Empresa que imprime el periódico ‘Regeneración’ gana mil 490 mdp en contratos con el gobierno, 25 veces más que en sexenio pasado

En el sexenio pasado, la empresa Impresores en Offset y Serigrafía obtuvo 59 mdp en contratos con el gobierno. En este sexenio, ya suma mil 490 mdp, la mayoría de ellos correspondiente a contratos con la Secretaría de Bienestar.


Texto: Nayeli Roldán / Animal Político

Fotografía: Periódico A Tiempo

23 de enero del 2022

 

La empresa Impresores en Offset y Serigrafía, encargada de imprimir el periódico Regeneración, principal medio de propaganda impresa de Morena y proveedor en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y de Delfina Gomez en 2017, ha aumentado 25 veces el monto de los contratos públicos que tiene durante la actual administración.

Mientras que en seis años del gobierno anterior la empresa ganó 59 millones de pesos en contratos, en los primeros cuatro años de la actual administración ya suma mil 490 millones.

Del monto total ganado en la actual administración, 92%, es decir, mil 373 millones, proviene de contratos con la Secretaría de Bienestar para imprimir publicidad, avisos, tarjetas, planillas y cualquier medio impreso necesario para los programas sociales, como la Pensión para personas adultas mayores, el Programa para el bienestar de niños y niñas hijos de madres trabajadoras y las Becas para personas con discapacidad, entre otros.

Se trata de un monto que la empresa nunca antes había obtenido en la administración pública federal. El mayor contrato logrado había sido por 18 millones en 2016 por el servicio de maquila a Impresora y Encuadernadora Progreso, SA de CV, una empresa paraestatal sectorizada a la Secretaría de Educación Pública (SEP), de acuerdo con la revisión de los contratos recibidos entre 2013 y 2022 registrados en Compranet.

Impresores en Offset y Serigrafía fue proveedor en la campaña de López Obrador de 2018, pues se encuentra enlistada entre los proveedores de la campaña con contratos mayores a 500 UMAS —equivalentes a 40 mil pesos—, según los reportes al INE. Sin embargo, no puede conocerse el monto total ganado por la empresa debido a que “no está disponible” el informe correspondiente a las contrataciones de Morena en la página de fiscalización del INE.

La compañía también fue contratista en la campaña por la gubernatura del Estado de México de Delfina Gómez en 2017, según consta en el reporte de gastos de campaña que Morena presentó ante el INE en el periodo del 3 de abril al 31 de mayo de 2017, y que puede consultarse de manera pública.

La empresa ha impreso el periódico Regeneración desde antes que el partido Morena llegara al poder. Existe evidencia de la contratación al menos desde 2015, según consta en el expediente UT/SCG/Q/CG/22/2016 del INE contra del candidato a gobernador de Colima, José Francisco Gallardo Rodríguez, en el proceso de 2015-2016, en una investigación sobre gastos de campaña no reportados, incluidos correspondientes a Regeneración, y en los que Morena aportó como prueba el contrato con dicha firma.

Mientras tanto, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) está el registro de un pago hecho por Morena por 7 millones 540 mil pesos por “producción de periódico” entre abril y junio de 2016.

El “director fundador” de Regeneración es Jesús Ramírez Cuevas, actual vocero de la Presidencia de la República. El contenido de la publicación ha sido propaganda del partido Morena y sus integrantes e, incluso, es utilizado para difundir supuestos logros del gobierno de López Obrador.

En el arranque de la nueva precampaña de Delfina Gómez el 14 de enero, por ejemplo, se distribuyó la edición de noviembre-diciembre de 2022; en ella, se publicó una nota sobre “la cuarta transformación en el Estado de México”, en la que se exponía como “logro de la 4T” el número de beneficiarios de programas sociales en la entidad.

En este caso, según se informa en la publicación, se trató de un tiraje de 2 millones de ejemplares impresos por Impresores en Offset y Serigrafía,  cuyo nombre comercial es Grupo Gamma.

Animal Político ha solicitado en dos ocasiones los contratos que Morena ha realizado con Impresores en Offset y Serigrafía entre 2012 y 2022, pero el partido no los ha entregado, pese a que se trata de información pública. La primera vez respondió que entregaría la información en un CD, pero no expidió formato de pago, y en su correo y teléfono nadie respondió a comunicaciones. La segunda respuesta fue pegar capturas de pantalla de la PNT con la ruta para buscar contratos, pese a que no se encuentran todos.

En la PNT, existen registros de pagos de 2016 y 2017 por 21 millones de pesos. Mientras, de 2018 existen dos contratos firmados por Alejandro Esquer, entonces secretario de Finanzas y representante legal de Morena y ahora secretario particular del presidente, por 8 millones 913 mil pesos, por el costo unitario de 68 centavos del periódico Regeneración.

De contratista de Morena a favorecido por el gobierno 

Si bien los contratos con la Secretaría de Bienestar han sido entregados mediante licitaciones, los competidores han sido descartados por argumentos como no tener empleados con discapacidad en 2021. Más recientemente, en 2022, Talleres Gráficos de México —que incluso es contratado para imprimir papelería electoral— fue descartado por no subir su firma electrónica durante el concurso en Compranet.

Al preguntarle a Bienestar por estos contratos entregados al contratista de Morena, solo respondió que se han otorgado en licitaciones públicas y que en la dependencia desconocían que Impresiones en Offset y Serigrafía fuera proveedor del partido político.

El representante legal de la empresa, Gerardo Buenrostro Romero, registrado en el padrón de proveedores de la secretaría, no respondió al correo electrónico enviado por este medio.

En el primer contrato de 2019 por 154 millones de pesos, la entonces subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel —ahora titular—, empujó la elección de la empresa presionando a los funcionarios encargados de la licitación, aseguran exempleados de Bienestar que solicitaron anonimato por temor a represalias.

La licitación del año siguiente, LA-020000999-E135-2020, fue por más del doble de recursos, 381 millones de pesos, y la empresa volvió a ganar porque, según la dependencia, fue la única en alcanzar el puntaje mínimo solicitado en su evaluación y ofreció el precio más bajo en comparación con las otras tres compañías que se presentaron a competir.

Sin embargo, participantes en la industria de impresión consultados por Animal Político, que pidieron que su nombre no fuera publicado, también identificaron que la secretaría pedía que entregaran los productos en una semana, lo cual era prácticamente imposible para una sola empresa pues, al tratarse de ese volumen de millones de impresiones, eso solo podía cumplirse en al menos un mes.

“En artes gráficas, por mucha maquinaria que tengas hay tiempos mínimos de entrega y en esta licitación efectivamente no se respetaban, lo que hacía pensar que ya tenían hecho el producto y con ese tiempo de entrega dedujimos que ya estaba arreglada”, dice una fuente de la industria que solicitó no ser citada.

Por eso mismo, explica, ni siquiera valía la pena interponer una queja sobre la licitación, porque hacerlo “te ficha” y repercute en que el gobierno no te dé contratos.

El contrato de 2021 volvió a incrementarse: esa vez fueron 416 millones de pesos y nuevamente ganó Impresores en Offset y Serigrafía. Otros competidores como Mova Printing Solutions y Conformex fueron desechados al considerarlos como “no solventes” porque no obtuvieron los 45 puntos mínimos requeridos para que fuera revisada su oferta económica.

No alcanzaron los puntos necesarios, por ejemplo, porque “el proveedor no cuenta con personal con discapacidad”, “el proveedor manifestó ser una empresa que no cuenta con el certificado que acredita la aplicación de políticas y prácticas de igualdad de género”.

También, porque no entregaron la totalidad de los documentos solicitados respecto de su personal: currículum vite de cuatro directivos o coordinadores que lideraran los procesos para la prestación del servicio, que cuenten con experiencia de cinco años, o los comprobantes de constancias que acrediten que los directivos o coordinadores aprobaran talleres o diplomados avalados por la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas.

En el más reciente contrato, de 2022, el monto fue de 413 millones de pesos, donde participaron cinco empresas, incluyendo Talleres Gráficos de México, que fue desechada inmediatamente porque no presentó firma electrónica en la publicación de su oferta durante la licitación LA-020000999-E32-2022.

De acuerdo con el acta de apertura de propuestas, Bienestar consideró como “no solvente” a las cuatro empresas oferentes: Talleres Gráficos de México, Coformex, Dmm Vission y Mova Printing Solutions, por lo que la única empresa que pasó a la siguiente etapa de “evaluación económica”, es decir, revisar su oferta, fue Impresores en Offset y Serigrafía. Por lo tanto, fue la única en cumplir con todos los requisitos y fue la elegida.

La empresa también fue contratada por adjudicación directa por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en 2019, por 300 millones, para el “servicio de impresión y elaboración de material informativo para la operación de los programas sociales de Segalmex”.

También tuvo otra adjudicación directa de Fonatur Tren Maya en 2022, por 15 millones, para el servicio de “material informativo”. Otras instancias que la han contratado en la actual administración son el IMSS, Conafe y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, entre otras.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace. 

 

Proponen alianza entre PRD y PAN para 2024 encabezada por Astudillo, Aguirre o Moreno

Texto: Carlos Navarrete Romero

Fotografía: Especial

6 de enero de 2022

 

La posibilidad de una coalición en Guerrero entre el PRD y el PAN y de la candidatura al Senado de la República fueron los temas abordados este viernes en una reunión privada entre los presidentes estatales de ambos partidos, Alberto Catalán Bastida y Eloy Salmerón Díaz.

El encuentro, ocurrido en el restaurante La Granja, en Acapulco, duró cerca de cuatro horas, donde, además, nombraron como posibles candidatos a una senaduría, de concretarse la alianza, a los ex gobernadores Héctor Astudillo Flores y Ángel Aguirre Rivero, y al ex candidato a gobernador, Mario Moreno Arcos, todos de origen priísta.

En este encuentro estuvo presente Aguirre Rivero, quien además líder de Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), corriente interna del PRD que posee en la actualidad la presidencia del partido, y el exdiputado local del PAN, Iván Pachuca Domínguez. Desde 2011 que fue el candidato a gobernador por una alianza encabezada por el PRD, Aguirre Rivero permanece en este partido, sin perder relación con el PRI.

Una persona cercana a los participantes de esa reunión confirmó a Amapola, periodismo transgresor que la intención de la alianza es reducir al PRI y frenar a Morena en las elecciones de 2024, en las que se disputarán senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías.

Informó que todos los personajes políticos presentes hicieron una evaluación de los resultados de las elecciones de 2018 y 2021, y concluyeron que si ambos partidos concretan la coalición conseguirán los votos suficientes para desplazar al PRI y arrebatarle varios espacios a Morena.

La versión de esta persona indica que los cuatro participantes del encuentro coincidieron en que, en caso de concretarse la alianza, no debe considerarse al PRI, partido que actualmente enfrenta una crisis interna motivada por su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, señalado de pretender adueñarse del tricolor así como de actos de corrupción.

La misma fuente mencionó que en el encuentro pusieron sobre la mesa los nombres de Aguirre, Astudillo y Moreno, como los perfiles que encabezarían la candidatura a la senaduría, porque, según la evaluación que hicieron, generan más consenso y tienen con un “perfil competitivo”.

En diciembre pasado Astudillo Flores, quien gobernó el estado en el periodo 2015-2021, renunció al Consejo Político Nacional del PRI, órgano del que era parte, en rechazo a la reforma estatutaria que fue aprobada para que Alejandro Moreno permanezca como presidente del PRI hasta que concluya el proceso electoral de 2024.

«Hago patente mi renuncia como integrante del Consejo Político Nacional, como un acto de congruencia con mis convicciones políticas, democráticas y morales. Es importante dejar en claro también, mi militancia priísta. No puedo convertirme en observador de abusos, faltas de respeto y de trampas”, escribió el exgobernador en una carta dirigida al propio Moreno Cárdenas.

Mario Moreno, quien fue candidato a la gubernatura de Guerrero por la alianza PRI-PRD en 2021, también se pronunció en contra del intento de Moreno Cárdenas por perpetuarse en el cargo, acusándolo de actuar por “intereses personales poco claros”.

En la pasada elección local, donde entre otras cosas hubo votación por la gubernatura, el PRI y PRD hicieron alianza, escenario que, al parecer, no repetirán.

En la imagen, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; el dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida; el dirigente estatal del PAN; Eloy Salmerón Díaz y el ex diputado local del PAN, Ivan Pachuca Hernández. Foto: Especial

 

Congreso aumenta presupuesto a DIF estatal que preside hermana de gobernadora; castiga a secretarías

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Congreso del estado 

17 de diciembre del 2022

Chilpancingo 

 

En una sesión que concluyó este sábado a las seis de la mañana, el Congreso local aprobó el presupuesto del gobierno del estado para el 2023 en el que le otorga un aumento de presupuesto al DIF estatal, que preside Liz Salgado Pineda, hermana de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

El gasto de 853 millones 211 mil pesos que va a manejar el DIF y que se utiliza principalmente para la entrega de despensas y otros apoyos sociales, así como para el mantenimiento del Centro de Rehabilitación de Guerrero (CRIG), es casi lo doble que ejercerán cuatro secretarías juntas como la de Cultura, Migrantes y Asuntos Internacionales y de Asuntos Campesinos y Afromexicanos.

La Ley de Egresos que desde hace más de un mes les llegó a los 46 diputados locales por parte del Ejecutivo del estado y que contempla un presupuesto de 76 mil 638 millones de pesos, casi 9 mil millones de pesos más de los que se asignaron para este 2022, la aprobaron sin quitarle una coma.

Pero la disparidad de las cifras entre el DIF estatal con otras secretarías revela lo siguiente: por ejemplo, la Secretaría de la Cultura que en este 2022 ejerció 56 millones, para el 2023 su gasto será de 61millones 941 mil pesos.

A la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en este año tuvo 61 millones 967 mil pesos, le aumentaron a 67 millones 600 mil pesos. A la Secretaría de la Mujer que ejerció en este 2022, 79 millones para el 2023, la gobernadora Salgado Pineda le asignó 97 millones.

Al que casi le triplicaron al presupuesto fue al poderoso jefe de la Oficina de la gobernadora, Jesús Urióstegui García, quien en este 2022 gastó 12 millones de pesos, en el 2023 tendrá 33 millones 95 mil pesos.

La Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) ejercerá 13 millones 577 mil, casi la tercera parte menos de lo que Urióstegui manejará.

El jefe de la Oficina de la gobernadora es ubicado como uno de los principales asesores de Salgado Pineda.

Urióstegui García recientemente asistió a un acto proselitistas en favor de la aspirante presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, en dicho acto público su personal intimidó a una reportera quien documentaba el hecho.

El total del presupuesto, de acuerdo a lo que aprobaron los diputados, se desglosa de la siguiente manera: para el Poder Ejecutivo asignaron 42 mil 467 millones de pesos, para el Legislativo 839 millones, y para el Judicial 937 millones; para los órganos autónomos 5 mil 124 millones, para el sector paraestatal 4 mil 851 millones, y para los municipios 18 mil 428 millones.

De acuerdo con información del secretario de Finanzas, Raymundo Segura Estrada, los ingresos propios del estado no llegan a tres por ciento de los 76 mil 638 millones de pesos, por lo que continúa la dependencia de las aportaciones federales por más de un 97 por ciento.

Segura Estrada detalló que el monto total de los egresos que el gobierno estatal propone para el ejercicio fiscal 2023 son 76 mil 638 millones de pesos, que representa un incremento del 13 por ciento respecto al autorizado para 2022.

Para los Organismos Públicos Descentralizados de Educación les corresponden un incremento de 351 millones de pesos, y a los de Salud en un 56 por ciento, que representan 125 millones de pesos.

Del presupuesto, 37 mil 995 millones de pesos están destinados para las secretarías de Seguridad Pública, Salud y Educación, que representan 89 por ciento del monto total.

Diputados mencionaron que el presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 no se contemplan incrementos de impuestos más que las actualizaciones inflacionarias del cuatro por ciento.

La austeridad pega a funcionarios federales: pierden plazas y prestaciones, reciben más carga de trabajo

Cifras oficiales muestran que en este sexenio han disminuido las plazas permanentes en el gobierno federal, han aumentado las plazas eventuales, se han recortado prestaciones y ha crecido la carga de trabajo, lo que afecta la calidad de los servicios públicos brindados a la ciudadanía.


Texto: Zedryk Raziel e IMCO

Ilustración: Andrea Paredes (@driu.paredes)

9 de diciembre del 2022

 

“Me tocó hacer más funciones porque se habían ido varios trabajadores, y nosotros el trabajo de ellos lo hacíamos los sábados. Íbamos de 9:00 a 3:00 de la tarde a la oficina y no nos pagaban más. El propio presidente había dicho que los funcionarios teníamos que trabajar 16 horas diarias. ¿Cómo las completabas? Yendo los sábados”.

Este es el testimonio de una funcionaria federal que trabajó en 2020 para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), institución que debe vigilar el respeto de los derechos laborales de los trabajadores, incluidos los suyos.

La funcionaria, que ejerce ahora en otra dependencia del Ejecutivo, cuenta su experiencia en la STPS a condición de que se mantenga en reserva su nombre por temor a alguna reprimenda.

“Yo, que estaba contratada por honorarios, no tenía vacaciones, ni un día; no tenía seguro, ¿y si me enfermaba en la pandemia? No tenía ninguna prestación. En honorarios no tienes nada. Y renuevas contrato cada tres meses, pero tampoco me dieron copia”, afirma.

Para ella, que tuvo un trabajo directivo en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, existe una relación directa entre las condiciones laborales de los funcionarios y la calidad de su trabajo y los servicios que ofrecen a la ciudadanía.

“La calidad del trabajo baja, obviamente. Y segundo: en la medida en que no tienes prestaciones, en que la jornada es larga, hay una afectación a tu salud, directa o indirectamente, y creo que el gobierno reduce tanto el personal, amplía la jornada y baja los estímulos para que trabajes bien, que, obviamente, la función pública desmerece mucho. Merma la calidad del trabajo y la salud de los trabajadores (…) La reducción del personal es bien neoliberal”, sostiene.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los recortes presupuestales han causado afectaciones a las condiciones laborales de miles de funcionarios, que incluyen pérdida de plazas, reducción de prestaciones laborales, disminución de salarios y aumento en las contrataciones de personal eventual o temporal.

De acuerdo con datos oficiales de la Cuenta Pública, el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Analítico de Plazas y el Inegi, en los cuatro años de la actual administración también se ha dejado de invertir en capacitación y profesionalización.

Las cifras de las cuatro fuentes oficiales de información coinciden en que la política de “austeridad republicana” ha impactado en la vida de los funcionarios y en la calidad de los servicios ofrecidos al público.

Existen casos específicos de dependencias, como la Secretaría de Bienestar, donde la reducción de miles de plazas de base coincide con el aumento del gasto en contratos de trabajadores temporales.

El análisis, elaborado por Animal Político y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se centró en revisar el impacto de los recortes en las instituciones del gobierno federal, específicamente en los ramos administrativos (secretarías de Estado y órganos reguladores), entidades de control directo (IMSS e ISSSTE) y empresas productivas del Estado (Pemex y CFE). En total, se revisaron 40 ramos presupuestarios; únicamente no se tomaron en cuenta los ramos generales.

Para el análisis, se estableció una comparación entre los recursos ejercidos entre 2018 —conforme a la Cuenta Pública— y los asignados en el PEF 2022. Se decidió comparar el presupuesto ejercido, y no el aprobado, para tener una mejor aproximación a cómo se gastó. En el caso de 2022, se acudió al PEF porque la Cuenta Pública correspondiente a este ejercicio aún no se elabora.

Las variaciones de aumento o disminución entre los años están en términos reales, a partir de un deflactor basado en la expectativa de inflación de los Criterios Generales de Política Económica del Paquete Económico 2023. Estos cálculos fueron hechos por el IMCO.

Pérdida de plazas

En 19 ramos presupuestales se registraron recortes de plazas, mientras que el resto de los ramos se mantuvo más o menos estable o hubo aumentos, de acuerdo con el Analítico de Plazas de Hacienda.

Un caso relevante es el de la Secretaría de Bienestar, que perdió el 67.7% de sus plazas entre 2018 y 2022 (al pasar de 15 mil 302 a 4 mil 939). Como parte de ese recorte, esta dependencia registró una caída real de 29% en sus erogaciones por concepto de sueldos base al personal permanente, un clasificador incluido en el Capítulo 1000, al pasar de 608.7 millones de pesos ejercidos en 2018 a 531.5 millones asignados en 2022.

Al mismo tiempo, esta secretaría reportó un aumento real de 2 mil 196% en su gasto por remuneraciones al personal eventual (de 143.1 a 4 mil 029 millones de pesos), que se explica por la contratación masiva de funcionarios temporales llamados “servidores de la nación”, quienes tienen a cargo el reparto de programas sociales.

Dos órganos reguladores, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), perdieron, respectivamente, el 24.3% y el 20% de sus plazas presupuestales de 2018 a 2022. Estas dos instituciones recortaron el número de trabajadores tanto permanentes como eventuales, de acuerdo con cifras del Capítulo 1000.

La Oficina de la Presidencia perdió el 16.6% de sus plazas; Turismo, el 10.8%; Semarnat, el 6.9%, y Economía, el 6.4%.

En contraste con los recortes, las secretarías de Marina y la Defensa tuvieron un crecimiento de plazas presupuestales de 17.8% y 20.6% de 2018 a 2022, lo mismo que la Secretaría de Salud (22.7%), Sader (33.3%) y la Función Pública (63.4%).

¿Qué cargos desempeñaban las plazas eliminadas?

Entre las miles de plazas desaparecidas en Bienestar, se encuentran 104 de promotores sociales, 276 de jefes de unidad, 286 de coordinadores generales, 192 de técnicos especializados, 76 directores de área, 242 subdirectores y 545 jefes de departamento, entre otros.

La SRE eliminó 104 plazas de técnico administrativo “B”, 46 de subdirector de área y 15 de enlace. Turismo eliminó las plazas de delegados regionales en varios puertos. En la Secretaría de Energía se eliminaron 205 plazas del Instituto Mexicano del Petróleo. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes eliminó 19 plazas de auditores, 24 de supervisores de operación, 49 de bomberos de aeropuertos y 39 de supervisores de programas y proyectos.

El impacto de la eliminación de plazas también se puede apreciar según el área afectada por los recortes. Por ejemplo, en el caso de la Semarnat, desaparecieron 278 plazas en la Profepa, 799 en la Conagua, 83 en la Comisión Nacional Forestal, 15 en el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable y 20 en la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental.

La Secretaría de Economía eliminó plazas de delegados y subdelegados en todos los estados y en ciudades importantes, y también las plazas en la Dirección General de Comercio Exterior, así como en las direcciones para América del Norte, Europa y África, y Asia, Oceanía y Organismos Multilaterales. También transformó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) en Comisión Nacional (Conamer) y le quitó 13 plazas. El Instituto de la Propiedad Industrial (Inpi) perdió 23 plazas; la Procuraduría Federal del Consumidor, 137; el Servicio Geológico Mexicano, 16.

En organismos dependientes de Hacienda también hubo recorte de plazas: 14 plazas menos en Bancomext, 30 menos en el SAT, 66 menos en Nacional Financiera, 11 menos en la Consar y 28 menos en el IPAB. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes fue transformado en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), pero en el camino perdió 70 plazas.

Pérdida de prestaciones

El impacto de los recortes en las condiciones laborales de los funcionarios federales también se aprecia en la variación del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos, que agrupa las remuneraciones al personal al servicio de los entes públicos y en el que se incluyen sueldos, salarios, honorarios, seguridad social y prestaciones.

El gasto en sueldos base al personal permanente tuvo un aumento del 14% en términos reales, al pasar de 154.3 mil millones de pesos ejercidos en 2018 a 214.9 mil millones asignados en el PEF 2022.

En cuanto a las erogaciones para pagar al personal transitorio, hubo una disminución del 47% en el gasto por concepto de honorarios (al pasar de 9.8 mil millones de pesos ejercidos a 6.3 mil millones asignados), pero un aumento de 141% en el pago de sueldos base al personal eventual (se pasó de 9.6 mil millones de pesos ejercidos a 28.3 mil millones asignados), lo que indica una mayor apuesta del gobierno a contratar al personal en este régimen.

Si se diseccionan estos conceptos a detalle, se observa que las remuneraciones al personal eventual crecieron 407% y los pagos por honorarios cayeron 25% específicamente entre el personal de las empresas productivas (CFE y Pemex) y en las entidades de control directo (IMSS e ISSSTE). Entre los ramos administrativos, las remuneraciones al personal eventual crecieron 137% y los pagos por honorarios cayeron 62%; en estas instituciones las erogaciones por sueldos base al personal permanente disminuyeron 1%.

Estas variaciones en los tipos de contratación también se ven reflejadas en el presupuesto. Muestra de ello es cómo el concepto de pago de liquidaciones creció 790% en términos reales entre los ramos administrativos (se pasó de 254.1 millones de pesos ejercidos en 2018 a 2 mil 775.6 millones aprobados en 2022).

En todo el gobierno federal, el gasto por concepto de seguridad social disminuyó 8%, al pasar de un presupuesto general ejercido de 106.4 mil millones de pesos en 2018 a uno de 119.9 mil millones asignados en 2022; si bien, en términos nominales, parece que hubo un aumento, el deflactor detectó que se trató de una reducción en términos reales.

Particularmente entre los ramos administrativos, las aportaciones al IMSS bajaron 5% en términos reales; las aportaciones de seguridad social contractuales cayeron 50%; las aportaciones al Infonavit sufrieron un recorte del 13%. En tanto, las aportaciones al seguro para elementos de las Fuerzas Armadas (ISSFAM) aumentaron 38%.

Entre las empresas productivas del Estado y en las entidades de control directo (IMSS e ISSSTE), las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro cayeron 28%; las aportaciones de seguridad social contractuales un 14%, y las aportaciones al Infonavit un 3%.

Hubo también recortes en el concepto de remuneraciones adicionales y especiales que tenían los trabajadores al servicio del Estado. Por ejemplo, entre los ramos administrativos cayó 99% el pago de primas por antigüedad.

En toda la Administración Pública Federal (APF), el pago de aguinaldos cayó 26% en términos reales, al pasar de un gasto de 55.3 mil millones de pesos erogados en 2018 a 50.1 mil millones asignados en 2022. También cayeron 13% los pagos por horas extra (de 7 mil 540 a 8 mil 085 millones de pesos), y 24% las erogaciones para pagar primas quinquenales por cinco años de servicios efectivos prestados (de mil 875 a mil 751 millones de pesos).

Particularmente entre los ramos administrativos, y específicamente en la SRE, cayeron un 7% las compensaciones de retiro, una prestación a favor del personal del Servicio Exterior Mexicano.

Los recortes generalizados no tuvieron el mismo impacto entre el personal de las Fuerzas Armadas, a las que, por el contrario, se asignaron aumentos presupuestales al Capítulo 1000 para beneficio de los funcionarios que allí laboran.

Sueldos menores

El Inegi elabora otra fuente de información que también permite documentar la pérdida de prestaciones en la APF. El Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) registra cuál ha sido la variación en el tipo de contratación del personal, a qué institución de seguridad social se encuentra afiliado y cuál es su rango de ingresos, pero también documenta su nivel de escolaridad y herramientas de formación institucional.

El CNGF 2021 registra las condiciones laborales en 294 instituciones federales a lo largo de 2020. Las ediciones anteriores reportan los ejercicios 2019 y 2018. La información recogida por el censo es aportada por las propias instituciones evaluadas, es decir, no se trata de una encuesta a una muestra representativa de trabajadores.

Conforme a los datos procesados, en 2018 —último año de gestión de Enrique Peña Nieto— había 1 millón 476 mil 478 trabajadores en la APF; en 2019, 1 millón 358 mil 653, y en 2020, 1 millón 345 mil 234. La disminución del personal entre 2018 y 2020 es de 8.8%.

Si se calcula la proporción que cada régimen de contratación representa del total de trabajadores de la APF por año, se tiene que, en 2018, la cantidad de trabajadores eventuales representaba el 6% del total, segmento que creció a 10.3% en 2020; los contratados por honorarios crecieron de 1.3 a 1.9%, y los trabajadores de base o sindicalizados bajaron de 71.8% del total a 70.7%. Aunque en este último caso la reducción parece marginal, se trata, en términos nominales, de 108 mil 167 funcionarios más que no contaron con plaza de base en 2020.

Según el mismo censo del Inegi, también se registró una disminución de la fuerza laboral que contó con seguridad social al segundo año de López Obrador.

En 2018, el 98.7% de funcionarios federales estaba afiliado a alguna institución de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Fuerzas Armadas u otra), proporción que bajó a 98.1% en 2020. Visto de otra manera, en términos nominales, al final del sexenio de Peña Nieto había 10 mil 479 servidores públicos sin seguridad social. En 2020, en esta circunstancia de desprotección estaban 24 mil 962 trabajadores.

En la administración lopezobradorista también hubo un “desplazamiento” o “inversión” de la pirámide salarial. Es decir, según el CNGF del Inegi, entre 2018 y 2020 creció o se ensanchó la base laboral que gana sueldos más bajos, y disminuyó el segmento que gana mejores sueldos.

Por ejemplo, en 2018, un 83.4% de funcionarios se ubicaba en el rango salarial que percibía entre uno y 25 mil pesos mensuales. Para 2020, la proporción aumentó a 91.1% del total de la base laboral. Este crecimiento en el segmento de los sueldos más bajos trajo consigo una reducción en los rangos salariales más altos.

Así, el segmento de trabajadores que ganaban entre 25 mil 001 y 50 mil pesos pasó de representar el 13.2% en 2018 al 6.7% en 2020. De igual modo, el porcentaje de funcionarios que se ubicaba en el rango de 50 mil 001 a 70 mil pesos bajó del 1.01% al 0.84%, y el grupo de quienes ganaban más de 70 mil pesos pasó de representar el 2.25% al 0.85%.

El Analítico de Plazas de Hacienda es otra fuente de información que permite documentar la disminución de las percepciones salariales en la APF. Para realizar esta estimación, con cálculos elaborados por el IMCO, se obtuvo un promedio del salario asignado a todas las plazas de cada institución, desde el más bajo hasta el más alto (de titular de dependencia).

De este modo, se pudo confirmar que en instituciones de la APF hubo una caída en las percepciones salariales anuales entre 2018 y 2022.

El caso más drástico sucedió en la SRE, donde el salario promedio de los funcionarios cayó un 40.9% en términos reales, al pasar de 631.3 mil a 372.9 mil pesos al año.

Otra caída se dio en la Secretaría de la Función Pública, donde el salario promedio pasó de 867.1 mil a 582.5 mil pesos al año, una disminución del 32.8%. En la Secretaría de Marina, la reducción fue del 30.75%; en la de Defensa Nacional fue del 27.2%; en la de Gobernación fue del 25.1%.

GRÁFICOS: Andrea Paredes y Jesús Santamaría / Animal Político

Recortes a la profesionalización

La actual administración también ha hecho recortes al presupuesto destinado a la profesionalización de los servidores públicos. De hecho, las estadísticas no solo muestran un descenso en las actividades de capacitación a los funcionarios, sino que, incluso, hubo una variación en los grados de formación académica del personal laborando en el gobierno federal.

De acuerdo con información de la Cuenta Pública y el PEF, entre 2018 y 2022 hubo una caída real de 26% en las erogaciones por concepto de apoyos a la capacitación de los servidores públicos, incluido en el Capítulo 1000 del presupuesto y el cual afecta a los burócratas que laboran para los ramos administrativos y los autónomos. En términos monetarios, se pasó de 222.7 millones de pesos nominales erogados en 2018 a 203.1 millones asignados en 2022.

También hubo un recorte de 18% al concepto de estímulos al personal operativo, que incluye gratificaciones por titulación de licenciatura, calificación de méritos, estímulos a la eficiencia y calidad, estímulos al desempeño, premios y recompensas a empleados, estímulos por años de servicio, estímulos por puntualidad y asistencia, entre otros.

La falta de recursos tuvo efectos negativos, pues provocó una caída en los mecanismos o esquemas de profesionalización con que contaban las instituciones públicas federales, según demuestra el Censo Nacional de Gobierno Federal.

Para Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, los recortes a la profesionalización de los servidores públicos son contraproducentes y resultan más costosos.

“La austeridad tiene que ver con seguros médicos, sueldos altos, gastos de separación. La pérdida en la relación de los estados con funcionarios técnicamente preparados es brutal. Cuando tú dejas de tener un interlocutor que era técnicamente el que incluso a ti te orientaba, y entra a un actor político al que tienes que orientar tú, se pierde tiempo, dinero”, dijo en entrevista.

 

 

Otra funcionaria federal de la Unidad de Transparencia de Segalmex señaló que, tras los recortes de personal en su área, llegaron trabajadores de confianza sin experiencia.

“Yo necesitaba para funcionar mínimo cuatro personas, y me dejaron solo una persona que no sabía nada, no estaba capacitada para el cargo. Esta persona llegó como trabajadora de confianza. Mínimo debía tener el conocimiento básico de la Ley de Transparencia y de los procedimientos, pero no tenía esa parte”, afirmó.

Para esta trabajadora, el recorte de personal y la no apuesta por la profesionalización del personal contribuyen a que los servicios públicos prestados sean deficientes.

El grado de escolaridad de los funcionarios que laboran en la APF también registró una variación en el actual sexenio. Según el CNGF, entre 2019 y 2020 aumentó la proporción de burócratas que solo tienen educación básica, y disminuyó la base laboral que contaba con educación media superior. Sin embargo, también se registró un aumento en el segmento de los trabajadores con educación superior.

Carga de trabajo sin pago de horas extra

A la par de que han caído sus prestaciones laborales, la carga de trabajo para los funcionarios públicos federales —sin pago de horas extra— ha aumentado en la actual administración, y también creció el número de trabajadores en condición de subocupación, según datos de 2018 a 2022 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

La ENOE es una encuesta en la que se recogen las respuestas de una muestra representativa de los trabajadores de todos los sectores económicos, incluida la población que labora en la APF.

Con auxilio de personal del Inegi, se elaboró una comparación de la duración de la jornada laboral exclusivamente entre la población ocupada que trabaja en el gobierno federal.

En 2018, el último año de gobierno de Peña Nieto, 609 mil 839 personas dijeron laborar en la APF; el 28.3% declaró trabajar más de 49 horas a la semana, lo que significa una jornada diaria de más de 10 horas por cinco días de la semana. El 49.7% refirió trabajar de 40 a 48 horas, que se considera una jornada laboral habitual de ocho a nueve horas al día.

En 2019, el 25% de 621 mil 776 funcionarios federales dijo laborar más de 49 horas a la semana; en 2020, en esta situación estaban aún menos trabajadores: el 23.4% de 663 mil 355 burócratas.

Si bien al inicio de la administración lopezobradorista se registró una disminución en el número de funcionarios que laboran jornadas de más de 10 horas al día, hoy es una circunstancia que se está revirtiendo.

Para 2021, el 27.5% de servidores públicos de los 708 mil 710 encuestados dijo estar en esa situación, una proporción parecida a la que imperaba en 2018.

En 2022, con datos al primer trimestre del año, 26.7% de los 621 mil 952 encuestados trabajó más de 10 horas al día.

El aumento de la carga de trabajo no se vio acompañada del pago correspondiente por horas extraordinarias laboradas.

En toda la APF cayeron 13% los pagos por horas extra, de 7 mil 540 millones de pesos erogados en 2018 a 8 mil 085 millones de pesos asignados en 2022. Una vez más, si bien nominalmente hubo un incremento presupuestal, en términos reales se trató de una disminución.

Un funcionario de la Oficina de la Presidencia refirió una prolongación de su jornada laboral debido a que continúa trabajando de manera remota en su casa.

Su jefe —relató— aprovechó la inercia del home office y mantuvo al personal a su cargo en este esquema aun cuando la gran mayoría de instituciones públicas ha retomado labores de manera presencial en oficinas. En este esquema, cuenta el servidor público, su jornada de trabajo aumentó sin pago de horas extra, así como sus gastos por un mayor consumo de servicios como luz, agua, internet y gas, por los que tampoco recibe una compensación.

Si bien hubo un incremento de las cargas de trabajo en el servicio público, durante la actual administración también aumentó la cifra de trabajadores subocupados, es decir, que tienen un empleo en la APF pero trabajan menos horas de las que quieren o necesitan, lo que con frecuencia conduce a la búsqueda de un segundo empleo u otra fuente de ingresos.

De acuerdo con la ENOE, en 2018 la proporción de funcionarios federales que trabajan hasta 24 horas a la semana (cinco horas diarias o menos) era del 2.6% del total, cifra que en 2020 y 2021 se mantuvo por encima de 5%.

La proporción de quienes trabajan de 25 a 34 horas semanales (de cinco a siete horas diarias) fue de 6.9% en 2018, de 7.9% en 2019, de 9.3% en 2020, de 6.9% en 2021 y de 7.4% al primer trimestre de 2022, según la estadística consultada.

Militantes del PAN denunciaron violencia política de género en el INE

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en Guerrero denunciaron violencia política en razón de género por parte de autoridades electorales en contra de Felícitas Gutiérrez Navarrete.

Carlos Millán Sánchez, ex dirigente estatal del PAN y Yolanda Vázquez Bautista, candidata a consejera, fueron los encargados de dar detalles de actos que consideran violentos contra una compañera de su partido.

Millán Sánchez acusó de «incompetente» al consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Amadeo Guerrero Onofre, por no resolver un proceso especial sancionador contra Gutiérrez Navarrete.

Consideró que este caso es una arbitrariedad, porque a Gutiérrez Navarrete se le impidió su derecho a ser votada como consejera estatal del PAN.

El caso ocurrió hace ocho meses y hasta la fecha no hay un resolutivo sobre el caso, «lo están peloteando entre el partido y el Tribunal Electoral del Estado (TEE)».

«Estamos en espera de que las autoridades tomen cartas en el asunto y resulta que encuentran trabas y no existe una justicia pronta», mencionó Millán Sánchez.

La denuncia en contra del consejero Guerrero Onofre fue debido a que el Proceso Especial Sancionador se declaró incompetente para resolver el caso, ”cuando solamente el tenía que turnarlo al Tribunal y ellos ya sancionaran”, explicó el panista.

Mencionó que el INE está para armar el proceso especial sancionador y el TEE para calificar y sancionar, y si el consejero no tiene experiencia y argumentos necesarios para estar en el cargo, le pidió que renuncie.

 

Salud, deuda, apoyos y violencia: Los dichos falsos y engañosos de AMLO en su mensaje de 4 años de gobierno

López Obrador aseguró que en el país ya no se ha padecido el hambre, además de presumir que México enfrentó la pandemia de una forma eficiente.


Texto: Siboney Flores, Samedi Aguirre, Mauricio Elí, Frasua Esquerra, Mariano Mangas y Arturo Daen / Animal Político

Fotografía: Facebook Morena Si

28 de noviembre del 2022

 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio un mensaje en el Zócalo capitalino en el que destacó acciones en salud, economía, apoyos sociales y ante la inseguridad al conmemorar sus cuatro años de gobierno.

Como en cada informe el Sabueso verificó y encontró dichos falsos y engañosos, aunque también algunos verdaderos, al contrastar con cifras oficiales y distintos reportes:

“1 millón 300 mil personas, sobre todo niños y niñas con discapacidad reciben pensión de 2 mil 800 pesos bimestrales. Con la aportación complementaria, hasta ahora, de 15 gobiernos estatales, este apoyo ya es universal. Es decir, para todas las personas con discapacidad”

Calificación: Falso

De acuerdo con el Padrón Único de Beneficiarios (PUB), durante el periodo de julio a agosto de este año —último del que se tiene registro— había 928 mil 588 beneficiarios del programa de apoyo a personas con discapacidad.

Lo que implica una diferencia de 371 mil 412 personas menos de lo que presumió el presidente en su informe. 

Además, el último censo poblacional del INEGI encontró que en México 7 millones 168 mil 178 personas tiene discapacidad y/o algún problema o condición mental.

Por ello, suponiendo que la cifra del presidente fuera precisa, no podría considerarse “universal”, pues siguen sin ser beneficiarios más del 80% de las personas con discapacidad del país. 

Organizaciones como Yo También han alertado que aunque no se ha logrado la cobertura planteada por el mismo gobierno, cada año se incrementa el presupuesto asignado a este programa, que también ha sido señalado por falta de transparencia y rendición de cuentas.

De acuerdo con la evaluación más reciente realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la cobertura de la población objetivo del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente (PPBPDP) solo era del 65%.

Es decir, durante 2021 de cada 10 personas elegibles para recibir este apoyo  —por ser menores de 65 años que habiten en localidades marginadas—, solo 6.5 lo obtuvieron.

Frase: “No ha habido hambre y por eso se ha mantenido la paz” 

Calificación: Falso

 

Aunque el presidente dijo que en México se ha mantenido la paz porque “no hay hambre”, lo cierto es que seis de cada 10 hogares en el país no tienen garantizada la alimentación, según reportó en mayo la Organización de Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con la ONU, el 47.1% de los hogares mexicanos reportó reducción en el gasto en alimentos, por el incremento de precios registrado a nivel mundial este año.

Datos del Coneval señalan que el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria (pobreza laboral) durante el segundo trimestre de 2022 fue de 38.3%. Hubo una disminución de 1.6 con respecto al trimestre anterior; sin embargo, esta se dio en un contexto donde el valor de la canasta alimentaria se incrementó 12%.

Además, aunque el presidente asegura que “se ha mantenido la paz”, tan solo en octubre se registraron 2 mil 481 homicidios dolosos, lo que lo ubica como el mes más violento en lo que va de 2022, de acuerdo con los informes diarios que realiza el grupo interinstitucional del gobierno federal.

López Obrador habló de una baja de 10% en los homicidios. Si se compara el periodo enero-octubre de 2018 con 2022, sí se observa una reducción de 7%, al pasar de 28 mil 116 asesinatos a 26 mil 119.

Si bien es cierta esa tendencia a la baja, también lo es que de 2019 a 2021 se superaron los 34 mil homicidios dolosos y feminicidios, al igual que ocurrió en 2018, los niveles más altos de violencia de los que se tenga registro en el país.

Frase: “Enfrentamos la pandemia con dolor, pero con eficiencia y con mucha solidaridad de nuestro pueblo. De inicio, en cinco meses, vacunamos con una dosis a casi todos los adultos mayores del país. Se han aplicado 28 millones de vacunas. Aprovechó para expresar nuestro agradecimiento a médicos, enfermeras y trabajadores de la salud, que pusieron en riesgo su vida para salvar a enfermos de COVID”

Calificación: Engañoso

El presidente aseguró que México enfrentó la pandemia con eficiencia, presumió dosis aplicadas de vacunas y agradeció a los profesionales de la salud por arriesgar su vida para salvar a enfermos de COVID.

Pero no mencionó que somos uno de los países que más muertes reportó durante los momentos más complicados de la pandemia. Tampoco dijo que la actuación del gobierno dio pie a manifestaciones por parte de los trabajadores de la salud, que no sólo pedían mejores condiciones de trabajo, sino también insumos y vacunas para enfrentar la COVID-19.

De acuerdo con el estudio “Seguimiento del exceso de mortalidad en los países durante la pandemia de COVID-19 con el conjunto de datos de mortalidad mundial”, México se posicionó como uno de los 5 países que más exceso de mortalidad registró desde que inició la pandemia y hasta mayo de 2021.

De acuerdo con un análisis de Amnistía Internacional, publicado en mayo de 2020, México se posicionó como el país con más personal médico fallecido por COVID-19, superando a naciones como Estados Unidos, Brasil y Reino Unido.

México se colocó como uno de los países en Latinoamérica que inició primero la vacunación contra COVID-19, pero conforme avanzó el tiempo se fue rezagando, según refirieron especialistas a medios internacionales como El País.

De acuerdo con cifras de Our World In Data, hasta el 26 de noviembre de 2022, México ocupa el lugar 13 en dosis de vacuna COVID-19 administradas por cada 100 personas dentro del continente americano.

“Ya empezó el aeropuerto (AIFA) a tener cada vez más pasajeros, un promedio de ocho mil pasajeros diarios”

Calificación: Falso

El presidente afirmó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya empieza a “tener un promedio de 8 mil pasajeros diarios”, mil pasajeros menos de los que afirmó que tenía este aeropuerto hace tan solo nueve días.

De acuerdo con datos de vuelos comerciales de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y la Estadística Operacional Origen-Destino para el Servicio Regular Nacional, en septiembre —mes más reciente del que se tienen datos— el AIFA registró un promedio de 3 mil 261 pasajeros diarios

Esta cifra es 59% inferior a los 8 mil pasajeros estimados por el presidente en el Cuarto Informe, y 64% menor a la presumida por el presidente hace nueve días, de 9 mil pasajeros diarios.

Si la cifra que dio el presidente en el Zócalo fuera correcta, al cierre del año se superaría por mucho el nuevo estimado que dio el director del AIFA, el general Isidro Pastor, de entre 600 y 700 mil pasajeros, para llegar hasta un total de un millón 27 mil 051.

El promedio de 3 mil 261 pasajeros diarios sí se ajusta a la expectativa que dio el militar a cargo del aeropuerto.

“Se ayuda a 283 mil 535 madres solteras con 800 pesos mensuales para que tengan a sus hijos en estancias infantiles mientras ellas trabajan fuera del hogar”

Calificación: Engañoso

El presidente López Obrador destacó el apoyo a madres jefas de familia, pero precisamente  fue su gobierno quien eliminó en 2019 la entrega de recursos a Estancias Infantiles que habían operado desde sexenios previos, para a cambio hacer entregas directas de dinero a madres y padres de familia, que tenían que buscar por su cuenta esos servicios de cuidado.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) explicó en una recomendación que la cancelación del programa había vulnerado el derecho de los menores, quienes eran beneficiados. También señaló que eliminar el programa ponía en riesgo el trabajo de madres y padres debido a la falta de acceso a servicios de cuidados de los menores.

Además, en febrero de 2022 se canceló el programa Escuelas de Tiempo Completo, dedicado a ofrecer servicio de alimentación y jornada extendida para estudiantes de educación básica en zonas vulnerables del país.

La organización Mexicanos Primero sostuvo que esto era una violación de los derechos humanos de 3.6 millones de estudiantes, al quedarse sin horas extra de aprendizaje, y en el caso de 1.6 millones de niños quedarse sin comer en sus escuelas.

El monto presupuestado  para las Escuelas de Tiempo Completo fue transferido al programa de La Escuela es Nuestra (LEEN), dedicado a la construcción de  aulas, baños, laboratorios o la adquisición de mobiliario, aunque sin tener contemplado en sus reglas de operación el horario extendido.

En este reportaje de Animal Político se indicó que a casi tres años de la puesta en operación, los apoyos de este programa sólo habían llegado al 36% de los planteles del país y las autoridades, en particular la SEP, desconocían cómo se habían ejercido más de 23 mil millones de pesos de presupuesto público.

“Hemos echado a andar el IMSS Bienestar… el abasto de medicamentos en estos primeros 9 estados es del 94% en promedio”

Calificación: Engañoso

Tras el fracaso de la implementación de INSABI, en febrero de 2022, se anunció el arranque de funciones del programa IMSS Bienestar, cuya función principal es atender a la población sin seguridad social y al que se integraron los estados de Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche, Veracruz y Guerrero.

Sin embargo, la asociación civil Cero Desabasto reportó que el problema persiste de manera general. A inicios del 2021 el INSABI tenía un 74% de surtimiento y en el primer cuatrimestre del 2022, el programa que le reemplaza, IMSS Bienestar, reportó una caída a 71%, el más bajo de los últimos 6 años.

De acuerdo con Andrés Castañeda, coordinador de Cero Desabasto, la crisis  va más allá de los estados que implementaron el programa IMSS Bienestar. En el informe publicado por Cero Desabasto se indicó que durante 2022 más de 25% de la demanda de los medicamentos no se había surtido efectivamente. También que en el primer trimestre del 2022 el IMSS había incumplido en surtir más recetas que todas las que negó en el 2019.

En el estatus general de abasto del INSABI, se reportó que hasta el 22 de noviembre de 2022 de 116 mil 532 órdenes de suministro, solo 86 mil 670 fueron entregadas. Es decir, el 74.37%.

“El salario mínimo pasó de 88 pesos cuando llegamos al gobierno, a 172 pesos: un incremento de 62 por ciento en términos reales”

Calificación: Verdadero

Según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el salario mínimo general vigente en 2018 fue de 88.36 pesos.

Al siguiente año tuvo un aumento de 5% para quedar en 102.68 pesos de forma general; en 2020 el salario general tuvo un incremento anual de 20% quedando en 123.22 pesos; en 2021 fue de 15% para quedar en 141.70 pesos, y en 2022 tuvo un porcentaje de 22% para cerrar en 172.87 pesos y en efecto tener un incremento acumulado de 62%.

Mientras que el salario de la frontera Norte pasó de 88.36 pesos en 2018 a 260.34 pesos en 2022.

“No hemos contratado deuda nueva o adicional”

Calificación: Falso

De acuerdo con los registros del Banco Mundial, nuestro país ha solicitado 4 mil 555 millones de dólares desde diciembre de 2018 —inicio del sexenio actual— a la fecha. El más grande de estos compromisos fue por 1,000 millones de dólares el 19 de mayo de 2020 (unos 19 mil 335 millones 800 mil pesos mexicanos al tipo de cambio del 25 de noviembre), destinado a la atención de la pandemia causada por COVID19.

El más reciente se aprobó el pasado 31 de mayo de 2022, con una obligación de 700 millones de dólares (aproximadamente 13 mil 535 millones 060 mil pesos mexicanos) para el proyecto de Crecimiento Económico Inclusivo y Sustentable en México, apegado a los principios de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible promovida por ONU Hábitat, y se trató de un DPL (“Préstamo para Políticas de Desarrollo” o “Development Policy Loan”).

Esta desinformación ya había sido revisada por Animal Político en diversas ocasiones.

“La ley se aplica parejo, no es la ley del embudo del porfiriato. Una prueba de ello es el avance en la investigación y el castigo de los involucrados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Hicimos el compromiso de cumplir y estamos avanzando… La fiscalía general de la república y los poderes legislativos y judicial actúan con absoluta independencia”

Calificación: Engañoso

El mandatario hizo este señalamiento aunque en septiembre de este año organizaciones como el Centro Prodh y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señalaron una injerencia en la labor de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), que derivó en que se cancelaran órdenes de aprehensión contra 16 militares y otros servidores públicos implicados en el caso Ayotzinapa.

Ante las acusaciones de que había protección a militares, López Obrador dijo que con las órdenes de captura la UEILCA había intentado dinamitar el caso, porque dichos miembros del Ejército no eran mencionados en el informe que elaboró la comisión para la verdad que encabeza el subscretario Alejandro Encinas.

En otro momento el presidente reconoció su participación en la forma en cómo se procesa este caso, pues aunque se supone que la Fiscalía General es autónoma él como mandatario pidió que dicha dependencia actuara contra el exprocurador Murillo Karam, y se lograra su detención. Esto, aunque el fiscal encargado de la UEILCA había señalado que era necesario recabar más elementos para tener un caso más sólido.

Leer: La FGR ‘se saltó’ labores asignadas a la Unidad Especial para Ayotzinapa; esta se queda sin titular luego de tres años de trabajo

Si bien el presidente presumió un avance en las investigaciones sobre Ayotzinapa, lo cierto es que hasta la fecha uno de los casos más graves de violaciones de derechos humanos en el país sigue sin tener al menos un sentenciado. 

“Se eliminó el fuero del presidente que ahora puede ser juzgado como cualquier otro ciudadano”

Calificación: Engañoso

Es cierto que la reforma al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite que la persona titular del Poder Ejecutivo Federal sea enjuiciada por “traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana” desde el 19 de febrero de 2021.

Sin embargo, el artículo 111 establece que quien ocupe la titularidad de la Presidencia sólo podrá ser “acusado” ante la Cámara de Senadores y será esta instancia quien, “erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado”.

En el caso de López Obrador, su partido —Morena— tiene mayoría en el Senado, lo que haría improbable que avance un proceso así en su contra, caso distinto al de “cualquier otro ciudadano”.

“Cuando llegamos la presidencia manejaba un presupuesto de 3 mil 600 millones de pesos, este año vamos a ejercer menos de 600 millones”

Calificación: Verdadero

En 2018, último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Oficina de la Presidencia registró un gasto de 3 mil 573 millones de pesos, según los datos de la Cuenta Pública, mientras que al tercer trimestre de 2022 esa oficina había recibido 315 millones, de un monto aprobado de 833.

Para 2023, a la Oficina de la Presidencia le aprobaron 875 millones de pesos.

Elaboración propia con Datos de la Cuenta Pública, a precios de 2021

 

“Se cancelaron los fideicomisos innecesarios y opacos”

Calificación: Engañoso

López Obrador señaló que “se cancelaron los fideicomisos innecesarios y opacos”, refiriéndose a la supresión de 109 fideicomisos públicos por un monto de 68 mil millones de pesos. Sin embargo, no mencionó que persistieron fideicomisos como los del Ejército.

En su página de Transparencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lista los fideicomisos “de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una inutilidad en primera categoría en actos del servicio considerado de alto riesgo”, “a favor de los hijos del personal adscrito al Estado Mayor Presidencial” y “público de administración y pago de equipo militar”, que tuvo un aumento de 1079% en esta administración y del que 14 mil millones de pesos habrían sido destinados para la construcción del Aeropuerto de Tulúm, según reportó Forbes México en septiembre pasado.

En 2021, Animal Político reportó que  documentos relacionados con obras como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía habían sido considerados por el Ejército como reservados o  confidenciales.

Las Fuerzas Armadas, refirió MUCD, “recurren sistemáticamente a clasificar y resguardar la información de sus dependencias” bajo el argumento de que no se comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional, sin dar mayor justificación.

“Una muestra de esto es el informe de sesiones del Comité de Transparencia de la SEDENA del 2021, según el cual, de 273 solicitudes en materia de acceso a la información, 213 respuestas fueron reservadas y en el resto se determinó que la información era inexistente, todas ellas aprobadas por unanimidad de votos

“No se ha autorizado la explotación de energéticos mediante el fracking”

Calificación: Falso

Aunque el presidente insiste en que no se ha permitido la extracción mediante fracking, organizaciones como  No Fracking México han denunciado que esto es falso.

La organización Fundar también detalló que dentro del PPEF 2022 se puede identificar presupuesto federal destinado al fracking dentro de dos proyectos de inversión de Pemex: Aceite y Gas en Lutitas y Aceite Terciario del Golfo (ATG).

“A pesar de que se ha enfatizado que el fracking está prohibido en el país, esta técnica sigue más que vigente”, explica Fundar, quien detalló que si bien se ha gastado menos de los recursos aprobados, continúa el ejercicio de este proyecto.

Aceite Terciario del Golfo inició en 2002 y concluirá en 2031. Se ubica en los estados de Veracruz y Puebla. El proyecto Aceite y Gas en Lutitas inició en 2013 y concluirá el 21 de diciembre de 2022 en Tampico, Veracruz y Chihuahua.

Su objetivo es evaluar lutitas de edad Cretácico y Jurásico. Las lutitas son un tipo de rocas que usualmente se encuentran cerca de yacimientos subterráneos de gas.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace. 

Reprochan diputados a secretario de Educación su falta de oficio para resolver conflictos

Con la comparecencia de Rodríguez Saldaña arranca segundo día de comparecencias para detallar el primer informe de la gobernadora 


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

22 de noviembre del 2022

Chilpancingo 

 

En el segundo día de comparecencias, los diputados se lanzaron contra el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, por la falta de maestros, plazas y las manifestaciones de distintos sectores educativos.

En la comparecencia de hoy, con motivo de la glosa del primer informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, tocó el turno a Rodríguez Saldaña, a quien distintos sectores educativos catalogan como falto de capacidad para atender las demandas educativas.

Durante el primer año de Rodríguez Saldaña al frente de la SEG las manifestaciones de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), de docentes de Preparatorias populares y padres de familia que exigen maestros e infraestructura son comunes en la entidad.

Al respecto, los diputados preguntaron sobre los motivos de esas manifestaciones, de la situación de los maestros del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) y de los normalistas.

El que encendió los ánimos y marcó la tendencia de la comparecencia fue el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Educación, Macedonio Mendoza Basurto.

En el inicio de la primera ronda de preguntas, Mendoza Basurto pidió a Rodríguez Saldaña explicar la inversión de 83 millones de pesos para la elaboración de 150,000 uniformes para alumnos de educación básica de zonas marginadas.

Mendoza Basurto mencionó que dichos uniformes presentan retraso en su entrega por lo que pidió saber el proceso de licitación.

También pidió conocer sobre los equipos de cómputo que dan a las normales del estado, ya que mencionó «es un reclamo vigente de los normalistas en sus manifestaciones».

Rodríguez Saldaña no respondió de manera clara al diputado; sobre los uniformes mencionó que a la SEG no le corresponden los procesos de licitación para la compra de uniformes escolares, sino a la Secretaría de Finanzas.

Sobre los equipos de cómputo mencionó que 50 por ciento de la matrícula de normales se benefició con equipo de cómputo.

En su réplica, Mendoza Basurto expuso la desatención de la SEG a las problemáticas de la educación en el estado, así como el constante deslinde de Rodríguez Saldaña en muchas de sus responsabilidades.

El diputado local lamentó la represión a estudiantes del FUNPEG desalojados en distintas protestas en la capital por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con equipo antimotin

«Somos contrarios a lo que decimos, antes condenabamos la represión y ahora hacemos uso de la fuerza pública», lamentó.

Dicho eso, Mendoza Basurto concluyó su participación y aclaró que no usaría su contra réplica, por lo que Rodríguez Saldaña ya no respondió a los reclamos.

Siguió el turno de la priista Flor Añorve Ocampo, quien preguntó sobre las medidas implementadas para reducir el porcentaje de abandono escolar, los mecanismos de selección de estudiantes beneficiarios de los uniformes escolares y cuántas plazas se recolectaron por jubilaciones y otros mecanismos, a efecto de contratar al mismo número de maestros.

El titular de la SEG explicó que para atender la deserción escolar se implementan distintas acciones de gobierno, entre ellas, la mejora de la infraestructura, y la creación de la Beca Ignacio Manuel Altamirano.

Las preguntas de los legisladores a Rodríguez Saldaña fueron en torno a temas de deserción escolar, falta de atención a estudiantes, al magisterio, infraestructura de las escuelas y la falta de maestros.

Sobre esos cuestionamiento, Rodríguez Saldaña enfatizó que uno de los principales problemas es la falta de infraestructura, «porque durante muchos años no se dio mantenimiento ni se invirtió para atender las escuelas».

Sobre las manifestaciones, Rodríguez Saldaña dijo que las principales demandas de las movilizaciones del sector educativo son por infraestructura, docentes, prórrogas de nombramientos, validación de horas adeudo, asignación de plazas a egresados normalistas, reconocimiento de docentes en funciones directivas, y basificaciones.

A lo que dijo «son problemas heredados, son asuntos que ya tienen años» pero afirmó que se tratan de resolver y reconoció que no son suficientes los recursos de la dependencia para poder atender muchas de las demandas educativas.

La diputada del PRI Julieta Fernández Márquez pidió a Rodríguez Saldaña detallar una inversión de 60,855 pesos realizados por el gobierno del estado junto con la UNICEF, distribuidos a 275 escuelas de la Montaña y Costa Chica.

Preguntó también si hay diagnósticos claros sobre la deserción escolar en zonas de riesgo, «lo que genera rezago educativo, incrementando el trabajo infantil, el consumo de sustancias nocivas y el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes por parte de los grupos delictivos».

En su respuesta, el secretario precisó que los recursos citados de la UNICEF se utilizaron para material desinfectante en escuelas de la región Montaña y Costa Chica.

Con relación a la deserción escolar explicó que en los años siguientes incrementarán los programas sociales «con el objetivo de recuperar la matrícula, invirtiendo en infraestructura contribuye a revertir esta problemática».

En su réplica, Fernández Márquez dijo que la infraestructura no es la única opción y llamó al secretario a «redoblar esfuerzos y hacer uso de todas sus facultades para que la presente administración estatal cumpla los compromisos contraídos con los guerrerenses», finalizó.

Por su parte, Rafael Navarrete Quezada, del PRI, reprochó al secretario su responsabilidad en torno a las manifestaciones.

«Claramente no está haciendo lo suficiente por las marchas y movilizaciones de la CETEG», le mencionó Navarrete Quezada, quien también preguntó sobre el tema de prepas populares y deserción escolar, a lo que Rodriguez Saldaña respondió que eso «son asuntos que ya tienen años».

Por último, la diputada de Morena, Maria Flores Maldonado, cuestionó la falta de capacidad de Rodríguez Saldaña al no lograr atender a los maestros de la CETEG quienes en estos momentos realizan una movilización en la Ciudad de México.

Rodríguez Saldaña respondió que de parte de su dependencia se les atendió y que sus demandas no corresponden al estado si no a la federación.

¿Más recursos ahora para universidades? El presupuesto para educación superior y posgrado fue más alto con EPN

Organismos como la ANUIES han señalado afectaciones porque se eliminaron fondos extraordinarios; 2015 y 2016 son los años en que se destinaron más recursos federales para educación y superior y posgrado en la última década.


Texto: Arturo Daen / Animal Político  

Fotografía: Óscar Guerrero (Archivo)

22 de noviembre del 2022

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que con su gobierno los presupuestos para las universidades públicas han crecido “como no se veía en otros tiempos”, pero las cifras oficiales muestran lo contrario: el gasto para Educación Superior y Posgrado fue mayor el sexenio pasado. 

Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el IPN, el Colmex y Conacyt tuvieron su pico de recursos de la última década entre 2015 y 2016, mientras que en la actual administración se han dado recortes a rubros de fondos extraordinarios para formación de personal académico y mejora continua de la enseñanza, y han desaparecido programas como el de Fortalecimiento de la Calidad Educativa.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento del gasto, donde el monto de presupuesto público entregado en 2021 para Educación Superior y Posgrado sí es mayor al de 2017 y 2018, pero 6% menor al de 2015, según los datos de la Cuenta Pública:

Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública, en millones de pesos a precios de 2021.

Solo en el rubro de Aportaciones federales para estados y municipios es donde el gobierno de López Obrador ha registrado mayores recursos que el gobierno anterior, pero este representa una parte menor de todos los recursos federales pagados para la subfunción de Educación Superior y Posgrado.

En 2021, por ejemplo, los 4 mil 539 millones de pesos de Aportaciones Federales para Entidades y Municipios representaron el 3% de todo el gasto del rubro mencionado, mientras que los del Ramo 11 de Educación —donde, por ejemplo, está el presupuesto para la UNAM y el IPN— significaron más del 90%.
Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública, millones de pesos a precios constantes.

Análisis presupuestales del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (página 5), y de la ANUIES (página 4) coinciden en mostrar el pico de recursos para universidades en 2015, y desde entonces un gasto menor.

Esto, mientras en ese lapso la matrícula de las instituciones federales de educación superior y de las universidades públicas estatales, tecnológicas y politécnicas creció 19.4%, según la propia ANUIES.

Para 2023, se aprobaron 162 mil millones para la subfunción de Educación Superior y Posgrado, 0.4%% más de lo aprobado este año, pero 18% menos que 2015.

Conacyt, UNAM, IPN y Colmex, con ‘pico’ de recursos el sexenio pasado

En el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en este Sabueso ya habíamos verificado que también de 2014 a 2016 había registrado su mayor presupuesto público, mientras que en 2021 tuvo su nivel más bajo de la última década.

Si se revisa el caso específico de algunas instituciones, tampoco se observa el incremento superior presumido por López Obrador.

La UNAM tuvo sus mayores montos de gasto aprobado y recursos recibidos en 2015 y 2016.

Los 47 mil 659 millones aprobados para la UNAM en 2023 son 7% inferiores a lo que le aprobaron en 2015, y 4% menores a los de 2019, en términos reales.

Mismo caso con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), cuyo presupuesto aprobado para 2022 fue 13% menor al que le destinaron en 2015.

En cuanto a la Universidad Autónoma Metropolitana, los 8,138 millones de pesos que le aprobaron de gasto este año están 14% por debajo de la cifra de 2015, en términos reales.

Y al revisar las cifras del Colegio de México, el dinero público que recibió de 2019 a 2021 siempre fue inferior al monto que alcanzó en 2015, y lo que le aprobaron en 2022 está 20% debajo de lo que le autorizaron ese año.

Respecto del Organismo Coordinador de Universidades del Bienestar, instituciones impulsadas por el gobierno de López Obrador, lo que se observa es que su presupuesto aprobado tuvo su menor monto en cuatro años en 2022, aunque para 2023 se le asignó 36% más, en términos reales.

Elaboración propia con cifras de Cuenta Pública y PEF

Según este análisis de los académicos de la Universidad de Guadalajara Carlos Iván Moreno y Diego Cedillo Morales, publicado en la revista Nexos, el gasto federal en educación superior y posgrado representará en 2023 el 2.7% del Presupuesto de Egresos, su menor nivel desde 2013.

Los recursos para ciencia, tecnología e innovación, según su cálculo, serán el 1.01% del PEF, también la menor proporción desde hace una década. 

De este modo, refieren, el “promedio de la inversión federal por estudiante de nivel superior (en universidades públicas) en este sexenio es el más bajo de los últimos 20 años”.

Eliminan fondos extraordinarios y programa para calidad educativa

Tanto los académicos como este análisis de la ANUIES coinciden en señalar la afectación a la educación superior por la eliminación o reducción de partidas de fondos extraordinarios.

“Ante las cada vez mayores limitaciones del presupuesto ordinario, los fondos extraordinarios han cobrado mucha importancia, ya que han permitido llevar a cabo proyectos para la innovación, la ampliación y diversificación de la oferta educativa, la formación del personal académico y la mejora continua de la calidad, entre otros aspectos relevantes para el desarrollo académico de las instituciones”, refirió la ANUIES.

Actualmente, agregó, la mayoría de los programas presupuestales de este tipo se han extinguido, y los que se mantienen cuentan con asignaciones insuficientes.

Los fondos extraordinarios, como el de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, tenían asignados en 2015 un monto de 9,630.2 millones de pesos, recordó la Asociación Nacional, y desde entonces se dio un declive drástico de asignación.

Gráfico de la ANUIES

A partir del ejercicio fiscal 2020, señaló a su vez el CEFP de la Cámara de Diputados, se eliminó también el Programa Presupuestario S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”.

Esto, agregó, pese a la opinión de la OCDE respecto a que este programa coadyuvaba al mejoramiento de la calidad de la educación pública superior.

“Dicho programa otorgaba recursos para la implementación del Nuevo Modelo Educativo, iniciativa del Gobierno Federal que buscaba transformar las prácticas didácticas dentro del aula a partir del desarrollo de aprendizajes clave, renovados campos de formación académica y un currículo flexible”, agregó.

En la imagen, estudiantes de la Universidad del Bienestar, campus Tixtla, protestan durante la visita del presidente López Obrador para exigir la construcción de su plantel. Foto: Óscar Guerrero

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace. 

La reforma electoral del Ejecutivo genera discusión entre los morenistas, priistas y perredistas 

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

17 de noviembre del 2022

Chilpancingo

 

En la sesión de hoy, los diputados se enfrascaron en una discusión en torno a la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el penúltimo punto del orden del día estaba una participación del diputado y presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona, su discurso se titulaba Democracia y reforma electoral.

En lo que parecía ser una sesión rápida en la que se tomaría protesta al nuevo alcalde de San Miguel Totolapan, se leería un exhorto para el reconocimiento de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur) y dos participaciones, acabó en un discusión entre todos los diputados de los partidos políticos.

Los ánimos los encendió González Varona, quien durante su participación defendió la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador y habló sobre la democracia en México, «los fraudes electorales», desde 1989 con Cuahutemoc Cárdenas Solorzano hasta del 2012 con López Obrador.

Esas lecciones de historia que parecía dar González Varona eran para justificar la reforma electoral al decir que los entes organizadores de las elecciones son «corruptos».

“Algunos puntos de vista hacen ver (a la reforma electora) diferente porque afecta sus intereses políticos y económicos”, dijo González Varona.

«El Instituto Nacional Electoral (INE) no desaparece, solo cambia a Instituto Nacional Electoral y de Consulta, mismo que seguirá siendo autónomo, con las mismas estructuras y presupuesto para poder organizar las elecciones y las consultas al pueblo, para garantizar la democracia», agregó el morenista.

Al parecer lo dicho por el presidente de Morena no le pareció al diputado perredista Carlos Reyes Torres (PRD), quién pidió la palabra para hablar «sobre el mismo», o sea, la reforma electoral, o como ellos lo llaman, «la desaparición del INE».

Reyes Torres mencionó que la reforma «atenta contra la democracia en México porque extingue una larga lucha de los partidos de izquierda que derivó en la construcción de instituciones confiables e independientes como el INE», mencionó en tribuna.

El perredista Reyes Torres fue diputado local, presidente del PRD a nivel estatal y presidente de le entonces Comisión de Gobierno, hoy Junta de Coordinación Política (Jucopo), cargos mencionó para justificarse y decir que tiene todo el derecho de oponerse a la reforma.

«Siempre hemos caminado en la Izquierda, desde Cuahutemoc Cárdenas hasta con el hoy presidente por instituciones autónomas», dijo Reyes Torres.

Otra de las voces que estuvo en contra de las palabras de González Varona fue la diputada del PRI, y esposa del senador Manuel Añorve Baños, Julieta Fernández Márquez, quien se sumó al debate y dijo que «el INE es parte de las y los mexicanos, una institución independiente y autónoma que da credibilidad y garantías de respeto al voto ciudadano».

Fernández Márquez agregó que esta reforma genera un retroceso de la democracia en México y dijo que es volver al pasado, cuando se cometían fraudes electorales y un partido permaneció 70 años en el poder.

Al partido que se refirió Fernández Márquez es al suyo, el PRI, por el que su esposo es senador y su hijo regidor en Acapulco.

Acabadas las participaciones de la oposición la palabra regreso a lado izquierdo del pleno, es decir al grupo parlamentario de Morena con María Flores Maldonado.

Flores Maldonado solo recomendó a los diputados opositores informarse en relación con la reforma electoral y les propuso abrir espacios de consulta para que la ciudadania opine y decida respecto al futuro del INE.

El diputado Joaquín Badillo Escamilla de Morena habló sobre la importancia de la reforma en el tema de la reducción de salarios y dijo que eso «está pensado para darle mayores beneficios a los mexicanos y no a la clase política», y agregó que el recurso que se gasta ahora con la reducción de sueldos serán orientado a programas sociales.

La diputada priista Flor Añorve Ocampo consideró una incongruencia decir que la reforma electoral es para garantizar la democracia, y aseguró que es es todo lo contrario, «ya que pretende acabar con una institución que ha normado los procesos electorales».

Sobre el mismo tema, habló la presidenta de la Mesa Directiva, la perredista, Yanelly Hernández Martínez dijo que las reformas electorales deben priorizar el avance democrático y no el retroceso.

«El óptimo nivel de democracia que hoy se vive en México costó muchas vidas, esfuerzo, perseverancia y resistencia de partidos y actores políticos, que no pueden minimizarse», por lo que dijo que se debe valorar ese esfuerzo.

Al final los diputados votaron porque el asunto estaba «total y definitivamente concluido» y después de una participación de Badillo Escamilla, sobre alumbrado público en Acapulco, la sesión culminó sin otro incidente.

La Biblioteca del Congreso local sólo presentaba problemas de humedad: Secretaría de Protección Civil

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero
16 de noviembre del 2022
Chilpancingo

 

El secretario de Prevención de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, Roberto Arroyo Matus, informó que la Biblioteca Siervo de la Nación, del Congreso local, presentaba «poco deterioro» y «problemas de humedad», por lo que se desconocen los motivos de la demolición.

Arroyo Matus mencionó que hay dos dictamenes sobre la Biblioteca, emitidos por la administración pasada del priista Héctor Astudillo Flores, donde menciona que en el edificio , «Había deterioros sobre todo debido al paso del tiempo, que estaban provocando algunas filtraciones de humedad y básicamente era eso», mencionó.

Agregó que como Secretaría de Protección Civil no están facultados para recomendar una remodelación o demolición de inmuebles, por lo que desconoce los motivos por los que se demolió el edificio que albergaba la Biblioteca Siervo de la Nación.

«Normalmente Protección Civil no está facultado para emitir dictámenes de demolición. Se hacen dictámenes y opiniones técnicas de la seguridad estructural, pero no puede recomendar demoliciones», dijo Arroyo Matus.

En la imagen, el secretario de Prevención de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, durante una entrevista en Palacio de Gobierno. Foto: Óscar Guerrero

El secretario explicó que la decisión de demoler la Biblioteca la tuvo que realizar un director responsable de obra, pero que ellos ya son «entes autónomos y privados».

«Lo que yo pude ver en los dictámenes es que se recomendaba que participara un director responsable de obras para establecer si era necesaria una demolición».

El contexto de la demolición de la Biblioteca generó una discusión estos últimos días entre los morenistas Alfredo Sánchez Esquivel, ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la actual presidenta del citado órgano, Yoloczin Domínguez Serna.

La demolición de la Biblioteca se realizó durante la administración de Sánchez Esquivel en un marco de opacidad y señalamientos por parte de sus compañeros diputados de no transparentar la información sobre la obra.

Domínguez Serna aseguro que tiene en su poder un dictamen donde establece que no es necesaria la demolición de la Bibloteca y que hubo recursos destinados a la construcción que no se ejecutaron con tal fin.

Por su parte, Sánchez Esquivel catalogó de «ignorante» a Domínguez Serna, por lo que ayer diputadas de Morena culparon de misógino a Sánchez Esquivel y se armó un pleito en el pleno del Congreso local.

En la imagen, los trabajos de demolición de la Biblioteca Siervo de la Nación, del Congreso local. Foto: Óscar Guerrero

 

Si hay una reforma esperamos que sea aprobada por unanimidad: INE Guerrero

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Óscar Guerrero 

11 de noviembre del 2022

Chilpancingo 

 

El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, dijo que la reforma electoral que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, en caso de aprobarse, tendrá que ser por unanimidad para «respetar y reconocer las nuevas reglas del juego».

Entrevistado al término de la presentación del procedimiento para el Parlamento de Niñas y niños de México, en las oficinas del INE en Chilpancingo, Muñoz Loyola dijo que de parte del INE esperan que la eventual reforma electoral sea consensuada por todas las partes.

«Como INE nos preocupa que de haber una reforma esta sea de manera consensuada y que ese consenso sea lo más amplio, y de poder alcanzar incluso la unanimidad, porque es la forma que todos lo jugadores reconozcan y respeten las reglas del juego», mencionó Muñoz Loyola.

Agregó que de no haber consenso existirán riesgos para los futuros procesos electorales.

«Si se aprueba con mayoría simple se corre el riesgo de que algunos contendientes no se sientan integrados o escuchados en las nuevas reglas y eso provocará desconfianza e incertidumbre».

Muñoz Loyola catalogó como «una responsabilidad mayúscula» la tarea que tendrán los y las diputadas al analizar y discutir la mencionada reforma.

Sobre la manifestación del próximo domingo, que se realizará en la Ciudad de México en contra de la reforma, Muñoz Loyola dijo que esas manifestaciones son organizadas por la ciudadanía y que como INE no participan.

«El INE no va a participar (en la marcha) como institución y sobre los y las ciudadanos que participan pues solo estaremos atentas que pasa porque es obvio que se mencionará al INE», dijo Muñoz Loyola.

Sobre la reforma, los partidos políticos en Guerrero ya fijaron posturas al respecto.

El día de ayer los dirigentes del PRD, PRI y PAN se reunieron para definir sus acciones en relación a la marcha del próximo domingo.

«Me reuní con los presidentes del PAN, Eloy Salmerón y del PRD, Alberto Catalán; con quienes hablamos sobre nuestra postura entorno a la reforma electoral. Vamos a defender al INE ¡nos vemos el domingo en la marcha!», publicó en sus redes sociales el presidente del PRI, Alejandro Bravo Abarca.

Por su parte, el líder del PRD en Guerrero, Alberto Catalán Bastida, retó al presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona, a un debate público para discutir la reforma electoral.

En la imagen Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Guerrero, en una entrevista con reporteros, este 11 de noviembre en las instalaciones del INE en Chilpancingo, Guerrero. Foto: Óscar Guerrero

La ASF presenta sus primeras denuncias por posibles actos de corrupción en el sexenio de AMLO: va contra Segalmex

Texto: Nayeli Roldán y Zedryk Raziel / Animal Político

Fotografía: Redes

24 de septiembre del 2022

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó las primeras denuncias por presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de dos denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades en el manejo de recursos públicos en Segalmex, Liconsa y Diconsa durante 2019 y 2020.

Autoridades federales confirmaron a Animal Político que ambas denuncias se interpusieron en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) el pasado 11 de agosto, y que se suman a las carpetas de investigación iniciadas previamente contra varios exfuncionarios públicos.

Si bien no se conoce con precisión a cuánto asciende el monto del daño presupuestal que consignó la ASF en sus denuncias, una revisión a la Cuenta Pública de 2019 y 2020 muestra que se formularon 43 pliegos de observaciones por un mal uso de recursos públicos por 4 mil 793 millones 411 mil 130 pesos en ambos ejercicios fiscales.

En ese periodo, el director de Segalmex, Liconsa y Diconsa era Ignacio Ovalle, quien, pese al tamaño de las irregularidades, fue removido del cargo en marzo y nombrado titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), sin que exista una investigación para deslindar responsabilidades.

Estas denuncias son las primeras interpuestas por la ASF por irregularidades detectadas en la actual administración. Hasta marzo de este año, las denuncias seguían concentradas en los presuntos delitos cometidos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, especialmente en el esquema conocido como La Estafa Maestra.

En abril pasado, Animal Político publicó que los plazos legales para resolver irregularidades por más de mil millones de pesos en Segalmex y por la ‘desaparición’ de 4 mil medicamentos para tratar cáncer se agotaron desde noviembre de 2021, pese a lo cual la ASF no había interpuesto denuncias penales.

Las dos denuncias de la Auditoría por posible daño patrimonial llegan después de otras 38 presentadas desde enero pasado por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia FGR, según informó el titular de la SFP, Alberto Salcedo.

Como parte de ese cúmulo de denuncias, la FGR abrió una carpeta de investigación por una compra ilegal de certificados bursátiles fiduciarios privados con recursos públicos de Segalmex por 100 millones de pesos. Por este caso, quien fuera titular de la Unidad de Administración y Finanzas, René Gavira —subalterno de Ovalle—, fue vinculado a proceso y está en espera de que se lleve a cabo la audiencia intermedia.

Paralelamente, la FGR inició otra carpeta de investigación por el presunto delito de delincuencia organizada en contra de 15 exfuncionarios y ocho socios de empresas a los que acusó de simular la adquisición de 25 mil toneladas de azúcar por un monto de entre 418 y 465 millones de pesos.

Ninguna de las investigaciones de la FGR incluye a Ovalle, quien fue titular de Segalmex, Liconsa y Diconsa —y por ello jefe de todos los exfuncionarios acusados— durante el periodo en que se cometieron los supuestos delitos.

Las irregularidades denunciadas por la ASF

Según la información pública de la propia Auditoría, en 2019, el primer año del gobierno de López Obrador, el daño al erario en las tres instituciones fue de mil 327.6 millones de pesos, mientras que en 2020 el boquete fue de 3 mil 465 millones adicionales.

Al tratarse de pliegos de observaciones, la ASF considera que son recursos ejercidos cuyo destino se desconoce; en otras palabras, es dinero posiblemente desviado.

Por institución, el dinero público malversado en Segalmex asciende a 2 mil 031.2 millones de pesos; en Liconsa, mil 932.2 millones, y en Diconsa, 829.9 millones.

Una de las principales irregularidades documentadas por la ASF en Segalmex, Liconsa y Diconsa en 2019 y 2020 fue el pago de mil 445.7 millones de pesos por la supuesta prestación de servicios profesionales en apoyo al personal. Es decir, se trató de pagos a empleados “fantasma” contratados mediante el esquema de outsourcing.

La Auditoría también detectó pagos sin que se comprobara la recepción de productos y servicios como envases de PET (99.9 millones de pesos), costales blancos de polipropileno (182.1 millones de pesos), tarimas (67.2 millones de pesos), plaguicidas, abonos y fertilizantes (49.9 millones de pesos) y transporte de productos lácteos (620.5 millones de pesos).

El ente fiscalizador también documentó erogaciones injustificadas en contratos de coproducción para beneficiar a ciertos proveedores. Por ejemplo, se hicieron pagos por 293.4 millones de pesos sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara la recepción de los servicios asociados al proceso de producción de productos lácteos y derivados lácteos, y pagos por 518.4 millones sin acreditar la recepción de la leche fresca y los servicios de maquila de secado de la misma.

La ASF detectó asimismo pagos en exceso a productores de leche por 327.3 millones y salidas injustificadas de efectivo de las cuentas de Segalmex por 104.3 millones.

 

 

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