El Registro Civil es utilizado para los enlaces matrimoniales, pero la boda del síndico ocurrió en un espacio diferenciado, en una muestra de privilegio. No todas las personas que acuden al Ayuntamiento a casarse acceden a este espacio
Texto: Jesús Guerrero y Margena de la O
Fotografía: Facebook Andrei Marmolejo Valle
11 de junio del 2023
Chilpancingo
El síndico procurador Andrei Yasef Marmolejo Valle utilizó la terraza del Ayuntamiento de Chilpancingo para su boda civil con Vasthi Adame el viernes pasado, lo que generó un descontento colectivo ciudadano, expresado de manera particular en las redes sociales, pero también de sus compañeros de Cabildo.
El regidor morenista Ricardo Iván Galíndez Díaz calificó de “frívolo” este acto que choca con los principios rectores de la cuarta transformación que impulsa su partido.
Marmolejo Valle también es morenista, al igual que la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, quien ayer sábado por la noche, en medio de todo el debate público, subió a sus redes sociales fotografías de la celebración formal de la boda, que ocurría en ese momento en el restaurante Mama Quina, ubicado al sur de Chilpancingo.
El uso de las instalaciones del Ayuntamiento reventó ayer por la mañana porque un periódico local, Diario de Guerrero, publicó la información. Hasta el mediodía de este domingo la alcaldesa no daba una explicación pública del uso del inmueble para un evento personal del síndico.
En las fotografías que circularon en las redes sociales de la boda civil, una de ellas que él mismo la subió en su perfil de Facebook, se ve que que la terraza del Ayuntamiento fue decorada con flores y velas. Los novios aparecen entre ese fondo vestidos de colores claros.
Para tener acceso a ese lugar es determinante tener la anuencia en la alcaldesa morenista; sólo hay tres accesos a la terraza: la oficina de Hernández Martínez, la sala de juntas y la Secretaría General del Gobierno. Entonces, la sede del gobierno municipal fungió como una especie de salón de eventos.
De acuerdo con algunos trabajadores, por órdenes de la alcaldesa, antes de las once de la mañana del viernes cerraron la terraza o acceso al balcón del Ayuntamiento para que nadie, a excepción de los invitados del síndico, ingresaran. Pero las fotografías exponen que el enlace civil pudo ocurrir por la tarde-noche.
“Todo fue legal y el síndico cumplió con los requisitos para casarse aquí”, dijo el director del Registro Civil, Miguel Ángel Torreblanca Ruano.
El funcionario mencionó que él no acudió al acto oficial por compromisos personales, pero designó a una trabajadora del Registro Civil para que llevara a cabo el enlace matrimonial. “Ignoro si la alcaldesa (Norma Otilia Hernández) estuvo en la boda”, dijo Torreblanca Ruano en entrevista telefónica.
Además comentó que “se pueden hacer bodas civiles en las casas, playas o en lugares públicos y la celebración que se hizo aquí a petición del síndico no está fuera de la ley”.
El área física del Registro Civil, como parte de los trámites que legaliza, es utilizada para los enlaces matrimoniales, pero la boda del síndico ocurrió en un espacio diferenciado, en una muestra de privilegio. No todas las personas que acuden al Ayuntamiento a casarse acceden a estos espacios para su boda civil, y es donde radica la diferencia.
El síndico parece no mirar esas diferencias, porque anoche que celebraba su boda contestó desde perfil de Facebook algunos mensajes que le cuestionaban el uso del inmueble público.
“Gracias por los buenos deseos. Y no, no soy ni he sido el único que se casa en el ayuntamiento y mucho menos en la terraza. Pague mis derechos porque es la casa del pueblo. No se equivoquen, no somos lo mismo… viva la #4T”, es el mensaje textual del síndico.
El regidor Galíndez dijo que va a pedir un informe al Cabildo sobre el permiso de la celebración de la boda del síndico en el balcón del Ayuntamiento.
“Fue un indebido y frívolo que va contra los principios de nuestro partido”, dijo el regidor morenista, quien dijo que se enteró a través de las redes sociales de la celebración de este enlace matrimonial civil.
Tampoco descartó que fuera la propia alcaldesa Norma Otilia Hernández la que haya celebrado el enlace, porque tiene facultades legales para hacerlo.
“En Chilpancingo hay muchos problemas como la inseguridad, la falta de servicios públicos y a mí me parece que este tipo de escándalos que protagonizan ediles de mi propio partido son muy lamentables y ojalá la dirigencia estatal de Morena emita sanciones”, agregó el regidor.
En medio de los cuestionamientos y desinformación sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en redes sociales circulan mensajes donde lo acusan de ocultar datos del rescate bancario.
En otras publicaciones, se le acusa de negar información relacionada con casos de corrupción, y de que haya impunidad.
Pero ¿qué es competencia del INAI y qué no? Lado B consultó a especialistas quienes nos explicaron cuáles son las funciones y atribuciones del organismo que, a diferencia de lo que se especula, no es un repositorio de información gubernamental. Acá te cuento:
Desinformación sobre el INAI
A raíz de las declaraciones de López Obrador para desacreditar el instituto, hay mucha desinformación respecto al tema de transparencia.
Por ejemplo, en redes sociales se dice que el INAI es a quien se debe la opacidad en el caso de Zhenli Ye Gon, empresario acusado por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero y a quien se le incautó la suma de 207 millones de dólares.
Otra sostiene que Vicente Fox benefició a su familia con el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Esto aunque durante su mandato, gracias a la ley de transparencia, se descubrió el “Tanga Gate”, donde se comprobó el desvío de 30 millones de pesos destinados a programas de salud de mujeres y VIH en la compra de artículos de lujo y tangas.
También hay imágenes y cartones políticos donde dicen que no proporcionó información sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, y el fraude de Fobaproa.
Sin embargo, no es deber del INAI concentrar la información pública, sino que es responsabilidad de cada dependencia de gobierno proporcionar y transparentarla. La información sobre el caso Fobaproa, por ejemplo, la tienen autoridades de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
También es mentira que el INAI haya evitado la transparencia respecto a la Casa Blanca, un inmueble de 7 millones de dólares facilitado al entonces presidente por Grupo Higa, sino que gracias al sistema de transparencia se pudo revelar esa historia, según se explica en el mismo reportaje.
Otro dicho de desinformación es que al INAI le corresponda emitir sentencias o investigar casos de corrupción. Eso no está entre sus atribuciones.
“El @INAImexico no es un ente fiscalizador ni investiga. No denunciamos corrupción, abrimos las negativas y las resistencias de abrir lo público”, refirió en su cuenta de Twitter la comisionada del Río.
Pero entre tantos datos falsos, ¿qué es lo que sí hace el INAI?
Las verdaderas atribuciones
Actualmente tal cual está redactada la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya última modificación es de 2021, el INAI tiene las responsabilidades de:
•Formar parte del Sistema Nacional de Transparencia, en el cual también está la Auditoría Superior de la Federación, y que se encarga de la política pública en la materia y de los lineamientos de operación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
•Conocer y resolver recursos de revisión e inconformidad de la ciudadanía respecto a la información entregada y resoluciones emitidas por los órganos locales.
•Interponer recursos de inconstitucionalidad contra leyes que vulneren el derecho de acceso a la información o promover controversias constitucionales.
•Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones, en caso de no cumplirse las obligaciones de transparencia.
La PNT es un espacio virtual donde se puede acceder a la información que es obligación de las dependencias hacer pública, también se pueden hacer preguntas a los tres niveles de gobierno, sindicatos y demás instituciones que reciben dinero gubernamental.
Para Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, el instituto es una especie de tribunal en materia de transparencia.
“(Si) te niegan una información o te dicen que está clasificada o que después de una búsqueda muy cansada y exhaustiva no la encontraron y tú sabes que es una información de carácter público, tienes que recurrir, somos un tribunal […] Nosotros no tenemos es información, nosotros damos la garantías para que conozcas”, dijo la comisionada en entrevista.
Y es que la información no sólo es poder, de acuerdo con la organización Transparencia Mexicana “también es dinero, y quien tiene la información concentrará tanto poder como dinero. Cuando los ciudadanos perdemos información, tenemos menos poder y todavía menos posibilidades de hacer que la información se convierta en riqueza y bienestar”.
Otra cuestión que comentó Del Río Venegas es que han tomado esta coyuntura como una oportunidad para difundir más lo que hace el INAI.
“Hay que reconocer que mucha gente no conocía a fondo lo que significaban estos derechos la información, esta desinformación también nos ha dado una coyuntura para informar más fuerte de la de lo que hace este instituto y del beneficio no solo para los medios de comunicación, también para los ciudadanos”, agregó la funcionaria.
Y es que el INAI no sólo conoce de inconformidades por la falta de transparencia, otra de sus atribuciones es velar por la protección de los datos personales de la ciudadanía.
¿Qué son los datos personales? Es aquella información que se relaciona con nuestras personas y que nos hace identificables, como son edad, domicilio, número telefónico, correo electrónico, número de seguridad social y CURP, entre otros.
Si brindamos esta información a alguna dependencia o a alguna empresa y se utiliza con otros fines a los que autorizamos, por ejemplo, para la afiliación a un partido político, podemos pedir apoyo al INAI o a los institutos de transparencia en los estados.
Entonces, el Instituto Nacional de Transparencia es un intermediario entre las dependencias que tienen la información y la ciudadanía, que busca garantizar nuestros derechos, pero también protege el uso de nuestros datos personales. Acá puedes conocer un poco más de él.
¿Cómo surgió el INAI?
En mayo de 2001, hace 22 años, integrantes de medios de comunicación, de la academia y sociedad civil se reunieron en Oaxaca para impulsar una reforma en materia de derecho a la información pública. En ese momento se fijaron los mínimos para garantizar la Ley de Transparencia en México:
1. Crear un texto constitucional que consagre el principio en el que la información es algo que pertenece al ciudadano.
2. Crear el derecho ciudadano para acceder a datos, archivos, registros y todo tipo de información en manos de los órganos del Estado (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y empresas privadas que reciben recursos públicos.
3. Crear la obligación de los órganos del Estado para proporcionar la información requerida, estableciendo las sanciones adecuadas a los servidores públicos que incumplan con el deber de informar.
4. Identificar las excepciones, que serán mínimas.
5. Crear la figura de una autoridad independiente, que deberá tener a su cargo la tarea de intervenir cuando haya controversias.
6. La iniciativa tendrá también que incluir en el apartado de transitorios reformas al Código Penal, a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a todas aquellas leyes y reglamentos que se opongan al derecho de la sociedad a saber de la actuación de los gobernantes.
En resumen, la Ley de transparencia es una iniciativa ciudadana para favorecer a la ciudadanía.
¿Qué cambios propone AMLO?
Actualmente, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador parece retomar la propuesta de Fox, pues propone que sea la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Fiscalía quienes lleven a cabo las funciones del INAI.
Jorge Islas López, precursor del derecho a la información en México y ahora cónsul de México en Nueva York, Estados Unidos, escribió un artículo donde recuerda que en 2001 el entonces presidente Vicente Fox Quezada propuso que la Secretaría de la Función Pública se hiciera cargo del procedimiento de acceso a la información. Es decir, que el mismo gobierno federal se encargará de garantizar el derecho a la información pública.
Sin embargo, Islas López apuntó en el texto “La primera ley federal de transparencia: una breve relatoría personal”, que al final se aprobó la creación de un organismo autónomo y colegiado.
Para Transparencia Mexicana la posible desaparición del INAI “sería un grave retroceso para el país. Ha costado mucho trabajo que la transparencia no la controlen los gobiernos, y que exista un organismo que les instruya entregar la información cuando se le niegan. Sin INAI abundará la propaganda, pero no la información”.
*Este contenido fue producido con el apoyo del Institute for War And Peace Reporting y la mentoría de Animal Político, en el marco del programa Mexican Journalism Resilency.
Este texto fue publicado originalmente en Lado B y lo reproducimos como parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie.Puedes leer el original en este enlace.
Docentes de primaria y secundaria advierten que, como ha ocurrido con reformas previas, no han recibido capacitación formal sobre la Nueva Escuela Mexicana y desconocen los próximos planes de estudio y libros de texto. Prevén que tengan una mayor carga de trabajo.
Texto: Erendira Aquino / Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)
22 de mayo del 2023
Las y los docentes de educación básica desconocen los materiales con los que enseñarán a niños y jóvenes de primaria y secundaria durante el siguiente ciclo escolar. Aunque han recibido capacitación en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, no han visto el plan de estudios que se aplicará ni los nuevos libros de texto gratuitos.
En entrevistas con Animal Político, maestras de primaria y secundaria señalan que, al igual que como ha ocurrido con otras reformas educativas, la que busca implementar la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el siguiente ciclo no ha contemplado una capacitación completa para los profesores, lo que podría complicar su labor, así como la capacidad de aprendizaje de los estudiantes.
Docentes de primaria aseguran que desde que comenzó el actual ciclo escolar han recibido información sobre los cambios que busca la Nueva Escuela Mexicana, con la ayuda de programas piloto, pero desconocen cómo se conformará el plan de trabajo que se implementará y a la fecha no han visto los libros de texto, que ya se encuentran en impresión.
Los de secundaria aún no saben lo que ocurrirá con los materiales para los estudiantes, ya que no fueron convocados como en años pasados para votar por los libros más completos de cada materia, aunque piensan que todavía podrían ser llamados para formar parte del proceso, porque no es la primera vez que las autoridades educativas dejan para último momento esta selección.
“Va a generar a los maestros más carga de trabajo”
Ángeles Marisol, maestra de primaria con 30 años de trayectoria, considera que la nueva forma de trabajo que propone implementar la SEP “podría traer un rezago más profundo entre los niños que tienen iniciativa de buscar y aprender con los que requieren de estar trabajando más para entender el contenido”.
“Siento que va a estar un poquito más complicado el trabajo, porque todavía no aterrizamos bien lo que implica la nueva reforma, y eso va a generar a los maestros más carga de trabajo por las adecuaciones que tendrán que hacer de último momento, porque no conocemos los materiales, y también en este cambio se están quitando muchos contenidos… como que se está haciendo más básica la educación básica”, advierte Marisol, quien da clases en el Estado de México.
La profesora destaca que, con reformas educativas previas, como ocurrió en 2013, aunque la SEP no les brindó mayor capacitación para implementar los cambios, al menos les permitió tener acceso a los libros de texto con anticipación, lo que permitió a los docentes pensar en las adecuaciones que cada uno realizaría a su forma de trabajo. Pero esta vez “siento que todavía ni la misma secretaría aterriza bien lo que quiere”, señala Marisol.
Alma, quien también es maestra en una primaria pública en el Estado de México, coincide en que no han tenido acercamiento con personas que les brinden información precisa sobre cómo implementar el cambio de la enseñanza por medio de materias a la que se realiza a través de proyectos.
“Una capacitación, como de que un especialista nos dé una plática referente al tema de manera profesional, no hemos tenido; el tema se ha conversado como parte de las actividades de los consejos técnicos escolares, que se realizan el último viernes de cada mes, donde nos proporcionan algunos materiales de guía y vemos algunos videos con mensajes de la SEP, pero nada más”, explica.
La profesora considera “triste” que esto se repita cada año, independientemente de quién encabece el gobierno o la SEP: “Simplemente nos dicen aquí está el material, esto es lo que tienes que trabajar. Incluso nos hemos enfrentado a la disparidad de tener que trabajar con materiales que no están actualizados, con programas de estudio que no corresponden a las temáticas que aborda el libro de texto”.
Berenice, psicopedagoga de carrera con más de 20 años dando clases de primaria en el Estado de México, critica que los nuevos libros de texto sobre los que les han hablado en las juntas de consejo técnico “vienen como si los niños ya supieran leer y escribir, y están demasiado saturados de información para los niños, para los papás y para los docentes por el cambio a formato por proyectos”.
“A esto nos enfrentamos en las escuelas oficiales o también pasa que los libros de texto a veces no llegan completos, me ha tocado que llegan solo para la mitad del grupo, y pues los demás solo pueden consultarlos en línea, si es que tienen acceso a internet, y en clase solo podemos revisar con los alumnos los recursos digitales cuando tenemos datos de internet en los teléfonos, porque en las escuelas no siempre hay. Este tipo de dificultades vienen pasando desde hace tiempo, y aunque se han hecho varias reformas, eso no ha cambiado”.
“Lo que sabemos es por los medios de comunicación”
En el caso de los materiales para secundaria, los docentes no han recibido información de los planes y programas, ni de los libros de texto. Gisela, quien da clases de ciencias en el Estado de México desde hace 10 años, señala: “Lo que sabemos es por los medios de comunicación, aunque siempre ha sido así cuando se anuncian cambios”.
De acuerdo con la maestra —médica cirujana de carrera—, en años pasados la SEP convocaba a los docentes de nivel secundaria en el mes de mayo para votar por los libros más adecuados para cada asignatura, algo que en esta ocasión aún no ha ocurrido. Sin embargo, acostumbrada a que muchos procesos escolares “se dejan a la mera hora”, considera que la consulta sobre los materiales podría ocurrir en cualquier momento.
Sobre la capacitación que puedan recibir para implementar los nuevos materiales, la maestra Karina, quien da clases de matemáticas en el Estado de México, prevé que les brinden mayor información durante las vacaciones de verano de los estudiantes, periodo en el que los profesores son convocados para recibir actualizaciones por parte de las autoridades educativas, “pero estamos a merced de que la SEP decida convocarnos”.
Animal Político documentó que los nuevos libros de texto que la SEP ya mandó a imprimir incumplen con la Ley General de Educación, ya que los planes y programas para el siguiente ciclo escolar no han sido publicados, y los contenidos de los materiales no fueron sometidos a consulta de padres de familia y maestros, como establece la norma.
Ante esta situación, padres de familia anunciaron que se encuentra en trámite un amparo contra la producción de los nuevos libros de texto gratuitos, misma que acusan que violó el debido proceso mediante el cual se establece que deben reformarse los materiales educativos.
La SEP fue consultada por el medio para conocer el estado de la producción de los libros de texto para los distintos grados de educación básica, así como su postura sobre los señalamientos de los padres de familia, sin que al momento de la publicación haya recibido respuesta.
Clases presenciales con tan solo cuatro infantes en el jardín de niños Independencia, en la colonia Florida en Chilpancingo. Foto: José Luis de la Cruz (Amapola Archivo).
En poco más de un año, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE abrió al menos 200 Procedimientos Especiales Sancionadores en contra de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.
Texto: Ernesto Núñez Albarrán/ Animal Político
Fotografía: Amilcar Juárez (Archivo Amapola)
24 de abril del 2023
Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard acumulan casi 200 expedientes de investigación en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), derivado de cientos de quejas y denuncias por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña presentados por ciudadanos, legisladores y partidos de oposición.
El senador Ricardo Monreal también figura entre los aspirantes a la presidencia a quienes se investiga por presuntas faltas a las leyes electorales, pero con menos de una decena de asuntos en los que se le involucra.
En la carrera por la candidatura presidencial de Morena, el proceso de revocación de mandato de 2022 fue el detonante: con el pretexto de promover la participación de la ciudadanía en el ejercicio para “ratificar” al presidente Andrés Manuel López Obrador, las llamadas “corcholatas” intensificaron su actividad para posicionarse rumbo al 2024.
Durante el proceso de revocación de mandato (enero-abril de 2022), el INE y el Tribunal Electoral las involucraron, junto con gobernadores y legisladores de Morena y el propio presidente, en decenas de expedientes y varias veces fueron llamadas a respetar la ley, pues todos los funcionarios públicos estaban impedidos de hacer campaña.
Después de la jornada de revocación, del 10 de abril de 2022 (en la que Morena logró movilizar a 16.5 millones de personas a las urnas), Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal pisaron el acelerador: crearon equipos de campaña, nombraron coordinadores a nivel nacional, estatal e incluso municipal; dejaron que su nombre apareciera en bardas y en anuncios espectaculares; contrataron equipos de expertos para posicionarse en redes sociales, y ahora encabezan mítines multitudinarios los fines de semana, utilizando sus cargos públicos para alentar su aspiración presidencial.
Las llamadas “corcholatas” de Morena se convirtieron en un dolor de cabeza para la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE (UTCE-INE), autoridad que ha iniciado alrededor de 200 Procedimientos Especiales Sancionadores a partir de más de mil quejas interpuestas por partidos y ciudadanos en contra de las y los presidenciables, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña.
Con sus actos proselitistas, han provocado que cada semana se les acuse de violar la Constitución; sin embargo, la autoridad electoral solo ha podido aprobar medidas cautelares en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Gobernación y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, consistentes en apercibimientos, ya sea para bajar contenidos de sus redes sociales o para deslindarse de la promoción que “otros” hacen de su figura.
De acuerdo con las leyes electorales vigentes, la UTCE poco puede hacer para detener el abierto proselitismo de las “corcholatas”, pues el proceso electoral federal 2023-2024 ni siquiera ha comenzado.
Cuando recibe una queja, la acumula en un expediente que es investigado y llevado a la Comisión de Quejas, integrada actualmente por las consejeras Claudia Zavala (presidenta de la comisión) y Rita Bell López y el consejero Jorge Montaño.
Con base en el expediente de la UTCE, la comisión puede, o no, otorgar las medidas cautelares solicitadas por el quejoso, y remitir el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), encargado de resolver el fondo; es decir, declarar ilegal el acto impugnado.
Aun en el caso de considerarlo ilegal, las sanciones del tribunal consisten en dar vista al superior jerárquico: el presidente de la República, en el caso de secretarios de Estado; el Congreso local de la Ciudad de México, en el caso de la jefa de gobierno, o el Senado, en el caso de Monreal.
Según los expedientes de la UTCE-INE, entre mayo de 2022 y abril de 2023, se iniciaron 214 Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) por múltiples quejas interpuestas en contra de aspirantes a la presidencia.
De esos procedimientos, 199 se abrieron para investigar acciones de posicionamiento o presuntos actos anticipados de campaña de los morenistas (solo en nueve se involucra a Monreal), y 15 en contra de aspirantes de PRI, PAN, PRD y MC.
Pintas, mítines y redes sociales
Para darse una idea del tipo de asuntos que se acumulan en la UTCE relacionados a la actividad de las “corcholatas”, basta revisar las quejas a las que se dio entrada el 31 de marzo de 2023.
Ese día se recibió una queja del ciudadano Rodrigo Antonio Pérez Roldán en contra de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, y funcionarios municipales, por la celebración y asistencia el 25 de marzo a un evento en Cajeme, así como su difusión en redes sociales.
El mismo ciudadano presentó dos quejas en contra de Marcelo Ebrard el mismo día, una por la elaboración, publicación y presentación masiva del libro El camino de México, “que a decir del quejoso es de contenido netamente proselitista, usando la plataforma, recursos, proyección e impacto que implica ser titular de una Secretaría de Estado”, y otra por la celebración de un acto proselitista en el puerto de Acapulco el 12 de marzo.
El mismo 31 de marzo, la UTCE abrió dos expedientes por quejas presentadas por el PAN.
Uno en contra de Adán Augusto López Hernández y Morena por la pinta de bardas en distintos puntos de Jalisco con la leyenda #AhoraEsAdán. Y otro en contra de Claudia Sheinbaum y Morena, por la pinta de bardas en distintos puntos de Morelos con las leyendas “Para que Siga la Transformación” y #EsClaudia.
Pero fueron quejas y procedimientos que no detuvieron a las “corcholatas”, pues solo en lo que va de abril, se han acumulado otros 15 expedientes en su contra.
A Claudia Sheinbaum, la denunció MC por su evento del 15 de abril en Coatzacoalcos, Veracruz, en el que también participaron el gobernador Cuitláhuac García y la secretaria de Energía, Rocío Nahle.
También el PAN denunció a la jefa de gobierno por eventos celebrados el 12 de marzo y 1 de abril en Chihuahua, por la promoción de su imagen en un periódico denominado P4TRIOTAS, y por la aparición de lonas y bardas en Veracruz, Colima y Jalisco con la leyenda #EsClaudia.
A Ebrard, el 12 de abril se le denunció por la difusión y entrega masiva de propaganda electoral en el Estado de México que, según el quejoso, “de forma sistemática, reiterada y planificada busca posicionar a Ebrard de manera anticipada ante la ciudadanía en general, a fin de que obtenga el triunfo en la encuesta que realizará Morena para determinar a su candidato a la presidencia”.
Adán Augusto López fue denunciado de forma particular por las manifestaciones hechas en la entrevista concedida el 28 de marzo al periodista Joaquín López-Dóriga, en la cual utilizó la frase “yo voy a ser presidente”, lo que a decir del quejoso constituye actos anticipados de precampaña y campaña.
El caso ‘Mexicartoons’
En forma colectiva, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López fueron denunciados por la aparición de la serie animada Mexicartoons, las corcholatas 2024, que se distribuye en diversas plataformas y redes sociales de internet y que, según la queja presentada por el PRD el 14 de abril pasado, constituye actos anticipados de campaña.
La serie Mexicartoons acumula tres quejas, y la más reciente fue promovida el 20 de abril por las ciudadanas Mariana Sánchez Correa, Sofía María Vélez Reynoso y Mitzi Ramírez Romero, pero no por actos anticipados de campaña, sino por presunta violencia de género en contra de Claudia Sheinbaum, pues la serie tiene como fin minimizar su imagen frente a la de Adán Augusto López.
Según las denunciantes, en la serie animada “se emiten expresiones y representaciones cargadas de estereotipos y violencia de género en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México”.
La serie producida por Cabuto Animation se comenzó a distribuir en una página de Facebook llamada Mexicartoons, creada en junio de 2017 para el proceso electoral de 2018 y que actualmente tiene 177 mil seguidores. La cuenta de Facebook remite a la página mexicartoons.com, pero en ninguno de los dos portales se ofrece mayor información sobre sus creadores y patrocinadores.
El primer capítulo de “Las corcholatas 2024” se publicó el 21 de febrero de 2023 y hasta el momento se han emitido ocho episodios (el más reciente se subió apenas este domingo 23 de abril). Los guiones dejan ver el claro propósito de posicionar al personaje “Andan Agusto” como el mejor de los presidenciables.
Los episodios se difunden también en cuentas de Instagram, TikTok, Twitter y YouTube, y se distribuyen en las páginas creadas para promocionar la candidatura del secretario de Gobernación, como Yo voy con Adán, Yo con Adán Augusto o Ahora es Adán Augusto.
A raíz de las denuncias que ya obran en sus expedientes, la Unidad de lo Contencioso del INE puede abrir una investigación sobre la producción y difusión de esta serie animada.
Propaganda de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo por las calles de Chilpancingo. Foto: Amilcar Juárez.
La Sala Superior ordenó que la convocatoria para la renovación del INE se modifique, de manera que la quinteta de aspirantes a su presidencia solamente sea integrada por mujeres.
Texto: Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz
23 de febrero del 2023
Chilpancingo
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que la próxima presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) sea ocupada por una mujer, con el fin de que en la integración del órgano autónomo se siga el principio de paridad de género.
El fallo fue emitido la tarde de este miércoles en la sesión de la Sala Superior, en la que se determinó que deba modificarse la convocatoria de la Cámara de Diputados para la renovación del INE y, con ello, se establezca que la quinteta de aspirantes a presidir el INE únicamente pueda ser conformada por mujeres.
“La Sala Superior, por mayoría de votos, modificó el acuerdo impugnado para efecto de que la quinteta de aspirantes para integrar la presidencia del INE quedara conformada únicamente por mujeres”, informó el TEPJF en un comunicado.
Durante la sesión, la magistrada Janine Otálora señaló que es momento para que el principal árbitro electoral del país sea presidido por una mujer.
“Considero que el contexto histórico de la integración del INE demanda que la presidencia sea ocupada por una mujer, lo que representaría exclusivamente materializar el principio de la paridad y de la participación sustantiva de las mujeres”, dijo Otálora.
Otros integrantes de la sala apoyaron su argumento.
Desde su creación en 2014, el INE solamente ha sido presidido por un hombre, Lorenzo Córdova. Su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), únicamente fue presidido por mujeres en periodos muy cortos y de forma interna, por ejemplo, cuando María Marván asumió esas funciones en las últimas sesiones del IFE antes de su transición a INE.
Ahora, en el proceso que ya está en marcha en la Cámara de Diputados para renovar cuatro asientos en el INE, deberá tomarse en cuenta la orden del TEPJF.
El Comité Técnico de Evaluación, instancia responsable de examinar a los aspirantes, deberá destinar la quinteta para la presidencia del INE únicamente para mujeres. De las tres quintetas restantes, otra también será exclusivamente para mujeres y las otras dos serán para hombres.
El proceso de renovación del INE se echó a andar debido a que Lorenzo Córdova, Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz están por concluir sus periodos en el instituto. Todos ellos dejarán sus cargos el 3 de abril y el propósito de la Cámara es que para el día 4 ya puedan iniciar funciones las cuatro personas que resulten electas.
Hasta ayer, más de 400 aspirantes se habían anotado para ser evaluados.
Mujeres participaron en el proceso electoral del pasado 7 de junio del 2021. Foto: José Luis de la Cruz
La revisión de la Auditoría Superior a la Cuenta Pública de 2021 revela que fallaron los mecanismos con los que el gobierno quería cubrir la demanda de medicinas. En el caso de los fármacos oncológicos, solo el 5% llegó a donde debía.
Texto: Nayeli Roldán
Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)
21 de febrero del 2023
La compra consolidada de medicamentos a través de la ONU, como propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para supuestamente combatir la corrupción, no funcionó: 31 hospitales de especialidad del país recibieron solo el 5% de los medicamentos que habían solicitado para el tratamiento del cáncer en 2021.
Así lo reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión que hizo a la “Adquisición Consolidada y Distribución de Medicamentos Oncológicos” del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en la auditoría de cumplimiento 2035 publicada este lunes como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2021.
Durante la administración del presidente López Obrador, padres de niños con cáncer han denunciado el desabasto de medicamentos oncológicos, pero el mandatario lo ha negado permanentemente e incluso los acusó de “opositores”, mientras que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que las protestas eran parte de una campaña con una “visión golpista”.
Sin embargo, la Auditoría confirmó el desabasto después de revisar contratos y contrastar esto con inventarios y entregas durante 2021 en 31 instituciones como IMSS, ISSSTE, Sedena, Marina y hospitales regionales, como el de Alta Especialidad de Chiapas, el de Ixtapaluca, el de Oaxaca o el del Bajío, el Hospital de Especialidades Pediátricas, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Instituto Nacional de Cancerología o el Instituto Nacional de Pediatría, entre otros.
El proceso que llevó al desabasto fue el siguiente: por primera vez en el país, en 2021, el Insabi fue la institución encargada de hacer la negociación de compra de medicinas para el resto de instituciones de salud del país con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés); es decir, este organismo internacional se encargaría de encontrar a los proveedores.
Sin embargo, la UNOPS no consiguió vendedores que proveyeran todas las medicinas que el sistema de salud mexicano requería, como ocurrió con los oncológicos. El 30 de noviembre de 2020, los 31 hospitales de especialidad solicitaron al Insabi 194 claves (tipos de medicamentos) que usarían en 2021 para los tratamientos contra cáncer.
La UNOPS solo encontró vendedor para 128 claves por un total de 5 millones 621 mil 199 piezas, y aun así no se cumplió, pues al comparar la información de los contratos con las entregas reportadas por los 31 hospitales, la Auditoría encontró que al 31 de diciembre de 2021, las unidades médicas solo habían recibido 127 claves de medicamentos oncológicos por un total de 643 mil 945 piezas. Esto “representa el 11.5% del total adjudicado en cantidad de piezas del medicamento oncológico”.
“Al comparar la cantidad de claves oncológicas y piezas entregadas contra lo demandado de dicho grupo de medicamentos en 2020 por 194 claves, se observó que solo se hicieron entregas por el 5.1% del total demandado por el Sector Salud en 2021”, afirma la Auditoría.
Ni siquiera se cumplió con la entrega de 61 claves de medicamentos considerados como prioritarios, es decir, aquellos “con alta demanda y que su desabasto podría provocar daños a la salud o la interrupción de tratamientos de continuidad, como es el caso de los medicamentos oncológicos, así como haberse solicitado por más de una institución”.
Dichas claves prioritarias sumaban 1 millón 894 mil 126 piezas que debían ser entregadas durante el primer trimestre de 2021, pero cuando la Auditoría solicitó datos, el Insabi respondió que “no tuvo información respecto de las claves que fueron entregadas a cada hospital”.
La Auditoría solicitó a cada hospital la relación de entregas y confirmó que al “al 31 de marzo de 2021, únicamente se entregaron 10 claves por 21 mil 484 piezas (1.1% de las claves prioritarias solicitadas), por lo que se desconoce cómo se cubrió la demanda de las restantes 51 claves por 1 millón 872 mil 642 piezas de medicamentos oncológicos requeridos en dicho trimestre”, afirma el organismo auditor.
Los hospitales
El Hospital Infantil Federico Gómez debía recibir 20 claves de medicamentos oncológicos con 16 mil 149 piezas como parte de la compra a la UNOPS, pero al 31 de diciembre de 2021, solo se entregaron 4 mil 517 piezas por 1 millón 865 mil pesos, correspondientes al 28% de las piezas establecidas en la Conciliación de Requerimientos; “de las restantes 11 mil 632 piezas, el citado hospital no proporcionó información que sustentara su entrega, o en su caso, las acciones efectuadas ante el Insabi respecto de las piezas pendientes de entrega”.
Y peor aún, esta entrega no se compara con la demanda inicial del hospital, pues había solicitado 46 claves con 46 mil 294 piezas de medicamentos oncológicos en noviembre de 2020 para cubrir su demanda de 2021. Esto significa que la institución solo recibió 9% de lo que necesitaba.
La Auditoría también detectó que los medicamentos oncológicos y cardiovasculares llegaron tarde en el caso del ISSSTE, pues “según las Bases y Requisitos para el Procedimiento de Contratación se estableció que los hospitales podrían solicitar medicamentos oncológicos prioritarios a partir del mes de abril de 2021, conforme a sus necesidades; sin embargo, el ISSSTE los requirió a los proveedores a partir del 23 de junio de 2021, y estos los comenzaron a surtir hasta el 6 de julio de 2021”.
El ISSSTE respondió que la demora se debía a que “a nivel mundial, en el año 2021 hubo escasez de estos (medicamentos oncológicos), derivado de la pandemia, y que el instituto pudo hacer frente a esta escasez al contar con un stock de dichos insumos, lo que permitió continuar con la entrega del producto y por lo tanto con los tratamientos de los pacientes”.
No obstante, la Auditoría considera que el ISSSTE “debió iniciar su requerimiento de los medicamentos citados a partir del mes de abril de 2021 y así cumplir con uno de los objetivos de participar en la contratación consolidada, en específico, en la adquisición de los medicamentos oncológicos con claves prioritarias”.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Cancerología (Incan) pagó 302 millones 939 mil pesos para la compra de oncológicos a través de la UNOPS, pero la entrega fue “muy lenta”, pues “se tenía planeado que se recibieran insumos en el primer semestre de 2021 y se empezaron a recibir hasta el segundo semestre de dicho año, y las cantidades que llegaron no fueron en función de las necesidades que tenía el Incan”.
Además, el Incan también señaló que “para el caso de los proveedores adjudicados por el Insabi, muchos de ellos han sido foráneos y se ha dificultado la formalización de los contratos; asimismo, de los primeros proveedores que el Insabi adjudicó, los insumos los traen del extranjero, lo que dificultó su entrega debido a que tienen que pasar trámites aduanales para que puedan ingresar al país”.
En la imagen, un centro de vacunación contra el Covid-19, en el centro de Chilpancingo, el pasado 12 de abril del 2022. Foto: Amílcar Juárez (Hemeroteca Amapola)
De los 33 municipios señalados por problemas de inseguridad y violencia, 17 son de riesgo alto. En su mayoría, son localidades conurbadas y con alta densidad poblacional, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca o Tecámac.
Texto: Ernesto Núñez Albarrán / Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
9 de febrero del 2023
Casi al final de las precampañas por la gubernatura del Estado de México, la Secretaría de Seguridad del gobierno local tiene identificados 17 municipios de alto riesgo y 16 de riesgo medio por las condiciones de inseguridad y violencia.
Para el diseño del mapa de riesgo en el que se identificaron 33 municipios de riesgo, la Secretaría de Seguridad mexiquense toma en cuenta la incidencia delictiva municipal, la existencia de conflictos interpartidistas, la presencia de grupos de choque y antecedentes de conflictos político-electorales.
El secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez Celis, explicó que estos mapas de riesgo son dinámicos; es decir, se van actualizando conforme van aumentando o disminuyendo los factores de riesgo en el territorio estatal.
Actualmente, los 17 municipios clasificados de alto riesgo son, en su mayoría, conurbados a la Ciudad de México, de alta densidad poblacional y con altos índices delictivos.
De esos 17 municipios, 11 los gobierna Morena: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Texcoco, Tultitlán y Zumpango.
El PRI gobierna cuatro: Coacalco, Cuautitlán, Los Reyes La Paz y Toluca.
El PAN gobierna uno (Cuautitlán Izcalli) y el PVEM otro (Malinalco).
De acuerdo con un documento de la secretaría, en el proceso electoral de 2021, cuando en el Estado de México se renovaron los 125 ayuntamientos y el Congreso local, y hubo casi 6 mil candidaturas en campaña, fueron 67 los municipios en los que se presentaron escenarios de riesgo alto, muy alto o medio.
Esa situación obligó al despliegue de 18 mil elementos policiacos, que el día de la jornada electoral vigilaron alrededor de 20 mil casillas instaladas en el estado.
“Para este 2023, un primer análisis acorde a las ocho regiones: Toluca, Ixtapan, Metropolitana, Ecatepec, Oriente, Chalco, Valle de Bravo y Atlacomulco, en las que se encuentra dividida la operatividad, los 125 municipios de la entidad se encuentran clasificados de la siguiente manera: 17 con riesgo alto, 16 con riesgo medio y los 92 restantes de riesgo bajo”, señala el documento.
Sin embargo, este mapa podrá modificarse en los meses siguientes, conforme cambien las condiciones y se intensifique la contienda.
En el actual proceso electoral, solo estará en disputa la gubernatura del estado, por lo que la presencia de candidatos se reduce de forma importante respecto de 2021.
Actualmente, solo hay dos precandidatas en actividades proselitistas: Delfina Gómez, de Morena, y Alejandra del Moral, de la alianza PRI-PAN-PRD. En la campaña se prevé que puedan registrarse un candidato más, de Movimiento Ciudadano, y una o dos candidaturas independientes.
Según informó el secretario Martínez Celis, ya hay comunicación directa con las precandidatas y sus equipos, para conocer sus itinerarios y trabajar directamente con ellas en territorio para un “marcaje personal en positivo”.
El funcionario explicó que, en un primer círculo, se resguarda a la precandidata y sus colaboradores más cercanos; en un segundo círculo, se vigilan y protegen los mítines y recorridos, y en un tercero, se despliegan equipos de reacción que tendrían que llegar en caso de una situación de violencia durante un evento.
El funcionario estatal participó ayer en la presentación de un estudio elaborado por el Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México, en el que un grupo de académicos elaboró una serie de recomendaciones para resguardar las elecciones del Estado de México y Coahuila, cuyas precampañas concluyen el próximo domingo 12 de febrero.
Las campañas en ambos estados transcurrirán entre el 2 de abril y el 31 de mayo, y la jornada electoral será el domingo 4 de junio.
El estudio coordinado por Sergio Aguayo parte de un análisis de la violencia registrada durante el proceso electoral de 2021, que ha sido uno de los más violentos de la historia, con el asesinato de 32 aspirantes a algún cargo público. Uno de esos homicidios ocurrió en el Estado de México.
En el mismo evento, la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido, recordó que en el estado se han registrado eventos violentos en proceso electoral, y que apenas el pasado 27 de enero fue asesinado en Amanalco el síndico municipal Miguel Ángel Lara, militante de MC.
En la presentación del informe del Seminario de Violencia y Paz, académicos y autoridades advirtieron que la violencia política y la influencia del crimen organizado en las elecciones van en aumento, y reconocieron que el Estado mexicano ha sido incapaz de generar una estrategia integral para enfrentar un fenómeno que pone en riesgo a la democracia.
“La preocupación es que después de 2021 hemos planteado la necesidad de que se haga un análisis de Estado en esta materia, y lo cierto es que todavía nos debemos un diagnóstico de cuál es el estado de las cosas en esta materia. Un diagnóstico que va a ser indispensable para que las autoridades electorales puedan seguir trabajando en el futuro”, comentó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
En la imagen, aspectos de las elecciones a gobernador en Guerrero, el pasado 7 de junio del 2021. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo).
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: Congreso del Estado 8 de febrero del 2023 Chilpancingo
La Comisión Permanente sesionó el día de hoy en una sede alterna y a puerta cerrada, debido al conflicto laboral que persisten en las instalaciones del Poder Legislativo.
La sesión ocurrió en el hotel Holiday Inn, al sur de la ciudad, un espacio en el que los morenistas con frecuencia realizan eventos y congresos partidistas.
De acuerdo con una consulta que se hizo, una hora en el complejo puede rondar desde los 1,000 hasta los 10,000 pesos, de acuerdo el salón que utilicen.
El más grande tiene capacidad para 900 personas mientras los más pequeños y económicos tienen capacidad máximo para 200 personas.
Además, el servicio de café es de 100 pesos por persona, además de loa gastoa de comida.
Se preguntó a algunos legisladores el costo de la sesión de hoy, pero se negaron a dar declaración.
En la sesión, que fue de la Comisión Permanente y duró menos de una hora, presentaron cinco iniciativas que turnaron a las comisiones correspondientes.
Los dipuatdos presentaron un punto de acuerdo y hubo dos intervenciones, una de la diputada Angélica Espinoza García y otra de del diputado Rafael Navarrete Quezada.
A la Comisión Permanente sólo asisten 12 diputados, de los cuales cuatro forman la Mesa Directiva.
El cambio de sede se debió a que esta mañana agremiados al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Legislativo Sentimientos de la Nación tomaron el Congreso local para denunciar hostigamiento y acoso laboral de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.
Los integrantes del sindicato señalaron a la diputada de intimidar, a través de un proceso administrativo, a varios de sus compañeros, por lo que exigieron una reunión con los integrantes de la Jucopo para establecer una mesa de diálogo.
Hasta las cuatro de la tarde el bloqueo continuaba y los manifestantes esperaban la confirmación de una reunión con todos los integrantes de la Jucopo para, sólo entonces, liberar las instalaciones.
En el sexenio pasado, la empresa Impresores en Offset y Serigrafía obtuvo 59 mdp en contratos con el gobierno. En este sexenio, ya suma mil 490 mdp, la mayoría de ellos correspondiente a contratos con la Secretaría de Bienestar.
La empresa Impresores en Offset y Serigrafía, encargada de imprimir el periódico Regeneración, principal medio de propaganda impresa de Morena y proveedor en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y de Delfina Gomez en 2017, ha aumentado 25 veces el monto de los contratos públicos que tiene durante la actual administración.
Mientras que en seis años del gobierno anterior la empresa ganó 59 millones de pesos en contratos, en los primeros cuatro años de la actual administración ya suma mil 490 millones.
Del monto total ganado en la actual administración, 92%, es decir, mil 373 millones, proviene de contratos con la Secretaría de Bienestar para imprimir publicidad, avisos, tarjetas, planillas y cualquier medio impreso necesario para los programas sociales, como la Pensión para personas adultas mayores, el Programa para el bienestar de niños y niñas hijos de madres trabajadoras y las Becas para personas con discapacidad, entre otros.
Se trata de un monto que la empresa nunca antes había obtenido en la administración pública federal. El mayor contrato logrado había sido por 18 millones en 2016 por el servicio de maquila a Impresora y Encuadernadora Progreso, SA de CV, una empresa paraestatal sectorizada a la Secretaría de Educación Pública (SEP), de acuerdo con la revisión de los contratos recibidos entre 2013 y 2022 registrados en Compranet.
Impresores en Offset y Serigrafía fue proveedor en la campaña de López Obrador de 2018, pues se encuentra enlistada entre los proveedores de la campaña con contratos mayores a 500 UMAS —equivalentes a 40 mil pesos—, según los reportes al INE. Sin embargo, no puede conocerse el monto total ganado por la empresa debido a que “no está disponible” el informe correspondiente a las contrataciones de Morena en la página de fiscalización del INE.
La compañía también fue contratista en la campaña por la gubernatura del Estado de México de Delfina Gómez en 2017, según consta en el reporte de gastos de campaña que Morena presentó ante el INE en el periodo del 3 de abril al 31 de mayo de 2017, y que puede consultarse de manera pública.
La empresa ha impreso el periódico Regeneración desde antes que el partido Morena llegara al poder. Existe evidencia de la contratación al menos desde 2015, según consta en el expediente UT/SCG/Q/CG/22/2016 del INE contra del candidato a gobernador de Colima, José Francisco Gallardo Rodríguez, en el proceso de 2015-2016, en una investigación sobre gastos de campaña no reportados, incluidos correspondientes a Regeneración, y en los que Morena aportó como prueba el contrato con dicha firma.
Mientras tanto, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) está el registro de un pago hecho por Morena por 7 millones 540 mil pesos por “producción de periódico” entre abril y junio de 2016.
El “director fundador” de Regeneración es Jesús Ramírez Cuevas, actual vocero de la Presidencia de la República. El contenido de la publicación ha sido propaganda del partido Morena y sus integrantes e, incluso, es utilizado para difundir supuestos logros del gobierno de López Obrador.
En el arranque de la nueva precampaña de Delfina Gómez el 14 de enero, por ejemplo, se distribuyó la edición de noviembre-diciembre de 2022; en ella, se publicó una nota sobre “la cuarta transformación en el Estado de México”, en la que se exponía como “logro de la 4T” el número de beneficiarios de programas sociales en la entidad.
En este caso, según se informa en la publicación, se trató de un tiraje de 2 millones de ejemplares impresos por Impresores en Offset y Serigrafía, cuyo nombre comercial es Grupo Gamma.
Animal Político ha solicitado en dos ocasiones los contratos que Morena ha realizado con Impresores en Offset y Serigrafía entre 2012 y 2022, pero el partido no los ha entregado, pese a que se trata de información pública. La primera vez respondió que entregaría la información en un CD, pero no expidió formato de pago, y en su correo y teléfono nadie respondió a comunicaciones. La segunda respuesta fue pegar capturas de pantalla de la PNT con la ruta para buscar contratos, pese a que no se encuentran todos.
En la PNT, existen registros de pagos de 2016 y 2017 por 21 millones de pesos. Mientras, de 2018 existen dos contratos firmados por Alejandro Esquer, entonces secretario de Finanzas y representante legal de Morena y ahora secretario particular del presidente, por 8 millones 913 mil pesos, por el costo unitario de 68 centavos del periódico Regeneración.
De contratista de Morena a favorecido por el gobierno
Si bien los contratos con la Secretaría de Bienestar han sido entregados mediante licitaciones, los competidores han sido descartados por argumentos como no tener empleados con discapacidad en 2021. Más recientemente, en 2022, Talleres Gráficos de México —que incluso es contratado para imprimir papelería electoral— fue descartado por no subir su firma electrónica durante el concurso en Compranet.
Al preguntarle a Bienestar por estos contratos entregados al contratista de Morena, solo respondió que se han otorgado en licitaciones públicas y que en la dependencia desconocían que Impresiones en Offset y Serigrafía fuera proveedor del partido político.
El representante legal de la empresa, Gerardo Buenrostro Romero, registrado en el padrón de proveedores de la secretaría, no respondió al correo electrónico enviado por este medio.
En el primer contrato de 2019 por 154 millones de pesos, la entonces subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel —ahora titular—, empujó la elección de la empresa presionando a los funcionarios encargados de la licitación, aseguran exempleados de Bienestar que solicitaron anonimato por temor a represalias.
La licitación del año siguiente, LA-020000999-E135-2020, fue por más del doble de recursos, 381 millones de pesos, y la empresa volvió a ganar porque, según la dependencia, fue la única en alcanzar el puntaje mínimo solicitado en su evaluación y ofreció el precio más bajo en comparación con las otras tres compañías que se presentaron a competir.
Sin embargo, participantes en la industria de impresión consultados por Animal Político, que pidieron que su nombre no fuera publicado, también identificaron que la secretaría pedía que entregaran los productos en una semana, lo cual era prácticamente imposible para una sola empresa pues, al tratarse de ese volumen de millones de impresiones, eso solo podía cumplirse en al menos un mes.
“En artes gráficas, por mucha maquinaria que tengas hay tiempos mínimos de entrega y en esta licitación efectivamente no se respetaban, lo que hacía pensar que ya tenían hecho el producto y con ese tiempo de entrega dedujimos que ya estaba arreglada”, dice una fuente de la industria que solicitó no ser citada.
Por eso mismo, explica, ni siquiera valía la pena interponer una queja sobre la licitación, porque hacerlo “te ficha” y repercute en que el gobierno no te dé contratos.
El contrato de 2021 volvió a incrementarse: esa vez fueron 416 millones de pesos y nuevamente ganó Impresores en Offset y Serigrafía. Otros competidores como Mova Printing Solutions y Conformex fueron desechados al considerarlos como “no solventes” porque no obtuvieron los 45 puntos mínimos requeridos para que fuera revisada su oferta económica.
No alcanzaron los puntos necesarios, por ejemplo, porque “el proveedor no cuenta con personal con discapacidad”, “el proveedor manifestó ser una empresa que no cuenta con el certificado que acredita la aplicación de políticas y prácticas de igualdad de género”.
También, porque no entregaron la totalidad de los documentos solicitados respecto de su personal: currículum vite de cuatro directivos o coordinadores que lideraran los procesos para la prestación del servicio, que cuenten con experiencia de cinco años, o los comprobantes de constancias que acrediten que los directivos o coordinadores aprobaran talleres o diplomados avalados por la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas.
En el más reciente contrato, de 2022, el monto fue de 413 millones de pesos, donde participaron cinco empresas, incluyendo Talleres Gráficos de México, que fue desechada inmediatamente porque no presentó firma electrónica en la publicación de su oferta durante la licitación LA-020000999-E32-2022.
De acuerdo con el acta de apertura de propuestas, Bienestar consideró como “no solvente” a las cuatro empresas oferentes: Talleres Gráficos de México, Coformex, Dmm Vission y Mova Printing Solutions, por lo que la única empresa que pasó a la siguiente etapa de “evaluación económica”, es decir, revisar su oferta, fue Impresores en Offset y Serigrafía. Por lo tanto, fue la única en cumplir con todos los requisitos y fue la elegida.
La empresa también fue contratada por adjudicación directa por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en 2019, por 300 millones, para el “servicio de impresión y elaboración de material informativo para la operación de los programas sociales de Segalmex”.
También tuvo otra adjudicación directa de Fonatur Tren Maya en 2022, por 15 millones, para el servicio de “material informativo”. Otras instancias que la han contratado en la actual administración son el IMSS, Conafe y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, entre otras.
La posibilidad de una coalición en Guerrero entre el PRD y el PAN y de la candidatura al Senado de la República fueron los temas abordados este viernes en una reunión privada entre los presidentes estatales de ambos partidos, Alberto Catalán Bastida y Eloy Salmerón Díaz.
El encuentro, ocurrido en el restaurante La Granja, en Acapulco, duró cerca de cuatro horas, donde, además, nombraron como posibles candidatos a una senaduría, de concretarse la alianza, a los ex gobernadores Héctor Astudillo Flores y Ángel Aguirre Rivero, y al ex candidato a gobernador, Mario Moreno Arcos, todos de origen priísta.
En este encuentro estuvo presente Aguirre Rivero, quien además líder de Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), corriente interna del PRD que posee en la actualidad la presidencia del partido, y el exdiputado local del PAN, Iván Pachuca Domínguez. Desde 2011 que fue el candidato a gobernador por una alianza encabezada por el PRD, Aguirre Rivero permanece en este partido, sin perder relación con el PRI.
Una persona cercana a los participantes de esa reunión confirmó a Amapola, periodismo transgresor que la intención de la alianza es reducir al PRI y frenar a Morena en las elecciones de 2024, en las que se disputarán senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías.
Informó que todos los personajes políticos presentes hicieron una evaluación de los resultados de las elecciones de 2018 y 2021, y concluyeron que si ambos partidos concretan la coalición conseguirán los votos suficientes para desplazar al PRI y arrebatarle varios espacios a Morena.
La versión de esta persona indica que los cuatro participantes del encuentro coincidieron en que, en caso de concretarse la alianza, no debe considerarse al PRI, partido que actualmente enfrenta una crisis interna motivada por su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, señalado de pretender adueñarse del tricolor así como de actos de corrupción.
La misma fuente mencionó que en el encuentro pusieron sobre la mesa los nombres de Aguirre, Astudillo y Moreno, como los perfiles que encabezarían la candidatura a la senaduría, porque, según la evaluación que hicieron, generan más consenso y tienen con un “perfil competitivo”.
En diciembre pasado Astudillo Flores, quien gobernó el estado en el periodo 2015-2021, renunció al Consejo Político Nacional del PRI, órgano del que era parte, en rechazo a la reforma estatutaria que fue aprobada para que Alejandro Moreno permanezca como presidente del PRI hasta que concluya el proceso electoral de 2024.
«Hago patente mi renuncia como integrante del Consejo Político Nacional, como un acto de congruencia con mis convicciones políticas, democráticas y morales. Es importante dejar en claro también, mi militancia priísta. No puedo convertirme en observador de abusos, faltas de respeto y de trampas”, escribió el exgobernador en una carta dirigida al propio Moreno Cárdenas.
Mario Moreno, quien fue candidato a la gubernatura de Guerrero por la alianza PRI-PRD en 2021, también se pronunció en contra del intento de Moreno Cárdenas por perpetuarse en el cargo, acusándolo de actuar por “intereses personales poco claros”.
En la pasada elección local, donde entre otras cosas hubo votación por la gubernatura, el PRI y PRD hicieron alianza, escenario que, al parecer, no repetirán.
En la imagen, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; el dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida; el dirigente estatal del PAN; Eloy Salmerón Díaz y el ex diputado local del PAN, Ivan Pachuca Hernández. Foto: Especial
En una sesión que concluyó este sábado a las seis de la mañana, el Congreso local aprobó el presupuesto del gobierno del estado para el 2023 en el que le otorga un aumento de presupuesto al DIF estatal, que preside Liz Salgado Pineda, hermana de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
El gasto de 853 millones 211 mil pesos que va a manejar el DIF y que se utiliza principalmente para la entrega de despensas y otros apoyos sociales, así como para el mantenimiento del Centro de Rehabilitación de Guerrero (CRIG), es casi lo doble que ejercerán cuatro secretarías juntas como la de Cultura, Migrantes y Asuntos Internacionales y de Asuntos Campesinos y Afromexicanos.
La Ley de Egresos que desde hace más de un mes les llegó a los 46 diputados locales por parte del Ejecutivo del estado y que contempla un presupuesto de 76 mil 638 millones de pesos, casi 9 mil millones de pesos más de los que se asignaron para este 2022, la aprobaron sin quitarle una coma.
Pero la disparidad de las cifras entre el DIF estatal con otras secretarías revela lo siguiente: por ejemplo, la Secretaría de la Cultura que en este 2022 ejerció 56 millones, para el 2023 su gasto será de 61millones 941 mil pesos.
A la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en este año tuvo 61 millones 967 mil pesos, le aumentaron a 67 millones 600 mil pesos. A la Secretaría de la Mujer que ejerció en este 2022, 79 millones para el 2023, la gobernadora Salgado Pineda le asignó 97 millones.
Al que casi le triplicaron al presupuesto fue al poderoso jefe de la Oficina de la gobernadora, Jesús Urióstegui García, quien en este 2022 gastó 12 millones de pesos, en el 2023 tendrá 33 millones 95 mil pesos.
La Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) ejercerá 13 millones 577 mil, casi la tercera parte menos de lo que Urióstegui manejará.
El jefe de la Oficina de la gobernadora es ubicado como uno de los principales asesores de Salgado Pineda.
Urióstegui García recientemente asistió a un acto proselitistas en favor de la aspirante presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, en dicho acto público su personal intimidó a una reportera quien documentaba el hecho.
El total del presupuesto, de acuerdo a lo que aprobaron los diputados, se desglosa de la siguiente manera: para el Poder Ejecutivo asignaron 42 mil 467 millones de pesos, para el Legislativo 839 millones, y para el Judicial 937 millones; para los órganos autónomos 5 mil 124 millones, para el sector paraestatal 4 mil 851 millones, y para los municipios 18 mil 428 millones.
De acuerdo con información del secretario de Finanzas, Raymundo Segura Estrada, los ingresos propios del estado no llegan a tres por ciento de los 76 mil 638 millones de pesos, por lo que continúa la dependencia de las aportaciones federales por más de un 97 por ciento.
Segura Estrada detalló que el monto total de los egresos que el gobierno estatal propone para el ejercicio fiscal 2023 son 76 mil 638 millones de pesos, que representa un incremento del 13 por ciento respecto al autorizado para 2022.
Para los Organismos Públicos Descentralizados de Educación les corresponden un incremento de 351 millones de pesos, y a los de Salud en un 56 por ciento, que representan 125 millones de pesos.
Del presupuesto, 37 mil 995 millones de pesos están destinados para las secretarías de Seguridad Pública, Salud y Educación, que representan 89 por ciento del monto total.
Diputados mencionaron que el presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 no se contemplan incrementos de impuestos más que las actualizaciones inflacionarias del cuatro por ciento.
Cifras oficiales muestran que en este sexenio han disminuido las plazas permanentes en el gobierno federal, han aumentado las plazas eventuales, se han recortado prestaciones y ha crecido la carga de trabajo, lo que afecta la calidad de los servicios públicos brindados a la ciudadanía.
Texto: Zedryk Raziel e IMCO
Ilustración: Andrea Paredes (@driu.paredes)
9 de diciembre del 2022
“Me tocó hacer más funciones porque se habían ido varios trabajadores, y nosotros el trabajo de ellos lo hacíamos los sábados. Íbamos de 9:00 a 3:00 de la tarde a la oficina y no nos pagaban más. El propio presidente había dicho que los funcionarios teníamos que trabajar 16 horas diarias. ¿Cómo las completabas? Yendo los sábados”.
Este es el testimonio de una funcionaria federal que trabajó en 2020 para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), institución que debe vigilar el respeto de los derechos laborales de los trabajadores, incluidos los suyos.
La funcionaria, que ejerce ahora en otra dependencia del Ejecutivo, cuenta su experiencia en la STPS a condición de que se mantenga en reserva su nombre por temor a alguna reprimenda.
“Yo, que estaba contratada por honorarios, no tenía vacaciones, ni un día; no tenía seguro, ¿y si me enfermaba en la pandemia? No tenía ninguna prestación. En honorarios no tienes nada. Y renuevas contrato cada tres meses, pero tampoco me dieron copia”, afirma.
Para ella, que tuvo un trabajo directivo en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, existe una relación directa entre las condiciones laborales de los funcionarios y la calidad de su trabajo y los servicios que ofrecen a la ciudadanía.
“La calidad del trabajo baja, obviamente. Y segundo: en la medida en que no tienes prestaciones, en que la jornada es larga, hay una afectación a tu salud, directa o indirectamente, y creo que el gobierno reduce tanto el personal, amplía la jornada y baja los estímulos para que trabajes bien, que, obviamente, la función pública desmerece mucho. Merma la calidad del trabajo y la salud de los trabajadores (…) La reducción del personal es bien neoliberal”, sostiene.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los recortes presupuestales han causado afectaciones a las condiciones laborales de miles de funcionarios, que incluyen pérdida de plazas, reducción de prestaciones laborales, disminución de salarios y aumento en las contrataciones de personal eventual o temporal.
De acuerdo con datos oficiales de la Cuenta Pública, el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Analítico de Plazas y el Inegi, en los cuatro años de la actual administración también se ha dejado de invertir en capacitación y profesionalización.
Las cifras de las cuatro fuentes oficiales de información coinciden en que la política de “austeridad republicana” ha impactado en la vida de los funcionarios y en la calidad de los servicios ofrecidos al público.
Existen casos específicos de dependencias, como la Secretaría de Bienestar, donde la reducción de miles de plazas de base coincide con el aumento del gasto en contratos de trabajadores temporales.
El análisis, elaborado por Animal Político y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se centró en revisar el impacto de los recortes en las instituciones del gobierno federal, específicamente en los ramos administrativos (secretarías de Estado y órganos reguladores), entidades de control directo (IMSS e ISSSTE) y empresas productivas del Estado (Pemex y CFE). En total, se revisaron 40 ramos presupuestarios; únicamente no se tomaron en cuenta los ramos generales.
Para el análisis, se estableció una comparación entre los recursos ejercidos entre 2018 —conforme a la Cuenta Pública— y los asignados en el PEF 2022. Se decidió comparar el presupuesto ejercido, y no el aprobado, para tener una mejor aproximación a cómo se gastó. En el caso de 2022, se acudió al PEF porque la Cuenta Pública correspondiente a este ejercicio aún no se elabora.
Las variaciones de aumento o disminución entre los años están en términos reales, a partir de un deflactor basado en la expectativa de inflación de los Criterios Generales de Política Económica del Paquete Económico 2023. Estos cálculos fueron hechos por el IMCO.
Pérdida de plazas
En 19 ramos presupuestales se registraron recortes de plazas, mientras que el resto de los ramos se mantuvo más o menos estable o hubo aumentos, de acuerdo con el Analítico de Plazas de Hacienda.
Un caso relevante es el de la Secretaría de Bienestar, que perdió el 67.7% de sus plazas entre 2018 y 2022 (al pasar de 15 mil 302 a 4 mil 939). Como parte de ese recorte, esta dependencia registró una caída real de 29% en sus erogaciones por concepto de sueldos base al personal permanente, un clasificador incluido en el Capítulo 1000, al pasar de 608.7 millones de pesos ejercidos en 2018 a 531.5 millones asignados en 2022.
Al mismo tiempo, esta secretaría reportó un aumento real de 2 mil 196% en su gasto por remuneraciones al personal eventual (de 143.1 a 4 mil 029 millones de pesos), que se explica por la contratación masiva de funcionarios temporales llamados “servidores de la nación”, quienes tienen a cargo el reparto de programas sociales.
Dos órganos reguladores, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), perdieron, respectivamente, el 24.3% y el 20% de sus plazas presupuestales de 2018 a 2022. Estas dos instituciones recortaron el número de trabajadores tanto permanentes como eventuales, de acuerdo con cifras del Capítulo 1000.
La Oficina de la Presidencia perdió el 16.6% de sus plazas; Turismo, el 10.8%; Semarnat, el 6.9%, y Economía, el 6.4%.
En contraste con los recortes, las secretarías de Marina y la Defensa tuvieron un crecimiento de plazas presupuestales de 17.8% y 20.6% de 2018 a 2022, lo mismo que la Secretaría de Salud (22.7%), Sader (33.3%) y la Función Pública (63.4%).
¿Qué cargos desempeñaban las plazas eliminadas?
Entre las miles de plazas desaparecidas en Bienestar, se encuentran 104 de promotores sociales, 276 de jefes de unidad, 286 de coordinadores generales, 192 de técnicos especializados, 76 directores de área, 242 subdirectores y 545 jefes de departamento, entre otros.
La SRE eliminó 104 plazas de técnico administrativo “B”, 46 de subdirector de área y 15 de enlace. Turismo eliminó las plazas de delegados regionales en varios puertos. En la Secretaría de Energía se eliminaron 205 plazas del Instituto Mexicano del Petróleo. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes eliminó 19 plazas de auditores, 24 de supervisores de operación, 49 de bomberos de aeropuertos y 39 de supervisores de programas y proyectos.
El impacto de la eliminación de plazas también se puede apreciar según el área afectada por los recortes. Por ejemplo, en el caso de la Semarnat, desaparecieron 278 plazas en la Profepa, 799 en la Conagua, 83 en la Comisión Nacional Forestal, 15 en el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable y 20 en la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental.
La Secretaría de Economía eliminó plazas de delegados y subdelegados en todos los estados y en ciudades importantes, y también las plazas en la Dirección General de Comercio Exterior, así como en las direcciones para América del Norte, Europa y África, y Asia, Oceanía y Organismos Multilaterales. También transformó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) en Comisión Nacional (Conamer) y le quitó 13 plazas. El Instituto de la Propiedad Industrial (Inpi) perdió 23 plazas; la Procuraduría Federal del Consumidor, 137; el Servicio Geológico Mexicano, 16.
En organismos dependientes de Hacienda también hubo recorte de plazas: 14 plazas menos en Bancomext, 30 menos en el SAT, 66 menos en Nacional Financiera, 11 menos en la Consar y 28 menos en el IPAB. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes fue transformado en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), pero en el camino perdió 70 plazas.
Pérdida de prestaciones
El impacto de los recortes en las condiciones laborales de los funcionarios federales también se aprecia en la variación del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos, que agrupa las remuneraciones al personal al servicio de los entes públicos y en el que se incluyen sueldos, salarios, honorarios, seguridad social y prestaciones.
El gasto en sueldos base al personal permanente tuvo un aumento del 14% en términos reales, al pasar de 154.3 mil millones de pesos ejercidos en 2018 a 214.9 mil millones asignados en el PEF 2022.
En cuanto a las erogaciones para pagar al personal transitorio, hubo una disminución del 47% en el gasto por concepto de honorarios (al pasar de 9.8 mil millones de pesos ejercidos a 6.3 mil millones asignados), pero un aumento de 141% en el pago de sueldos base al personal eventual (se pasó de 9.6 mil millones de pesos ejercidos a 28.3 mil millones asignados), lo que indica una mayor apuesta del gobierno a contratar al personal en este régimen.
Si se diseccionan estos conceptos a detalle, se observa que las remuneraciones al personal eventual crecieron 407% y los pagos por honorarios cayeron 25% específicamente entre el personal de las empresas productivas (CFE y Pemex) y en las entidades de control directo (IMSS e ISSSTE). Entre los ramos administrativos, las remuneraciones al personal eventual crecieron 137% y los pagos por honorarios cayeron 62%; en estas instituciones las erogaciones por sueldos base al personal permanente disminuyeron 1%.
Estas variaciones en los tipos de contratación también se ven reflejadas en el presupuesto. Muestra de ello es cómo el concepto de pago de liquidaciones creció 790% en términos reales entre los ramos administrativos (se pasó de 254.1 millones de pesos ejercidos en 2018 a 2 mil 775.6 millones aprobados en 2022).
En todo el gobierno federal, el gasto por concepto de seguridad social disminuyó 8%, al pasar de un presupuesto general ejercido de 106.4 mil millones de pesos en 2018 a uno de 119.9 mil millones asignados en 2022; si bien, en términos nominales, parece que hubo un aumento, el deflactor detectó que se trató de una reducción en términos reales.
Particularmente entre los ramos administrativos, las aportaciones al IMSS bajaron 5% en términos reales; las aportaciones de seguridad social contractuales cayeron 50%; las aportaciones al Infonavit sufrieron un recorte del 13%. En tanto, las aportaciones al seguro para elementos de las Fuerzas Armadas (ISSFAM) aumentaron 38%.
Entre las empresas productivas del Estado y en las entidades de control directo (IMSS e ISSSTE), las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro cayeron 28%; las aportaciones de seguridad social contractuales un 14%, y las aportaciones al Infonavit un 3%.
Hubo también recortes en el concepto de remuneraciones adicionales y especiales que tenían los trabajadores al servicio del Estado. Por ejemplo, entre los ramos administrativos cayó 99% el pago de primas por antigüedad.
En toda la Administración Pública Federal (APF), el pago de aguinaldos cayó 26% en términos reales, al pasar de un gasto de 55.3 mil millones de pesos erogados en 2018 a 50.1 mil millones asignados en 2022. También cayeron 13% los pagos por horas extra (de 7 mil 540 a 8 mil 085 millones de pesos), y 24% las erogaciones para pagar primas quinquenales por cinco años de servicios efectivos prestados (de mil 875 a mil 751 millones de pesos).
Particularmente entre los ramos administrativos, y específicamente en la SRE, cayeron un 7% las compensaciones de retiro, una prestación a favor del personal del Servicio Exterior Mexicano.
Los recortes generalizados no tuvieron el mismo impacto entre el personal de las Fuerzas Armadas, a las que, por el contrario, se asignaron aumentos presupuestales al Capítulo 1000 para beneficio de los funcionarios que allí laboran.
Sueldos menores
El Inegi elabora otra fuente de información que también permite documentar la pérdida de prestaciones en la APF. El Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) registra cuál ha sido la variación en el tipo de contratación del personal, a qué institución de seguridad social se encuentra afiliado y cuál es su rango de ingresos, pero también documenta su nivel de escolaridad y herramientas de formación institucional.
El CNGF 2021 registra las condiciones laborales en 294 instituciones federales a lo largo de 2020. Las ediciones anteriores reportan los ejercicios 2019 y 2018. La información recogida por el censo es aportada por las propias instituciones evaluadas, es decir, no se trata de una encuesta a una muestra representativa de trabajadores.
Conforme a los datos procesados, en 2018 —último año de gestión de Enrique Peña Nieto— había 1 millón 476 mil 478 trabajadores en la APF; en 2019, 1 millón 358 mil 653, y en 2020, 1 millón 345 mil 234. La disminución del personal entre 2018 y 2020 es de 8.8%.
Si se calcula la proporción que cada régimen de contratación representa del total de trabajadores de la APF por año, se tiene que, en 2018, la cantidad de trabajadores eventuales representaba el 6% del total, segmento que creció a 10.3% en 2020; los contratados por honorarios crecieron de 1.3 a 1.9%, y los trabajadores de base o sindicalizados bajaron de 71.8% del total a 70.7%. Aunque en este último caso la reducción parece marginal, se trata, en términos nominales, de 108 mil 167 funcionarios más que no contaron con plaza de base en 2020.
Según el mismo censo del Inegi, también se registró una disminución de la fuerza laboral que contó con seguridad social al segundo año de López Obrador.
En 2018, el 98.7% de funcionarios federales estaba afiliado a alguna institución de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Fuerzas Armadas u otra), proporción que bajó a 98.1% en 2020. Visto de otra manera, en términos nominales, al final del sexenio de Peña Nieto había 10 mil 479 servidores públicos sin seguridad social. En 2020, en esta circunstancia de desprotección estaban 24 mil 962 trabajadores.
En la administración lopezobradorista también hubo un “desplazamiento” o “inversión” de la pirámide salarial. Es decir, según el CNGF del Inegi, entre 2018 y 2020 creció o se ensanchó la base laboral que gana sueldos más bajos, y disminuyó el segmento que gana mejores sueldos.
Por ejemplo, en 2018, un 83.4% de funcionarios se ubicaba en el rango salarial que percibía entre uno y 25 mil pesos mensuales. Para 2020, la proporción aumentó a 91.1% del total de la base laboral. Este crecimiento en el segmento de los sueldos más bajos trajo consigo una reducción en los rangos salariales más altos.
Así, el segmento de trabajadores que ganaban entre 25 mil 001 y 50 mil pesos pasó de representar el 13.2% en 2018 al 6.7% en 2020. De igual modo, el porcentaje de funcionarios que se ubicaba en el rango de 50 mil 001 a 70 mil pesos bajó del 1.01% al 0.84%, y el grupo de quienes ganaban más de 70 mil pesos pasó de representar el 2.25% al 0.85%.
El Analítico de Plazas de Hacienda es otra fuente de información que permite documentar la disminución de las percepciones salariales en la APF. Para realizar esta estimación, con cálculos elaborados por el IMCO, se obtuvo un promedio del salario asignado a todas las plazas de cada institución, desde el más bajo hasta el más alto (de titular de dependencia).
De este modo, se pudo confirmar que en instituciones de la APF hubo una caída en las percepciones salariales anuales entre 2018 y 2022.
El caso más drástico sucedió en la SRE, donde el salario promedio de los funcionarios cayó un 40.9% en términos reales, al pasar de 631.3 mil a 372.9 mil pesos al año.
Otra caída se dio en la Secretaría de la Función Pública, donde el salario promedio pasó de 867.1 mil a 582.5 mil pesos al año, una disminución del 32.8%. En la Secretaría de Marina, la reducción fue del 30.75%; en la de Defensa Nacional fue del 27.2%; en la de Gobernación fue del 25.1%.
GRÁFICOS: Andrea Paredes y Jesús Santamaría / Animal Político
Recortes a la profesionalización
La actual administración también ha hecho recortes al presupuesto destinado a la profesionalización de los servidores públicos. De hecho, las estadísticas no solo muestran un descenso en las actividades de capacitación a los funcionarios, sino que, incluso, hubo una variación en los grados de formación académica del personal laborando en el gobierno federal.
De acuerdo con información de la Cuenta Pública y el PEF, entre 2018 y 2022 hubo una caída real de 26% en las erogaciones por concepto de apoyos a la capacitación de los servidores públicos, incluido en el Capítulo 1000 del presupuesto y el cual afecta a los burócratas que laboran para los ramos administrativos y los autónomos. En términos monetarios, se pasó de 222.7 millones de pesos nominales erogados en 2018 a 203.1 millones asignados en 2022.
También hubo un recorte de 18% al concepto de estímulos al personal operativo, que incluye gratificaciones por titulación de licenciatura, calificación de méritos, estímulos a la eficiencia y calidad, estímulos al desempeño, premios y recompensas a empleados, estímulos por años de servicio, estímulos por puntualidad y asistencia, entre otros.
La falta de recursos tuvo efectos negativos, pues provocó una caída en los mecanismos o esquemas de profesionalización con que contaban las instituciones públicas federales, según demuestra el Censo Nacional de Gobierno Federal.
Para Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, los recortes a la profesionalización de los servidores públicos son contraproducentes y resultan más costosos.
“La austeridad tiene que ver con seguros médicos, sueldos altos, gastos de separación. La pérdida en la relación de los estados con funcionarios técnicamente preparados es brutal. Cuando tú dejas de tener un interlocutor que era técnicamente el que incluso a ti te orientaba, y entra a un actor político al que tienes que orientar tú, se pierde tiempo, dinero”, dijo en entrevista.
Otra funcionaria federal de la Unidad de Transparencia de Segalmex señaló que, tras los recortes de personal en su área, llegaron trabajadores de confianza sin experiencia.
“Yo necesitaba para funcionar mínimo cuatro personas, y me dejaron solo una persona que no sabía nada, no estaba capacitada para el cargo. Esta persona llegó como trabajadora de confianza. Mínimo debía tener el conocimiento básico de la Ley de Transparencia y de los procedimientos, pero no tenía esa parte”, afirmó.
Para esta trabajadora, el recorte de personal y la no apuesta por la profesionalización del personal contribuyen a que los servicios públicos prestados sean deficientes.
El grado de escolaridad de los funcionarios que laboran en la APF también registró una variación en el actual sexenio. Según el CNGF, entre 2019 y 2020 aumentó la proporción de burócratas que solo tienen educación básica, y disminuyó la base laboral que contaba con educación media superior. Sin embargo, también se registró un aumento en el segmento de los trabajadores con educación superior.
Carga de trabajo sin pago de horas extra
A la par de que han caído sus prestaciones laborales, la carga de trabajo para los funcionarios públicos federales —sin pago de horas extra— ha aumentado en la actual administración, y también creció el número de trabajadores en condición de subocupación, según datos de 2018 a 2022 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.
La ENOE es una encuesta en la que se recogen las respuestas de una muestra representativa de los trabajadores de todos los sectores económicos, incluida la población que labora en la APF.
Con auxilio de personal del Inegi, se elaboró una comparación de la duración de la jornada laboral exclusivamente entre la población ocupada que trabaja en el gobierno federal.
En 2018, el último año de gobierno de Peña Nieto, 609 mil 839 personas dijeron laborar en la APF; el 28.3% declaró trabajar más de 49 horas a la semana, lo que significa una jornada diaria de más de 10 horas por cinco días de la semana. El 49.7% refirió trabajar de 40 a 48 horas, que se considera una jornada laboral habitual de ocho a nueve horas al día.
En 2019, el 25% de 621 mil 776 funcionarios federales dijo laborar más de 49 horas a la semana; en 2020, en esta situación estaban aún menos trabajadores: el 23.4% de 663 mil 355 burócratas.
Si bien al inicio de la administración lopezobradorista se registró una disminución en el número de funcionarios que laboran jornadas de más de 10 horas al día, hoy es una circunstancia que se está revirtiendo.
Para 2021, el 27.5% de servidores públicos de los 708 mil 710 encuestados dijo estar en esa situación, una proporción parecida a la que imperaba en 2018.
En 2022, con datos al primer trimestre del año, 26.7% de los 621 mil 952 encuestados trabajó más de 10 horas al día.
El aumento de la carga de trabajo no se vio acompañada del pago correspondiente por horas extraordinarias laboradas.
En toda la APF cayeron 13% los pagos por horas extra, de 7 mil 540 millones de pesos erogados en 2018 a 8 mil 085 millones de pesos asignados en 2022. Una vez más, si bien nominalmente hubo un incremento presupuestal, en términos reales se trató de una disminución.
Un funcionario de la Oficina de la Presidencia refirió una prolongación de su jornada laboral debido a que continúa trabajando de manera remota en su casa.
Su jefe —relató— aprovechó la inercia del home office y mantuvo al personal a su cargo en este esquema aun cuando la gran mayoría de instituciones públicas ha retomado labores de manera presencial en oficinas. En este esquema, cuenta el servidor público, su jornada de trabajo aumentó sin pago de horas extra, así como sus gastos por un mayor consumo de servicios como luz, agua, internet y gas, por los que tampoco recibe una compensación.
Si bien hubo un incremento de las cargas de trabajo en el servicio público, durante la actual administración también aumentó la cifra de trabajadores subocupados, es decir, que tienen un empleo en la APF pero trabajan menos horas de las que quieren o necesitan, lo que con frecuencia conduce a la búsqueda de un segundo empleo u otra fuente de ingresos.
De acuerdo con la ENOE, en 2018 la proporción de funcionarios federales que trabajan hasta 24 horas a la semana (cinco horas diarias o menos) era del 2.6% del total, cifra que en 2020 y 2021 se mantuvo por encima de 5%.
La proporción de quienes trabajan de 25 a 34 horas semanales (de cinco a siete horas diarias) fue de 6.9% en 2018, de 7.9% en 2019, de 9.3% en 2020, de 6.9% en 2021 y de 7.4% al primer trimestre de 2022, según la estadística consultada.
