Presea Sentimientos del Pueblo es otorgada a luchadores sociales

Texto: Itzel Urieta 

Fotografía: José Miguel Sánchez 

13 de septiembre del 2022

Chilpancingo

 

Los recipiendarios de la Presea Sentimientos del Pueblo, otorgada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), fueron los activistas sociales Octaviano Santiago Dionisio, Guillermo Sánchez Nava, Hilario Mesino Acosta y Pedro Nava Rodríguez.

La Presea Sentimientos del Pueblo es otorgada por la APPG como una medalla alternativa y de protesta contra la oficial, Sentimientos de la Nación, que entrega el Congreso local en una sesión especial en la catedral Santa María de la Asunción de Chilpancingo.

En su edición número XV Los recipiendarios de este año fueron activistas sociales.

Uno de los recipiendarios fue Octaviano Santiago Dionisio, la cual fue post morten.

Santiago Dionisio fue activista, fundador y dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

También le fue entregada al perredista Guillermo Sánchez Nava, quien en el proceso electoral del 2011 fue golpeado por un grupo de brigadas priístas y desde entonces está en una silla de ruedas, sin poder moverse y hablar.

La Presa le fue entregada también a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), a través de su fundador Hilario Mesino Acosta y a Pedro Nava Rodríguez de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG).

La entrega de esta Presea es organizada por la APPG y su dirigente, quien ahora es asesor en el gobierno estatal, Nicolas Chávez Adame.

En su discurso Chávez Ademe expresó que le pidieron, “que este año sólo hubiera una entrega de la presea, la de personas con traje en la iglesia”, pero se negó, contó.

Al recibir la presea, el dirigente de la OCSS Hilario Mesino señaló que la obligación del actual gobierno encabezado por Evelyn Salgado y Andrés Manuel López Obrador, de investigar y sancionar a quienes en el pasado usaron sus cargos públicos para atentar contra los derechos humanos y dijo que insistirán en una Ley de Amnistía para la salida de la cárcel de cuatro integrantes de su organización.

Comienza jornada de búsqueda en lugar donde fue hallado el cadáver del activista Arnulfo Cerón

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña

Chilpancingo

 

El Colectivo Luciérnaga, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional y el Ejército comenzaron una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en la ciudad de Tlapa, en la región Montaña.

La jornada de búsqueda comenzó el día de hoy en el punto conocido como Tres Postes donde el 20 de noviembre de 2019 fue hallado en una fosa clandestina el cadáver del activista y defensor del medio ambiente Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido 40 días antes.

La búsqueda se dio después de las declaraciones de presuntos integrantes del crimen organizado que operan en la zona, que señalaron que en el punto conocido como Tres Postes sepultaron a más personas.

“De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía es probable que sigan personas enterradas. Por eso las familias indígenas del Colectivo Luciérnaga consideraron pertinente seguir escarbando”, se lee en un breve comunicado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

De acuerdo con las declaraciones de los presuntos delincuentes se utilizó maquinaria pesada para excavar y enterrar varios cuerpos en fosas de más de 2.5 metros de profundidad.

Por eso, durante la jornada de búsqueda se utilizaron dos máquinas retroexcavadoras para explorar la zona y hallar algunos posibles cadáveres de personas desaparecidas.

De 2020 a la fecha, el colectivo Luciérnaga, que surgió después de la desaparición del activista Cerón Soriano documentó la desaparición de 30 personas.

Cerón Soriano pertenecía al Frente Popular de la Montaña y al Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg), donde exigió al presidente municipal de Tlapa de aquel entonces, Dionisio Merced Pichardo, transparencia en las obras del ayuntamiento entre otras peticiones que evidenciaban desvío de recursos.

La jornada de búsqueda comenzó hoy 11 de julio y culminará el próximo 14, hasta este momento no se halló ningún cadáver.

 

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Guerrero: activistas feministas son hostigadas

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

Chilpancingo

Guerrero cuenta con dos Alertas de Violencia de Género (AVG); actualmente 17 mujeres están desaparecidas y más de 40 han sido asesinadas en lo que va del año, las activistas que defienden los derechos de la mujer son amenazadas y hostigadas y  sus denuncias son minimizadas por las autoridades.

Wendy Alanís es activista feminista que da acompañamiento a mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad. En 2020 recibió amenazas a través de su teléfono, presentó una denuncia ante Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado (FGE) y se abrió una carpeta de investigación por hostigamiento cibernético.

En la FGE aparece esta carpeta  bajo el número 12020090700934010820 contra quien resulte responsable por el delito de amenazas en agravio de Wendy Alanís Gutiérrez.

Dos años después, la investigación está estancada, no hay detenidos y la carpeta sigue en el mismo escritorio donde la archivaron cuando se abrió, dice Wendy Alanís. Hace unos días volvió a ser hostigada y piensa que su teléfono está intervenido.

El pasado miércoles 25 de mayo, Wendy comenzó a recibir llamadas de números desconocidos, una tras otra, su celular no dejaba de sonar, eran de números desconocidos, extraños, no eran las ladas nacionales. Ante la insistencia decidió contestar.

“Uno entiende que por la actividad que realiza recibe llamadas de números desconocidos, que generalmente son de personas que requieren un acompañamiento y llaman para pedir ayuda”, comenta.

Cuando contestó, del otro lado de la llamada nadie respondió, se hizo un silencio.

Horas más tarde, Wendy notó que su celular se comportó de manera extraña, se reiniciaba solo, la pantalla hacia cortos, accedía a aplicaciones y ante la extrañeza  preguntó a algunos conocidos que saben de tecnología sobre la situación.

“Probablemente están hackeando tu teléfono en este momento”, le dijeron.

Wendy decidió marcar a la Policía Cibernética para denunciar; a pesar de tener una carpeta de investigación abierta y tener contactos en la FGE por la labor que realiza, la operadora le pidió de nuevo todos sus datos.

Wendy recuerda que durante la llamada, ésta se cortaba, se escuchaba viciada y unas voces que decían: “va haber balazos”, y repetían una y otra vez la palabra “puta”. Las palabras no las escuchó la operadora, quienes ante la insistencia, le recomendaron trasladarse en ese momento a la FGE para revisar el teléfono.

En la FGE los elementos de la Policía Cibernética minimizaron la denuncia y le dijeron que probablemente su teléfono estaba descompuesto, que la pantalla no servía y le recomendaron cambiar de equipo.

“Yo acudí a Telcel a que revisaran mi equipo para saber si realmente estaba dañado, pero ahí me dijeron que estaba en buenas condiciones”, comenta.

Durante la noche, Wendy continuó recibiendo llamadas de números desconocidos. La Policía Cibernética  le dijo que esos números provenían de Estados Unidos y esa vez no solamente recibía llamadas de esos números, también mensajes con emoticones de calaveras.

Wendy además de ser activista escribe sobre temas del feminismo en distintos medios nacionales, los cuales también recibieron amenazas, de acuerdo con ella, por ser críticos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Dos días después de las llamadas y los mensajes, Wendy buscó una entrevista con el fiscal especial para la atención de delitos contra periodistas, Roberto Cuauhtémoc Bermejo Rubio, para que atrajera el caso. El funcionario sólo le respondió con un tal vez; que leería la carpeta y que lo mejor sería canalizar con su Ministerio Público.

Después de cuatro días de recibir llamadas, Wendy dejó de recibirlas, pero teme que vuelvan las amenazas.

No es la primera vez que recibe este tipo de llamadas, en 2020 cuando se abrió la carpeta de investigación recibió mensajes amenazantes después de realizar el acompañamiento a una víctima de violencia.

Wendy es activista feministas y da acompañamiento a mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad; aclara que su activismo no sólo es para mujeres desaparecidas: va desde asesoramiento legal, psicológico y ayuda en cualquier situación donde una mujer no sepa qué hacer.

Para Wendy el activismo no sólo es dar acompañamiento a las mujeres o asistir a marchas, también es realizar labores que las instituciones no hacen.

En muchas ocasiones, dice que ante la inacción del gobierno y sus instituciones, ella realiza labores que le corresponden al Estado.

Cuenta que sola ha tenido que repartir guías violetas y de cómo expresarse con lenguaje incluyente que elaboró la Secretaría de la Mujer en la administración del priista Héctor Astudillo Flores y que nunca fueron repartidas.

“Hay cajas y cajas llenas de estas guías que para esta administración son papel desperdiciado porque ya no las van a entregar por el simple hecho de llevar los logos de la administración pasada”, dice.

Sin una atención de la FGE y pese a las amenazas, Wendy dice que continuará con su labor apoyando a todas las mujeres que lo necesiten.

 

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Con bloqueo en autopista exigen libertad de la activista Kenia Hernández

Hernández Montalván fue detenida el pasado 18 de octubre de 2020 por su activismo, que consistió en la toma de casetas para recabar fondos y apoyar a presos políticos detenidos por oponerse a la construcción de la presa La Parota en Acapulco.


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

14 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM) bloquearon tres horas la Autopista del Sol, en el punto conocido como Parador del Marqués, para exigir la libertad de la activista Kenia Inés Hernández Montalván, quien lleva dos años presa acusada por atacar vías de comunicación.

El representante del FPM, Pablo Abad Diaz, dijo que las principales demandas son; exigir la libertad inmediata de Hernández Montalván, justicia para el activista Arnulfo Cerón Soriano quien fue hallado muerto en una fosa clandestina en Tlapa luego de haber estado en calidad de desaparecido.

Hernández Montalván fue detenida el pasado 18 de octubre de 2020 por su activismo, que consistió en la toma de casetas para recabar fondos y apoyar a presos políticos detenidos por oponerse a la construcción de la presa La Parota en Acapulco.

Esas acciones permitieron liberar a 16 presos políticos, contó Abad Diaz.

El pasado 9 de febrero de 2022, el Tribunal de Enjuiciamiento del distrito Judicial de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, sentenció a Hernández Montalván a diez años y seis meses de prisión.

“La sentencia a la compañera Inés es parte de una estrategia de acoso judicial y detenciones arbitrarias en represalia por defender los derechos de las comunidades campesinas”, comentó Abad Diaz.

En el caso de Arnulfo Cerón, el FPM denunció que la investigación esta detenida y no hay personas vinculadas a proceso por el caso, por eso exigen una audiencia con Salgado Pineda para tratar el tema de los activistas guerrerenses.

Los manifestantes levantaron el bloqueo a las 17 horas después de que un funcionario de la Secretaría General de Gobierno les dijo que el titular de esta dependencia, Ludwing Marcial Reynoso Núñez los recibiría en audiencia.

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Condenan activistas y padres de los 43 respuesta policiaca contra protesta de normalisas de Ayotzinapa

Eloy Cisneros opina que se inhibe la lucha social ante el cerco policiaco de la caseta de Palo Blanco, mientras que Tlachinollan y padres de los 43 lamentaron que el Estado en lugar de darles respuestas reprima al movimiento


 

Texto: Jesús Guerrero y José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero y Amílcar Juárez

05 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa condenaron el cerco policiaco impuesto por la Guardia Nacional y la policía del estado sobre la Autopista del Sol, que dejó un saldo de varios estudiantes y policías heridos.

Mediante un comunicado, respaldado también por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informaron que el objeto de manifestarse fue para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes y denunciar la falta de avances en las investigaciones; sin embargo, en respuesta, más de 800 policías los encapsularon coartando su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Los padres de familian narraron que ayer, durante la confrontación con los elementos de seguridad, “los estudiantes optaron por retirarse a su escuela, pero un mando de la Policía Estatal de manera innecesaria ordenó impedir el avance de los últimos autobuses, razón por cual los jóvenes intentaron abrir paso para que los vehículos avanzaran, pero fueron rechazados violentamente con gases lacrimógenas que lanzó la Policía Estatal”.

En el caso de la Normal Rural de Ayotzinapa, hay cinco estudiantes que fueron detenidos y luego liberados, y dos más heridos que recibieron atención médica en un hospital de Tixtla.

En la opinión del movimiento, era totalmente innecesario emprender acciones de encapsulamiento y choque contra los estudiantes dado que estos ya se retiraban a su escuela evitando entrar en confrontación con las fuerzas policiales, pero en una acción injustificada e innecesaria.

“La Policía del Estado inició acciones de hostilidad y represión contra los jóvenes lo que implica un uso desproporcionado de la fuerza que viola los estándares internacionales de derechos humanos”, ponderaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Respaldados por Tlachinollan, que también exigió al gobierno de Salgado Pineda alto a la represión, las madres y padres consideraron que: «se privilegia el uso de la fuerza del estado contra los que se movilizan por verdad y justicia, pero se deja que los grupos de la delincuencia organizada ejerzan un autogobierno e impongan sus reglas en varios territorios del estado de Guerrero, donde nada hace para contener el saldo de violencia y muerte que dejan a su paso”.

Condena luchador social acciones policiacas contra Ayotzinapa

El luchador social Eloy Cisneros Guillén se pronunció contra las acciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de permitir que la Guardia Nacional y la Policía Estatal impidan que madres y padres de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa se manifiesten en las casetas de cobro de la Autopista del Sol.

“Yo difiero de las acciones que realiza la Policía Estatal y el ejército disfrazado de Guardia Nacional en las casetas de cobro, ya que inhiben la lucha social, que lo único que quieren es saber de sus familiares”, comentó después de presentar su libro “Rimas y calaveritas”, en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Estas declaraciones las da después que Salgado Pineda dijo en un acto público que los cercos policiacos instalados en las casetas son para impedir actos de vandalismo.

Cisneros Guillen presentó su libro de poesía titulado Rimas y Calaveritas donde narra la persecución que sufrió de parte del Estado mexicano en la década de los setenta.

En el evento estuvo presente la secretaria de la cultura, Aida Martínez Rebolledo, quien dijo ir en representación de Salgado Pineda e hizo referencia al contenido del libro, dijo que las historias de persecución que se narran ya no se repetirán, “Quiero decirles que este no es un gobierno represor, ahora ponderamos la justicia social”, mencionó.

Mientras Martínez Rebolledo dirigió sus palabras al público que asistió a la presentación del libro, en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol normalistas de Ayotzinapa se confrontaron con elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional.

Cisneros Guillen defendió a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y dijo que la lucha que ellos emprenden todos los días por saber de sus familiares es una lucha justa y sentida por miles de personas.

Dijo comprender el sentimiento de tener un amigo y familiar desaparecido, ya que él vivió en carne propia la desaparición.

“En mi caso estuve desaparecido nueve días los cuales fueron una tortura generalizada para mi familia, ¿Qué será de los padres de los 43 que tienen más de siete años sin saber de sus hijos?, ellos viven una tortura psicológica”.

Hizo un llamado a las autoridades estatales a no usar las fuerzas policiacas ni militares para reprimir la lucha social y recomendó usar siempre el diálogo antes de usar la fuerza pública.

“La gente no hace plantones, bloquea calles, ni toma casetas por gusto, lo hacen porque tienen un problema, yo propondría abrir espacios para que la gente se exprese”, dijo.

El luchador social, Eloy Cisneros Guillén, durante la presentación de su libro Rimas y Calaveritas, en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez

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