El ex gobernador priísta Rubén Figueroa Alcocer reapareció hoy por la mañana en la sesión solemne del Congreso local de Guerrero que se instaló para inscribir con letras doradas el nombre del Colegio Heroico Militar en el bicentenario de su creación.
Figueroa Alcocer fue depuesto del cargo en 1996 por la masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995 y fue sustituido por Ángel Aguirre Rivero, quien era en esos momentos líder estatal del PRI. Desde entonces, los grupos políticos de ambos son antagónicos y Figueroa ha hecho muy pocas apariciones públicas.
Esta es la segunda vez que Figueroa se presenta en una actividad encabezada por la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda.
El pasado 24 de febrero, estuvo con la gobernadora y su padre el senador Félix Salgado Macedonio, en Iguala, para conmemorar un aniversario más del Día de la Bandera.
Casi para concluir la sesión solemne de este lunes en el Congreso local, cuando ya se había revelado la inscripción con letras doradas, la presidenta de la Mesa Directiva, la petista Leticia Mosso Hernández, hizo una pausa en la orden del día para saludar al ex gobernador.
Durante la sesión, la presencia de Figueroa Alcocer en el recinto robó cámara a funcionarios estatales y federales y eso que estuvo sentado muy apartado del espacio para las visitas importantes del recinto, que suelen ser ubicadas frente a la Mesa Directiva.
El ex gobernador estuvo sentado al lado izquierdo de la puerta de acceso al recinto, seguido del secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez, y del secretario de Finanzas, Raymundo Segura Estrada.
Antes de que personal de logística del Congreso ubicara a Figueroa en ese espacio, ahí estuvo sentada la secretaria de Obras Públicas, Irene López Montiel, quien después ocupó un lugar que ya no fue visible desde las graderías del recinto.
Al terminar la ceremonia, el gobernador fue solicitado por algunos presentes para tomarse una foto y varias personas fueron a saludarla, mientras la gobernadora Evelyn Salgado Pineda hacia lo propio mientras salía del recinto.
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: Cortesía 6 de marzo del 2023 Chilpancingo
La madrugada del 6 de marzo de 1990 el entonces gobernador priista, José Francisco Ruiz Massieu, ordenó desalojar de manera violenta de ocho ayuntamientos los plantones de personas que denunciaban fraude electoral en las elecciones del 4 de diciembre de 1989.
El desalojo de ese desalojo dejó un saldo de 21 personas asesinadas, cuatro desaparecidos e incuantificables lesionados.
A 33 años de esos hechos, los actores políticos señalados de perpetrar esa acción continúan en la escena política sin que la justicia los haya alcanzado. A lo largo de estos años han encabezado diferente cargos públicos, desde donde aplicaban políticas de represión.
Los antecedentes
Todo comenzó la jornada electoral del 4 de diciembre de 1989, en la que 24 candidatos del naciente Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusaron a la Comisión Estatal Electoral, que dependía en ese entonces de la Secretaría General de Gobierno, de cometer fraude electoral.
«Existen actas en las que queda claro que los candidatos del PRD fueron los ganadores, pero ante una comisión controlada por el Estado era obvio que no iban a permitir un triunfo de la oposición», contó en entrevista Abel Lopez Rosas, historiador que ha documentado diversos movimientos sociales.
Ante el notable fraude que representaron aquellas elecciones, entre el 18 de diciembre de 1989 y el 4 de enero de 1990, 24 planillas de los candidatos del PRD, a través de asambleas multitudinarias, decidieron tomar los ayuntamientos como una forma de protesta.
Además nombraron autogobiernos a los que denominaron Ayuntamientos Populares.
Los ayuntamientos tomados fueron los de Ometepec, Florencio Villareal, Tlacoxistlahuaca, Xochistlahuaca e Igualapa, en la Costa Chica de Guerrero.
En la región Centro fueron los de Tixtla, Mártir de Cuilapan, Leonardo Bravo y Juan R. Escudero. En la Costa Grande fueron Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, La Unión y Coauayutla.
En la Tierra Caliente fueron Tlalchapa, Arcelia, Pungarabato y Tlapehuala. En la Montaña Ahuacotzingo, Metlatónoc, Xalpatláhuac y Malinaltepec.
En la zona Norte tomaron los ayuntamientos de Teloloapan, Cuetzala del Progreso y Cocula.
El movimiento postelectoral duró los tres meses siguientes, de enero a marzo de 1990.
“La toma de protesta de los ayuntamientos populares fue un acto de justicia para los pobladores, quienes efectuaron actos masivos donde demostraron el amplio respaldo popular a este ejercicio de autogobierno”, se lee en un artículo de López Rosas en el que narra parte de los hechos.
Fue así que los ayuntamientos populares fueron conformados por la planilla de la oposición.
“Los presidentes y la presidenta popular tenían la característica de que, durante la década de 1980, habían encabezado diversas movilizaciones en sus municipios por demandas sociales como construcción de escuelas y caminos, dotación de maíz y fertilizante, y participaron en la conformación de organizaciones sociales y del Frente Democrático Nacional. Se trataba, pues, de personas reconocidas por su compromiso social con su pueblo”.
Una de las características de estos ayuntamientos fue el apoyo masivo y colectivo; muchos de los pobladores que lo apoyaron donaban comida, gallinas, tortillas, maíz, queso y mano de obra para sostener los plantones.
Los manifestantes cuidaban las 24 horas los ayuntamientos, muchos de ellos armados con machetes, piedras y palos.
Los alcaldes populares cobraban impuestos y realizaron gestiones con las que lograron arreglar el alumbrado público o realizaban algunas obras de pavimentación y construcción de manera colectiva, ya que no recibían dinero oficial.
En el tema de seguridad se crearon policías ciudadanas con voluntarios que participaron en el movimiento.
Algunos de los personajes que encabezaron los ayuntamientos populares fueron el activistas Ranferi Hernández Acevedo, en Ahuacuotzingo; Eloy Cisneros Guillén, en Ometepc; Magdalena Rodríguez Mera, en Tixtla y Roberto Salinas Herrera, en Coyuca de Benítez.
Hernández Acevedo fue asesinado el 14 de octubre del 2017.
Fotografía del El Sol de Acapulco. retomada del artículo Operativo Relámpago. Un caso más de represión policial que permanece en la impunidad, del historiador Abel López Rosas.
“Operativo relámpago”
Fue la madrugada del 6 de marzo de 1990, entre las tres y las seis de la madrugada que elementos de la Policía Estatal y Policía Judicial irrumpieron violentamente en los plantones y los desalojaron.
“El gobierno utilizó argumentos que iban desde señalarlos (a los manifestantes) como promotores de la violencia hasta de promover la intervención de extranjeros y de cometer actos ilícitos. Además, los acusó de posesión de armas y de tener posibles vínculos con el tráfico de drogas. Todas las acusaciones tenían como finalidad justificar la represión que se avecinaba en contra de los ayuntamientos populares”, menciona López Rosas.
Además de su documentación, López Rosas concedió una entrevista a Amapola, periodismo transgresor y ofreció detalles de su trabajo.
El desalojo ocurrió en los 24 municipios tomados, de los cuales ocho fueron de manera violenta: Ometepec, Ahuacuotzingo, Florencio Villarreal, Tixtla, Arcelia, Pungarabato, Tlalchapa y Juan R. Escudero.
Los perpetradores nombraron esa operación policiaca violenta “operativo relámpago”.
En dichos desalojos participaron 800 elementos de seguridad, comandados por Valentín González Bonora, director de Seguridad Pública y por Juventino Sánchez Gaytán, director de la Policía Judicial.
“Empezaron a disparar a diestra y siniestra, llegando, tirando, nos echaron gases lacrimógenos. Al sentir la asfixia y el ardor en los ojos, tuvimos que salir. Al salir, nos agarraron a culatazos. A mí me abrieron la cabeza en tres partes”, le contó Cisneros Guillén, alcalde popular de Ometepec, a López Rosas en entrevista.
Después de dicho desalojo, Cisneros Guillén fue víctima de desaparición forzada durante cuatro días, tiempo en el que fue torturado y golpeado por elementos de seguridad, de acuerdo con lo que él mismo ha contado en diversos actos públicos.
El alcalde popular de Ahuacotzingo, Ranferi Hernández Acevedo, también fue detenido y trasladado a la Procuraduría de Chilpancingo, donde lo golpearon y torturaron.
En Florencio Villareal, en la Costa Chica, el desalojo duró 10 horas, tiempo en el que hubo un enfrentamiento a balazos entre policías y los pobladores que defendieron el plantón.
“¡Éntrenle hijos de la chingada, aquí está el pueblo cabrones!, –gritaba una templada voz cruceña desde la galera que albergaba el ayuntamiento, al tiempo que contestaba las ráfagas de R-15 con una escopeta recortada, pero con el coraje de quien defiende lo suyo”, se lee en el documento de López Rosas.
El resultado del desalojo en Florencio Villareal fue de tres policías muertos y un integrante del Ayuntamiento Popular.
Los pobladores que resistieron el desalojo evitaron ser detenidos y aprovecharon para retirarse cuando el comandante de la policía pidió una tregua para auxiliar a los policías heridos.
Los perpetradores
Detrás de la decisión para efectuar la operación policiaca estuvieron diversos políticos y funcionarios priistas que ocupaban cargos en ese momento
En la documentación de López Rosas saltan los nombres de Rubén Figueroa Alcocer, en ese entonces presidente estatal del PRI y diputado federal; José Rubén Robles Catalán, procurador de Justicia del estado; Ángel Aguirre Rivero, coordinador de campaña de los candidatos del PRI en la Costa Chica; Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación y el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.
Ninguno de estos personajes son ajenos por muchos otros actos que cometieron.
Rubén Figueroa Alcocer, por ejemplo, le atribuyen la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, en 1995. Fungía entonces como gobernador de Guerrero.
Por la masacre y la presión social expuesta en diversos medios de comunicación por activistas, Figueroa Alcocer pidió licencia al cargo y su lugar lo asumió Ángel Aguirre Rivero.
En 1998 Aguirre Rivero es acusado de perpetrar otra masacre contra campesinos, esta vez en El Charco, en la Costa Chica del estado.
En el Charco fallecieron 11 campesinos, la versión fue que el Ejército abrió fuego contra una primaria en la que estaban guerrilleros del entonces Frente Popular Revolucionario (FPR), pero eran campesinos na savi que acudieron a una asamblea.
En 2014, 15 años después, Aguirre Rivero, fue protagonista de otro hecho de violencia contra los movimientos sociales.
La noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron desaparecidos, presuntamente por integrantes de un grupo delictivo, con ayuda del Ejército, Policía Federal y Policía Estatal.
En ese entonces, Aguirre Rivero era el gobernador constitucional de Guerrero.
El final
El mismo día de la operación policiaca en los ayuntamientos populares, el gobernador Francisco Ruiz Massieu dio un mensaje que fue transmitido por televisión en el que dijo: “el estado vuelve a la normalidad: todo está en paz, no hay mítines, no hay plantones y no hay movilizaciones”.
Por su parte, el secretario general de gobierno, Jesús Ramírez Guerrero, a través de un comunicado dijo que “los operativos realizados por las fuerzas de seguridad pública para desalojar varios palacios municipales da (daban) por terminadas las acciones ilícitas como ayuntamientos paralelos, supuestas policías populares, cobros indebidos de impuestos, abusos contra la ciudadanía así como arrestos administrativos sin justificación y la prestación ilícita del servicio del Registro Civil”.
Las acciones ciudadanas para valer su decisión fueron descalificadas por las instituciones, además de los actos represivos con la fuerza del Estado que clausuró a los ayuntamientos populares. Muchos de los alcaldes populares continuaron como activistas y fueron o son oposición.
El uso de la fuerza pública en los ocho municipios donde había ayuntamientos tomados obligó a los pobladores de los demás municipios a aceptar las condiciones del gobierno del estado.
En Ixcateopan, Pedro Ascencio de Alquisiras, Igualapa, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Tlapehuala y Apaxtla de Castrejón, el Congreso local aprobó un decreto en el que asignó regidurías de representación a los militantes del PRD.
En seis municipios establecieron consejos municipales: Coahuayutla, Cuautepec, Malinaltepec, Teloloapan, Tlacoachistlahuaca y La Unión.
En el municipio de Leonardo Bravo, el PRI se quedó con la presidencia municipal y el candidato del PRD fue designado como síndico.
En los municipios de Atoyac, Mártir de Cuilapan, Cuetzala del Progreso y Coyuca de Benítez, los pobladores lograron que el Congreso local designara un presidente municipal neutral, y que el síndico y la mitad de los regidores fueran ocupados por militantes del PRD.
Era julio de 1993. Un campesino de Chichihualco que estaba fuera del viejo Palacio de Gobierno, ubicado en el centro de Chilpancingo se puso a llorar. Luego otras mujeres y hombres, en su mayoría de la tercera edad, también rompieron en llanto.
“Aquí nos quedamos. ¡Muera el perro chato!”, gritó uno de ellos.
Guillermo Sánchez Nava y Juan Manuel Hernández Gardea, en ese entonces líderes del PRD en Guerrero, estaban a unos 15 metros del grupo de adultos mayores, perredistas que desde el 1 de abril de ese año, azuzados por su candidato a gobernador, Félix Salgado Macedonio, colocaron una barricada de ladrillos en la puerta principal del Palacio de Gobierno.
Se plantaron en contra del fraude electoral y para que el priista Rubén Figueroa Alcocer no ingresara.
Figueroa le había ganado a Salgado Macedonio en las elecciones a gobernador celebradas en febrero de ese año.
Era la tarde de ese domingo de julio y los comités nacional y estatal del PRD habían acordado levantar el plantón. Sánchez Nava y Hernández Gardea iban a notificarles a los plantonistas el fin de la lucha.
Pero los líderes perredistas no sabían qué decirle al grupo de radicales. Salgado Macedonio no llegaba. Sánchez y Gardea, que no formaban parte de su grupo político, estaban nerviosos.
Finalmente, el grupo de perredistas, en su mayoría de Chichihualco y de municipios de Tierra Caliente, levantaron su campamento entre llantos y lanzando insultos a Sánchez Nava y a Gardea.
Sánchez Nava les dijo a los perredistas que ya no había condiciones de seguir con la protesta porque semanas antes uno de los plantonistas había sido asesinado a balazos a unos cien metros donde estaba su plantón en Palacio de Gobierno.
Salgado Macedonio por fin llegó y trataba de calmar a sus huestes. «La lucha sigue», les decía.
Obviamente, Félix les mentió porque después ya no hubo ninguna protesta contra Figueroa. En 1994, Félix llegó como senador por el PRD por la vía plurinominal.
Al otro día que se retiró el plantón, Figueroa, a quien el propio Salgado Macedonio apodó «el perro chato», ingresó al Palacio de Gobierno acompañado de todos los integrantes de su gabinete, entre ellos el entonces poderoso subsecretario de Finanzas, Héctor Vicario Castrejón.
Vicario, hombre de toda la confianza de Figueroa, fue pieza clave para destrabar el conflicto poselectoral. Vicario fue uno des los que habló con Salgado Macedonio para convencerlo de que desbloqueara el Palacio. Durante el gobierno de Figueroa, a Vicario se le conoció como el hombre del “maletín”, por sobornar con fajos de dinero a dirigentes sociales y políticos opositores al gobierno priista.
Durante ese conflicto poselectoral, Figueroa y Vicario convencieron al entonces alcalde perredista del municipio de Teloloapan, Pedro Pablo Urióstegui Salgado, de deslindarse de la lucha de su compadre Salgado Macedonio.
Unos días antes de la toma de protesta de Figueroa, el 1 de abril, Urióstegui Salgado, quien fue asesinado a balazos en febrero del 2021, secuestró en el ayuntamiento de Teloloapan al entonces líder nacional del PRD, Roberto Robles Garnica y al ex guerrillero Fernando Pineda, amigo de Salgado Macedonio.
Cuauhtémoc Cárdenas tuvo que intervenir para que los líderes perredistas fueran liberados por Pedro Pablo.
En marzo de 1996, Figueroa y Vicario se van del gobierno tras la solicitud de licencia del primero de ellos por la matanza de los 28 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995.
Pero a la distancia de 27 años de esos sucesos, ambos personajes con pasado oscuro se mantienen en la vida política en el PRI, PRD y ahora con Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este 14 de febrero fuimos testigos de un «Félix día del amor y la amistad», parte de la élite priista, caciques y secuaces obviamente, presumieron en redes su relación cercana y amorosa con los cabecillas del clan de los Salgado: la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y su papá, el senador Félix Salgado Macedonio.
A los priistas los encabezó el cacique mayor, Rubén Figueroa Alcocer; el judas, el senador, Manuel Añorve Baños; el hombre del maletín, Héctor Vicario Castrejón; y los alcaldes de Iguala, David Gama y de Taxco, Mario Figueroa Mundo, este último de Fuerza por México.
Esa foto nos remite a la tarde del 1 de julio de 2021, en el zócalo de Huitzuco, durante una gira del agradecimiento que hicieron los Salgado, después de ganar la elección a la gubernatura al priista Mario Moreno Arcos. Salgado Pineda se refirió al municipio como Huitzuco de los Libres y no de los Figueroa, como es su nombre oficial.
Aquel día, Salgado Pineda encomendó al alcalde electo –también había ganado por primera vez otro partido que no fuera el PRI–, el morenista Eder Nájera Nájera y al diputado local, Andrés Guevara Cuevas, iniciar los trámites para cambiar el nombre al municipio a Huitzuco de los Libres.
Incluso Salgado Macedonio ese día soltó: “quién se iba a imaginar que en Huitzuco se acabara el cacicazgo”.
Un año y nueve meses después le respondemos, el cacicazgo de Rubén Figueroa ni se terminó ni tampoco a Huitzuco de los Figueroa le han cambiado el nombre, porque como se ha dejado constancia, en Guerrero no ha cambiado casi nada. La familia Salgado está encumbrada y atrincherada en el poder rodeada por priistas, ex priistas y lacayos. Y por supuesto aplicando todos los vicios del viejo régimen.
Estos primeros meses, Salgado Pineda no ha mostrado ni la pequeña intención de terminar con la herencia política de cacicazgos, corrupción y violencia.
Que Félix Salgado se abrace con priistas no nos extraña, pero que la gobernadora aceptara fotografiarse y en su discurso lleve a la buena onda y alianzas con los políticos rancios del PRI en Guerrero, significa que no tiene rumbo ideológico, que está a la deriva, sujeta a los caprichos de su padre.
Es que, en Guerrero, los priistas se ganaron el repudio de la población, sobre todo una familia, Los Figueroa. Sólo hay que recordar a Rubén Figueroa Figueroa, quien consolidó ese cacicazgo a punta de masacres, asesinatos y desapariciones. Fue un gobernador sanguinario, responsable, junto con el Ejército, de cientos de desaparecidos entre los años de 1960 y 1990.
En el documental Red Privada ¿Quién mató a Manuel Buendía?, el priista, general y ex gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, confiesa que Figueroa Figueroa le presumió que a muchos guerrilleros los convirtió en «pescadores», porque los capturaron y los lanzaron desde avionetas militares al mar.
Incluso el documental le dedica unos minutos al cacique, quien en vida, amenazó al periodista Buendía Tellezgirón por denunciarlo en sus columnas.
El hijo del cacique, Rubén Figueroa Alcocer, también se convirtió en cacique y estableció el mismo método de gobierno de su padre para mantener el poder: a punta de masacres, asesinatos y desapariciones. ¿Recuerdan la masacre en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez?
Por ello les preguntamos: ¿Cuándo han visto públicamente a Andrés Manuel López Obrador reuniéndose y abrazándose con Fox, Calderón, Peña Nieto o Salinas? Tampoco es que haya cambiado las políticas neoliberales de sus antecesores, pero discursivamente los ha criticado y lo ha sostenido.
Evelyn Salgado no representa ningún cambio, la formó un político (su padre) con escuela priista, como Luis Echeverría: que hablaba con la izquierda pero pegaba con la derecha.
Eso nos lleva a recordar el origen de Salgado Macedonio en la política.
Chirrionazo.– Sin decir agua va, este 20 de febrero en la Secretaría de Seguridad Pública estatal relevaron a 50 funcionarios de nivel medio, incluyendo al Contralor interno. Los 50 nuevos funcionarios llegaron con su nombramiento pero no sabemos si firmado por la gobernadora Evelyn Salgado o por su padre Félix Salgado. Por lo que se ve, después de la operación policiaca del 28 de enero en la comunidad de El Parotal, del municipio de Petatlán, las aguas en la SSP se están moviendo, pero no en los altos mandos que habrían tenido responsabilidad en esta operación policiaca que desencadenó en un supuesto enfrentamiento a balazos con un saldo de cinco muertos, entre ellos un alto mando de la corporación, un policía raso y tres individuos que iban con los agentes en el convoy y que según los pobladores, eran miembros del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana.
¿Y el Secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez?, bien gracias.
Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com
Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones
Una ocasión, en Huitzuco, Salgado Pineda dijo que una vez en el gobierno promovería el cambio del nombre de este municipio, es decir, ya no se llamaría Huitzuco de los Figueroa. Ahora, al parecer, los Figueroa son un potencial aliado
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Facebook Manuel Añorve Baños
Chilpancingo
Militantes de Morena y priistas condenaron que en un acto oficial encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y su papá, el senador Félix Salgado Macedonio, haya participado el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, el senador Manuel Añorve y el ex diputado federal Héctor Vicario Castrejón.
“No se apasionen más morenos de Morena, los generales se arreglan mientras la tropa se desgarra las vestiduras”, escribió un usuario en las redes sociales junto a la fotografía donde aparecen sonrientes Salgado Macedonio, Figueroa Figueroa, Vicario Castrejón, Añorve Baños, y los alcaldes de Iguala, David Gama Pérez y Taxco, Mario Figueroa, que rodean a la gobernadora, quien se muestra seria.
Esta fotografía fue el mismo que el senador priista Añorve Baños montó en su cuenta personal de Facebook.
“Siempre es un gusto coincidir con grandes amigos como la gobernadora Evelyn Salgado, el ex gobernador don Rubén Figueroa, el senador Félix Salgado Macedonio; el alcalde de Iguala, David Gama; el alcalde de Taxco, Mario Figueroa, y el ex senador Héctor Vicario, quienes nos reunimos para la inauguración del obelisco en la ciudad de Iguala”, escribió.
Uno de los usuarios en las redes sociales condenó ese encuentro político en Iguala y afirmó que ahora Salgado Macedonio tendrá el apoyo de unos amigos.
“Dice Félix que te guste o no lo vas apoyar con sus amigos los delincuentes y narcos”, escribió un usuario a manera de contestación a otro que montó en su Facebook la fotografía en la que aparece el grupo de políticos morenistas y priistas.
Se tuvo acceso a un grupo de WhatsApp de simpatizantes y militantes de Morena, quienes desaprobaron esa fotografía.
“Qué lástima, sin ofender, la misma porquería de siempre, por los dinosaurios de siempre; qué tristeza que haya gente que no respeta los principios morenistas o más bien, el trabajo de AMLO”, escribió una mujer de nombre Lucy.
“Es quien dice ser un gran luchador social. ¡Lástima Margarito!”, escribió alguien con el usuario de Nemo.
La conversación en ese grupo de morenistas es tan larga como su evidente enojo.
En el acto de inauguración del obelisco en Iguala, ocurrido el lunes pasado por la noche, Salgado Pineda dijo que cuando se trata de trabajar “no hay colores, la camiseta es una y se llama Guerrero, y esa la tenemos bien puesta todos y todas”.
El discurso de la gobernadora generó que Figueroa Alcocer, Vicario Castrejón y Añorve Baños sonrieran.
“Se les veían muy alegres a todos, a Félix, Figueroa, Vicario”, contó una persona que estuvo en ese acto de quien se guardará la identidad.
En julio del 2021, luego de que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCEG) declaró a Salgado Pineda como gobernadora electa, ella y su padre, Salgado Macedonio, realizaron giras de agradecimiento por muchos de los municipios.
En Huitzuco, Salgado Pineda anunció que una vez en el gobierno promovería el cambio del nombre de este municipio, es decir, ya no se llamaría Huitzuco de los Figueroa, como es su nombre oficial en la actualidad, sería sólo Huitzuco.
“Este municipio significaba un reto muy importante para mí porque cambiamos un régimen y derrumbamos cacicazgos”, dijo Salgado Pineda en esa ocasión, al parecer en referencia a la familia de los Figueroa, de donde fueron gobernadores Figueroa Alcocer y su padre, Rubén Figueroa Figueroa.
Sin embargo, a casi 15 meses de haber asumido la gubernatura, Salgado Pineda siguen sin promover el cambio de nombre de este municipio, ubicado en la zona Norte del estado, donde mantiene su hegemonía Figueroa Alcocer.
A Huitzuco habrían llevado a 20 de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014, de acuerdo con un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En 1993, el priista Figueroa Alcocer le ganó las elecciones a gobernador al entonces perredista Félix Salgado Macedonio, quien en nombre del supuesto fraude electoral encabezó la toma del Palacio de Gobierno en Chilpancingo durante casi tres meses.
Durante la campaña y en el conflicto poselectoral, el actual senador morenista señaló a Figueroa de asesino y otros calificativos, adjetivos y acusaciones.
En 1995, después de la masacre de los 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, perpetrado por policías estatales, otra vez Salgado Macedonio, quien en ese entonces era senador de la República por el PRD, arremetió contra el entonces gobernador, a quien acusó de haber ordenado esa matanza.
El senador morenista fue uno de los líderes, en aquel momento del PRD, que promovió juicio político contra Figueroa Alcocer, quien al final solicitó licencia en marzo de 1996 y fue relevado en el cargo por Ángel Aguirre Rivero, en ese entonces líder estatal del PRI.
Salgado Macedonio y Aguirre Rivero también tuvieron desencuentros, pero se reconciliaron cuando el segundo se pasó a las filas del PRD en el 2011 que fue postulado como candidato a gobernador.
Ahora que Salgado Pineda es gobernadora, el senador logró que Aguirre Rivero apoyara a su hija.
Ahora Figueroa, Añorve y Vicario, según cuentan algunos morenistas que pidieron se omitieran sus nombres, se suman al proyecto de la gobernadora y de su padre.
“Es una falta de pudor, una falta de honestidad”, comentó un ex gobernador priista al cuestionar ese encuentro de los Salgado con los connotados políticos de su partido que presumió en su Facebook Añorve Baños, quien pretende reelegirse en el cargo en las elecciones federales del 2024.
Algunos ex priístas dijeron que esa serie de encuentros del senador Salgado Macedonio y la gobernadora con figuras como Figueroa y Añorve son para cerrarle el paso a las aspiraciones políticas del ex gobernador priista Héctor Astudillo Flores y el ex candidato de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos.
Ambos, se supo, pretenden ir en la fórmula para la candidatura al senado de la República en el 2024 y dejar fuera a Añorve Baños y a Vicario Castrejón.
“Habrá pleito y muy fuerte entre los priistas y será Morena el beneficiado electoral”, comentó un ex alcalde de Chilpancingo en el contexto de esta foto.
El prelado señaló que el ex mandatario estatal Rubén Figueroa Alcocer intervino para que hablara con los dirigentes del grupo de Los Ardillos en Chilapa
Texto y fotografía: Amapola Periodismo
19 de abril del 2022
Chilpancingo
El obispo Salvador Rangel Mendoza que se despide por jubilación de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, dice que dialogó con casi todos los grupos criminales de Guerrero para tratar de pacificar el estado.
Reveló que uno de los personajes que intercedió para hablar con ellos fue el cacique y ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, cuyo padre, también ex gobernador, Rubén Figueroa Figueroa es conocido por su gobierno represivo de la época de la llamada “guerra sucia”, en los años 70.
En entrevista que ofreció después de oficiar una misa en la catedral de La Asunción de María ubicada en el centro de Chilpancingo, Rangel dio los nombres de todos los grupos delictivos con los que habló y que según él fue para frenar la violencia.
Rangel Mendoza asumió esta diócesis en un contexto de crispación social, en el 2015 supliendo al obispo Alejo Zavala Castro.
Contó que desde que fue designado por el Papa Francisco en este obispado él ya estaba enterado de la situación de violencia en Guerrero y a lo que él se enfrentaba.
Por eso decidió buscar a los líderes de grupos delictivos para dialogar con ellos.
El obispo nació en Tepalcatepec, Michoacán, el 23 de abril de 1946. De acuerdo a los datos de la misma diócesis fue vicario en San Francisco de Acámbaro, en Morelia, Michoacán; sacerdote en otras iglesias de su estado, hasta 1997 que dirigió el Seminario Menor Franciscano, orden a la que pertenece.
Fue nombrado obispo de Huejutla por Benedicto XVI, el 12 de marzo de 2009, ordenado el 5 de junio del mismo año.
Su último viaje: el 20 de junio de 2015. El papa Francisco lo trasladó de Huejutla a la diócesis de Chilpancingo-Chilapa nombrándolo obispo. Tomó posesión el 18 de agosto del mismo año.
El obispo ha recibido en su casa a decenas de activistas, periodistas y académicos sorprendidos por su figura y declaraciones controversiales. En esta última entrevista, minutos antes de entregar formalmente la diócesis hizo mención del municipio de Chilapa en donde platicó con los dirigentes del grupo criminal de Los Ardillos y para lograr un acercamiento con ellos intervino el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer.
Interlocutor de líderes criminales
Sin decir los nombres de los líderes de esta organización se presume que el obispo platicó con Celso e Iván Ortega Jiménez quienes operan desde el municipio de Quechultenango.
El prelado señaló que el ex mandatario estatal Rubén Figueroa Alcocer intervino para que hablara con los dirigentes del grupo de Los Ardillos en Chilapa.
«Yo no sé qué relación tengan ellos (del ex gobernador con los líderes de esa organización) pero en la pacificación particularmente la de Chilapa si intervino don Rubén, moviendo sus hilos su mediación. Yo por eso le reconozco a él ese detalle», dijo.
Contó que también recurrió a Figueroa Alcocer cuando tenía que entrar a la región de la Tierra Caliente después de que fue designado administrador apostólico de la diócesis de Ciudad Altamirano.
En esta zona de Guerrero, la organización que la mantiene bajo control es la Familia Michoacana.
«Cuando me fui de administrador apostólico a Tierra Caliente, le pedí a él, Figueroa, porque cuando fue gobernador conocía a todas estas gentes y yo le pedí que me recomendara».
De hecho, la primera vez que estuvo allá fue en Arcelia. Fue a consagrar un templo y en la comida vio que había gente especial y así en son de broma les preguntó: “a quién se le va a pedir la visa para entrar a Tierra Caliente”, se rieron todos. Le dijeron que ya todo estaba arreglado.
«Yo le reconozco a don Rubén el apoyo que nos dio tanto en esta zona Chilapa y Tierra Caliente», expuso el obispo.
Rangel Mendoza consideró que el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer que a pesar de tener más de 80 años de edad es un político con experiencia.
El priísta Figueroa Alcocer asumió la gubernatura de Guerrero en 1993 pero en marzo de 1996 renunció al cargo después de que la policía estatal asesinó a 17 campesinos de la Organización Campesina del Sur (OCSS) en Coyuca de Benítez.
Las organizaciones sociales y familiares de las víctimas de esa matanza acusan a Figueroa de esos hechos.
«Yo no estoy en la piel de don Rubén Figueroa Alcocer, pero es un hombre de muchas relaciones», dijo Rangel, quien este martes será suplido en la diócesis Chilpancingo-Chilapa por el obispo José de Jesús González Hernández.
El 5 de diciembre del 2019, en la fiesta de cumpleaños del ex gobernador Figueroa que se celebró en un salón de un hotel de Chilpancingo fue invitado en su calidad de obispo.
Rangel Mendoza, aseguró que ningún grupo de la delincuencia con los que dialogó para «pacificar» Guerrero, le dieron dinero.
Dijo que platicó con el líder del Cártel del Sur, Isaac Navarrete, también con dirigentes de las agrupaciones de municipios del norte del estado.
Otros líder criminal con quien habló fue el Teniente, Juan Castillo Gómez, asesinado en la Sierra en agosto del 2019.
Con otro capo que el obispo platicó fue con Santiago Mazari Hernández, alías «El Carrete» detenido en agosto del 2019 en una comunidad del municipio de Heliodoro Castillo y actualmente está preso en una cárcel del estado de Morelos.
El obispo dijo que también se reunió con Onésimo Marquina, «El Nencho», líder de Los Tlacos, un grupo criminal local que opera en la Sierra.
En el 2018, líderes de la policía comunitaria de Tlacotepec amenazaron con detener y reeducar al obispo Salvador Rangel de tener nexos con grupos de la delincuencia.
Éste señaló a los de la policía comunitaria de haber desplazado por la fuerza a cinco comunidades del municipio de Leonardo Bravo. A tres mil personas.
Estas autodefensas que operan en la Sierra tienen nexos con el grupo de Los Tlacos.
El obispo comentó que entre las cuestiones pendientes que deja, está el pacificar los municipios de la zona Norte del estado y aquí en Chilpancingo, zona Centro.
«Falta consolidar la paz aquí en Chilpancingo ya que aquí en la capital se metió un grupo después de que se fue otro y todavía hay acontecimientos serios de violencia», dijo.
Al concluir la misa que ofició en la catedral, los feligreses le aplaudieron al obispo. Él los invitó para el próximo sábado en este lugar para festejar su cumpleaños.
«Pueden traer guajolotes para la fiesta», bromeó, Rangel Mendoza.