El Congreso del Estado viola la Ley 817 para las personas con discapacidad en Guerrero al no adaptar el recinto legislativo para personas con discapacidad, a pesar de contar con una legisladora que utiliza silla de ruedas.
El artículo seis de esta ley reconoce y protege el derecho de libre tránsito, es decir, el desplazamiento libre, sin barreras, obstáculos físicos o arquitectónicos.
Desde su publicación en el Periódico Oficial en diciembre del 2011, la legislación establece en sus transitorios que las instalaciones públicas deberían ser adaptadas de manera paulatina en un lapso no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor.
“Para tal fin, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los 81 Ayuntamientos Municipales y los organismos autónomos, contemplarán en sus respectivos presupuestos los recursos necesarios para la realización de dichas adaptaciones en los inmuebles que de ellos dependan”, en el cuarto transitorio.
El acceso a las oficinas administrativas y de los legisladores cuentan con rampas y un elevador para el acceso, y en la pasada legislatura se construyó una rampa que lleva hacia el exterior del recinto legislativo Primer Congreso de Anáhuac, sin embargo la situación se complica dentro del sitio donde se hacen leyes en Guerrero.
Para un diputado o diputada en silla de ruedas su libre tránsito en el interior se limita a la primera de las tres hileras de curules, lo que le impide subir a tribuna o emitir un voto por cédula, como lo ha denunciado la diputada perredista Elsy Camacho Pineda.
La dificultad no es sólo para los legisladores pues aquellas personas con discapacidad que quieran acudir a atestiguar alguna sesión tendrían un camino de escalones que haría su acceso difícil y en algunos casos imposible. El tema es similar para el área de Prensa.
Durante la 63 Legislatura se han efectuado diversas remodelaciones que van desde un jardín hasta la demolición de un edificio que será reconstruido con una inversión inicial de 20 millones, en una primera etapa, pero nada que incluya el Recinto.
De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Guerrero existen 669 mil 526 personas con discapacidad de las que 50.4 por ciento tienes dificultades para caminar subir o bajar.
Esta ley que proponen los perredistas, no considera que en el sistema de justicia de los pueblos no haya sanciones de reeducación contra personas que cometan algún delito.
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
29 de marzo del 2022
Chilpancingo
En una reunión en la que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda hizo esperar más de una hora a los coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) les dijo que ella no puede frenar la consulta para la reforma constitucional que realiza el Congreso local que ha sido impugnada por las propias comunidades indígenas que tienen su propio sistema de justicia.
Durante el encuentro que se realizó este lunes en Palacio de Gobierno, la mandataria estatal les dijo que a los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC que ella retiró las iniciativas de reformas a la Constitución que envió al Congreso y decidió primero dialogar con los pueblos originarios para que hagan su propuesta de nuevas iniciativas.
Después de que la mandataria retiró sus iniciativas, el PRD presentó otras iniciativas que establece los mecanismos de consulta los mecanismos de consulta a los pueblos indígenas y poblaciones afromexicanas.
Esta ley que proponen los perredistas, no considera que en el sistema de justicia de los pueblos no haya sanciones de reeducación contra personas que cometan algún delito.
Apenas el pasado fin de semana, la casa de justicia de la CRAC-PC, de El Paraíso del municipio de Ayutla de los Libres sentenció a 25 años de reeducación a un feminicida que cometió contra su pareja sentimental el pasado primero de enero de este año.
En la reunión con la gobernadora los líderes de la CRAC le dijeron que esta consulta que realiza el Congreso local tiene como objetivo desaparecer a las policías comunitarias y al sistema de justicia que tienen los pueblos originarios.
«La gobernadora (Evelyn Salgado) contestó a los coordinadores de la CRAC que su gobierno no puede ordenarle a un poder que realice tal o cual acción porque ella respeta su autonomía», señaló el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y asesor de la CRAC, Rogelio Téliz García.
En la reunión que se desarrolló en Palacio de Gobierno y que duró casi tres horas, Salgado Pineda les dijo a los dirigentes de la CRAC que su gobierno solo coadyuva en los trabajos de esa consulta que realiza el Congreso.
Téliz García, señaló que lo que si les dijo a los coordinadores de la CRAC-PC es que después que concluya la consulta se va reunir con ellos para empujar una propuesta de proyecto de iniciativa de ley que reconozca los derechos de los pueblos indígenas.
«Habrá diálogo y más diálogo con nosotros, eso es lo que nos dijo la gobernadora», afirmó el abogado entrevistado después de que concluyó la reunión con la mandataria.
El abogado señaló que esta consulta para la reforma al artículo 777 de la Constitucional y la Ley 701 que lleva a cabo el Congreso local está «manipulada y racista» que pretende desaparecer el sistema de seguridad y justicia.
En el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó las reformas a los artículos 14 y 772 de la Constitución local así como la Ley 701 que aprobó en el 2018 la anterior 61 Legislatura a propuesta del entonces gobernador priísta Héctor Astudillo Flores.
La Corte le dio un plazo de 12 meses al Congreso local para que realice una consulta entre los pueblos indígenas y afromexicanos para que se realice estas reformas y la Ley 701 que reconoce a la policía comunitaria.
El próximo 12 de abril se cumple el plazo que le dio la Corte a los diputados locales quienes apenas llevan una semana llevándola a cabo en los municipios donde hay comunidades indígenas y afromexicanas.
Rogelio Téliz García, prevé que la consulta que lleva a cabo el Congreso va a fracasar porque está plagada de irregularidades.
Derivado de estas fallas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría iniciar un procedimiento sancionador contra los 46 diputados por desacato judicial.
«La sanción podría ser una acusación judicial e incluso un procedimiento del desafuero de los 46 diputados locales», señaló el abogado.
Los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC acordaron seguir con su plan para impedir que el Congreso apruebe las reformas a la Constitución.
El próximo 5 de abril habitantes de los pueblos, policías comunitarios y coordinadores de las cinco casas van a realizar una marcha en las calles de Chilpancingo.
Después del 14 de abril, el grupo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acudirá a la Suprema Corte para impugnar esta consulta que realiza el Congreso.
Téliz García señaló que el sistema de seguridad y justicia que tienen los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero están legalmente reconocidos por el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
«El Congreso o el gobierno jamás podrá desaparecer este sistema que tienen los pueblos porque ha dado certidumbre en el tema de seguridad», expresó el abogado.
Mencionó el caso de un individuo que el pasado fin de semana fue sentenciado a 25 años de trabajos comunitarios durante una asamblea que realizó la Casa de Justicia de la CRAC en la comunidad de El Platanal, del municipio de Ayutla de los Libres.
A esta persona se le dictó esta sentencia por el delito de feminicidio en agravio de su pareja sentimental a quien mató a machetazos.
«Si este individuo hubiera sido detenido por la justicia del gobierno hubiera transcurrido muchos meses o años para que se le dictara sentencia pero en el sistema de justicia que tienen los pueblos originarios el proceso duró tres meses», dijo Téliz García.
El encuentro con la mandataria estatal empezó después de las 12 del día de este lunes y concluyó a las 15 horas.
Los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC estaban citados a las 11 de la mañana, pero la gobernadora llegó con ellos más de una hora después.
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y otras organizaciones sociales cerraron tres horas el Congreso local en rechazo a la consulta indígena en la que, aseguraron los manifestantes, los diputados autorizaron un gasto de 28 millones de pesos.
Los inconformes acusaron a los legisladores de «manipular» la consulta de reformas a los artículos 777 y la Ley 701 que tienen que ver con el reconocimiento de la cultura de los pueblos indígenas y afromexicanos así como a su sistema de seguridad.
En el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó las reformas a los artículos 14 y 772 de la Constitución local así como la Ley 701 que aprobó en el 2018 la anterior 61 Legislatura a propuesta del entonces gobernador priísta Héctor Astudillo Flores.
La Corte le dio un plazo de 12 meses al Congreso local para que realice una consulta entre los pueblos indígenas y afromexicanos para que se realice estas reformas y la Ley 701 que reconoce a la policía comunitaria.
El próximo 12 de abril se cumple el plazo que le dio la Corte a los diputados locales quienes apenas llevan una semana llevándola a cabo en los municipios donde hay comunidades indígenas y afromexicanas.
Durante la protesta que realizaron los dirigentes de las cinco casas de justicia de la CRAC- PC, organizaciones sociales y los asesores del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijeron que a los diputados no les dará tiempo de realizar la consulta por lo que están en riesgo de ser desaforados por incumplir esta orden que les dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
«Los diputados se están gastando 28 millones de pesos para esta consulta falsa y manipulada para salvar su pellejo», dijo Luis Donato, dirigente de los pueblos afromexicanos.
Vidulfo Rosales Sierra, asesor jurídico de Tlachinollan, calificó a los diputados de realizar toda una «farsa» para realizar estas reformas.
El grupo de líderes de la CRAC y dirigentes como el del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) Marco Antonio Suástegui Muñoz bloquearon uno de los acceso del Congreso.
En la puerta del recinto legislativo fueron colocadas dos mantas, en una decía, «diputados mercenarios y racistas».
Durante la protesta, los líderes de las cinco casas de justicia de la CRAC, anunciaron una movilización para el próximo 5 de abril.
«Esta consulta no va a pasar porque es una farsa», señaló Rosales Sierra.
«La consulta que impulsan los diputados está tan manipulada que en la pregunta que hacen a los habitantes de los pueblos les piden qué si están de acuerdo en que haya o no policía comunitaria», expresó.
El abogado recordó que la policía comunitaria forma parte del sistema de seguridad que tienen los pueblos indígenas y afromexicanos y por eso no da lugar esa pregunta que hacen los legisladores en su supuesta consulta.
En la protesta estuvo el presidente ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández quien dijo que a los diputados lo que menos les interesa es explicarle a la gente cuál es el motivo de la consulta y sobre qué temas van a tratar.
Recordó que las anteriores reformas a los artículos 777 y 14 de la Constitución que promovió Astudillo a través de los legisladores de la anterior legislatura local y que revocó la Corte, tiene el propósito de desaparecer a la verdadera policía comunitaria de la CRAC que se fundó en 1995 y que tiene reconocimiento ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en base al artículo 169 de la libre autodeterminación de los pueblos.
En el mitin, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) Marco Antonio Suástegui Muñoz denunció que el ex gobernador Astudillo promovió esas reformas porque la policía comunitaria que brinda seguridad en pueblos de la Costa Chica le iba afectar sus negocios que tiene en esa franja turística de Guerrero.
Señaló que los habitantes de las comunidades no se van a dejar y que si es necesario nuevamente van a sacar «los machetes» así como lo hicieron hace años cuando obligaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que cancelara la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota en Acapulco.
Plácido Dolores, dirigente de la casa de justicia de la CRAC-PC, le pidió a los diputados que mejor aprueben la propuesta de reformas a la Constitución que ellos elaboraron después de realizar una consulta con los pueblos indígenas.
«Los diputados están gastando mucho dinero en esa consulta manipulada y mejor aprueben la que nosotros elaboramos y ahí la tienen en el Congreso», expresó.
Abel Barrera Hernández, dijo que la consulta que están realizando los diputados no se acerca a los estándares internacionales.
«Los diputados tuvieron más de diez meses para realizar una consulta como se los ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora quieran sacarla en dos meses». Están realizando una práctica legislativa que degrada a ellos mismos como diputados, expresó Barrera Hernández.
La actual 63 Legislatura local está representada por el PRI, PRD, PAN, MORENA, PVEM y PT.
La mayoría legislativa la representa MORENA y por lo consiguiente uno de sus integrantes, Alfredo Sánchez Esquivel es el presidente de la Junta de Coordinación Política.
El morenista Sánchez Esquivel, que repite por segunda vez consecutiva por vía de la reelección al cargo, ha sido acusado de diversas irregularidades desde presuntos actos de corrupción y de haber usurpado la curul cuando le correspondía a un indígena y él no lo es, señalan sus acusadores.
Ahora con esta consulta de reformas para reconocer los derechos a los pueblos indígenas y afromexicanos, Alfredo Sánchez, otra vez está envuelto en la polémica porque fue el principal responsable de haber atrasado este ejercicio ciudadano.
Además, en el 2019, el Congreso local adquirió en 7.1 millones de pesos un tablero electrónico para el pase de lista de los diputados y el sentido de su voto en las iniciativas o decretos, sin embargo, este aparato ya no está en el salón de sesiones
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo
2 de marzo del 2022
Chilpancingo
La colocación de videocámaras en los pasillos del Congreso local ha abierto una polémica entre las fracciones parlamentarias principalmente del Morena, que es el grupo mayoritario, y el PRI.
El jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Héctor Apreza Patrón, asegura que estas videocámaras que desde este lunes fueron instaladas en distintos lugares visibles del recinto legislativo es para espiarlos.
«Es espionaje, están violando a nuestra intimidad lo que representa una violación a nuestras garantías constitucionales», afirmó el legislador.
Los diputados del PRI protestaron desde este martes en la noche por esta medida, que según ellos, fue una decisión unilateral del presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista, Alfredo Sánchez Esquivel.
«Los diputados (de Morena) nos dicen que se colocaron videocámaras para que se tomen evidencias cuando los normalistas de Ayotzinapa se metan el Congreso a realizar actos vandálicos y con eso la Fiscalía tenga elementos para acusarlos de algún delito. «No que los de Morena, son de izquierda?”, ironizó Apreza Patrón.
Las videocámaras fueron colocadas principalmente frente a las salas de juntas de los grupos parlamentarios y según el diputado Héctor Apreza, es una evidencia más de que según él, los quieren tener bajo vigilancia.
Otro punto que tocó sobre este mismo tema el diputado priísta es de que el presidente de la Junta de Coordinación Política no informó a que empresa se le compraron las videocámaras y su costo.
A su parecer la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso no realiza las acciones de gobierno con transparencia.
A su vez, el presidente de la Junta, Alfredo Sánchez Esquivel, aseguró que desde hace tres legislaturas el Congreso ya tenía este sistema de seguridad.
«Es una paranoia la que tienen los compañeros», dijo el morenista al referirse a los dichos de sus homólogos del PRI y del PRD de que con esas videocámaras los tendrán bajo vigilancia.
Aclaró que ninguna de las videocámaras tiene audio o micrófonos.
«Esas cámaras están grabando desde hace varias legislaturas así es de que si alguien hizo alguna travesura ahí quedó grabado», señaló.
Sobre lo que dijo el legislador Apreza de que a partir de la colocación de esos aparatos los estarán espiando, dijo que «el león cree que todos son de su condición».
Sánchez Esquivel afirmó que esa videovigilancia servirá para prevenir delitos que se cometan en las instalaciones del Congreso y puso como ejemplo que hace un tiempo se robaron el sello de las oficinas de la Oficialía de Partes.
Señaló que también estas videocámaras forman parte de un protocolo cuando los normalistas ingresen a las instalaciones del Poder Legislativo a realizar protestas y destrozos.
Dónde quedó el tablero electrónico
En el 2019, el Congreso local adquirió en 7.1 millones de pesos un tablero electrónico para el pase de lista de los diputados y el sentido de su voto en las iniciativas o decretos, sin embargo, este aparato ya no está en el salón de sesiones.
«No sabemos dónde quedó ese tablero», afirmó el diputado priísta Héctor Apreza.
El tablero electrónico se compró durante la 62 Legislatura local de la cual también formaba parte el legislador Apreza Patrón.
La iniciativa para despenalizar el aborto que presentaron las legisladoras de Morena, incorpora recomendaciones de tratados internacionales y los resolutivos históricos emitidos por la Corte sobre la descriminalización del aborto y el derecho a decidir
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
18 de enero del 2022
Chilpancingo
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) pide al Congreso de Guerrero que apruebe la iniciativa de modificaciones al Código Penal para despenalizar la interrupción del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación.
Esta iniciativa que fue presentada el pasado 12 de enero por las legisladoras morenistas Nora Velázquez, Gloria Citlali Calixto y Beatriz Mojica Morga se encuentra en trámite legislativo en las comisiones de justicia y salud.
Mediante un comunicado, el Inmujeres, recuerda que la penalización del aborto no evita su práctica y mujeres, adolescentes, niñas y personas con capacidad para gestar quedan expuestas a realizar procedimientos inseguros, antihigiénicos y riesgosos que ponen en peligro su vida y vulneran sus derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a decidir sobre su cuerpo.
Menciona que, en el tema de la interrupción legal del embarazo, el Estado mexicano tiene diversas observaciones de organismos internacionales que lo han instado a armonizar su marco jurídico a nivel nacional y subnacional conforme a los más altos estándares internacionales de los derechos humanos de las mujeres y con los que México se ha comprometido.
El Inmujeres expone que la iniciativa para despenalizar el aborto que presentaron las legisladoras de Morena, incorpora recomendaciones de tratados internacionales y los resolutivos históricos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la descriminalización del aborto y el derecho a decidir.
Dicha iniciativa de decreto da elementos para cumplir con las recomendaciones dadas al estado de Guerrero en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por agravio comparado.
Menciona que en Guerrero todavía es una de las pocas entidades del país en el que las mujeres, adolescentes o niñas víctimas de violación deben tener autorización del Ministerio Público para interrumpir el embarazo.
Además de que este documento contempla como excluyente de responsabilidad penal el aborto por violación, así como inseminación artificial no consentida, riesgo de salud, alteración genética y por abortos espontáneos o accidentales y mantiene como delito el aborto forzado sin la voluntad de la mujer o persona gestante, dice el Inmujeres.
Esta iniciativa presentada por las tres legisladoras de Morena ha provocado protestas de los grupos religiosos que se han pronunciado en contra de que el Congreso la apruebe.
La legisladora local del PRI, Julieta Fernández, encabezó una protesta frente al Congreso local de un grupo católicos entre ellos el Provida y del Grupo Interreligioso de Guerrero exigiendo que no se apruebe la despenalización del aborto.
Según la diputada priísta en el Congreso hay asuntos más importantes en la agenda legislativa que impulsar estas adecuaciones al Código Penal de Guerrero que permite la despenalización del aborto.
También grupos activistas que han luchado por los derechos de las mujeres se manifestado a favor de esta iniciativa.
A pesar de que el Congreso entra en periodo de receso el sábado, los diputados siguen sin tomar esta decisión
Texto: Jesús Guerrero
Foto: Oficial
Chilpancingo
13 de enero del 2022
Diputados del PRI y PRD se unieron para evitar que la fracción mayoritaria de Morena designara a Olivia Valdovinos Sarabia, como nueva titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) propuesta que avaló la gobernadora Evelyn Salgado.
En la sesión que concluyó después de la una de la madrugada de hoy jueves, Olivia Valdovinos obtuvo 24 votos, Héctor Gervacio Jiménez 18 y Odiseo Rubio Vejar, ningún voto a su favor.
Para que uno de los tres aspirantes a la ASE fuera designado como titular de la Auditoría requerían 31 votos.
La celeridad para designar al titular de la ASE se frenó debido a que en la misma fracción parlamentaria de Morena no había unidad para votar por Olivia Valdovinos Sarabia quien era la propuesta de la gobernadora Evelyn Salgado.
Inicialmente varios legisladores morenistas apoyaban a Héctor Gervacio porque también contaba con el aval del senador Félix Salgado Macedonio.
Gervacio Jiménez que desde el gobierno de Héctor Astudillo es encargado de despacho de la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud fue ratificado en este cargo por la gobernadora Evelyn Salgado.
En la votación Gervacio Jiménez obtuvo los 18 votos del PRI y PRD.
Los 24 votos que obtuvo Olivia Valdovinos, fueron 21 de Morena, otro del PT, uno más del PVEM y PAN.
La terna de aspirantes a la titularidad de la ASE y que fue sometida a votación por el Congreso fue impugnada por la organización Colectivo Gamma que dirige Jesús Flores García.
En un escrito firmado por Flores, señala que ninguno de los candidatos cumplen con los requisitos que establece la convocatoria que publicó el Congreso el 30 de junio del 2021.
Indica que los tres candidatos violan la fracción VIII de la convocatoria en donde se establece que para aspirar a la Auditoría no debieron ser titulares dependencia, entidad y organismo de la función pública estatal o municipal o representante popular federal, estatal, titular de algún órgano constitucional, autónomo, magistrado del Poder Judicial, consejero de la judicatura o titular de cualquier entidad fiscalizable durante dos años previos a su designación.
En el caso de Héctor Gervasio Jiménez desde el gobierno de Héctor Astudillo fue designado encargado de despacho de la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud estatal.
Gervasio se inscribió como aspirante a Auditor y en vez de renunciar sigue en este mismo cargo en el actual gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.
En el 2019, la Auditoría Superior de la Federación responsabilizó a Héctor Jiménez Gervasio de la contratación de 15 trabajadores que no cumplían con el perfil y eso originó que este órgano fiscalizador lo sancionara con la obligación de devolver 4 millones y medio de pesos a las arcas públicas.
Eso señalan lo resultados de la auditoría 2019-A-12000-19-081-2020-812-DS, que realizó la ASF. En su denuncia el ciudadano, Fernando Rodríguez Bermeo.
Olivia Valdovinos Sarabia, otra de las que está en la terna, fue directora de la Auditoría de Desempeño y Presupuestal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hasta el 2019.
