo donde la mamá se siente con el niño y las madres se den cuenta cuáles son las dificultades de sus hijas e hijos”.

Escuelas en la capital, sin condiciones dignas para la enseñanza

Casos como el del Jardín de Niños Emiliano Zapata son comunes en la capital de Guerrero: escuelas sin una infraestructura adecuada para los alumnos, donde los maestros resuelven de acuerdo a sus posibilidades.

Uno de esos casos es el de la Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda, en la que más de 200 alumnos reciben clases dentro de remolques acondicionados como aulas provisionales, porque el gobierno estatal no les garantiza la construcción de un inmueble.

Desde el 2013, el inmueble de esta primaria, ubicada en entonces en la colonia San Rafael, presentó afectaciones por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, con el paso del tiempo, en 2019, los temblores terminaron por convertirla en inhabitable.

Con la pandemia de Covid 19 y las clases virtuales, en 2020 y 2021, los alumnos tomaron sus clases desde casa, pero al reactivarse las clases presenciales del nuevo ciclo escolar, a mediados del 2021, los 400 alumnos matriculados no tenían dónde recibirlas.

La solución que halló la SEG fue improvisar seis aulas en bases de camiones de carga, que instaló en un rincón del Centro Deportivo de la colonia Galeana.

Desde esas angostas aulas, con el calor de abril y mayo, los maestros tratan de no perder el ánimo, mientras enfrentan una lucha porque su plantel sea reubicado y reconstruido.

Miguel Ángel Ventura Ramos, maestro en dicha escuela, contó las dificultades para impartir clases en una situación así. “Esto es una travesía que pone en riesgo a los alumnos, porque no es un espacio vigilado, nosotros ponemos todo de nuestra parte, pero en ocasiones es muy difícil laborar en una situación así”.

Aun así los maestros, directivos y padres de familia atienden a los grupos.

Durante un recorrido que realizó Amapola, periodismo transgresor por algunas escuelas de Chilpancingo constató de las deficiencias de otras escuelas.

Casos como el de la Escuela Primaria Bilingüe Conectalli, ubicada a pocos metros del Palacio de Gobierno, donde despacha la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda, no está en condiciones para que los alumnos reciban clases.

Esta primaria no tiene barda perimetral; una malla y pequeños postes de aluminio divide la calle con la escuela.

Desde afuera se puede observar que sólo dos aulas y los baños fueron construidas con ladrillo y techo de concreto. Las otras cuatro son de madera, techo de lámina y sin protección: no tienen puertas ni ventanas, es sólo un gran cuadrado donde cualquier persona puede ver y escuchar qué sucede adentro.

El viernes que se realizó el recorrido, no hubo clases en la primaria; se trató de contactar a la directora, pero no contestó.

Estos sólo son tres centros educativos ubicados en la capital de Guerrero, algunos en zonas marginadas, otros no, que son muestra de condiciones inapropiadas para que estudiantes de nivel básico reciban clases.

Por viáticos y equipo para combatir incendios paran labores trabajadores del Protección Civil estatal

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Esta mañana, agremiados al Sindicato Estatal de Trabajadores Protección Civil de Guerrero (SETPC-Gro) iniciaron un paro de labores para exigir al gobierno del estado el pago de viáticos, equipo para combatir incendios forestales y la destitución de un funcionario.

Los trabajadores fueron citados a las diez de la mañana de hoy para comenzar el paro laboral a nivel estatal.
Minutos antes de la hora programada, fuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, los sindicalizados realizaron un mitin donde expusieron sus demandas y dieron por comenzada la huelga.

El secretario general del SETPC-Gro, Ángel Martínez Reyes, informó que la demanda es el pago de viáticos a 372 bomberos, y a otro grupo de trabajadores que tienen incapacidad laboral.

También pidieron el respeto a un minuta de acuerdos que firmó el Sindicato con el titular de la dependencia, Roberto Arroyo Matus, el 31 de mayo del 2022, en donde existía el compromiso de basificaciones, bono de riesgos y equipo para incendios forestales.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de enero a abril, en Guerrero, ocurrieron 153 incendios forestales, de los cuales cuatro están activos.

Aun con este panorama, los trabajadores operativos de Protección Civil trabajan sin que las autoridades les otorguen equipos para combatir los incendios.

En Chilpancingo, el pasado 21 de marzo, durante un incendio en las cercanías de la ciudad, una unidad se quemó al ser alcanzada por las llamas.

Los trabajadores informaron en Acapulco, un camión de bomberos que les fue entregado en diciembre pasado, se quemó cuando trabajaban para apagar un incendio de pastizales en el poblado Plan de los Amates.

Los sindicalizados reconocieron que el equipo con el que cuentan los trabajadores es insuficiente, por lo que piden a la brevedad les entreguen más equipo para combatir incendios.

«Sabemos que es una obligación de la Secretaría y, pues, no han llegado los overoles, los rastrillos, machetes, y el día de ayer hicieron de nuestro conocimiento que el pedido ya se hizo y estamos esperando a ver cuándo llega el material que se requiere ahora que ya comenzó la temporada», mencionó el líder sindical.

Por esos motivos exigen a Arroyo Matus el pago de viáticos, entrega de uniformes y el cese del director de Finanzas de la dependencia, Francisco Víctor Parra Ríos, por incumplir las minutas firmadas.

A la una de la tarde les programaron una reunión con el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, para dialogar sobre el tema.

El paro es a nivel estatal, pero los trabajadores aseguraron que hay guardias para atender cualquier emergencia.

 

Jornaleros agrícolas acusan a gobierno de Guerrero de cancelar apoyos

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Tlachinollan

Chilpancingo

Jornaleros agrícolas de la región de la Montaña denunciaron que desde hace más de un año el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda les canceló el presupuesto que destinaban para la compra de los víveres que les daban cuando viajaban a los estados del norte del país a trabajar en los campos agrícolas.

El jornalero Miguel Martínez contó que en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo había un presupuesto de 300,000 pesos para la compra de los insumos, en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero bajó a 250,000 pesos, y en el de Héctor Astudillo a 50,000; en este gobierno sólo desapareció.

«Con ese dinero se compran sacos de arroz, frijol y otros productos que se utilizan como una despensa que nos llevamos para cocinar durante los primeros tres días de estancia en los campos agrícolas», dijo el jornalero.

Durante una conferencia de prensa en las instalaciones de la Unidad de Servicios Integrales (USI) en Tlapa, que transmitieron en un en vivo por Facebook, los jornaleros, junto con el responsable del Área de Migración del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes, pidieron al gobierno instale la comisión interinstitucional para que vigile que las empresas que contratan a los jornaleros no violen sus derechos humanos en materia de salud, laboral y de educación.

«Nos dice el gobierno que no tiene dinero para regresarnos ese apoyo, pero bien que hay presupuesto para que el senador Félix Salgado Macedonio (padre Evelyn Salgado) le hayan hecho tres fiestas en un solo día por su cumpleaños; una en Iguala, otra en Chilpancingo y en Acapulco», comentó Miguel Martínez Peralta.

«El gobierno sabe que allá en los campos agrícolas donde nos contratan nos explotan vilmente, pero incluso somos las mujeres las que sufrimos más, porque aparte de que trabajamos, cocinamos, lavamos y le damos de comer a nuestra familia», comentó la jornalera Hermelinda Santiago Ríos.

Denunció que en los campos agrícolas las empresas que los contratan no los alojan en una vivienda digna, carecen de atención a su salud y sus hijos tampoco tienen acceso a la educación.

«Somos vilmente explotados y el gobierno de Guerrero lo sabe, pero no hace nada para ayudarnos; nos vamos a trabajar en esas condiciones porque aquí en la región de la Montaña el gobierno no hace nada para crear fuentes de empleo», agregó la jornalera.

De acuerdo con Tlachinollan cada año migran unos 15,000 jornaleras de los municipios de la Montaña.

«Allá en los lugares donde vamos a trabajar muchas de nosotras sufrimos acoso sexual e incluso agresiones sexuales», dijo Martina Ramírez Domínguez.

Los jornaleros mencionaron que en el 2018, cuando ganó la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, pensaron que las condiciones de la Montaña iban a cambiar para bien de sus habitantes que, muchos de ellos, viven en alta marginación.

«Pero no ha pasado nada porque seguimos trasladándonos al norte del país para que nos exploten las empresas», dijo Martina.

El jornalero Miguel Martínez dijo que eso también ceyeron cuando Morena se quedó con la gubernatura en Guerrero, «pero resultó peor, porque ya nos quitaron el presupuesto para la dotación del frijol, arroz y otros productos para nuestras despensas que nos llevamos en el viaje hacia los campos agrícolas».

El abogdo Paulino Rodríguez Reyes denunció que en febrero pasado dos menores de edad de la comunidad de Tonayán, municipio de Tlapa, murieron por desnutrición en unas galeras de un campo agrícola de Mazatlán, Sinaloa, donde laboraban sus padres.

En el 2022, informó también, seis jornaleros agrícolas de diversas comunidades de la Montaña fueron asesinados a balazos en distintos lugares y hechos en los estados de Baja California y Sinaloa.

Sin seguro médico, viáticos y pagos atrasados laboran los trabajadores de contrato del Bienestar 

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía:

13 de marzo del 2023

Chilpancingo 

 

 

Trabajadores de la delegación del programa de becas Benito Juárez en Guerrero trabajan sin seguro de vida, viáticos insuficientes y vehículos en mal estado, lo denunciaron ellos durante una protesta hoy para exigir que les garantizaran sus derechos labores.

Los trabajadores llevan más de un mes en paro para exigir vehículos nuevos para trabajar, porque, explicaron, los que tienen están en malas condiciones y ponen en riesgo su vida porque deben ir a las comunidades a realizar los pagos de las becas.

También piden un seguro de vida porque todo el tiempo están en campo y en comunidades alejadas, muchas de ellas violentas, denunció la representante de los trabajadores, Felícitas Martínez Guzmán.

«Por el paro que comenzó el pasado 7 de febrero ya fueron despedidos cinco compañeros, por los que ahora pedimos su reinstalación», mencionó Martínez Guzmán.

También piden la destitución del coordinador del programa en la capital, Clemente Gerardo López Román y del delegado federal, Iván Hernández Díaz.

Martínez Guzmán agregó que ellos como trabajadores de contrato cobran un salario mensual de 8,000 pesos y viáticos de 200 pesos, «lo cual es insuficiente, porque los Servidores de la Nación cobran 14,000 mensuales».

«Cada trabajador es contratado por dos meses para laborar en la Coordinación, no contamos con las prestaciones de ley como el derecho a la basificación, seguro de vida, médico y respeto el horario laboral de ocho horas», denunció.

Por dichas irregularidades, los trabajadores marcharon esta tarde para exigir al delegado Hernández Díaz les resuelva sus demandas.

La marcha fue respaldada por integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) que encabeza Nicolás Chávez Adame, asesor de la Secretaría General de Gobierno.

La movilización de unos 100 manifestantes inició en el parque Margarita Maza de Juárez, al norte de Chilpancingo; hicieron una parada en la Coordinación del Programa Becas Benito Juárez, sobre la avenida Insurgentes.

Ahí, los manifestantes quemaron un monigote del delegado del programa, Clemente Gerardo López Román.

Posteriormente avanzaron hacía el sur con dirección a las oficinas centrales de la Secretaría del Bienestar, delegación Guerrero.

En la secretaría quemaron dos monigotes, uno con el rostro de Hernández Díaz y otro con el de López Román.

Durante la marcha llevaron un ataúd en representación de la la muerte del joven y trabajador de contrato del Bienestar, Palemón García Ávila.

El movimiento de los trabajadores comenzó el pasado 7 de febrero, porque cinco trabajadores que regresaban de una entrega de apoyos, a bordo de una camioneta de la institución, en la carretera federal Iguala-Teloloapan, a la altura del poblado de Ahuehuepan, sufrieron una volcadura.

De los cinco que viajaban, cuatro resultaron lesionados y uno de ellos, García Ávila, falleció y hasta la fecha los directores del Bienestar, tanto a nivel estatal y federal, no pagan la indemnización ni gastos funerales a la familia.

Tampoco cubrieron los gastos médicos de los otros cuatro heridos en el accidente, de acuerdo con Martínez Guzmán.

Durante la marcha, los inconformes exigieron un alto a la represión y discriminación contra los trabajadores por parte de los funcionarios federales, así como la reinstalación de sus compañeros, a quienes les retuvieron el salario por manifestarse por exigir prestaciones laborales y justicia laboral.

A más de un mes de comenzar el paro laboral, Martínez Guzmán denunció que ninguna autoridad ni federal ni estatal les resuelve.

 

Tras amenazas y un diálogo con Félix Salgado, sindicalizados liberan edificio del Congreso

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Facebook Trabajadores del Congreso del Estado Sentimientos de la Nación / Archivo

Chilpancingo

 

Después de que anoche fueron amenazados con armas de fuego por sujetos desconocidos y ayer lograron un diálogo con el senador y padre de la gobenadora, Félix Salgado Macedonio, los integrantes del Sindicato Sentimientos de la Nación, del Congreso local, liberaron este mediodía el edificio del Poder Legislativo.

De acuerdo por lo relatado por el secretario general del Sindicato Sentimientos de la Nación, Fernando Martínez Román, entre las once y doce de la noche de ayer, una camioneta negra llegó al plantón que mantienen los sindicalizados, desde donde unas personas les gritaron “ya quiten su chingadera y, posteriormente, se escuchó que cortaron cartucho”.

Es así que hoy los sindicalizados acordaron liberar las instalaciones que cerraron ayer, pero buscan tener una reunión más tarde con autoridades del Congreso local.

“Nos vamos no por las intimidaciones, nos vamos porque el día de ayer el senador Félix Salgado Macedonio se ofreció a ser intermediario entre nuestro movimiento y la Jucopo”, aclaró Martínez Román.

Después de siete días que estuvieron en plantón afuera del Congreso local y uno de que cerraron por completo el inmueble, se retiraron.

El movimiento, impulsado por el Sindicato Sentimientos de la Nación, resurgió el viernes de la semana pasada, cuando se confirmó el despido de dos trabajadores; un chofer y otra trabajadora que participaron en el bloqueo de seis días a las puertas de acceso del Congreso, el pasado 14 de febrero. Lo sindicalizados que calificaron el despido de sus compañeros como una represalia.

El miércoles pasado se supo de la retención del salario de Martínez Román, también por esa razón volvieron a cerrar el edificio, además de las vialidades aledañas.

El jueves 2 de marzo, el área administrativa del Congreso local informó el despido del dirigente sindical, bajo el argumento de que de manera recurrente se ausentaba de su centro de trabajo, sin contar con permisos de la comisión sindical.

Al escuchar el ruido de las supuestas armas y los gritos de los desconocidos, los trabajadores que estaban en el plantón se lanzaron al piso para mantener a salvo sus vidas, contó Martínez Román.

La primera reunión la tendrán la tarde de este viernes y esperan que junto a Salgado Macedonio esté la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.

La petición principal será la recontratación de los trabajadores despedidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sindicalizados del Congreso cierran las instalaciones del inmueble para presionar por una audiencia

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Esta mañana trabajadores agremiados al Sindicato Sentimientos de la Nación, del Congreso local, cerraron con cadenas y candados las entradas principales del Poder Legislativo porque, dijeron, la administración se negó a reinstalar a dos trabajadores despedidos.

Esta es la segunda vez que los trabajadores de este sindicato mantienen un movimiento de protesta. El despido de sus compañeros, dijeron, sería en presión por sus protestas anteriores.

Los manifestantes criticaron la actitud de los diputados locales, quienes «vienen y nos dicen que están con nosotros, pero la realidad es que no han hecho nada para resolver nuestras demandas», denunció el secretario general del Sindicato, Fernando Martínez Román.

Hace seis días que los trabajadores comenzaron un plantón en la avenida Trébol, frente a las instalaciones del Congreso local, y desde las seis de la mañana cerraron con candado y cadenas las entradas las entrada principal del inmueble legislatuvo para impedir el ingreso al personal y a los visitantes.

Hasta ayer la manifestación era sólo en la avenida, es decir, permitían el acceso a todos.

La mañana de este jueves los trabajadores, respaldados por otros sindicatos tomaron las instalaciones, como una forma de intensificar sus acciones de protesta.

En el inmueble también colocaron dos lonas con las leyendas «Congreso Represor» y «Libertad Sindical».

En la imagen, Ramón Núñez Campos, uno de los tres trabajador despedidos, afuera de las instalaciones del Congreso local.

Los trabajadores demandan la reinstalación de dos de sus compañeros que de manera injustificada, denunciaron, fueron despedidos por participar en la la toma del Congreso local el pasado 8 de febrero pasado.

Ante la ausencia de una solución, el grupo de manifestantes que desde el pasado viernes mantienen bloqueada la avenida Trébol Sur, impidieron la entrada a las instalaciones.

“Lejos de dar una respuesta, las autoridades mandaron a un notario público con el propósito de intentar intimidar y amedrentar a compañeros y compañeras”, dijo Martínez Román.

Mencionó que continuarán con acciones más «radicales» para «hacer valer los derechos laborales a través de la movilización social, ya que por ninguna otra vía hemos tenido una solución por parte de las autoridades de la LXIII Legislatura».

Denunció que a él ya le retuvieron el salario de la segunda quincena de febrero y hay 25 actas administrativas levantadas en contra de integrantes del sindicato Sentimientos de la Nación.

Los trabajadores exhortaron a la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, y los demás diputados que conforman dicho órgano de gobierno del Poder Legislativo, a instalar una nueva mesa de diálogo para evitar que el movimiento se complique.

Despiden al líder sindical por «incumplimiento de responsabilidades», informan directivos del Congreso

Horas más tardes de que dieran a conocer la toma de las instalaciones del Congreso, el secretario de Servicios Financieros y Administrativos del Poder Legislativo, Andrés Orozco Pintos y la subdirectora de Recursos Humanos, Juanita Avilés Rodríguez, informaron que el Martínez Román fue «despedido del trabajo que desempeñaba» el pasado 28 de febrero.

Esto, explicaron los funcionarios, se debió por el levantamiento de una serie de actas administrativas por «incumplimiento de sus responsabilidades».

Orozco Pintos explicó que el despido de Martínez Román no es un acto de hostigamiento laboral contra el sindicato que representa, «más bien, se trata de una acción generada por el desacato a la ejecución de sus tareas laborales y por falta de confianza en las funciones que tenía, nosotros estamos actuando conforme a derecho».

Sobre los otros dos trabajadores despedidos, Avilés Rodríguez dijo que hubo actas administrativas reportadas por sus jefes directos, quienes solicitaron por oficio que fueran puestos a disposición, pero al no contar con plazas fueron separados de sus cargos automáticamente.

Agregaron que ya notificaron de la toma del Congreso al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pues, sostienen, el movimiento que impulsan este grupo de sindicalizados es ilegal, porque no hubo un emplazamiento a huelga.

El sindicato ya adelantó que intensificarán sus acciones.

Despiden a dos sindicalizados que participaron en el bloqueo del Congreso local hace dos semanas 

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Óscar Guerrero 

24 de febrero del 2023

Chilpancingo 

 

Agremiados al Sindicato Sentimientos de la Nación, del Congreso local, denunciaron el despido injustificado de dos de sus compañeros que participaron en la toma de las instalaciones del recinto legislativo, el pasado 8 de febrero.

Se trata de Ramón Núñez Campos y Alondra Reza, el primero se desempeñaba hasta ayer como chofer del transporte de personal y la segunda estaba adscrita al área de Recursos Materiales.

“Me llamaron a una oficina y la licenciada Juanita Avilez (jefa de Recursos Humanos), el día de ayer me dijo sabe que están despedidos, se acabó su trabajo y le vamos a dar su liquidación”, dijo Núñez Campos.

Agregó que hoy se presentó a checar su entrada ya no estaba en el sistema, “pero yo voy a seguir viniendo porque no he hecho nada malo”.

Por tal motivo, alrededor de unos 50 agremiados del Sindicato Sentimientos de la Nación bloquearon desde las 12:30 horas la avenida Trébol Sur, en la entrada principal del Congreso local.

El secretario general de dicho sindicato, Fernando Martínez Román, consideró que estos despidos fueron una represalia por las protestas que hicieron a principios de febrero.

El 8 de febrero los sindicalizados tomaron el edificio del Congreso e impidieron la entrada a los trabajadores por seis días, hasta que acordaron una mesa de diálogo con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la morenista Yoloczin Domínguez Serna.

El líder sindical advirtió que el bloqueo seguiría hasta que se efectuara la reinstalación de los dos trabajadores.

Las instalaciones del Congreso local no están tomadas, y trabajadores y visitantes pueden ingresar a la sede del Poder Legislativo.

“Queremos denunciar a la opinión pública que derivado del movimiento sindical se configuró la represión, hay dos compañeros suspendidos y el hostigamiento no ha parado”, insistió Martínez Román.

Agregó que las mesas de trabajo que acordaron con la presidenta de la Jucopo, derivado de la tomas de las instalaciones fueron pospuestas y hoy amanecieron con la noticia de sus agremiados suspendidos.

Hasta las siete de la tarde el bloqueo continuaba.

Protestan trabajadores de la FGE por despidos injustificados y contra “la militarización” de la dependencia

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Trabajadores administrativos, ministerios públicos y policías ministeriales protestaron esta mañana en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir el cese de los despidos injustificados y la entrada de personal militar traído por la titular, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

Juan Rivera Altamirano, representante de la Asociación de Agentes del Ministerio Públicos, Policías y Peritos (AAMPPP), denunció en la manifestación el despido injustificado de 100 trabajadores.

Advirtió que hay otros 150 procesos en contra de trabajadores que podrían ser despedidos.

“Ella (Valdovinos Salmerón) está despidiendo a todo el que piensa diferente, a los que denuncian que las cosas se están haciendo mal, lo mandan a llamar a y entre seis agentes los obligan a firmar su renuncia”, denunció.

Para quienes se quedan también hay medidas, otro de los manifestantes, cubierto del rostro por temor a represalias, denunció que les han bajado de rango o los han enviado a otras regiones “como castigo”.

“Los compañeros que eran ministerios públicos con mucha trayectoria son cambiados a trabajadores administrativos, les bajan el sueldo y los mandan a Tierra Caliente o a la Sierra sin equipo, armamento y sin asegurarles el bono de riesgo”, agregó.

Los trabajadores también protestaron por los nombramientos que hace Valdovinos Salmerón a militares como vicefiscales, directores y jefes de área.

“A nosotros nos dice que no nos puede aumentar el bono de riesgo y pagar el seguro de vida a compañeros que fallecieron en su labor porque argumenta que no hay dinero, pero tiene a sus amigos militares cobrando sueldos de 30,000, 40,000, 50,000 y hasta 60,000 por no hacer nada”.

Durante la manifestación realizaron un pequeño mitin en la entrada principal de la FGE, donde pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda intervenir y “poner atención a Valdovinos Salmerón, por no representar a la 4T”.

También solicitaron al Congreso del estado llame a comparecer a la fiscal para explicar los despidos injustificados.

“Cómo es posible que venga a Guerrero a justificar una limpia de corrupción, si ella no respeta la Constitución (…). Se nos violenta el inicio de presunción de inocencia. Se ha violado un acuerdo de que no habría más despidos injustificados”, dijo Rivera Altamirano.

En el mitin denunciaron que la militarización en el país es una realidad y para muestra expusieron lo que pasa en la Fiscalía, ta invadida por militares.

Los alrededor de 100 manifestantes, después del mitin en la FGE, marcharon en el encauzamiento del río Huacapa, con dirección al Palacio de Gobierno.

Ahí realizaron otro mitin donde dijeron que ya no hay diálogo con Valdovinos Salmerón y por esa razón pidieron la intervención de otras instancias, después se retiraron.

 

Por falta de prestaciones y seguridad social trabajadores del Bienestar paran labores en el estado

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Trabajadores de contrato de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez mantienen tomadas sus oficinas en ocho municipios para exigir al estado y a la federación prestaciones laborales y seguridad social que no han recibido en cuatro años que existe esta coordinación.

Los más de 200 trabajadores de todo el estado exigen seguro de vida y médico, viáticos, contratos de trabajo más largos y aumento de sueldo.

«Somos la clase trabajadora más desprotegida y más olvidada, nosotros no tenemos las prestaciones de ley, por eso estamos aquí hoy. Nos mandan a campo en vehículos viejos y sin gasolina y con 200 pesos para cubrir gastos de hospedaje y comida, y terminamos poniendo de nuestra bolsa para realizar el trabajo», contó la representante de los trabajadores, Felícitas Martínez Guzmán.

El movimiento de los trabajadores comenzó el pasado 7 de febrero, porque cinco trabajadores que regresaban de una entrega de apoyos, a bordo de una camioneta de la institución, en la carretera federal Iguala-Teloloapan, a la altura del poblado de Ahuehuepan, sufrieron una volcadura.

De los cinco que viajaban, cuatro resultaron lesionados y uno de ellos, Jesús Palemón García Ávila, falleció y hasta la fecha los directores del Bienestar, tanto a nivel estatal y federal, no pagan la indemnización ni gastos funerales a la familia.

Tampoco cubrieron los gastos médicos de los otros cuatro heridos en el accidente, de acuerdo con Martínez Guzmán.

Por estos hechos, el día de ayer, los trabajadores tomaron sus oficinas llamadas Sede Auxiliar de Representación Estatal 1203 (SAER 1203), ubicadas en el barrio de San Francisco, para exigir a las autoridades federales que indemnicen a la familia de su compañero García Ávila y repongan los gastos médicos de sus otros compañeros.

“La Coordinación Nacional se ha limitado a difundir una esquela donde envía condolencias a la familia de nuestro compañero y se ha deslindado del pago de sus prestaciones de ley, ya estamos cansados de tanta injusticia laboral».

Además del pago de indemnización para García Ávila, los trabajadores exigieron al gobierno federal el pago de prestaciones, reconocimiento de antigüedad, basificación, viáticos anticipados y justos, pago de horas extras y días festivos y un sueldo quincenal.

«Pareciera que nosotros como trabajadores de contrato de la Coordinación Nacional de Becas somos discriminados, pues, no tenemos un pago quincenal como el de los Servidores de la Nación, a pesar de que realizamos el mismo trabajo en campo», dijo Martínez Guzmán.

Los trabajadores también exigieron se les otorguen vehículos nuevos, porque, explicaron, los que tienen están en malas condiciones y ponen en riesgo la vida de los trabajadores que acuden a las comunidades a realizar los pagos de los apoyos.

Agregó que cobran un salario mensual de 8,000 pesos y viáticos de 200 pesos, «lo cual es insuficiente, porque los Servidores de la Nación cobran 14,000 mensuales».

«Cada trabajador es contratado por dos meses para laborar en la Coordinación, no contamos con las prestaciones de ley como el derecho a la basificación, seguro de vida, médico y respeto el horario laboral de 8 horas», explicó Martínez Guzmán.

Los trabajadores exigen una audiencia con el director de la Coordinación Nacional del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Abraham Vázquez Piceno, para plantearles sus demandas y advirtieron que continuarán las movilizaciones en caso de no tener un respuesta favorable.

Ya existe una mesa de trabajo con la Delegación del Bienestar estatal, peronl, dijeron, solo les han ofrecido el seguro médico, por lo que decidieron continuar el paro.

Además de Chilpancingo, el paro también está en las sedes de Iguala, Ciudad Altamirano, Tixtla, Tlapa, Acapulco, Zihuatanejo y Ometepec.

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