Ángel Aguirre Rivero: la invisibilidad política después de Ayotzinapa

Los nueve años transcurridos desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han invisibilizado al entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, quien en 2018 intentó infructuosamente ser diputado y que ahora sólo dirige una corriente dentro del PRD guerrerense.


Texto: Margena de la O

Fotografía: Oscar Guerrero

27 de septiembre, 2023

 

Ni Ángel Aguirre Rivero ni alguno de los actores del primer círculo de responsabilidades públicas en Guerrero, encargados de hacer las primeras investigaciones del caso Ayotzinapa hace nueve años, enfrentaron consecuencias penales, pero al menos sí vieron frenadas sus carreras políticas.

En la actualidad, son personajes que no han podido reinsertarse en el servicio público por la sombra de este caso, aún sin resolver.

Uno de los más visibles es el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien pidió licencia al cargo el 23 de octubre de 2014, a los 27 días de los hechos de Iguala. El ex priista y ex perredista sigue en una especie de congeladora. Uno de sus últimos comentarios a la prensa fue que pide con todas las fuerzas de su alma que resuelvan el caso de los normalistas de Ayotzinapa.

Después de ladesaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida al final del segundo año del peñismo, el ex gobernador hizo una pausa formal de casi tres años en su vida política. En realidad, no ha vuelto a funciones públicas mayores, sólo la de ser líder de una corriente interna del PRD en Guerrero, partido que lo llevó al poder.

El PRD, por su lado, que había ganado dos elecciones estatales consecutivas, en 2005 y 2011, se ha ido desdibujando desde la desaparición de los normalistas. Meses después de los hechos, perdió las elecciones de gobernador -en las que ganó el priista Héctor Astudillo-, se debilitó en el Congreso local, en las alcaldías y, en 2021, se alió con el PRI para enfrentar a Morena, pero no pudo impedir la victoria de Evelyn Salgado.

Aguirre intentó volver al servicio público y no lo dejaron. Para la elección de 2018 ya se presentaba como precandidato a diputado federal por el distrito 08, con sede en Costa Chica, Guerrero, de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), pero las madres y los padres de los 43 normalistas le recordaron que tenía una deuda pendiente.

En la prensa local quedó documentado el día en el que le frustraron su arranque de precampaña en el salón Ávila de la cabecera de Ayutla de los Libres. Era el 27 de diciembre de 2017. Un grupo de madres y padres de los 43 subió hasta el templete, donde dirigiría un discurso, para exigirle que les dijera dónde estaban sus hijos.

“Aguirre Rivero, señor, queremos que nos dé la cara, nosotros veníamos buscándolo a usted, que aporte toda la información que tenga para dar con el paradero de nuestros hijos. No vengo a confrontarme con sus seguidores, pero sí me importa que usted colabore y ayude a esclarecer los hechos porque eso es lo que importa”, le mencionó una de las madres, según la crónica de ese día del periódico El Sur, donde los simpatizantes del ex gobernador salieron en su defensa.

Después de esos reclamos, Aguirre abandonó su aspiración. “El día de mañana retiraré mi solicitud como precandidato a diputado federal de mayoría relativa por el distrito 08, con sede en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero”, escribió en Twitter (ahora X) el 7 de enero del 2018.

Desde entonces, se ha concentrado en sus funciones como una especie de “líder moral” de la Izquierda Progresista de Guerrero (IPG). En lo formal y en lo público Alberto Catalán Bastida es el dirigente estatal del PRD, considerado como un personaje cercano al exgobernador Aguirre.

Algunos actores dentro del PRD todavía le dan a Aguirre Rivero el peso de mover los hilos en el partido. Le atribuyeron que fraguó la alianza en 2021 con el PRI, que ubicó a Mario Moreno Arcos, otro de sus cercanos, pero del ala priista, como el candidato a gobernador por este frente, que perdió ante la actual gobernadora.

Otros, lo ubican ahora como un personaje político disminuido. Un ejemplo: en 2021 no pudo colocar a ningún regidor del PRD en el Cabildo de Ometepec, municipio de donde es originario que es considerado su mayor bastión.

Uno de sus compañeros de partido proporcionó otro dato interno: su corriente, el IPG, tampoco tuvo cuadros para presentar como propuestas a alcaldes en la elección pasada. De los 19 alcaldes actuales del PRD en Guerrero, sólo Tomás Hernández Palma, de San Marcos, pertenece a su corriente, pero porque el edil renunció a Nueva Mayoría (NM), corriente que lidera el perredista Evodio Velázquez Aguirre.

Aguirre “ahora no tiene base social”, comentó la fuente.

Lo que ha mantenido al ex gobernador vigente en la opinión pública durante estos años son sus artículos de opinión en El Sur, a nivel local, y Milenio, a nivel nacional. En ellos ha llegado a comentar algunos elementos del caso que atañe a la noche de Iguala, casi siempre en su defensa.

En una entrevista con reporteros en Chilpancingo, el domingo 17 de septiembre pasado, el ex gobernador informó que el Ejército le ocultó información de los hechos en Iguala, porque el comandante de la región militar le dijo que el 26 y 27 de septiembre de 2014 los estudiantes estaban en la Normal Rural y que se había inventado la desaparición. Esto lo expresó nueve años después.

El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en su última aparición pública. Acudió al panteón central de Chilpancingo por el aniversario luctuoso del ex mandatario estatal, Alejandro Cervantes Delgado, el 17 de septiembre pasado.

Los funcionarios de la primera fila de su gobierno

Quien se libró en 2022 de una orden de aprehensión porque un juez federal ordenó la cancelación, es el abogado Iñaki Blanco Cabrera, quien era el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado en 2014.

De estos servidores públicos, además de Blanco Cabrera, 16 son integrantes del Ejército, como el comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, coronel Rafael Hernández Nieto, y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, Lambertina Galeana Marín.

En últimas fechas, el exprocurador ha concedido entrevistas extensas a periodistas de la capital del país para dar detalles de lo que hizo al frente de la ex PGJE tras los hechos en Iguala.

En el programa Contra cara de Heraldo Televisión, en agosto pasado, expuso, entre otras cosas, que la Procuraduría a su cargo fue la primera instancia en investigar los hechos de Iguala, antes de que la investigación fuera atraída por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), como “desaparición forzada”, porque entonces ya sabían de la participación de los policías municipales de Iguala y Cocula.

También que personal a su cargo concentró durante las primeras horas alrededor de 270 elementos municipales de Iguala en las oficinas regionales, los desarmó, les aplicó pruebas periciales y confirmó que al menos 22 habían accionado sus armas en las horas en que ocurrían los hechos. Expuso que le pidió ayuda a elementos militares y a una base de la Policía Federal para concentrar en sus instalaciones a los policías municipales retenidos por los indicios de su participación, pero que se la negaron.

Además, dijo que la estructura de la dependencia a su cargo auxilió a algunos de los estudiantes ilesos de esa noche, quienes fueron los primeros en proporcionarles información de lo que ocurrió.

La idea de pedir ayuda, aclaró, era separar a los estudiantes que también llegaban a las instalaciones regionales de los policías retenidos.

“Mucho se ha dicho que las autoridades estatales no dimos aviso a las autoridades federales o bien, que no se solicitó la intervención del Ejército. En el caso de tu servidor, yo solicité, como lo hice en otras ocasiones, el apoyo del Ejército, para que me permitieran concentrar a los elementos de la Policía Municipal en instalaciones militares. Porque yo establecí que no podía concentrar a los que estaban señalados como agresores o como sujetos activos de delito en la Fiscalía Regional, donde ya tenía a resguardo a las víctimas directas e indirectas, así como a sus asesores y familiares”, fue parte de su comentario en el programa.

El caso sin resolver de la desaparición de los 43 normalistas también hizo imposible que Blanco Cabrera volviera al servicio público, actividad en la que se había desarrollado en los últimos años.

Antes de procurador tuvo varios cargos en la PGR: fue coordinador de asesores del caso Posadas Ocampo, coordinador de Asesores de la Subprocuraduría Especial para el caso Colosio, delegado en Guerrero y titular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), además de director de Quejas Recursos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Todas estos cargos los luce en sus redes sociales como una carta de presentación.

En las últimas entrevistas lo presentan como un jurista destacado.

Con quien Blanco Cabrera comparte un escenario similar es con la magistrada en retiro Galeana Marín, quien también libró una orden de aprehensión por delitos contra la administración de justicia, al igual que otros servidores públicos del TSJ de Guerrero, porque no resguardaron los videos captados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala.

Cerca de este edificio público ocurrió una parte importante de los hechos de la noche de Iguala; hay indicios, por las indagaciones adicionales sobre el caso, de que a unos metros se llevaron a un número importante de los normalistas desaparecidos. En este dato estriba la importancia de los videos que nadie halla en el Poder Judicial.

En medio de este cuestionamiento, la magistrada se retiró de sus funciones.

Quien no pudo librarse de acciones legales, aun cuando estuvo en la primera línea de funcionarios públicos del gobierno de Aguirre Rivero, fue el teniente retirado del Ejército, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, quien fungió como su secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, porque fue detenido el 28 de octubre de 2022, en Nayarit, por el delito de delincuencia organizada, además de llevar a cuestas el señalamiento de omisiones en la desaparición de los 43 normalistas.

Aun cuando por obvias razones está desdibujado del servicio público, Vázquez Pérez, sumaba 12 años en cargos públicos policiales y de seguridad, lo que expone que los actores políticos le tenían confianza.

Antes de ascender a secretario, el 7 de enero de 2014, era subsecretario de Prevención y Operación Policial, y antes coordinador operativo de la Policía Estatal, región Acapulco. Fue el cuarto secretario de Seguridad Pública del gobierno de Aguirre Rivero, quien entró en funciones en 2011.

Fue herencia de la administración de Alberto López Rosas, como alcalde de Acapulco (2002-2005), periodo en el que fue comandante de la Policía Turística. En la administración del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) ocupó varios cargos, uno de ellos como coordinador general de Seguridad al Sector Turístico SSP.

Vázquez Pérez sólo duró nueve meses como secretario, porque dejó sus funciones a partir de la renuncia de Aguirre Rivero.

Uno de los funcionarios que libró la sombra de haber sido parte del gobierno de Aguirre, es Jesús Martínez Garnelo, quien fue su secretario General de Gobierno.

Martínez Garnelo sigue en sus funciones como magistrado del TSJ y es catedrático e investigador académico. Fue secretario a partir del 8 de julio de 2013; unas horas antes pidió licencia a la presidencia del TSJ.

Apenas este 20 de septiembre de 2023, el Poder Judicial del Estado de Guerrero convocó a través de las redes sociales a la presentación del libro del magistrado: “El juez penal y su procedimiento especial de ejecución de sentencias, en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en Chilpancingo”.

La prensa ha documentado que de cara a los hechos de Iguala, Martínez Garnelo se comunicó con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, al tercer día de los hechos, el 29 de septiembre de 2014, para saber qué había pasado, pero que le contestó que no sabía.

Además, el gobierno de Aguirre Rivero adquirió un equipo para hackear computadoras y teléfonos inteligentes de la empresa Hacking Team, unos meses antes de los hechos del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, de acuerdo con una publicación de la revista Proceso en abril de 2016.

En su historia como magistrado, Martínez Garnelo ha sido considerado como una de las personas más cercanas a Aguirre Rivero. En 2001 fue inhabilitado por el Congreso local por algunos años, porque junto a otro magistrado y una jueza liberaron al secuestrador sentenciado, Carlos Alberto Castro, apodado El Calilla.

Abarca Velázquez, otro de los actores políticos alrededor del caso Iguala, es hasta ahora en quien ha recaído la responsabilidad pública de la noche en que desaparecieron 43 y asesinaron a tres normalistas de Ayotzinapa, aun cuando en términos legales, su permanencia en la cárcel está deslindada de esos hechos.

Un mismo juez, en un periodo de ocho meses, lo absolvió de los delitos de delincuencia organizada y participación intelectual en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La única sentencia en su contra, dictada de manera reciente, aun cuando lleva casi nueve años detenido, es por el secuestro de siete líderes del frente de organizaciones sociales de Iguala llamado Unidad Popular (UP), ocurrida el 30 de mayo de 2013. De este caso se desprende el asesinato de tres dirigentes, entre ellos Arturo Hernández Cardona.

Lo que ocurrió la noche de Iguala evidencia un alto nivel de implicaciones de servidores públicos, no sólo a nivel municipal, también estatal y federal, pero a nueve años de distancia, la mayor de las afectaciones del primer círculo de las administraciones al frente de los poderes públicos locales, es un desgaste de su imagen política.

 


Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.

Aguirre insiste en ser inocente de la desaparición de los 43

Se refirió a Tomás Zerón como delincuente


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

A unos días de que se cumplan nueve años de la desaparición de los 43 normalistas, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, señalado por los padres y madres, como responsable, asegura ser inocente y que de manera injusta el gobierno de Enrique Peña Nieto lo trató de encarcelar.

Aguirre solicitó licencia al Congreso para separarse del cargo de gobernador el 23 de octubre del 2014, 27 días después de los sucesos del 26 de septiembre.

En entrevista en Chilpancingo dijo que la extradición del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), Tomás Zerón de Lucio, es pieza clave para esclarecer el caso.

A Tomás Zerón, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, lo acusaron de la fabricación de la «verdad histórica» .

El ex funcionario vive en Israel en donde se le dio asilo bajo el argumento de que es un perseguido político.

«Lo que yo sí veo muy difícil es la extradición de Tomás Zerón que es un punto clave para que se pueda llegar a la solución del caso; creo que ya no hay condiciones, ojalá y rectificara el gobierno de Israel para que traigan a ese delincuente a México, dijo Ángel Aguirre.

El ex gobernador perredista participó en el acto donde se recordó el 23 aniversario del fallecimiento del ex mandatario estatal Alejandro Cervantes Delgado, en el panteón de Chilpancingo.

La convocatoria de la ceremonia luctuosa reunió a la clase política del PRI y PRD y ex funcionarios del ex gobernador Ángel Aguirre, del fallecido Alejandro Cervantes y familiares cercanos de éste último.

En entrevista, Ángel Aguirre aseguró que cuando la FGR inició las investigaciones del caso Ayotzinapa, Tomás de Zerón siempre lo quiso involucrar a él y a otros funcionarios por el delito de delincuencia organizada.

«Lo que quería (Tomás Zerón) era llevarnos a la cárcel a mí y al ex procurador general de Justicia, Iñaky Blanco», afirmó el ex mandatario. estatal.

Ángel Aguirre aseguró que cuando sucedieron los hechos, el ex pocurador de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, inició las primeras investigaciones del caso Ayotzinapa, las que retomó la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

«Esas investigaciones del entonces procurador, Iñaki Blanco han sido reconocidas por el Alto Comisionado de la ONU, de la Comisión de la Verdad y de la FGR», aseguró el ex gobernador.

Mencionó que ninguno de los detenidos por la Procuraduría que dirigía Iñaki Blanco han salido en libertad y tampoco se ha podido acreditar que se les torturara.

Ángel Aguirre afirmó que durante la noche del 26 de septiembre del 2014 hubo una serie de actuaciones que él todavía no puede entenderlas.

«Una de ellas es de que a mí como gobernador, el Ejército no me informó en tiempo real de cómo sucedían los hechos pese a que el Ejército tenía el control y mando del C-4 en Iguala».

«Dos días después (del 26 de septiembre) el entonces comandante de la región militar (35 Zona Militar con sede en Chilpancingo) me informó que los muchachos se encontraban en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y solo era una farsa (su desaparición) que se había montado y ahora nos parece delicado que un jefe militar le comunique al gobernador que no tenga mayor preocupación porque ahí están los jóvenes, lo cual era absolutamente falso», detalló Ángel Aguirre.

¿Usted tiene las manos limpias?

—Yo he estado atento a todo el proceso siempre hemos estado en la mejor disposición de colaborar. Yo espero que en las últimas aportaciones que se han dado haya avances más sustanciales y se pueda conocer más sobre estos hechos tristes y lamentables.

¿Cuántas veces ha comparecido ante la FGR?

—Tres veces y si me vuelven a citar, lo haré.

¿Cree que se resolverá el caso Ayotzinapa?

–Yo le pido con todas las fuerzas de mi alma a quien tenga que ayudarnos que se resuelva y que se llegue al fondo.

 

El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, durante la entrevista en Chilpancingo este 17 de septiembre.

Han pasado 33 años del “operativo relámpago” y el caso continúa en la impunidad 

Texto: José Miguel Sánchez 
Fotografía: Cortesía
6 de marzo del 2023 
Chilpancingo 

 

La madrugada del 6 de marzo de 1990 el entonces gobernador priista, José Francisco Ruiz Massieu, ordenó desalojar de manera violenta de ocho ayuntamientos los plantones de personas que denunciaban fraude electoral en las elecciones del 4 de diciembre de 1989.

El desalojo de ese desalojo dejó un saldo de 21 personas asesinadas, cuatro desaparecidos e incuantificables lesionados.

A 33 años de esos hechos, los actores políticos señalados de perpetrar esa acción continúan en la escena política sin que la justicia los haya alcanzado. A lo largo de estos años han encabezado diferente cargos públicos, desde donde aplicaban políticas de represión.

Los antecedentes

Todo comenzó la jornada electoral del 4 de diciembre de 1989, en la que 24 candidatos del naciente Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusaron a la Comisión Estatal Electoral, que dependía en ese entonces de la Secretaría General de Gobierno, de cometer fraude electoral.

«Existen actas en las que queda claro que los candidatos del PRD fueron los ganadores, pero ante una comisión controlada por el Estado era obvio que no iban a permitir un triunfo de la oposición», contó en entrevista Abel Lopez Rosas, historiador que ha documentado diversos movimientos sociales.

Ante el notable fraude que representaron aquellas elecciones, entre el 18 de diciembre de 1989 y el 4 de enero de 1990, 24 planillas de los candidatos del PRD, a través de asambleas multitudinarias, decidieron tomar los ayuntamientos como una forma de protesta.

Además nombraron autogobiernos a los que denominaron Ayuntamientos Populares.

Los ayuntamientos tomados fueron los de Ometepec, Florencio Villareal, Tlacoxistlahuaca, Xochistlahuaca e Igualapa, en la Costa Chica de Guerrero.

En la región Centro fueron los de Tixtla, Mártir de Cuilapan, Leonardo Bravo y Juan R. Escudero. En la Costa Grande fueron Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, La Unión y Coauayutla.

En la Tierra Caliente fueron Tlalchapa, Arcelia, Pungarabato y Tlapehuala. En la Montaña Ahuacotzingo, Metlatónoc, Xalpatláhuac y Malinaltepec.

En la zona Norte tomaron los ayuntamientos de Teloloapan, Cuetzala del Progreso y Cocula.

El movimiento postelectoral duró los tres meses siguientes, de enero a marzo de 1990.

“La toma de protesta de los ayuntamientos populares fue un acto de justicia para los pobladores, quienes efectuaron actos masivos donde demostraron el amplio respaldo popular a este ejercicio de autogobierno”, se lee en un artículo de López Rosas en el que narra parte de los hechos.

Fue así que los ayuntamientos populares fueron conformados por la planilla de la oposición.

“Los presidentes y la presidenta popular tenían la característica de que, durante la década de 1980, habían encabezado diversas movilizaciones en sus municipios por demandas sociales como construcción de escuelas y caminos, dotación de maíz y fertilizante, y participaron en la conformación de organizaciones sociales y del Frente Democrático Nacional. Se trataba, pues, de personas reconocidas por su compromiso social con su pueblo”.

Una de las características de estos ayuntamientos fue el apoyo masivo y colectivo; muchos de los pobladores que lo apoyaron donaban comida, gallinas, tortillas, maíz, queso y mano de obra para sostener los plantones.

Los manifestantes cuidaban las 24 horas los ayuntamientos, muchos de ellos armados con machetes, piedras y palos.

Los alcaldes populares cobraban impuestos y realizaron gestiones con las que lograron arreglar el alumbrado público o realizaban algunas obras de pavimentación y construcción de manera colectiva, ya que no recibían dinero oficial.

En el tema de seguridad se crearon policías ciudadanas con voluntarios que participaron en el movimiento.

Algunos de los personajes que encabezaron los ayuntamientos populares fueron el activistas Ranferi Hernández Acevedo, en Ahuacuotzingo; Eloy Cisneros Guillén, en Ometepc; Magdalena Rodríguez Mera, en Tixtla y Roberto Salinas Herrera, en Coyuca de Benítez.

Hernández Acevedo fue asesinado el 14 de octubre del 2017.

Fotografía del El Sol de Acapulco. retomada del artículo Operativo Relámpago. Un caso más de represión policial que permanece en la impunidad, del historiador Abel López Rosas.

“Operativo relámpago”

Fue la madrugada del 6 de marzo de 1990, entre las tres y las seis de la madrugada que elementos de la Policía Estatal y Policía Judicial irrumpieron violentamente en los plantones y los desalojaron.

“El gobierno utilizó argumentos que iban desde señalarlos (a los manifestantes) como promotores de la violencia hasta de promover la intervención de extranjeros y de cometer actos ilícitos. Además, los acusó de posesión de armas y de tener posibles vínculos con el tráfico de drogas. Todas las acusaciones tenían como finalidad justificar la represión que se avecinaba en contra de los ayuntamientos populares”, menciona López Rosas.

Además de su documentación, López Rosas concedió una entrevista a Amapola, periodismo transgresor y ofreció detalles de su trabajo.

El desalojo ocurrió en los 24 municipios tomados, de los cuales ocho fueron de manera violenta: Ometepec, Ahuacuotzingo, Florencio Villarreal, Tixtla, Arcelia, Pungarabato, Tlalchapa y Juan R. Escudero.

Los perpetradores nombraron esa operación policiaca violenta “operativo relámpago”.
En dichos desalojos participaron 800 elementos de seguridad, comandados por Valentín González Bonora, director de Seguridad Pública y por Juventino Sánchez Gaytán, director de la Policía Judicial.

“Empezaron a disparar a diestra y siniestra, llegando, tirando, nos echaron gases lacrimógenos. Al sentir la asfixia y el ardor en los ojos, tuvimos que salir. Al salir, nos agarraron a culatazos. A mí me abrieron la cabeza en tres partes”, le contó Cisneros Guillén, alcalde popular de Ometepec, a López Rosas en entrevista.

Después de dicho desalojo, Cisneros Guillén fue víctima de desaparición forzada durante cuatro días, tiempo en el que fue torturado y golpeado por elementos de seguridad, de acuerdo con lo que él mismo ha contado en diversos actos públicos.

El alcalde popular de Ahuacotzingo, Ranferi Hernández Acevedo, también fue detenido y trasladado a la Procuraduría de Chilpancingo, donde lo golpearon y torturaron.

En Florencio Villareal, en la Costa Chica, el desalojo duró 10 horas, tiempo en el que hubo un enfrentamiento a balazos entre policías y los pobladores que defendieron el plantón.

“¡Éntrenle hijos de la chingada, aquí está el pueblo cabrones!, –gritaba una templada voz cruceña desde la galera que albergaba el ayuntamiento, al tiempo que contestaba las ráfagas de R-15 con una escopeta recortada, pero con el coraje de quien defiende lo suyo”, se lee en el documento de López Rosas.

El resultado del desalojo en Florencio Villareal fue de tres policías muertos y un integrante del Ayuntamiento Popular.

Los pobladores que resistieron el desalojo evitaron ser detenidos y aprovecharon para retirarse cuando el comandante de la policía pidió una tregua para auxiliar a los policías heridos.

Los perpetradores

Detrás de la decisión para efectuar la operación policiaca estuvieron diversos políticos y funcionarios priistas que ocupaban cargos en ese momento

En la documentación de López Rosas saltan los nombres de Rubén Figueroa Alcocer, en ese entonces presidente estatal del PRI y diputado federal; José Rubén Robles Catalán, procurador de Justicia del estado; Ángel Aguirre Rivero, coordinador de campaña de los candidatos del PRI en la Costa Chica; Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación y el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.

Ninguno de estos personajes son ajenos por muchos otros actos que cometieron.

Rubén Figueroa Alcocer, por ejemplo, le atribuyen la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, en 1995. Fungía entonces como gobernador de Guerrero.

Por la masacre y la presión social expuesta en diversos medios de comunicación por activistas, Figueroa Alcocer pidió licencia al cargo y su lugar lo asumió Ángel Aguirre Rivero.

En 1998 Aguirre Rivero es acusado de perpetrar otra masacre contra campesinos, esta vez en El Charco, en la Costa Chica del estado.

En el Charco fallecieron 11 campesinos, la versión fue que el Ejército abrió fuego contra una primaria en la que estaban guerrilleros del entonces Frente Popular Revolucionario (FPR), pero eran campesinos na savi que acudieron a una asamblea.

En 2014, 15 años después, Aguirre Rivero, fue protagonista de otro hecho de violencia contra los movimientos sociales.

La noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron desaparecidos, presuntamente por integrantes de un grupo delictivo, con ayuda del Ejército, Policía Federal y Policía Estatal.

En ese entonces, Aguirre Rivero era el gobernador constitucional de Guerrero.

El final

El mismo día de la operación policiaca en los ayuntamientos populares, el gobernador Francisco Ruiz Massieu dio un mensaje que fue transmitido por televisión en el que dijo: “el estado vuelve a la normalidad: todo está en paz, no hay mítines, no hay plantones y no hay movilizaciones”.

Por su parte, el secretario general de gobierno, Jesús Ramírez Guerrero, a través de un comunicado dijo que “los operativos realizados por las fuerzas de seguridad pública para desalojar varios palacios municipales da (daban) por terminadas las acciones ilícitas como ayuntamientos paralelos, supuestas policías populares, cobros indebidos de impuestos, abusos contra la ciudadanía así como arrestos administrativos sin justificación y la prestación ilícita del servicio del Registro Civil”.

Las acciones ciudadanas para valer su decisión fueron descalificadas por las instituciones, además de los actos represivos con la fuerza del Estado que clausuró a los ayuntamientos populares. Muchos de los alcaldes populares continuaron como activistas y fueron o son oposición.

El uso de la fuerza pública en los ocho municipios donde había ayuntamientos tomados obligó a los pobladores de los demás municipios a aceptar las condiciones del gobierno del estado.

En Ixcateopan, Pedro Ascencio de Alquisiras, Igualapa, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Tlapehuala y Apaxtla de Castrejón, el Congreso local aprobó un decreto en el que asignó regidurías de representación a los militantes del PRD.

En seis municipios establecieron consejos municipales: Coahuayutla, Cuautepec, Malinaltepec, Teloloapan, Tlacoachistlahuaca y La Unión.

En el municipio de Leonardo Bravo, el PRI se quedó con la presidencia municipal y el candidato del PRD fue designado como síndico.

En los municipios de Atoyac, Mártir de Cuilapan, Cuetzala del Progreso y Coyuca de Benítez, los pobladores lograron que el Congreso local designara un presidente municipal neutral, y que el síndico y la mitad de los regidores fueran ocupados por militantes del PRD.

 

Proponen alianza entre PRD y PAN para 2024 encabezada por Astudillo, Aguirre o Moreno

Texto: Carlos Navarrete Romero

Fotografía: Especial

6 de enero de 2022

 

La posibilidad de una coalición en Guerrero entre el PRD y el PAN y de la candidatura al Senado de la República fueron los temas abordados este viernes en una reunión privada entre los presidentes estatales de ambos partidos, Alberto Catalán Bastida y Eloy Salmerón Díaz.

El encuentro, ocurrido en el restaurante La Granja, en Acapulco, duró cerca de cuatro horas, donde, además, nombraron como posibles candidatos a una senaduría, de concretarse la alianza, a los ex gobernadores Héctor Astudillo Flores y Ángel Aguirre Rivero, y al ex candidato a gobernador, Mario Moreno Arcos, todos de origen priísta.

En este encuentro estuvo presente Aguirre Rivero, quien además líder de Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), corriente interna del PRD que posee en la actualidad la presidencia del partido, y el exdiputado local del PAN, Iván Pachuca Domínguez. Desde 2011 que fue el candidato a gobernador por una alianza encabezada por el PRD, Aguirre Rivero permanece en este partido, sin perder relación con el PRI.

Una persona cercana a los participantes de esa reunión confirmó a Amapola, periodismo transgresor que la intención de la alianza es reducir al PRI y frenar a Morena en las elecciones de 2024, en las que se disputarán senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías.

Informó que todos los personajes políticos presentes hicieron una evaluación de los resultados de las elecciones de 2018 y 2021, y concluyeron que si ambos partidos concretan la coalición conseguirán los votos suficientes para desplazar al PRI y arrebatarle varios espacios a Morena.

La versión de esta persona indica que los cuatro participantes del encuentro coincidieron en que, en caso de concretarse la alianza, no debe considerarse al PRI, partido que actualmente enfrenta una crisis interna motivada por su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, señalado de pretender adueñarse del tricolor así como de actos de corrupción.

La misma fuente mencionó que en el encuentro pusieron sobre la mesa los nombres de Aguirre, Astudillo y Moreno, como los perfiles que encabezarían la candidatura a la senaduría, porque, según la evaluación que hicieron, generan más consenso y tienen con un “perfil competitivo”.

En diciembre pasado Astudillo Flores, quien gobernó el estado en el periodo 2015-2021, renunció al Consejo Político Nacional del PRI, órgano del que era parte, en rechazo a la reforma estatutaria que fue aprobada para que Alejandro Moreno permanezca como presidente del PRI hasta que concluya el proceso electoral de 2024.

«Hago patente mi renuncia como integrante del Consejo Político Nacional, como un acto de congruencia con mis convicciones políticas, democráticas y morales. Es importante dejar en claro también, mi militancia priísta. No puedo convertirme en observador de abusos, faltas de respeto y de trampas”, escribió el exgobernador en una carta dirigida al propio Moreno Cárdenas.

Mario Moreno, quien fue candidato a la gubernatura de Guerrero por la alianza PRI-PRD en 2021, también se pronunció en contra del intento de Moreno Cárdenas por perpetuarse en el cargo, acusándolo de actuar por “intereses personales poco claros”.

En la pasada elección local, donde entre otras cosas hubo votación por la gubernatura, el PRI y PRD hicieron alianza, escenario que, al parecer, no repetirán.

En la imagen, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; el dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida; el dirigente estatal del PAN; Eloy Salmerón Díaz y el ex diputado local del PAN, Ivan Pachuca Hernández. Foto: Especial

Tlacolol – Asunto: Aguirre siente pasos en la azotea

Hace unos días detuvieron a Leonardo Vázquez Pérez, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, lo que podría dar un giro en la investigación del caso Ayotzinapa.

¿Vázquez soltará la sopa? Nosotros creemos que quién sabe.

Lo cierto es que el viejo cacique Aguirre Rivero ya aplicó la de Pedro Infante -por eso de la película- ya que a través de su cuenta de facebook y en sus artículos que escribe en El Sur y Milenio, jura y perjura que es inocente.

¿Acaso tendrá la conciencia tranquila? Nosotros creemos, más bien, que Aguirre tiene miedo de que le den frescobote.

A lo mejor para estas fechas, el ex gobernador ya está buscando un buen abogado que lo defienda.

Nosotros le recomendamos que lo haga.

Para aquellos que -dudamos- haya quienes le compren su cuento, recordamos que en octubre del 2014, seis días después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Aguirre Rivero ordenó a funcionarios de su gabinete y a trabajadores que se trasladaran a Iguala a buscar a los jóvenes.

Vestidos de blanco, decenas de burócratas estatales recorrieron las calles de Iguala entregando volantes a la ciudadanía, pidiendo información sobre los normalistas.

Esta búsqueda sólo fue parte del show que Aguirre y su sobrino Ernesto Aguirre, principal operador de su gobierno, montaron.

Para esas fechas, Aguirre y Ernesto ya sabían lo que había ocurrido con los 43 normalistas pero decidieron seguir con su estrategia de ocultar la verdad e incluso retardar la detención del alcalde perredista de Iguala, José Luis  Abarca Velázquez, uno de los responsables de esos hechos.

El lunes 29 de septiembre Abarca recibió llamada telefónica del entonces secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, a quien aseguró que no sabía lo que había ocurrido la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre.Desde días antes de los hechos de Iguala, el gobierno de Aguirre sabía de las actividades de los normalistas porque los vigilaba -al igual que a todas las organizaciones sociales y a periodistas- a través de un equipo de espionaje al que llamaban «el perro».

El gobierno de Aguirre compró ese equipo a la empresa Hacking Team.

Durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores se confirmó que ese equipo de espionaje existía y que fue adquirido durante la administración de Aguirre, que además era usado para detectar supuestamente a miembros de las organizaciones delictivas.

Es decir, Aguirre se enteró en tiempo real de lo que ocurría en las calles de Iguala la noche del 26 de septiembre, pero no ordenó ninguna actuación para evitar el asesinato de tres estudiantes y de otras tres personas, además de la desaparición de los 43 y tampoco hizo nada para rescatarlos en las horas subsecuentes.

Aguirre se hizo maje, pues.

Como todos los viernes, Aguirre Rivero descansaba plácidamente en la residencia oficial de Casa Acapulco, en la zona exclusiva de Pichilingue y ese 26 de septiembre recibía vía telefónica lo que ocurría en Iguala.

Todo relajado, Aguirre permaneció ahí en esa residencia el resto de la noche.

El último informe que presentó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez involucra a mandos del Ejército, de la Policía Federal, policías estatales y municipales, así como dos funcionarios del gobierno de Aguirre, Lambertina Galeana Marín, presidenta del Poder Judicial, por el ocultamiento de unos videos y al secretario de Seguridad Pública del estado, Leonardo Vázquez Pérez, detenido recientemente acusado de haber recibido sobornos millonarios del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos.

La magistrada en retiro Galeana Marín ni siquiera ha recibido una notificación judicial.

En esta guerra mediática emprendida por Aguirre para desviar la atención arremetió contra el abogado de las madres y padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, quien insiste que sí tiene responsabilidad en los hechos de Iguala.

El cacique de la Costa Chica asegura tener pruebas de que el activista se ha enriquecido y que un grupo de los padres y madres ya no le tienen confianza.

Pero no es la primera vez que Aguirre y Rosales tienen una confrontación.

En el 2011, después de que los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera fueron asesinados a balazos por policías estatales, ministeriales y policías federales de un desalojo en la Autopista del Sol para exigir becas y mejoras a su edificio escolar, Rosales Sierra con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan solicitaron al Congreso de la Unión juicio político contra Aguirre.

Los legisladores frenaron la solicitud.

El caso sigue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la denuncia se señala a Aguirre como responsable de los hechos del 12 de diciembre del 2011 en la Autopista.

Estas denuncias que interpuso Rosales Sierra originaron que recibiera amenazas de muerte y en el 2012 saliera del país en calidad de exiliado.

Otro de los argumentos de Aguirre para decir que es inocente es su deslinde del ex alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien junto con su esposa María de los Ángeles Pineda están en la cárcel por el caso Ayotzinapa y otros delitos.

¿Cómo deslindarse? Si desde que Aguirre asumió la gubernatura, en el 2011, se apropió del PRD imponiendo dirigentes y en el 2012, candidatos a alcaldes y a diputados locales. Las listas eran palomeadas en la residencia oficial de Casa Guerrero.

Abarca quien también pertenecía al grupo del ex secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso, fue avalado por Aguirre para la candidatura.

Tan controlado tenía Aguirre el PRD que creó su propia corriente política, Izquierda Progresista de Guerrero (IPG) que actualmente dirige su cuadro político, Alberto Catalán Bastida, quien también es presidente estatal de este partido.

Si Abarca Velázquez no era del grupo político de Aguirre por qué la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no investigó al edil por el asesinato del líder de la Unión Popular Emiliano Zapata, Arturo Hernández Cardona, y otros dos integrantes de esta organización en mayo del 2013, un año antes de la desaparición de los 43 normalistas.

La Fiscalía General de la República (FGR) también ya sabía de los nexos de Abarca con Guerreros Unido, gracias a una denuncia de un ciudadano secuestrado por miembros de esta agrupación y policías municipales de Iguala.

Pero ni la FGR ni la PGE y Aguirre actuaron.

Chirrionazo. Evelyn Salgado y su papá el senador Félix Salgado Macedonio, quienes son activos promotores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para la candidatura presidencial estuvieron en primera línea para recibir al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en su comparecencia ante los diputados locales a quienes les dijo las bondades de que el país siga militarizado, perdón, que el Ejército y la Guardia Nacional continué en las calles hasta el 2028.

Fue muy raro ese recibimiento ¿no? ¿Acaso el clan de los Salgado ya estará dando el chaquetazo? Bueno, en el caso de Félix, no sería raro. Hay que recordar que el papá de la gobernadora estuvo en el PRD y en el 2018 ya como senador por Morena, se afilió a este partido.

Al diputado que se le vio muy calladito en esa sesión del viernes fue al perredista, Bernardo Ortega Jiménez, quien desde que empezó esta 63 Legislatura se burla y les da duro a los morenistas, esta vez, frente a Augusto López estuvo con el pico cerrado, pues teniendo la oportunidad de ganar reflectores de los medios dándole duro al gobierno de Morena se quedó bien tranquilito. ¿Por qué será? Si alguno de ustedes tiene alguna idea recomendamos que se quede callado.

 

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En las últimas semanas, la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa comenzó a enmarañarse, aunque usted no lo crea, todavía más.

En estas semanas, distintos sectores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dieron con todo, sobre todo, los militares sacaron las uñas o más bien las garras para defender a los suyos, que según los últimos informes todo apunta que soldados participaron activamente en los ataques, desaparición y asesinato de los normalistas.

Pero en la Fiscalía General de la República (FGR) también traen un broncón. Pues, el fiscal especial del Caso Ayotzinapa, Omar Trejo, renunció porque el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, se apoderó de la investigación y de paso la puso en riesgo.

Es decir, el gobierno federal se dividió en dos: los que defienden a todo costa a los militares y los que pretenden llevarlos ante la justicia.

Todo este enredo, nos mostró que los guachitos que además de manejar armas le saben a la politiquería. Pues para defender a uno de sus generales, José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala en septiembre del 2014, le gestionaron su entrevista, a modo por supuesto, para que diera su “veldá”.

Días después se supo de un supuesto hackeo al sistema informativo del Ejército, así como lo ve: la institución más segura del país, resulta, tiene su lado vulnerable.

Y aquí como somos bien mal pensados, no nos creemos del todo que fuera un hackeo, más bien la filtración de información.

Resulta que el supuesto hackeo luego luego identificó la información sobre la salud del presi. ¿No será más bien un mensajito para López Obrador de que nada los detendrá para defender a uno de los suyos?

Si esto fuera cierto, aquí sí aplicaría ese viejo y conocido refrán: “cría cuervos y te sacarán los ojos”. Al Ejército como en ningún otro sexenio se le ha dado tanto poder como en el de López Obrador.

Otro de los datos importantes que se revelaron en estas semanas fueron las órdenes de aprehensión contra el ex procurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco; el ex secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, Lambertina Galeana Marín. Todos estos angelitos en tiempo del cacique Ángel agarra dinero, que diga, Aguirre Rivero.

Días después, la FGR desistió de las órdenes de aprehensión.

El que la sintió cerca de seguro fue el Aguirre Rivero, de hecho ni se presentó a la reunión de ex gobernadores que él mismo convoca en la Ciudad de México.

Pero eso sí después de que se supo del desistimiento, curiosamente, volvió a asomar la cabeza.

¿Le habrá dado frío? ¿Pensó que ahora sí lo apañaba la chota?

De eso muchos tienen ganas y con mucha razón, pues la actuación del agarra dinero en esa noche de Iguala aún no está clara y lo peor es que como en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, en el de López Obrador no se sabe si lo investigan.

Hace unos días, Aguirre Rivero escribió en su columna, casi, casi en un tono de víctima, que él no hizo nada y si eso es cierto, eso tiene otro nombre: omisión y para una autoridad, como la que él era esa noche de Iguala, es una responsabilidad.

Esperemos que esto no sólo quede en un susto, ni para los militares señalados ni para los ex funcionarios estatales ni para Aguirre Rivero, que por lo menos los investigue, sólo así se llegará a la verdad en este caso tanto doloroso para las mamás y papás de los 43 jóvenes, y para todo el país.

Chirrionazo: A los que también les llovió en estas últimas semanas fueron a las organizaciones sociales que acompañan a las mamás y papás de los 43. López Obrador, en su mañanera, les tiró duro, les dijo que muchos “defensores de derechos humanos” quieren que la tragedia siga porque de ahí se benefician. Eso sí estuvo duro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«No me voy a esconder»: Aguirre Rivero

 

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

21 de agosto de 2022

Chilpancingo

 

El dos veces ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, declaró en sus redes sociales que no se va a esconder a pesar de pasar por momentos difíciles después de la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa,

“La vida me ha enseñado que en los momentos más difíciles es cuando más debemos de mostrar el temple y el carácter”, dijo el ex gobernador en un comunicado a través de su cuenta personal de Facebook.

En su comunicado Aguirre Rivero negó su participación en una reunión en Iguala para construir la verdad histórica, como lo acusa el ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam durante su primer audiencia después de ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila”, mencionó.

El ex gobernador señaló a los medios de comunicación de hacer «interpretaciones sesgadas del informe de la Comisión de la Verdad» y aseguró que las nuevas órdenes de aprehensión del caso Ayotzinapa son para funcionarios federales, municipales y miembros de la delincuencia organizada, no para funcionarios estatales.

Además dijo que siempre que lo mandan a declarar asiste porque no tiene nada que esconder.

En su comunicado culpó al entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, actualmente prófugo en Israel, de tratar de involucrarlo como integrante del crimen organizado, y que el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto cortó toda relación de colaboración con el gobierno de Guerrero.

Informó que ya se puso en contacto con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para manifestarle su disposición de colaborar en el caso hasta su conclusión y confió en que “el pueblo de Guerrero sabe quién es Ángel Aguirre Rivero”.

Aguirre Rivero fue ex gobernador de Guerrero en dos ocasiones, la primera vez de 1996 a 1999, fue nombrado nombrado como gobernador interino tras la renuncia de Rubén Figueroa Alcocer derivado de la masacre de Aguas Blancas.

Durante su primer administración se produjo la masacre de El Charco.

La madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejército llegaron a la comunidad El Charco ubicada en el municipio de Ayutla de Los Libres, rodearon la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, donde dormían varios indígenas que participaron en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.

El Ejército abrió fuego contra la primaria donde murieron once campesinos.

En su segundo periodo de 2011 a 2014, el 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidos por un grupo de civiles armados en conjunto de policías municipales, federales y el Ejército.

El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero en el cierre de campaña del entonces candidato a gobernador por la Alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos. Foto: José Luis de la Cruz (Hemeroteca Amapola periodismo)

 

 

Padres y madres de los 43 piden a la gobernadora Evelyn que investigue a ex Procurador Iñaky Blanco

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

En el cuarto día de la jornada de lucha 26 de Septiembre no se olvida, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala acusaron a la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda de proteger a la policía estatal y a ex funcionarios que son responsables del caso.

En un mitin frente al Palacio de Gobierno cuyos accesos fueron cerrados por la policía estatal, los padres y madres de los 43 reclamaron la falta de voluntad de Salgado Pineda de por lo menos dialogar con ellos.

“Ella (Salgado Pineda) es un mujer y sabe del dolor de un hijo y vemos que ni siquiera se conduele de lo que nosotros sufrimos”, dijo una de las madres.

Vidulfo Rosales Sierra, asesor de los familiares de los 43, señaló que en las investigaciones judiciales que se han realizado es de que la noche del 26 de septiembre del 2014 entre 17 y 20 normalistas fueron bajados con violencia del autobús que estaba estacionado frente al edificio de la Ciudad Judicial.

“Todavía no sabemos el número de policías estatales que lo hicieron y que otros elementos de otras corporaciones habrían participado”, dijo el abogado.

Rosales Sierra dijo que otro elemento más de la responsabilidad de las autoridades locales es de que en las instalaciones de Ciudad Judicial había tres cámaras de videovigilancia que captaron las imágenes en los momentos en que un grupo de entre 17 y 20 normalistas fueron sacados del autobús.

Esos tres videos se los proporcionó a los padres y madres de los 43 el ex presidente del Poder Judicial Alberto López Celis.

Pero que un grupo especializado de la Fiscalía General de la República (FGR) analizó los videos y descubrió que todo lo que se filmó durante los días 26 y 27 de septiembre del 2014, fueron borrados.

«Lo que estamos pidiendo a la gobernadora Evelyn Salgado es de que se investigue a los ex funcionarios que fueron responsables de haber ordenado que se borrara lo que se filmó durante esos dos días en que los normalistas fueron desaparecidos», mencionó.

Cuando sucedieron los hechos en Iguala la presidenta del Poder Judicial era la magistrada Lambertina Galeana Marín quien actualmente está en retiro.

«Alguien dio la orden de que esos videos fueron borrados eso no fue casual», señaló Rosales Sierra.

Durante el mitin se exhibieron cuatro lonas en las que se le exige al Ejército Mexicano que informe de los archivos de lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en las calles de Iguala.

Rosales Sierra dijo que durante la campaña para la gubernatura en el 2021 hubo un acercamiento de los que hoy son gobierno en Guerrero y prometieron que se iba a nombrar una Fiscalía Especial para que investigara a ex funcionarios por su responsabilidad del caso de Iguala.

Los ex funcionarios que deben ser investigados es al ex Procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a policías estatales y ex autoridades del Poder Judicial, informó el activista y abogado.

Un testigo protegido que ha rendido declaraciones del caso involucró a Iñaky Blanco de recibir 50 mil dólares del grupo delictivo Guerreros Unidos.

«Estamos hablando de un alto funcionario que recibía ese dinero de un grupo delictivo que participó en la desaparición de nuestros 43 compañeros en Iguala», afirmó Rosales Sierra.

En la protesta se acusó al gobierno de Salgado Pineda de emprender una campaña sucia contra el movimiento de los padres y madres de los 43 y normalistas de que con sus movilizaciones generan desestabilización en Guerrero.

Los normalistas, padres y madres de los 43 así como organizaciones sociales han realizado marchas, cerraron la autopista e irrumpieron en la zona Naval en Acapulco además de que este miércoles se llevaron cinco autobuses.

Estas protestas ha generado que en las redes sociales se acuse a este movimiento de «vándalos» y «radicales», además de frases de contenido racista.

Rosales Sierra aseguró que toda esa propaganda «negra» contra el movimiento por los 43, proviene del Palacio de Gobierno.

Señaló que la desestabilización o ingobernabilidad que hay en Guerrero la están creando las autoridades de la administración estatal por su ineptitud para gobernar.

«Todos los días hay y habrá marchas y bloqueos porque este nuevo gobierno que se dice de izquierda no resuelve nada», sostuvo.

La jornada de lucha terminará en Guerrero con una protesta afuera de las instalaciones de Ciudad Judicial en Iguala este viernes 10 de junio, sábado y domingo en la Ciudad de México.

Ayotzinapa: José Rafael Ojeda, secretario de Marina con la 4T, era mando naval cuando ocurrió la desaparición de los 43

El actual secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, estuvo al frente de la comandancia de la Octava Región Naval con sede en Acapulco hasta enero del 2015 y recibió de parte del defenestrado ex gobernador, Ángel Aguirre, diez camionetas para patrullajes del operativo Guerrero Seguro


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Internet

29 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, era mando naval en el tiempo que ocurrieron los hechos en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 cuando fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En ese entonces, Ojeda Durán, era comandante de la Octava Región Naval con sede en Acapulco, la base más importante en estado de la Secretaría de Marina.

En el informe que dieron a conocer este lunes los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señalaron que un grupo de marinos habrían participado en la manipulación del basurero de Cocula y que en eso se basó el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam para sacar su «verdad histórica».

Para Murillo, el destino final de los 43 normalistas fue en el basurero de Cocula en donde según él, fueron incinerados.

Después que los integrantes de los integrantes del GIEI dieron a conocer su informe dijeron que también la Marina habría participado en la manipulación en el basurero de Cocula, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su conferencia mañanera que se investiga a los marinos y que incluso ya rindieron sus declaraciones.

Dijo que entre los que ya rindieron su declaración está un almirante pero no dio más detalles.

En el informe de los expertos del GIEI mostraron videos entregados por la Secretaría de Marina donde el día del anuncio, que hizo el procurador de la República, Jesús Murillo, de que en ese basurero habían sido incinerados los 43 normalistas, un grupo de marinos sacaron tres bultos de un vehículo, cuyo contenido se desconoce, e hicieron un fuego que luego quedó apagado.

Luego se ve a personas agarrar y tirar cosas en lo más profundo de la hondanada.
La Secretaría de la Marina no explicó a los expertos independientes sobre esa actividad.

El actual secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, estuvo al frente de la comandancia de la Octava Región Naval con sede en Acapulco hasta enero del 2015 y fue relevado por el también almirante Ángel Enrique Sarmiento quien fue subsecretario de la Marina en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El 16 de octubre del 2013, un año antes de los hechos de Iguala, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero le entregó diez camionetas a la Octava comandancia que dirigía el almirante Rafael Ojeda Durán.

Las diez camionetas eran para ser utilizadas en los patrullajes de seguridad del operativo Guerrero Seguro.

Cuando Aguirre Rivero, acusado por su omisión de los hechos de Iguala de la noche del 26 de septiembre del 2014, era gobernador de Guerrero eran cotidianas las reuniones que tenía con el almirante Rafael Ojeda Durán.

En el 2018 durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo, este le entregó otras cinco camionetas marca Dodge Ram a la Octava Región Naval.

La Subsecretaría de Administración de Control Patrimonial y Vehicular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, informa que esas cinco camionetas siguen en poder de la Octava Región Naval.

 

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