Exhuman las primeras siete víctimas de la guerra sucia con evidentes huellas de un terrorismo de Estado

Entre los restos exhumados el viernes 8 de septiembre estaban los de un menor de 13 años. Son víctimas de un periodo marcado por las atrocidades del Ejército contra la población


Texto: Marlén Castro
Fotografía: Especial 
Chilpancingo
Los habitantes de Los Espadines, municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la región de la Tierra Caliente, oyeron ruidos alrededor del pueblo. Se preocuparon. Eran comunes las incursiones del Ejército en las comunidades de la Sierra en esos años. Era 1967.
Cuatro años atrás, Lucio Cabañas, el líder guerrillero del Partido de los Pobres, había muerto en combate y el Ejército y todas las fuerzas federales se afanaban en exterminar la semilla revolucionara dejada por Cabañas.
Los habitantes de Los Espadines, apenas entre 35 y 40 personas, supieron pronto que los ruidos los hacían soldados y personas con ropas de civil.
Entre la oscuridad, algunos hombres pudieron escapar al monte. No todos corrieron con la misma suerte. Los que seguían ahí a la mañana fueron detenidos, torturados y fusilados.
Los sobrevivientes cuentan que esa noche de 1967 llegaron como 200 elementos del Ejército y otros más vestidos de civil, que usaron armas que descansaban sobre el suelo en tres patitas, desde las que lanzaban balas que destrozaban todo por completo. Se cree que usaron lanza granadas para hacer salir a la gente de sus escondites.
Esta mañana del viernes 8 de septiembre, 56 años después, los restos de cinco hombres de Los Espadines fueron exhumados de la fosa clandestina en la que los enterraron los militares. Los cráneos tienen orificios, lo que confirma la ejecución y el terrorismo de Estado.
Se define como terrorismo de Estado, de acuerdo con las discusiones académicas, a la forma del ejercicio del poder con miras a crear temor generalizado y a efectuar disposiciones represivas, criminales dirigidas contra los ciudadanos que son considerados enemigos del Estado, algunas de las prácticas y métodos utilizados fueron las desapariciones, las torturas y los llamados vuelos de la muerte.
“Alguien los acusó de que eran guerrilleros y por eso el Ejército acabó con ellos”, sostiene Octaviano Gervasio Serrano, presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia.
Gervasio Serrano, hijo de Octaviano Gervasio Benítez, una persona desaparecida de la década de los sesentas, indica que la exhumación de siete víctimas de la guerra sucia es un hecho histórico, porque se trata de la evidencia de las atrocidades que cometió el gobierno mexicano, cuyo principal brazo ejecutor fue el Ejército.

La fosa clandestina

Después de que sus esposos y padres fueron fusilados y enterrados, las viudas y los huérfanos abandonaron Los Espadines. Algunos se refugiaron en Pie de la Cuesta, otro pueblo de la Sierra, del municipio de Atoyac, de acuerdo con lo que registró el colectivo al que se adhirieron.
Las mujeres y los niños y niñas fueron obligados por los soldados a ver el fusilamiento de los hombres. Fueron amenazados, si hablaban, si denunciaban, si desenterraban a sus familiares, les pasaría lo mismo. Así que se fueron de Los Espadines pero siempre supieron dónde estaban enterrados.
“A pesar de que ya habían pasado muchos años, tenían mucho miedo de hablar”, dice Gervasio Serrano, quien se hizo abogado para hacerse de herramientas jurídicas en su lucha.
Los Espadines ahora sólo son coordenadas. El tiempo borró por completo sus casas. Ahora todo es un terreno en el que los vecinos siembran maíz.
A las familias les llevó 55 años para animarse a hablar ante una autoridad. Los menores que presenciaron los acontecimientos ahora tienen más de sesenta años y las viudas, sólo sobreviven dos, están entre los 85 y 90 años.
En noviembre del 2022 presentaron su denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el 2 diciembre la ratificaron ante la Oficina Especial de Víctimas de la Guerra Sucia.
En abril de este año, se hizo una búsqueda de reconocimiento, a partir de los testimonios de las víctimas y, finalmente, el lunes 4 de septiembre comenzaron las labores para exhumar los restos humanos.
En Los Espadines identificaron dos puntos, cada uno, resultó ser una fosa. En una hallaron a tres personas y en la segunda a dos.
Junto con la denuncia de los sobrevivientes de la matanza de Los Espadines, también hablaron los familiares de dos víctimas en el lugar conocido como Las Desdichas y de otra más, en el punto conocido como El Cerrito del águila, pequeñas poblaciones del municipio de Ajuchitlán del Progreso.
Entre el 4 y el 8 de septiembre, personal de la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución, de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR) trabajaron en tareas para llevar a cabo la exhumación y este viernes anunciaron el hallazgo de los restos de siete víctimas. Falta uno más por localizar.

Las víctimas

Los restos exhumados pertenecen a Bartolo Rojas Nazario, Francisco Rojas Nazario, Gervasio Bernardino Román, Eduardo Oviada Ortiz, Apolonio Hernández Bernardino, José Isabel Rojas Bernardino, y el niño Pablo Rojas Terán, que tenía 13 años y era hijo de Francisco Rojas.
Los cadáveres, de acuerdo con lo que informaron a Estela Arroyo Castro, coordinadora de la Asociación Representativa de Ejidos, Comunidades, Grupos Vulnerables y Violaciones a los Derechos Humanos (Arecovidh), organización a la que pertenecen las víctimas, fueron trasladados en helicóptero a Chilpancingo por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Aun cuando es su derecho, el personal de la Fiscalía Especializada negó el acceso de los familiares al momento de que exhumaron los restos, supuestamente por la lluvia y sólo les permitieron verlos durante un par de minutos.
Arroyo Castro indicó que los restos de la víctima que faltaron, podrían ser exhumados hasta noviembre, después de las lluvias.

El Ejército “calladito”

Gervasio Serrano señala que las fechas de presentación de la denuncia, de ratificación y del inicio de los trabajos de reconocimiento y el hallazgo final de los restos de las víctimas hacen suponer que fue un proceso fácil, pero no lo fue.

Las víctimas y las organizaciones de personas desaparecidas presionaron al Estado a hacer las búsquedas, protestaron dos veces en la zona militar y denunciaron ante los medios la dilación y la omisión como estrategia del Estado para evitar llegar a este momento.

“Este es un hecho histórico, único, es la prueba de las atrocidades que cometió el Ejército, son sus víctimas. A ver. Este es un logro y no hay un comunicado del gobierno diciendo que hallaron los restos de víctimas. No lo hay ninguna información a la población ni del gobierno, ni del Ejército. El Ejército está calladito”.

Sesión solemne en el Congreso local para reconocer al Heroico Colegio Militar

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

El Congreso local tiene una inscripción más en letras doradas desde este 4 de septiembre, razón por la cual el Poder Legislativo sesionó hoy de forma solemne y recibió en sus graderías a militares de grado y de tropa, quienes fueron testigos de la develación para reconocer el papel del Heroico Colegio Militar en la vida pública del país.

Debido a que se tenía prevista la presencia del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, el recinto legislativo fue cercado con vallas desde las ocho de la mañana, aunque la sesión fue programada para las 10:30 horas del día.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y su gabinete estuvo presente en esta sesión solemne, presidida por la petista Leticia Mosso Hernández, a la que acudió el director del Heroico Colegio Militar, Jorge Antonio Maldonado Guevara y el comandante de la Novena Región Militar, Ricardo Flores González.

Además de la sesión pública y solemne para inscribir en el muro de honor 2023 año del Bicentenario del Heroico Colegio Militar, se instaló este día el primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de la sexagésima tercera Legislatura.

La sesión solemne tuvo tres oradores. La presidenta de la Mesa Directiva, la gobernadora Evelyn Salgado y el director del Heroico Colegio Militar. La gobernadora destacó que la inscripción con letras doradas en el muro de honor era un reflejo del agradecimiento que el pueblo de Guerrero le tiene al Colegio Militar. Recordó el papel que juegan las fuerzas armadas en la vida pública de México, por ejemplo, durante las emergencias ante eventos naturales.

Maldonado Guevara destacó el lugar que ocupa Guerrero en la vida nacional por los hechos históricos que aquí se presentaron como la declaración de Los Sentimientos de la Nación y el nacimiento de Vicente Guerrero.

Aseguró que la frase Mi patria es Primero es la guía en la que los militares basan su actuación.

 

Texto patrocinado

¿Quién está detrás de la crisis de fentanilo en México y Estados Unidos?

Estados Unidos tiene una larga historia de consumo de drogas, la cual involucra el tráfico ilegal con otros países, persecuciones y a la más invisible pero culpable industria farmacéutica, así lo explica L. Frisbie, quien hace un recuento de la historia de esta relación tan tormentosa con efectos a nivel mundial


Texto: María Ruiz / Pie de Página 

Foto: Oficial Sedena

20 de abril del 2023

Ciudad de México 

 

 

“Estados Unidos siempre ha encontrado un país que les produce (las drogas) que necesitan, y luego, cuando se cansan de ese país, lo culpan de lo que sucedió y lo persiguen” explica Héctor L. Frisbie en el primer episodio de Crisis de opioides: la historia, una serie de conversaciones que tendrá en el contexto de los acuerdos entre México y Estados Unidos para el combate del tráfico de fentanilo.

Frisbie es un especialista con 34 años de experiencia en distintos ámbitos médicos, que forma parte del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Ciudad de Colorado, en Estados Unidos.

Desde hace años, Frisbie ha utilizado las redes sociales para compartir información sobre la salud, resolver dudas y platicar con personas interesadas en los temas que conoce. Su canal de Youtube busca ser un espacio de noticias sobre la salud, en donde además promueve el autocuidado y la prevención de enfermedades.

La culpa es de los otros

En este episodio, Frisbie comenzó hablando de la primera crisis en el país norteamericano, cuando en 1970 Turquía decidió que no produciría más drogas para Estados Unidos. Este momento, resalta, fue la primera escasez de heroína que vivió ese país. A partir de ahí, la droga comenzó a llegar de otras naciones, específicamente del continente asiático, donde aprovecharon la presencia del ejército norteamericano para transportar sustancias ilegales en los ataúdes de soldados muertos en la guerra de Vietnam.

Frisbie menciona a algunos de los capos más famosos de la historia de Estados Unidos, como Frank Lucas, en quien basaron la película de Gangster Americano. A partir de esto, el especialista visibiliza un punto importante: en Estados Unidos se conocen a los narcotraficantes pero no a los políticos, autoridades y militares que permiten el acceso de estas sustancias a su país.

“Cuando llega la droga a la frontera, de ahí platican nada. Pasando la frontera, ¿cuántas autoridades están involucradas?, ¿quién es el gran capo de los Estados Unidos? Estados Unidos es el país de los monopolios, y debe haber uno de las drogas, pero nunca lo vamos a saber” compartió.

Estas conversaciones se dan después de que el viernes pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por tráfico de fentanilo en contra 28 integrantes del Cártel de Sinaloa, específicamente a Los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Las acusaciones también fueron contra proveedores chinos que producen químicos necesarios para la elaboración de este opioide, supervisores de laboratorios, traficantes de armas, entre otros.

Un día antes, México acordó en Washington combatir el fentanilo y el tráfico de armas como parte del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad binacional. Ahora, Estados Unidos acusa a Los Chapitos de la crisis de fentanilo en su país. El consumo de este químico, de a cuerdo a sus cifras, actualmente es la principal causa de muerte entre su población de los 18 a 49 años. A la vez, estiman que 196 estadounidenses mueren cada día a causa de este opioide.

Pero la adicción, como explica Frisbie en sus videos, tiene una larga historia. Comenzó con la apuesta empresarial de una familia: los Sackler. Esta familia se enriqueció a partir de la distribución del OxyContin.

En 1990, los Sackler introdujeron el fentanilo de manera legal, producido por la farmacéutica Purdue Pharma. Comenzaron a impulsar su uso en hospitales y convencieron a las autoridades de que se uso no era adictivo.

Desde las autoridades sanitarias crearon el abuso y la dependencia, la mitad de las personas jóvenes adictas a la heroína empezaron con pastillas prescritas de opioides”.

Héctor L. Frisbie

Prevenir desde la ciencia, y no desde las emociones

En México ha aumentado el consumo de fentanilo. Nos hemos vuelto consumidores. Para Frisbie, esto tiene que ver con que el narcotráfico comenzó a introducir las drogas en las escuelas. Menciona que hay estudios donde se comprueba que el consumo de drogas antes de los 21 años genera adicciones en las personas, ya que el cerebro no está listo para el consumo de psicotrópicos.

Ante esto, esta semana, el Gobierno de México anunció un programa de combate a las drogas en escuelas. Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, la Secretaria de Educación, Leticia Ramírez, presentó la campaña “Si te drogas, te dañas”.

El programa consiste en una serie de pláticas de entre 10 a 15 minutos, tres veces a la semana, sobre los riesgos de cada droga. Las sesiones harán énfasis en los daños asociados al consumo de fentanilo.

Frisbie recordó que no hay mejor campaña que la información clara:

“Las campañas contra las adicciones y toda la educación tiene que ser desde la plataforma de la ciencia y el entendimiento de la otra parte. No podemos hacer campañas a partir de los sentimientos, tenemos que hacer que la gente tenga las cosas claras, que sepa que hacer y cómo ayudar de manera sensata e inteligente” explicó.

Paquetes de fentanilo asegurados por el Ejército. Foto: Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).

Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.

 

 

Abrir los cuarteles no es suficiente para acceder a la justicia, sostiene víctimas de la guerra sucia

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Colectivos de víctimas de la guerra sucia realizaron este mediodía una visita a la 35 Zona Militar en Chilpancingo, como parte de las acciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (Comverdad) para esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército entre 1960 y 1990.

Al término de la visita los colectivos denunciaron que estas visitas son una simulación, porque, en realidad, no hay ninguna autoridad judicial que haga vinculante las investigaciones de la Comverdad.

El representante legal de los colectivos víctimas de la guerra sucia, Octaviano Gervasio Benítez, solicitó de manera pública una reunión urgente con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “para establecer acuerdos de trabajo y así poder llegar a la verdad de los hechos, castigo a los responsables que aún viven y lograr tener acceso a una reparación integral del daño en forma justa y adecuada”.

Los colectivos quieren solicitar al presidente la creación urgente de una Fiscalía especial para investigar y darle seguimiento a los testimonios de las víctimas sobre los perpetradores y crímenes de los que fueron objetos.

“Si no interviene el Ministerio Público en las diligencias de inspección que se realizan en los campos militares y demás actos de investigación, para nosotros representan sólo acciones de simulación, impunidad y de burla para las víctimas, ya que para llevar a juicio a los responsables que aún viven se requiere obligatoriamente la intervención de la autoridad ministerial”, menciono Gervasio Bénitez.

Otro tema por el que se están preocupados los colectivos, expusieron, es que por decreto presidencial la Comverdad termina sus trabajos el ultimo día de septiembre del 2024 y, hasta el momento, no ven avances significativos para conocer la verdad de los hechos ni con el paradero final de las víctimas de desaparición forzada.

El 7 de octubre del 2021 entró en vigor el decreto presidencial por el cual se creó la Comverdad. Esta comisión tiene las funciones de investigación, seguimiento, proposición y emisión de informes sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano entre 1965 y 1990. Pero para las víctimas su funcionamiento es insuficiente.

“Consideramos que los trabajos de la Comisión han sido casi nulos”, agregó.

Momento en que integrantes de los colectivos de víctimas de la guerra sucia salen de las instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo.

Denuncia espionaje de la Sedena Flora Marcelo, madre de Ayelín, la niña víctima de feminicidio

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Flora Marcelo Rojas, madre de Ayelín Iczae Gutiérrez Marcelo, la niña de 14 años originaria de Tixtla que fue víctima de feminicidio en octubre del 2020, se sumó a la lucha y acompañamiento de víctimas de violencia y fue blanco de espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A raíz de la desaparición y asesinato de Ayelín y la búsqueda de justicia de sus familiares, Flora recibió amenazas de muerte. Salió de Tixtla y del estado para no poner en riesgo su vida ni la de sus otras dos hijas.

Por el momento no cuenta con ningún mecanismo de protección. Estuvo acogida por el Mecanismo de Protección Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

En abril del año pasado se le retiraron. «Me dijeron que no corría peligro, sin hacerme análisis de riesgos», mencionó Flora.

En este tiempo ha sufrido diversas violaciones a sus derechos humanos; intentaron desalojarla de los plantones en los que participó y fue víctima de espionaje.

Por ello, dijo, ha interpuesto quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero no recibe respuestas a sus quejas.

La semana pasada, denunció Flora, se dio cuenta que era víctima de espionaje por parte de una militar de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), quien desde hace dos años se hacía pasar como reportera independiente.

«Llegó una chica diciendo que era reportera independiente, y como así hemos conocido a varias periodistas, confiamos en ella y, pues, no fue así. Tiene como una semana que nos dimos cuenta que no era una periodista, era una militar de Sedena».

La militar se presentó con el nombre de Mía Rodríguez y en los dos años acudió a entrevistar a Flor, y a Laura Kábata, madre de Óscar Kábata, víctima de tortura y privación de la libertad por elementos de la Sedena. Flora da acompañamiento a Laura y a Óscar.

La militar se ganó la confianza de Flora en estos dos años; hasta le contó cosas personales y sobre el caso de Ayelin.

«Ella sabe muchas cosas, sabía cuando nos agredían o cuando pasaba algo, era la primera en escribirnos, nos preguntaba qué íbamos a hacer, que si estábamos bien; a veces nos preguntábamos cómo se había enterado.»

Una de las cosas que Flora notó raras de la supuesta periodista es que, en una ocasión entró a una reunión con ella y Laura, y entregó su credencial y la llamaron Paola; pensaron que se llamaba Mía Paola.

Flora comenta que en Facebook y Twitter tenía otros nombres. De sus supuestas notas periodísticas nunca supieron.

Nunca le cuestionaron por qué tenía diferentes nombres. Flora comentó que terminaban cansadas y olvidaban esos detalles.

Se dieron cuenta de su verdadera identidad cuando hicieron una actividad con ropa usada.

«Decidimos hacer una protesta armando muñecos de ropa usada, yo pedí a varias compañeras que me regalaran ropa de uso, incluyendo a ella, y me trajo ropa. Armando los monos un compañero saca una blusa y ahí cayó una foto de ella vestida de militar».

Su nombre real no lo saben, sólo alcanzaron a leer en la fotografía que tenía el apellido de Farfán. A través una persona que trabaja en Sedena investigaron sobre ella y se enteraron que es parte del departamento de inteligencia de la Sedena.

«Tenemos por nuestras vidas, porque está persona sabe todo sobre nosotros. Sabe dónde están mis hijas. Necesitamos mecanismo pero no de la federación, necesitamos organismos internacionales porque no sabemos qué nos pueda pasar mañana».

Flora Rojas, madre de Ayalín, víctima de feminicidio en Tixtla mantiene una protesta fuera de la CNDH en la Ciudad de México para exigir justicia. Especial

Civiles se concentran en cuarteles de Guerrero en apoyo a militares que actuaron en Tamaulipas

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Especial 

Chilpancingo

 

Familiares de militares y simpatizantes del Ejército se movilizaron en Chilpancingo, Iguala y Atoyac, para demostrar su apoyo a las fuerzas castrenses por las investigaciones que se realizan en Tamaulipas por el asesinato extrajudicial de cinco jóvenes el pasado 27 de febrero.

Está actividad fue una movilización a nivel nacional convocada en redes social bajo el nombre de Yo apoyo a los militares.

En Chilpancingo, a las nueve de la mañana, un grupo de 30 personas se manifestaron en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, en el centro de Chilpancingo, y posteriormente marcharon a la entrada oriente del 35 Batallón de Infantería.

En las pancartas de los manifestantes se leía «los militares también son pueblo», «a los delicuentes los defienden, pero los militares también tienen derechos».

Esta manifestación se da después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció una investigación contra los militares por el asesinato de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo por lo documento por la prensa y organismos de derechos humanos, cinco jóvenes viajaba durante la madrugada del domingo 27 de febrero en una camioneta tipo Pick Up color blanca.

En la colonia Manuel Cavazos Lerma militares les indicaron el alto a los jóvenes y al no detenerse fueron atacados a balazos.

El conductor de la camioneta perdió el control y chocó contra un automóvil estacionado.

Algunos testigos de los hechos aseguran que dos de las víctimas fueron ultimadas con disparos en la nuca cuando estaban tirados sobre el pavimento aún con vida.

En contra de dichas investigaciones fue que esta mañana familiares de militares se manifestaron.

Los manifestantes aclararon que la protesta frente a la zona militar no solamente es en apoyo a los cuatro militares detenidos, «también es en apoyo pleno de todos los integrantes del Ejército Mexicano y no dejaremos de manifestarnos hasta ser escuchados y atendidos por las autoridades correspondientes», mencionó uno de los manifestantes.

Destacaron que son madres, hermanos, familiares y amigos de militares quienes exigen justicia y que intervengan los derechos humanos en defensa de sus familiares, ya que consideran que su detención fue injusta porque actuaron conforme a los reglamentos del Ejército Mexicano y en defensa propia

La mayoría de los manifestantes reconocieron ser familiares de soldados en activo, y «preocupados por la violación de los derechos humanos hacia las fuerzas castrenses y el proteccionismo a delincuentes».

Está movilización se replicó en el 27 Batallón de Infantería ubicado en la ciudad de Iguala, en la zona norte de Guerrero, cuartel señalado participar en los hechos del 26 de septiembre, donde desaparecieron a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

En Iguala, un grupo de aproximadamente 30 personas reclamó la vinculación de 4 soldados en activo del Ejército por los hechos ocurridos en Nuevo Laredo.

La misma actividad de protesta se llevó a cabo en el 109 Batallón, ubicado en la comunidad del Ticuí, municipio de Atoyac de Álvarez, en donde un grupo menor a 10 personas se unió al reclamo de libertad para los cuatro soldados.

 

La Sedena reconoció ante la Auditoría que contrató al proveedor del software Pegasus, pero se niega a entregar información

Ante la Auditoría Superior, la Sedena reconoció que contrató a Comercializadora Antsua, única empresa proveedora en México del software de espionaje Pegasus. Sin embargo, hasta ahora se ha negado a entregar el contrato argumentando “seguridad nacional”.


Texto: Nayeli Roldán / Animal Político

Fotografia: Amílcar Juárez / Archivo

 

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que contrató a la empresa proveedora del software Pegasus, que tanto en el sexenio pasado como en el actual —durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador— ha sido utilizado para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas.

La dependencia militar admitió el hecho ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la cual notificó sobre la existencia de un contrato para el servicio de “monitoreo remoto” con Comercializadora Antsua, SA de CV, única compañía autorizada para vender Pegasus en México. El contrato tiene el folio DN-10 SAIT-1075/P/2019.

La Sedena incluso entregó a la ASF los comprobantes de pago por cerca de 140 millones de pesos, pero se negó a darle el contrato como tal argumentando razones de “seguridad nacional”.

Además, pese a la evidencia sobre la realización de ese contrato para el servicio de “monitoreo remoto”, la Sedena también se negó a entregarlo vía transparencia. Tras una solicitud de información realizada en octubre pasado, respondió que “no localizó” ningún documento al respecto.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ordenó que haga una “búsqueda exhaustiva” de la información, luego de analizar el caso en sesión pública este miércoles.

La Sedena también ha ignorado la instrucción del presidente López Obrador, quien aseguró que haría públicos los contratos con dicha empresa porque no había nada qué ocultar. Hasta el momento, la secretaría no ha cumplido.

El espionaje y la auditoría

En octubre pasado, una investigación de la organización R3D, Animal PolíticoAristegui NoticiasProceso y Artículo 19 reveló que dos periodistas y un defensor de derechos humanos habían sido espiados con el software Pegasus entre 2019 y 2021, mientras se encontraban investigando hechos relacionados con violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por el Ejército.

Se trató de la infección en los teléfonos celulares del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, del escritor y periodista Ricardo Raphael y de un periodista de Animal Político, comprobada por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, luego de hacer un análisis forense de los equipos.

La investigación demostró que la Sedena había hecho un contrato para el “servicio de monitoreo remoto de información fincado a la empresa ‘Comercializadora Antsua, SA de CV’”, y cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019.

El presidente López Obrador aseguró que el Ejército realizaba “labores de inteligencia, no de espionaje”, y que por ello daría a conocer dicho contrato, pero a tres meses de la promesa, esto no se ha cumplido. De hecho, la Sedena insiste en ocultar el contrato, documento donde estaría detallado el servicio que la empresa realizaría para la dependencia, incluyendo los objetivos del “monitoreo”.

Su negativa más reciente es respecto de la solicitud de información realizada por R3D, a la que la Sedena respondió que no había localizado documentación al respecto. Por ello, la organización interpuso un recurso de revisión ante el INAI, proporcionando como evidencia la información obtenida por transparencia de las comunicaciones entre la Sedena y la ASF durante un proceso de fiscalización.

Se trató del proceso de auditoría que realizaba la ASF al Instituto Nacional de Migración (INM) sobre el contrato de tecnología realizado con Comercializadora Antsua, y cuya investigación complementaria incluyó solicitar los contratos que otras dependencias —en este caso la Sedena— habían hecho con la empresa.

La ASF solo trataba de comprobar que no hubiese habido alguna irregularidad en la contratación, por lo que le solicitó “la base de datos con información de los contratos y convenios de 2019 y 2020 celebrados entre la Sedena y Comercializadora Antsua, SA de CV”, los contratos y las facturas, según consta en el oficio firmado por el entonces auditor de cumplimiento financiero, Gerardo Lozano, y dirigido al coronel Humberto Zerón Martínez, coordinador de normatividad, desarrollo y de la función de la Oficialía Mayor de la Sedena, el 4 de agosto de 2021.

Sin embargo, la Sedena respondió que dicha información se encontraba clasificada como “asunto de seguridad nacional”, por lo que no entregaría la documentación, sino una “nota informativa y evidencia documental relacionada con el contrato suscrito”.

En dicha nota, la dependencia explicó que “suscribió un contrato con la empresa citada en su oficio No. AECF/1095/2021, el 12 de abril de 2019, el cual estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, por un monto total de $139,999,999”.

Incluso, anexó los movimientos en la Cuenta por Liquidar Certificada, de pagos generados por dicho contrato, es decir, los pagos registrados en el sistema del gobierno federal.

Se trató de siete pagos por 15 millones 465 mil 120 pesos entre el 1 de julio y el 1 de noviembre de 2019 y de un octavo pago por 30 millones 944 mil 159 pesos el 10 de diciembre de 2019.

La ASF envió otro oficio el 31 de agosto, en el que señaló que esta información no respondía a su petición. Además, “en las tres reuniones realizadas con el personal de la Sedena, se indicó la forma en la que se requería la información y se precisó que en caso de no poder enviarla, se tenía la opción de ponerla a disposición para que el equipo auditor la revisara en sitio. Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta indicar si los puntos faltantes se entregarán en fecha próxima”, pidió Jazmín Pantoja, auditora especial de Cumplimiento Financiero, al teniente coronel Jaime Efraín Tinoco.

Este miércoles, el pleno del INAI discutió el recurso de revisión respecto de la solicitud de información, analizó estas evidencias y las obligaciones legales, y votó por unanimidad que la Sedena debe entregar la información.


Los comisionados consideraron que “el actuar de la Sedena no se apegó al procedimiento de acceso a la información, puesto que contrario a la inexistencia sostenida, es claro que sí cuenta con la información requerida”, dijo la comisionada a cargo del caso, Josefina Román.

“Por ello, estimamos indispensable la entrega de los contratos que una persona está solicitando, ya que no solo se transparentaría el ejercicio de recursos públicos, sino también quedarían expuestas las actividades vinculadas con el monitoreo de comunicaciones, permitiendo así a la sociedad evaluar la protección de sus derechos a la privacidad, a la libertad de expresión y a la inviolabilidad de las comunicaciones”, afirmó.

Pegasus en México

El software Pegasus es un desarrollo de la empresa israelí NSO Group, que solo vende a gobiernos para que investiguen hechos atroces o actos de terrorismo. Sin embargo, investigaciones periodísticas como Pegasus Project han revelado que 10 gobiernos que adquirieron el sistema espiaron a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, tanto en sus países como en el extranjero.

Entre los países están México, Azerbaiyán, Kazajistán, Hungría, India, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Baréin, Marruecos y Ruanda.

En el caso mexicano, el gobierno de Peña Nieto espió o intentó espiar con el malware Pegasus a 15 mil teléfonos entre 2016 y 2017, entre ellos, de periodistas, personas defensoras de derechos humanos e incluso de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También, del círculo cercano de López Obrador, como su secretaria particular, Laura González Nieto; el operador político César Yáñez; el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; su actual vocero, Jesús Ramírez Cuevas, y el empresario Alfonso Romo Garza.

NSO Group nombra a una empresa como su representante ante cada gobierno para vender el software. En México, la empresa Air Cap fue la intermediaria para la venta del sistema a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante el gobierno de Peña Nieto.

Sin embargo, el 31 de diciembre de 2019, NSO Group notificó que Comercializadora Anstua era la “autorizada para representar de forma exclusiva a NSO Group ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta el 31 de diciembre de 2019”, es decir, la dependencia podría comprar la tecnología únicamente con esa empresa, dice una carta firmada por Niv Ovadia Leibovitch y Evan Forte, ejecutivos de la compañía.

En tanto, entre la información hackeada a la Sedena por el grupo Guacamaya, se pudo localizar el oficio clasificado como “secreto” en el que se refiere al contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 para el “servicio de monitoreo remoto de información fincado a la empresa ‘Comercializadora Antsua, SA de CV’”, y cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019.

El documento se encuentra en un mail con el asunto “oficios mortales”, y la comunicación daba cuenta de la realización del servicio y los pagos correspondientes en la “factura original No. 197 debidamente legalizada (segundo pago); oficio de aceptación No. 1910-4950 de fecha 15  de julio de 2019, en original emitido por el usuario final, en el cual se informa que el servicio fue recibido del 1 al 30 de junio del 2019”.

 

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace. 

Sedena Leaks: EU mantuvo en la mira a Ovidio Guzmán y espió comunicaciones de sus “halcones” en Sinaloa

Texto: Nayeli Roldán y Alfredo Maza / Animal Político

Fotografía: Retomada de Notimex

12 de enero del 2022

 

Funcionarios de la embajada de Estados Unidos realizaron labores de investigación en México en contra del crimen organizado, lo que incluyó el espionaje en 2022 de las comunicaciones por radio entre personas identificadas como “halcones” al servicio de Ovidio Guzmán en Sinaloa.

Existen al menos dos reportes de inteligencia emitidos por el área de Operaciones Aéreas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de la embajada de EU en México sobre escuchas en las que se menciona a Ovidio Guzmán, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, y considerado como una amenaza para Estados Unidos por su papel en la producción y el tráfico de drogas hacia ese país.

Se trata del espionaje de decenas de ubicaciones de radios de telecomunicación en diversos puntos de Sinaloa el 8 y 9 de agosto de 2022, realizado por Operaciones Aéreas de la embajada y cuyos hallazgos fueron enviados a mandos de la Fuerza Aérea de la Sedena.

Aunque esta información es considerada como “sensible”, ahora se puede conocer porque forma parte de los correos y archivos de la Sedena revelados por el grupo de hacktivistas Guacamaya el pasado 30 de septiembre.

Ovidio Guzmán fue aprehendido por segunda vez este 5 de enero por el Ejército mexicano y, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, no hubo participación de las agencias de inteligencia y seguridad de EU. “Actuamos con autonomía, con independencia, sí hay cooperación, y la va a seguir habiendo, pero las decisiones las tomamos como gobierno soberano, independiente, y estas decisiones las tomamos en el gabinete de seguridad”, dijo en su conferencia de prensa cuando le preguntaron al respecto.

De acuerdo con los archivos de la Sedena, al menos desde mayo de 2021, EU mantiene coordinación con la Sedena en operativos de investigación y vigilancia contra miembros del crimen organizado a través de “Operación Mongoose” y el uso de una plataforma llamada AMOSS (Sistema de Vigilancia de Operaciones Aéreas y Marítimas).

Uno de los resultados de esa cooperación es el informe del 9 de agosto de 2022 sobre la intercepción de las comunicaciones por radio de hombres a los que se identifica como “halcones” en municipios como Badiraguato, el pueblo natal de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, Culiacán, Navolato o Elota. Entre las decenas de conversaciones espiadas, EU reporta las que considera relevantes y las nombra como “eventos”.

El “evento 1” de ese día es la transcripción de una conversación entre dos “halcones”: “Tú y el jefe ‘el Ratón’ siempre tendrán mi lealtad. No necesitas decirlo. Estoy a su servicio”. Y como “nota del análisis”, el reporte apunta que “‘el Ratón’ es el apodo de Ovidio Guzmán”.

En la misma fecha, se reporta como “evento 2” otra conversación en la que un “halcón” pregunta a sus hombres sobre una camioneta Ford Raptor negra. “¿Te refieres a la localizada en la 22, cerca del Oxxo? La estamos siguiendo, está cargada de armas”, le responden. Dicha ubicación, según refiere la “nota del análisis”, es una tienda “localizada a 69 millas al noroeste de la geolocalización (del teléfono). Esta área es conocida como Tres Ríos y está bajo el control de Los Chapitos”.

El “evento 3” está relacionado con el evento previo, pues se trata del aviso desde otro puesto de “halcones” que dicen haber visto pasar la camioneta Ford Raptor “cerca del seminario”. La “nota del análisis” explica que el Oxxo está localizado a 950 metros al este del seminario mencionado en esta otra escucha.

La zona de Tres Ríos en Culiacán, donde ocurren estas comunicaciones, es el mismo sitio donde Ovidio Guzmán fue detenido por primera vez el 17 de octubre de 2019, pero liberado horas después por orden del presidente López Obrador, tras la reacción violenta de su grupo criminal en el estado.

En tanto, en el reporte del 8 de agosto de 2022, existe una comunicación entre un hombre que pide hablar con “el Viejo”, aunque no es urgente, y una persona “encargada” de un área que le responde que le preguntará a su jefe si podría arreglar la reunión.

La “nota del análisis” es que “el Viejo” es un apodo usado por el encargado del área y Ovidio Guzmán es conocido también con ese sobrenombre. La geolocalización de esta conversación es otra zona bajo el control de Los Chapitos.

“Operación Mongoose”

Entre los correos de la Sedena, se puede observar que Operaciones Aéreas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de la embajada de EU implementó “Operación Mongoose” al menos desde 2018 e incluye acciones de inteligencia para la investigación contra el crimen organizado.

Ello, a través de la plataforma Mongoose, que realiza “colección de inteligencia y de señales de radio y cámara electro-óptica para toma de imágenes”, con personal con experiencia en operaciones extranjeras y entrenamiento militar, con “habilidad de detectar, clasificar, identificar y localizar comunicaciones ilícitas asociadas con organizaciones criminales a través de áreas geográficas extensas”.

Según una presentación de PowerPoint enviada a la Sedena, la “Operación Mongoose” tiene el objetivo de “extender las operaciones fronterizas; proveer entendimiento a fondo de las organizaciones criminales, incluyendo la estructura de la organización, control, mando, redes de comunicación e intenciones, y detectar, identificar y localizar redes de comunicaciones, sus usuarios y su equipo asociado”.

La información recolectada entra a una primera fase de análisis que incluye el reporte que contiene información técnica e imágenes distribuidas al final del día de misión e “inteligencia procesada y distribuida por medios seguros”. La segunda fase incluye un análisis más a fondo y un “reporte de inteligencia que cubre todas las señales detectadas, clasificadas, identificadas y localizadas durante la misión”.

Además, en esta fase “típicamente se identifican las redes de comunicación utilizadas por las organizaciones criminales alrededor del área de enfoque”.

Entre los resultados de esta operación, dice la presentación, está la incautación de 104 toneladas de metanfetaminas, 102 kilogramos de fentanilo, 1.36 toneladas de mariguana, 65.8 toneladas de químicos precursores y 23 laboratorios clandestinos desmantelados, así como la ubicación de casas de seguridad.

El Departamento de Seguridad Nacional, a través de la embajada de EU, también emitió un manual de operación para el uso de la plataforma AMOSS, que fue enviado a la Sedena en agosto de 2022, según demuestran los correos electrónicos de la dependencia.

Tras “jueves negro”, Ovidio fue visto en Edomex

El 10 de junio de 2020, elementos de la Sedena detuvieron en la carretera Amatepec a José Dámaso Alpízar, ‘el 47’, jefe de plaza de La Familia Michoacana en los municipios de Sultepec y Temascaltepec, Estado de México.

La detención de quien fuera parte del círculo más cercano de los hermanos Hurtado Olascoaga, líderes de La Familia Michoacana, desató una escalada de violencia en el Estado de México, que tuvo como represalia ataques contra policías de la fiscalía mexiquense.

Mientras la violencia se acrecentaba, autoridades de seguridad sostuvieron una entrevista con Dámaso Alpízar, en la que este señaló que en marzo de 2020 vio a Ovidio Guzmán en la comunidad de Tlatlaya.

“(Dijo) que la organización Familia Michoacana tiene vínculos con el Cártel de Sinaloa, especificando que una célula de Ovidio Guzmán López, misma que está asentada en el Estado de México, resaltando que hace tres meses vio a Ovidio en San Pedro Limón, Tlatlaya, en el Restaurant Carolyn (…) y otro restaurant cercano al hospital en coordenadas (…)”, dice un informe revelado por Guacamaya.

En la misma entrevista, Dámaso Alpízar aseguró que La Familia Michoacana había pactado una tregua con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), principal rival del Cártel de Sinaloa.

 

 

Sedena Leaks: narco, robos, compra de votos… Ejército registró al menos 234 incidentes en ocho estados en la elección de 2021

Informes en poder de la Sedena dan cuenta de diversos incidentes en el contexto de los comicios del año pasado. El escenario: Sinaloa, San Luis Potosí, Colima, Tlaxcala, Coahuila, Yucatán, Oaxaca y Estado de México. 


Texto: Nayeli Roldán, Oscar Nogueda y Alfredo Maza / Animal Político

Fotografía: Amapola Periodismo (Archivo)

24 de octubre del 2022

 

Durante las elecciones de 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó y recibió información de al menos 234 incidentes que van desde robo de credenciales de elector y asaltos a capacitadores electorales hasta lesiones con armas de fuego a simpatizantes de candidatos y vinculación de políticos con grupos del crimen organizado.

Así lo refieren decenas de reportes sobre el proceso electoral del año pasado en al menos ocho entidades, incluidos entre los millones de correos electrónicos filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya.

Las entidades señaladas son Sinaloa, San Luis Potosí, Colima y Tlaxcala, donde hubo elección de gubernatura; Coahuila y Yucatán, donde se eligieron presidencias municipales, y Oaxaca y Estado de México, que eligieron diputados, presidentes municipales, sindicaturas y regidurías.

Entre los reportes se encuentra el generado un día antes de la elección del 6 de junio, en el cual la Sedena reportó que dos hombres, uno de 29 años y el otro de 56, fueron heridos con arma de fuego en el municipio de Tampacán, San Luis Potosí, según la ficha Ptn. Infn./690.

“Los lesionados son simpatizantes del candidato a presidente municipal de Tampacán por Morena. Mantuvieron un altercado con simpatizantes de la candidata a la alcaldía del mismo lugar Brisseire Sánchez López por la coalición ‘Si por San Luis Potosí’ (PAN-PRI-PRD-PCP)”, advierte el informe. En 2021, Sánchez López buscó reelegirse.

De acuerdo con otro reporte de junio de este año sobre la incidencia delictiva en San Luis Potosí, Sánchez López, quien ganó la elección, tenía presuntos vínculos con el Cártel de San Luis Potosí Nueva Generación, pues “su campaña durante el proceso electoral del 2018 fue financiada por Jorge Luis Soni Bulo, alias ‘el Coquis’ (líder de una célula del grupo criminal)”. Además, “es esposa de Ghazy Said Mazlum Soni, quien estuvo detenido en 2013 a 2015 por portación de arma de fuego (AK-47) y droga”.

Otro reporte de San Luis Potosí advierte que Mireya Vancini Villanueva, quien hacía campaña para reelegirse como presidenta municipal de Ciudad del Maíz, y finalmente ganó, tenía una bodega cerca del municipio El Naranjo, donde presuntamente escondía despensas, “señalando que tiene el respaldo del grupo armado ‘Los Talibanes’, quienes también andan en el municipio de Ciudad del Maíz portando armas de fuego cortas”.

En Tamazunchale, una mujer de 55 años, habitante del ejido Barranquillos, municipio de San Martín Chalchicuautla, llamó a la policía para denunciar que “arribaron a su domicilio individuos portando armas de fuego largas, mismos que le mencionaron ‘que ya no apoyara al PVEM’. Posteriormente realizaron tres detonaciones de arma de fuego en contra de su camioneta que se encontraba en el exterior de su domicilio”.

De Mazatlán, Sinaloa, hay al menos tres reportes de hombres armados robando credenciales de elector el día de la elección, mientras que en Colima y Tlaxcala también se registró la presencia de hombres armados circulando en vehículos. En San Luis Potosí, ciudadanos denunciaron que “sobre el Boulevard principal se han observado circular al menos 3 camionetas con personas que portan armas de fuego largas y que la gente no voltea a verlos por miedo a ser agredidos por esos sujetos”.

Entre los casos en los cuales existe denuncia penal está el ocurrido en Oaxaca, con la carpeta de investigación FED/OAX/HL/0000949/2021, “debido a que fueron destruidas boletas para elección de diputados locales, se remitirá la investigación sin detenido a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de esta fiscalía”.

Mientras tanto, en la carpeta FED/COL/COL/0000470/2021 se narra que en una de las casillas de Colima “llegaron siete personas interrumpiendo el conteo de los votos entre las 21:00 y 23:00 horas, quienes se retiraron a bordo de tres vehículos al ver el arribo de policías estatales”.

En San Pedro Pochutla, Oaxaca, “la presidenta municipal Saymi Pineda, y sus grupos de choque, controló a todos, incluyendo a la policía municipal, para que no dijeran nada sobre la compra del voto en favor de la candidata de Morena a la reelección a la presidencia municipal, según se refiere en la carpeta de investigación 19306/FEDE/FEDE/ 2021”. Pineda ganó la elección.

Más incidentes 

En el municipio de Nextlalpan, Estado de México, de las 47 casillas, en 33 se presentaron hechos violentos y se recuperaron 28 paquetes electorales, refiere un reporte de la Sedena.

El delito más recurrente fue el robo, con 141 incidentes en contra de capacitadores, ocurridos entre febrero y abril de 2021 en 40 municipios mexiquenses, de acuerdo con el reporte realizado por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE).

Incluso también hay otros actos ilegales como compra de votos, quema de boletas electorales, robo de papelería electoral y amenazas con programas sociales, como el ocurrido en Sabinas, Coahuila, donde funcionarios de casilla reportaron que una mujer “amenazó a varios ciudadanos con suspenderles los programas sociales en caso de que la emisión del voto no fuera a favor de su candidato”, por lo que personal de la Agencia Criminal la aprehendió y la puso a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Durante la elección, los distritos electorales solicitaron seguridad para la jornada electoral, y solo en San Luis Potosí hubo 175 requerimientos en materia de seguridad para las casillas, pues durante el periodo de capacitación, los participantes observaron distintas problemáticas.

En al menos 11 secciones se refiere la presencia del crimen organizado. En una de ellas se advierte que “se han presentado situaciones de inseguridad durante la primera etapa de capacitación referentes al crimen organizado”, y en otras, “se han reportado personas ejecutadas, los habitantes de las localidades refieren presencia de vehículos extraños”.

Otra solicitud de seguridad advierte de ciertas casillas “que atienden a varias colonias problemáticas, donde se han presentado problemas, los funcionarios le han pedido seguridad en repetidas ocasiones, se han detectado casas de seguridad cerca”.

En cuatro distritos más se reportaron balaceras, mientras que en otros distritos existen “intereses sociales y políticos y de fanatismo muy arraigados. Este hecho ha generado enfrentamientos entre la misma población, tiende a ser problemática en un nivel alto para los funcionarios de casilla y capacitador asistente electoral, existen altos niveles de inseguridad, por lo que se solicita la presencia de seguridad pública”.

Detectan a militares y guardias con presuntos vínculos delictivos

Venta de armas, tráfico de personas, huachicol: detectan a militares y guardias con presuntos vínculos delictivos


Texto: Óscar Nogueda y León Ramírez / Animal Político 

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo 

 

Miembros del Ejército y de la Guardia Nacional han sido señalados por presuntamente colaborar con la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, entre otros grupos delictivos, según una decena de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Correos obtenidos por el grupo hacktivista Guacamaya relacionan a algunos elementos de ambas corporaciones con la venta de armamento a grupos delictivos; además, se les acusa de supuestamente proteger a miembros de los cárteles, darles información y permitir que trafiquen con personas, drogas e hidrocarburos.

Si bien en los reportes se advierte sobre estos casos y se emiten recomendaciones, no se menciona si se aplicó alguna acción al respecto o si hubo sanciones para las personas involucradas.

Un documento elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en junio de 2019 afirma que “un presunto militar” ofrece equipo táctico, armas y granadas, y además proporciona información sobre la movilidad y los operativos de las Fuerzas Armadas a un miembro de la Familia Michoacana en el Estado de México.

El efectivo ofreció a operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 26 mil pesos cada una; la célula delictiva confirmó la compra de ocho de ellas, las cuales fueron entregadas” en la entidad, dice el reporte.

Además, dice que “el proveedor de armas y equipo táctico del militar vinculado a La Familia” es otro presunto integrante de la Sedena, cuyo equipo móvil se ubicaba en el Campo Militar No. 1 en la Ciudad de México.

Por otro lado, un documento enviado desde el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI), en agosto de 2022, da cuenta de presuntos vínculos de cuatro agentes de la Guardia Nacional con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz para facilitar el traslado ilegal de personas migrantes.

Actividades que realiza la G.N: Proporcionan el libre tránsito a los traficantes de indocumentados previo a una clave que estos mencionan, como medida de identificación para estas autoridades”, señala.

En el reporte se identifica que otro guardia nacional de caminos tiene vínculos con un grupo dedicado al robo de hidrocarburos en Veracruz. El agente, menciona, proporciona seguridad en el lugar de extracción y escolta los vehículos con combustible robado.

Huachicol y un “regalo” de 50 mil pesos

Otro informe de agosto de 2022 indica que una persona dedicada al robo de combustible en los límites de Hidalgo y el Estado de México manifestó tener comunicación con los comandantes del 96 Batallón de Infantería de Pachuca y de la 23 Zona Militar de Panotla, Tlaxcala.

Esta persona “supuestamente pretende entregar un regalo de 50,000.00 (cincuenta mil pesos) a cada uno, con la finalidad de que les permitan llevar a cabo la extracción de hidrocarburo”.

Según las autoridades, es posible que una persona supuestamente dedicada al robo de hidrocarburos haya coincidido en reuniones de trabajo relacionadas con la seguridad de ductos de Pemex.

Un informe del CNI de agosto de 2020, en el que advierten que el Cártel del Pacífico está fortaleciendo su red de corrupción en Sonora, afirma que un presunto delincuente se jactó de haber llegado a un acuerdo sobre el monto de la “cuota” semanal a autoridades: 20 mil pesos a policías municipales, 25 mil a policías estatales, 30 mil a “cajoneros” (corporación sin identificar), además de 40 mil pesos quincenales a miembros de la Guardia Nacional.

Además, indica, otro presunto delincuente había acordado el pago de “60 mil pesos semanales a un presunto mando militar (sin identificar), con la finalidad de implementar operativos contra Los Páez en Caborca y participar en la ‘limpia de la plaza’”.

En los correos también hay reportes elaborados por personal de inteligencia de la Secretaría de Marina. Según uno de estos correos enviados en febrero de 2020, se identificó a una persona adscrita a la Policía Militar de Sinaloa como presunto contacto para la venta de armas a la Familia Michoacana.

Según el documento, una persona “entrevistada” que trabajaba para un grupo criminal dio el número del contacto con quien adquiere armamento. Mediante “fuentes cerrada (sic)” los marinos detectaron que la persona pertenecía a personal del Ejército y que esta persona mantenía contacto con presuntos delincuentes, así como con funcionarios públicos.

Militares, acusados de proteger a integrantes del Cártel de Sinaloa

En otro reporte, también de elementos de la Marina de marzo de 2020, se plantea que integrantes del Cártel de Sinaloa “cuentan con la protección de algunos elementos de Sedena y Guardia Nacional”.

Según este archivo, en el teléfono de una persona asesinada en un restaurante del Estado de México se encontraron fotografías y conversaciones relacionadas con el tráfico de drogas, al igual que contactos de teléfono registrados como “Teniente Guardia N” y “Teniente”.

Otro informe, que el CNI envió a la Sedena en octubre de 2020, afirma que esta agencia tuvo conocimiento de que el Cártel de Los Páez tenía cooptados a dos mandos de la Sedena en Plutarco Elías Calles y Caborca, Sonora, quienes colaborarían con el grupo delincuencial para desplazar a grupos contrarios.

“Se sugiere que Sedena y GN realicen reconocimientos terrestres para la ubicación de los puntos referidos, y que incrementen el despliegue disuasivo en Caborca, Pitiquito y Plutarco Elías Calles, para disminuir la capacidad logística y operativa de los grupos en conflicto”, señala.

Asimismo, un par de reportes de la Semar de 2021 advirtió que un teléfono de celular utilizado por un miembro de la Guardia Nacional “aparentemente se encuentra relacionado con trasiego de droga y/o alguna organización delictiva”, mientras que otro número de teléfono “utilizado posiblemente por un elemento de Sedena” está vinculado con un jefe de la Familia Michoacana.

Incluso, un informe de 2020 del CNI señaló que un expiloto de la Fuerza Aérea Mexicana realizó actividades trasiego de drogas, vía aérea, para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Se conoció que fue contratado por otro piloto para transportar un cargamento de droga vía aérea, así como a una persona” de Veracruz a Campeche.

Por otro lado, se confirmó que el exmilitar estaba en trámites para ser contratado como instructor en una escuela de aviación, con el objetivo de tramitar su licencia como piloto privado y, después, como piloto comercial.

Otro informe, de febrero de 2020, señaló que una célula de la Familia Michoacana en Huetamo, Michoacán, tuvo acceso a la frecuencia de radio utilizada por soldados mexicanos, con el fin de conocer los reportes de los recorridos de vigilancia en Tiquicheo, Michoacán.

El CNI mencionó que un “Comandante” de la Sedena proporcionaba información a integrantes del grupo delictivo para avisarles de operativos en la zona. Adicionalmente, se informó que este grupo fue alertado de un operativo de la Guardia Nacional.

“Se compartió la información con la Subjefatura de Inteligencia de la Sedena, a fin de alertar sobre el posible riesgo de vinculación de personal militar con la célula criminal”, menciona el documento.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

Notifican a Sedena órdenes de captura contra militares; encabeza la lista Alejandro Saavedra

El general Alejandro Saavedra es uno de los 20 militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a los que ya se les giraron órdenes de aprehensión. Mientras tanto, el GIEI pidió acceso a fuentes e información que alimentaron el informe de la Comisión de la Verdad para su valoración


Texto: Kau Sirenio y Arturo Contreras / Pie de Página

Fotografía: Oscar Guerrero

Ciudad de México

 

La tarde de este lunes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue notificada por la Fiscalía General de la República (FRG) de las órdenes de aprehensión giradas en contra de 20 de sus elementos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los cuales deberán ser localizados por el área jurídica de la institución. El general de División Alejandro Saavedra Hernández encabeza la lista.

La notificación se dio luego de que el juez segundo de procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México, autorizó las 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de los tres órdenes de gobierno que, de acuerdo con la FGR, intervinieron en la investigación de los hechos.

El militar de más alto rango en la lista es el general Saavedra Hernández, quien fungía como comandante de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo. De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, el 26 de septiembre de 2014, el general tuvo acceso directo a las comunicaciones de inteligencia que en tiempo real tuvo el C-4 de todas las actividades de los estudiantes, desde las cinco de la tarde.

También está implicado su subordinado inmediato, el comandante del 27 Batallón de Iguala, José Rodríguez Pérez, quien entonces era coronel y hoy es general brigadier.

Según la Comisión, los mandos involucrados incumplieron su deber de intervenir para salvaguardar las vidas de los civiles desarmados, que estaban bajo ataque de criminales y policías municipales.

El ascenso del general

El general Saavedra Hernández, quien también intervino en la masacre de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, fue nombrado comandante de la 35 Zona Militar el 2 de junio de 2014.

Después del ataque a los estudiantes, el 26 de septiembre de ese año, Saavedra no sólo no fue investigado, sino que recibió una serie de premios y ascensos que dejaron cerca de convertirse en secretario de la Defensa Nacional.

El 20 de noviembre de 2014, apenas dos meses después de la noche de Iguala, fue promovido de general de Brigada a general de División. Diez días después, se convirtió en comandante de la IX Región Militar, que abarca todo el estado de Guerrero. Once meses más tarde, en octubre de 2015, fue nombrado coordinador de la Estrategia Federal de Seguridad en el estado, lo que le dio el mando de todas las corporaciones policiacas de Guerreo. El 28 de noviembre de 2016 pasó a ser Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, y el 1 de diciembre de 2017 fue nombrado jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Cuatro años después de la desaparición de los estudiantes, en septiembre de 2018, el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, propuso al presidente electo Andrés Manuel López Obrador dos posibles sucesores, el subsecretario Arturo Granados y el general Saavedra. López Obrador finalmente optó por Luis Crescencio Sandoval.

Saavedra Hernández fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas hasta su retiro el 2 de marzo de 2021. Nadie investigó su participación en Tlatlaya ni en Ayotzinapa, a pesar de que el exalcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza, declaró a la PGR que los jefes policiacos de su jurisdicción habían sido recomendados por el general Saavedra y actuaban de forma autónoma.

El Coronel

El general brigadier José Rodríguez Pérez, quien estaba a cargo del batallón 27 con sede en Iguala, es actualmente jefe de Operaciones de la Sedena. Pero su relación en el caso podría ser más que una omisión. En el informe de la Comisión de la Verdad se refieren una serie de mensajes de texto que indican una coordinación constante en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 entre El Chino y El Negro (dos integrantes de Guerreros Unidos) con El Coronel para “arreglar el problema” de los estudiantes que quedaban vivos; también hay reportes de actividades conjuntas entre El Negro y El Coronel, y que los restos de “la mayoría” de los estudiantes asesinados fueron trasladados “al Batallón”.

Una de las posibilidades consideradas en las investigaciones es que el Coronel referido en esas comunicaciones sea Rodríguez Pérez.

GIEI pide acceso a las fuentes del informe

En un comunicado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha acompañado a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y que ha emitido tres informes sobre el caso, pidió que el gobierno federal le dé acceso a pruebas que respalden el informe presentado el jueves pasado.

Si bien hemos tenido acceso a la información y a los productos obtenidos por la comisión presidencial, no conocimos ni hemos accedido directamente ni examinado material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe. Tampoco hemos accedido a los peritajes que se practicaron sobre los mismos”.

Señala el GIEI en un comunicado. 

El Grupo de Expertos solicitó una copia de los mensajes y acceso a los celulares de los que fueron extraídos para evaluar la fiabilidad y calidad de la información señalada y analizar a profundidad el contenido del informe, sobre el que posteriormente compartirán sus valoraciones.

El GIEI enfatizó que no ha participado en la redacción del informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas ni ha señalado presuntos responsables. Insistieron en la importancia de la protección del debido proceso.

Dos caminos para la justicia

Durante su conferencia de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que las investigaciones ahora se encaran a dos frentes: desenterrar la verdad de lo que sucedió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, además de dar con los responsables de ocultar la verdad.

En la mesa de análisis de Momentum, coproducción de RompevientoTV y Pie de Página, el abogado Federico Anaya señaló que ahí radica la nueva tragedia del caso: las investigaciones históricas van a tener pruebas y escenarios degradados. Tal vez por eso, ahora la administración se centre en juzgar a quienes impidieron conocer la verdad.

Pasado tanto tiempo, probablemente estos son los crímenes que vamos a procesar, investigar y castigar, porque ellos destruyeron las escenas del crimen previo. Esa es la nueva tragedia. ¿Había manera de que Murillo Karam no supiera lo que sucedía? No. Por eso es el responsable del encubrimiento, de haber realizado mal la investigación a propósito. No sabemos por qué, eso será algo que debe revelar el proceso judicial”, dijo Anaya.

Diferencias entre “verdad histórica” e Informe presidencial

El abogado David Peña señaló tres puntos esenciales que diferencian el informe de la Presidencia sobre el caso de la “verdad histórica” de Murillo Karam:

* El informe del actual gobierno señala la responsabilidad no sólo de las autoridades municipales, sino estatales y federales, mientras que la “verdad histórica” sólo señaló a los agentes municipales.

* El informe de la Presidencia  señala la operación de varios grupos que separaron a los estudiantes, bajo la misma instrucción, pero de forma distinta y en lugares diferentes. Mientras que la “verdad histórica” señala que todos fueron asesinados y llevados al basurero de Cocula donde fueron incinerados.

* Presume que seis estudiantes permanecieron con vida cuatro o cinco días después de ser secuestrados, lo que refuta la idea de una operación única.

Según dijo Peña, es posible que nunca se conozca la verdad completa sobre esa noche, pues desde el 7 de octubre de 2014, cuando iniciaron las intervenciones federales, se empezó a manipular la investigación, a alterar escenas y a torturar detenidos.

AMLO promete “etapa nueva” en la justicia

“Para hacer a un lado todo ese pasado lastimoso, bochornoso, todo eso que avergüenza, y vamos a inaugurar una etapa nueva”, dijo el presidente López Obrador al referirse a los avances en el caso Ayotzinapa. Aseguró que gracias a ellas el mismo exprocurador Murillo Karam,  detenido el viernes, se inculpa.

En el caso del procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la fiscalía. Lo que dijo el procurador en ese entonces: ‘Nosotros somos responsables’, dice, y creo que se refiere al otro señor, a Tomás Zerón (entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal)”.

Después mostró un pedazo del video del encuentro que sostuvo con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos el jueves pasado. En el video se ve al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, decir a los familiares que en ese entonces el Estado soslayó su responsabilidad ante un crimen desmesurado y adjudicó su responsabilidad solo a las autoridades municipales, pero el caso se salió de control y fue entonces cuando Murillo Karam se presentó ante medios de comunicación y dijo:

“Estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación”.

El presidente refrendó que en el informe se da muestra de qué funcionarios fraguaron y tramaron la confección de una versión de los hechos que nunca sucedieron, para la cual incluso torturaron personas.

“Claro que hay una gran corresponsabilidad de muchos (funcionarios), pero los que participaron de manera directa son los que están siendo juzgados, la investigación no se cierra, pero no nos podíamos quedar así”, dijo al aclarar que a partir del informe se desprenden dos listas, la de implicados y la de responsables.

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. 

 

Pese a baja de precio amapola, Guerrero se mantiene como principal productor: Sedena

De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), se erradicaron 307 mil 504 plantíos de amapola a nivel nacional


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Lenin Mosso

31 de marzo de 2022

Chilpancingo

 

En la conferencia matutina de este jueves, el secretario de la defensa nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que Guerrero se mantiene como uno de los principales productores de amapola en la país.

Dijo que del 2018 a la fecha aseguraron cinco laboratorios de metanfetaminas en la entidad.

Guerrero es el cuarto productor de amapola a nivel nacional, detrás de Chihuahua, Durango y Sinaloa.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), se erradicaron 307 mil 504 plantíos de amapola a nivel nacional.

En un estudio denominado La erradicación de los cultivos ilícitos y su militarización, una política incuestionable, la erradicación de plantíos no es la solución al problema de las drogas ni de la violencia.

Por el contrario, afecta a las comunidades que históricamente se dedican a cultivar el campo.

“La erradicación de cultivos no es una política integral de drogas, plantea objetivos inalcanzables como la supresión de la oferta y, sobre todo, afecta a las comunidades que viven de estos cultivos”, se lee en el estudio, escrito por la directora del área de incidencia de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Frida Ibarra.

En el estado de Guerrero datos de la Sedena indican que al menos mil 287 comunidades se dedican a cosechar amapola.

El estudio también cuestiona las operaciones militares que se encargan de erradicar los plantíos, pues en la constitución no existe un marco legal que sustente esas operaciones.

“El articulo 129 de la Constitución establece que el papel de las fuerzas armadas se limita a actividades que tengan que ver con la disciplina militar, mientras que la persecución de delitos contra la salud son competencia de la Fiscalía General de la República FGR y del Ministerio Público (MP)”, se lee.

En el análisis la investigadora Frida Ibarra asegura que a través de una reforma a dicho artículo en 2007 les atribuyeron facultades como las de preservar la seguridad nacional, la seguridad interior y la defensa exterior de la república, dejando ambiguos dichos términos para utilizar a las fuerzas armadas en la seguridad pública.

Durante la conferencia matutina de este jueves, llevada a cabo en Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la legalización de las drogas y dijo que todavía no existe un consenso para legalizarlas.

Habló sobre legalizar la marihuana con fines médicos, pero no habló sobre la amapola, dijo que pretenden legalizar solo las que tienen fines médicos o no generan mucha adicción ni daños a la salud.

“Todavía no hay un consenso en el gobierno para abordar la legalización de algunas drogas, estamos analizando lo que más conviene a la sociedad”, dijo López Obrador.

Agregó que las causas de la violencia en el país se debe al comercio de drogas y que debido eso el 75% de los homicidios en el país tiene que ver con drogas.

 

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