«No me voy a esconder»: Aguirre Rivero

 

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

21 de agosto de 2022

Chilpancingo

 

El dos veces ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, declaró en sus redes sociales que no se va a esconder a pesar de pasar por momentos difíciles después de la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa,

“La vida me ha enseñado que en los momentos más difíciles es cuando más debemos de mostrar el temple y el carácter”, dijo el ex gobernador en un comunicado a través de su cuenta personal de Facebook.

En su comunicado Aguirre Rivero negó su participación en una reunión en Iguala para construir la verdad histórica, como lo acusa el ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam durante su primer audiencia después de ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila”, mencionó.

El ex gobernador señaló a los medios de comunicación de hacer «interpretaciones sesgadas del informe de la Comisión de la Verdad» y aseguró que las nuevas órdenes de aprehensión del caso Ayotzinapa son para funcionarios federales, municipales y miembros de la delincuencia organizada, no para funcionarios estatales.

Además dijo que siempre que lo mandan a declarar asiste porque no tiene nada que esconder.

En su comunicado culpó al entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, actualmente prófugo en Israel, de tratar de involucrarlo como integrante del crimen organizado, y que el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto cortó toda relación de colaboración con el gobierno de Guerrero.

Informó que ya se puso en contacto con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para manifestarle su disposición de colaborar en el caso hasta su conclusión y confió en que “el pueblo de Guerrero sabe quién es Ángel Aguirre Rivero”.

Aguirre Rivero fue ex gobernador de Guerrero en dos ocasiones, la primera vez de 1996 a 1999, fue nombrado nombrado como gobernador interino tras la renuncia de Rubén Figueroa Alcocer derivado de la masacre de Aguas Blancas.

Durante su primer administración se produjo la masacre de El Charco.

La madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejército llegaron a la comunidad El Charco ubicada en el municipio de Ayutla de Los Libres, rodearon la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, donde dormían varios indígenas que participaron en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.

El Ejército abrió fuego contra la primaria donde murieron once campesinos.

En su segundo periodo de 2011 a 2014, el 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidos por un grupo de civiles armados en conjunto de policías municipales, federales y el Ejército.

El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero en el cierre de campaña del entonces candidato a gobernador por la Alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos. Foto: José Luis de la Cruz (Hemeroteca Amapola periodismo)

 

 

Padres y madres de los 43 piden a la gobernadora Evelyn que investigue a ex Procurador Iñaky Blanco

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

En el cuarto día de la jornada de lucha 26 de Septiembre no se olvida, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala acusaron a la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda de proteger a la policía estatal y a ex funcionarios que son responsables del caso.

En un mitin frente al Palacio de Gobierno cuyos accesos fueron cerrados por la policía estatal, los padres y madres de los 43 reclamaron la falta de voluntad de Salgado Pineda de por lo menos dialogar con ellos.

“Ella (Salgado Pineda) es un mujer y sabe del dolor de un hijo y vemos que ni siquiera se conduele de lo que nosotros sufrimos”, dijo una de las madres.

Vidulfo Rosales Sierra, asesor de los familiares de los 43, señaló que en las investigaciones judiciales que se han realizado es de que la noche del 26 de septiembre del 2014 entre 17 y 20 normalistas fueron bajados con violencia del autobús que estaba estacionado frente al edificio de la Ciudad Judicial.

“Todavía no sabemos el número de policías estatales que lo hicieron y que otros elementos de otras corporaciones habrían participado”, dijo el abogado.

Rosales Sierra dijo que otro elemento más de la responsabilidad de las autoridades locales es de que en las instalaciones de Ciudad Judicial había tres cámaras de videovigilancia que captaron las imágenes en los momentos en que un grupo de entre 17 y 20 normalistas fueron sacados del autobús.

Esos tres videos se los proporcionó a los padres y madres de los 43 el ex presidente del Poder Judicial Alberto López Celis.

Pero que un grupo especializado de la Fiscalía General de la República (FGR) analizó los videos y descubrió que todo lo que se filmó durante los días 26 y 27 de septiembre del 2014, fueron borrados.

«Lo que estamos pidiendo a la gobernadora Evelyn Salgado es de que se investigue a los ex funcionarios que fueron responsables de haber ordenado que se borrara lo que se filmó durante esos dos días en que los normalistas fueron desaparecidos», mencionó.

Cuando sucedieron los hechos en Iguala la presidenta del Poder Judicial era la magistrada Lambertina Galeana Marín quien actualmente está en retiro.

«Alguien dio la orden de que esos videos fueron borrados eso no fue casual», señaló Rosales Sierra.

Durante el mitin se exhibieron cuatro lonas en las que se le exige al Ejército Mexicano que informe de los archivos de lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en las calles de Iguala.

Rosales Sierra dijo que durante la campaña para la gubernatura en el 2021 hubo un acercamiento de los que hoy son gobierno en Guerrero y prometieron que se iba a nombrar una Fiscalía Especial para que investigara a ex funcionarios por su responsabilidad del caso de Iguala.

Los ex funcionarios que deben ser investigados es al ex Procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a policías estatales y ex autoridades del Poder Judicial, informó el activista y abogado.

Un testigo protegido que ha rendido declaraciones del caso involucró a Iñaky Blanco de recibir 50 mil dólares del grupo delictivo Guerreros Unidos.

«Estamos hablando de un alto funcionario que recibía ese dinero de un grupo delictivo que participó en la desaparición de nuestros 43 compañeros en Iguala», afirmó Rosales Sierra.

En la protesta se acusó al gobierno de Salgado Pineda de emprender una campaña sucia contra el movimiento de los padres y madres de los 43 y normalistas de que con sus movilizaciones generan desestabilización en Guerrero.

Los normalistas, padres y madres de los 43 así como organizaciones sociales han realizado marchas, cerraron la autopista e irrumpieron en la zona Naval en Acapulco además de que este miércoles se llevaron cinco autobuses.

Estas protestas ha generado que en las redes sociales se acuse a este movimiento de «vándalos» y «radicales», además de frases de contenido racista.

Rosales Sierra aseguró que toda esa propaganda «negra» contra el movimiento por los 43, proviene del Palacio de Gobierno.

Señaló que la desestabilización o ingobernabilidad que hay en Guerrero la están creando las autoridades de la administración estatal por su ineptitud para gobernar.

«Todos los días hay y habrá marchas y bloqueos porque este nuevo gobierno que se dice de izquierda no resuelve nada», sostuvo.

La jornada de lucha terminará en Guerrero con una protesta afuera de las instalaciones de Ciudad Judicial en Iguala este viernes 10 de junio, sábado y domingo en la Ciudad de México.

Ayotzinapa: José Rafael Ojeda, secretario de Marina con la 4T, era mando naval cuando ocurrió la desaparición de los 43

El actual secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, estuvo al frente de la comandancia de la Octava Región Naval con sede en Acapulco hasta enero del 2015 y recibió de parte del defenestrado ex gobernador, Ángel Aguirre, diez camionetas para patrullajes del operativo Guerrero Seguro


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Internet

29 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, era mando naval en el tiempo que ocurrieron los hechos en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 cuando fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En ese entonces, Ojeda Durán, era comandante de la Octava Región Naval con sede en Acapulco, la base más importante en estado de la Secretaría de Marina.

En el informe que dieron a conocer este lunes los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señalaron que un grupo de marinos habrían participado en la manipulación del basurero de Cocula y que en eso se basó el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam para sacar su «verdad histórica».

Para Murillo, el destino final de los 43 normalistas fue en el basurero de Cocula en donde según él, fueron incinerados.

Después que los integrantes de los integrantes del GIEI dieron a conocer su informe dijeron que también la Marina habría participado en la manipulación en el basurero de Cocula, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su conferencia mañanera que se investiga a los marinos y que incluso ya rindieron sus declaraciones.

Dijo que entre los que ya rindieron su declaración está un almirante pero no dio más detalles.

En el informe de los expertos del GIEI mostraron videos entregados por la Secretaría de Marina donde el día del anuncio, que hizo el procurador de la República, Jesús Murillo, de que en ese basurero habían sido incinerados los 43 normalistas, un grupo de marinos sacaron tres bultos de un vehículo, cuyo contenido se desconoce, e hicieron un fuego que luego quedó apagado.

Luego se ve a personas agarrar y tirar cosas en lo más profundo de la hondanada.
La Secretaría de la Marina no explicó a los expertos independientes sobre esa actividad.

El actual secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, estuvo al frente de la comandancia de la Octava Región Naval con sede en Acapulco hasta enero del 2015 y fue relevado por el también almirante Ángel Enrique Sarmiento quien fue subsecretario de la Marina en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El 16 de octubre del 2013, un año antes de los hechos de Iguala, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero le entregó diez camionetas a la Octava comandancia que dirigía el almirante Rafael Ojeda Durán.

Las diez camionetas eran para ser utilizadas en los patrullajes de seguridad del operativo Guerrero Seguro.

Cuando Aguirre Rivero, acusado por su omisión de los hechos de Iguala de la noche del 26 de septiembre del 2014, era gobernador de Guerrero eran cotidianas las reuniones que tenía con el almirante Rafael Ojeda Durán.

En el 2018 durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo, este le entregó otras cinco camionetas marca Dodge Ram a la Octava Región Naval.

La Subsecretaría de Administración de Control Patrimonial y Vehicular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, informa que esas cinco camionetas siguen en poder de la Octava Región Naval.

 

Te puede interesar: Acusan padres de los 43 a López Obrador, Marina y Ejército de ocultar información

Salir de la versión móvil