De artesanías chinas al despojo de territorio: afecta turismo ‘excluyente’ a comunidades indígenas de Chihuahua

Diversos estudios antropológicos apuntan que el modelo de turismo actual en la Sierra Tarahumara de Chihuahua reduce la cosmovisión de los pueblos originarios a un simple producto de consumo y perpetua el despojo de sus territorios y recursos naturales. Las comunidades indígenas quieren cambiar las formas de hacer turismo, pero a los empresarios y autoridades gubernamentales poco les interesa.


Texto y foto:  Óscar Rosales/Raichalli  

Sábado 27 de abril del 2024

 

Tomarse una fotografía con un niño rarámuri, el uso de su idioma para vender un producto, o inventar una historia fantasiosa sobre una comunidad indígena. Podrían parecer actos inocentes, pero es parte de lo que el antropólogo Juan Jaime Loera define como “turismo excluyente”. Esa dinámica frivoliza la cultura y cosmovisión de los pueblos originarios de la Sierra Tarahumara, y a la par del despojo de su territorio por parte de empresarios mestizos, les impacta de manera negativa en la vida a corto, mediano y largo plazo.

Así lo explicaron los antropólogos Juan Jaime Loera y Marco Vinicio Morales, en el primer foro de “Diálogos de resistencia” organizados por la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) como parte de su vigesimoquinto aniversario.

En la charla realizada el 25 de abril en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Loera y Vinicio detallaron cual fue el proceso para realizar tres peritajes antropológicos que midieron el impacto del turismo moderno en las comunidades de Mogótavo, Bakajípare (ubicados en el municipio de Urique) y Huetosachi (Guachochi), de septiembre a noviembre del 2022.

Los peritajes antropológicos son informes especializados que sirven para reconocer el derecho de los pueblos indígenas a preservar sus costumbres e instituciones. Además, se rigen bajo normativas nacionales e internacionales. En el caso de México, el artículo 4 de la constitución garantiza a los pueblos indígenas que “la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social”, describieron los ponentes.

Dichos estudios se utilizan para explicar el significado cultural de un hecho dentro de otra cultura. En este caso especifico de Chihuahua, como las actividades turísticas de personas no indígenas repercuten en las comunidades rarámuri.

“Cada vez más hay demanda y importancia a los peritajes antropológicos, por ejemplo, se pueden realizar para determinar la presencia histórica continuada de seres humanos en una región”, comentó Jaime Loera. En ese sentido, uno de los asistentes a la charla enfatizó que el incremento de las peticiones es debido a que desde hace 20 años los peritajes se utilizan como prueba en los juzgados para reconocer la existencia histórica de los pueblos indígenas.

Los peritajes realizados en las comunidades ubicadas en los municipios de Urique y Guachochi, demostraron que el modelo actual de turismo en Chihuahua tiende a generar despojo de territorio y de los recursos naturales de las poblaciones indígenas, además de afectar su cultura y forma de vivir, aseguraron los ponentes.

Los expositores señalaron que las personas inversionistas venden y compran parcelas en territorios indígenas por su atractivo natural, y que ya siendo “dueños” de dichos espacios, solicitan el cambio de uso de suelo para talar los árboles en la zona y construir complejos turísticos, como el Parque Aventura, ubicado en las Barrancas del Cobre, en el municipio de Urique.

Ese turismo que no toma en cuenta la cultura ni la voz de las comunidades indígenas, Juan Jaime Loera lo definió como “turismo excluyente”. Y aunque las comunidades rarámuri buscan cambiar la forma en que se hace turismo en su territorio, los empresarios mestizos y las personas funcionarias del gobierno estatal poco interés tienen en el tema.

Como muestra del desinterés, Marco Vinicio se refirió al actuar de las personas no indígenas en las reuniones del Consejo Consultivo de Barrancas del Cobre, creado en 2016.

“Estas reuniones de Consejo Consultivo todo lo hacen ‘express’, con el interés de sacar sus propuestas, obviamente me refiero al Gobierno, a los funcionarios de gobierno, quieren sacar su agenda pero sin realmente darles un espacio (a los rarámuri)”, explicó Vinicio. “Ni siquiera retoman las formas para discutir los temas, para dialogar, se llega, se imponen temas, se aprueban y no los dejan hablar.

Los antropólogos también señalaron que durante uno de sus peritajes, llegaron abogados a una de las comunidades indígenas para entregar una notificación de denuncia penal, lo que despertó el miedo en las y los habitantes.

Loera infiere en que ese tipo de denuncias llegan de los inversionistas que compran terrenos en la zona y buscan ahuyentar a las familias para construir sus proyectos turísticos. Un ejemplo de esto es el que se dio en el 2021, cuando un grupo de empresarios y políticos priistas no indígenas comenzó una demanda por despojo contra la comunidad rarámuri de Mogótavo, lo que generó una gran indignación entre activistas y sociedad en general.

Beneficios en chino

Loera y Vinicio afirman que los verdaderos beneficiados del modelo turístico actual en la Sierra Tarahumara son particulares y no las comunidades indígenas, quienes se han visto obligadas a cambiar su estilo de vida con tal de adaptarse a las nueva dinámica. Disminuyeron las reuniones durante los fines de semana y los rituales tradicionales, aseguraron.

En el mismo sentido, Loera mencionó que si bien la infraestructura turística da opciones laborales a las poblaciones indígenas, estos trabajos son precarios, que suelen ser de pocas posibilidades de superación y muy inflexibles con el tiempo.

“Se están moviendo fechas, se están moviendo los días importantes de la ritualidades, particularmente las que son más fijas en función de los tiempos que marca la afluencia turística a la Sierra Tarahumara”, agregó Vinicio.

Loera también advirtió de la compra masiva de artesanías manufacturadas en China por parte de los dueños y dueñas de los complejos turísticos, las cuales llegan a través de rutas comerciales del sur y centro de México.

“Calendarios mayas y aztecas vendiéndose en Creel (…) artesanías que vienen siendo también compradas por la población local para el turismo nacional e internacional”, comentó el antropólogo.

Cocina en Huetosachi, ejemplo de turismo responsable

Ya existen ejemplos en Chihuahua de como realizar turismo que respeta los territorios y a las comunidades que viven en ellos, indicaron Loera y Vinicio.

En la comunidad de Huetosachi, en el municipio de Urique, se encuentra un taller de cocina tradicional rarámuri, proyecto que es gestionado por mujeres indígenas, y que a su vez forma parte de un programa de turismo sustentable llamado Experiencias Rarámuri.

Durante los peritajes del 2022, las personas indígenas entrevistadas expresaron que imaginan un turismo responsable e incluyente, un manejo sustentable de basura y desechos, sin miedo a la violencia y al despojo de territorio, con agua limpia y animales, en un entorno propicio para realizar sus fiestas tradicionales de manera alegre.

Peritajes construyen política pública

Tanto Juan Loera como Marco Vinicio, remarcaron la importancia de los peritajes antropológicos como una herramienta para vincularse con la sociedad civil, que den paso a reflexiones sobre nuestra forma de ver a otras culturas.

“El peritaje antropológico tiene gran potencial, no solamente para la antropología social aquí en nuestra escuela, sino en todas las áreas, la arqueología, la lingüística creo que pueden aportar justamente su expertise”, señaló Loera.

De igual manera, uno de los asistentes al foro cuestionó la falta este tipo de trabajos en la ENAH y su aplicación para la defensa en casos judiciales.

 

 

 

 

 

 

 

 

Este texto pertenece a Raichalli Noticias y es reproducido en Amapola Periodismo como parte de la alianza de medios. Puedes leer el texto original aquí.

Tilapa: lecciones del pueblo Me´phaa sobre resguardo territorial contra el crimen organizado

En un país desbaratado por la violencia criminal, un pequeño pueblo en las montañas de Guerrero muestra el camino para enfrentar este flagelo

 

Texto: Marlén Castro

Martes 9 de febrero del 2024

Tilapa/Malinaltepec, Gro.

 

Hasta este pedazo escondido de la Montaña, el pueblo Me´Phaa de Tilapa, llegó hace como tres años el cristal.

El nombre de la droga se oye bonito, tiene hasta elegancia, pero los adolescentes mephas flaquísimos, desnutridos, idos de este mundo, están a años luz de parecerlo.

Las personas que consumen cristal o anfetaminas se ponen flaquísimos hasta el hueso. No les da sueño, por lo que se les forman ojeras que los hacen parecer levantados de sus tumbas. La lógica diría que les cuesta moverse. Y no es así. Se ponen hiperactivos. El problema es que el cristal derrite sus neuronas y convierte su sistema inmunológico en un desastre.

En varias comunidades de la región de la Montaña alta se registra que adolescentes y jóvenes consumen drogas, principalmente, cristal o metanfetaminas, aunque no son las únicas sustancias ilícitas que entran a las comunidades, algunas ancestrales, revelaron integrantes de la asociación civil Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), organización que asesora a las comunidades de la Montaña en esta nueva lucha por la defensa del territorio.

La región es un referente nacional en la lucha contra la minería. La organización comunitaria de sus habitantes, basada en la toma de decisiones colectivas, fue la diferencia con otros pueblos de México en donde las empresas mineras, o cooptaron o compraron o silenciaron a los que se oponían.

En 2013, varias comunidades de la Montaña crearon el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Creadet) para oponerse a la explotación del oro y consiguieron la cancelación del proyecto minero Corazón de Tinieblas.

Las autoridades de los pueblos creen que la adicción de los adolescentes y jóvenes es inducida desde fuera para debilitar el tejido social de las comunidades, y quien opera esta ofensiva es el crimen organizado.

La diferencia entre Tilapa y otras comunidades de la Montaña alta y quizá con el resto de las poblaciones en México en donde el crimen organizado tomó el control social y económico, es que aquí, los habitantes lo expusieron en asamblea y, aunque tienen miedo, decidieron enfrentarlo.

Policías del sistema Serti que rindieron protesta este lunes 8 de abril en la comunidad Me’Phaa de Tilapa, municipio de Malinaltepec.

“¿Qué hacemos con nuestros jóvenes adictos?”, se preguntaron.

Antes de responder esa pregunta esencial para salvar a sus niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y también para salvarse como comunidad, se hicieron otra pregunta: “¿Cómo llega la droga hasta aquí?”.

 

Tilapa, el pueblo Me´Phaa que hace la diferencia

Tilapa se parece más a un pueblo de la línea costera que a un espeso bosque de Montaña. Por esas características climáticas y orográficas, en Guerrero existe la subregión Costa Chica-Montaña, que la conforman una franja de comunidades de municipios de ambas regiones en las que se observa la transición entre los bosques húmedos y las selvas cálidas.

En Tilapa, ubicado a 1110 metros sobre el nivel del mar, hay mangos, plátanos, guanábanas, café y alguna que otra palma de coco. Es un poblado resguardado por montañas altas a las que se llega por Tlapa, al norte de la comunidad, a dos horas de distancia. Al sur, Tilapa tiene la línea costera del Pacífico, a la que se llega por San Luis Acatlán en escasos 40 minutos. En Tilapa, conectan los dos ecosistemas. En una apretada síntesis, se diría que Tilapa es más costa que montaña. Hace calor intenso y frío moderado.

Este lunes 8 de abril, como es normal en la temporada de primavera, hace un calor intenso en Tilapa. Aquí no parece que el sol vaya a desaparecer bajo la sombra de la luna, lo que se supone ocurrirá entre las diez y las doce del día, de acuerdo con los astrónomos sobre el eclipse solar que se apreciará en un 70% en los estados del sur y totalmente en el norte de México.

Este día del fenómeno astronómico, también es la fecha en que Tilapa anunció el nacimiento de su propio sistema de justicia, acuerdo al que se llegó en las discusiones sobre qué hacer con los jóvenes adictos y algunas investigaciones sobre cómo llega la droga a la comunidad.

Después de un año de asambleas informativas en todos los barrios y anexos, la asamblea acordó diseñar un sistema de seguridad territorial diferente al de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que nació en el ahora nuevo municipio de Santa Cruz del Rincón –a solo 20 minutos de Tilapa– hace 29 años.

Los habitantes de Tilapa bautizaron a este nuevo sistema de justicia comunitaria Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (Serti), y su objetivo principal es defender el territorio “de quién o quiénes atenten contra nuestros procesos sociales, productivos, económicos; de bienes naturales, ambientales; de gobernanza, territoriales y en contra de nuestra comunalidad”, se lee en el documento fundacional.

Integrantes del Consejo de Honor y Justicia del Serti recibieron bastón de mando en su toma de protesta.

Este proceso fue acompañado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y por el PIAP.

 

¿Qué hacemos con los jóvenes adictos?

Tilapa es una localidad con 1181 personas, de acuerdo con el Censo de Población 2020 del INEGI. Aquí, todos se conocen y saben a qué se dedica cada uno; también, sus problemas familiares, como violencia, alcoholismo y problemas con las drogas.

Hace tres años, la población se enteró de los primeros casos de drogadicción.

“Había problemas con eso, pero era esporádico. Había uno que otro joven que sabíamos que consumía”, reconoció una habitante de la comunidad.

El problema creció rápido; los casos se multiplicaron. Por eso, hace como año y medio, en el décimo aniversario del Creadet, se planteó que el crimen organizado era una nueva amenaza para el territorio y la organización comunitaria. Identificaron que la drogadicción inducida era la nueva forma que empleaba el crimen para socavar a las comunidades.

Tilapa empezó este proceso a la par que otras comunidades de la Montaña-Costa Chica, pero fue la primera en concretar una salida al problema.

“Este proceso ha sido muy intenso en la zona. Cada comunidad tiene su propio proceso, de acuerdo con sus propios tiempos y ritmos. En el caso de Tilapa, su asamblea determinó crear un sistema de seguridad territorial”, refirió un integrante del PIAP.

Parte del proceso por el que pasaron en cada comunidad es la respuesta a la situación compleja de qué hacer con los jóvenes adictos.

En el caso de Tilapa, de tres casos esporádicos de adicción a las drogas, saltaron a alrededor de 30, reveló un habitante.

En asamblea, platicaron cómo abordar con las familias los casos de los consumidores.

“Las primeras en oponerse son las madres, a las que avergüenza el consumo de drogas de sus hijos y las que se oponen a que sus hijos, si cometen algún delito, sean llevados ante las autoridades”, comentó el habitante que participa en este proceso en Tilapa.

A las primeras personas que deben convencer de que se actúe sobre el problema de consumo de drogas de los hijos, es a las madres y a los padres. Se acordó hablar con esas familias sobre el surgimiento de la violencia derivada del crimen, y al resto de adolescentes y jóvenes darles platicas, en sus mismas escuelas, sobre las drogas y sus efectos.

En abril de 2023, fecha en la que se acordó en asamblea crear el sistema de justicia comunitaria, también acordaron responder a la inquietud de cómo llega la droga hasta aquí.

Integrantes de la comunidad dijeron que el primer acuerdo fue cortar el ingreso de la droga, para lo que había que conocer cómo llegaba hasta la comunidad. Ha habido algunos hallazgos reveladores.

“Hasta el momento se ha detectado ingreso de droga a través de transporte público; también de repartidores de mercancía y, en algunos casos, a través de maestros que no son de aquí, pero que trabajan en la zona”.

El antropólogo Abel Barrera, coordinador de Tlachinollan, sugirió a los pobladores de Tilapa y a los integrantes del Serti elaborar un diagnóstico que indique desde dentro de la comunidad quiénes son los que están con el pueblo y quiénes se inclinan por romper las estructuras que mantienen cohesionada a la comunidad.

 

La Montaña y el crimen organizado

 

El mapa criminal en Guerrero del gabinete de seguridad estatal, establece que Tilapa forma parte de la zona controlada por el grupo del crimen organizado Los Ardillos. 26 municipios de la Zona Centro, Montaña y Costa Chica en los que opera este grupo criminal organizado, tienen un tono azul claro. El municipio de Malinaltepec es uno de ellos.

En otros municipios de la Montaña como Tlapa y Olinalá, el mapa criminal dice que Los Ardillos se pelean el control de esos municipios con Los Rojos, por eso tienen dos colores: azul claro y café oscuro. A Malinaltepec no se lo pelea con nadie, según este mapa.

Malinaltepec, en estos momentos es gobernado por Acasio Flores Guerrero, del Partido Encuentro Social (PES), pero hace tres años estuvo en manos de Morena, hace seis del PT, hace nueve del PRD y 12 años hacia atrás dominó el PRI.

El alcalde de Malinaltepec estuvo este lunes 8 de abril en la instalación y toma de protesta de los integrantes del Serti y ofreció a los consejeros de honor y justicia, al comandante y a los 19 policías comunitarios que lo integran que “no van a estar solos, vamos a caminar juntos”.

El alcalde también proporcionó uniformes, dos escopetas calibre 12 y dinero en efectivo para su primer mes de funcionamiento, recurso que continuará fluyendo para que operen.

 

Las mujeres en el sistema Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (Serti)  

La sigla no dice nada. El nombre revela todo. Este sistema de justicia comunitaria que empezó a funcionar desde este lunes 8 de abril en Tilapa, se encargará de resguardar el territorio indígena.

Las autoridades de Tilapa, el comisario municipal, el comisariado de Bienes Comunales y el Concejo de Vigilancia elaboraron un documento de posicionamiento sobre la creación de su sistema Seguridad de Resguardo Territorial Indígena-Policía Comunitaria (Serti-PC).

El Serti, explican las autoridades de la comunidad, es un sistema de justicia cuya máxima autoridad es la Asamblea General, integrada por los habitantes de Tilapa, la que resolverá aquellos casos en los que, por su complejidad, la estructura de gobernanza del Serti no pueda resolver, con lo cual –advierten– “nunca tendremos un sistema de justicia que actúe fuera de la gobernanza comunitaria”.

La estructura de gobernanza del Serti la integran cinco consejeros de honor y justicia, la comandancia, integrada por un primer y un segundo comandante y el cuerpo de policías. Se tomó protesta a 19 policías y a los dos comandantes.

El lunes, esta estructura rindió protesta, y a cada consejera y a cada consejro de honor y justicia se les entregó un bastón de mando.

La Asamblea General decidió que fueran cinco consejeros, tres hombres y dos mujeres.

La abogada Vicencia Espíndola Cantú es una de las consejeras. Es madre soltera de una adolescente. Vicencia leyó en la asamblea de instalación del Serti, el posicionamiento de las autoridades de Tilapa. La Asamblea la eligió a ella para plantar cara a esta organización contra el crimen organizado y el pueblo la eligió consejera.

En este tipo de responsabilidades otorgadas por el pueblo, no se tiene la opción de rechazar. Vicencia tampoco pensó hacerlo, pero está convencida que su situación civil influyó.

Después de rendir protesta, los integrantes del Concejo de Honor y Justicia cortaron el listón inaugural de lo que será la oficina de la nueva organización comunitaria.

Este martes 9 de abril, Vicencia se pasó todo el día en lo que es su nueva oficina, tarea que, está segura, no podría hacer si tuviera marido y varios hijas e hijos que cuidar.

La otra consejera, la maestra Esther Mendoza Bernardino, es viuda y madre de hijas e hijos ya casados.

Nace el consejo de planificación lingüística comunitaria de la lengua Ta yol Mam

Texto: Andrés Domínguez/Chiapas Paralelo 

11 febrero 2024

 

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) informó de la conformación oficial del primer consejo en la región etnolingüística del mayab/ sureste realizado en el municipio de Cacahoatán.

Con la asesoría del INALI, este sábado se firmó el acta de conformación del Consejo de Planificación Lingüística Comunitaria de la Lengua Ta yol Mam, en dicho municipio de la región Soconusco.

En esta reunión, las personas integrantes del Consejo, rindieron protesta y delinearon las acciones para su plan de trabajo en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (DILI) 2022- 2032 y su próxima asistencia a las actividades del DILM 2024.

Pueblo Mam. Foto: Atlas de los Pueblos Indígenas-INPI

Según el Atlas de los Pueblos Indígenas realizado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el mam es una agrupación lingüística que pertenece a la familia maya.

La lengua genéticamente más cercana a esta agrupación, es el teko. El mam se habla en los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

En el último censo realizado por INEGI en 2010, se registraron 10,467 hablantes de mam. Esta agrupación conjunta cinco variantes: Mam de la frontera/Qyool(de la frontera); Mam del norte/Qyool (del norte); Mam del sur/ Qyool (del sur); Mam de la Sierra/ Qyool (de la Sierra) y Mam del Soconusco/ Qyool Mam/ B’anax Mam.

Las variantes del sur, Sierra y norte, se encuentran en muy alto riesgo de desaparición, la variante del Soconusco se encuentra en alto riesgo de desaparición y la variante de la frontera está en mediano riesgo de desaparición.

Los mames de México se asientan en diferentes municipios chiapanecos: Acacoyagua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, La Grandeza, Huehuetán, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, El Porvenir, Villa Comaltitlán, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez, Maravilla Tenejapa y Las Margaritas; y en los municipios de Campeche y Champotón del estado de Campeche, así como en el municipio de Othón P. Blanco de Quintana Roo.

Hombres armados y ministeriales intentan despojar a la Comunidad Emperador Cuauhtémoc del predio del jardín de niños

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

Esta mañana el presidente del DIF municipal de Juan R Escudero, Miguel Costilla Villanueva, llegó al Jardín de Niños Emiliano Zapata, ubicado en la Comunidad Indígena Popular Emperador Cuauhtémoc, con dos hombres armados, cinco policías ministeriales y dos trabajadores de Catastro municipal para hostigar a los pobladores y exigirles un predio que, supuestamente, le pertenece.

Los habitantes de la comunidad denunciaron públicamente las amenazas y hostigamiento por parte del funcionario municipal que pretende arrebatarles el espacio donde estudian 30 niños de nivel preescolar.

El predio en cuestión existe desde hace 18 años. En 2006 fue fundada la Comunidad Emperador Cuauhtémoc en un predio que fue gestionado como la organización 500 Años de Resistencia Indígena y Popular, en el que actualmente convergen la población migrante ñuu savia, me’phaa, ñomndaa y nahua.

Con este nuevo asentamiento, en 2006, los habitantes gestionaron la creación de una primaria y un jardín de niños.

La primaria fue reconocida en 2019, por 17 años funcionó como una extensión de un plantel ubicado en la Costa Chica.

El Jardín de Niños Emiliano Zapato no corrió con la misma suerte, en 2016 la Comisión Colectiva, el órgano de gobierno de la Comunidad, comenzaron un proceso legal contra Costilla Lázaro, quien se asumió como dueño del espacio.

En 2021, después de un juicio, un juez falló a favor de la Comunidad y dijo que no había elementos para determinar la propiedad que reclama Costilla Lázaro.

Esta mañana, Costilla Villanueva regresó y pretende de nuevo comenzar otro proceso para que le sea otorgado el espacio de 900 metros donde está el preescolar Emiliano Zapata.

«Llevamos habitando la Comunidad 18 años, y sorprendentemente aparece hasta estos días los supuestos dueños queriendo medir, con ayuda del Ayuntamiento de Chilpancingo», denunció un integrante de la Comisión Colectiva, quienes pidieron se omitieran sus nombres porque, dijeron, comenzarán una demanda penal y no quieren exponerse.

En conferencia de prensa, los habitantes llamaron a los tres ordenes de gobierno que eviten favorecer a Costilla Villanueva y reactivar un caso por el que existe un fallo y la determinación de juez.

«Nosotros siempre buscamos al Ayuntamiento para hacer una gestión de agua, luz, drenaje y obra pública, y siempre nos dicen que no pueden hacer nada porque somos un predio irregular, pero los de Catastro bien que andan con este personaje que nos quiere arrebatar el jardín de niños», comentó uno de ellos.

···El Jardín de niños···

En el preescolar Emiliano Zapata sólo hay un aula de madera, afuera un techado donde los estudiantes se resguardan de la lluvia y el sol; este mismo espacio funciona como galera para reuniones y eventos de la comunidad.

Desde su creación, hace 17 años, no cuenta con una clave propia, es un anexo de un otro jardín ubicado en la comunidad de Atliaca, municipio de Tixtla.

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no le otorga una clave por el litigio en el que esta.

Como anexo se necesita de otro plantel que facilite la clave y los documentos puedan tener validez.

Al no tener una clave propia, el Jardín Emiliano Zapata no puede acceder a infraestructura, presupuesto o más maestros.

 

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