Amenazan con cortar suministro de agua a Chilpancingo sino hay solución a trabajadores de Capach

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) que llevan ocho días en paro de labores, amenazaron con suspender el suministro de agua a la ciudad si la alcaldesa, Norma Otilia Hernández Martínez, no soluciona sus demandas.

Los trabajadores de Capach, agremiados a la Sección XXXII del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), están en paro desde el martes de la semana pasada y exigen el pago de quincenas atrasadas y prima vacacional.

«Si no hay respuesta resolutiva o no se comprometen tenemos que tomar acciones y radicalizarlas si es necesario, si tenemos que suspender los servicios de bombeo de agua a la ciudad, pues lo tenemos que hacer», mencionó el secretario general de la Sección XXXII, Gaudencio Atrisco Campos.

La exigencia de los trabajadores, además de las quincenas atrasadas y la prima vacacional, es el pago retroactivo desde el mes de enero, bono del servidor público, apoyo por defunción, despensas y seguro de vida.

Atrisco Campos explicó que son concientes de la situación económica de Capach por lo que solo piden, en un primer momento y para levantar el paro de labores, el pago total de las quincenas atrasadas y la prima vacacional de este año.

«Para lo demás estamos dispuestos a negociarlo con más tiempo, pero de momento si pedimos una solución real», mencionó Atrisco Campos.

La deuda de Capach a los trabajadores asciende a 10 millones de pesos, pero lo que se necesita para que levanten la huelga son tres millones.

De acuerdo con Atrisco Campos la unica solución que ofrece el Ayuntamiento capitalino es un pago semanal de 300,000 pesos para pagarle a un trabajador al día.

«Somo 194, se van a llevar un año en acabar de pagarnos, y eso no es un planteamiento resolutivo», dijo.

Los trabajadores esperan en las próximas horas una reunión con autoridades municipales para llegar a acuerdos.

El paro de labores se realiza en las oficinas de Capach. El inmueble no está tomado, por lo que si hay labores de personal de confianza.

Deudas a Capach

Otro de los problemas de Capach es que usuarios adeudan más de 165 millones en recibos de agua desde hace más de 25 años, informó el director de la dependencia, Enrique Carbajal Neri.

De acuerdo con Carbajal Neri, desde la semana pasada, el problema de la falta de pagos y prestaciones a los trabajadores aumentó ante la falta de solvencia económica de la paramunicipal.

En suma, son 165 millones 500 mil 711 pesos lo que se acumula en deudas.

Precisó que 20,932 usuarios deben 104 millones 412 mil 697 pesos.

En segundo lugar de esa lista aparecen 453 usuarios que se dedican a la renta de inmuebles, quienes adeudan 11 millones 173 mil 260 pesos.

Entre los deudores también hay oficinas del gobierno estatal, que suman 14 millones 798 mil 265 pesos.

En el listado se encuentran accesorias, pozolerías, cocinas económicas, restaurantes, tortillerías, bancos, escuelas y hospitales.

 

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Trabajadores de Capach protestan por adeudo de pago

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) protestaron para exigir el pago de salarios y prestaciones que les adeudan desde el 2020.

Los trabajadores agremiados a la sección XXXII del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) marcharon por las principales calles de la ciudad.

Exigieron el pago de la prima vacacional, retroactivo desde el mes de enero, bono del servicio público, tres quincenas atrasadas (del 1 al 31 de agosto y del 1 al 15 de septiembre de 2021) despensas y el seguro de vida.

Gaudencio Atrisco Campos, secretario general de la sección XXXII, dijo que no hay voluntad de la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez para resolver las demandas de pago a los trabajadores.

“Lo único que nos dice es que no hay dinero, que nos esperemos, ajá, pero y luego nosotros que comemos”, mencionó.

De acuerdo con Atrisco Campos, a 150 trabajadores les adeudan los pagos y prestaciones, la cantidad asciende a 10 millones de pesos.

También denunció que dos trabajadores murieron por Covid-19 y a los familiares nunca les entregaron el apoyo por defunción y que desde la llegada de Hernández Martínez al Ayuntamiento solo pagó completamente dos quincenas, todas las demás solo pagó porcentajes.

Denunciaron que en las mesas de trabajo el primer síndico de Chilpancingo, Andrei Marmolejo Valle, se retira a mitad de las reuniones sin motivos y sin voluntad de resolver.

Atrisco Campos dijo que la única solución que les ofrece la alcaldesa es declarar en banca rota a la Capach y pasar a la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) el problema.

“Se quiere deslindar del problema, no nos quiere pagar, pero ella desde que era diputada sabía del problema y nos ofrecía mil soluciones, cómo ya no está en campaña ya no le importa”, se quejó Atrisco Campos.

La protesta comenzó en las oficinas de Capach, ubicadas en el barrio de San Mateo, a las 9:40 de la mañana y recorrió las principales calles de la ciudad.

A las 10 de la mañana la protesta se detuvo en la entrada del Ayuntamiento para pedir una audiencia con Hernández Martínez.

Durante la protesta se suscitó un temblor, lo que generó confusión en los trabajadores del ayuntamiento porque estaba bloqueada la entrada.

“¡Está temblando¡ ¿Por qué? ¡Porque la Capach está presente¡ Sólo le dimos un sacudón al Ayuntamiento y si no hay solución mañana será más fuerte”, mencionó uno de los oradores mientras sucedió el temblor.

Durante la manifestación gritaron consignas contra Hernández Martínez.

“Aquí y allá, Norma nunca está” , “Otilia celebrando, Capach protestando”.

La manifestación terminó en el Congreso local donde los manifestantes fueron recibidos por la secretaria general del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, quien les informó que se reunirán con los diputados locales para plantear la situación.

 

Vencer la violencia política contra mujeres afrodescendientes, el nuevo reto ante tardío reconocimiento de sus derechos

Activistas discuten en convesatorio la deuda de espacios públicos para ellas


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oficial 

Chilpancingo

 

Es insuficiente la participación política de mujeres afrodescendientes en los espacios públicos en México, por el tardío reconocimiento de sus derechos, fue una de las reflexiones en el Conversatorio, reflexiones, avances y retos de derechos políticos y electorales de las mujeres afromexicanas, organizado por el Congreso del Estado y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (Iepcgro).

Durante el foro, realizado en el Instituto de Estudios Paralamentarios Eduardo Neri, en Chilpancingo, participó Marina Martha López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien expuso que uno de los retos es garantizar la participación política de las mujeres afromexicanas a ser votadas.

“Es necesario que todas las instituciones generemos espacios para que las mujeres afromexicanas participen de manera especifica y acabar con la violencia política en razón de género por discriminación, etnia y sexo”.

Gema Tabares Merino, activista de Afrocaracolas, una colectiva en pro de los derechos de las mujeres afrodecensdientes, fue otra de las participantes en el foro, mencionó que uno de los problemas es la invisibilización sistemática hacia la población afromexicana.

Para ampliar su planteamiento comentó que el Comité para Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) expuso su preocupación por el número y rango de puestos ocupados por personas afromexicanas, que son menores; exhortó al gobierno mexicano para tomar medidas efectivas para asegurar la participación política de las personas afromexicanas, especialmente de las mujeres.

Recordó también que en 2018 el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) mencionó por primera vez a las mujeres afromexicanas a través de una recomendación para que el gobierno mexicano les garantizara su participación política.

Uno dato destacado durante el conversatorio fue que en América Latina 200 millones de personas se asumen como afrodescendientes, quienes enfrentan condiciones dispares en la participación política.

“Se deja la misma carga política a un pueblo que históricamente ha sido racializado y discriminado y a uno que ya tiene avances y antecedentes en materia de derechos político electorales”, comentó Tabares Merino.

“Eso representa una desventaja en la incorporación de nuestras demandas en las instituciones, debido al tardío reconocimiento”, agregó.

Sobre la violencia política contra las mujeres comentaron que se desconocen cifras reales porque muchas veces los casos no son denunciados.

Las ponentes coincidieron en exigir a los actores políticos no usurpar la identidad afromexicana, porque ocurre con frecuencia. “Cuando se vienen los tiempos electorales todos tienen algún pariente afromexicano y muchas veces sólo ponen a personas por cumplir el requisito”, insistió Tabares Merino.

Al final coincidieron en crear un agenda de trabajo que esperan empujen políticas públicas en beneficio de las mujeres afromexicanas para mejorar sus condiciones de vida.

 

Denuncian nepotismo en el Hospital General de Chilpancingo

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

Chilpancingo

 

Personal de enfermería del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón denunció a la jefa de enfermeras por malos tratos hacía el personal y por no cumplir con el perfil para el puesto.

Una trabajadora del Hospital General quien pidió se omitiera su nombre, para evitar alguna represalia, denunció a la jefa de enfermeras, Tania Serna Maciel, por actos de prepotencia y por obtener su puesto a través de la diputada local morenista, Yoloczin Domínguez Serna.

«Se siente protegida de la 4T y dice que primero despiden al director del hospital antes que a ella», comentó la persona que denunció.

Agregó que Serna Maciel no cumple el perfil para el puesto ya que no cuenta con título ni cédula profesional.

La persona que denunció explicó que para ser jefa de enfermera uno de los requisitos es tener maestría y Serna Maciel solo cuenta con una carrera técnica.

«Nosotros ya buscamos y ella (Serna Maciel) no aparece, por lo que no cumple con los requisitos».

Serna Maciel, de acuerdo con la denuncia, se toma atribuciones que no le corresponden a su puesto, y contaron que en ocasiones intenta dar órdenes a los médicos, a los camilleros y los amenaza con hacer cambios de adscripciones.

Otro punto que denunciaron acerca de Serna Maciel fue que no puede con la responsabilidad del puesto.

«No puede gestionar el personal, nos iban a mandar 26 enfermeras del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y por ella ya no llegaron, sabiendo que aquí nos hace falta mucho personal».

Una de las deficiencias con las que cuenta el Hospital General es la falta de personal, al ser un hospital regional, las 800 enfermeras son insuficientes para atender a los hospitalizados.

Los trabajadores, a través de una carta anónima, pidieron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y de la secretaria de Salud, Aide Ibares Castro, para que intervengan y destituyan a Serna Maciel.

«El Hospital General necesita jefes y personal que responda a las necesidades de prestar un mejor servicio. No queremos jefes improvisados que ni siquiera saben cuáles son sus funciones», se lee en la carta dirigida a la mandataria estatal.

 

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Integrantes de la GN se quejan de falta de condiciones para desactivar protestas en Autopista del Sol

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Redes

Palo Blanco

 

–¿A poco sí duermen en el suelo?, –pregunta a los reporteros un agente de la Guardia Nacional (GN) de la sección Caminos sobre sus compañeros que están en el campamento de la caseta de Palo Blanco por encargo de mandos superiores para desactivar las protestas de los movimientos sociales.

–Sí, claro, ¿a poco usted duerme en un hotel?, –le contesta uno de los reporteros.

–No, qué va, dormimos frente al Crea (Unidad Deportiva Chilpancingo), –revira el agente, quien se refiere al edificio de la desaparecida Policía de Caminos, ubicada en la avenida de La Juventud, en la zona sur de Chilpancingo.

El tema del que hablan es el de los agentes instalados a unos metros de la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol. Los guardias denunciaron a través de las redes sociales las malas condiciones en que duermen en su campamento.

En el pavimento del lugar, cercano a la caseta, todavía hay regados clavos que se desprendieron de los petardos de la refriega entre policías estatales y normalistas de Ayotzinapa del viernes 4 de febrero pasado.

Después de ese enfrentamiento en el que una de las demandas principales de los normalistas fue la presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos en Iguala, el gobierno federal y el gobierno estatal pusieron en marcha la operación policial Caseta Segura, que en realidad es una acción para evitar que grupos sociales la tomen.

Dicha operación consiste (que se instaló en las tres casetas de la autopista que están Guerrero: Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta) en que decenas de elementos de la GN y policías estatales permanecerán en ese lugar día y noche.

En el caso de la caseta de Palo Blanco escogieron un lugar cercano para que los elementos de la GN descansen y realicen sus necesidades fisiológicas.

A cinco meses de que se puso en marcha esta operación, los agentes federales empezaron a denunciar las malas condiciones en que está su campamento.

“Todos compramos casas de campaña porque si no lo hacemos estamos expuestos a mordeduras de alacranes, tarántulas y ratones y, además, aquí dormimos en el piso”, se escucha decir a un agente en un audio que compartieron por WhatsApp y que después difundieron por otras redes sociales.

El sitio donde los agentes tienen su campamento está a un costado de la caseta. Un grupo de policías estatales también se protege del sol y de la lluvia; amarraron una manta de los troncos de dos pequeños árboles.

Son las doce del día y los agentes estatales (tres hombres y una mujer) apenas desayunan.

Al fondo donde están los policías estatales hay una gran lona que cubre las casas de campaña donde duermen los agentes de la GN.

De la base salió un mando de la GN que se identificó como teniente Renato y ordena a sus subordinados que pregunten el nombre de cada uno de los reporteros que cubrían esta información y su número de teléfono celular.

En un aparente tono amable, el mando militar les dijo a los periodistas que para dar alguna declaración ellos debían tener la autorización de sus superiores.

Quien se identificó como teniente Renato se paseó por el lugar y se le vio por un largo rato llamar por teléfono. Luego le dijo a los reporteros que lo esperaran.

El miércoles pasado por la noche, los agentes de este campamento subieron a las redes sociales fotografías y videos del lugar donde duermen. En mensajes denunciaron que la comida que les daban era antihigiénica, y que carecían de baños limpios; utilizan sanitarios portátiles. Denunciaron que no hay agua suficiente y que tardan días sin bañarse.

En julio del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha un cuartel de la GN en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, cerca de la comunidad de Petaquillas.

Hace siete días, otro grupo de agentes que tienen sus operaciones de seguridad en Acapulco denunciaron, también a través de las redes sociales, que en el lugar donde viven, el sótano del edificio inteligente ubicado en la avenida costera Miguel Alemán, carece de literas, comedores y baños.

La alcaldesa morenista del puerto, Abelina López Rodríguez, dijo que su gobierno siguen sin adquirir un terreno para que construyan un cuartel para la GN.

Agentes de la GN asignados a Acapulco denunciaron que el gobierno dispuso como cuartel un sótano, el del edificio del C-5 dispuesto para las oficinas de la Secretaría de Salud federal. En las redes sociales circula un video donde se escucha la voz de un elemento denunciando las malas condiciones del lugar donde descansan cuando están de francos.

En ese mismo inmueble a veces despacha el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, por la decisión del presidente Andrés López Obrador de que las secretarías estén en los estados. La administración estala de Guerrero ofreció a la federación ese inmueble.

“Como pueden ver es una situación muy denigrante, ya que no contamos con literas para descansar, no tenemos un espacio digno para injerir nuestros alimentos, tampoco área de los baños para el aseo personal y realizar nuestras necesidades fisiológicas”, dice un agente en el video.

El agente hace un paseo del lugar y se ven varias filas de cubetas donde cae el agua de lluvia que se filtra por el techo del edificio. También a decenas de agentes que duermen en el suelo encima de colchonetas.

“Aquí nos tienen día y noche sin poder descansar y nos mantienen encerrados exigiendo una ardua labor”, comenta.

Denunció también que les prometieron descansar de dos a tres meses, pero que sólo les dan de dos a tres días. “No se cumple con esos principios de que en la Guardia Nacional haya un vínculo familiar”.

Desde noviembre del 2021, después de la llegada a la gubernatura de la morenista Evelyn Salgado Pineda, el gobierno federal envió más elementos del Ejército, Marina y GN, a municipios como Acapulco y Chilpancingo, por la inseguridad medida con los homicidios dolosos.

Hace dos semanas llegaron a Chilpancingo 300 elementos de la GN, y el lunes 10 de julio otros más a Acapulco.

 

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Despido de trabajadoras expone la violencia institucional contra mujeres de refugio de víctimas

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: OscarGuerrero

Chilpancingo

Tres trabajadoras del Refugio para Mujeres Víctimas de la Violencia en Chilpancingo fueron despedidas por la directora Susana Castro Meza, a quien acusaron de cometer malos tratos contra las trabajadoras y las mujeres que acuden al lugar a refugiarse por vivir violencia en sus hogares.

Las trabajadoras despedidas, llamadas Perla, Ana Luisa y Ema, denunciaron que las mujeres refugiadas sufren gritos e insultos de parte de la directora, además que a sus hijos los obliga a realizar la limpieza de las áreas comunes, como mover sus literas, y derivado de eso un menor presentó dolores y requirió atención médica.

“Se supone que aquí protegemos a las mujeres que sufren violencia extrema, pero la realidad es que aquí vienen a sufrir violencia institucional de parte de la directora”, dijo una de ellas en conferencia de prensa.

Las tres ex trabajadoras informaron que el viernes 15 de julio pasado las despidieron sin mayores explicaciones. “Yo estaba dando acompañamiento en un hospital a una usuaria y de la nada el chofer me dice que tengo que regresar al refugio para que me notificaran de mi despido. No les importó dejar sola a la usuaria”, dijo una de ellas

Este refugio funciona con recurso federal de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim), pero desde hace un año no reciben presupuesto y han pagado los salarios de los trabajadores con recursos de la administración estatal.

Las mujeres despedidas son dos enfermeras y una psicóloga que piden la intervención de la Conavim y de la Secretaría de la Mujer en Guerrero para que evalúen su situación laboral y, sobre todo, la de los malos tratos a las víctimas en el lugar.

Las tres denunciaron que a la directora poco le importa la historia de violencia que han vivido las mujeres refugiadas.

Por la supuesta falta de recursos, las trabajadoras realizaron sus funciones sin pago durante tres meses, como es el caso de las tres mujeres despedidas. “Todo por ayudar a las usuarias que sabemos necesitan nuestro apoyo”, comentó una de ellas.

Con el argumento de la falta de recursos, en el Refugio no hay traslados para las usuarias cuando alguna requiere atención médica, de acuerdo con las trabajadoras despedidas, ellas asumían los gastos.

Denunciaron que en febrero que asumió la nueva directora comenzaron los malos tratos a las trabajadoras y a las usuarias. “Al principio Castro Meza se comportó de manera amable con las trabajadoras y las víctimas, pero tiempo después de asumir el cargo cambio su actitud y ahora ejerce violencia contra las víctimas”, contó una de ellas.

Actualmente en el Refugio hay ocho familias en resguardo, 26 personas en total, entre mujeres, madres y sus hijos menores de edad que huyeron de su hogar por sufrir algún tipo de violencia.

Después de su despedido, dijeron, las tres mujeres intentaron comunicarse con la secretaria de la Mujer, Violeta Pino, quien se limitó a decirles que estaba enterada del caso sin ofrecerles una solución.

También comentaron que acudieron con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para exponerle su situación y la de las mujeres refugiadas; aseguraron que le plantearon que si no se liberan presupuesto para el refugio éste puede desaparecer. Ella saben que desde abril de este año la Conavim no ha liberado recursos para este refugio.

La Red Nacional de Refugios (RNR) denunció que de los 75 refugios que hay en el país sólo siete recibieron recursos para su sostenimiento.

 

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Paran labores brigadistas de Conafor por falta de unidades y equipo

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

En plena temporada de incendios que se registran en Guerrero, brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) iniciaron este miércoles un paro de labores porque sus patrullas están en malas condiciones mecánicas además no les han entregado uniformes y herramientas.

Se trata de 22 brigadistas de la región centro y Atoyac de Álvarez que se instalaron en plantón afuera de las oficinas de la Conafor que están en el interior de las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

A unos metros donde está la protesta de los trabajadores permanecen las patrullas contra incendios forestales estacionadas.

“Desde enero de este año cuando empezaba la temporada de incendios se le enviaron oficios a la dirección general de la Conafor pidiéndole que se repararan las unidades pero no han dado ninguna respuesta”, afirmó Juan Manuel Cervantes, secretario de conflictos de la Sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Dijo que aquí en Guerrero a nivel local la directora de la Conafor no les resuelve nada y es por eso que solicitan que de manera directa resuelva sus peticiones la dirección general de esta dependencia federal.

Señaló que a este grupo de brigadistas de la Sección 22 les corresponde atacar los incendios forestales que se registren en la zona centro del municipio de Chilpancingo y en Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande.

Sin embargo dijo que los incendios que sigan activos en estas dos zonas de Guerrero seguramente los está combatiendo otras brigadas, la del Ejército y Protección Civil del estado y de los municipios. En el pliego de demandas que plantearon los brigadistas es la entrega puntual de gasolina para las patrullas.

«El otra vez los compañeros brigadistas se quedaron varados en una patrulla a media carretera porque la unidad se quedó sin combustible y ellos tuvieron que poner de su bolsa para pagar la gasolina», dijo. Los brigadistas también piden herramientas, entre las cuáles machetes, rastrillos y radios GPS. El dirigente sindical denunció que varias trabajadoras de la Conafor Guerrero sufren violencia de género. Los brigadistas dijeron que van a seguir con su protesta en caso de que no les den una solución a sus peticiones. Según el dirigente sindical hasta este martes se tenía el registro de 18 incendios forestales activos en Guerrero.

Policías se manifiestan frente a Palacio para exigir uniformes, seguro de vida y diálogo con Evelyn

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilapancingo

 

Un grupo de agentes de la Policía Estatal se manifestaron este martes frente al Palacio de Gobierno para exigir cambio de su jornada laboral, seguro de vida, uniformes y pago de bono de riesgo.

«Muchos compañeros que han muerto en cumplimiento de su deber o por el Covid-19 a sus familiares no les han pagado el seguro de vida ni siquiera el pago de gastos funerarios, no solo de este gobierno sino desde el anterior de Héctor Astudillo», dijo una mujer policía estatal.

Los agentes se concentraron frente al Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para exponerle sus demandas.

Piden que su jornada laboral sea de cinco días de trabajo por cinco de descanso.

«Nosotros también tenemos vida, necesitamos estar con nuestras familias para relajarnos», señaló la mujer policía quien reveló que recientemente sufrió una parálisis facial.

«El médico que me atendió me dijo que esto que me pasó es por el estrés», dijo la agente.

Cifras de la Secretaría de Seguridad Pública estatal señalan que se tiene una plantilla de cinco mil policías estatales.

El grupo de agentes que se manifestó frente al Palacio pertenecen a la región centro del estado.

Los agentes estatales aclararon que eligieron este martes para realizar su manifestación porque es su día de descanso.

«Nosotros no estamos haciendo ningún paro laboral, es nuestro día de descanso y lo aprovechamos para hacerle la petición de audiencia a la gobernadora», dijo un un agente.

Durante la conferencia de prensa que ofrecieron a los reporteros, los policías estatales denunciaron que hasta esta fecha no han recibido uniformes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. «Ya casi estamos en junio y ya están las lluvias y nosotros no tenemos uniformes nuevos», reclamó un agente.

Denunciaron que tampoco les han otorgado el bono de riesgo que es de 2 mil pesos mensuales. «El gobierno de Astudillo anunció este bono de riesgo pero nunca no los dieron y estamos pidiendo que nos los den», expresó.

Durante la protesta llegaron varios funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, entre ellos, Raúl Suárez Martínez. Otro agente de Gobernación se dedicó a grabar a los agentes y a los reporteros que cubrían la nota. «Nosotros lo que queremos es de que nos escuche la gobernadora porque seguro estamos de que todo lo que nos pasa ella no sabe nada», comentó un agente. Los policías estatales pedían entregar un oficio a la Secretaría

Particular de la oficina de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. En el documento, los agentes le piden a la mandataria estatal una audiencia para platicar con ella y exponerle la problemática.

Contaron que en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo su seguro de vida era de un millón 200 mil pesos. Pero que con el gobierno de Héctor Astudillo se les informó que bajó a 700 mil pesos, pero que no saben si realmente es efectivo ese pago porque ningún seguro se ha pagado.

«Muchos compañeros murieron durante una balacera o por Covid-19 y sus familiares siguen sin recibir el pago del seguro», dijo una agente.

 

Mueren 120 maestro por Covid en Guerrero y el gobierno no paga los seguros de vida

Texto: Amapola Periodismo 

Fotografía: Oscar Guerrero

11 de mayo del 2022

Chilpancingo

 

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) protestaron en las oficinas de la Dirección de Personal de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) para exigir el pago de seguros de vida a 120 maestros que durante el 2020 y 2021 murieron por Covid-19.

Los familiares de los mentores que fallecieron a causa de ese virus tampoco han recibido el pago de marcha (gastos funerarios) que es de 20 mil pesos.

El grupo de profesores encabezados por Víctor Bartolo de la Cruz, de la comisión política de la CETEG, señaló que son 360 mil pesos lo que cada familiar de un maestro fallecido por el Covid-19 es el que debe de recibir.

Los profesores se manifestaron afuera de las oficinas del director de Personal de la SEG, Julio Alejandro Lucas Secundino con quien tenían una platica.

El pago del seguro de vida se les debe a los deudos de los 120 profesores fallecidos es desde la administración del ex gobernador Héctor Astudillo Flores.

Durante las pláticas que han tenido con la actual administración estatal que encabeza la morenista Evelyn Salgado el principal argumento que les dicen para no pagar ese seguro de vida es de que esos recursos los debió de haber pagado el anterior gobierno.

«El gobierno sabe que las deudas son institucionales y deben de pagarlas», dijo Víctor Bartolo de la Cruz.

El profesor Víctor Bartolo señaló que después del fallecimiento de los 120 mentores sus familiares se quedaron sin el sustento económico.

Una de las propuestas que desde hace meses está en la mesa de negociaciones entre la CETEG y la SEG es de que a los hijos de los profesores que hayan muerto por Covid-19 se les herede la plaza.

En la anterior administración hubo casos de que se otorgaron las claves de profesores muertos por el virus a funcionarios estatales.

«Lo que hicieron fue algo inaudito porque en vez de beneficiar a los hijos de los profesores fallecidos se les entregó la plaza a funcionarios», dijo Víctor Bartolo.

En la mesa de negociaciones que tienen con funcionarios de la SEG, la CETEG plantea 25 nombramientos de maestros y la construcción de un hospital del ISSSTE de tercer nivel en Chilpancingo.

Durante la pandemia del Covid-19, muchos maestros fallecieron por la falta de atención médica.

«En Guerrero tenemos dos hospitales del ISSSTE en donde no hay equipo ni tampoco medicamentos además de que estos dos edificios siguen colapsados derivado del sismo de septiembre del 2021», expresó el dirigente de la Coordinadora.

Después de que el gobierno de Guerrero acordó que el uso de cubrebocas es opcional en espacios cerrados y mantiene los aforos al cien por ciento en todos los lugares de diversión, en todas las escuelas del sector público regresaron a clases presenciales.

Pero este miércoles, personal directivo y maestros de la escuela primaria Nicolás Bravo, en la colonia Obrera de Chilpancingo, acordaron que los alumnos no regresen a clases debido a que el gobierno estatal no les entregó insumos de limpieza como sanitizante y pipas de agua.

En un comunicado, la dirección de la escuela y personal docente, señalaron que ante la falta de apoyo del gobierno decidieron pedir una cooperación económica a los padres de familia pero apenas se logró juntar un 40 por ciento para la compra de las pipas y los artículos de limpieza.

 

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Trabajadores cierran Fiscalía de Guerrero para denunciar malos tratos, despidos y retención de salarios

Hay la amenaza de que habrá más despidos y la dependencia no les pagará el bono de riesgo que les otorgan a los trabajadores. Actualmente un trabajador de la Fiscalía recibe un bono de riesgo de 4,000 pesos al mes


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

27 de abril del 2022

Chilapancingo

 

En protesta por los despidos, amenazas del retiro del bono de riesgo, trato déspota e intimidatorio, trabajadores sindicalizados y supernumerarios tomaron esta mañana la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Dirección General de Servicios Periciales.

Acompañados por la líder del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Adela Hernández Angelito, y la secretaria general de la Sección VII, Socorro Sánchez, los empleados cerraron los dos accesos de la FGE y de la Dirección de Servicios Periciales.

“Aquí en la Fiscalía se están corriendo a trabajadores bajo el argumento de que son corruptos y mañosos, sin comprobarles nada de esas acusaciones”, dijo Hernández Angelito.

Denunció que hay la amenaza de que habrá más despidos y la dependencia no les pagará el bono de riesgo que les otorgan a los trabajadores.

Actualmente un trabajador de la Fiscalía recibe un bono de riesgo de 4,000 pesos al mes.

La secretaria general de la Sección VII del SUSPEG, Socorro Sánchez dijo que recientemente la titular de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales fue obligada a renunciar y cuando pidió una explicación acudió a sus oficinas un grupo de hombres armados y encapuchados para sacarla.

Dijo que ese grupo de personas encapuchadas forman parte del personal de seguridad con que cuenta la fiscal, Sandra Luz Salmerón Valdovinos. “Los compañeros son hostigados e intimidados por funcionarios de la Fiscalía”, expresó.

Denunció otras violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, la retención de sus salarios y el trato déspota por parte de los funcionarios.

Poco después de las ocho de la mañana, los manifestantes tomaron la pluma del estacionamiento de las instalaciones de la Fiscalía y luego cerraron los dos accesos del inmueble.

Según la dirigente del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, en las Fiscalías regionales de Acapulco, Tlapa y Ometepec, los trabajadores también protestaron.

“Este es un paro de labores a nivel estatal porque no solamente los trabajadores de la Fiscalía están sufriendo agravios, son todos”, expresó Adela Hernández, quien junto con la líder de la Sección VII, Socorro Sánchez, entraron a las instalaciones de esta institución para iniciar un diálogo con el vicefiscal, Adolfo Herrera Martínez.

La fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, no llegó a las oficinas.

“Solamente una vez hemos platicado con la fiscal y esperamos que pronto nos atienda para resolver esta situación que afecta a los trabajadores”, expuso la líder del SUSPEG, Adela Hernández.

En febrero pasado la directora de Recursos Humanos, Marvilla Melo se peleó a golpes con la fiscal General del estado, Sandra Luz Valdovinos, después de que esta última le exigiera la firma de su renuncia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denuncian nepotismo y malos tratos en Hospital de Tixtla

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

6 de abril de 2022

Tixtla

Un grupo de trabajadores del Hospital de Tixtla protestó este miércoles contra su director, Jesús Castro Carbajal, a quien acusan de actuar de manera prepotente y de cobrar los servicios médicos a la población.

En la mañana, personal médico y administrativo del hospital ubicado en la avenida Vicente Guerrero, la delegada sindical, Diana Díaz Muñoz, denunció al director de no tener la capacidad de estar al frente de este nosocomio porque, según ella, además de que no reúne el perfil profesional incurre en presuntos actos de corrupción.

Puso como ejemplo el hecho de que ordena el cobro del servicio médico cuando éste debe de ser gratuito.

En la protesta, el grupo que encabeza Diana Díaz Muñoz cerró las oficinas donde despacha el director del hospital.

Los inconformes también denunciaron al funcionario de incumplir con los acuerdos que establece con el sindicato, uno de ellos que tiene que ver con los nombramientos.

“Este es un movimiento laboral, el señor (Castro Carbajal) no cumple los acuerdos con el sindicato y da nombramientos que no corresponden a lo acordado”, dijo Díaz Muñoz.

Expuso que desde octubre del 2021 que Castro Carbajal se hizo cargo del hospital, él nombró de forma irregular a la enfermera Lilia Carbajal como jefa de personal.

Los manifestantes pidieron que se instale una mesa de trabajo en la que esté presente la titular de la Secretaría de Salud, Aidé Ibarez Castro, donde piden nombrar de manera plural a la jefa de enfermería y de enseñanza.

La enfermera Yaneli Viridiana Hernández Díaz acusó a Castro Carbajal de violencia laboral y contó la forma en que son tratadas las trabajadoras del hospital.

“Cuando pedí permiso para una capacitación laboral, la jefa de enfermera, con ayuda del director, me cancelaron esos permisos y me acusaron con la jefa de personal a nivel regional, y cuando le fui a reclamar me recibió con palabras altisonantes”, comentó.

Mientras este grupo de trabajadores opositor al director del hospital se manifestaba hicieron su arribo varias trabajadoras que apoyan al funcionario.

Denunciaron que detrás de este movimiento contra el director del nosocomio está la dirigente de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTS), Beatriz Vélez Núñez.

La que encabezó este grupo fue la enfermera Gema Antúnez Juárez, quien aseguró que Díaz Muñoz y Vélez Núñez cometen arbitrariedades y nepotismo para favorecer a personas cercanas a ellas.

“La delegada sindical (Díaz Muñoz) en contubernio con Vélez Núñez nombran y adjudican bases para personas que no cumplen con el perfil y que incluso no tienen cédula profesional”, afirmó Antúnez Juárez, quien aseguró tener 25 años trabajando como enfermera en la Secretaría de Salud.

Defendió los nombramientos que ha realizado el director del Hospital de Tixtla, porque, dijo, tiene facultades legales para hacerlo.

«Lo que pasa es de que ellos (el grupo de la líder sindical Diana Muñoz) quiere seguir con los mismos privilegios y checar sin venir a trabajar», denunció Carmen Catalán Cruz, otra de las enfermeras que laboran en este hospital.

Las protestas que realizaron los dos grupos no afectó la atención médica, farmacia y archivo clínico que se brinda en este hospital.

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Empleadas del hogar: pierden su trabajo por pandemia, ahora se autoemplean para vivir

Texto: Beatriz García

Fotografía: Oscar Guerrero

30 de marzo de 2022

Chilpancingo

 

Aureliana Aguilar Mosso es originaria de El Epazote, municipio de Chilapa, tiene 59 años y 30 de éstos lleva empleándose en lavar ropa a mano. Durante la pandemia por la Covid-19, se quedó sin empleo junto a muchas de sus compañeras.

Aureliana es una de las 800 integrantes de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar, tras dos años de pandemia decidieron emprender para generar recursos económicos.

La Red de Mujeres Empleadas del Hogar, con sede en Chilpancingo, busca el respeto de los derechos laborales de estas 800 mujeres, pero también que los conozcan para evitar que sufran la explotación laboral.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Guerrero, hay 60,000 trabajadoras del hogar.

Desde hace siete años, Aureliana forma parte de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar. Una vez llegaron a Chilapa y le explicaron sus derechos para que no permitiera la explotación laboral.

A Aureliana le gustó la idea de organizarse con otras mujeres para buscar su bienestar. La red llegó en un momento oportuno: cuando más le estresaba su trabajo.

“Gracias a las compañeras que me invitaron, antes no platicaba con nadie, estaba estresada y aquí gracias a las compañeras que me invitaron, salgo”, manifestó.

Ahora, Aureliana trata de mantenerse activa en la red asistiendo a talleres y reuniones en Chilpancingo.

Aureliana perdió su empleo durante la pandemia. En estos meses, como muchas de su compañera, experimentó como se negaban a contratarlas cuando se enteraban que tenía un contagio de coronavirus, como cuando su hija se enfermó.

“Mi hija se me enfermó, ella trabaja en Iguala en un Tribunal, dice que le agarró el Covid, se vino a la casa, ni modo que le dijera que no, es mi hija. Sí nos afectó, si se dan cuenta que te dio la enfermedad no te dan el trabajo piensan que tú también tienes Covid, yo me quedaba callada, no decía nada”, explica la trabajadora.

Ante la pandemia, Aureliana y sus compañeras idearon emprender, para buscar cómo generar ingresos económicos y fue que buscaron apoyos económicos mediante convocatorias y así producir lo que saben hacer: pasta de mole, comida, postres, dulces, bordados. La producción la iniciaron el pasado 19 de marzo.

En el caso de Aureliana produjo pasta de mole, porque lo sabe hacer. Hizo equipo para producir mole con dos de sus compañeras, también de Chilapa: Olivia Bello Aguilar y Casilda Juárez Sánchez.

Las tres trabajadoras se han distribuido en su comunidad, en el trabajo de la hija de Aureliana en Iguala, con sus mismas compañeras. Las tres están motivadas para continuar emprendiendo y poco poco volver a reactivar su economía y su empleo en el lavado de ropa.

*

Desde hace 30 años, Aureliana se dedica a lavar ropa a mano, con eso junto con su esposo mantuvo a sus ocho hijos.

Empezó a lavar ropa por invitación de una amiga, que al mudarse le dejó a su cargo las lavadas de ropa de las clientas que ya tenía. Aurelina aceptó.

“Ahí empecé a sobresalir con mis hijos, los mantuve con la lavada, les di estudios como pude porque la licenciatura ya no, eso ya es otro dinero, nomás le di secundaria y prepa. Ahorita gracias a Dios entre mis hijos los más grandes apoyaron a los demás, son dos los que se prepararon”, cuenta.

En Chilapa, Aureliana asiste a lavaderos públicos, donde por 2 pesos lava el tiempo que desee y utiliza el agua que necesita.

Ella pone en costales la ropa que tiene que lavar y se traslada a los lavaderos públicos, ubicados en el barrio de San Antonio.

Al inicio, Aureliana lavó hasta 12 docenas de ropa al día. Poco a poco la conocieron más personas porque todos los días la veían cargando los bultos con ropa e identificaban que a eso se dedicaba y la contrataban.

Ahora que los hijos de Aureliana crecieron y ya no dependen de ella, no abandona su trabajo, aunque lava menos, unas siete docenas diarias.

Al principio lavaba en las casas de quienes la contrataban pero no le gustó, porque los lavaderos eran pequeños y eso le complicaba más el trabajo.

Todavía recuerda a cuánto cobraba la docena de ropa al principio: 8 pesos; actualmente a 45 pesos.

“Cada año le vamos subiendo, porque decimos que entre más sube y más suben de precio las cosas no nos alcanza, a luchas algunos sí van pagado”, dijo.

—¿A raíz de este trabajo que implica fuerza usted padece alguna enfermedad?

—Hasta ahorita gracias a Dios no, pero sí ya me empieza a doler mi riñón, pero no he ido al médico. Me dolían las rodillas pero como me estoy tomando un tecito se me quita, además ya no lavo igual.

Las empleadas del hogar no cuentan con prestaciones de ley, mucho menos, con seguro social, solo perciben el pago, como el caso de Aureliana, por el lavado de la ropa.

Apoyo insuficiente: la red

La coordinadora de Proyectos en la Red de Mujeres Empleadas del Hogar, Petra Hermillo Martínez expuso que la iniciativa de emprender surgió porque las trabajadoras del hogar fueron despedidas de sus trabajos y a otras más les dijeron que después les llamaban, pero desde hace dos años no les llaman.

Las trabajadoras han ido a sus antiguos empleos pero les dicen que no hay trabajo y es por ello que comenzaron a trabajar en la propuesta para autoemplearse.

“Es como empezamos a trabajar una propuesta, una idea, una convocatoria que sacó la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH). Nos aceptaron”, expresó.

El pasado 8 de marzo recibieron el dinero, a los equipos, de tres o cuatro integrantes, les tocó de entre 7,000 a 10,000 pesos para comenzar su negocio.

Petra Hermillo destacó que las mujeres sí necesitan más apoyo ante las consecuencias que viven por la pandemia y así puedan generar sus propios recursos económicos, la mayoría de las 800 de sus compañeras perdieron su empleo y pocas han regresado.

La representante destacó las carencias de las trabajadoras del hogar, principalmente el de no contar con seguridad social, además de la lucha constante de que el pago que perciban sea proporcional al trabajo que hacen.

El 12 de diciembre del 2012, entró en vigor del Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Trabajadoras del Hogar, que determina que los funcionarios de todos los niveles sin pretexto deben intervenir y hacer valer los derechos que desde hace décadas pelean las trabajadoras: seguridad social, salario digno, respeto y cero discriminación.

Petra Hermillo lamentó que la pandemia haya impidio accionar este convenio y exigir para que las autoridades lo cumplan, sin embargo, dice, ya es momento de retomarlo así como su lucha para hacer valer sus derechos como trabajadoras del hogar.

 

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