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Ayotzinapa: José Rafael Ojeda, secretario de Marina con la 4T, era mando naval cuando ocurrió la desaparición de los 43

El actual secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, estuvo al frente de la comandancia de la Octava Región Naval con sede en Acapulco hasta enero del 2015 y recibió de parte del defenestrado ex gobernador, Ángel Aguirre, diez camionetas para patrullajes del operativo Guerrero Seguro

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Internet

29 de marzo del 2022

Chilpancingo

El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, era mando naval en el tiempo que ocurrieron los hechos en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 cuando fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En ese entonces, Ojeda Durán, era comandante de la Octava Región Naval con sede en Acapulco, la base más importante en estado de la Secretaría de Marina.

En el informe que dieron a conocer este lunes los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señalaron que un grupo de marinos habrían participado en la manipulación del basurero de Cocula y que en eso se basó el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam para sacar su «verdad histórica».

Para Murillo, el destino final de los 43 normalistas fue en el basurero de Cocula en donde según él, fueron incinerados.

Después que los integrantes de los integrantes del GIEI dieron a conocer su informe dijeron que también la Marina habría participado en la manipulación en el basurero de Cocula, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su conferencia mañanera que se investiga a los marinos y que incluso ya rindieron sus declaraciones.

Dijo que entre los que ya rindieron su declaración está un almirante pero no dio más detalles.

En el informe de los expertos del GIEI mostraron videos entregados por la Secretaría de Marina donde el día del anuncio, que hizo el procurador de la República, Jesús Murillo, de que en ese basurero habían sido incinerados los 43 normalistas, un grupo de marinos sacaron tres bultos de un vehículo, cuyo contenido se desconoce, e hicieron un fuego que luego quedó apagado.

Luego se ve a personas agarrar y tirar cosas en lo más profundo de la hondanada.
La Secretaría de la Marina no explicó a los expertos independientes sobre esa actividad.

El actual secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, estuvo al frente de la comandancia de la Octava Región Naval con sede en Acapulco hasta enero del 2015 y fue relevado por el también almirante Ángel Enrique Sarmiento quien fue subsecretario de la Marina en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El 16 de octubre del 2013, un año antes de los hechos de Iguala, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero le entregó diez camionetas a la Octava comandancia que dirigía el almirante Rafael Ojeda Durán.

Las diez camionetas eran para ser utilizadas en los patrullajes de seguridad del operativo Guerrero Seguro.

Cuando Aguirre Rivero, acusado por su omisión de los hechos de Iguala de la noche del 26 de septiembre del 2014, era gobernador de Guerrero eran cotidianas las reuniones que tenía con el almirante Rafael Ojeda Durán.

En el 2018 durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo, este le entregó otras cinco camionetas marca Dodge Ram a la Octava Región Naval.

La Subsecretaría de Administración de Control Patrimonial y Vehicular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, informa que esas cinco camionetas siguen en poder de la Octava Región Naval.

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Acusan padres de los 43 a López Obrador, Marina y Ejército de ocultar información

A partir de este montaje jurídico no se pudo explorar otras líneas de investigación, por lo menos durante cinco años, antes del actual gobierno federal, y no hubo línea de investigación adicional que se pudiera seguir, porque siempre se luchó para desmontar el escenario de la “Verdad Histórica”

Texto: Beatriz García

Fotografía: Tlachinollan

29 de marzo del 2022

Chilpancingo

Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa lamentaron que durante los tres años que lleva al frente del gobierno el presidente, Andrés Manuel López Obrador, tanto el Ejército como la Marina incumplieron con dar información sobre la desaparición de sus hijos.

Después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelara la participación de elementos de la Secretaría de Marina en la construcción de la “Verdad histórica” que anunció el ex procurador, Jesús Murillo Karam, durante el sexenio de Enrique

Peña Nieto, los padres exigieron una nueva investigación a la cadena de mando que ordenó el montaje jurídico que impide conocer la verdad.

El abogado de los padres y madres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que después de que la llamada “verdad histórica” quedara sepultada, con la presentación del tercer informe del GIEI, lo que prosigue es dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos y que pasó ese 26 y 27 de septiembre del 2014.También exigió investigación puntual a los marinos que participaron en esta construcción.

Ayer lunes el grupo de expertos dejaron clara la simulación de las autoridades durante la conferencia informativa que encabezó la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía, el 27 de octubre del 2014, cuando informaron sobre la verdad histórica que indicaba que la mayoría de los 43 estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, un municipio contiguo a Iguala, donde ocurrieron los hechos.

Después de las investigaciones siguieron con manipulación de pruebas, falsificación de documentos y fue evidente participación de efectivos de la Marina, sobre esta última intervención, los expertos mostraron un video.

Este martes, los familiares de los estudiantes desaparecidos dieron una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en la Ciudad de México, para a dar a conocer su postura respecto al informe, que un día anterior adelantaron que lo hacían suyo.

El abogado de los 43 sostuvo que hay indignación por todo este proceso de investigación “turbio”, que no contribuye al esclarecimiento de la verdad, y que queda claro que hubo manipulación de la escena del basurero de Cocula, donde se supone incineraron a los normalistas –versión que se echó abajo con las nuevas investigaciones del GIEI-.

Para el abogado, esta manipulación que encontró el GIEI, tuvo como objetivo ensuciar el proceso de investigación y ocultar la verdad. A partir de este montaje jurídico no se pudo explorar otras líneas de investigación, por lo menos durante cinco años, antes del actual gobierno federal, y no hubo línea de investigación adicional que se pudiera seguir, porque siempre se luchó para desmontar el escenario de la “verdad histórica”.

El abogado se preguntó cuál es el motivo y las razones para que las fuerzas castrenses negaran información, primero durante el gobierno pasado encabezado por Enrique Peña Nieto, y en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador siguieron la misma ruta.

El 3 de diciembre del 2018 López Obrador junto con otro funcionarios federales, entre ellos el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González y el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán firmaron el Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad del caso Ayotzinapa, donde se comprometían todas las autoridades a colaborar en el marco de su competencia en las investigaciones.

Pero no pasó nada, siguieron negado información agregó Rosales Sierra.

“El ministerio público hoy en día está teniendo dificultades para dar cauce jurídico a la información que tuvimos ayer del GIEI, porque una cosa es que se le entregue al GIEI otra es que se haga la diligencia concreta para fincar responsabilidad, ahí en las diligencias está habiendo reticencias del Ejército mexicano, las fuerzas armadas, para coadyuvar con la investigación”, lamentó el defensor.

Al principio, los padres y madres, y el abogado, confiaron en las fuerzas armadas, incluso acudieron al Batallón 27 de Infantería en Iguala y les permitieron la entrada, pero no encontraron nada, y otras veces más se reunieron con militares. Ahora dan cuenta de “una actuación sucia de las fuerzas armadas que nada contribuye al esclarecimiento de los hechos”, dijo el abogado.

Mario González, padre de César Emmanuel González Hernández, dijo que junto con sus compañeros están “encabronados”, porque pasaron tres años y el decreto presidencial

del que habló el presidente no se cumplió, porque no se entregó información en su momento y eso retrasa la investigación para dar con sus hijos.

“Como no estar enojados si no sabemos de nuestros hijos y no estoy hablando de las instituciones pasadas, hablo de estos mandos que prometieron llegar a la verdad, que jugaron con nosotros, que lo único que querían era la fotografía, que es lo que está pasando ¿por qué la manipulación tan cruel que se ve en el video, señor presidente?”, reclamó el padre de César Emmanuel.

Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Rodríguez Telumbre de quien fue hallado un resto óseo, reprochó que en este país los pobres no tienen justicia, que esta se vende al

mejor postor y ahora confirman que tenían motivos para señalar a las fuerzas armadas en México y que estaban involucrados en la desaparición de sus hijos.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, exigió que las investigaciones sigan su curso, que lleguen a actores políticos como al ex presidente Peña, porque le da coraje que en las instituciones del gobierno federal se sigue guardando información, qué seguramente tienen más.

“No vamos a rendirnos hasta saber la verdad, ellos son los que se robaron la juventud de los 43”, sentenció.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, demandó al presidente de la República una reunión con sus compañeros de lucha y él, porque desde el año pasado fue la última vez que los recibió, porque tienen muchas cosas de que hablar después del informe del GIEI, porque además se debe abrir una carpeta de investigación hacia el Ejército porque hay obstáculos que impiden alcanzar la verdad.

Los padres, madres y defensores de derechos humanos al unísono hicieron pase de lista de los 43 y gritaron “¡Justicia” y “¡Fue el estado!”.

Se investiga a la Marina por caso Ayotzinapa, asegura AMLO

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

29 de marzo de 2022

Chilpancingo

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia matutina de este martes, que un almirante de la Secretaría de Marina y otros elementos ya declararon ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Ayotzinapa.

En el informe que dio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señala que la Marina manipuló las evidencias en el basurero de Cocula en donde según la entonces PGR, fueron incinerados los 43 normalistas de Ayotzinapa después que fueron desaparecidos en Iguala la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014.

Esto, luego que ayer el GIEI reveló en su tercer informe sobre los estudiantes grabaciones en video donde se aprecia a elementos de la Marina alterando el lugar donde después se hallaron restos de los jóvenes.

El presidente explicó que el GIEI le mostró la nueva evidencia a la par que se pidió que fueran indagados los jefes de la Marina y a un almirante, de los cuales no se dieron mayores detalles.

“Yo ya vi esos videos y los que participaron alterando pruebas ya declararon a la FGR, sobre todo un almirante de la Marina, que fue el que estuvo a cargo”, dijo López Obrador.

El presidente se negó a dar más detalles, según él, porque la investigación continua en curso.

El día de ayer el GIEI presentó su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa, y señaló que un mes después de la desaparición de los estudiantes, el 26 y 27 de septiembre de 2014, los elementos de la Marina, acudieron en dos vehículos oficiales al basurero de Cocula, lugar donde según la entonces PGR fueron asesinados e incinerados los normalistas, y manipularon bultos blancos, de los que se desconoce su contenido, y encendieron una hoguera.

El informe presentado este lunes por integrantes del GIEI en donde estuvieron presentes los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, se informó que antes de los sucesos del 26 de septiembre del 2014 el Ejército México infiltró a dos de sus elementos en la escuela normal como infiltrados para que recabaran información se supone que de las actividades que los estudiantes realizaban.

Uno de los infiltrados era un normalistas de primer año que desapareció junto con los otros 42 estudiantes la noche del 26.

A las once de la mañana los padres darán una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

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GIEI: participa la Marina en la manipulación de la investigación de Ayotzinapa

“Significa simulación en el momento de los hechos de ocurrencia de la desaparición de los 43, en el momento de la iniciación de la investigación por todas las autoridades en octubre del 2014, y en el momento en que se inicia la investigación de la PGR”

Texto: Beatriz García

Fotografía: Tlachinollan

28 de marzo del 2022

Chilpancingo

Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelaron un nuevo video que evidencia que efectivos de la Secretaría de Marina participaron en la manipulación de pruebas en el basurero de Cocula, que sustentó “la verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Este lunes los integrantes del GIEI dieron a conocer su tercer informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa, como parte de la recomendación: MC/409/14 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El GIEI es un mecanismo de la CIDH con autonomía e independencia de gestión para coadyuvar en los hechos bajo los más altos estándares internacionales de derechos humanos.

La integrante de este organismo internacional, Claudia Paz y Paz expuso que hay información falsa que se ha ocultado al GIEI; por ejemplo, que el Ejército controlaba el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), que hubo investigaciones paralelas también por autoridades militares a las que todavía no han tenido acceso, como la de que algunos integrantes del 27 Batallón con sede en Iguala acudieron barandilla de la policía municipal confirmándose que de ese lugar fueron sustraídos los estudiantes.

En su intervención, Ángela Buitrago, otra de las expertas del GIEI, expuso que, en este tercer informe en el capítulo de simulación, tiene tres momentos dentro de este recorrido histórico.

También, que las autoridades omitieron y cambiaron información para ocultar lo que sabían, para simular que no conocían el paradero de los estudiantes, que no conocían de la detención y desaparición y que desconocían sobre la violencia en Guerrero, principalmente en Iguala.

Sobre las actividades de investigación que inician en octubre 2014, dijo, el primer ejemplo de simulación, es la decisión de captura de personas como posibles responsables y a partir de esas detenciones se elabora una versión de los hechos, donde la verdad se perdió, pero que se está en tiempo para recuperarla. El derecho de la no repetición se negó y la reparación será compleja.

En este segundo momento que menciona la experta, hay aspectos que se tienen que recordar en la investigación, la que inició a partir del 27 de septiembre, de manera tardía, en la zona local de Guerrero y después atraída por la entonces Procuraduría General de la República.

Afirmó que parte de esas simulaciones fueron las construcciones de llamadas ficticias creadas por funcionarios.

Informó que también se encontró que hay simulaciones en las fechas de captura de los detenidos, en los lugares y en las formas en que estas se llevaron a cabo.

En el tercer momento que señalaron los expertos, Ángela Buitrago comentó que las tarjetas informativas de las policías de todos los niveles y las bitácoras eran falsas, incluso se cambiaron las placas de las patrullas que participaron en los hechos.

“Actas de la diligencia de la PGR que son completamente falsas que por esta razón se iniciaron las judicializaciones contra los Agentes del Ministerio Público y las personas que firmaron esas actas”, destacó la experta durante el informe en donde estuvieron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El mayor caso de simulación de la investigación ocurre a partir de octubre y noviembre del 2015 que derivó en actos de tortura, contra los presuntos responsables, las reconstrucciones de los hechos y obtención de información que perjudicó ampliamente la investigación, añadió.

Mencionó que otro acto de simulación fue el basurero de Cocula que se estableció como el destino final de los 43 normalistas de Ayotzinapa muriendo incinerados.

La experta señaló que existen documentos oficiales que antes del 26 de octubre del 2014-un mes después de la desaparición de los 43- el Ejército visitó el basurero de Cocula y no encontró nada, pero posterior al 27 de octubre este lugar se transformó y se reporta el hallazgo de restos.

Dijo que en esa diligencia cerca de 40 personas recorrieron el basurero desde las 6:30 de la mañana a las 11 de la mañana.

Sin embargo, dicha información que se recobró ahora y que se desconoció por casi siete años, no fue entregada a los elementos de peritos del Equipo de Antropología Forense (EAF) cuando entran a hacer la verificación del basurero de Cocula.

Otra de las irregularidades de estas indagaciones es de que en el acta ministerial del río San Juan, en donde halló un fragmento del estudiante Alexander Mora, es falsa porque la Agente del Ministerio Público Federal (AMPF) que la firma no estuvo en el lugar ni tampoco presenció hechos que llevo a la judicialización.

Durante la presentación del informe, Ángela Buitrago expuso varios videos tomados por un drone de La Marina el 27 de octubre del 2014 sobre el basurero de Cocula y el Río San Juan.

El 12 de noviembre del 2021, el GIEI, tuvo acceso a los archivos de la Marina, como lo solicitaron en reiteradas ocasiones, con esto los expertos obtuvieron documentos confidenciales, archivados como secretos, que hacen referencia a algunas actuaciones de la Marina, especialmente los días 26 y 27 de octubre del 2014, en el basurero de Cocula y en el río San Juan.

“El GIEI encontró y analizó especialmente un video del día 27 de octubre del 2014 en el que se recogen actividades realizadas por la Marina hasta ahora desconocidas, y que no constan en ninguna parte del expediente de investigación de la PGR”, dice el informe del GIEI.

Los peritos concluyeron que un grupo de alrededor de 12 personas, presumiblemente elementos de la Secretaría de Marina, participaron al menos de 6:39 de la mañana hasta la llegada de la comitiva del entonces procurador Jesús Murillo Karam, en una acción de la que no existe registro alguno, información previa ni constancia de su realización en la averiguación e investigación del basurero de Cocula.

Los elementos de la Marina manipularon tres “bultos” que sacan de dos camionetas, en la parte alta del basurero. Posteriormente un grupo de elementos de la Marina descienden al fondo de la hondonada del basurero, mientras encienden fuego, en el inicio de la pendiente.

Poco después esos bultos desaparecieron. Mientras tanto un grupo de marinos deambula por la zona baja de la hondonada del basurero, en la zona donde se señaló posteriormente que se habría dado la hoguera y quema de los estudiantes, según la versión oficial, indica el informe presentado este lunes por los expertos del GIEI.

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Policía Tecampanera retiene a normalistas de Ayotzinapa

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que los estudiantes normalistas fueron liberados sin presentar alguna lesión física

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

4 de marzo del 2022

Chilpancingo

Durante más de una hora, integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera retuvieron a 10 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, a la salida del municipio de Teloloapan, en la zona Norte del estado.

La Policía Tecampanera los retuvo mientras viajaban en un camión de línea Costa Line, de número 2500, a la altura de la colonia Mexicapa.

Los elementos mantenían un retén sobre la carretera Iguala- Ciudad Altamirano, a la altura de esa colonia. Policías civiles armados bajaron a los estudiantes y los interrogaron por más de una hora.

A pesar de que los normalistas les informaron a los policías civiles que iban a dejar una motocicleta de un compañero que se trasladaría a una comunidad en el municipio de Ixcapuzalco, contiguo a Telololoapan, lugar donde imparte clases.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que los estudiantes normalistas fueron liberados sin presentar alguna lesión física. «Me informaron integrantes del comité directivo estudiantil de la Normal de Ayotzinapa que están a salvo».

Teloloapan es un municipio vecino a Iguala, donde el 26 de septiembre del 2014 fueron desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa, un caso que sigue en la impunidad y sin saber el paradero de los estudiantes. En ese entonces las autoridades responsabilizaron al grupo criminal Guerreros Unidos de la desaparición forzada y sigue teniendo presencia en la zona.

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Caso Ayotzinapa: las movilizaciones no se detendrán, advierten estudiantes

Reprocharon al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, que con sus discursos criminalizan a los estudiantes de Ayotzinapa

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Itzel Urieta

26 de febrero del 2022

Chilpancingo

Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa advirtieron que no detendrán sus movilizaciones, a pesar de las advertencias del gobierno estatal y federal de impedir la toma de casetas de peaje.

La dirigencia estudiantil de la Normal mencionó que continuarán con movilizaciones, marchas y boteos para exigir la presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014.

Fue durante un mitin en al antimonumento a los 43 estudiantes desaparecidos, conmemorando un mes más de sus compañeros desaparecidos, que los normalistas fijaron esta postura.

Reprocharon al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, que con sus discursos criminalizan a los estudiantes de Ayotzinapa.

«Queremos decirles a todos que en Ayotizinapa no se forman vandalos, se forman maestros con conciencia social», mencionaron.

Esto después de las declaraciones del presidente donde dijo que tiene información sobre infiltrados en la normal de Ayotzinapa.

Desmintieron los datos que Caminos y Puentes Federales (Capufe) dio a conocer el pasado lunes, donde indicó que se pierden 745 millones de pesos por la toma de casetas.

Sin especificar cuánto dinero recolectan en realidad por toma de casetas, los estudiantes dijeron que lo juntado no se acerca en nada a los datos proporcionados por Capufe.

«Eso que dio a conocer el gobierno de cuanto recolectamos es mentira, lo que en verdad nos queda apenas nos alcanza para pagar transporte y alimentos a los padres de los 43, y cuando sobra lo ocupamos para algún gasto de los talleres que hay dentro de la Normal», dijo uno de los dirigentes estudiantiles.

Los estudiantes mencionaron no tener en sus planes próximos tomar casetas, dijeron que lo consultaran con la base estudiantil y a partir de ahí tomar decisiones.

En el mitin los estudiantes estuvieron acompañados del Colectivo de Desaparecidas Lupida Rodríguez Narciso, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el sindicato del DIF, la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, y el Colectivo los Olvidados.

Ayotzinapa: una historia de represión, desapariciones y asesinatos

Un repaso por las agresiones contra los normalistas de Ayotzinapa a partir de 2011 confirma que no son hechos circunstanciales, sino parte de una ofensiva sistemática

Texto: Kau Sirenio / Pie de Página

Fotografía: Óscar Guerrero

10 de febrero de 2022

Ahora, como en el sexenio anterior, se les acusa a los normalistas de estar infiltrados por grupos del crimen organizado, sin mostrar una prueba mínima de lo que se quiere inculpar. Lo único cierto hasta ahora es que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) infiltró en la Normal de Ayotzinapa a elementos del Ejército mexicano para que espiaran las actividades de los normalistas.

Lo cierto es que en 10 años que las fuerzas del Estado mexicano asesinaron a los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, en la Autopista del Sol, la justicia sigue ausente. La herida abierta desde el 12 de diciembre de 2011, lejos de cerrar, se ha abierto más al mantenerse e intensificarse la campaña de represión en contra de los estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

Un repaso por las agresiones contra los normalistas a partir de aquella fecha confirma que no son hechos circunstanciales, sino parte de una ofensiva sistemática. Han sido asesinados nueve alumnos, 43 desaparecidos, 11 heridos en distintos ataques, 14 torturados, 50 detenidos en dos agresiones, y más de 10 embestidas directas por parte de la Policía Federal, la Marina Armada de México y del Ejército mexicano y el crimen organizado.

Con los asesinatos de Alexis y Gabriel, la ofensiva gubernamental continuó; 24 días después de esta represión, políticos, empresarios, empleados y funcionarios del gobierno del estado salieron a la calle a una marcha para brindar su apoyo al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero. En esa protesta, los manifestantes demandaron el cierre de la Normal de Ayotzinapa, porque según ellos era “centro de concentración de terroristas”.

Meses después, el 10 de noviembre de 2012, cuando se preparaba la movilización por el quinto aniversario del desalojo de normalistas del congreso del estado por parte de la policía estatal, la Policía Federal les disparó, detuvo y torturó a cinco normalistas. Ezequiel Sánchez Alvarado, Rodolfo Vargas Ortiz, Antonio Morales Villanueva, Marcos López Cruz y Roberto Estrada Medina difundían las problemáticas estudiantiles en la carretera Chilpancingo-Iguala, conocida como Casa Verde.

Durante la movilización en contra de la reforma educativa, el 23 de abril de 2013, fueron puestos en libertad los policías ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas, únicos señalados de la ejecución extrajudicial de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús en 2011.

A raíz de su activismo en contra de la reforma educativa, el 7 de mayo por la tarde, sin justificación aparente, policías estatales detuvieron a 25 normalistas cuando boteaban en el crucero Casa Verde.

La ofensiva contra de los normalistas de Ayotzinapa vino a unos días de que los estudiantes salieron a protestar por la liberación de los ministeriales, para justificar la represión en contra de los movimientos sociales por su apoyo a la Policía Comunitaria y a los maestros durante la movilización en contra de la reforma educativa.

Un día después de la detención de los estudiantes, el miércoles 8 de mayo, Aguirre Rivero acusó a los normalistas de robar combustible a los automovilistas que transitaban por la carretera Chilpancingo-Iguala.

En una entrevista con la conductora de Televisa Adela Micha, el 9 de mayo, el entonces gobernador guerrerense acusó a los estudiantes de tener nexos con la guerrilla y recibir adoctrinamiento de grupos de tendencia radical, para generar rencor social. Además, señaló que la Normal de Ayotzinapa financió al movimiento magisterial, y que por eso se les suspendió el pago a los proveedores que surtían al comedor estudiantil y les negó la entrega de recursos para difusión de la convocatoria para nuevo ingreso.

Freddy Vázquez y Eugenio Tamarit Huerta fueron atropellados cerca de Atoyac el 7 de enero de 2014; realizaban actividades políticas y colecta de dinero para sus prácticas y observación.

Ese mismo año, pero el 26 de septiembre, fueron asesinados en Iguala, Guerrero, César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, por la policía municipal de ese municipio, además de la desaparición forzada de 43 de normalistas.

A pesar del reclamo de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, que seguía por las principales ciudades del mundo, la agresión en contra de los estudiantes de Ayotzinapa no cesaba, en un presunto asalto a una urvan de la ruta Tixtla-Chilpancingo, hombres armados mataron a los normalistas Jonathan Morales y Filemón Tacuba Castro, el 4 de octubre de 2016.

Las agresiones sistemáticas en contra de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos continúan y no hay para cuando. Porque la lógica de los gobernantes de Guerrero es someter a los estudiantes de esta escuela con base en operativos policiaco-militares, que violan los derechos humanos de los estudiantes.

Podemos no estar de acuerdo con las distintas formas de lucha de los normalistas, pero no podemos bajar la vista ante los abusos de poder político y económico de los gobernantes en turno en Guerrero. Desde la época de la Guerra Sucia para contener el movimiento armado de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, no ha habido un solo gobernador que no haya reprimido a los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa.

Hasta ahora se ha condenado a los jóvenes por su peculiar forma de protesta, pero nadie ha cuestionado los proyectos extractivos transnacionales que han desplazado a miles de familias de la Sierra y Montaña de Guerrero. Nadie ha alzado la voz en contra de la violencia que se instaló en Guerrero desde hace 16 años.

Foto: Óscar Guerrero

Evelyn Salgado y su doble discurso en torno a Ayotzinapa

La mandataria seguró que es el gobierno federal a través de la Guardia Nacional la que lleva el operativo en las casetas, mientras la CNDH pidió a los gobiernos federal y estatal diálogo con los normalistas de Ayotzinapa y que no los criminalicen

Texto: Jesús Guerrero
Fotografía:

9 de febrero del 2022

Chilpancingo

Después de cinco días de no hacer apariciones públicas, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se pronunció a favor de iniciar un diálogo con los normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes el pasado viernes se enfrentaron a la Guardia Nacional y Policía Estatal en la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol.

«Si por supuesto, nosotros ya estamos trazando la ruta». De hecho, un día antes de los hechos (del enfrentamiento), hice un llamado público a los padres de los 43 a quienes les dije que con muchísimo gusto nos íbamos a reunir y vamos a trabajar juntos de la mano”, dijo la mandataria estatal durante una reunión que sostuvo con integrantes de la organización civil Grupo Aca.

Desde el pasado 3 de febrero, la gobernadora morenista Evelyn Salgado no había estado en actos públicos.

«Es una causa justa, es la búsqueda de sus hijos, son 43 jóvenes (de Ayotzinapa) que faltan, con mucho gusto vamos a coadyuvar con lo que sea necesario con los padres de los 43”, señaló la gobernadora.

Sin embargo, la narrativa de la gobernadora en torno a Ayotzinapa y su interloción con el movimiento, no han sido siempre de diálogo. El pasado viernes en Petaquillas, una comunidad de Chilpancingo, en donde Salgado Pineda estuvo con el delegado estatal de la Secretaría del Bienestar, Iván Hernández Díaz, dijo estar de acuerdo en que la Guardia Nacional y Policía Estatal hayan iniciado el operativo Caseta Segura para evitar «el vandalismo y cobrar dinero».

Además, agregó: «Se va aplicar la ley, porque la ley es pareja para todos», un día antes de que los normalistas de Ayotzinapa se enfrentaran con la Guardia Nacional y Policía Estatal a quienes les echaron encima un tráiler.

«Nunca ha sido ni será un gobierno represor». Es un gobierno de puertas abiertas, de diálogo, de conciliación, con maestros, médicos, con toda la sociedad», expresó la gobernadora ante los empresarios, académicos, comerciantes, profesionistas y activistas que integran el Grupo Aca.

Después en entrevista, aseguró que es el gobierno federal a través de la Guardia Nacional la que lleva el operativo en las casetas.

No obstante, en las cuatro casetas también participan policías estatales y en el enfrentamiento con los normalistas, fueron ellos los que iban al frente del choque.

Salgado Pineda dijo que el cierre de la normal de Ayotzinapa no es la solución del problema.

Este martes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a los gobiernos federal y estatal diálogo con los normalistas de Ayotzinapa y que no criminalicen a los jóvenes.

De estos hechos, la Fiscalía General de Guerrero integró una carpeta de investigación contra los normalistas de Ayotzinapa por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones.

Hasta el momento, la FGE, no ha solicitado a un juez libre alguna orden de aprehensión contra los presuntos responsables de estos hechos en base a las investigaciones que ha realizado.

López Obrador atribuye hechos de la Autopista del Sol a “infiltrados” en Ayotzinapa

A 89 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pendiente del gobierno federal, AMLO hizo un llamado a los estudiantes a no dejarse llevar por los grupos del crimen organizado que hay la región

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

7 de febrero del 2022

Chilpancingo

En su opinión con respecto a la confrontación del pasado viernes en la Autopista del Sol, entre fuerzas de seguridad y estudiantes de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no descarta que haya infiltrados en la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

«Tenemos información de que hay que gente dedicada a actividades ilícitas que son infiltrados en las movilizaciones de Ayotzinapa», dijo el mandatario al referirse a la zona donde está ubicada la escuela normal que es en Tixtla en donde desde hace casi una década un grupo delictivo mantiene el control de esa demarcación que ha sido gobernada por distintos gobiernos emanados del PRI, PRD y actualmente Morena.

En este momento, el que gobierna este municipio es el morenista Moisés González Cabañas, un egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa.

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de grave las acciones de los normalistas del pasado viernes, cuando se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, donde incluso lanzaron un tráiler a las fuerzas policiacas sin que hubiera lesionados.

Los informes oficiales del gobierno señalan que hubo 22 lesionados, 14 de la Guardia Nacional y ocho policías estatales, en tanto que el comité estudiantil de Ayotzinapa dijo que 20 jóvenes resultaron heridos.

La versión de los normalistas es de que no iban a tomar la caseta y que solamente tenían planeado realizar un mitin y que si hubo un enfrentamiento fue porque las fuerzas de seguridad iniciaron con la agresión.

López Obrador hizo un llamado a los estudiantes a no dejarse llevar por los grupos del crimen organizado que hay la región.

El presidente calificó las tomas de casetas como una situación insostenible. Explicó que por eso el Senado de la República aprobó una ley que tipifica como delito grave ese tipo de acciones y que dicha legislación entró el vigor el pasado 28 de enero después de que se publicó en el Periódico Oficial de la Federación.

Dijo que si a los estudiantes les hace falta recurso para estudiar que se inscriban a las becas (Benito Juárez) que otorga el gobierno federal.

Hizo un llamado a los normalistas a deponer su actitud, les pidió que no le hagan el juego a la derecha e incluso pidió la ayuda de los padres de los jóvenes para calmarlos.

Informó que realizan las investigaciones para determinar a los responsables de los hechos ocurridos el pasado viernes en la Autopista del Sol.

Obrador aseguró que ya dio instrucciones el gobierno de Guerrero para que dialoguen con los normalistas de Ayotzinapa.

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Fiscalía General del Estado inicia investigación contra los normalistas por los hechos del pasado 4 de febrero por los delitos de homicidio y lesiones

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

7 de febrero del 2022

Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado (FGE) integró una carpeta de investigación contra los normalistas de Ayotzinapa en tanto que la activista y funcionaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Micaela Cabañas Ayala, se pronunció porque la Guardia Nacional y Policía Estatal se dediquen a combatir la inseguridad en lugar de repeler protestas de estudiantes.

Las investigaciones que se iniciaron en la Fiscalía son por los delitos de homicidio y lesiones, de acuerdo con fuentes de la dependencia. Esa es la línea de investigación que sigue el organismo contra los normalistas quienes el pasado viernes cuatro se enfrentaron con agentes de la Guardia Nacional y Policía Estatal al frustrar su intento de tomar la caseta de Palo Blanco en la Autopista del Sol.

Lo anterior es derivado de una denuncia que presentó el departamento jurídico de la empresa Soriana y el conductor de tráiler que fue utilizado por los normalistas para después aventarlo contra las fuerzas de seguridad federal y estatal.

Durante el enfrentamiento con los de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, los normalistas bajaron por la fuerza al conductor del tráiler de la empresa Soriana, según testigos de los hechos de ese día.

Después un estudiante se subió a la cabina de la unidad, lo puso en punto de velocidad neutral y sin frenos el tráiler se fue veloz sobre el carril norte sur de la autopista y se estrelló en el módulo de información turística sin que resultaran personas heridas.

Los hechos dejaron, de acuerdo con las autoridades, 22 heridos, 14 de la Guardia Nacional y ocho policías estatales.

Por el lado de los normalistas, hubo 20 lesionados y sólo uno de ellos fue de gravedad que hasta este sábado estaba internado en un hospital de Tixtla, dijo un líder estudiantil.

El presidente de la delegación en Guerrero del Frente Nacional de Abogados Democráticos (FNAD), Carlos Marx Barbosa Guzmán, consideró que aparte de tentativa de homicidio y lesiones que la Fiscalía les integró a los normalistas también pudieron haber incurrido en los delitos de robo agravado y daños en propiedad ajena.

«Robo porque en forma premeditada se apropiaron de la unidad obligando por la fuerza al conductor (del tráiler) que se los entregara», sostuvo.

En cuanto a los daños en propiedad privada es porque el tráiler que los normalistas presuntamente lanzaron contra los de la Guardia Nacional se fue a estrellar a un inmueble (módulo de información turística) que le causó daños materiales, mencionó el abogado.

Agregó que la tentativa de homicidio que ya estableció la Fiscalía en la carpeta de investigación contra los estudiantes es porque los jóvenes pretendían dañar a las fuerzas de seguridad lanzándole un vehículo en este caso un tráiler.

El abogado aclaró que él no está en contra del movimiento de los normalistas de Ayotzinapa, porque a su consideración están exigiendo algo justo y el Estado no les cumple.

«Pero al llevar a cabo este tipo de acciones como las de este viernes los estudiantes están cometiendo una serie de delitos», expresó.

Barbosa Guzmán afirmó que las protestas que desde hace más de siete años están realizando los normalistas y los padres de los 43 desaparecidos en Iguala es una corresponsabilidad del Estado.

«Si el gobierno ya hubiera dado con la verdad y deteniendo a los responsables seguramente esta clase de actos de los normalistas no las estuvieran haciendo», dijo.

Puso como ejemplo los casos del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero o el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, quienes gozan de impunidad. «Los dos (Aguirre y Zerón de Lucio) deberían de estar en la cárcel», mencionó.

«Vemos que por ahí anda bien campante un personaje en Guerrero repartiendo candidaturas sin que sea molestado por las autoridades por los hechos de Iguala», afirmó el abogado en referencia a Aguirre Rivero quien tiene el control político del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y fue uno de los que impulsó la candidatura del priista Mario Moreno Arcos a la gubernatura en las elecciones constitucionales del pasado 7 de junio y que perdió ante la morenista Evelyn Salgado Pineda, actual gobernadora.

«Fue una provocación», dice Micaela Cabañas

Sobre estos hechos, Micaela Cabañas Ayala, quien es hija del extinto guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, dijo que es condenable que las fuerzas de seguridad (Guardia Nacional y Policía Estatal) se dediquen a reprimir los movimientos sociales en vez de dedicarse a enfrentar la delincuencia.

«Hay suficientes fuerzas de seguridad en México y en Guerrero que podrían acabar con la inseguridad y no reprimir al pueblo», dijo en entrevista Cabañas Ayala, quien es directora de la Oficina de la CNDH en Guerrero.

Cabañas Ayala mencionó que su opinión personal, y no como funcionaria de la CNDH, de lo que ocurrió el pasado viernes en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, fue una provocación de los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal en contra de los normalistas.

Durante el enfrentamiento del pasado viernes 4, la Policía Estatal detuvo y golpeó a cinco normalistas y después los entregó a los observadores de la CNDH.

A los cinco estudiantes que fueron liberados se les llevaron a un hospital en Tixtla para que les atendieran sus heridas; hasta este sábado en la tarde sólo uno de ellos permanecía internado.

Micaela Cabañas Ayala informó que en los próximos días la CNDH, a través de su presidenta, Rosario Ibarra, dará un posicionamiento oficial sobre los hechos del pasado viernes 4 de febrero.

Marchan normalistas de Ayotzinapa en Chilpancingo: «Nosotros sólo respondimos con lo que teníamos»

Durante la protesta, Micaela Cabañas, hija del guerrillero Lucio Cabañas, consideró como provocación la respuesta de las fuerzas policiacas federales y estatales y que derivó en el enfrentamiento con los normalistas. «Esas fuerzas de seguridad deberían de estar apoyando al pueblo, no atacándolo»

Texto: José Miguel Sánchez y Amapola Periodismo
Fotografía: Óscar Guerrero
05 de febrero de 2022
Chilpancingo

Unos 300 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa marcharon por las principales avenidas de la ciudad, para exigir a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un alto a las agresiones que sufren por parte de la Guardia Nacional y Policía Estatal.

Los estudiantes dijeron que mantendrán la toma de las casetas para seguir financiando su lucha por la presentación con vida de sus 43 compañeros desparecidos la madrugada del 26 de septiembre en Iguala y se haga justicia por 10 estudiantes asesinados en la historia de la escuela rural.

La marcha se realizó un día después del enfrentamiento que hubo entre elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal en la Autopista del Sol, a la altura de la caseta de Palo Blanco, donde denunciaron que 20 de sus compañeros resultaron lesionados y tres de ellos permanecen hospitalizados, uno de ellos grave por golpe en la cabeza.

La Secretaría General de Gobierno informó que el enfrentamiento dejó un saldo de 22 lesionados, 14 de la Guardia Nacional y ocho de la policía estatal, además de daños materiales por el tráiler que fue lanzado por los normalistas contra las fuerzas policiacas y que chocó contra un módulo de información turística.

La marcha inició en la Alameda Granados Maldonado. A las once de la mañana los estudiantes llegaron en siete autobuses procedentes de la Normal Rural, ubicada en Tixtla.

Recorrieron las principales avenidas de la ciudad hasta llegar al monumento a las banderas donde está el anitmonumento con el número 43, dedicado a sus compañero desaparecidos desde hace más de siete años. Allí realizaron un mitin acompañados de distintas organizaciones sociales.

Los estudiantes exigieron a Salgado Pineda detenga las intimidaciones y las agresiones que realizan las corporaciones de seguridad, recordaron que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron en Acapulco a cinco estudiantes al culparlos de poseer un vehículo robado, y los hechos del pasado viernes cuando un contingente de Guardia Nacional y Policía Estatal impidió a las madres y padres de los 43 desparecidos de Ayotzinapa realizar una activad de volanteo en la caseta de Palo Blanco.

Uno de los dirigentes de la Normal de Ayotzinapa, aseguró que los hechos de este viernes se originaron porque los agentes de seguridad fueron los que iniciaron la agresión. «Nosotros sólo respondimos con lo que teníamos», mencionó.

Los normalistas responsabilizaron a Salgado Pineda de lo ocurrido este viernes porque un día antes advirtió que aplicaría la ley a los que tomaran las casetas.

«Nosotros no somos vándalos como lo dijo Evelyn, y si protestamos es porque queremos que el gobierno nos cumpla entregándonos a nuestros 43 compañeros desaparecidos en Iguala».
La marcha fue pacífica y concluyó sin daños materiales, al término del mitin los estudiantes subieron a los autobuses en los que llegaron y se retiraron.

Condena Micaela Cabañas los hechos de la caseta

Micaela Cabañas Ayala, directora de Área de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró como provocación la respuesta a una protesta, por parte de las fuerzas policiacas federales y estatales y que derivó en el enfrentamiento con los normalistas.

Cabañas Ayala, hija del extinto guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, estuvo en calidad de observadora en la protesta que los normalistas realizaron este sábado en Chilpancingo.

Consideró que hubo órdenes de arriba para que las fuerzas de seguridad actuaran de esa manera contra los estudiantes.

«Nos vimos agredidos las organizaciones sociales y estamos en un descontento contra el gobierno estatal», opinó.
«No entiendo porque no aplican toda esa fuerza policiaca que tiene el Estado para combatir la inseguridad», exigió.
En Guerrero y el país hay suficientes fuerzas armadas para acabar con la inseguridad pero no están haciendo su trabajo como debería de ser.

«Esas fuerzas de seguridad deberían de estar apoyando al pueblo, no atacándolo», añadió.
Cabañas Ayala adelantó que será la presidenta de la CNDH, Rosario Ibarra la que emita un posicionamiento oficial sobre los hechos de este viernes en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol.

Condenan activistas y padres de los 43 respuesta policiaca contra protesta de normalisas de Ayotzinapa

Eloy Cisneros opina que se inhibe la lucha social ante el cerco policiaco de la caseta de Palo Blanco, mientras que Tlachinollan y padres de los 43 lamentaron que el Estado en lugar de darles respuestas reprima al movimiento

Texto: Jesús Guerrero y José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero y Amílcar Juárez

05 de febrero del 2022

Chilpancingo

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa condenaron el cerco policiaco impuesto por la Guardia Nacional y la policía del estado sobre la Autopista del Sol, que dejó un saldo de varios estudiantes y policías heridos.

Mediante un comunicado, respaldado también por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informaron que el objeto de manifestarse fue para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes y denunciar la falta de avances en las investigaciones; sin embargo, en respuesta, más de 800 policías los encapsularon coartando su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Los padres de familian narraron que ayer, durante la confrontación con los elementos de seguridad, “los estudiantes optaron por retirarse a su escuela, pero un mando de la Policía Estatal de manera innecesaria ordenó impedir el avance de los últimos autobuses, razón por cual los jóvenes intentaron abrir paso para que los vehículos avanzaran, pero fueron rechazados violentamente con gases lacrimógenas que lanzó la Policía Estatal”.

En el caso de la Normal Rural de Ayotzinapa, hay cinco estudiantes que fueron detenidos y luego liberados, y dos más heridos que recibieron atención médica en un hospital de Tixtla.

En la opinión del movimiento, era totalmente innecesario emprender acciones de encapsulamiento y choque contra los estudiantes dado que estos ya se retiraban a su escuela evitando entrar en confrontación con las fuerzas policiales, pero en una acción injustificada e innecesaria.

“La Policía del Estado inició acciones de hostilidad y represión contra los jóvenes lo que implica un uso desproporcionado de la fuerza que viola los estándares internacionales de derechos humanos”, ponderaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Respaldados por Tlachinollan, que también exigió al gobierno de Salgado Pineda alto a la represión, las madres y padres consideraron que: «se privilegia el uso de la fuerza del estado contra los que se movilizan por verdad y justicia, pero se deja que los grupos de la delincuencia organizada ejerzan un autogobierno e impongan sus reglas en varios territorios del estado de Guerrero, donde nada hace para contener el saldo de violencia y muerte que dejan a su paso”.

Condena luchador social acciones policiacas contra Ayotzinapa

El luchador social Eloy Cisneros Guillén se pronunció contra las acciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de permitir que la Guardia Nacional y la Policía Estatal impidan que madres y padres de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa se manifiesten en las casetas de cobro de la Autopista del Sol.

“Yo difiero de las acciones que realiza la Policía Estatal y el ejército disfrazado de Guardia Nacional en las casetas de cobro, ya que inhiben la lucha social, que lo único que quieren es saber de sus familiares”, comentó después de presentar su libro “Rimas y calaveritas”, en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Estas declaraciones las da después que Salgado Pineda dijo en un acto público que los cercos policiacos instalados en las casetas son para impedir actos de vandalismo.

Cisneros Guillen presentó su libro de poesía titulado Rimas y Calaveritas donde narra la persecución que sufrió de parte del Estado mexicano en la década de los setenta.

En el evento estuvo presente la secretaria de la cultura, Aida Martínez Rebolledo, quien dijo ir en representación de Salgado Pineda e hizo referencia al contenido del libro, dijo que las historias de persecución que se narran ya no se repetirán, “Quiero decirles que este no es un gobierno represor, ahora ponderamos la justicia social”, mencionó.

Mientras Martínez Rebolledo dirigió sus palabras al público que asistió a la presentación del libro, en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol normalistas de Ayotzinapa se confrontaron con elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional.

Cisneros Guillen defendió a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y dijo que la lucha que ellos emprenden todos los días por saber de sus familiares es una lucha justa y sentida por miles de personas.

Dijo comprender el sentimiento de tener un amigo y familiar desaparecido, ya que él vivió en carne propia la desaparición.

“En mi caso estuve desaparecido nueve días los cuales fueron una tortura generalizada para mi familia, ¿Qué será de los padres de los 43 que tienen más de siete años sin saber de sus hijos?, ellos viven una tortura psicológica”.

Hizo un llamado a las autoridades estatales a no usar las fuerzas policiacas ni militares para reprimir la lucha social y recomendó usar siempre el diálogo antes de usar la fuerza pública.

“La gente no hace plantones, bloquea calles, ni toma casetas por gusto, lo hacen porque tienen un problema, yo propondría abrir espacios para que la gente se exprese”, dijo.

El luchador social, Eloy Cisneros Guillén, durante la presentación de su libro Rimas y Calaveritas, en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez