La obra que comenzó en 2021 y que en principio sería solamente una rehabilitación ya ha recibido decenas de millones de pesos y sigue inconclusa. Desde el ámbito federal, la Auditoría Superior detectó anomalías por 9.6 mdp.
Por: Emiliano Tizapa Lucena
Fotografía: Oscar Guerrero
La construcción de la nueva biblioteca del Congreso de Guerrero cada vez se alarga más. En los últimos dos años, a esta obra le han asignado 44 millones 604 mil 167 pesos, de los cuales 29 millones 604 mil 167 pesos ya fueron ejercidos y significan una cifra superior al proyecto original. Los trabajos están suspendidos y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya detectó una serie de irregularidades en la primera etapa.
La nueva biblioteca Siervo de la Nación fue promovida y gestionada desde 2021 por el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el morenista Alfredo Sánchez Esquivel.
De acuerdo con dictámenes técnicos, la demolición no era necesaria porque el anterior edificio no tenía daños estructurales; incluso, la obra originalmente fue proyectada como “rehabilitación”.
Sin embargo, con el cambio de gobierno en Guerrero y la llegada de la morenista Evelyn Salgado Pineda, Sánchez Esquivel insistió en la demolición y reconstrucción de la biblioteca. Desde entonces, el proyecto enfrenta irregularidades y polémica e, incluso, fue utilizado para desbancarlo de la Jucopo.
La decisión de demoler y construir un nuevo edificio se debió a la intención de adicionar un segundo nivel para un restaurante para los diputados locales, promovido por Sánchez Esquivel.
El origen
De acuerdo con documentos del gobierno del estado, el 10 de junio de 2021 —mediante el oficio SPD.DGP.FAFEF.0396021— se le autorizó al entonces secretario de Desarrollo Urbano, Cozovi Isaac Ocampo Guzmán, la cantidad de 10 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2021 (FAFEF) para la “Rehabilitación del Inmueble del Congreso del Estado”.
El 6 de julio del mismo año, Ocampo solicitó el pago número 130100-2006 de la primera ministración para la rehabilitación de la biblioteca, la cual fue aprobada por el subsecretario de Egresos, Eduardo Montaño Salinas, por 5 millones de pesos.
Dicha obra fue considerada prioritaria por el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores; su realización se debía hacer en “el menor tiempo posible”, según el dictamen técnico para la adjudicación directa del contrato SDUOPOT-FAFEF-AD-192-2021, que se firmó el 21 de julio de 2021.
De acuerdo con este documento, la rehabilitación contemplaba la planta baja, área de biblioteca, aire acondicionado, mobiliario, equipo de oficina y escaleras. Para su realización, el gobierno hizo un estudio de mercado entre tres empresas: Entre-Trazos Diseño y Construcción, Arquitecto Lugi Pérez Ríos, y Diseño y Construcciones Arcany.
La empresa elegida fue Entre-Trazos Diseño y Construcción, que ofreció el menor precio: 9 millones 471 mil 268 pesos.
En el contrato firmado entre Ocampo Guzmán y el contratista, el arquitecto urbanista Santos Alonso Vázquez, se dio un importe para el inicio de los trabajos de 2 millones 922 mil 380 pesos.
La empresa ganó con tan solo 10 meses de haberse constituido como sociedad mercantil, pues en el contrato señala que lo hizo el 2 de septiembre de 2020 ante el notario público 3 del distrito de Los Bravo, Hugo Pérez Ruano, e indica que en el Registro Público de la Propiedad se dio de alta días después, el 28 de septiembre.
Entre-Trazos Diseño y Construcción debía rehabilitar el edifico entre el 26 de julio y concluir el 22 de noviembre de 2021.
Según una copia de la transferencia del dinero, del 30 de julio de 2021, se pagaron los 5 millones de pesos como primera ministración.
Todo lo anterior se hizo sin que existiera un dictamen de seguridad estructural, pues fue hasta el 27 de agosto de 2021, cuando se contrató al director Responsable de Obra (DRO) Ángel Cortés Niño, quien sostuvo que ante la falta de planos estructurales de la construcción, era necesario conocer la distribución del refuerzo en los elementos estructurales y su geometría.
Por ello, se realizaron pruebas de vibración ambiental, así como calas y demolición parcial de algunas columnas, y pozos para verificar la profundidad y geometría de la cimentación.
El 16 de septiembre de 2021, el DRO entregó el dictamen de seguridad estructural final; sus conclusiones fueron que el concreto de las vigas y columnas tenían una resistencia “aceptable”.
Además, que el desplazamiento en condiciones de diseño que presentaba la biblioteca ante efecto sísmico se encontraba “dentro de los límites permisibles por la Norma Técnica Complementaria para Diseño por Sismos, del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México 2017”.
Sin embargo, sostenía que las columnas no cumplían con la resistencia requerida, y aunque las vigas no tenían ninguna falla, concluyó que podría tener fallas por la capacidad de carga, y recomendó que la estructura del edificio fuera reforzada, junto con la cimentación.
Hizo dos recomendaciones más: “Se determina que el nivel de refuerzo que se requiera dependerá de las nuevas condiciones de operación de la estructura existente” y que “para la adición de un nivel superior se tendrán en cuentas las recomendaciones contenidas en los planos de la sección 2”.
Pero hasta ese momento, en ningún documento oficial de la obra se había contemplado la adición de un segundo piso.
En una minuta de trabajo del 7 de octubre de 2021, a ocho días de que ocurriera la sucesión de gobierno del estado, se le pidió a la empresa Entre-Trazos un análisis y un presupuesto que contemplara la propuesta de reestructuración que se necesitaría en el edificio de la biblioteca para saber el monto que se requeriría para los trabajos y los alcances que se tendrían en la obra.
Esta minuta fue firmada por la residente de Obra, Jeny García Ruano, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano; por el superintendente de Obra, Oscar David Alcocer de Jesús, en representación del contratista, y por el Congreso local, por el encargado de la Secretaría de Servicios Financieros y Administrativos, Cristóbal Soto Cabrera.
El documento argumenta que fue Soto Cabrera quien sostuvo que era de “mucho interés” aumentar las áreas de trabajo dentro de la instalación, tomando en cuenta la “adición de un nivel al edificio de la biblioteca”.
El nuevo gobierno
Ya con la morenista Evelyn Salgado en el gobierno estatal, el 9 de noviembre se solicitó la segunda ministración para la rehabilitación de la biblioteca, por 5 millones de pesos.
Debido a que existe el documento de solicitud de pago número 130100-3739, se conoce que el dinero se pagó y usó: transferencia 1026 de la Secretaría de Finanzas y Administración, con fecha 23 de noviembre de 2021.
Ocho días antes de la transferencia, el 16 de noviembre de 2021, el entonces presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, envió el oficio HCEG/LXIII/JCP/ASE/0117/2021 a la secretaria de Desarrollo Urbano, Irene Jiménez Montiel.
El documento es una repuesta al oficio SDUOPOT-J-1014-2021, en el que Jiménez Montiel le informó que haría una “terminación anticipada” de la obra de rehabilitación, debido a una “reorientación” de los trabajos originalmente solicitados en la biblioteca.
Sánchez Esquivel atajó que el Congreso solicitó una nueva propuesta, argumentando que el peritaje estructural recomendó un reforzamiento mayor, lo que resultaba “más caro que construir un edificio nuevo en la misma área”.
Expuso que el importe contratado no sería suficiente, pero se podría “iniciar con la demolición del edificio existente, el mejoramiento de terreno y el desplante para la cimentación del nuevo inmueble”.
Sánchez Esquivel solicitó a Jiménez Montiel “su apoyo” para que los trabajos se iniciaran a la brevedad, y de ser necesario, solicitó “una suspensión temporal, para definir el nuevo proyecto, y los alcances con el importe de contrato actual”.
El 10 de diciembre de 2021, el gobierno decidió la “terminación anticipada” del contrato SDUOPOT-FAFEF-AD-192-2021 para la “Rehabilitación del Inmueble del Congreso del Estado”, y pidió que se reintegrara el dinero ejecutado.
A la empresa Entre-Trazos no se le permitió realizar ningún trabajo, según el expediente de la terminación anticipada, donde se relata una serie de hechos basados en la bitácora de la ingeniera Jeny García Ruano, que manifiesta que el 26 de julio de 2021 se le indicó al administrador único de la empresa, Santos Alonso Vázquez, que se revisaría el proyecto y que no debería iniciar los trabajos hasta definir el proyecto a ejecutar.
En la bitácora se menciona que desde el 13 de agosto de 2021 ya se tenía en cuenta por el representante del Congreso local, Cristóbal Soto Cabrera, adicionar un nivel al edificio existente, pero los trabajos no iniciaron por las disposiciones oficiales ante la pandemia del COVID-19.
El 22 de octubre, Sánchez Esquivel pidió mediante un oficio a la secretaria de Obras Públicas que los recursos autorizados para la rehabilitación de la obra fueran reorientados para que el edificio fuera demolido y se construyera uno nuevo.
El 5 de noviembre, la secretaria informó al diputado Sánchez Esquivel que era necesario elaborar un nuevo proyecto y que se determinaba la “terminación anticipada” del contrato.
El 22 de diciembre de 2021, de acuerdo con el oficio SPRD-SDP-DGP.FAFEF.0179.2021, la entonces secretaria de Planeación y Desarrollo Regional, Verónica Olimpia Sevilla Muñoz, autorizó los 9 millones 604 mil 167 pesos para la ejecución del nuevo proyecto, ahora con la demolición y construcción de la nueva biblioteca.
El 23 de diciembre de 2021, Jiménez Montiel firmó un nuevo contrato ahora con la empresa Corporativo de Ingenieros Civiles AVICAT, por un monto de 9 millones 362 mil 45 pesos, de los cuales de anticipo para iniciar los trabajos en la biblioteca se otorgaron 2 millones 808 mil 613 pesos.
El plazo de ejecución establecido fue del 24 al 31 de diciembre de 2021, para la demolición y construcción de la obra.
Dentro de las cláusulas del contrato, se indica que el gobierno del estado encomendó a la empresa a realizarla hasta su total terminación, con “materiales y mano de obra”.
El gobierno de Evelyn Salgado adjudicó de manera directa el nuevo proyecto bajo el argumento de que la obra era prioritaria y su terminación debería de ser en el menor tiempo posible.
El 24 de diciembre de 2021, Jiménez Montiel hizo la solicitud de pago por los 9 millones 604 mil 167 pesos, y el 28 de diciembre, la Secretaría de Finanzas y Administración del realizó la transferencia número 1224.
La demolición en sigilo
Durante las vacaciones decembrinas de 2021 se demolió la biblioteca en sigilo y sin banderazo de inicio de obra.
El legislador Sánchez Esquivel consideró que era necesaria la demolición del edificio de la biblioteca porque presentaba “daños estructurales” derivado de ataques de normalistas de Ayotzinapa durante protestas.
La vieja biblioteca se demolió y se construyeron solo los cimientos, pero en agosto de 2022 todos los trabajos quedaron detenidos.
Más recursos de 2022 para la obra
A pesar de que la obra estaba detenida, las secretarías de Finanzas y Obras Públicas asignaron otros 20 millones de pesos de recursos estatales para su segunda etapa, dice el oficio SFA/SE/DGPSC/DG/519/2022.
El secretario de Protección Civil del estado, Roberto Arroyo Matus, quien declaró a los medios que no era necesaria la demolición de la biblioteca sino solo una rehabilitación, entregó a la presidenta de la Jucopo, Yoloczyn Domínguez Serna, tres dictámenes de los resultados de los estudios técnicos de las condiciones del edificio.
El 22 de diciembre de 2022, la gobernadora, acompañada de su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, dio el banderazo a la segunda etapa de construcción y señaló que respaldaba la decisión del Poder Legislativo de construir una nueva biblioteca “sin lujos ni excesos”.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2023, este año se destinaron —mediante la Secretaría de Desarrollo Urbano— 15 millones de pesos de Inversión Estatal Directa para la “Terminación del edificio de la biblioteca del Congreso del Estado”.
Actualmente, la construcción sigue detenida y solo se avanzó con la instalación de las columnas y vigas de acero del edificio, y por lo pronto, la Auditoría Superior de la Federación ya detectó una serie de irregularidades por un monto de 9 millones 600 mil pesos.
