Solicitan activistas a Morena incluir en candidaturas a hijas de luchadores sociales

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo 

22 de diciembre del 2023

Chilpancingo

 

Organizaciones y activistas de izquierda, simpatizantes de Morena, solicitaron al partido, a su aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo y al presidente Andrés Manuel López Obrador, que en las candidaturas del 2024 se incluya a las activistas, hijas de luchadores sociales que realizan labores en favor de los derechos humanos.

Las imágenes corresponden al 13 de septiembre pasado, día en que Micaela Cabañas y Diana Hernández recibieron la Presea Sentimientos de Pueblo.

Fue a través de un documento, dirigido a los ya mencionados y al presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, que las organizaciones proponen a tres mujeres para distintos cargos de representación.

La primera mujer que aparece en este documento es Micaela Cabañas Ayala, hija del extinto profesor y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos; Diana Itzel Hernández Hernández, hija del activista social asesinado en 2017, Ranferi Hernández Acevedo y a Felícitas Martínez Solano, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

También proponen a dos hombres: Carlos Mesino Mesino, integrante y fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y al académico Cuauhtémoc Contreras Javier, integrante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR).

En el citado documento plantena que Micaela Cabañas sea impulsada para un espacio al Senado por la vía plurinominal.

“Micaela (Cabañas Ayala) ha sostenido firmemente el propósito de luchar por las personas más vulnerables de Guerrero; a pesar de haber perdido a sus padres, ella sigue luchando con dignidad y compromiso con el pueblo”, se lee en el documento.

A Diana Itzel Hernández Hernández la proponen para una diputación federal plurinominal.

“Diana sigue sosteniendo el legado de su padre y madre al seguir luchando por la democracia y la justicia social”.

Para Felícitas Martínez Solano, a quien la describen como “la primera mujer elegida como comandanta en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)”, la proponen para un diputación local plurinominal.

A Carlos Mesino Mesino, militante de la OCSS lo proponen para regidor en el Ayuntamiento de Atoyac y al académico Cuauhtémoc Contreras Javier para la alcaldía de Atoyac.

“El proceso histórico nos demanda que participen compañeras y compañeros dignos de la representación de su pueblo y que sea el mismo pueblo que decida”, se lee en otra parte de documento.

Algunas organizaciones que firman este documento son la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), la OCSS, Coalición de Ejidos de la Costa Grande, Comunidad Cultural de Atoyac, la ACNR, el Frente de Defensa Popular Francisco Villa y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem).

Con plantón en Ciudad Judicial, el FPM exige justicia por el asesinato de Arnulfo Cerón

Los activistas denunciaron que hay ciertos indicios de que el Poder Judicial favorezca a ex alcalde Tlapa, señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

El Frente Popular de la Montaña (FPM), acompañado de autoridades comunales de diferentes de pueblos de esta región, instalaron un plantón indefinido afuera de Ciudad Judicial, en Chilpancingo, para exigir una audiencia con el presidente del Poder Judicial, Raymundo Casarrubias Vázquez, y pedir sentencia para los autores materiales e intelectuales del asesinato del activista Arnulfo Cerón Soriano.

Cerón Soriano era activista del FPM y fue desaparecido el 11 de octubre del 2019; 40 días después hallaron su cadáver en una fosa clandestina.

Los integrantes del FPM denunciaron que el movil de la desaparición y asesinato de Cerón Soriano fue por su activismo en reclamo de obras y por su exigencia de transparencia en el recurso público que ejercieron quien entoces era alcalde de Tlapa, Dionicio Merced Pichardo y su jefe de gabinete, Antonio García Morales. Ambos son señalados como presuntos autores intelectual del asesinato del activista.

El integrante de la Dirección Colectiva del FPM, Ubaldo Segura Vicario, consideró que existen acuerdos económicos y políticos entre García Morales, el Poder Judicial y el gobierno estatal para exonerarlo, aun cuando existen diversas irregularidades en el proceso.

Denunció que García Morales es un personaje afín a Morena y al presidente del Poder Judicial.

Los integrantes del FPM exigieron en su protesta una audiencia con Casarrubias Vázquez para solicitar un informe del juicio oral que comenzó hace tres semanas en los juzgados de Tlapa; le piden que resuelvan conforme a derecho.

«Él ya estuvo en la cárcel por ser el presunto autor intelectual del asesinato del compañero Arnulfo, pero las autoridades lo dejaron ir para que continuara su proceso en libertad», comentó Segura Vicario.

Por el crimen hay ocho detenidos como autores materiales, así como un autor intelectual, quien era el jefe de gabinete del Ayuntamiento, Antonio García Morales, pero éste enfrenta el juicio en libertad después de ganar un amparo.

 

Exigen liberación de Marisol Figueroa, joven detenida de manera extrajudicial

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Durante la audiencia para determinar la situación jurídica de la joven Marisol Figueroa Núñez, detenida de manera extra judicial por policías ministeriales el pasado 2 de marzo, activistas feministas y defensoras de derechos humanos protestaron afuera de Ciudad Judicial para exigir su liberación.

En el mitin, ocurrido en la entrada principal de Ciudad Judicial, en Chilpancingo, al que asistieron integrantes de diversas asociaciones feministas, exigieron la liberación inmediata de Marisol, por considerar que le fueron violados sus derechos humanos y la presunción de inocencia.

«Exigimos que se cumpla el protocolo de Estambul, la compañera fue torturada, fue levantada extrajudicialmente y debe ser liberada de inmediato porque fue violado todo procedimiento en su detención», dijo la activista feminista Aracely Osorio, madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio.

Las activistas mencionaron que durante su detención fueron violados diversos procedimientos y derechos humanos.

Además explicaron que no había motivo para que la Policía Ministerial detuviera a Marisol, y mucho menos imputarle el delito de homicidio, como la está acusando la Fiscalía General del Estado (FGE).

«Sin ningún motivo, los agentes de la Policía Ministerial subieron a Marisol a una camioneta, le dieron vueltas durante un tiempo, la torturaron, y le pegaron con un arma larga en la cara», mencionó Aracely Osorio.

Al mitin asistió una representación del Frente de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, encabezado por Aracely Osorio, y presentaron un documento dirigido a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como a la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, donde les explican el caso y por qué debería ser liberada.

Otro documento fue entregado a Edgardo Mendoza Falcón, secretario del Poder Judicial, en donde exigen la liberación de Marisol y sostienen que ella es inocente, por lo que piden que se actué con justicia y se le aplique el protocolo de Estambúl, dado que ella, aseguraron, fue golpeada y torturada.

Marisol Figueroa fue detenida el 2 de marzo por policías ministeriales en el centro de Chilpancingo; la detención fue ejecutada sin una orden judicial, la subieron a una camioneta oficial y se la llevaron, de acuerdo con un comunicado emitido por la colectiva feminista Antimonumental.

Estuvo desaparecida cinco días, tiempo en el que los policías ministeriales la llevaron a una casa donde había una excavación de fosas clandestinas y fue hallado el cadáver de un hombre decapitado.

A Marisol le ordenaron que señalara a una persona como responsable del asesinato, a lo que se negó y fue trasladada a los separos de la FGE.

Marisol es hija de Marisela Núñez Trujillo, activista que apoya el movimiento por la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

La tarde de este lunes se realizó una audiencia en Ciudad Judicial para determinar la situación jurídica de Marisol.

La audiencia estaba programada para las cuatro de la tarde, pero se retrasó dos horas ante la negativa de las autoridades judiciales de comenzarla por la manifestación y el mitin a la entrada.

En un momento de receso de la audiencia, Marisela, madre de Marisol, salió y soltó: «aún no hay nada. No querían iniciar por la protesta, pero ya pude ver a mi hija».

Al mitin se unió un grupo de unos 30 estudiantes de Ayotzinapa.

Después la madre de Marisol regresó a la audiencia, y las manifestantes mostraron su apoyo con consignas: «¡No estás sola! «No estás sola!».

 

 

Faltan reformas para garantizar el aborto en Guerrero: activistas

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Foto Amilcar Juárez / Archivo
3 de febrero del 2023
Chilpancingo

Aun cuando en Guerrero el aborto es legal desde el 17 de mayo del 2022 faltan reformas a leyes de Salud y al Código Penal del Estado para garantizarles a las mujeres el acceso pleno a una interrupción segura del embarazo.

Durante la conferencia Aborto Legal, Derecho Constitucional, realizada en el marco de la Semana Jurídica organizada por la Secretaría General de Gobierno, las activistas feministas Jesica Estévez Ojendiz y Lourdes Juárez Díaz coincidieron en que falta camino legislativo y constitucional para que las mujeres en Guerrero puedan acceder a un aborto seguro.

Juárez Díaz mencionó que la reforma al Código Penal presentada por las diputadas Beatriz Mojica Morga, Citlali Calixto Jiménez y Nora Yanek Velázquez Martínez aprobada en mayo del 2022, aunque es un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, hay ciertos aspectos que pueden mejorar.

«La reforma de 2022 contempla y favorece mucho el tema del aborto electivo, es decir las mujeres que por decisión propia deciden practicarlo, y deja un poco relegado el tema de los abortos producto de agresiones sexuales», mencionó Juárez Díaz.


En la imagen, una joven festeja afuera del Congreso del estado por la aprobación de la despenalización del aborto en Guerrero.

Además mencionó que a ocho meses de la despenalización del aborto no hay información adecuada, tanto que el personal de salud sigue sin conocer protocolos para atender los casos de mujeres que van a abortar.

Otro tema que denunciaron en la conferencia es que se necesita otra reforma al Código Penal del Estado de Guerrero para garantizarle al personal de salud que no irán a la cárcel por practicar un aborto.

El Código Penal estatal en su artículo 159 aún establece penas para la persona o médico «que haga abortar a la mujer voluntariamente», a quien le impondrían una pena de uno a tres años de prisión.

«Ese artículo aún causa dudas en los médicos y es la causa de que muchos de ellos no practiquen una interrupción de embarazo», mencionó Estévez Ojendiz.

Otro tema es el llamado objetor de conciencia, una figura legal para que el personal médico evite practicar un aborto por considerarlo contra sus ideas religiosas o éticas.

Aun cuando en Guerrero no existen objetores de conciencia, la realidad es que «el personal médico hace muchas veces desistir a las mujeres que acuden por situaciones de violencia sexual o que quieren acceder voluntariamente a una interrupción del embarazo», explicó Estévez Ojendiz.

Las activistas mencionaron que aún faltan acciones de parte del Estado para garantizar a las mujeres el acceso total a una interrupción del embarazo y a erradicar la violencia contra las mujeres.

También mencionaron que son preocupantes las 13 carpetas de investigación abiertas por el delito de homicidio en razón de parentesco contra mujeres que abortaron y que deben salir libres porque no cometieron delito.


Te podría interesar:

http://t8b.d8e.mwp.accessdomain.com/2022/12/02/el-poder-judicial-retrasa-la-sentencia-de-aurelia-encarcelada-por-un-aborto-fortuito/

Presea Sentimientos del Pueblo es otorgada a luchadores sociales

Texto: Itzel Urieta 

Fotografía: José Miguel Sánchez 

13 de septiembre del 2022

Chilpancingo

 

Los recipiendarios de la Presea Sentimientos del Pueblo, otorgada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), fueron los activistas sociales Octaviano Santiago Dionisio, Guillermo Sánchez Nava, Hilario Mesino Acosta y Pedro Nava Rodríguez.

La Presea Sentimientos del Pueblo es otorgada por la APPG como una medalla alternativa y de protesta contra la oficial, Sentimientos de la Nación, que entrega el Congreso local en una sesión especial en la catedral Santa María de la Asunción de Chilpancingo.

En su edición número XV Los recipiendarios de este año fueron activistas sociales.

Uno de los recipiendarios fue Octaviano Santiago Dionisio, la cual fue post morten.

Santiago Dionisio fue activista, fundador y dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

También le fue entregada al perredista Guillermo Sánchez Nava, quien en el proceso electoral del 2011 fue golpeado por un grupo de brigadas priístas y desde entonces está en una silla de ruedas, sin poder moverse y hablar.

La Presa le fue entregada también a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), a través de su fundador Hilario Mesino Acosta y a Pedro Nava Rodríguez de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG).

La entrega de esta Presea es organizada por la APPG y su dirigente, quien ahora es asesor en el gobierno estatal, Nicolas Chávez Adame.

En su discurso Chávez Ademe expresó que le pidieron, “que este año sólo hubiera una entrega de la presea, la de personas con traje en la iglesia”, pero se negó, contó.

Al recibir la presea, el dirigente de la OCSS Hilario Mesino señaló que la obligación del actual gobierno encabezado por Evelyn Salgado y Andrés Manuel López Obrador, de investigar y sancionar a quienes en el pasado usaron sus cargos públicos para atentar contra los derechos humanos y dijo que insistirán en una Ley de Amnistía para la salida de la cárcel de cuatro integrantes de su organización.

Comienza jornada de búsqueda en lugar donde fue hallado el cadáver del activista Arnulfo Cerón

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña

Chilpancingo

 

El Colectivo Luciérnaga, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional y el Ejército comenzaron una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en la ciudad de Tlapa, en la región Montaña.

La jornada de búsqueda comenzó el día de hoy en el punto conocido como Tres Postes donde el 20 de noviembre de 2019 fue hallado en una fosa clandestina el cadáver del activista y defensor del medio ambiente Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido 40 días antes.

La búsqueda se dio después de las declaraciones de presuntos integrantes del crimen organizado que operan en la zona, que señalaron que en el punto conocido como Tres Postes sepultaron a más personas.

“De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía es probable que sigan personas enterradas. Por eso las familias indígenas del Colectivo Luciérnaga consideraron pertinente seguir escarbando”, se lee en un breve comunicado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

De acuerdo con las declaraciones de los presuntos delincuentes se utilizó maquinaria pesada para excavar y enterrar varios cuerpos en fosas de más de 2.5 metros de profundidad.

Por eso, durante la jornada de búsqueda se utilizaron dos máquinas retroexcavadoras para explorar la zona y hallar algunos posibles cadáveres de personas desaparecidas.

De 2020 a la fecha, el colectivo Luciérnaga, que surgió después de la desaparición del activista Cerón Soriano documentó la desaparición de 30 personas.

Cerón Soriano pertenecía al Frente Popular de la Montaña y al Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg), donde exigió al presidente municipal de Tlapa de aquel entonces, Dionisio Merced Pichardo, transparencia en las obras del ayuntamiento entre otras peticiones que evidenciaban desvío de recursos.

La jornada de búsqueda comenzó hoy 11 de julio y culminará el próximo 14, hasta este momento no se halló ningún cadáver.

 

Te puede interesar: La negligencia, el camino hacia el feminicidio de Magdalena Aguilar

Guerrero: activistas feministas son hostigadas

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

Chilpancingo

Guerrero cuenta con dos Alertas de Violencia de Género (AVG); actualmente 17 mujeres están desaparecidas y más de 40 han sido asesinadas en lo que va del año, las activistas que defienden los derechos de la mujer son amenazadas y hostigadas y  sus denuncias son minimizadas por las autoridades.

Wendy Alanís es activista feminista que da acompañamiento a mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad. En 2020 recibió amenazas a través de su teléfono, presentó una denuncia ante Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado (FGE) y se abrió una carpeta de investigación por hostigamiento cibernético.

En la FGE aparece esta carpeta  bajo el número 12020090700934010820 contra quien resulte responsable por el delito de amenazas en agravio de Wendy Alanís Gutiérrez.

Dos años después, la investigación está estancada, no hay detenidos y la carpeta sigue en el mismo escritorio donde la archivaron cuando se abrió, dice Wendy Alanís. Hace unos días volvió a ser hostigada y piensa que su teléfono está intervenido.

El pasado miércoles 25 de mayo, Wendy comenzó a recibir llamadas de números desconocidos, una tras otra, su celular no dejaba de sonar, eran de números desconocidos, extraños, no eran las ladas nacionales. Ante la insistencia decidió contestar.

“Uno entiende que por la actividad que realiza recibe llamadas de números desconocidos, que generalmente son de personas que requieren un acompañamiento y llaman para pedir ayuda”, comenta.

Cuando contestó, del otro lado de la llamada nadie respondió, se hizo un silencio.

Horas más tarde, Wendy notó que su celular se comportó de manera extraña, se reiniciaba solo, la pantalla hacia cortos, accedía a aplicaciones y ante la extrañeza  preguntó a algunos conocidos que saben de tecnología sobre la situación.

“Probablemente están hackeando tu teléfono en este momento”, le dijeron.

Wendy decidió marcar a la Policía Cibernética para denunciar; a pesar de tener una carpeta de investigación abierta y tener contactos en la FGE por la labor que realiza, la operadora le pidió de nuevo todos sus datos.

Wendy recuerda que durante la llamada, ésta se cortaba, se escuchaba viciada y unas voces que decían: “va haber balazos”, y repetían una y otra vez la palabra “puta”. Las palabras no las escuchó la operadora, quienes ante la insistencia, le recomendaron trasladarse en ese momento a la FGE para revisar el teléfono.

En la FGE los elementos de la Policía Cibernética minimizaron la denuncia y le dijeron que probablemente su teléfono estaba descompuesto, que la pantalla no servía y le recomendaron cambiar de equipo.

“Yo acudí a Telcel a que revisaran mi equipo para saber si realmente estaba dañado, pero ahí me dijeron que estaba en buenas condiciones”, comenta.

Durante la noche, Wendy continuó recibiendo llamadas de números desconocidos. La Policía Cibernética  le dijo que esos números provenían de Estados Unidos y esa vez no solamente recibía llamadas de esos números, también mensajes con emoticones de calaveras.

Wendy además de ser activista escribe sobre temas del feminismo en distintos medios nacionales, los cuales también recibieron amenazas, de acuerdo con ella, por ser críticos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Dos días después de las llamadas y los mensajes, Wendy buscó una entrevista con el fiscal especial para la atención de delitos contra periodistas, Roberto Cuauhtémoc Bermejo Rubio, para que atrajera el caso. El funcionario sólo le respondió con un tal vez; que leería la carpeta y que lo mejor sería canalizar con su Ministerio Público.

Después de cuatro días de recibir llamadas, Wendy dejó de recibirlas, pero teme que vuelvan las amenazas.

No es la primera vez que recibe este tipo de llamadas, en 2020 cuando se abrió la carpeta de investigación recibió mensajes amenazantes después de realizar el acompañamiento a una víctima de violencia.

Wendy es activista feministas y da acompañamiento a mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad; aclara que su activismo no sólo es para mujeres desaparecidas: va desde asesoramiento legal, psicológico y ayuda en cualquier situación donde una mujer no sepa qué hacer.

Para Wendy el activismo no sólo es dar acompañamiento a las mujeres o asistir a marchas, también es realizar labores que las instituciones no hacen.

En muchas ocasiones, dice que ante la inacción del gobierno y sus instituciones, ella realiza labores que le corresponden al Estado.

Cuenta que sola ha tenido que repartir guías violetas y de cómo expresarse con lenguaje incluyente que elaboró la Secretaría de la Mujer en la administración del priista Héctor Astudillo Flores y que nunca fueron repartidas.

“Hay cajas y cajas llenas de estas guías que para esta administración son papel desperdiciado porque ya no las van a entregar por el simple hecho de llevar los logos de la administración pasada”, dice.

Sin una atención de la FGE y pese a las amenazas, Wendy dice que continuará con su labor apoyando a todas las mujeres que lo necesiten.

 

Te puede interesar: Mujeres feministas bailan y gritan en festejo de la despenalización del aborto

Con bloqueo en autopista exigen libertad de la activista Kenia Hernández

Hernández Montalván fue detenida el pasado 18 de octubre de 2020 por su activismo, que consistió en la toma de casetas para recabar fondos y apoyar a presos políticos detenidos por oponerse a la construcción de la presa La Parota en Acapulco.


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

14 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM) bloquearon tres horas la Autopista del Sol, en el punto conocido como Parador del Marqués, para exigir la libertad de la activista Kenia Inés Hernández Montalván, quien lleva dos años presa acusada por atacar vías de comunicación.

El representante del FPM, Pablo Abad Diaz, dijo que las principales demandas son; exigir la libertad inmediata de Hernández Montalván, justicia para el activista Arnulfo Cerón Soriano quien fue hallado muerto en una fosa clandestina en Tlapa luego de haber estado en calidad de desaparecido.

Hernández Montalván fue detenida el pasado 18 de octubre de 2020 por su activismo, que consistió en la toma de casetas para recabar fondos y apoyar a presos políticos detenidos por oponerse a la construcción de la presa La Parota en Acapulco.

Esas acciones permitieron liberar a 16 presos políticos, contó Abad Diaz.

El pasado 9 de febrero de 2022, el Tribunal de Enjuiciamiento del distrito Judicial de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, sentenció a Hernández Montalván a diez años y seis meses de prisión.

“La sentencia a la compañera Inés es parte de una estrategia de acoso judicial y detenciones arbitrarias en represalia por defender los derechos de las comunidades campesinas”, comentó Abad Diaz.

En el caso de Arnulfo Cerón, el FPM denunció que la investigación esta detenida y no hay personas vinculadas a proceso por el caso, por eso exigen una audiencia con Salgado Pineda para tratar el tema de los activistas guerrerenses.

Los manifestantes levantaron el bloqueo a las 17 horas después de que un funcionario de la Secretaría General de Gobierno les dijo que el titular de esta dependencia, Ludwing Marcial Reynoso Núñez los recibiría en audiencia.

Te puede interesar: INE ordena a ayuntamiento de Chilpancingo retire propaganda de AMLO

Condenan activistas y padres de los 43 respuesta policiaca contra protesta de normalisas de Ayotzinapa

Eloy Cisneros opina que se inhibe la lucha social ante el cerco policiaco de la caseta de Palo Blanco, mientras que Tlachinollan y padres de los 43 lamentaron que el Estado en lugar de darles respuestas reprima al movimiento


 

Texto: Jesús Guerrero y José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero y Amílcar Juárez

05 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa condenaron el cerco policiaco impuesto por la Guardia Nacional y la policía del estado sobre la Autopista del Sol, que dejó un saldo de varios estudiantes y policías heridos.

Mediante un comunicado, respaldado también por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informaron que el objeto de manifestarse fue para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes y denunciar la falta de avances en las investigaciones; sin embargo, en respuesta, más de 800 policías los encapsularon coartando su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Los padres de familian narraron que ayer, durante la confrontación con los elementos de seguridad, “los estudiantes optaron por retirarse a su escuela, pero un mando de la Policía Estatal de manera innecesaria ordenó impedir el avance de los últimos autobuses, razón por cual los jóvenes intentaron abrir paso para que los vehículos avanzaran, pero fueron rechazados violentamente con gases lacrimógenas que lanzó la Policía Estatal”.

En el caso de la Normal Rural de Ayotzinapa, hay cinco estudiantes que fueron detenidos y luego liberados, y dos más heridos que recibieron atención médica en un hospital de Tixtla.

En la opinión del movimiento, era totalmente innecesario emprender acciones de encapsulamiento y choque contra los estudiantes dado que estos ya se retiraban a su escuela evitando entrar en confrontación con las fuerzas policiales, pero en una acción injustificada e innecesaria.

“La Policía del Estado inició acciones de hostilidad y represión contra los jóvenes lo que implica un uso desproporcionado de la fuerza que viola los estándares internacionales de derechos humanos”, ponderaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Respaldados por Tlachinollan, que también exigió al gobierno de Salgado Pineda alto a la represión, las madres y padres consideraron que: «se privilegia el uso de la fuerza del estado contra los que se movilizan por verdad y justicia, pero se deja que los grupos de la delincuencia organizada ejerzan un autogobierno e impongan sus reglas en varios territorios del estado de Guerrero, donde nada hace para contener el saldo de violencia y muerte que dejan a su paso”.

Condena luchador social acciones policiacas contra Ayotzinapa

El luchador social Eloy Cisneros Guillén se pronunció contra las acciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de permitir que la Guardia Nacional y la Policía Estatal impidan que madres y padres de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa se manifiesten en las casetas de cobro de la Autopista del Sol.

“Yo difiero de las acciones que realiza la Policía Estatal y el ejército disfrazado de Guardia Nacional en las casetas de cobro, ya que inhiben la lucha social, que lo único que quieren es saber de sus familiares”, comentó después de presentar su libro “Rimas y calaveritas”, en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Estas declaraciones las da después que Salgado Pineda dijo en un acto público que los cercos policiacos instalados en las casetas son para impedir actos de vandalismo.

Cisneros Guillen presentó su libro de poesía titulado Rimas y Calaveritas donde narra la persecución que sufrió de parte del Estado mexicano en la década de los setenta.

En el evento estuvo presente la secretaria de la cultura, Aida Martínez Rebolledo, quien dijo ir en representación de Salgado Pineda e hizo referencia al contenido del libro, dijo que las historias de persecución que se narran ya no se repetirán, “Quiero decirles que este no es un gobierno represor, ahora ponderamos la justicia social”, mencionó.

Mientras Martínez Rebolledo dirigió sus palabras al público que asistió a la presentación del libro, en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol normalistas de Ayotzinapa se confrontaron con elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional.

Cisneros Guillen defendió a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y dijo que la lucha que ellos emprenden todos los días por saber de sus familiares es una lucha justa y sentida por miles de personas.

Dijo comprender el sentimiento de tener un amigo y familiar desaparecido, ya que él vivió en carne propia la desaparición.

“En mi caso estuve desaparecido nueve días los cuales fueron una tortura generalizada para mi familia, ¿Qué será de los padres de los 43 que tienen más de siete años sin saber de sus hijos?, ellos viven una tortura psicológica”.

Hizo un llamado a las autoridades estatales a no usar las fuerzas policiacas ni militares para reprimir la lucha social y recomendó usar siempre el diálogo antes de usar la fuerza pública.

“La gente no hace plantones, bloquea calles, ni toma casetas por gusto, lo hacen porque tienen un problema, yo propondría abrir espacios para que la gente se exprese”, dijo.

El luchador social, Eloy Cisneros Guillén, durante la presentación de su libro Rimas y Calaveritas, en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez

Salir de la versión móvil