En una elección para congresistas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la que hubo quema de urnas, acarreo e inducción del voto salieron ganadores funcionarios estatales y municipales en Guerrero.
Este domingo se dieron a conocer los resultados preliminares y muchos de los que serán consejeros para el distrito 07 con sede en Chilpancingo fueron acusados durante la elección de este sábado de inducción y compra del voto.
Es el caso de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, quien junto con varios de sus funcionarios están en la lista de ganadores después de haber sido denunciados de operar para ganar votos.
Luis Gerardo Peña, director de Licencias de Negocios y el presidente del Patronato de la Feria, Cristian Valadez González, que forman parte del equipo de Hernández, están en la lista de ganadores de consejeros.
«Toda la semana varios funcionarios del ayuntamiento de Chilpancingo que están en la lista de ganadores me fueron a ver a mi casa para que le ayudara con los votos y después nos iban a apoyar en algo», afirmó un representante de la colonia La Cinca.
El regidor morenista Juan Valenzo citó desde muy temprano en el patio de su casa a decenas de adultos mayores a quienes a cada uno de ellos se les entregó un papel en donde estaban los dos nombres por los que deberían de votar en la urna.
Un voto por la alcaldesa Norma Otilia y otro para Juan Valenzo, así decía el papel.
Valenzo les prometió a cada uno de los adultos una despensa pero se las entregarán en los próximos días.
En el distrito 05 de Tlapa en donde hubo golpes entre los seguidores del senador Félix Salgado y de la gobernadora Evelyn Salgado y del legislador Masedonio Mendoza Aburto, ganó Abel Bruno Arriaga, director de investigaciones y Evaluación de la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno estatal.
José Bazán, delegado del gobierno estatal en la región de la Montaña, también ganó para ser consejero.
Bruno Arriaga y Bazán, forman parte del grupo político de Salgado Macedonio y de la gobernadora Evelyn Salgado.
En Ayutla de los Libres, que es el distrito 08, opositores al diputado local morenista Alfredo Sánchez Esquivel quemaron las urnas que se instalaron en el zócalo de esta localidad al ver que durante la elección había acarreo de votantes.
Sánchez Esquivel no participó como candidato a consejero pero si envió a varios integrantes de su equipo.
En el distrito 01 de la Tierra Caliente, la familia Mora Equiluz arrasó en la elección de este sábado.
Celeste Mora Eguiluz, Secretaria de Asuntos Internacionales y de Migrantes del gobierno del estado y su papá, el ex alcalde de Tlachapa, Martín Mora Aguirre, ganaron con mil 788 votos.
«Vean que chulada de familia de caciques en Tlachapa (padre e hija) vuelven a hacer de las suyas ahora serán flamantes consejeros de Morena», escribió un usuario en las redes sociales de nombre Luis Polanco.
Actualmente el municipio de Tlachapa es gobernado por Tania Mora Eguiluz y la jefa de la Jurisdicción Sanitaria de la Tierra Caliente, es su hermana Tania Mora.
En Chilpancingo, Marisol Mayo Tecoapa, esposa del subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Ricardo Castillo Peña, ganó la elección para consejera.
Luis Enrique Ríos Saucedo, presidente del Consejo Político Estatal de Morena, denunció la serie de irregularidades que prevalecieron durante la elección de consejeros y consideró inadecuada la participación de funcionarios del gobierno de Salgado Pineda como candidatos.
«No sabemos si a ella la consultaron (para participar en el proceso interno) y si no fue así es muy grave porque estamos hablando de una falta de control sobre su primer nivel de funcionarios», afirmó el ex diputado local morenista.
Criticó que el senador Félix Salgado Macedonio que «compadres y amigos» hayan participado como candidatos a consejeros.
«Ojalá y el senador pudiera aceptar un debate entorno de cómo concebimos el tema de Morena como partido político y ponernos de acuerdo de como debemos de transitar pero en él hay una imposibilidad de debate porque él lo que menos expone son ideas».
Por su parte, el delegado con funciones de presidente estatal de Morena, Cuauhtémoc Ney Catalán, señaló que si hay denuncias de irregularidades de la elección deberán de ser canalizadas ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de su partido.
Consideró que no son situaciones «graves», y dijo que la participación de funcionarios estatales y municipales en el proceso interno como candidatos a consejeros lo permite el estatuto de Morena.
«Pero yo creo que uno debe de actuar con ética y moral porque no se puede ser funcionario y aspirar a otro cargo», afirmó.
Contó que hubo denuncias de irregularidades en los municipios de Ayutla, Ometepec, Tlapa y Acapulco.
«Pero no habrá anulación de la elección», aseguró.
En el caso de Acapulco, la alcaldesa Abelina López Rodríguez ella no participó como aspirante a consejera pero si integrantes de su equipo.
López Rodríguez apoya la precandidatura presidencial del Canciller Marcelo Ebrard a diferencia de Salgado Pineda y su papá el senador que van con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Este sábado se eligieron a 90 consejeros (diez por cada distrito) que tendrán varias funciones: participar en los consejos nacionales y estatales de Morena.
Se prevé que el 14 de agosto próximo se instale el Consejo Estatal y se elija el nuevo comité ejecutivo estatal de Morena en Guerrero.
Entre los aspirantes a ocupar este cargo están, el legislador con licencia Jacinto González Verona, Luis Alfonso Muñiz y Cuauhtémoc Ney Catalán, éstos dos últimos impulsados por Salgado Macedonio.
Ney Catalán es actualmente el delegado con funciones de presidente estatal de este partido.
Aunque hasta este domingo ni Ney Catalán y Muñiz alcanzaban votos para ser consejeros.
En el caso de Chilpancingo, de alrededor de 200 aspirantes distritales se eligieron solo a 10, cinco hombres y cinco mujeres, de los cuales los y las ganadoras fueron principalmente funcionaros del ayuntamiento capitalino,
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero
Chilpancingo
Después de una jornada electoral marcada por aglomeraciones, denuncias de acarreo, compra de votos y de que fue una elección de Estado, concluyeron las asambleas morenistas para elegir a su Consejo Estatal.
En el caso de Chilpancingo, de alrededor de 200 aspirantes distritales se eligieron solo a 10, cinco hombres y cinco mujeres, de los cuales los y las ganadoras fueron principalmente funcionaros del ayuntamiento capitalino,
El Consejo Estatal será conformado por 90 consejeros, 45 mujeres y 45 hombres, 10 por cada distrito electoral federal.
En el centro de votación ubicado en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, en la lista de mujeres la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernandez Martinez, quedó en segundo lugar con 471 votos y en cuarto lugar la delegada municipal del sector tres, Ariana Abarca Vergara, con 364 votos.
En primer lugar quedó Yurimar Rodríguez Díaz con 795 votos; en segundo la alcaldesa capitalina; en tercero Diana Bernabe Vega con 370; en cuarto la delegada municipal y en quinto lugar, Magali Jiménez Castro con 318 votos.
En la lista de consejeros hombres tres son funcionarios públicos, en primer lugar apareció Luis Gerardo Padilla Cabrera, director de Licencias Comerciales, con 611 votos; en segundo lugar Cristian Valadez González, presidente del Patronato de la Feria de Navidad y Año Nuevo; en tercer lugar, Luis Alfonzo Muñiz Mariano, aspirante a presidir Morena en Guerrero, con 398; en cuarto Jacinto González Varona, diputado local con licencia, con 350; por último apareció el regidor Juan Valenzo Villanueva con 319 votos.
En el centro de votación de la colonia Galeana la alcaldesa Hernandez Martínez quedó en primer lugar con 445 votos, y la diputada local, Yesica Alejo Rayo en quinto lugar con 167 votos.
En el caso de los hombres Padilla Cabrera, y Valadez González, ambos funcionarios municipales, quedaron en tercer y quinto lugar respectivamente.
Aún no se determina quienes serán los 10 consejeros morenistas del distrito siete, faltan los resultados de Zumpango y sumar todos los votos para determinar finalmente a los y las ganadoras.
En el distrito uno que abarca la Tierra Caliente y parte de la región Norte en primer lugar aparecieron la secretaria de Migrantes y Asuntos Internacionales, Celeste Mora Eguiluz y su padre Martin Mora Aguirre.
Tres centros de votación fueron cancelados, el de Ayutla donde quemaron boletas, en Ometepec por diversas inconformidades y en Ciudad Renacimiento, en Acapulco, por un pelea entre funcionarios de casilla y votantes tuvo que intervenir la Policía Estatal.
De acuerdo con el delegado con funciones de presidente, Cuauhtémoc Ney Catalán, no será posible emitirel día de hoy el listado oficial de los 90 consejeros ganadores, debido a los tres centro de votación que fueron cancelados.
«Tenemos que ver en los estatutos que procede en estos casos, porque no podemos emitir un listado donde faltan 30 consejeros», comentó en entrevista al terminar el conteo de los votos en la Plaza Civica.
Explicó que se emitirán las lista distritales donde no hubo problemas, pero tendrán que esperar a que resuelvan los casos donde se canceló la votación para dar a conocer a los 90 consejeros que formarán el Consejo Estatal.
Respecto a los funcionarios públicos que participaron en el proceso Ney Catalán explicó que en la convocatoria no hay impedimentos para esos casos, que es un tema ético y moral de cada aspirante, por lo que no se esperan problemas por esos casos.
Se podrá impugar el proceso por irregularidades
Por su parte, los aún consejeros morenistas Luis Enrique Ríos Saucedo, Sergio Montes Carrillo y Jessica Alejo Rayo informaron en conferencia de prensa la intromisión de funcionarios municipales, estatales y federales durante la jornada electoral, lo que calificaron como una elección de Estado.
En la conferencia llamaron a los militantes morenistas a presentar pruebas para denunciar ante la Comisión de Honor y Justicia y de ser posible ante tribunales electorales.
Montes Carrillo sentenció que las incidencias registradas repercutirán en el proceso electoral de 2024. «Morena ha perdido credibilidad y autoridad moral al permitir el ingreso de militantes de otros partidos», mencionó.
PRI Y PRD llaman antidemocráticos a Morena
El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Catalán Bastida y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Bravo Abarca, criticaron en sus cuentas de Facebook el proceso interno de Morena que se desarrolló el día de ayer (30 de julio).
Bravo Abarca escribió que Morena mostró su verdadero rostro y los llamó antidemocráticos y mañosos, además calificó de reprobables las estrategias que utilizaron para obtener votos en su proceso de elección interno.
“Violar la ley es su principio rector; con razón les estorba el INE”, escribió Bravo Abarca en su cuenta de Facebook.
Por su parte, Catalán Bastida escribió: «la realidad le estalló en la cara a Morena y su fallida elección es controlada por la mafia del poder que tanto critica el partido… ¿Dónde están los redentores de la democracia y la política moderna? Nos vemos en el 2024”, escribió en su cuenta personal», se lee en la cuenta del dirigente perredista.
A finales de julio de 2020, el presidente López Obrador dijo que Birmex se convertiría en la empresa nacional de distribución de insumos para la salud. A pesar de ese compromiso, a la fecha no tiene infraestructura ni recursos humanos y materiales para cumplir la misión.
Texto: Andrea Vega / Animal Político
Fotografía: IMSS
12 de junio de 2022
El Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), al que el presidente Andrés Manuel López Obrador asignó la tarea de distribuir a nivel nacional medicamentos e insumos para la salud, a más de tres años y medio del arranque de la actual administración no tiene la infraestructura ni los recursos humanos capacitados para movilizar estos productos, ni se ha invertido para que pueda hacerlo.
Apenas en mayo pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que pidió hacer su propia licitación para la distribución de medicamentos y material de curación a la Ciudad de México y al Estado de México, dejó fuera de este concurso a Birmex, por no acreditar que tiene la experiencia, la infraestructura y los recursos humanos necesarios. Obtuvo solo 7.5 puntos de 60 posibles.
En su informe de labores 2021, el propio Birmex, una empresa con participación estatal mayoritaria, reconoció que apenas estaba en proceso de conformar el modelo de distribución que el presidente aseguró que se tendría en el país, en el que este laboratorio sería el pilar.
A finales de julio de 2020, el presidente López Obrador anunció que Birmex se convertía en la empresa nacional de distribución de insumos para la salud.
Pero en una revisión de este medio a Compranet, a la inversión en obra pública y a los presupuestos de Egresos de la Federación de 2019 a 2022, no se identificó que se haya asignado dinero a Birmex para ampliar su infraestructura, equipamiento y recursos humanos, ni que haya firmado contratos para estos fines.
Lo que sí se identificó fueron contratos de Birmex con terceros para la distribución nacional de vacunas y medicamentos, por un total de 93.6 millones de pesos, entre 2019 y 2022.
Birmex sí ha obtenido contratos para distribución con la administración pública (16), pero no a nivel nacional sino para distribución a hospitales específicos, como el Hospital Juárez, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca o el de Ixtapaluca, el Instituto Nacional de Cancerología y el Hospital General Dr. Manuel Gea González, entre otros.
Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), corrobora que Birmex no tiene la capacidad para hacer distribución de medicamentos e insumos para la salud a todo el país: “No ha habido más que declaraciones. Dijeron que iban a construir centros de distribución y no se ha hecho. Son ideas nada más, que después no tienen presupuesto ni sustento”.
Los centros de distribución de los grandes distribuidores se construyeron en décadas, agrega Gual. “La logística para llevar fármacos y material de curación a todo el país no es barata, no solo se trata de los galerones para almacenar, es también tecnología, permisos, implica muchos aspectos costosos y tardados”.
Juan de Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), coincide con Gual. Birmex no es y no se ve que vaya a ser —afirma— el gran distribuidor de fármacos que se prometió que sería. “Lo que está haciendo es subcontratar el servicio de distribución, lo que ha retrasado las entregas y ha hecho el servicio más ineficiente y caro”.
Las razones del desaire del IMSS
Para determinar a quién le iban a contratar el servicio de distribución de medicamentos y material de curación para la Ciudad de México y el Estado de México, el IMSS hizo un análisis técnico, en el que le dio un puntaje a cada uno de los licitantes. Birmex obtuvo el más bajo: apenas 7.5 puntos de 60 posibles. Los ganadores, dos empresas privadas, alcanzaron más de 54 puntos.
En el rubro de capacidad de recursos humanos, de 10 puntos posibles, Birmex obtuvo 1.5, puesto que no acreditó que su personal tuviera más de un año de experiencia en el rubro de servicios logísticos. Tampoco demostró que sus operadores de transporte tuvieran licencia vigente de chofer ni los operadores de montacargas licencia vigente para operarlas.
En capacidad de recursos económicos no demostró tener un ingreso anual superior al 20% del equivalente del monto máximo de su propuesta económica. Mientras que en capacidad de equipamiento, no tiene siquiera una capacidad total de carga de vehículos por día de 192 toneladas, el rango mínimo pedido por el IMSS en la licitación.
En cuanto a piso de almacenamiento (incluyendo áreas administrativas y comunes), no demostró tener ni el rango mínimo: 5 mil metros cuadrados. Birmex tampoco presentó un plan de trabajo en el que se plasmara la forma en la que proponía utilizar los recursos de los que dispone para prestar el servicio, por ejemplo, con planes de los embarques ordinarios o con los días aproximados de traslados para cada destino final.
No presentó tampoco un organigrama de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones del contrato. “No cumplir con estos subrubros evidencia la falta de capacidad técnica, así como la garantía de cumplimiento del contrato y la atención oportuna a los derechohabientes”, dice el análisis técnico del IMSS.
En cuanto a la documentación para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en tiempo y forma en los contratos celebrados antes con dependencias o entidades, Birmex no presentó cartas o constancias expedidas por sus clientes.
Los ganadores en la falsa promesa
Como Birmex no ha logrado tener la infraestructura ni los recursos para distribuir los insumos para la salud a nivel nacional, entonces tiene que depender de terceros. Este portal identificó, en una revisión en Compranet, que la empresa con mayoría de capital estatal tiene diversos contratos con compañías, como Transportes Refrigerados COVA, en este 2022, por 22 millones 500 mil pesos, por el servicio de distribución, recepción, resguardo, transportación y entrega de biológicos (red fría) y medicamentos (red seca).
Esta empresa se dedica al transporte de carga general, con entregas en toda la República, en especial de medicamentos, alimentos congelados y materias primas para la industria farmacéutica y alimenticia.
En 2021, Birmex firmó contratos por un total de 49.4 millones de pesos con las empresas Marken Limited (especializada en servicios de mensajería y paquetería foránea), Grupo Health Care (un mayorista de medicamentos) y Almacenadora y Distribución Universal (dedicada a la logística de diversas mercancías).
Hasta 2018, la distribución de medicamentos la hacían empresas especializadas en esto, que además se encargaban de comprar a los laboratorios los medicamentos y ofrecían al gobierno todo el paquete completo.
Pero el presidente López Obrador aseguró que había un monopolio de un puñado de empresas que se dedicaban a esta labor, concentraban mercado, provocaban subida de los precios y tenían prácticas de corrupción, por lo que se decidió que se haría por una parte la compra de los medicamentos directo a los laboratorios que los fabricaban y por otra la distribución, de la que se encargaría Birmex.
Texto: Sergio Rincón y Arturo Ángel / Animal Político Fotografía: 5 de junio de 2022
La empresa Selecciones Médicas del Centro, SA de CV, perteneciente a uno de los principales grupos farmacéuticos del país, le regresó al ISSSTE más de 950 millones de pesos que había obtenido en una presunta operación fraudulenta en el actual sexenio. Esto, mientras continúa la investigación penal en contra de ocho exfuncionarios, entre ellos, el exabogado del propio instituto, por delitos de corrupción.
Autoridades federales confirmaron a Animal Político que la empresa perteneciente al consorcio Grupo Fármacos Especializados —señalada de haber acaparado la compra de medicamentos en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto— entregó más de 100 millones por concepto de intereses y 831 millones 302 mil 409 pesos relacionados con el monto del posible fraude.
Como este medio reveló en diciembre pasado, la operación irregular tuvo como origen un doble pago que los entonces funcionarios del ISSSTE realizaron entre 2019 y 2020. Aun cuando el dinero acaba de ser pagado, la fiscalía indicó que las investigaciones siguen en desarrollo en contra de todos los implicados.
El pasado 27 de abril, un juez federal consideró que había elementos suficientes para abrir proceso en contra de los exfuncionarios señalados por la FGR por su probable responsabilidad en los delitos de uso ilícito de atribuciones, ejercicio ilícito del servicio público y abandono de la defensa. Entre los implicados se encuentra el que fuera director jurídico del instituto hasta enero pasado, José Febo Trujeque Ramírez.
El juez dio un plazo de tres meses para que continuara la investigación complementaria, periodo que vence el próximo 25 de julio. En caso de no desistir, lo que no ha ocurrido hasta ahora, la fiscalía deberá presentar la acusación para ir al juicio.
Trujeque Ramírez confirmó a este medio que sigue vinculado a proceso y con las restricciones que le impiden salir del país. Este lunes, le solicitó a la jueza responsable del proceso permiso para poder irse de vacaciones al extranjero, pero los fiscales se negaron bajo el argumento de que el caso continúa y sigue bajo proceso.
La devolución del dinero realizada por la empresa se había dado a conocer solo de forma interna durante un informe de labores de la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizado la semana pasada. En dicho evento, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Thalía Concepción Lagunes, indicó que la empresa entregó el dinero, aunque hubo supuestas resistencias de la actual directora jurídica del instituto para recibir esos recursos.
“No me sorprende que la empresa haya hecho la devolución, pues en algún momento lo tenía que advertir contablemente con las consecuencias penales que ello podría traer. Lo que sí me sorprende es la posición de la actual directora jurídica del ISSSTE, que se negaba a recibirlo, pese a la instrucción de la consejera jurídica y de la oficial mayor”, declaró en entrevista Trujeque Ramírez.
Sobre estos hechos, el área de comunicación del ISSSTE confirmó que el dinero efectivamente se recibió, pero no emitió mayores comentarios.
¿Error humano o corrupción organizada?
Durante la audiencia inicial —realizada en varias sesiones del pasado mes de abril—, los fiscales del caso señalaron que los implicados presuntamente actuaron con dolo y fueron omisos, no tuvieron comunicación con sus superiores, no verificaron y no atendieron normas y protocolos, lo que provocó que el ISSSTE, durante la gestión de Luis Antonio Ramírez Pineda, perdiera un juicio mercantil y pagara en dos ocasiones a la empresa Selecciones Médicas del Centro.
Los fiscales en su momento detallaron una cadena de actos. Por ejemplo, Juan Carlos Larrieu Creel, quien ocupó el cargo de subdirector de Infraestructura de la Dirección de Administración del ISSSTE, dejó su puesto en diciembre de 2018, pero no avisó que había cuentas por pagar con la empresa Selecciones Médicas del Centro, lo que generó un juicio mercantil que finalmente la institución perdió.
A Sebastián López Herrera, quien se desempeñaba como jefe de Servicios de la Coordinación Administrativa de la Dirección de Administración, se le vinculó a proceso por su presunta participación en dos delitos, uno de ellos relacionado al uso ilícito de atribuciones, pues firmó documentos con un cargo que supuestamente no tuvo un nombramiento formal.
Ante el juzgado, el exdirector jurídico, José Febo Trujeque Ramírez, acusó al actual director del instituto, Pedro Zenteno Santaella, de cometer presuntas omisiones y que desde su oficina se emitieron “documentos falsos”, pues anteriormente él era director administrativo.
En la audiencia, Febo Trujeque mostró un documento firmado por un funcionario subordinado de Pedro Zenteno y fechado a mediados de 2019, que decía que no se habían realizado los pagos a la empresa Selecciones Médicas del Centro. Sin embargo, entre enero y diciembre de 2019, y en medio del litigio, se emitieron 760 facturas como pagos que finalmente alcanzaron la cifra de más de 790 millones de pesos.
Juan Daniel Álvarez Santillán y Juan Manuel Estañol, quienes laboraban en el área jurídica del ISSSTE, fueron vinculados a proceso por abandono de defensa, pues presuntamente no agotaron todos los recursos legales en el juicio mercantil del instituto contra la empresa Selecciones Médicas del Centro.
Tras la devolución del dinero que ahora realizó la empresa, Trujeque Ramírez consideró que lo procedente es la extinción del procedimiento y que el caso ya no llegue a juicio, bajo el argumento de que el daño económico causado ha sido reparado.
No obstante, autoridades ministeriales ligadas directamente con este proceso señalaron a Animal Político que la intención del Ministerio Público no solo es continuar con el proceso, sino proceder penalmente en contra de otros responsables que hasta ahora no han sido acusados.
“Estamos ante un delito de naturaleza formal. Es decir, no se trata de un robo donde se devuelve el dinero y se acabó. Aquí hay hechos de corrupción que ya se cometieron y tienen que ser esclarecidos y sancionados”, dijo uno de los fiscales a cargo de las indagatorias.
Frente a sus seguidores y funcionarios que se aglutinaron en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anahuac, Salgado Macedonio anunció el inicio del proceso para elegir a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: Óscar Guerrero 2 de junio de 2022 Chilpancingo
El senador Félix Salgado Macedonio encabezó un mitin de su partido Morena con sus simpatizantes y funcionarios estatales para anunciar el inicio de la contienda electoral de 2024.
En la actividad política hubo presencia de algunos funcionarios estatales, como la secretaria de Salud, una representante de la dirigencia nacional de Morena, diputados locales, federales y alcaldes morenistas.
Frente a sus seguidores y funcionarios que se aglutinaron en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, Salgado Macedonio anunció el inicio del proceso para elegir a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.
«Levante la mano quién quiere ser consejero», preguntó Salgado Macedonio a sus seguidores, quienes respondían sus cuestionamientos y continuó, «pues déjenme decirles que ya va iniciar el proceso para elegir a nuestros consejeros, anótense los que quieran», decía.
Salgado Macedonio explicó que a partir de la elección de los consejeros se abre el camino para la contienda electoral del 2024.
«Ya que tengamos consejeros vamos a definir a nuestro Comité Estatal y de ahí vamos a ver quién quiere ser senador, diputado, o alcalde».
El mitin se llevó a cabo a mediodía de este sábado. Colocaron sillas para las personas de la tercera edad que asistieron al evento, algunos sin protección para el sol se retiraron al poco tiempo de iniciar las participaciones.
En el templete estuvieron los diputados locales Joaquín Badillo, Citlali Calixto, y Jacinto González, las alcaldesas de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández y la de Zumpango Sara Salinas Bravo, y el de Txitla, Moisés Antonio González.
La única funcionaria estatal que estuvo en el templete fue la secretaria de Salud Aidé Ibarez Castro, pero en el evento, como espectadores, hubo presencia de otros funcionarios públicos de la Secretaría del Bienestar estatal, de Educación Guerrero, y de la Secretaría General de Gobierno.
Al evento asistió en representación de los universitarios Fhily Vital, integrante del grupo Juntos Seguiremos Avanzando (JSA), del ex rector Javier Saldaña Almazán quien en los últimos meses acompaña a la gobernadora a sus eventos.
El evento fue nombrado «A cuatro años de la victoria del pueblo, ¡celebremos!», y fue realizado para conmemorar la victoria en las elecciones de 2018 del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aunque por el nombre, el objetivo fue celebrar la victoria morenista de 2018, Salgado Macedonio se llevó los reflectores con seguidores que le gritaban, «presidente, presidente», en repetidas ocasiones.
Todos los oradores lo felicitaron por su labor como senador, y durante la participación de la alcaldesa de Chilpancingo, ésta le levantó la mano y pidió aplausos para el senador.
Aunque la violencia se concentra en algunas zonas, más de seis estados viven homicidios, feminicidios, desapariciones y ataques de personas armadas.
Texto: León Ramírez y Siboney Flores / Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
16 de junio de 2022
El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó que en todo el país se vivan situaciones de violencia pues afirmó que los homicidios están focalizados en seis estados, y que además en esas entidades ya se atiende la situación con programas sociales.
Sin embargo, su información es engañosa y falsa: existen estados con mayor tasa de homicidios que no están contemplados en su lista; han sucedido eventos graves de violencia en entidades con menor número de asesinatos.
Estados con altas tasas de desapariciones tampoco aparecen en su conteo, y es mentira que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se enfoque en los estados más violentos.
Además, el mandatario repitió la idea de que supuestamente 75% de los homicidios se relacionan con enfrentamientos entre bandas, y en respuestas vía transparencia el gobierno negó tener un estudio que sustente dicha afirmación.
“No es generalizado”, dijo el presidente durante la conferencia matutina del 15 de junio, y agregó que “en seis estados se concentra el 50 por ciento de los homicidios, en seis de 32 estados”.
Según el gobierno, los estados que tienen la principal situación de violencia son Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora, entidades que “concentran programas sociales”.
Pero si se toma en cuenta la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes –la relación de asesinatos con la población del estado–, aparecen otras que no están contempladas entre la lista del gobierno de las seis entidades con más violencia.
Los seis estados con mayor tasa de homicidios son Colima, Zacatecas, Baja California, Michoacán, Sonora y Morelos. Además, otros cuatro estados –Guanajuato, Chihuahua, Guerrero y Quintana Roo– superan la tasa de homicidios a nivel nacional, que de enero a mayo de 2022 se ubicó en 8.36 por cada 100 mil habitantes.
De acuerdo con Alejandro Hope, especialista en seguridad, el análisis de los homicidios es la herramienta idónea para evaluar la situación de violencia que se vive porque es el delito con la menor cifra negra, y porque el derecho tutelado es la vida.
Sin embargo, considera que resulta una obviedad afirmar que las cifras totales de homicidios se concentran solo en algunos estados, porque es una tendencia que se mantiene desde gobiernos anteriores y no toma en cuenta a la población.
“En un lugar como Colima o como Zacatecas, la situación es gravísima aunque el número absoluto de homicidios no pinte en términos nacionales”, comentó.
Por otro lado, en los estados de Morelos, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Baja California Sur y Zacatecas se concentran los feminicidios, según la tasa obtenida con datos del SESNSP, pero no aparecen en el listado del gobierno de estados con más violencia.
Además, datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), también de enero a mayo de 2022, ubican a Zacatecas, Morelos, Quintana Roo, Jalisco, Sinaloa y Ciudad de México como las entidades con mayor tasa de personas en esta situación. De ese listado, solo Jalisco aparece en el conteo de seis estados que dio el presidente.
Sobre este punto, Hope considera que se debe tener precaución al incluir las cifras de desapariciones en un análisis sobre la violencia, dado que no queda claro en la base de datos qué se está midiendo ni las causas de la desaparición.
Ernesto López Portillo, Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, señala que es complicado relacionar desapariciones y homicidios, “pero es una hipótesis que sí hay que trabajar. Sí hay que hacerse preguntas, de qué tamaño serían las desapariciones, y hay que relativizar el tema de la cifra oscura de los homicidios”.
“Hay que insistir en que la inseguridad se compone de temores, riesgos y daños de múltiple naturaleza, y que los homicidios son uno de múltiples indicadores que deben ser utilizados”, comenta.
“La inseguridad está hecha de cuestiones subjetivas relacionadas con los temores, de las percepciones, son cuatro indicadores: temor asociado a percepción de seguridad, confianza institucional, victimización y denuncia”, agrega.
Eventos de violencia abarcan más de seis estados
Si bien el presidente sostiene que la violencia se concentra en seis estados, en lo que va del año se han registrado importantes multihomicidios, enfrentamientos y ataques en otras demarcaciones.
Apenas el 14 de junio, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hombres armados recorrieron calles, se enfrentaron a balazos y provocaron que personas en la zona se atrincheraran en sus casas y negocios para protegerse.
La violencia también llegó a Querétaro, el cuarto estado con menor tasa de homicidios, cuando el 5 de marzo se registraron enfrentamientos y hechos violentos en el estadio Corregidora, con un saldo de al menos 26 personas heridas.
La organización Causa en Común lleva un registro de “atrocidades” en el país, que abarca de multihomicidios y casos de tortura hasta violencia contra migrantes. Según este conteo, basado en notas periodísticas, se han contado 1,940 hechos de enero a abril.
Si bien estas “atrocidades” se concentran en algunos estados, en los 32 estados se ha reportado al menos una.
Además, el Informe de Búsqueda e Identificación de Personas del primer semestre del año pasado detalló que se habían ubicado 1,749 fosas con restos humanos del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021.
Entre los municipios con más fosas se ubicaron Tecomán, en Colima, y Ahome y Mazatlán, en Sinaloa, de nuevo dos estados que no aparecen en la lista del presidente.
El mayor número de cuerpos se ubicó en los estados de Jalisco, Colima, Sinaloa, Guanajuato y Sonora.
Jóvenes Construyendo Futuro no se enfoca en estados con más homicidios
“6 estados concentran 49% de los homicidios del país. Esas entidades concentran programas sociales: Michoacán (25,979), Guanajuato (5,653), EdoMex (27,349), Baja California (1205), Jalisco (7,428) y Sonora (2,553). Nuestro objetivo es arrebatarle los jóvenes a la delincuencia”, escribió en Twitter.
Aunque no especificó a qué refieren estas cifras y el área de comunicación de la oficina de Presidencia no respondió a la solicitud de aclaración, sus datos coinciden con el padrón de beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en los estados, según la página del Padrón Único de Beneficiarios.
Sin embargo, si se cotejan los datos de los 32 es falso que estos programas se concentren en la lista que difundió el gobierno.
En realidad, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Estado de México y Michoacán tienen más beneficiarios; mientras que Baja California registra menos en todo el país.
Sin sustento, que el 75% de homicidios se relacione con enfrentamientos “entre bandas”
Sobre el tema de homicidios, el presidente también afirmó que “la mayor parte de los homicidios, 75%, tiene que ver con enfrentamientos entre grupos de las bandas”, aunque ni la Oficina de la Presidencia, ni el SESNSP, ni la Secretaría de Gobernación ni la Fiscalía General de la República (FGR) tienen información que sustente esta afirmación.
En respuesta a solicitudes de información dirigidas a estas instituciones, todas reconocieron no tener datos que demuestren que 3 de cada 4 homicidios están relacionados con enfrentamientos entre grupos delictivos.
Presidencia dijo el 6 de abril que “no es competente para atender su solicitud” y refirió al SESNSP, mientras que este organismo indicó que no cuenta con esos datos y que la solicitud podría hacerse a la oficina de la Presidencia de la República.
La FGR, por su parte, dijo que no tenía el dato y recomendó hacer la petición a Presidencia. La Secretaría de Gobernación sugirió acudir al SESNSP y a la FGR.
Según Alejandro Hope, este cálculo es especulación, porque no hay una base de datos oficial que desglose los homicidios por móvil.
“Hay ‘ejecutómetros’ –uno público y varios privados– que clasifican homicidios cómo relacionados con delincuencia organizada a partir de ciertas características del incidente (uso de arma larga, cadáver mutilado, mensaje, etc.), pero no pasa de ser especulación informada”, comentó.
De confirmarse los conteos rápidos dados a conocer anoche, Morena se quedará con 20 de 32 gubernaturas, que aumentan a 22 considerando aquellas en manos de sus partidos aliados PES y PVEM.
Texto: Zedryk Raziel / Animal Político
Fotografía: Facebook Morena Si
6 de junio de 2022
Tras la jornada electoral de ayer, que le dio a Morena ventaja en cuatro de seis estados en disputa, según los conteos rápidos difundidos por los institutos electorales locales y el INE, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador se perfila a ampliar su dominio territorial y ahora gobernar un total de 20 entidades federativas, esto es, el 65% del territorio nacional.
A su vez, la alianza Va por México, formada por el PAN, el PRI y el PRD, perdió cobertura electoral y ahora se encamina a gobernar ocho de los 12 estados donde tenía presencia.
Ayer, con una votación favorable de hasta 55%, esa alianza retuvo el control de Durango con un candidato colocado por el PRI, el exdiputado local Esteban Villegas Villarreal, que venció a la morenista Marina Vitela, de acuerdo con el conteo rápido.
No obstante, el tricolor se perfila a perder la gubernatura de Oaxaca ante el candidato de Morena, Salomón Jara, que obtuvo hasta el 61% de la votación, e Hidalgo, ante Julio Menchaca, también de Morena, que ganó con hasta el 63%. Los gobernantes salientes de ambas entidades son, respectivamente, Alejandro Murat y Omar Fayad. El virtual triunfo de Menchaca en Hidalgo significa el primer gobierno de alternancia en Hidalgo tras 93 años de gobiernos del PRI.
Durante décadas el partido hegemónico que llegó a gobernar todos los estados del país, al tricolor ahora solamente le quedará el control de dos gubernaturas en solitario: el Estado de México, con Alfredo del Mazo —primo del expresidente Enrique Peña Nieto—, y Coahuila, con Miguel Riquelme. Ambas entidades celebrarán comicios el próximo año.
Por su parte, el PAN perdió ayer dos de ocho de sus gubernaturas ante los candidatos de Morena: Tamaulipas, frente a Américo Villarreal, quien tuvo hasta 52% de la votación, y Quintana Roo, ante Mara Lezama, con hasta 58% de los votos. Los mandatarios salientes de esos estados son Francisco García Cabeza de Vaca y Carlos Joaquín González, quien fue postulado en 2016 en conjunto con el PRD.
Con la alianza Va por México, Acción Nacional logró retener Durango —actualmente gobierna el panista José Rosas Aispuro— y Aguascalientes, con la candidata Teresa Jiménez, que obtuvo hasta el 55% de la votación. El dirigente de Morena, Mario Delgado, acusó en ambas entidades la presunta injerencia de elementos policiacos que hicieron detenciones arbitrarias de operadores y legisladores morenistas. Por ello, adelantó que su partido impugnará ante tribunales.
El PAN también mantiene el gobierno de Chihuahua con María Eugenia Campos, Querétaro con Mauricio Kuri, Guanajuato con Diego Sinhue Rodríguez y Yucatán con Mauricio Vila. Estas dos últimas entidades celebrarán comicios en 2024.
Por su parte, el PRD se quedó con representación estatal únicamente en Durango, aunque la entidad tendrá ahora un gobernador priista emanado de la alianza Va por México. Ningún estado del país es gobernado por un político perteneciente al sol azteca.
Reacomodo electoral
De confirmarse las tendencias arrojadas por los conteos rápidos, 20 entidades federativas estarán gobernadas por políticos pertenecientes a Morena. No obstante, en otros dos estados, los mandatarios actuales pertenecen a sus partidos aliados, con lo que Morena tendría influencia en 22 entidades.
En Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco es militante del extinto Partido Encuentro Social (PES), que se alió a Morena en 2018. En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo pertenece al PVEM, que en la elección estatal de 2021 contendió en solitario y sin unirse a Morena, que postuló a su propia candidata.
Dos estados son gobernados por Movimiento Ciudadano (MC): Jalisco, con Enrique Alfaro, y Nuevo León, con Samuel García. Este partido no ganó ninguna de las elecciones para gubernatura de ayer.
Otros dos estados, Edomex y Coahuila, son gobernados por el PRI y seis por el PAN: Chihuahua, Querétaro, Guanajuato, Yucatán, Aguascalientes y Durango.
La paulatina pérdida de hegemonía de los partidos de oposición es proporcional a los triunfos de Morena. En 2018, el partido oficial ganó cuatro gubernaturas: la Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Ese mismo año, su alianza con el PES ganó Morelos.
En 2019, Morena ganó en Puebla en una elección extraordinaria. En 2021, triunfó en 11 entidades: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Ese año, San Luis Potosí fue ganado por el PVEM, partido con el que Morena tiene una alianza en el Congreso y en prácticamente todos los estados.
En la jornada electoral de ayer, Morena sumaría otros cuatro estados: Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Durante la gestión de Alejandro Moreno, los malos manejos se dispararon, según auditorías federales. Solo se ha esclarecido el destino del 10% de los recursos observados.
Texto: Zedryk Raziel y Arturo Ángel / Animal Político
Fotografía: Facebook Alejandro Moreno
2 de mayo de 2022
A casi tres años de concluida su administración, las autoridades federales y de Campeche no han conseguido esclarecer el destino de más de 3 mil 800 millones de pesos de recursos federales que fueron transferidos a dicha entidad durante la administración del entonces gobernador y hoy presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2016 y 2018 (los tres años completos que gobernó Campeche) se identificaron irregularidades por un monto total de 4 mil 263 millones de pesos. De esa cantidad, hasta el corte del pasado 1 de junio, solo se habían encontrado pruebas para solventar el uso correcto de 412 millones de pesos.
Es decir, siguen sin esclarecerse ni devolverse más de 3 mil 851 millones de pesos de recursos públicos, esto es, el 90% del dinero observado.
Los datos de la ASF muestran claramente que justo en los tres años de administración del hoy presidente del PRI, el monto de los recursos mal manejados y no esclarecidos en la entidad se incrementó de forma exponencial.
Mientras que entre 2004 y 2015 los montos observados no superan los 70 millones de pesos anuales, para 2016 ascendieron a 122 millones, en 2017 rozaron los 300 millones de pesos; y en 2018 se dispararon hasta los 3 mil 430 millones de pesos.
El 2018 fue el último año completo que gobernó Moreno, ya que en 2019 pidió licencia para competir por la presidencia de su partido. En 2019 y 2020, las irregularidades volvieron a disminuir y no sobrepasan los 45 millones de pesos por año.
A través del área de comunicación social del CEN del PRI, Animal Político solicitó al dirigente partidista un posicionamiento respecto de las observaciones de la ASF sin aclarar, pero, hasta el cierre de esta edición, no se recibió respuesta alguna.
Aunque las observaciones hechas al gobierno de “Alito” (apodo con el que es conocido el priista) ya tienen cerca de cuatro años que fueron realizadas, hasta el momento no han sido solventadas. Pese a ello, y como ha sido característico en la gestión del auditor federal David Colmenares, la ASF amplió los periodos de investigación y solventación y, hasta el momento, no ha presentado denuncias penales por el posible desfalco en Campeche.
No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) ya integra formalmente una carpeta de investigación por posibles malos manejos de recursos federales de Moreno Cárdenas en su periodo como gobernador de Campeche.
La indagatoria, iniciada por delitos que incluyen posible enriquecimiento ilícito, peculado y otros hechos de corrupción, se inició a partir de un desglose enviado por la Fiscalía General de Campeche, tras la denuncia presentada por la administración de la actual gobernadora, la morenista Layda Sansores.
Ésta es la segunda ocasión que se indaga penalmente al hoy presidente nacional del PRI. En 2019, a raíz de una denuncia presentada por el también priista Ulises Ruiz, la FGR abrió una carpeta de investigación por la presunta adquisición irregular de inmuebles por parte de “Alito” entre 2012 y 2015, durante su periodo como diputado federal.
Recientemente, la gobernadora Sansores ha acusado púbicamente a Moreno Cárdenas de haber incurrido en presuntos hechos de corrupción. El martes, la morenista divulgó un audio en el que Moreno Cárdenas supuestamente planea un esquema de lavado de dinero mediante operaciones inmobiliarias simuladas.
Los desfalcos
De todo el dinero público cuyo destino no comprobó Moreno Cárdenas durante su administración, el 80% corresponde sólo a 2018, año de la elección presidencial.
Uno de los fondos federales más afectados fue el de Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, en el que la ASF detectó un ejercicio no justificado de 2 mil 941 millones de pesos.
En la auditoría 606-DE-GF, el órgano fiscalizador determinó, por ejemplo, que 16 instituciones de Campeche –varias secretarías del Ejecutivo estatal, pero también institutos de educación y universidades– no aportaron documentación comprobatoria del gasto de 458 millones de pesos.
La ASF también detectó 17 adjudicaciones por 39 millones de pesos en las que no se comprobó la recepción de los bienes o la prestación de los servicios contratados, entre los que se encuentran eventos artísticos, asesorías, impresiones de libros y mantenimiento de aeronaves.
Otro de los fondos federales cuyos recursos se ejercieron indebidamente en el gobierno de “Alito” fue el de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), que tiene la finalidad de prestar servicio médico a la población que no cuenta con empleo formal o que no está incorporada en algún régimen de seguridad social, así como asegurar el abasto de medicamentos.
En la auditoría 603-DS-GF, la ASF determinó un monto de 339 millones de pesos cuyo destino no fue aclarado, una cuarta parte del total de recursos transferidos por la Federación a Campeche por concepto del FASSA.
Entre las irregularidades financieras detectadas se encuentra el hecho de que no existe documentación comprobatoria de erogaciones con cargo al capítulo 1000 (nómina); tampoco se cobraron penalizaciones a proveedores; y las que fueron cobradas fueron depositadas a cuentas no autorizadas.
Tampoco se retornaron a la Tesorería de la Federación (Tesofe) recursos del fondo que no fueron gastados; se hicieron pagos en exceso por concepto de sueldo a personal no calificado; se detectaron gastos de viáticos sin comprobar y se pagó a trabajadores del Seguro Popular con recursos del FASSA.
La ASF también encontró malos manejos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional, cuyo objetivo es financiar proyectos en infraestructura, transporte, educación, salud, deporte y cultura tanto a nivel estatal como municipal.
En la auditoría 616-DS-GF, se detectó un posible daño al erario por 63.8 millones de pesos, que fueron pagados a cinco empresas por obras de construcción y remodelación de inmuebles que no se concluyeron.
Riqueza investigada
En julio de 2019, cuando ya había solicitado licencia al cargo de gobernador para contender por la dirigencia del PRI, Reforma dio a conocer que Moreno Cárdenas era dueño de una mansión en la capital del estado con valor de 46 millones de pesos, misma que construyó a lo largo de dos años en los que declaró ingresos de 5 millones de pesos anuales.
El diario documentó que “Alito” mintió en su declaración patrimonial, al afirmar que el valor de la propiedad era de 6 millones de pesos.
No es la única propiedad cuyo valor habría “maquillado” el ahora dirigente priista. En septiembre del mismo año, Reforma publicó que, según la denuncia presentada por Ulises Ruiz en la FGR, Moreno falseó el valor real de 15 inmuebles que adquirió en Campeche, los cuales fueron comprados con dinero en efectivo y cuya procedencia se desconoce.
El fiscal detalló que uno de los bienes es un polígono de 30 hectáreas que el priista compró en Champotón a un precio de medio centavo por metro cuadrado y el cual, supuestamente, donó a su madre.
En el audio divulgado el martes por Layda Sansores, Moreno se refiere a ese terreno como suyo.
Sales precisó que otras propiedades del dirigente priista que están bajo investigación son dos casas ubicadas en los fraccionamientos Campeche Hills y Country Club, así como un departamento en la Ciudad de México.
Adultos mayores beneficiarios del programa de pensión para este sector han recibido llamadas telefónicas y visitas para llamarlos a votar por la “ratificación” del presidente. Maestros de Tamaulipas también recibieron esa “invitación”, así como la petición de extender el exhorto a otros.
Texto: Zedryk Raziel y Nayeli Roldán / Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
21 de marzo de 2022
Beneficiarios del programa de pensión para adultos mayores han recibido llamadas telefónicas, propaganda y visitas domiciliarias para llamarlos a participar en la votación sobre el proceso de revocación de mandato, el próximo 10 de abril, y apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador. De lo contrario —les han dicho—, se “quitarían” los programas sociales.
Además, maestros pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Tamaulipas recibieron la “invitación” de sus dirigentes para ir a votar, y también les pidieron que “extiendan la invitación” para acudir a las urnas, aunque todo esto se ha hecho mediante llamadas de WhatsApp para no dejar evidencia de la petición.
A inicio de mes, en la colonia Lagunilla de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, la suegra de Rodolfo Loyola, beneficiaria de la pensión para adultos mayores, recibió en su domicilio volantes con diseños muy parecidos a los carteles que están en las calles y que semejan una cartelera de lucha libre.
“La lucha es hoy. En esta esquina (la imagen del presidente López Obrador). Y en esta otra (fotografías de Ricardo Anaya, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari y Carlos Loret)”, muestran los volantes.
Debajo de esas imágenes hay otra leyenda: “Están en riesgo las becas a jóvenes y niños, las pensiones a adultos mayores, el metro a 5 pesos, las vacunas y los apoyos a mujeres en el campo. Es momento de luchar junto con AMLO para defender al México que estamos transformando. ¿En qué esquina estás?”.
En la parte posterior del volante está esta información: “Participa este 10 de abril en la revocación de mandato y apoya al presidente López Obrador: si no participas, los corruptos nos quitarán las becas, los apoyos y las pensiones que hoy recibimos. Dile sí a AMLO y no a los corruptos de siempre”.
Violeta Toledo, de 75 años, también beneficiaria del programa para adultos mayores, recibió una llamada, pero en cuanto respondió, solo se escuchó una grabación. “La semana pasada, la noche del martes, me marcaron, era una grabación que decía: ‘Para que sigas recibiendo tu tarjeta, ve a votar por la ratificación de AMLO el 10 de abril’. Y me colgaron”, relata.
Violeta, que vive en la alcaldía Cuauhtémoc, se pregunta: “¿Cómo es que saben nuestro nombre, nuestro teléfono y que tenemos esa tarjeta? Nos llaman sin ningún recato, me parece muy mal que usen nuestros datos, están violando nuestra privacidad. Es una coerción, una amenaza, y no nos gusta. ¿Cómo que nos advierten, si está en la Constitución ese derecho (a recibir la pensión)? Ellos se contradicen, no es correcto lo que hacen”.
—¿Y usted qué va a hacer? —se le pregunta.
—No voy a ir a votar, porque es equivocado lo que están haciendo por teléfono y lo que nos están pidiendo. Eso no se hace. Eso lo hacía el PRI.
“Un regalo del presidente”
Gloria Negrete, de 78 años, es otra beneficiaria del programa para adultos mayores en la alcaldía Benito Juárez, también en la Ciudad de México. En marzo, las autoridades les debieron depositar lo correspondiente al periodo marzo-abril, pero esta vez les depositaron también el de mayo-junio, todo junto. Ella cree que es un “estímulo” para que los adultos mayores participen en la consulta de revocación.
Recibió una llamada telefónica para presionarla para participar en la consulta y apoyar a López Obrador. La llamada la hicieron de un call center, una mujer que no se identificó.
“Me llamaron de un número desconocido. Contesté, era una persona, una mujer, que lo primero que me dijo fue: ‘Usted sabe que el beneficio de la pensión de adultos mayores es un regalo de su presidente, ¿verdad?’. Yo inmediatamente me encolericé y le dije: ‘No, no es un regalo del presidente, es cuestión de los impuestos de todos’. Pero no me escuchó, siguió hablando y hablando”, recuerda.
“Lo que me dijo después fue que era ‘necesario’ que fuera a votar a las urnas el 10 de abril, y que optara por la ratificación, me lo repitió dos veces, porque ‘de otra manera podría llegar uno nuevo y nos quitaría todos los beneficios’. Cuando me terminó de decir eso, yo le dije: ‘Yo lo que quiero es que AMLO se vaya, no estoy de acuerdo, y sabemos todo mundo que este beneficio que nos están dando es producto de los impuestos de todos, incluso los míos’. Me colgó y no dijo nada”.
—¿Qué opina de esta llamada, que tienen sus datos como beneficiaria de un programa social y que básicamente la estén presionando para ir a participar?
—Me enoja muchísimo porque en primer lugar están utilizando unas listas que deben de ser de (la Secretaría de) Bienestar, ¿quién se las da, con qué derecho nos llaman y con qué derecho nos amenazan? Que si no votamos por la ratificación, vamos a perder los beneficios.
Otro caso ocurrió en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Elyzabeth, vecina de la zona, ha escuchado cómo en las “Semanas del Bienestar”, en las que Servidores de la Nación ayudan en la asesoría de trámites y en la venta de despensas a bajo costo, hablan de los logros del presidente e invitan a la gente a participar en la revocación de mandato. Mientras tanto, sus vecinos adultos mayores también han recibido la visita en sus casas de los Servidores de la Nación para pedirles que participen en las urnas el próximo 10 de abril.
Instrucción magisterial
En el caso de los maestros, la instrucción comenzó a correr la semana pasada a través de la comunicación por jerarquía en la organización del SNTE. Los delegados sindicales giraron la instrucción a las coordinaciones regionales y estas, a su vez, a las secretarías generales de cada estado, para que transmitan la invitación a participar en la revocación de mandato entre los maestros de base, confirmaron fuentes de Tamaulipas.
Animal Político publicó este 18 de marzo que el Instituto Nacional Electoral (INE) estimó que el gasto invertido en anuncios en la vía pública en todo el país y en redes sociales para promocionar la consulta de revocación de mandato y la figura de Andrés Manuel López Obrador asciende a, cuando menos, 5.4 millones de pesos.
La Unidad Técnica de Fiscalización y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE detectaron 535 anuncios publicitarios en calles de varios estados del país, de los cuales 278 son espectaculares en vialidades. Con base en información de proveedores, el árbitro electoral estimó que el precio unitario de cada anuncio de ese tipo es de 17 mil 96 pesos, por lo que el gasto total ascendería a 4 millones 754 mil 688 pesos.
Además, el Poder Legislativo recientemente aprobó una propuesta de Morena para que los dichos de los funcionarios públicos no sean considerados propaganda oficial y, con ello, se les abra la puerta a que hablen libremente sobre el ejercicio del 10 de abril.
La iniciativa de Morena fue aprobada el 10 de marzo por la Cámara de Diputados y el 17 de marzo también por el Senado. Ese mismo día fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en edición vespertina.
Sin embargo, un día después, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que ese decreto está vigente pero no es aplicable para el proceso revocatorio, porque los ajustes normativos no pueden realizarse cuando ya hay procesos electivos en marcha.
Vicente Guerrero, originario de esta ciudad, hace 200 años, dio una lección de carácter. Rechazó el indulto del virrey, cuyo mensajero fue su mismo padre.
Durante varios años, los hombres y las mujeres de esta pequeña ciudad mandaron esa lección al sótano de la memoria colectiva.
La disputa del control entre grupos económicos y políticos asociados con el crimen organizado, desde el 2012, sumió a Tixtla en una espiral violenta.
Durante los últimos nueve años, las noticias de tixtlecos desmembrados y decapitados, tirados en la carretera o en diferentes puntos de Chilpancingo, hicieron que los habitantes se quedaran en absoluto silencio.
Esta violencia era resultado de la disputa territorial entre Los Rojos, el grupo criminal que antes dominaba Tixtla, y Los Ardillos, los que finalmente se quedaron con el control.
Esta semana posterior a la llamada elección más competida de la historia de México, las mañanas en esta pequeña ciudad tienen un toque diferente. Las personas se miran tranquilas, aunque continúan sin hablar en público de temas de seguridad y de política.
El domingo 6 se junio rechazaron continuar con el gobierno de la actual alcaldesa Erika Alcaraz Sosa, la que llegó abanderada por el PRD, como parte de la corriente política que al interior de ese partido encabeza Bernardo Ortega Jiménez, actual diputado local, hermano de Celso e Iván, quienes de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) son los líderes del grupo criminal Los Ardillos.
Ortega Jiménez y Alcaraz Sosa tuvieron antes otros cargos. Los eligieron así los habitantes de las poblaciones dominadas por ese grupo criminal. Alcaraz Sosa fue diputada local por el 24 distrito, que abarca los municipios de Mochitlán y Quechultenango (en los que surgieron Los Ardillos), además de Tixtla, Zitlala y Apango. El cargo se lo dejó a Ortega y ella se postuló para ser la alcaldesa de Tixtla.
En esta contienda electoral, Alcaraz Sosa buscaba la reelección en la alcaldía y Ortega Jiménez, en el distrito 24. Sólo Ortega lo consiguió. Alcaraz Sosa obtuvo 33 por ciento de votos, le ganó la partida el morenista Moisés Antonio González Cabañas, con 56 por ciento.
En la diputación local se impuso de nuevo Ortega Jiménez con el 51 por ciento de votos, Silvia Guillermo Tecoapa, de Morena, obtuvo el 30 por ciento.
La historia de la violencia en la histórica ciudad
Una decena de policías municipales vigilan el acceso a Tixtla.
Detienen a los conductores de los automóviles que no han visto por ahí. Los de los lugareños ya los conocen. A estos solo les piden que bajen la velocidad.
–¿A dónde se dirige? –preguntan a los visitantes.
Tixtla es un lugar que atrae gente de otros municipios de la zona Centro, principalmente Chilpancingo. A esa pequeña cabecera, se va a misa, a comer o a comprar mezcal y artesanías.
La gente local asegura que esos policías que vigilan los accesos y las salidas graban a todo el que entra y sale de Tixtla. En sus gorras, dicen, traen una cámara.
Durante el retorno, los policías vuelven a interrumpir la circulación.
–¿Todo bien? –preguntan, con mucha amabilidad, a quienes se retiran.
Esta vigilancia que tiene Tixtla es muy parecida a los filtros de seguridad que existen en los municipios de Mochitlán y Quechultenango, este último es el municipio de origen de Los Ardillos, en los que hubo violencia alrededor de los años 2006-2008, después con el control total de este grupo, aparenta ser un sitio próspero, cuyo gran inconveniente es que nadie puede contrariar a los hermanos Ortega Jiménez.
De acuerdo con algunos vecinos de la ciudad, la violencia comenzó en Tixtla durante la administración perredista de Gustavo Alcaraz Abarca, del 2012 al 2015. Ahí comenzaron los secuestros y asesinatos. A esta administración se le ligó con el grupo criminal Los Rojos.
El vínculo no era mera especulación. Gustavo Alcaraz Abarca era medio hermano de José Luis Ortega Abarca, alias La Gringa, identificado como el jefe de plaza de Los Rojos.
En 2015, llegó al ayuntamiento Hossein Nabor Guillén, otro perredista, cercano a Bernardo Ortega Jiménez, por lo que la gente vinculó a esta administración con Los Ardillos, como una consecuencia lógica e inmediata.
No sólo eso, durante esta administración, varios líderes de Los Rojos y sus familiares fueron asesinados. Los desaparecían en Tixtla y reaparecían dentro de bolsas negras desmembrados o decapitados en alguna calle de Chilpancingo.
Hossein Nabor en esta elección del 2021 se pasó a Morena y se integró a la campaña del candidato a la alcaldía Moisés Antonio González Cabañas.
En 2015, llegó Alcaraz Sosa, pareja política de Ortega Jiménez, y la violencia se volvió un asunto de todos los días.
Así se instaló el miedo
Los domingos siempre eran diferentes para la familia Catarino Vázquez, vecinos de la principal calle de Tixtla, la avenida Insurgentes.
Se levantaban tarde y por lo mismo almorzaban tarde. Alrededor de la una del domingo 4 de junio del 2017, el matrimonio formado por el abogado Eduardo Catarino Dircio, Hilda Vázquez Cipriano, y su hija Yaret, con la compañía de un primo de 12 años, almorzaban y hacían planes para el resto del domingo.
Yaret pidió a Eduardo permiso para ver una película en la computadora cuando terminaran de almorzar. El abogado concedió el deseo a su hija. Dijo que le parecía bien que se entretuvieran viendo una peli mientras él cortaba el rastrojo seco del patio.
Una media hora después, Yaret y su primo escogía la película que vería con su primo, cuando se escucharon detonaciones, pero que a Yaret y su primo se le figuraron cohetes.
“No, no son cohetes”, dijo Hilda con algo de temor.
En las últimas semanas, las balaceras y las noticias de hombres asesinados eran algo común en la pequeña cabecera, pegada a la capital del estado.
A petición de su mamá, Yaret y su primo se quedaron en la cocina mientras Hilda se cercioraba de lo que pasaba. En esos momentos, Yaret escuchó a su papá Eduardo preguntar si eran cohetes lo que escuchaba. Hilda le aclaró que lo que escuchaba eran balazos y le pidió que se subiera a la casa. Los balazos se escuchaban más seguido y más cerca. Cerraron la puerta para guarecerse en la casa de estructura de madera, forrada de lámina galvanizada.
A los pocos segundos escucharon hombres corriendo afuera de la vivienda y más balazos. También gritos.
¡Sal hijo de tu puta madre te va a cargar la chingada! Decían.
Adentro, por instinto todos guardaron silencio. No sabían a quién le decían que saliera.
¡Que salgas hijo de tu puta madre!
Silencio.
Entonces, quienes gritaban golpearon la puerta con rabia y volvieron a exigir a alguien que saliera. Yaret vio a su papá y a su mamá intercambiando miradas de pánico. Podía escuchar las respiraciones aceleradas de los cuatro en ese refugio frágil.
Los golpes en la puerta y los gritos arreciaron. Yaret escuchó a su papá decirles que saldría para que ellas no corrieran peligro.
“Voy a salir”, le dijo Eduardo a Hilda, “Sino, nos van a disparar”.
“Soy el casero, estoy con mi familia, con mi esposa, mi hija y un sobrino. No sé a quién buscan pero voy a abrir. No disparen”, dijo Eduardo fuerte y con tono sereno.
Yaret vio a su papá abrir la puerta y salir con las manos en alto, después tirarse boca abajo, y desde el suelo decir una y otra vez: “Soy el casero, estoy con mi familia, por piedad no nos hagan daño”.
También vio como los policías apuntaban a la espalda de su papá.
Vio que estos bajaron las armas y dijeron: “Es el casero”.
Pero también escuchó otras pisadas que subían y vio a más policías y también a militares.
¡Dispárenle al hijo de su puta madre!
Yaret vio a su papá que seguía boca abajo y que cada vez gritaba con más desesperación. “¡Soy el casero, por piedad, soy el casero, estoy con mi familia!”.
La niña de 11 años vio a un policía insultar a su papá a pesar de los gritos de piedad. Vio a ese policía que apuntaba con su arma en su espalda. Vio cuando ese policía apretó el gatillo. Vio la expresión de terror en los ojos de su papá cuando se escuchó el disparo.
Luego la niña ya no escuchó más.
El resto que vio fue como algo que se ve en una pantalla, como la película que estaba a punto de ver con su primo. Algo que está pasando en otro lugar. No, en Tixtla. No, en su casa. No, a su papá. No, a ella.
Eduardo Catarino no falleció de inmediato. Hilda Vázquez Cipriano narró los minutos posteriores:
Les pedía por piedad una ambulancia, que me dejaran acercarme a mi marido, y que me dejaran ir a ver a mi suegra, ella todo el tiempo estuvo en la parte de abajo de la casa y cuando escuchó el disparo empezó a gritar. No nos dejaban movernos, nos apuntaban con sus armas.
Luego vinieron unos policías a decirme que qué era la señora para mí, que bajara a verla, les dije que era mi suegra y bajé a verla, cuando subí Eduardo estaba boca arriba y tenía un arma sobre su cuerpo, yo les dije son unos cobardes quítenle esa arma o se la voy a quitar yo, yo le iba a retirar el arma y me apuntaron, me dijeron no la mueva, yo les dije esa arma no es de él y ellos me dijeron no la mueva, porque si lo hace, le voy a disparar.
Un par de horas después de que Yaret viera el asesinato de su padre, el vocero de seguridad pública del gobierno de Héctor Astudillo, Roberto Alvarez Heredia, informó que la policía estatal había “abatido a dos sicarios en un enfrentamiento en Tixtla”, que también había dejado dos policías heridos.
Uno de esos “sicarios abatidos” era el abogado Eduardo Catarino Dircio. La Secretaría de Seguridad Pública difundió incluso las dos fotografías de “los sicarios caídos”. Una de ellas era la del abogado. La foto lo mostraba boca arriba y con un cuerno de chivo sobre el cuerpo, vestía un pantalón de casimir color gris y una playera amarilla. Estaba en la puerta de su casa, en el sitio donde clamó piedad delante de Yaret, de su esposa Hilda y del sobrino que estaba de visita.
La foto del otro “sicario abatido” frente a la casa materna del abogado, en la arteria principal de la ciudad, mostraba a un joven en pantalón de mezclilla, camisa a cuadros y huaraches, muy joven, con un cuerno de chivo a su lado.
Este suceso dejó varios carros y casas baleadas.
La versión oficial que dio el gobierno del estado sobre esos hechos fue que los policías del estado seguían a dos hombres armados que dispararon contra una persona en la terminal de las combis en Chilpancingo y que esa persecución los llevó hasta la casa del abogado.
Se llevan a familia completa y aparece en una camioneta en Chilpancingo
Hombres armados a bordo de tres camionetas cerraron el acceso a la calle Montaño, en el barrio de Santiago, en Tixtla, el sábado 25 de mayo del 2019. Bloquearon el tránsito del transporte público, de vehículos particulares y de personas a pie.
Durante unos 40 minutos nadie pudo pasar por esta parte del noroeste de esta cabecera. Los vecinos se encerraron para no comprometerse. Escucharon gritos y pedidos de auxilio. Pero nadie intervino.
Al día siguiente, el domingo a mediodía, los cadáveres de ocho personas aparecieron en una camioneta tipo Estaquitas, sobre una vialidad de Chilpancingo. Siete eran de la misma familia: los Sánchez Mora. La octava víctima era Xóchitl, de 26 años, enfermera, novia de Pablo Sánchez, el hermano mayor. Xóchilt era de Chilpancingo. Todos comían cuando los hombres armados irrumpieron en la vivienda de ladrillo de una sola planta.
Los hombres armados, integrantes del grupo criminal conocido como Los Ardillos, se querían llevar al hijo menor de los Sánchez Mora, a Pedro Ignacio, de 16 años.
La familia no lo permitió. Se opuso a que se lo llevaran y, los hombres armados, creen que eran unos 18 en total, optaron por llevarse a toda la familia, al papá Sergio Sánchez, quien era sastre, a la madre Julia Mora, a Pablo Sánchez, de 27 años, quien era ayudante de cocina en la Normal Rural de Ayotzinapa, a Fernando Jaír, a Carlos Augusto, a Pedro Ignacio y a Xóchilt, la novia de Pablo que había ido de visita.
Testimonios indican que Pedro Ignacio se había agarrado a golpes la madrugada de ese sábado con el hijo de un integrante de un grupo de la Policía Comunitaria que hay en Tixtla, aliada de Los Ardillos.
Aun cuando los asesinatos son cotidianos en esta cabecera pequeña, el homicidio de una familia completa, conocida además por ser gente de trabajo, afectó a la población. Los días posteriores a este crimen múltiple, la gente intentó reaccionar mediante mensajes en las redes sociales, hubo llamados a protestar, pero nadie salió a las calles a hacerlo.
7 de junio del 2021
En el centro de la ciudad, en el edificio que albergaba el ayuntamiento municipal y hace más de 200 años fue la casa de Vicente Guerrero, están colgadas las sábanas de resultados de la elección del domingo.
Un policía municipal cuida la entrada. La gente de la ciudad se acerca a leer los resultados.
Esta casilla, en la que votan los habitantes oriundos de Tixtla, es la síntesis de lo que ocurrió en el municipio: aquí el candidato de Morena tuvo 222 votos, Alcaraz Sosa: 86.
Esta mañana, la población tixtleca tiene una actitud discreta. Son pocas las personas que caminan por el jardín principal de Tixtla, y son todavía menos las que quieren hablar sobre la elección y sus resultados. Los pobladores son desconfiados con los extraños.
En la calle, la vida transcurre como siempre y así como nunca comentan en la vía pública acerca de los asesinatos, tampoco lo hacen sobre la elección.
Se les pregunta sobre su voto y no se animan a señalar lo que es evidente en esta casilla.
«No le voy a decir por quien voté, sólo le digo que si ganó Morena fue porque ya estamos cansados de vivir con miedo», comenta una persona que descansa en un banca debajo de la estatua de Vicente Guerrero.
«Con miedo pero salimos a votar», dice alguien más que va con mucha prisa y además no quiere detenerse a comentar sobre el suceso del domingo.
El ahora alcalde electo, González Cabañas dijo en una conferencia de prensa que durante la campaña fueron intimidados con llamadas telefónicas, pero ninguna amenaza pasó a mayores.
La posibilidad que se abrió en Tixtla, a partir de las urnas, se concretará o descartará los siguientes tres años.
La alianza actual entre el PRI y el PRD es un acto antibiológico que borró el origen del perredismo. A los perredistas, de pronto, se le olvidaron sus muertos y su historia.
Texto: José Miguel Sanchez
Fotografía: José Luis de la Cruz
20 de abril de 2021
Chilpancingo
Santos Cabrera Rosas fue asesinado la noche del 20 de enero de 1989 cuando se dirigía a su domicilio en la comunidad de Potrerillo, municipio de Petatlán, en la Costa Grande del estado. Recibió nueve impactos de bala calibre 22, su cadáver fue hallado por un menor de edad, quien avisó al comisario de la localidad, de acuerdo con datos de la averiguación previa.
Tres años antes, en 1986, Santos Cabrera fue candidato a diputado suplente por la Unidad Popular Guerrerense (UPG) y al momento de su asesinato se desempeñaba como promotor municipal del naciente Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Santos Cabrera Rosas es el primer nombre del listado de perredistas asesinados que comenzó a construirse el 9 de marzo de 1996, como una manera, al parecer, de escribir su propia memoria: los costos de erigirse como una opción partidista.
De 1989 a 1996, el PRD documentó 134 perredistas asesinados y 12 más desaparecidos. Desde entonces a la fecha hay más muertos, pero se dejará ese primer corte porque en esa época el PRD todavía vivía la represión por sus principios y su contraposición al PRI.
Ese listado es un documento oficial del partido, está membretado por la Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indios del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, con el título de Lista de militantes y simpatizantes del PRD muertos en el estado de Guerrero.
El documento fue hallado en los archivos personales de Guillermo Sánchez Nava, un viejo militante de la izquierda y uno de los fundadores del PRD, a quien el PRI, el partido que ha forjado grandes cacicazgos e injusticias en Guerrero– razón suficiente para que fuera el enemigo eterno de su partido –, en el contexto de la elección de 2011 le hizo saber de lo que era capaz.
Una brigada de priistas que Sánchez Nava sorprendió retirando propaganda del PRD para colocar la del PRI lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y aún no se recupera de esas lesiones.
En ese entonces, él fungía como representante de la coalición Guerrero nos une ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG, ahora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Guerrero). Recibió una llamada y le informaron que brigadistas del PRI retiraban propaganda, acudió al lugar a tomar fotos de los hechos para presentarlas como prueba de un delito electoral, pero los brigadistas del PRI lo agredieron y huyeron. Hoy Sánchez Nava todavía está postrado en una cama, sin moverse ni hablar.
Esa elección de 2011 fue para, entre otros cargos públicos, definir gobernador. La contienda la libraron dos priistas, en representación del PRD, Ángel Aguirre Rivero, y por el PRI, el partido que no le dio la candidatura, Mane Añorve Baños.
Aguirre Rivero es uno de los personajes principales que orquestó la alianza actual entre el PRI y el PRD. Un acto antibiológico que borró el origen del perredismo. A los perredistas, de pronto, se le olvidaron sus muertos y su historia.
Las victimas del PRD
Cuando se dice que ese primer corte de víctimas del PRD está asociado a su desacuerdo ideológico con el PRI, es porque el asesinato contra Santos Cabrera se le adjudico a los hermanos Mónico y Gregorio Solís Escalante, quienes eran simpatizantes priistas en Potrerillo, de acuerdo con el libro Asesinato y política en México: asesinatos políticos en el Partido de la Revolución Democrática y sus consecuencias, de Sara Schatz.
Por el crimen detuvieron a Mónico Solís Escalante, pero un juez lo absolvió del delito y en su lugar giró orden de aprehensión contra su hermano Gregorio, ordenamiento judicial que nunca se cumplió.
En 1992, la entonces secretaria de Derechos Humanos del PRD, Isabel Molina Warner, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dicha queja dio como resultado una recomendación.
La recomendación va dirigida al entonces gobernador de la entidad, el priista José Francisco Ruiz Massieu, donde se le pide entre otras cosas que proceda a ejecutar la orden de aprehensión contra Gregorio Solís Escalante y explicar por qué no se ha cumplido la orden.
Los hermanos Solís Escalante, se supo, se mudaron a los Estados Unidos y el asesinato de Cabrera Rosas sigue en la impunidad.
Agripino Comonfort Flores es el último nombre que aparece en la lista. Él era campesino oriundo de Atlamajalcingo del Monte, municipio de la región Montaña. De acuerdo con una nota publicada por el periódico La Jornada del 7 de marzo de 1996, policías municipales entraron a su casa y se lo llevaron por la fuerza. Días después familiares y amigos encontraron su cadáver con disparos de escopeta; en la escena del crimen apareció una credencial de un policía preventivo.
Carlos Payan Torres, en ese entonces secretario de Asuntos Electorales del Comité Estatal del PRD, declaró que entre los mismos policías había priistas presuntamente enviados por el alcalde, Simón Vivar Juárez, con quien Comonfort Flores tuvo graves diferencias y ásperos encuentros por su militancia en el PRD, porque organizaba asambleas municipales con miras a la elección local de ese mismo año.
De la última agresión contra perredistas registrada en esa lista hasta ahora han pasado 25 años o 32 desde que se documentó la primera, y 10 de la agresión contra Sánchez Nava, que también continúa en la impunidad.
Ninguno de éstos u otros asesinatos u agresiones importó a los dirigentes perredistas, quienes tomaron las decisiones, para tejer una alianza con sus adversarios ideológicos.
Este 2021, PRI y PRD van juntos por la gubernatura de Guerrero y en otros 14 estados.
Va por Guerrero es el nombre que lleva la alianza a nivel local, y el pasado 28 de febrero registraron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro) a su candidato de unidad a gobernador, el priista Mario Moreno Arcos.
Después del registro se realizó un mitin en las oficinas estatales del PRI y en dicho evento estuvieron presentes las dirigencias nacionales de ambos partidos, Alejandro Moreno Cárdenas del PRI y Jesús Zambrano Grijalva del PRD.
“A poco nos imaginábamos en algún momento un evento como éste en donde estuviéramos el PRD junto con el PRI y el PRI junto con el PRD, y aquí estamos en la sede del PRI”, dijo Zambrano Grijalva al inicio de su intervención, olvidando, al parecer, hasta su propia historia, hasta su propia memoria.
Zambrano Grijalva justificó la alianza diciendo que no tienen de qué avergonzarse.
