Localizan los cadáveres de tres desaparecidos en supuesto accidente en Quechultenango

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y dos personas que lo acompañaban, los tres reportados como desaparecidos, fueron hallados muertos en el fondo de un barranco tras sufrir un presunto accidente vehicular en el municipio de Quechultenango.

Se trata del encargado de despacho de la dirección de recursos humanos de la CDHEG, Adolfo Aparicio Bello, así como Efrén Barrios Cárdenas y Pedro Romero Sotelo.

Dos de ellos fueron hallados en el interior de la camioneta Toyota, tipo Hilux, color gris y, el otro cadáver, a escasos metros del vehículo en el fondo de un barranco.

Este lunes, familiares y amigos de los tres desaparecidos cerraron la Autopista del Sol a la altura del kilómetro 272, en el punto conocido como el Parador del Marqués, para exigir al gobierno de la morenista, Evelyn Salgado Pineda, reanudar la búsqueda que según los manifestantes en forma inexplicable la habían suspendido.

Por la presión de los manifestantes, casi a la una de la tarde de este lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE), policía estatal y Guardia Nacional reiniciaron la búsqueda en Quechultenango, municipio controlado por el grupo del crimen organizado denominado Los Ardillos.

La mamá de Aparicio Bello contó que la última vez que entabló conversación telefónica con su hijo fue a las 05:25 de la tarde del viernes 28 de octubre, quien avisó que ya venía de regreso a Chilpancingo.

La FGE y la CDHEG dieron a conocer este domingo 30 de octubre que el rastro de Aparicio se había perdido en las inmediaciones de la comunidad de Santa Cruz, municipio de Quechultenango.

Esta localidad enclavada en un cerro está ubicada a máximo 20 minutos de la cabecera de Quechultenango.

Para llegar a esta localidad se transita por una carretera con tramos pavimentados y otros de terracería, con muchas curvas.

La versión que contó la mamá de Aparicio Bello es de que desde hace cinco meses después del fallecimiento de su esposo, su hijo le ayudaba con los trabajos de una empresa de madera, ubicada en una colonia de Chilpancingo.

«No te preocupes mamá, yo en mis ratos libres voy a hacerme cargo de la empresa», le dijo Aparicio a su mamá.

En el 2021, Aparicio Bello participó en el proceso interno de Morena como aspirante a la candidatura a la alcaldía del municipio de Copala.

En mayo del 2021, Cecilia Narciso Gaytán fue designada por el Congreso local como presidenta de la CDHEG y semanas después nombró a Aparicio Bello como encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos.

Las autoridades estatales informaron que personal de la FGE, Protección Civil, Comisión Estatal de Búsqueda y la Guardia Nacional realizaron las labores de rescate de los tres que habrían muerto en un accidente.

Sin embargo, el gobierno reconoce que todavía no están establecidas las causas del accidente.

Hace exactamente un mes se reportó la desaparición de la Oficial Mayor del Ayuntamiento, Alma Yadira Astudillo, quien dos días después fue hallada muerta dentro de su automóvil, supuestamente se desbarrancó, también en territorio de Los Ardillos.

 

Uno de los tres era desplazado por violencia

 

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón dio a conocer que Pedro Romero Sotelo, uno de los tres desaparecidos y hallado muerto, era un desplazado de la violencia del municipio de Leonardo Bravo.

Romero Sotelo y su familia, al igual que cientos de personas, fueron expulsados de la comunidad Campo de Aviación por un grupo armado de supuestos policías comunitarios vinculados con el grupo de Los Tlacos.

Esto ocurrió en noviembre del 2018 y las familias se refugiaron en la cabecera de Chichihualco, en donde hasta la fecha reciben apoyo oficial a cuentagotas por parte de los gobiernos federal y estatal.

«Nosotros sabíamos que Pedro (Romero Sotelo) se venía de Chichihualco a trabajar a Mochitlán y a Quechultenango», dijo una fuente del organismo.

A casi cuatro años de que las 1,800 personas fueron expulsadas de al menos seis comunidades de esa parte de la Sierra varias de ellas han fallecido en diversas circunstancias; unos por enfermedades y otros asesinadas.

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