Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un golpe certero a los pueblos originarios de Guerrero, al validar la consulta que el Congreso del Estado simuló hacer el año pasado y la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Con ello, se limita el sistema de seguridad y justicia de los pueblos originarios y somete a sus policías comunitarias al mando de las fuerzas policiacas convencionales.
La afectación, se ha hecho creer, que sólo es para la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), cuando no es así, y mucho menos para organizaciones fundadas desde el Estado, como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Lo que realmente permea es la autodeterminación de su destino de los pueblos originarios y afros, y su lucha histórica por su autoprotección.
Con la decisión del máximo tribunal de justicia del país, es necesario reflexionar los diferentes momentos en que se ha lacerado desde el Estado el sueño de los pueblos de liberarse del sometimiento, abandono institucional, corrupción, del crimen organizado y de este sistema mismo que los mantiene relegados en la pobreza y la violencia.
Es necesario repensar cierta simulación de quienes señalan defender estos derechos, con actos contradictorios de personajes políticos, “líderes sociales” y ONG’s.
La conocida Ley 701 fue propuesta el 4 de julio de 2009 en el Congreso local por el entonces diputado de Convergencia, Efraín Ramos Ramírez, en ese momento sólo se turnó a comisión. El 15 de junio de 2010 nuevamente se presentó ante el pleno, aunque tampoco hubo prisa por votarla.
Tras algunos foros realizados, la Ley 701 fue aprobada por unanimidad del Congreso, el 15 de febrero de 2011, en los últimos días del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, sin discusión.
Esta ley tenía como finalidad reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos, es decir, permitirles decidir por sí mismos sus destinos, “de acuerdo con sus tradiciones y los deseos expresados por su población».
Los diputados y diputadas locales pronto se arrepintieron, especialmente por el título tercero, en el que reconoce la existencia y la validez de sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades con características propias y específicas en cada uno, basados en sus usos, costumbres y tradiciones ancestrales que se han transmitido por generaciones, enriqueciéndose y adaptándose con el paso del tiempo.
Reconocía, pues, que los pueblos buscaban abatir la delincuencia, erradicar la impunidad, rehabilitar y reintegrar socialmente a los transgresores. Aunque la ley ya acotaba que las policías comunitarias y el sistema de justicia sancionara solo los delitos del fuero común, limitando a la CRAC a no entrometerse en delitos mayores, por ejemplo, la violencia y extorsiones de las organizaciones criminales.
Sin embargo, cuando en Olinalá, Huamuxtitlán, Atlixtac, Tixtla y principalmente Ayutla de los Libres, comienza la población a organizarse para enfrentarse de la “delincuencia organizada”, enquistada gracias a la complacencia por no decir, complicidad, de las autoridades municipales y estatales, los tres órdenes de gobierno implementaron una política de combate a la organización de esos pueblos.
En 2012, Ángel Aguirre Rivero, ya como gobernador, encabezó las políticas de división de la CRAC-PC, que para ese entonces ya tenía una práctica aunque menor, de que los comandante regionales, consejeros y coordinadores recibieron un pago, simbólico, con dinero que daba el gobierno del estado, y otros apoyos menores de los gobiernos municipales.
Aguirre Rivero no sólo aumentó ese apoyo sino que además lo hizo público, cooptando al entonces coordinar de San Luis Acatlán, Pablo Guzmán Hernández, especialmente para las mesas de la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, junto al comisionado por el gobierno federal, Jaime Martínez Veloz, quien más tarde lo invitó a colaborar para el gobierno federal en la Ciudad de México.
Otro momento clave, fue el apoyo de Aguirre Rivero al heredero de Pablo Guzmán, Eliseo Villar Castillo, quien recibió dinero y vehículos y aceptó, sin consultar a su organización, la credencialización de policías comunitarias por parte del Ejército.
Esta medida dividió más a la CRAC, quienes apoyaban a Eliseo Villar y otros que no aceptaban la credencialización impuesta por Aguirre.
Además, los grupos de reciente adhesión a la CRAC empezaron a combatir principalmente al grupo delictivo Los Rojos, especialmente en Ayutla, Tixtla, Olinalá y Huamuxtitlán.
La población estaba harta de los niveles de violencia, cobro de cuota y extorsiones desde los más pobres hasta quienes tenían comodidades. En estos cuatro municipios se vieron explosiones ciudadanas en las que participaron habitantes sin distinción de partidos, en una situación desesperada por librarse de la delincuencia.
A pesar de ello, Eliseo Villar desconoció principalmente a los líderes de esta y otras zonas que no estaban sometidas al gobierno del estado: Arturo Campos, Gonzalo Molina y Nestora Salgado.
Se les señaló de no respetar el reglamento interno, de no seguir el método tradicional de procesos largos y lentos, y hasta de no respetar los derechos humanos de los criminales.
La lectura errónea impuesta, fue que la Ley 701 sólo avala a la CRAC dócil ante el Estado, encabezada por Villar Castillo, y que sólo ellos podían validar las decisiones que tomaban bajo los mismos procesos otros municipios.
La lectura también errónea es que la Ley 701 se hiciera exclusiva para la CRAC, pues la ley ha sido clara, reconocía los derechos en varios municipios con población originaria y afromexicana.
Entonces, mientras Eliseo Villar era encumbrado y respaldado económicamente por Ángel Aguirre, el Ejército y la Marina detuvieron a Nestora Salgado, Arturo Campos y Gonzalo Molina.
En una entrevista para Carmen Aristegui, la coordinadora de la policía comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado señaló que estaba detenida porque no aceptó dinero del gobierno.
Relató que el gobierno de Guerrero le ofreció 7 millones de pesos para que se hiciera un lado mediante Eliseo Villar, el entonces coordinador de la CRAC en la casa de San Luis Acatlán, a quien acusó de ser cercano a Ángel Aguirre.
“Me ofrecieron el dinero para que yo no crezca como policía comunitaria y no me meta en más casos graves» contó Nestora Salgado para Aristegui, esta entrevista aún se puede encontrar en su página web.
Ante las detenciones, incluso organizaciones defensoras de derechos humanos validaron la versión de Eliseo Villar, es decir, que Nestora, Arturo y Gonzalo eran dirigentes desconocidos por la CRAC de San Luis Acatlán, y eran portavoces del mismo discurso del Estado.
Incluso mantuvieron un discurso con doble rasero, mientras que la CRAC de El Paraíso cometía supuestos violaciones a los derechos humanos, se quedaron callados de las torturas impuestas a los detenidos por la UPOEG en Ayutla.
En resumen, el gobierno del estado logró su cometido de dividir a los tres dirigentes de esa CRAC rebelde y quedó fracturada la relación entre Gonzalo Molina, Arturo Campos y Nestora Salgado, que tomaron rumbos diferentes.
Pero la represión del Estado no quedó ahí sino que posterior a la detención de los tres, al menos 10 dirigentes que mantenían la operatividad de las policías comunitarias fueron asesinados; provocando la filtración de las policías para retomar el control bajo los grupos delictivos, sometiendo aquellas revueltas ciudadanas.
Ante esa experiencia, los tres órdenes de gobierno buscaron derogar esa base legal en la que otros pueblos, fuera de la CRAC sometida o bajo control, intentara liberarse del sometimiento de la violencia y los poderes fácticos.
En el gobierno de Héctor Astudillo Flores, se da la reforma a la Ley 701, sin embargo, ante la exhibición pública del retroceso legal, no quedó más que varios actores se vieran obligados a impugnar, aunque, la SCJN, sólo aletargó la decisión, porque mandató que se consultara a los pueblos, lo que no se hizo, porque el Congreso local simuló, y realmente a los actores en el poder no les conviene que nuevamente el hartazgo social provoque alzamientos populares.
Es entendible con este contexto, la decisión de la SCJN de validar una simulación de consulta y aprobar la reforma en la que se adhiere a la policía comunitaria a las policías estatales.
Como nota, también es contradictorio que organizaciones como la Red Solidaria Década contra la Impunidad A.C. defienda legalmente a Eliseo Villar, el peón olvidado de Aguirre, quién está preso desde diciembre de 2014, quien traicionó a sus hermanos indígenas.
Otra cosa que nos resulta extraño es que en las recientes reuniones con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, se hayan excluido a uno de los abogado integrante de la defensa de la CRAC, el ex diputado federal, Rubén Cayetano García, quien sostuvo que no fue invitado ni enterado de ese encuentro.
CHIRRIONAZO.- A mediados de la próxima semana estará en Guerrero la aspirante morenista a la candidatura presidencial Claudia Sheinbaum Pardo y, nos cuentan fuentes del gobierno estatal, que el clan de los Salgado, ya le preparan un cálido recibimiento. Obvio, en ninguno de esos eventos políticos (Acapulco, Chilpancingo e Iguala) va estar presente la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero en su representación sí estará su papá el senador Félix Salgado y todos sus «borregos» perdón, simpatizantes. El Toro Salgado, ya alista la logística de despliegue de matraqueros en su nueva «oficina» llamado «El Caminante» que es un centro social ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas de Chilpancingo y en un predio ubicado en el fraccionamiento Los Vega en donde Félix tiene la locuaz idea de convertir este sitio en un albergue para perros de la calle en donde es evidente que en esta obra se están utilizando recursos públicos del gobierno estatal.
