Desde una ciudad de Estados Unidos, Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, detalla cómo una “decisión de Estado” hizo posible cancelar en 2022 las órdenes de aprehensión contra 16 militares y armar en 24 horas la carpeta que permitió judicializar al exprocurador general Jesús Murillo Karam, el autor de la “verdad histórica”.
Texto: Jhon Gibler / Quinto Elemento Lab
Fotografía: Quinto Elemento Lab
26 de septiembre 2023
Un mes después, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, llamó al jefe de la OACNUDH en México y le ofreció un viaje en helicóptero para observar el basurero de Cocula, donde, decía, fueron encontrados dos estudiantes. Para esa tarea designaron a Gómez Trejo y a su misma compañera de la ONU.
Fueron a sus casas por una muda de ropa y luego a la Procuraduría General de la República (PGR). Subieron al helicóptero y los llevaron a un campo de fútbol de la localidad, que había sido convertido en base de operaciones de la PGR y la Secretaría de Marina (Semar).
Ahí les pidieron esperar al “jefe”, que resultó ser Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, quien ordenó llevarlos al basurero.
“Y entonces nos suben a una camioneta donde había dos hombres armados con ametralladoras. […] Íbamos todos apretados”. Ya en el lugar, “los ministerios públicos nos empiezan a explicar; al fondo veíamos como trabajaban los peritos. Nosotros nos quedamos en la parte alta”. Las explicaciones no eran claras: “No entendía absolutamente nada”, dice.
Tres meses después, el 27 de enero de 2015, Gómez Trejo estaba sentado en una fondita comiendo con dos colegas de la ONU. En la televisión transmitían la conferencia de prensa de Murillo Karam y Zerón, en la que presentaron la “verdad histórica” de lo ocurrido en Iguala, basada en videos de tres supuestas confesiones.
Las investigaciones permitían concluir, según el procurador, que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por miembros de Guerreros Unidos, que después metieron los restos de sus huesos calcinados en bolsas de plástico que arrojaron al río San Juan.
Un colega que tenía mucha experiencia documentando casos de tortura, al observar los videos de los detenidos dijo: “Mira, esa gente se ve bien madreada”.
Imagen del basurero de Cocula tomada por Omar Gómez Trejo cuando lo visitó en octubre de 2014. En ese tiempo, el gobierno de Peña Nieto quiso convertirlo en escenario del crimen de los estudiantes.
Para esa tarea designaron a Gómez Trejo y a su misma compañera de la ONU. Fueron a sus casas por una muda de ropa y luego a la Procuraduría General de la República (PGR). Subieron al helicóptero y los llevaron a un campo de fútbol de la localidad, que había sido convertido en base de operaciones de la PGR y la Secretaría de Marina (Semar).
Ya en el lugar, “los ministerios públicos nos empiezan a explicar; al fondo veíamos como trabajaban los peritos. Nosotros nos quedamos en la parte alta”. Las explicaciones no eran claras: “No entendía absolutamente nada”, dice.
Tres meses después, el 27 de enero de 2015, Gómez Trejo estaba sentado en una fondita comiendo con dos colegas de la ONU. En la televisión transmitían la conferencia de prensa de Murillo Karam y Zerón, en la que presentaron la “verdad histórica” de lo ocurrido en Iguala, basada en videos de tres supuestas confesiones.
Las investigaciones permitían concluir, según el procurador, que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por miembros de Guerreros Unidos, que después metieron los restos de sus huesos calcinados en bolsas de plástico que arrojaron al río San Juan.
Un colega que tenía mucha experiencia documentando casos de tortura, al observar los videos de los detenidos dijo: “Mira, esa gente se ve bien madreada”.
Mientras el Estado construía su supuesta verdad, llegaba a México el GIEI. Gómez Trejo conocía a dos de sus integrantes: la fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz y el abogado colombiano Alejandro Valencia.
Fue este último quien lo buscó para decirle que necesitaban contratar a alguien en México para ayudarlos, y le preguntó si le interesaba.
“Sí, claro”, respondió. Después tuvo una entrevista con otro miembro del grupo, el médico vasco Carlos Beristain, que le pidió integrarse de inmediato. Desde ese día fue el secretario técnico del GIEI.
el gobierno ya había infectado los celulares de los miembros del GIEI, de Gómez Trejo, de periodistas y de abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos con el programa israelí de espionaje Pegasus.
“Sí, me dio miedo”, me dice cuando le pregunto sobre ese tiempo. “Porque hubo gente que después me enteré que trabajaba con Tomas Zerón que se me acercaba. Y de pronto hubo un día en que llegaron a mi casa: ‘Ah, ¿qué pasó, jefe? ¿Aquí vive?’. Y ahí sí yo entendí que había que tomar distancia. Entonces tuve que salir de México para evitar, este… pues cualquier cosa. O sea, esa gente de verdad era poderosa en ese momento”.
El gobierno se negó a renovar el acuerdo con el GIEI, sacando al grupo de expertos del caso y del país en abril de 2016, días después de la presentación de su segundo informe. Gómez Trejo salió de México con el abogado chileno e integrante del GIEI Francisco Cox en un vuelo a Santiago de Chile. Llevó dos maletas. “Fue duro,” dice. “Había una culpa, ¿no? ¿Por qué tengo que irme de México? Lo hicimos bien. Fue un buen trabajo”. De Chile viajó a Guatemala, luego a Washington y después a Nueva York, donde vivió un mes en un hostal, deambulando por las calles de Manhattan hasta que la ONU le ofreció trabajo nuevamente en la OACNUDH, pero esta vez en Honduras.
En ese momento, Juan Orlando Hernández –que actualmente enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos— era el presidente. Durante su gobierno, Honduras se había convertido en el país más mortífero para las y los defensores del territorio y del medio ambiente. El 3 de marzo de 2016, un comando al servicio de un exmilitar y empresario mató a la defensora indígena Berta Cáceres en su casa. A Gómez Trejo le tocó investigar su asesinato.
El grupo guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) señaló que el informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa indica un manejo político del gobierno federal para cerrar estos crímenes de lesa humanidad.
En su edición 2019 del órgano de difusión El Insurgente que publica periódicamente este grupo armado, dice que dicho informe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encuentra en la misma lógica discursiva que presentó como la verdad histórica del ahora desechable, el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
Murillo Karam actualmente está preso por delitos federales derivados de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala en donde fueron desaparecidos 43 normalistas y seis personas más se les asesinó a balazos.
“Lo sucedido el 26 y 27 de septiembre son múltiples crímenes de Estado perpetrados bajo la lógica contrainsurgente, ejecutados por el aparato policiaco militar y cuya responsabilidad cae en toda la cadena de mando del Estado mexicano”, afirma el ERPI.
“La investigación que se realiza desde la administración actual se centra en la desaparición y homicidio de los normalistas, bajo el argumento de que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida, se busca cerrar el caso así como la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos”, detalla este grupo subversivo.
El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente que es una escisión del EPR, se dio a conocer públicamente en 1997 después de la masacre de El Charco, del municipio de Ayutla de los libres que, según los milicianos de esta organización clandestina, perpetró el Ejército mexicano contra la población civil cuando estaba reunida en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez.
En su página editorial de la revista El Insurgente, el ERPI, indica que el fenómeno acaecido los días 26 y 27 de septiembre del 2014 fue ante todo un hecho represivo con profundas motivaciones políticas, producto de la esencia contrainsurgente de la política del Estado burgués mexicano.
“No es un suceso colateral del conflicto por el trasiego de drogas, conducirnos por esa ruta es diluir el sentido político y empantanarnos en la lógica de la indenpendencia del narcotráfico con relación al Estado”, y opina el grupo guerrillero sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
En el cierre de la jornada de lucha por la presentación de sus hijos exigen a López Obrador cumplí la promesa de «tope hasta donde tope»
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
Iguala
El tope hasta donde tope, como prometió en campaña en esta ciudad Andrés Manuel López Obrador a los padres y madres para hacerles justicia castigando a los responsables de la desaparición de sus hijos, sólo quedó en promesas.
Así se escuchó durante la protesta que realizaron durante la tarde de ayer martes los padres y madres acompañados por cientos de estudiantes de al menos ocho normales rurales del país durante el cierre de la jornada de lucha al cumplirse ocho años de los hechos ocurridos en las calles de esta ciudad.
«Ya le perdimos confianza a este gobierno», dijo una madre de uno de los normalistas desaparecido durante los homenajes a los normalistas asesinados Julio César Ramírez, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes, quienes en esta avenida del Periférico Norte fueron asesinados en una acción concertada entre policías de diferentes niveles e integrantes del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, la noche del viernes 26 de septiembre.
Mondragón Fontes fue hallado desollado la mañana del sábado 27 en un lote baldío contiguo a la avenida del Periférico.
Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, al igual que las demás madres y padres se subieron a un templete.
«Nosotros no nos vamos a regresar a nuestras comunidades para llorar por las mentiras que nos han dicho durante estos ocho años», dijo con voz fuerte doña Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista.
Son casi las cuatro de la tarde y entre el grupo de los padres y madres se habla de las declaraciones de este mismo martes del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que dio a conocer la renuncia del fiscal de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.
«Nos enteramos apenas ayer de que había renunciado (Omar Gómez Trejo) porque había recibido amenazas de gente de la propia Fiscalía General de la República», contó un padre.
Los padres y madres, así como su asesor Vidulfo Rosales Sierra, hablaban entre ellos sobre la renuncia pero ninguno de ellos quiso tocar el tema en el mitin, por precaución.
El único que lo hizo, sin profundizar, fue Clemente Rodríguez, quien aseguró que la renuncia de Gómez Trejo fue una decisión personal.
«El (Gómez Trejo) renunció porque quiere cuidar a su familia y nosotros vamos a reunirnos para ver si proponemos a otro fiscal», afirmó Clemente Rodríguez.
Durante el mitin, evocó que su hijo al igual que otros normalistas fueron perseguidos a balazos la noche del 26 de septiembre, hace ocho años.
«Esta calle me recuerda que aquí andaba mi hijo y nadie lo ayudó», dijo con voz entrecortada.
Clemente Rodríguez refutó la versión de la FGR de que uno de los huesos hallados en un sitio llamado barranca de La Carnicería, cerca del basurero de Cocula, pertenece a su hijo Cristian Alfonso.
«La FGR canceló las órdenes de aprehensión contra militares del 41 Batallón y 27 Batallón, eso quiere decir que este gobierno no los quiere culpar cuando existen pruebas de que el Ejército fue el responsable», acusó.
Al grupo de unos 20 madres y padres se les nota cansancio. En esta jornada de lucha que duró un mes encabezaron marchas y plantones. Muchos de ellos y ellas tienen más de 50 años y están enfermos. En este camino de ocho años para encontrar la verdad y la justicia, cinco de ellos han fallecido una madre y cuatro padres:
Minervina Bello, Saúl Bruno Rosario, Bernardo Campos, Tomás Ramírez y Ezequiel Mora, murieron sin que el gobierno les hiciera justicia.
Un anuncio publicado en las redes sociales el lunes 26 en donde se daba a conocer que la población civil de Iguala no iba a permitir «actos vandálicos» generó tensión en Iguala previo a las protestas del contingente que llegó alrededor de las tres de la tarde a bordo de 28 autobuses.
Decenas de agentes de gobernación federal y estatal así como elementos de inteligencia militar, algunos camuflados como reporteros, seguían de cerca los movimientos de las madres y padres de los 43 así como de los estudiantes.
También se notó el ir y venir de individuos a bordo de motocicletas y en motonetas con teléfono celular para grabar las protestas e incluso de los movimientos de los periodistas que realizaban la cobertura.
Durante la marcha uno de los reporteros de Iguala decía que en una colonia de esta ciudad un grupo de hombres armados había asesinado a balazos a un individuo.
Y que esta ciudad, de donde es originaria la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, es famosa por el trasiego de la droga que se transporta a Estados Unidos.
Esta región también es bastión político de los Figueroa, Rubén Figueroa Figueroa, padre que ya falleció y Rubén Figueroa Alcocer, ambos gobernaron el estado, el primero fue acusado de desaparición de guerrilleros y activistas universitarios en la década de los setentas, el segundo de la masacre de los 17 campesinos en Aguas Blancas y fue obligado a pedir licencia al Congreso local en marzo de 1996. Solo duró tres años en el cargo.
En el día, Iguala, luce normal, por la noche, la gente no sale de sus casas, es lo que dicen algunos ciudadanos.
Cerca de las dos de la tarde empezó la marcha cerca de donde inicia la avenida Periférico Norte. El contingente descendió de 28 autobuses. Ningún vehículo se detuvo en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.
«No, hoy no será aquí la fiesta (en el cuartel militar) iremos a Ciudad Judicial», dijeron entre los normalistas.
Durante el mitin que se desarrolló en el sitio donde fueron asesinados a balazos Julio César Ramírez y Daniel Solís, un grupo de normalistas llenaron sus mochilas de piedras.
Otros grupo de jóvenes encapuchados detuvieron a los conductores de un camión de la empresa refresquera Pepsicola y al de una camioneta repartidora de Marinela. A los dos choferes los bajaron y se apoderaron de los dos vehículos.
Durante el mitin Vidulfo Rosales recordó que en el 2018 en las campañas para la presidencia López Obrador estuvo aquí en Iguala en un mitin y ante las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se comprometió públicamente a esclarecer el caso y castigar a los responsables.
«Aquí dijo (López Obrador) que tope hasta donde tope habrá castigo a los responsables, pero vemos que eso no ha sido verdad», afirmó Rosales Sierra.
«Este gobierno que prometió ser progresista está cobijado por la oligarquía y es conservador», acusó Rosales Sierra.
En las dos últimas conferencias matutinas, López Obrador acusó a los asesores de las madres y padres de los 43 de convenirles que este conflicto se alargue.
Rosales Sierra aseguró que el Ejército, al que hoy protege el gobierno federal, ha sido partícipe de graves violaciones de los derechos humanos.
Es más el abogado activista y director jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan comparó a este gobierno con los del PRI y el PAN.
Rosales Sierra recordó que el Ejército tiene una larga historia de atrocidades cometidas contra la población civil de Guerrero.
Citó el caso de la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, cuyo caso él lo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusando al Ejército de esos hechos.
En el mitin y la marcha tres viudas de la matanza de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1997, estuvieron presentes. Una de ellas habló.
«Nosotros llevamos más de dos décadas exigiendo justicia porque lo que hizo el Ejército fue una masacre», acusó una de las viudas.
La jornada de lucha por los ocho años sin castigo a los responsables de lo que ocurrió aquí en Iguala, terminó cuando un grupo de normalistas encapuchados estrellaron los dos camiones repartidores de productos chatarra contra los accesos de la Ciudad Judicial, ubicada al norte de esta ciudad, ya para salir a Chilpancingo.
Los jóvenes encapuchados atacaron con piedras, petardos y bombas molotov el edificio y les prendieron fuego a los dos camiones.
Este ataque, dijeron los estudiantes, es en repuesta a que la FGR se desistió de la orden de aprehensión contra la expresidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín, por ser presuntamente responsable de haber ordenado la destrucción del video en el que se capta cuando un grupo armado y policías de Huitzuco bajan por la fuerza de un autobús a 17 normalistas, los suben a sus patrullas y se los llevan.
El nombre de Galeana Marín, magistrada en retiro quien recibe un salario como si estuviera en activo en el Poder Judicial, aparece en la página 17 del informe que rindió en agosto de este año el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez.
Ahí en ese documento oficial, a Galeana se le acusa de haber ordenado la destrucción de los videos. Pero la FGR pidió la cancelación de esa orden.
Para justificar la acción, López Obrador dijo que se cancelaron las «órdenes porque no venían en el informe».
Es una práctica con la que históricamente poderes dentro o al margen del Estado, pero siempre cohesionados, han intervenido la institución con el propósito de desaparecerla
Texto: Margena de la O
Fotografía: Víctor Galindo
Chilpancingo
En cada embestida sorteada por los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, está presente la infiltración de poderes dentro o al margen del Estado, como la que ocurrió el 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala, donde asesinaron a tres normalistas y desaparecieron a otros 43, de quienes, a ocho años de distancia de los hechos se desconoce su paradero.
En agosto pasado, la familia de Julio César Mondragón Fontes y el colectivo Somos los ojos y el rostro de Julio –el normalista que fue desollado, uno de los tres que también asesinaron la noche de Iguala– pidió al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) considerar elementos que han obviado en todos estos años, como la infiltración en la Normal Rural de personajes que pudieron crear las condiciones para que ocurriera el ataque contra los estudiantes.
En realidad, la petición es un reproche. En el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, de acuerdo con lo que exponen, no hay nada de dos de los tres apartados que el gobierno federal de López Obrador prometió cumplir en la investigación: el asesinato de los tres estudiantes durante la noche de Iguala y el caso del normalista Aldo Gutiérrez, quien está en coma a causa de recibir una bala en la cabeza durante el ataque, ni de las otras víctimas de esa noche. Según la familia Mondragón sólo hubo información sobre los 43, pero sus padres y madres tampoco estuvieron satisfechos, según expusieron públicamente.
Cuestiona, a través de interrogantes puntuales, la infiltración de personas en Ayotzinapa. “¿Por qué el informe presentado por Alejandro Encinas señala únicamente al normalista Julio César López Patolzin como informante, cuando nosotros, la familia Mondragón, contamos con testimonios que indican que había por lo menos 23 alumnos infiltrados?”.
López Patolzin es uno de los 43 muchachos desaparecidos en Iguala. Poco tiempo después de la desaparición, el Ejército confirmó que el joven originario de Tixtla estaba enlistado en el Ejército como miembro activo, lo que puso en evidencia, más allá de la función del muchacho, el interés de mandos militares, que representan uno de los grandes poderes institucionales, por saber o controlar lo que pasaba en Ayotzinapa.
Para abundar en esto es necesario acudir al repositorio de testimonios que Amapola. Periodismo transgresor tiene contenido en la serie Ayotzinapa. Vivir infiltrado, una secuencia de textos que condensan la oralidad de estudiantes de la Normal de diferentes generaciones que van desde 1955 hasta 2019, donde narran cómo vivieron la infiltración en sus tiempos.
En estos testimonios se hacen evidentes los intereses del Estado y de otros poderes al margen de la institucionalidad, nunca indiferentes uno de otro, como el Ejército, el crimen organizado –entendido en un dimensión amplia que incluye a agentes legales o ilegales– el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), los partidos políticos, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), por una razón predominante: dividir, desestabilizar o generar crisis internas para el cierre de la Normal Rural, considerada como un espacio de formación social, política e ideológica de jóvenes.
“La infiltración en Ayotzinapa se desarrolló en los años que surgió la insurgencia en Guerrero, que ha tenido diferentes periodos, primero con Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, y después con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Todo esto ocurrió a partir de 1960”, se lee en el testimonio de Félix Bautista Matías, integrante de la generación 1956-1962, a la cual también perteneció el profesor y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.
Lo que les tocó sortear a ellos, de acuerdo con Bautista Matías, fue la persecución policiaca y política, y la de los caciques, que se configuraban como poderes al margen del Estado, pero estrechamente relacionados. Una de las familias de caciques conocida en Guerrero es la de los Figueroa, de donde han salido dos gobernadores en épocas distintas, Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981) y Rubén Figueroa Alcocer (1993-1999, pero sólo gobernó tres años), padre e hijo. “Para nosotros era peligroso hasta repartir volantes contra el gobierno”, comentó.
En periodos más recientes, es decir, previo a la desaparición de los 43 normalistas, los personajes infiltrados estaban asociados a las instituciones.
Los estudiantes por separado coincidieron que en el periodo del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) hubo una intervención, a través de la infiltración, de ex funcionarios de la SEG, como Silvia Ojeda, coordinadora de Asesores de la SEG en el gobierno de Torreblanca, donde la dependencia estuvo encabezada por José Luis González de la Vega. También de Héctor Vicario Castrejón, en ese entonces diputado local del PRI, quien incluso apadrinó la generación 2010 de Ayotzinapa, donde la funcionaria acudió como invitada especial.
Vicario Castrejón es un personaje muy cercano al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien tuvo que abandonar su cargo en 1996 por la masacre de Aguas Blancas, y fue relevado por Ángel Aguirre Rivero, en condición de gobernador interino.
Todo ese trabajo de intervención fue previo a los hechos del 11 de diciembre del 2011 en la Autopista del Sol, donde asesinaron en una protesta, a la que acudieron armados policías federales y ministeriales, a los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. Estos hechos ocurrieron durante el periodo de Aguirre Rivero, ya como gobernador institucional, quien, al igual que Figueroa Alcocer, no concluiría su periodo por un episodio funesto, como lo fue la noche de Iguala.
“En mi generación (2010-2014), el Comité decidió expulsar a tres estudiantes de cuarto año. Nos dimos cuenta que tenían relaciones con Silvia Ojeda, coordinadora de asesores de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), y con el secretario de ese entonces, José Luis González de la Vega, y también con Héctor Vicario, quien era diputado por el PRI, y desde siempre cercano al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer”, es un fragmento del testimonio titulado Acusan al PRI de intentar crear en la Normal una base del crimen organizado: Vicario y a otros.
El ejercicio para este texto fue ubicar en los testimonios de los normalistas a personajes claves dentro de la Normal Rural en el contexto previo y durante la desaparición de los 43, y en al menos cinco testimonios (11, 12, 14, 17 y 18, según el orden del listado) es cuestionada la actuación de un personaje clave dentro de la Normal Rural: el entonces secretario general del Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón de Ayotzinapa, David Flores Maldonado, a quien apodaban La Parka.
En los testimonios 12, 14 y 18 hay cabos que se atan solos: la hazaña de que la Normal Rural de Ayotzinapa reuniera tantos camiones –los estudiantes mencionan entre 15 y 25– para trasladar a la Ciudad de México a normalistas de todas las normales rurales en el país que se concentrarían en Ayotzinapa para participar en la marcha del 2 de octubre, fue una operación que decidió Flores Maldonado, porque, según dijeron, así era él, tomaba determinaciones sin informales a sus compañeros de la dirigencia.
Lo que narran es que él lo ofreció en una asamblea de la Federación Estudiantil Campesina Socialista de México (FECSM), el órgano que congrega a todas las normales rurales del país, como Ayotzinapa, reunir todos los camiones que se necesitaran para el traslado de los normalistas rurales a la capital del país, aun cuando la encomienda le tocaba a otra escuela.
“Él hacía las cosas a su manera, tomaba decisiones muy personales, sin consultar al resto del Comité Ejecutivo Estudiantil. Recuerdo una reunión muy importante de la Federación Estudiantil Campesina Socialista de México (FECSM) en Amilcingo, Morelos, donde ofreció que la Normal de Ayotzinapa se encargaría de conseguir los autobuses para mover a todos los estudiantes a la marcha del 2 de octubre de 2014 en la Ciudad de México. Ahí se decidió que esa tarea la tendría la Normal de Tenería, la que está en el Estado de México, pero La Parka ofreció que lo haríamos nosotros, y cuando llegó a Ayotzinapa informó que era una comisión que nos encomendaba la FECSM”, este párrafo es parte del testimonio de un estudiante de la generación 2013-2017.
Otro elemento que pesa en esos testimonios es la manera en que Flores Maldonado llega a la dirigencia estudiantil de Ayotzinapa. En el número 11 hay más detalles, y en los otros datos complementarios, acerca de que las funciones de secretario general del Comité Ejecutivo Estudiantil las asumió después de maniobrar la expulsión del dirigente en funciones, Ángel Cegueda, quien estaba ausente recuperándose de una golpiza que le dieron policías federales durante una actividad en Casa Verde, un punto sobre la carretera que lleva a Iguala, donde fueron a pedir cooperación a los automovilistas.
La manera en que actuaron los policías también es cuestionada en ese testimonio: “Teníamos muchas actividades de ese tipo y las policías antes de reprimirnos negociaban con nosotros. Esa vez llegaron y se nos fueron con todo. En esa ocasión quien resultó más golpeado fue precisamente Ángel Cegueda, el secretario general, pareciera que lo tenían ubicado. Fue a quien más golpearon”.
En su ausencia, Cegueda fue acusado de infiltrado o una especie de informante a familiares, y sin acuerdo de la base estudiantil lo expulsaron de la dirigencia, y Flores Maldonado subió a ese cargo, de acuerdo con que se lee en los textos.
Los normalistas de las generaciones alrededor de la desaparición de los 43, que con claridad hablan de la infiltración en Ayotzinapa como una práctica conocida y asumida en la Normal Rural (como también la conocen la de otras generaciones), también cuestionan las decisiones que se tomaron al interior de la Normal Rural ese 26 de septiembre del 2014.
La primera, fue por qué la dirigencia estudiantil decidió llevar a estudiantes de primer año a una actividad de retención de autobuses, cuando eran los que menos experiencia tenían, la segunda, y la hace en particular el maestro Eduardo Moreno Peralta, parte de la generación 2012-2016, quien exponen que él como muchos estudiantes nunca estuvieron de acuerdo en reunir todos esos autobuses y viajar a Iguala, si lo tenían prohibido desde el asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona, ocurrido el 3 de junio del 2013.
Era arriesgado ir hasta esa ciudad porque los estudiantes de Ayotzinapa participaron en las actividades de protesta del 3 de junio por la muerte de tres de los dirigentes de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas Román y Ángel Román Ramírez. En realidad la protesta fue convocada para exigir su aparición, pero en los preparativos se supo del hallazgo de los cadáveres de los dirigentes sociales desparecidos días antes, y en respuesta, las organizaciones sociales, entre ellas Ayotzinapa, respondieron causando destrozos en la alcaldía, en ese entonces encabezada por el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez.
El ex alcalde ahora está preso por el asesinato de los dirigentes sociales, además de vínculos con grupos criminales, y es señalado por el caso de los 43.
El maestro cuestiona además la información proporcionada por Flores Maldonado en una entrevista para este medio, donde relata su versión de la noche de Iguala. Por ejemplo, dice que él no estuvo desde el mediodía en Chilpancingo con su novia ese 26 de septiembre del 2014 como contó, porque el maestro lo vio en la Normal Rural dando la indicación de que todos los estudiantes de segundo a cuarto año se retiraran de la escuela, al parecer para ahorrar las raciones de comida para tener que ofrecerles a los miembros de la FECSM, porque Ayotzinapa sería la sede para partir a Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre.
“A ustedes les dijo en la entrevista –que Amapola publica el 25 de septiembre del 2019– que desde el mediodía hasta el anochecer de ese 26 de septiembre él estuvo en Chilpancingo con su novia. La hora de la comida establecida en la Normal es entre la una cuarenta y dos cuarenta de la tarde, y fue en ese lapso que lo vi y escuché”, es parte del fragmento del texto.
La familia Mondragón exigió el 22 de agosto pasado que el gobierno federal también investigue al ex alumno de Ayotzinapa, David Flores Maldonado, y a sus allegados durante su periodo como dirigente estudiantil, a quienes los define como infiltrados.
Después que egresó (2016), Flores Maldonado mantuvo una relación cercana a las instituciones, durante el gobierno federal anterior, es decir, en el del presidente Enrique Peña Nieto, formó parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), apareció en el organigrama como subdirector de Atención a Docentes. Se supo que todavía se mantiene un espacio en la dependencia.
Los Mondragón también exigen que las autoridades investiguen a Manuel Vázquez Arellano, conocido como Omar García, quien se asumió como el 44 al difundir que fue uno de los sobrevivientes de la noche de Iguala. Ahora es diputado federal plurinominal por Morena.
“Ellos dos representaban el poder político y estudiantil de la normal en esa época”, es una línea del comunicado de la familia de Julio César Mondragón Fontes.
Con este texto no se intenta descargar la responsabilidad o señalar a uno, dos o un puñado de estudiantes de la responsabilidad de la noche de Iguala, sólo se pone el dedo en el renglón de que la infiltración es una estrategia de distintos poderes que ha funcionado por años para mermar el funcionamiento de Ayotzinapa.
Cuando se expone que hay poderes detrás de la infiltración, es una referencia a poderes dentro del Estado y fuera de él, y como evidencia se deja una de las exigencias públicas que hizo la familia Mondragón para que el gobierno federal de López Obrador que se comprometió a aclarar el caso, la incluya en la investigación: “¿Por qué el gobierno de México no ha mencionado que en la Normal Rural había un grupo de infiltrados que informaban no sólo al narco, sino al Ejército, a la Policía Federal y a los gobiernos estatal y municipales de Tixtla y Chilpancingo?”.
El Poder Judicial desconoce si la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín, ordenó borrar los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con el actual presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez, el Poder Judicial desconoce la situación de Galeana Marín y sus implicaciones en el caso Ayotzinapa.
En el informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa, la ex presidenta del TSJ es señalada de perder u ocultar los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia, de los hechos registrados el 26 de septiembre del 2014.
Entrevistado en las oficinas de la Ciudad Judicial de Chilpancingo, Casarrubias Vázquez dijo que a ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se desconoce si Galeana Marín, entonces presidenta del TSJ, fue llamada a declarar por presuntamente borrar los videos de la cámara de seguridad de la Ciudad de Iguala.
“La verdad como ese es un asunto que compete a la Fiscalía General de la República (FGR) y a una comisión especial y ellos son los que vienen investigando, nosotros desconocemos”, mencionó.
Agregó que desconoce también si alguna autoridad la citó a declarar por la acusación de borrar los videos y que en el tiempo que él lleva como presidente del TSJ eso tampoco sucedió.
Casarrubias Vázquez era magistrado en Iguala cuando sucedió la desaparición de los 43 normalistas, pero dijo que él no tenía acceso al área técnica, por lo que también desconoce si hubo manipulación sobre los videos.
“Nosotros sólo nos dedicamos a conocer los asuntos de apelación y no tenemos nada que ver con las cuestiones técnicas”.
Hoy se conoció que un juez federal libró una orden de aprehensión contra Galeana Marín por delitos contra la administración de justicia.
Además de Galeana Marín, también se liberarían órdenes de aprehensión contra el exprocurador de justicia, Iñaki Blanco Cabrera y el exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, Leonardo Octavio Vázquez Pérez.
Sobre la participación en la marcha a favor de Abarca, en un comunicado precisaron que participaron cinco madres y padres y que lo hicieron a título personal
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
Durante una marcha para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, mencionó que a casi ocho años de la desaparición de su hijo no han alcanzo la justicia que se merecen.
Cristina Bautista junto con otros cuatro padres de los 43 normalistas desaparecidos asistieron a la marcha convocada por el Colectivo de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso para conmemorar el Día Internacional de las víctimas de desaparición.
Sobre el informe reciente de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, Cristina Bautista mencionó que en ese documento solo les dieron la razón acerca de lo que ellos siempre señalaron.
«Siempre señalamos al Ejército, siempre señalamos que de manera coordinada desaparecieron a nuestros hijos, y ahora que reconocen que fue el Estado el responsable de la desaparición pues solo nos dieron la razón».
Cristina Bautista mencionó que el informe es un paso más para esclarecer el caso, pero no descansarán hasta hallarlos con vida y los culpables sean castigados.
«Nosotros no nos vamos a cansar, no nos vamos a rendir, tenemos que seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, no podemos quedarnos callados en nuestras comunidades hasta alcanzar justicia y castigo a todos los culpables «.
Las madres y padres dijeron que actualmente el informe lo está revisando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para verificar las investigaciones.
Sobre el fallecimiento de Ezequiel Mora Chona, padre de Alexander Mora Venancio, quien falleció el pasado domingo en un hotel en el municipio de Tepecuacuilco, dijo que es lamentable que las madres y padres fallezcan sin saber nada de sus hijos.
«A la fecha van tres padres y una madre los que fallecieron sin saber el paradero de sus hijos».
Mediante un comunicado, el Comité de madres y padres de los 43 informaron acerca del caso de los cinco que asistieron a la marcha en Iguala.
Dijeron que las cinco madres y padres que asistieron lo hicieron a título personal y no del Comité, y la invitación fue de parte del empresario Pedro Segura Valladares.
«Desafortunadamente cinco padres de familia de los normalistas desaparecidos respondieron a la invitación de Pedro Segura, empresario ganadero ligado a los Abarca y su grupo delictivo», se lee en el comunicado.
Mencionaron que como colectivo les queda claro la responsabilidad de Abarca Velázquez en la desaparición de los 43 normalistas, por lo que exigen “sea castigado con todo el rigor de la ley por haber cometido graves violaciones a los derechos humanos y haber truncado 43 vidas de jóvenes que tenían la esperanza de ser maestros».
Sobre el fallecimiento de Ezequiel Mora dijeron que debe ser investigado detalladamente.
Denunciaron que Segura Valladares por órdenes de la familia Abarca realiza acercamiento con algunos padres para intentar cooptarlos y dividirlos.
El próximo 26 de septiembre se cumplirán ocho años de los sucesos de Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
A ocho años del ataque, asesinato y desaparición forzada contra los normalistas de Ayotzinapa, lo esencial sigue sin respuesta: ¿dónde están los jóvenes?, ¿por qué los atacaron, asesinaron y desaparecieron?, ¿quiénes son los autores intelectuales y cuándo pagarán por este crimen?
El 17 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, presentó el último informe sobre el Caso de Ayotzinapa.
El informe presenta avances, contradicciones y pendientes.
El principal avance es el reconocimiento de que se trata de un crimen de Estado. Se hace explícita la participación activa de militares, policías, autoridades civiles, administrativas y judiciales en la desaparición de los estudiantes.
El informe desmonta la versión de que la participación del Ejército fue sólo de omisión esa noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala. Ahora se sabe que el coronel José Rodríguez Pérez, entonces comandante del 27º Batallón de Infantería, ordenó el asesinato y desaparición de por lo menos seis estudiantes después de que los mantuvieron cuatro días encerrados en una bodega en la colonia Pueblo Viejo, en Iguala.
También se confirmó que Julio César López Patolzin —uno de los 43 desaparecidos—, es un militar en activo que desde el 2012 infiltró el Ejército en la normal de Ayotzinapa para espiar las actividades de los estudiantes.
Este papel del Ejército en Guerrero no es nuevo. Ampliamente se ha documentado la represión de militares, sólo basta recordar la época de la Guerra Sucia, la masacre de El Charco, la violación sexual contra Inés Fernández y Valentina Rosendo. Casos que siguen en la impunidad.
En Guerrero el Ejército ha sido utilizado para combatir la insurgencia, los movimientos sociales y la lucha de los pueblos. Y en los últimos 16 años también las fuerzas armadas han sido utilizadas en esta supuesta estrategia de seguridad que comenzó el panista Felipe Calderón, continúo el priista Enrique Peña Nieto y persiste con el morenista, Andrés Manuel López Obrador.
Esta supuesta estrategia sólo ha dejado muertes, desapariciones y desplazamientos forzados.
Sin embargo, la definición de crimen de Estado no corresponde con lo que dice el informe. Si fue un crimen de Estado: ¿por qué el entonces jefe del Estado mexicano, Enrique Peña Nieto, no está incluido en las investigaciones?, ¿Por qué el jefe del Ejército, el general Salvador Cienfuegos, no es llamado a explicar su actuación?
Como se puede entender que en el informe se establezca que la denominada “verdad histórica” se construyó en un salón de la Presidencia de la República, es decir, en la oficina de Peña Nieto, y el priista no esté incluido en la investigación.
Para que la definición de crimen de Estado no quede sólo en un uso retórico, las acciones del gobierno federal deben llegar hasta el nivel más alto. El más alto.
Focalizar la responsabilidad en el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quién en el informe se le ubica como el personaje que dio la orden de asesinar y desaparecer a los estudiantes, y, en mandos militares, es insuficiente.
¿José Luis Abarca aglutinaba tanto poder para tener a mandos militares, policiacos (municipales, estatales y federales), alcaldes e integrantes del crimen organizado a su disposición para que esa noche se desplegara una operación de esa magnitud?
José Luis Abarca debe ser sancionado por su responsabilidad, pero es obvio que los aparatos de inteligencia y de seguridad del Estado que operaron esa noche no recaían en un alcalde.
¿Dónde queda el papel del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero? Desde la tarde del 26 de septiembre su gobierno monitoreó y siguió a los estudiantes desde que intentaron tomar autobuses en Chilpancingo.
Aguirre Rivero debió estar enterado de la situación y, de no ser así, fue omiso, negligente y eso también es una responsabilidad.
Además, durante los días siguientes al ataque y antes de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) atrajera la investigación, Aguirre Rivero no buscó a los normalistas, no detuvo a los responsables y permitió que Abarca Velázquez se fugara después de pedir licencia ante el Cabildo de Iguala, el 30 de septiembre.
Esa vez, la Policía Ministerial, curiosamente, llegó al Palacio Municipal de Iguala después de que Abarca Velázquez había huido.
De acuerdo con el informe que leyó Encinas Rodríguez, la entonces magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, ordenó la destrucción de los videos grabados por seis cámaras del exterior del edificio del Palacio de Justicia de Iguala, argumentando que las imágenes no eran claras porque hubo problemas técnicos.
Es cuestionable si fue decisión sólo de la magistrada o quién le ordenó borrar esas pruebas que daban cuenta de que policías municipales de Huitzuco bajaron a 13 estudiantes del autobús retenido fuera del Palacio Judicial, de acuerdo con el informe.
Lambertina Galena: ¿está siendo investigada?, ¿Será detenida?
Al igual, las conclusiones recientes del gobierno de López Obrador, no tocan al entonces procurador general del estado, Iñaki Blanco Cabrera —quien dijo— tenía ubicados a los presuntos autores intelectuales, pero no los detuvo inmediatamente entre ellos al propio edil perredista de Iguala José Luis Abarca Velázquez.
Ahora que el gobierno federal definió el Caso de Ayotzinapa como crimen de Estado: ¿no sería pertinente que un organismo internacional investigue, juzgue y sancione a los responsables del caso con la finalidad de garantizar la imparcialidad?
De no ser así, el Estado estaría investigando al propio Estado, independientemente de que los responsables hayan pertenecido a un gobierno distinto al de ahora.
Se corre el riesgo de no arribar a la verdad porque —pese a que el presidente insiste que el país vive un proceso de transformación—, el Estado y, sobre todo, en las instituciones de procuración de justicia en todos los niveles, la corrupción sigue enquistada.
A ocho años, lo que menos se espera es que el gobierno federal esté administrando el caso y, menos, que esté pensando en sacar raja política para el 2024. Las mamás y papás de los 43 normalistas desaparecidos merecen verdad y justicia.
Pero no sólo ellos la merecen, también la sociedad. El Caso Ayotzinapa es emblemático del terror, del abuso del poder, la barbarie del Estado, pero es hora que se convierta en un emblema de justicia, que marque el fin de la impunidad que está ahorcando al país.
La ciudadanía siempre ha tenido dudas de la aplicación de la justicia en México porque de manera constante se ha utilizado como una forma de ejercer el poder. Ojalá el crimen de Ayotzinapa no sea el caso.
En septiembre del 2020, Ezequiel Mora Chora, padre del normalista desaparecido Alexander Mora Venancio, dijo que gracias a la fuerza que desde algún lugar le impulsó su hijo no murió de Covid-19.
La madrugada de hoy lunes, Ezequiel, quien toda su vida fue campesino en su natal comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa, falleció de un infarto cuando estaba en un hotel ubicado cerca de la Tepecoacuilco, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Cheque, como lo conocían en El Pericón, murió un día después que su madre Brígida cumplió un año más de fallecida.
El 5 de diciembre del 2014 después de más de dos meses de la desaparición de su hijo, Ezequiel estaba en Oaxaca cuando recibió una llamada telefónica de su casa donde le decían que urgía se trasladara a las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicadas en Tixtla.
Ezequiel se alegró porque pensó tendría noticias buenas de su hijo Alexander. A su arribó a Guerrero, Ezequiel se trasladó a Ayotzinapa donde ya lo esperaba el personal del Equipo Argentino de Antropología Forense (AAF) e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Le informaron que uno de los fragmentos de hueso hallados en el río de San Juan, en Cocula, pertenecían a su hijo Alexander, según estudios científicos de la Universidad de Innsbruck, en Austria.
«Sentí mucho coraje y tristeza», dijo Ezequiel cuando recibió la noticia.
En septiembre del 2020 y a seis años de la desaparición de su hijo Alexander, Ezequiel denunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador, no le habían entregado los restos de su hijo.
El pedazo de hueso ni la muela en la que los científicos de la Universidad de Innsbruck se habían basado en comprobar que pertenecían a Alexander, tampoco se les habían entregado.
«Ni siquiera tengo sus restos para llevarlos al panteón para enterrarlos y rezarle», dijo en entrevista en aquella ocasión.
La última vez que Venancio Chora vio a su hijo Alexander fue el 15 de septiembre del 2014, cuando a él y a otros dos hijos los llevó a Tecoanapa para festejar el grito de Independencia. El 16 de septiembre, Alexander se marchó a la escuela de Ayotzinapa.
Después de la desaparición de su hijo Alexander, Ezequiel tuvo la pérdida de dos de sus seres queridos, el de su madre Brígida, el 28 de agosto del 2017, quien murió por una enfermedad. El 16 de abril del 2018, su hijo Irene, de 41 años de edad, fue asesinado.
En el 2020 cuando en México estaba en su punto más alto de la pandemia por el Covid-19, Ezequiel se contagió y estuvo enfermo más de tres meses. Un médico de la comunidad vecina de Xalpatláhuac lo salvó con medicinas pero también con hierbas de la región.
«Aquí en El Pericón murieron muchas personas y en Xalpatláhuac como 20 también fallecieron por esta maldita enfermedad», contó.
Ezequiel nunca dudó el principal responsable de la desaparición de su hijo y de los demás normalistas el principal responsable es el ex presidente Enrique Peña Nieto, a quien el gobierno de López Obrador pretende exonerar.
Este viernes 26 de septiembre en la Ciudad de México, Mora Chora participó con los demás padres y madres de los 43 en una marcha y mitin para exigir al gobierno de López Obrador que localicen a sus hijos y que les entreguen las evidencias científicas de que ya están muertos.
Un fuerte aguacero que cayó en la Ciudad de México no impidió a Ezequiel y a los demás padres y madres protestar cuando se cumplen siete años once meses de la desaparición de sus hijos en Iguala.
En septiembre del 2021 falleció en Tixtla por complicaciones del Covid-19, Bernardo Campos Cantor, padre del normalista Bernardo Campos Santos.
Doña Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez, otro de los normalistas desaparecidos, murió a consecuencia del cáncer en su casa en la comunidad de Omeapa, del municipio de Tixtla.
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos, rechazó que la llamada verdad histórica creada por el ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, sea igual a los resultados de la investigación realizada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
Durante la conferencia mañanera de este viernes, Encinas Rodríguez dijo que una de las diferencias del informe con la verdad histórica es que está última asegura que los normalistas de Ayotzinapa acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF de Iguala, «lo cual es falso, porque su objetivo era tomar camiones», que serían utilizados por los jóvenes para trasladarse a la ciudad de México para participar en la marcha del 2 de octubre, aseguró.
Encinas Rodríguez dijo que otra de las inconsistencias es que la verdad histórica sostiene que la policía de Iguala entregó a los estudiantes al grupo del crimen organizado Guerreros Unido y después fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Pero el Informe de la comisión reveló que en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos sino fueron separados en diversos grupos y detenidos por policías municipales vinculados con Guerreros Unidos.
«La Verdad histórica de la desaparición de los 43 estudiantes se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen, nosotros no torturamos absolutamente a nadie», mencionó Encinas Rodríguez.
El Informe del Caso Ayotzinapa contiene un mapeo de 116 números telefónicos e información de 41 mil 168 documentos aportados por la administración pública federal, órganos autónomos e intervenciones telefónicas de la Administración del Control de Drogas (DEA)
También se informó que el análisis de los mensajes demuestran los vínculos de los sicarios con policías municipales, autoridades civiles, población civil, y elementos del 27 Batallón de Infantería.
La conferencia que dio Encinas fue para, según él para aclarar las dudas del informe que presentó la semana pasada un día antes de la detención de Murillo Karam.
A pregunta de un reportero porque el informe no establece ninguna responsabilidad al ex Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA) Salvador Cienfuegos, Encinas Rodríguez dijo que serán los jueces los que determinen si hay responsabilidad o no del general.
Puntualizó que el Ejército estuvo al tanto de todos los movimientos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desde ayer salieron a bordo de autobuses de Tixtla, luego a Chilpancingo, después a Tierra Colorada y por último a Iguala que fue donde desaparecieron.
Además de que dentro de las filas de los 43 el Ejército tenía al estudiante infiltrado (Julio César López Patolzin) «y nunca efectuó ( Ejército) el protocolo de búsqueda».
“Significa simulación en el momento de los hechos de ocurrencia de la desaparición de los 43, en el momento de la iniciación de la investigación por todas las autoridades en octubre del 2014, y en el momento en que se inicia la investigación de la PGR”
Texto: Beatriz García
Fotografía: Tlachinollan
28 de marzo del 2022
Chilpancingo
Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelaron un nuevo video que evidencia que efectivos de la Secretaría de Marina participaron en la manipulación de pruebas en el basurero de Cocula, que sustentó “la verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Este lunes los integrantes del GIEI dieron a conocer su tercer informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa, como parte de la recomendación: MC/409/14 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El GIEI es un mecanismo de la CIDH con autonomía e independencia de gestión para coadyuvar en los hechos bajo los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
La integrante de este organismo internacional, Claudia Paz y Paz expuso que hay información falsa que se ha ocultado al GIEI; por ejemplo, que el Ejército controlaba el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), que hubo investigaciones paralelas también por autoridades militares a las que todavía no han tenido acceso, como la de que algunos integrantes del 27 Batallón con sede en Iguala acudieron barandilla de la policía municipal confirmándose que de ese lugar fueron sustraídos los estudiantes.
En su intervención, Ángela Buitrago, otra de las expertas del GIEI, expuso que, en este tercer informe en el capítulo de simulación, tiene tres momentos dentro de este recorrido histórico.
“Significa simulación en el momento de los hechos de ocurrencia de la desaparición de los 43, en el momento de la iniciación de la investigación por todas las autoridades en octubre del 2014, y en el momento en que se inicia la investigación de la PGR”, dijo.
También, que las autoridades omitieron y cambiaron información para ocultar lo que sabían, para simular que no conocían el paradero de los estudiantes, que no conocían de la detención y desaparición y que desconocían sobre la violencia en Guerrero, principalmente en Iguala.
Sobre las actividades de investigación que inician en octubre 2014, dijo, el primer ejemplo de simulación, es la decisión de captura de personas como posibles responsables y a partir de esas detenciones se elabora una versión de los hechos, donde la verdad se perdió, pero que se está en tiempo para recuperarla. El derecho de la no repetición se negó y la reparación será compleja.
En este segundo momento que menciona la experta, hay aspectos que se tienen que recordar en la investigación, la que inició a partir del 27 de septiembre, de manera tardía, en la zona local de Guerrero y después atraída por la entonces Procuraduría General de la República.
Afirmó que parte de esas simulaciones fueron las construcciones de llamadas ficticias creadas por funcionarios.
Informó que también se encontró que hay simulaciones en las fechas de captura de los detenidos, en los lugares y en las formas en que estas se llevaron a cabo.
En el tercer momento que señalaron los expertos, Ángela Buitrago comentó que las tarjetas informativas de las policías de todos los niveles y las bitácoras eran falsas, incluso se cambiaron las placas de las patrullas que participaron en los hechos.
“Actas de la diligencia de la PGR que son completamente falsas que por esta razón se iniciaron las judicializaciones contra los Agentes del Ministerio Público y las personas que firmaron esas actas”, destacó la experta durante el informe en donde estuvieron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El mayor caso de simulación de la investigación ocurre a partir de octubre y noviembre del 2015 que derivó en actos de tortura, contra los presuntos responsables, las reconstrucciones de los hechos y obtención de información que perjudicó ampliamente la investigación, añadió.
Mencionó que otro acto de simulación fue el basurero de Cocula que se estableció como el destino final de los 43 normalistas de Ayotzinapa muriendo incinerados.
La experta señaló que existen documentos oficiales que antes del 26 de octubre del 2014-un mes después de la desaparición de los 43- el Ejército visitó el basurero de Cocula y no encontró nada, pero posterior al 27 de octubre este lugar se transformó y se reporta el hallazgo de restos.
Dijo que en esa diligencia cerca de 40 personas recorrieron el basurero desde las 6:30 de la mañana a las 11 de la mañana.
Sin embargo, dicha información que se recobró ahora y que se desconoció por casi siete años, no fue entregada a los elementos de peritos del Equipo de Antropología Forense (EAF) cuando entran a hacer la verificación del basurero de Cocula.
Otra de las irregularidades de estas indagaciones es de que en el acta ministerial del río San Juan, en donde halló un fragmento del estudiante Alexander Mora, es falsa porque la Agente del Ministerio Público Federal (AMPF) que la firma no estuvo en el lugar ni tampoco presenció hechos que llevo a la judicialización.
Durante la presentación del informe, Ángela Buitrago expuso varios videos tomados por un drone de La Marina el 27 de octubre del 2014 sobre el basurero de Cocula y el Río San Juan.
El 12 de noviembre del 2021, el GIEI, tuvo acceso a los archivos de la Marina, como lo solicitaron en reiteradas ocasiones, con esto los expertos obtuvieron documentos confidenciales, archivados como secretos, que hacen referencia a algunas actuaciones de la Marina, especialmente los días 26 y 27 de octubre del 2014, en el basurero de Cocula y en el río San Juan.
“El GIEI encontró y analizó especialmente un video del día 27 de octubre del 2014 en el que se recogen actividades realizadas por la Marina hasta ahora desconocidas, y que no constan en ninguna parte del expediente de investigación de la PGR”, dice el informe del GIEI.
Los peritos concluyeron que un grupo de alrededor de 12 personas, presumiblemente elementos de la Secretaría de Marina, participaron al menos de 6:39 de la mañana hasta la llegada de la comitiva del entonces procurador Jesús Murillo Karam, en una acción de la que no existe registro alguno, información previa ni constancia de su realización en la averiguación e investigación del basurero de Cocula.
Los elementos de la Marina manipularon tres “bultos” que sacan de dos camionetas, en la parte alta del basurero. Posteriormente un grupo de elementos de la Marina descienden al fondo de la hondonada del basurero, mientras encienden fuego, en el inicio de la pendiente.
Poco después esos bultos desaparecieron. Mientras tanto un grupo de marinos deambula por la zona baja de la hondonada del basurero, en la zona donde se señaló posteriormente que se habría dado la hoguera y quema de los estudiantes, según la versión oficial, indica el informe presentado este lunes por los expertos del GIEI.
