El viejo luchador social fundador del PRD fue asesinado junto a su esposa, su suegra y un ahijado, el 14 de octubre del 2017; sus hijos e hijas tienen seis años esperando justicia
Texto: Marlén Castro
Chilpancingo
14 de octubre del 2023
A las cinco de la tarde del domingo 14 de octubre del 2017, Ranferi Hernández Acevedo, su esposa Lucía Hernández Dircio, su suegra Juanita Dircio, de 94 años, y su ahijado Antonio Pineda Patricio, salieron de Ahuacuotzingo, rumbo a Chilapa, ambos municipios de la Montaña baja de Guerrero.
Nunca llegaron a su destino.
Como a las diez de la noche, en las redes sociales se difundieron imágenes de una camioneta incendiándose cerca de la comunidad de Nejapa, municipio de Chilapa, y se apreciaba que esto ocurría con sus ocupantes adentro. Diana Itzel Hernández Hernández, entonces de 27 años, la cuarta hija del matrimonio de Ranferi y Lucía, estaba en Acatlán, cuando vio la noticia. Jamás pensó que esa información tuviera relación con ella.
En una zona donde la gente se acostumbró a la violencia, derivada de la disputa entre poderes económicos y políticos que conformaron grupos del crimen organizado, aún hay crímenes que causan horror. Este fue uno de ellos. Las víctimas, de acuerdo con la información de las autoridades, fueron quemadas con vida. Los asesinos no tuvieron piedad ni por la abuelita de 94 años.
Este sábado se cumplieron seis años de ese suceso, tiempo en que la familia Hernández Hernández no ha tenido justicia. En este tiempo, los Hernández vivieron el crimen de su padre, su madre, la abuela y un amigo cercano a la familia, dos sepelios y una exhumación para que expertos forenses externos a la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieran una nueva necropsia, por la desconfianza de la oficial.
A la fecha, se desconocen quién o quiénes eliminaron de esa manera al viejo luchador social y por qué.
El quinto homenaje a las víctimas de un crimen impune
Cada año, la familia Hernández realiza un mitin, un homenaje y una ofrenda floral a Ranferi Hernández, Lucía Hernández, Juanita Dircio y Antonio Pineda, en Nejapa, en el sitio en el que los cuatro, con huellas de tortura, fueron hallados calcinados adentro de la camioneta.
Los familiares, líderes sociales y activistas de derechos humanos exigen justicia cada año. En esta ocasión, pidieron de nuevo al presidente Andrés Manuel López Obrador, justicia y castigo a los responsables.
Diana Hernández, quien por parte de Morena compitió en 2021 por la diputación local del distrito 25, que comprende los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera, indicó que “hablando en temporalidades históricas, podemos decir, que desde la época de la guerra sucia hasta los tiempos de la Cuarta Transformación sigue sin haber justicia”.
Denunció que a seis años, el asesinato múltiple de su familia sigue en completa impunidad y que, lamentablemente, este era el signo que distingue a los diferentes crímenes de Estado y de violaciones graves de derechos humanos cometidos en contra de activistas sociales y del pueblo en general.
Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) participa cada año en el homenaje. En esta ocasión, refirió que el Estado ha negado a la familia de Ranferi Hernández, el derecho a la justicia, porque no ha investigado para dar con los responsables.
El exilio en París, ante un enemigo poderoso
El 28 de junio de 1995, 17 campesinos de Atoyac fueron asesinados por la Policía Estatal en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande. El suceso se le conoce como la matanza de Aguas Blancas. Rubén Figueroa Alcocer era el gobernador.
Entonces, Ranferi Hernández tenía dos años como diputado local y desde el Congreso exigió castigo para Figueroa Alcocer, a quien responsabilizó de la matanza de los campesinos.
El 12 de marzo de 1996, Figueroa Alcocer pidió licencia definitiva al cargo y lo sustituyó el entonces priísta, Ángel Aguirre Rivero, quien en ese momento era líder estatal del PRI. Figueroa no fue a dar a la cárcel y Ranferi Hernández comenzó a ser perseguido y amenazado por agentes de gobernación estatal y federal, razón por la que no concluyó el encargo como diputado. El 7 de septiembre de 1997, Ranferi Hernández y toda su familia salieron del país, rumbo a Francia, en donde pidieron asilo político, porque temía por su vida y la de todos sus familiares.
El semanario Proceso, en su edición 1095, publicó una larga entrevista hecha desde París a Ranferi Hernández, en la que narró la persecución que padeció él y su familia desde el momento en que exigió castigo para Figueroa Alcocer.
Los Hernández regresaron a México en 2001. Ranferi Hernández regresó a la lucha social pero con un bajo perfil, resurgió en 2016, cuando un grupo de viejos líderes del PRD, conformaron el grupo ProAMLO y comenzaron a manejar su nombre para la diputación federal por el VI Distrito, que comprende municipios de la Montaña baja y alta.
Abel López Rosas, egresado de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Ciudad de México (UACM), en la tesis titulada Cuando la lucha es el deber, que consiste en una investigación sobre Ranferi Hernández sostiene que “los grupos de poder político y económico coludidos con grupos del crimen organizado veían como una amenaza al viejo luchador social y, en consecuencia, un enemigo a eliminar”
Restos humanos confundidos
El 15 de octubre, los restos calcinados de a quienes identificaron como Ranferi Hernández y Lucía Hernández fueron sepultados en Ahuacuotzingo, de Juana Dircio en Chilapa y de Antonio Pineda, en Nejapa. Fueron exhumados un año y 10 meses después, el 17 y 18 de agosto del 2019.
En los trabajos de exhumación estuvo presente el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, quien llegó con médicos forenses de la FGE, de la Fiscalía General de la República (FGR), para hacer una nueva necropsia por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), porque así lo pidió la familia, a través del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
La confronta de ADN reveló que los restos humanos de Ranferi Hernández y de Juana Dircio fueron confundidos. La abuela de los Hernández descansaba en la morada del luchador social y el luchador social en la tumba que tenía el nombre de la abuela.
El 5 de febrero del 2020 fueron sepultados de nueva cuenta los restos de las cuatro víctimas, ahora sí, donde correspondía a cada uno: la abuela en Chilapa, Ranferi y Lucía en Ahuacuotzingo y Antonio en Nejapa.
