Es la primera confrontación de esta dimensión entre el gobierno de la 4T en Guerrero y la Normal Rural de Ayotzinapa
Fotografía: Oscar Guerrero
Acivistas condenaron los hechos y que la Guardia Nacional sea empleada para estos fines.
Es la primera confrontación de esta dimensión entre el gobierno de la 4T en Guerrero y la Normal Rural de Ayotzinapa
Con este despliegue impiden que los normalistas tomen las casetas de cobro
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía:
Chilpancingo
4 de febrero de 2022
Más de 500 elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal tienen cerrada la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol para impedir que los normalistas de Ayotzinapa que exigen la aparición con vida de sus 43 compañeros desaparecidos realicen una actividad de reparto de propaganda a los automovilistas.
Los agentes de seguridad tienen cercados en dos frentes a los normalistas, lo que ha provocado que la situación este tensa.
«Nosotros solo íbamos a realizar un mitin de manera pacífica», dijo uno de los normalistas en el acto de protesta.
La movilización de los normalistas de Ayotzinapa se da a un día de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo estar de acuerdo que las casetas estén resguardadas por fuerzas federales y estatales para impedir que sean tomadas por «vándalos» que cobran dinero a los automovilistas.
La presencia de la Guardia Nacional y los policías estatales y normalistas ha provocado que la vía de cuota este cerrada desde hace más de una hora.
En un contexto de violencia exacerbada, los policías armados con pistolas de alto calibre cuidan las oficinas ubicadas cerca del primer cuadro de la capital. Los elementos llegaron en dos patrullas y sin equipo antimotín como lo establece el protocolo la actuación policial de fuerza antidisturbios
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Especial
2 de febrero del 2022
Chilpancingo
Diez policías estatales armados con fusiles R-15 se apostaron en la entrada de las oficinas estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para evitar que normalistas de Ayotzinapa y militantes de organizaciones sociales se introdujeran al edificio y realizaran destrozos como lo han hecho en otras ocasiones.
El contingente de más de mil personas, entre estudiantes de Ayotzinapa, padres de los 43, colectivos de familiares de desaparecidos y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) que marcharon en protesta por la violencia e inseguridad, desvió su camino.
El plan de la protesta de los manifestantes era caminar por la avenida Miguel Alemán y realizar un mitin frente a las oficinas estatales del Sol Azteca, partido del cual varios gobernantes como Ángel Aguirre Rivero han sido señalados como responsables de masacres y tragedias, como la del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, donde fueron desaparecidos 43 normalistas.
De último momento, el contingente cambió el plan y los activistas marcharon por la avenida Ignacio Ramírez y dieron la vuelta por donde están las oficinas de este partido político que ya estaba resguardado con un grupo de agentes estatales.
Los policías que llegaron en dos patrullas portaban armas de cargo de alto poder y no con equipo antimotín como lo establece el protocolo la actuación policial de fuerza antidisturbios.
Desde el 2014 después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, los estudiantes, maestros y militantes de organizaciones sociales que demandan la presentación con vida de los jóvenes han atacado las instalaciones del PRD estatal aquí en Chilpancingo.
El edificio ha sido pintarrajeado con consignas por los 43, castigo al ex gobernador Ángel Aguirre y ha sido atacado con bombas molotov y petardos. Los daños materiales han sido cuantiosos.
En septiembre del 2021 cuando se cumplieron siete años de la desaparición de los 43, la puerta de acero del inmueble fue derribada por los normalistas y luego estallaron petardos y destrozaron el mobiliario de oficina.
Este edificio que todavía en la década de los ochentas albergaba las oficinas del desaparecido Partido Comunista Mexicano (PCM) pasó como propiedad del PRD en 1990.
Desde el pasado viernes 28 de este mes, elementos de la Guardia Nacional (GN) y policías estatales custodian las casetas de Palo Blanco, La Venta y Paso Morelos de la autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco para evitar que estas sean tomadas por los normalistas de Ayotzinapa y los padres de los 43 desaparecidos y otras organizaciones sociales.
Desde hace siete años cuando inició el movimiento para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas y su presentación con vida, los estudiantes tomaban las casetas para pedir cooperación económica a los automovilistas e informarles el motivo de su protesta.
Según los dirigentes estudiantiles de la Normal, los recursos económicos que obtenían por las cooperaciones en las casetas es para financiar el movimiento de protesta.
Este miércoles, a petición del dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda ordenó que se enviara un grupo de policías armados a las oficinas de este partido para evitar que sufriera una vez más destrozos por parte de los estudiantes.
Organizaciones sociales, padres de los 43 normalistas desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa realizarán una marcha el próximo miércoles 2 de febrero en Chilpancingo por los 50 años del asesinato del guerrillero Genaro Vázquez. La movilización será también para condenar los actos de intimidación y hostigamiento
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
30 de enero del 2022
Chilpancingo
Agentes de la Guardia Nacional y la Policía Estatal mantienen un cerco en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, para impedir que padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala intenten tomarla.
La decisión de la gobernadora morenista Evelyn Salgado y el gobierno federal de mantener esa vigilancia se dio después de que este viernes los padres de los 43 y un grupo de cien normalistas de Ayotzinapa intentaron ocupar la caseta con dos propósitos:
Entregar volantes a los automovilistas para hacerles saber los motivos de su lucha y pedirles una cooperación económica de cien pesos.
Este domingo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó los actos de intimidación y censura de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal de Guerrero por los actos de intimidación contra los padres de los 43 normalistas.
Este organismo pidió a los gobiernos federal y estatal garantizar su derecho de manifestación pacífica a los padres de los 43 y normalistas de Ayotzinapa.
“Las acciones de las fuerzas de seguridad federal y estatal impidieron que las víctimas indirectas de los lamentables hechos ocurridos, el 26 de septiembre del 2014, ejercieran de manera efectiva sus derechos de reunión, asociación y expresión consagrados en leyes e instrumentos nacionales e internacionales”, señala el comunicado de la CNDH.
En tanto, organizaciones sociales, padres de los 43 normalistas desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa realizarán una marcha conmemorativa el próximo miércoles 2 de febrero en Chilpancingo, por los 50 años del asesinato del guerrillero Genaro Vázquez Rojas.
La movilización será también para condenar los actos de intimidación y hostigamiento que sufrieron los padres de los 43 por parte de la Guardia Nacional y la Policía Estatal el pasado viernes en la caseta de Palo Blanco en donde hubo la intención de desalojarlos.
En la marcha del miércoles participarán las 14 organizaciones que el pasado 11 de enero tuvieron una reunión con la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda en la residencia oficial de Casa Guerrero en donde le reclamaron su inacción para frenar la violencia y resolver las demandas sociales de las comunidades.
Según los organizadores, se prevé un contingente de cuando menos 5 mil personas que arribarán a Chilpancingo desde el miércoles en la mañana.
Desde el 2014 que iniciaron las movilizaciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la policía municipal, estatal antimotín, el Ejército y otras corporaciones han intenado o disuelto manifestaciones, en algunas ocasiones dejando a algunos padres heridos
Texto: Beatriz García
Foto: Oscar Guerrero
30 de enero del 2022
Chilpancingo
Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa lamentaron que e lugar de buscar a sus hijos, las autoridades gubernamentales los someten, expresó Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Rodríguez Telumbre.
En su opinión, deberían tener el derecho a la libre manifestción, como el resto de la ciudadanía con una exigencia de verdad y justicia; sin embargo, lamentó los últimos acontecimientos del viernes pasado cuando antimotines de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado les impidieron manifestarse en la caseta de cobro de Palo Blanco, municipio de Chilpancingo, creando un cerco que cerró totalmente los carriles de ambos sentidos de la Autopista del Sol.
Según los cálculos de los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fueron cerca de 800 efectivos que llegaron a la caseta de cobro a crear los cercos que impidieron que las madres, padres y normalistas de Ayotzinapa se manifestaran el pasado viernes.
Los padres han protagonizado cientos de protestas desde el 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando ocurrió la desaparición masiva en Iguala.
“Se está haciendo lo mismo que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con tolete en mano”
Las autoridades gubernamentales no han dado respuesta sobre el paradero de los 43 a las madres y padres, pero al mismo tiempo les llega el mensaje de que les impedirán manifestarse enviándoles policías antimotines para reprimirlos, acusó Clemente Rodríguez.
El padre recordó que el viernes los policías fueron “prepotentes y groseros” al impedirles no manifestarse, cuando sabe que es un derecho.
“Vamos a poner sobre la mesa al presidente (Andrés Manuel López) Obrador junto con el fiscal o con quienes vayan a estar en la mesa, porque no es posible que cuando estamos en alguna movilización estén haciendo lo mismo que con Enrique Peña Nieto, ya con el tolete en la mano, con policías, la Guardia Nacional”, precisó.
Estas acciones “timoratas, tenues, pusilánimes” no son las mismas contra los grupos criminales
Mientras, en la opinión de uno de los abogados del movimiento, Vidulfo Rosales Sierra del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, dijo en entrevista que no se ha habido ningún diálogo con autoridades federales y estatales, pero en los próximos días se reunirán los padres y el abogado para ver qué procede después de lo que vivieron.
Previo a lo sucedido el viernes, el abogado recibió una llamada telefónica de la fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien le advirtió que había un operativo en curso y que hablara con los normalistas que si tenían previsto manifestarse se contuvieran, pero para ese momento las madres y padres ya tenían planeada la manifestación.
Consideró que fue un atentado “sumamente grave” a la libertad de expresión, a la protesta social, de reunión, de asociación, al que tienen derecho los padres de familia, porque es un problema no resuelto, y a través de estos actos de protesta los padres informan los pocos avances de la investigación y ejercen su libertad de manifestación, así confrontar a un estado que no brindó seguridad y las garantías a sus hijos.
Insistió que estos hechos exhibieron arrogancia, prepotencia y autoritarismo del gobierno federal y el estado.
“Esta exhibición de fuerza del Estado no corresponde con las acciones timoratas, tenues, pusilánimes ante la delincuencia organizada.
Hay grupos por ejemplo en Chichihualco, Quechultenango, Tixtla, en Buenavista de la Salud, todos esos territorios no tiene control el Estado. En la vida fáctica quienes controlan es la delincuencia organizada. Y ahí no hay una acción decidida del estado donde ahí si ameritaría porque se tienen que salvaguardar”, puntualizó el defensor.
Además para el abogado, con estos hechos, se envía un mensaje funesto para el movimiento social en Guerrero, porque el movimiento de las madres y padres de los 43 es emblemático a nivel nacional, y que entonces el movimiento social va a ser acallado, limitado, restringido.
“Esa fuerza del estado que vimos tan eficaz tan rápida, un despliegue impresionante debidamente organizado, sincronizado, la federación y el estado no se ve contra los grupos delictivos que ellos sí hacen daño, generan muerte, dolor, terror, desestabilizan al estado”, insistió Rosales Sierra.
CDHG enviará un documento al gobierno del estado para agotar el diálogo, porque la manifestación de las madres y padres tienen una razón de ser
La postura desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHG), ante lo acontecido en la caseta de cobro, es ponderar el diálogo con las autoridades, las madres y padres de los 43, para evitar se vulneren sus derechos fundamentales, entre ellos el de la manifestación, expresó la presidenta del organismo estatal, Cecilia Narciso Gaytán.
La presidenta de la CDHG mencionó que sí tenían conocimiento de que la Guardia Nacional iba a resguardar las casetas de cobro de la Autopista del Sol, y que desde el organismo se verificaría que con estas estrategias se están implementando los protocolos para no generar algún conato de violencia y respetar los derechos humanos.
“Ellos me refieren que por eso nos piden intervención para que se haga la revisión, nosotros observemos que no llevan armas de fuego, nada más lleven equipo antimotín”, dijo la ombudsman.
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Óscar Guerrero
28 de enero de 2022
Chilpancingo
Agentes de la Guardia Nacional y policía militar instalaron un cerco para impedir que padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala avancen para tomar la caseta de Palo Blanco de la autopista del Sol.
Los de la GN y policías militares con sus escudos están colocados a unos 20 metros de la caseta.
Estudiantes y padres de los 43 pretendían ocupar la caseta para pedir cooperación económica a los automovilistas.
Este 26 de septiembre se cumplieron seis años cínico meses de los hechos de Iguala.
«Este es el verdadero rostro represor del presidente Andrés Manuel López Obrador», dijo un padre.
Los dirigentes de la Normal Rural de Ayotzinapa, exigieron que la Fiscalía General deje de amedrentarlos como sucedió el pasado 22 de este mes de enero cuando agentes ministeriales detuvieron a cinco de ellos porque presuntamente tenían en su poder un vehículo con reporte de robo
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Amílcar Juárez
26 de enero del 2022
Chilpancingo
Al cumplirse seis años y cinco meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, estudiantes y organizaciones sociales realizaron una protesta y exigieron a la fiscal General de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón encarcele al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero por ser uno de los principales responsables de esos hechos ocurridos en Iguala.
Los manifestantes que se concentraron en el antimonumento de los 43, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de esta ciudad, acusaron al ex mandatario estatal de su inacción para evitar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En esos hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014, hubo seis personas asesinadas a tiros, tres civiles y tres normalistas por parte de un grupo de integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala.
“La fiscalía debe de perseguir al exgobernador (Aguirre Rivero), el es el verdadero responsable y sigue libre”, dijo uno de los oradores en el mitin.
En la protesta, los dirigentes de la Normal Rural de Ayotzinapa, exigieron que la Fiscalía General deje de amedrentarlos como sucedió el pasado 22 de este mes de enero cuando agentes ministeriales detuvieron a cinco de ellos porque presuntamente tenían en su poder un vehículo con reporte de robo.
Los cinco normalistas fueron dejados en libertad después de las protestas que realizaron y la Fiscal General, Sandra Luz Valdovinos, les dijo que «había sido un malentendido».
“Le pedimos a la fiscalía deje de amedrentar estudiantes y se ponga hacer su trabajo y le pedimos a la gobernadora que, si su fiscal no puede hacer su trabajo que la cambie”, dijo uno de los líderes.
Exigió también que la Fiscalía General de la República (FGR) integre una carpeta de investigación a los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala por su responsabilidad en los hechos de Iguala como lo cita en su investigación el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En la protesta en la que participaron los normalistas y el grupo de «Los Olvidados» de Ayotzinapa no se registraron incidentes.
Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: Franyeli García / Archivo
23 de enero del 2022
Chilpancingo
Por segundo día consecutivo, normalistas de la escuela normal de Ayotzinapa tomaron la caseta de la Venta de la autopista del Sol para exigir a los automovilistas una cooperación de cien pesos para darles paso libre.
El grupo de estudiantes que llegaron a la caseta en tres autobuses estaban encapuchados repartían volantes a los automovilistas para decirles que el gobierno ha incumplido con la localización con vida de los 43 desaparecidos en Iguala, en septiembre del 2014.
Los normalistas y padres de los 43 realizarán protestas los días 26 y 27 de este mes al cumplirse seis años cinco meses de los hechos de Iguala.
Según los estudiantes la toma de casetas principalmente la de Palo Blanco y La Venta, de la autopista del Sol Cuernavac-Acapulco tiene el propósito de recaudar recursos para financiar las movilizaciones.
Los normalistas dejaron libre la caseta de la Venta alrededor de las 15 horas de este domingo.
Por lo menos dos o tres veces a la semana, los normalistas toman las casetas para exigir cooperación económica a los automovilistas.
Antes los jóvenes pedían 50 pesos, pero ahora, subieron la cuota a cien pesos.
Este sábado luego de que los normalistas dejaron libre la caseta de La Venta, agentes de la Policía Ministerial detuvieron a cinco de ellos que viajaban en una camioneta que presuntamente tenía reporte de robo.
Los agentes judiciales trasladaron a los cinco detenidos a las instalaciones de la Fiscalía General ubicadas al sur de Chilpancingo.
Cuando los estudiantes se percataron de la detención de sus cinco compañeros se trasladaron a Chilpancingo en cinco autobuses y se instalaron en plantón afuera de la Fiscalía para exigir su liberación.
Después de la protesta un grupo de líderes de la escuela fueron atendidos por la Fiscal, Sandra Luz Valdovinos quien al percatarse de la presencia de un grupo de reporteros les dijo que si los jóvenes querían que ellos estuvieran presentes en el encuentro.
Pero un dirigente estudiantil rechazó la presencia de los periodistas bajo el argumento de que tergiversan la información.
Después del diálogo, la Fiscalía General, Sandra Valdovinos, ordenó que dejaran en libertad a los cinco normalistas quienes no presentaban huellas de tortura.
Uno de los líderes de los normalistas dijo que la Fiscal les informó que la detención de sus compañeros había sido «un malentendido».
Inicialmente se había informado los cinco jóvenes fueron detenidos en posesión de una camioneta con reporte de robo.
Los normalistas dijeron que la detención de sus cinco compañeros había sido en el trayecto de la carretera federal Ayutla-Tierra Colorada y no en la caseta de La Venta que la tenían tomada exigiendo una cuota económica a los automovilistas que transitaban por esta vía.
Según el dirigente estudiantil sus cinco compañeros regresaban de haber visitado a padres de varios normalistas desaparecidos que viven en el municipio de Tecoanapa para entregarles unas despensas como lo hacen regularmente desde hace más de seis años.
La Fiscalía General nunca emitió la versión oficial de estos hechos.
De acuerdo a la fiscal Sandra Luz Valdovinos, se trató de un malentendido por parte de los agentes ministeriales que, en un primer momento detuvieron a los normalistas acusándoles de portación de vehículo robado.
Texto y foto: José Miguel Sánchez
22 de enero de 2022
Chilpancingo
La Fiscalía General Del Estado (FGE) detuvo en Acapulco a cinco estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los acusaron de posesión de un vehículo robado.
Los estudiantes fueron trasladados a Chilpancingo donde los liberaron horas más tarde tras comprobarse que fue un mal entendido por parte de los policías.
Cinco estudiantes regresaban de entregar despensas a padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en la Costa Chica, por Acapulco, cuando un retén de la Policía Ministerial les marcó el alto e identificaron el vehículo en el que se trasladaban los normalistas como robado.
Después los agentes trasladaron a los normalistas a las instalaciones de la FGE en Chilpancingo, donde estuvieron retenidos por cuatro horas. Al lugar llegaron alrededor de 100 estudiantes de Ayotzinapa a exigir la liberación de sus compañeros.
A las 2 de la tarde una comisión de estudiantes entró para reunirse con la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos, y solicitarle la liberación de los detenidos.
El resto de los estudiantes se mantuvo en la entrada principal de la depedencia esperando su liberación.
De acuerdo con la comisión negociadora, la fiscal les aclaró que fue un mal entendido con los agentes, derivado de una descordinación en la información y se comprometió a mantener una relación cordial con los normalistas.
Los estudiantes que fueron liberados a las 5 de la tarde informaron que, les realizaron examenes médicos para comprobar que no sufrieron ninguna agresión de parte de los policías ministeriales.
Después se retiraron en cinco autobuses que mantenían bloqueda la entrada de la FGE.