Ayer, un juez de Tlapa declaró inocente a Marco Antonio García Morales, principal sospechoso de ser el autor intelectual de la desaparición y asesinato del activista del Frente Popular de la Montaña (FPM), Arnulfo Cerón Soriano.
Arnulfo desapareció el 11 de octubre del 2019 en la ciudad de Tlapa, en la Montaña de Guerrero, 40 días después su cadáver fue hallado tres metros bajo tierra en un paraje de la carretera Tlapa-Metlatónoc.
De acuerdo con las declaraciones ministeriales de los autores materiales del crimen, fue el empresario y entonces jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tlapa, Marco Antonio García Morales, quien ordenó desaparecer y asesinar a Arnulfo, después de una serie de protestas y movilizaciones contra la administración del entonces alcalde morenista, Dionicio Merced Pichardo.
Fue el juez Emanuel Reyna Vélez, quien determinó la inocencia de García Morales mediante el fallo del juicio oral 15/2023.
Aunque García Morales ya gozaba de libertad, desde el 30 de septiembre del 2022, porque le cambiaron sus medidas cautelares de prisión preventiva a una de libertad por argumentar enfermedad.
García Morales estuvo preso en la cárcel de Atlamajac dos años y nueve meses.
«La sentencia absolutoria no implica que el (García Morales) sea inocente, nosotros como Frente Popular de la Montaña no vamos a descansar hasta que se le haga justicia al compañero Arnulfo», mencionó en entrevista Ubaldo Segura Pantoja, de la dirección colectiva del FPM.
Segura Pantoja consideró que existen muchas irregularidades en la investigación y en el caso. «Muchos testigos fueron comprados para no presentarse a declarar en el juicio, por lo tanto ya estamos viendo con Tlachinollan apelar el fallo del juez».
Algunos de las irregularidades que puntualizó fue el cambio de la prisión preventiva a medida en libertad, «eso hizo que García Morales se moviera en libertad y amenazara a los testigos».
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que
la Unidad de Medidas Cautelares solapó a García Morales al no cumplir su función.
Esto porque García Morales salía de Tlapa, aun cuando la medida indicaba que no podía hacerlo.
Además, para lograr la libertad condicional argumentó que estaba mal de salud, «pero él siempre se movió por todos lados, andaba haciendo campaña, apadrinaba jaripeos o clausuras y la Unidad nunca verificó», dijo Rosales Sierra.
Las audiencias de juicio oral a puerta cerrada iniciaron el 3 de julio y terminaron el 28 de agosto con el fallo a favor de García Morales.
Apenas el 28 de agosto, integrantes del FPM se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para pedirle atención al caso y no permitir «que se cometiera una injusticia».
Una semana antes tuvieron una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez y el secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, a quienes les pidieron que el juicio por la desaparición y asesinato del Arnulfo fuera apegado a derecho e imparcial.
Tlachinollan y el FPM emitieron un comunicado donde exigen justicia por Arnulfo.
En el comunicado ambas organizaciones piden a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia revise el fallo absolutorio «apegándose a los principios de imparcialidad e independencia y considerando la condición de defensor de derechos humanos de Arnulfo Cerón».
«El fallo no es definitivo, la Fiscalía (General del Estado FGE) y las víctimas lo impugnarán esperando que el Tribunal Superior corrija los desaciertos e irregularidades del juez Emanuel Reyna Vélez que siempre mostró una actitud parcial en el juicio».
Una mujer coloca un tendedero con la imagen de Arnulfo Cerón Soriano afuera del Congreso local durante una protesta el 22 de agosto pasado para exigir justicia por el asesinato del activista.
Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM) protestaron esta tarde afuera del Congreso de Guerrero para exigir justicia por el asesinato del activista Arnulfo Cerón Soriano.
Cerón Soriano fue desaparecido el 11 de octubre del 2019 en la ciudad de Tlapa, en la Montaña de Guerrero, y hallado asesinado 49 días después en una fosa clandestina.
De su asesinato está acusado como autor intelectual del crimen el empresario Marco Antonio García Morales, quien se desempeñaba como jefe de gabinete del entonces alcalde morenista, Dionicio Merced Pichardo.
García Morales estuvo preso desde 2019 por ser el presunto autor intelectual, pero un juez dictaminó que llevara el juicio en libertad y salió de prisión en octubre del 2022.
Con este antecedente, el FPM inició hoy una jornada de manifestaciones en Chilpancingo para exigir a los tres poderes del estado un alto a la impunidad y a la corrupción que rodean el caso de Arnulfo.
“Llevamos tres años exigiendo justicia para nuestro compañero Arnulfo y resulta que el tiempo pasa y pasa y no hay nada y ahora vemos que el juez se inclina en favor de la defensa del autor intelectual”, mencionó Ubaldo Segura Pantoja, integrante de la Dirección Colectiva del FPM.
La manifestación del FPM comenzó en el Congreso del estado, donde unos 100 manifestantes cerraron los accesos principales y colocaron lonas donde exigen justicia para Arnulfo Cerón.
Fuera del Congreso local realizaron un mitin donde explicaron que su protesta es para acceder justicia en el caso de Arnulfo Cerón.
“Nosotros estamos convencidos que solamente con la denuncia pública vamos a lograr que haya justicia, nosotros no confiamos en las autoridades, confiamos en nuestra lucha”, mencionó Segura Pantoja.
A finales de este mes terminará el juicio sobre el asesinato de Arnulfo y el FPM espera que el juez emita una sentencia final y condenatoria contra García Morales.
De acuerdo con las investigaciones, García Morales fue acusado por los autores materiales del crimen de ser él responsable del asesinato de Arnulfo.
“Nosotros creemos que hay contubernio entre los poderes”, dijo Segura Pantoja.
La desaparición y posterior asesinato de Arnulfo, de acuerdo con el FPM, está relacionado a su activismo en defensa de los derechos de los pueblos originarios y su oposición al entonces alcalde de Tlapa, Dionicio Merced Pichardo y a su jefe de gabinete, García Morales, este último vinculado a proceso por el crimen.
Después de permanecer en el Congreso local, los manifestantes del FPM acudieron a la sede del recinto del Poder Ejecutivo, para buscar una mesa de trabajo con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y mañana tienen agendada una reunión a las once de la mañana con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Raymundo Casarrubias Vázquez, para hablar sobre el caso de Arnulfo.
El diputado morenista Masedonio Mendoza Basurto pidió y confió en que habrá justicia para el activista del Frente Popular de la Montaña (FPM), Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido el 11 de octubre del 2019 y de quien hallaron su cadáver en una fosa clandestina 40 días después.
Mendoza Basurto, diputado por el distrito 18, con sede en Tlapa de Comonfort, en la Montaña de Guerrero, denunció en tribuna durante la sesión de Comisión Permanente que Guerrero vive una «época convulsa en la que la violencia contra activistas, luchadores y dirigentes sociales ha incrementado».
Arnulfo Cerón, como activista del FPM, tenía una amplia trayectoria en la defensa de derechos humanos y de los pueblos originarios, causa que, de acuerdo con sus compañeros activistas, fue lo que le costó la vida.
El cadáver de Arnulfo fue hallado en noviembre del 2019 en una fosa clandestina del municipio de Tlapa, tras estar desaparecido 40 días.
«Arnulfo Cerón Soriano, un hermano indígena que no buscaba otra cosa que no fuera la libertad, la igualdad y la paz de su pueblo. Es más, en muchas ocasiones fui testigo de su altruismo y de ese amor desinteresado por el bien común», dijo Mendoza Basurto en tribuna.
El legislador morenista catalogó de «tortugimso procesal» al Poder Judicial de Guerrero, por la lentitud en que avanzan las investigaciones y las vinculaciones a proceso de los autores materiales e intelectuales de la desaparición y homicidio.
Durante su participación, Mendoza Basurto habló también de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raul Isidro Burgos, de Ayotzinapa, hechos que catalogó como de «dolor indescriptible y una oleada de gran sufrimiento».
Situación que dijo, se da en Guerrero desde “las atrocidades y crímenes violentos de la etapa conocida como guerra sucia (1969-1979), en la que fuerzas federales y estatales cometieron crímenes con carácter de lesa humanidad».
Mendoza Basurto recordó el compromiso que asumió el presidente Andrés Manuel López Orbador de que haya justicia en el caso de Arnulfo Cerón y espera que el gobierno federal no proteja a ninguno de los responsables del crimen.
Por la desaparición y asesinato de Arnulfo hay 12 personas detenidas, que son relacionadas a grupos delictivos que operan en Tlapa.
Estas 12 personas acusaron al entonces jefe de gabinete del alcalde de Tlapa, Marco Antonio García Morales, de ser autor intelectual del asesinato de Arnulfo.
García Morales fue detenido y dos años después un juez de control dictó su liberación para que lleve el proceso fuera de prisión.
Ante esta situación activistas y amigos de Arnulfo exigen al Poder Judicial que sea imparcial y que no se cometan más irregularidades en el caso.
Fotografía: Cromática Agencia Fotográfica y Multimedia / Portada
Chilpancingo
Arnulfo Cerón Soriano desapareció el 11 de octubre del 2019 en la ciudad de Tlapa, en la Montaña de Guerrero; 40 días después su cadáver fue hallado tres metros bajo tierra en un paraje de la carretera Tlapa-Metlatónoc.
La desaparición y posterior asesinato de Arnulfo está relacionado a su activismo social en defensa de los derechos humanos y de pueblos originarios en la Montaña guerrerense, a través del Frente Popular de la Montaña (FPM), donde fue oposición al entonces alcalde de Tlapa, Dionicio Merced Pichardo y a su jefe de gabinete, Marco Antonio García, este último vinculado a proceso por su crimen.
Durante todo el 2019, Arnulfo tuvo confrontaciones con el alcalde morenista, porque le exigía cuentas de los recursos ejercidos y obras para comunidades de donde era gestor comunitario.
Para sus compañeros del FPM fueron estas críticas las que le costaron a Arnulfo persecusión, amenazas, desapareción y muerte.
Para enterrar a Arnulfo, los perpetradores cavaron un pozo de tres metros con una maquina retroexcavadora, el objetivo era que nadie lo hallara.
De acuerdo con colectivos de búsqueda, los criminales que realizan fosas clandestinas «no se toman tantas molestias para enterrar personas», en su mayoría los cadáveres son hallados a menos de un metro de profundidad.
Arnulfo y su labor en defensa de los derechos humanos
Arnulfo era abogado de profesión y defensor de los derechos humanos por vocación, desde el 2000 luchó por la defensa de los derechos sociales de los pueblos originarios.
Como abogado colaboraba con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en defensa de los derechos de pueblos indígenas. En 2014 se solidarizó con la lucha de las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
En 2000, Arnulfo fue arrestado arbitrariamente por la Policía Ministerial, fue torturado y detenido durante un año y medio acusado de homicidio. Lo absolvieron porque no se comprobó su implicación en dicho crimen.
Meses antes de su desaparición acompañó a un grupo de vendedores ambulantes expulsados del centro de Tlapa por decreto municipal para que ya no se instalaran en el primer cuadro de la ciudad.
Arnulfo desapareció el 11 de octubre de 2019, alrededor de las ocho de la noche, en el trayecto que hacía de su casa a una conferencia de Alcohólicos Anónimos.
Desde ese día, la familia, amigos y colegas de Arnulfo comenzaron labores de búsqueda, que duraron 40 días. Lo hallaron después de una presión mediática y por organizaciones internacionales de derechos humanos que exigieron al Estado mexicano dar con el paradero del activista.
«Arnulfo Cerón Soriano fue un defensor que contribuyó a la democratización del estado de Guerrero, al debate político, a la defensa de los derechos humanos, a hacer accesible el derecho a la salud y a la educación de las niñas y niños en las comunidades indígenas. También luchó por la libertad de los presos políticos, por la justicia, por la presentación con vida de los 43 y otros desaparecidos. Su lucha fue con todo el corazón y con la frente en alto por los derechos económicos y sociales de la población más desfavorecida. Su grito estridente fue silenciado con su muerte», así lo describe Tlachinollan mediante un texto para exigir justica por su homicidio.
Fotografía: Tlachinollan
El presunto móvil
Todo comenzó durante la administración municipal del priista Jesús Noé Abundis García (2015-2018), quien al término de su trienio etiquetó 6 millones de pesos para la construcción de seis obras gestionadas por Arnulfo para colonias populares de Tlapa.
«Él (Abundis García) nos dijo que dejó etiquetadas esas obras con Dionicio Pichardo, pero ya cuando fuimos con él para ponernos de acuerdo con la realización de esas obras dijo que no iba a cumplir ningún acuerdo y compromiso del Ayuntamiento anterior, porque tenía sus propios compromisos», mencionó un integrante del FPM y amigo de Arnulfo que es testigo del caso y por lo mismo pidió omitir su nombre.
La exigencia porque respetaran los acuerdos fue la primera exigencia que el activista hizo al entonces alcalde entrante, Merced Pichardo.
Además de los 6 millones para las obras, hubo otros 26 millones de presupuesto que Abundis García no ejerció y entregó a Merced Pichardo, correspondiente al último trimestre de la administración priista.
«El compañero Arnulfo, como Pichardo no quiso asumir el compromiso de las obras, le estuvo exigiendo que informara qué había hecho con el dinero de las obras y de los 26 millones, y ese fue el gran enojo del alcalde», mencionó la fuente cercana a Arnulfo.
De acuerdo con esta fuente, a partir de estas exigencias, medios locales de Tlapa, pagados por el Ayuntamiento comenzaron una campaña de desprestigio contra Arnulfo y el FPM, uno de los señalamientos fue que el activista cobró sin trabajar durante la administración de Abundis García.
El FPM pidió de manera pública a Merced Pichardo las pruebas de sus dichos, las cuales no pudo comprobar. Desde ese momento el FPM rompió toda relación con el Ayuntamiento.
La última acción de Arnulfo, que sus compañeros consideran «fue la gota que derramo el vaso», fue dirigir una protesta de comerciantes que pretendían ser retirados del zócalo de Tlapa.
El 7 de septiembre el Ayuntamiento había desalojado a los comerciantes, lo que ocasionó un bloqueo en la calle principal de Tlapa.
«Cuando a nuestros compañeros comerciantes los desalojaron de sus lugares de venta se instalaron en medio de la calle principal y al quedar bloqueada, ahí tiene un negocio el jefe de gabinete de Merced Pichardo (Marco Antonio García Morales) y esa fue la cólera por parte de él y su familia».
Después de esta acción, el alcalde Merced Pichardo buscó de manera personal a Arnulfo para decirle que recibió una llamada donde le exigían quitara ese bloqueo y si no «se lo iba a cargar la chingada».
«Pichardo le dijo a Arnulfo: no quiero que te pase nada, ahorita olvídate de todo, de nuestras broncas, porque me acaban de llamar y me dijeron que si no se desbloquea la calle nos van a dar cuello, así que dile a los comerciantes que se regresen a donde estaban y ya no hay ningún problema», compartió el testigo.
Al lograr ser reinstalados Arnulfo informó a los manifestantes que levantaran el bloqueo y regresaran a sus lugares, pero el problema fue que no sólo los comerciantes afines al FPM participaron en el bloqueo, también otras organizaciones que mantuvieron el bloqueo por tres horas más.
Después de que fue despejada la calle, Arnulfo recibió una llamada donde lo amenazaron de muerte, incluso le enviaron una fotografía de ese momento para intimidarlo y amenazarlo. Pero lo cierto es que lo estaban vigilando.
«Esa llamada la hizo un hombre al que le dicen La Chiva, uno de los sicarios más peligros de ahí (Tlapa)», comentó el testigo.
Un mes después de estos hechos, el 11 de octubre del 2019 Arnulfo desapareció y su cadáver fue hallado para el 20 de noviembre de ese mismo año en una fosa clandestina en sobre la carretera Tlapa- Igualita, en el punto conocido como Los Tres Postes.
A casi cuatro años de la desaparición y posterior asesinato del defensor de derechos humanos sigue pendiente que los culpables materiales e intelectuales sean sentenciados, haya una reparación del daño para la familia y se instrumenten medidas de no repetición, indicó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Tony, el presunto autor intelectual
El 19 de diciembre del 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo al presunto autor intelectual del asesinato de Arnulfo, el jefe de gabinete de Merced Pichardo, el empresario Marco Antonio García Morales, conocido en Tlapa como Tony.
Aun cuando Merced Pichardo ganó la elección municipal para gobernar Tlapa, en los hechos, de acuerdo con el FPM y pobladores de la ciudad, García Morales era quien llevaba las riendas del Ayuntamiento.
En las conferencias de prensa era García Morales quien respondía los cuestionamientos, en lugar del alcalde; era del dominio público en Tlapa que el jefe de gabinete y empresario dueño de las tiendas de autoservicio conocidas como Súper Tony, era el que dirigía el Ayuntamiento.
García Morales fue detenido por elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) cuando salía de un restaurante de su propiedad.
De acuerdo con fuentes de la FGE, García Morales estaba al frente de un grupo criminal local que extorsionaba a los comerciantes de esa parte de la Montaña.
El empresario y jefe de gabinete comenzó a ser investigado después de la detención de Jorge «N», alías La Chiva, y de otras 12 personas quienes presuntamente fueron los autores materiales de la desaparición y asesinato de Arnulfo.
De acuerdo con los interrogatorios, los 12 detenidos confesaron recibir la orden de asesinar a Arnulfo de parte de García Morales.
Además confesaron que a Cerón Soriano lo sepultaron en una fosa clandestina ubicada en un lugar conocido como Tres Palos, en una brecha de la carretera Tlapa-Igualita.
García Morales fue alcalde en dos ocasiones del municipio de Alpoyeca, en la región de la Montaña.
Fotografía: Tlachinollan
El juicio
Desde el 11 de octubre de 2019 se abrieron líneas de investigación para detener a los responsables. Detuvieron a seis personas señaladas como autores materiales y una persona como autor intelectual.
De acuerdo con un informe de Tlachinollan, estas detenciones disminuyeron la violencia en Tlapa y los indices de asesinatos y las desapariciones se redujeron.
El 1 de octubre del 2022, García Morles salió de prisión porque un juez determinó que podía llevar su juicio en libertad, lo que representa para el FPM y Tlachinollan un claro ejemplo de la corrupción que existen en el Poder Judicial.
«La esperanza de algunas familias volvió porque podían buscar a sus seres queridos en los cerros y en las barrancas, pero la poca tranquilidad se fue esfumando con los días cuando el autor intelectual empezó a caminar por las calles; el temor volvió a surgir porque se intensificaron las desapariciones y los asesinatos. De diciembre de 2022 a la fecha los periódicos locales han dado cuenta de al menos seis desapariciones de mujeres», mencionó el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Agregó que el pasado 26 de junio estaba programada la primera audiencia de juicio oral a las cuatro de la tarde contra la persona que está señalada como autor intelectual de la desaparición y asesinato de Arnulfo, antes, a las 12 del día, había otra contra cuatro autores materiales
Dos más estarían pendientes porque están en la etapa intermedia. No obstante, las dos audiencias fueron diferidas y no se han reaunado.
Por estas irregularidades, integrantes del FPM instalaron el 29 de agosto pasado un plantón afuera de Ciudad Judicial, en Chilpancingo, para exigir un juicio justo en el caso de Arnulfo.
El dirigente del FPM, Ubaldo Segura y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Isidoro Vicario, denunciaron que “hay acuerdos de alto nivel entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el presunto autor intelectual del asesinato para que el caso quede impune».
Los dirigentes del FPM pidieron una audiencia con el presidente del TSJ Raymundo Casarrubias Vázquez, para pedirle que el juicio oral que inició hace tres semanas en los juzgados de Tlapa se resuelvan conforme a derecho.
El plantón lo retiraron el 1 de agosto del año pasado sin alguna atención por parte de Casarrubias Vázquez.
Los activistas denunciaron que hay ciertos indicios de que el Poder Judicial favorezca a ex alcalde Tlapa, señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
El Frente Popular de la Montaña (FPM), acompañado de autoridades comunales de diferentes de pueblos de esta región, instalaron un plantón indefinido afuera de Ciudad Judicial, en Chilpancingo, para exigir una audiencia con el presidente del Poder Judicial, Raymundo Casarrubias Vázquez, y pedir sentencia para los autores materiales e intelectuales del asesinato del activista Arnulfo Cerón Soriano.
Cerón Soriano era activista del FPM y fue desaparecido el 11 de octubre del 2019; 40 días después hallaron su cadáver en una fosa clandestina.
Los integrantes del FPM denunciaron que el movil de la desaparición y asesinato de Cerón Soriano fue por su activismo en reclamo de obras y por su exigencia de transparencia en el recurso público que ejercieron quien entoces era alcalde de Tlapa, Dionicio Merced Pichardo y su jefe de gabinete, Antonio García Morales. Ambos son señalados como presuntos autores intelectual del asesinato del activista.
El integrante de la Dirección Colectiva del FPM, Ubaldo Segura Vicario, consideró que existen acuerdos económicos y políticos entre García Morales, el Poder Judicial y el gobierno estatal para exonerarlo, aun cuando existen diversas irregularidades en el proceso.
Denunció que García Morales es un personaje afín a Morena y al presidente del Poder Judicial.
Los integrantes del FPM exigieron en su protesta una audiencia con Casarrubias Vázquez para solicitar un informe del juicio oral que comenzó hace tres semanas en los juzgados de Tlapa; le piden que resuelvan conforme a derecho.
«Él ya estuvo en la cárcel por ser el presunto autor intelectual del asesinato del compañero Arnulfo, pero las autoridades lo dejaron ir para que continuara su proceso en libertad», comentó Segura Vicario.
Por el crimen hay ocho detenidos como autores materiales, así como un autor intelectual, quien era el jefe de gabinete del Ayuntamiento, Antonio García Morales, pero éste enfrenta el juicio en libertad después de ganar un amparo.
El Colectivo Luciérnaga, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional y el Ejército comenzaron una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en la ciudad de Tlapa, en la región Montaña.
La jornada de búsqueda comenzó el día de hoy en el punto conocido como Tres Postes donde el 20 de noviembre de 2019 fue hallado en una fosa clandestina el cadáver del activista y defensor del medio ambiente Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido 40 días antes.
La búsqueda se dio después de las declaraciones de presuntos integrantes del crimen organizado que operan en la zona, que señalaron que en el punto conocido como Tres Postes sepultaron a más personas.
“De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía es probable que sigan personas enterradas. Por eso las familias indígenas del Colectivo Luciérnaga consideraron pertinente seguir escarbando”, se lee en un breve comunicado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
De acuerdo con las declaraciones de los presuntos delincuentes se utilizó maquinaria pesada para excavar y enterrar varios cuerpos en fosas de más de 2.5 metros de profundidad.
Por eso, durante la jornada de búsqueda se utilizaron dos máquinas retroexcavadoras para explorar la zona y hallar algunos posibles cadáveres de personas desaparecidas.
De 2020 a la fecha, el colectivo Luciérnaga, que surgió después de la desaparición del activista Cerón Soriano documentó la desaparición de 30 personas.
Cerón Soriano pertenecía al Frente Popular de la Montaña y al Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg), donde exigió al presidente municipal de Tlapa de aquel entonces, Dionisio Merced Pichardo, transparencia en las obras del ayuntamiento entre otras peticiones que evidenciaban desvío de recursos.
La jornada de búsqueda comenzó hoy 11 de julio y culminará el próximo 14, hasta este momento no se halló ningún cadáver.
