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Ciudad de México: 15 años de la despenalización del aborto entre el derecho y el privilegio

¿Qué hay detrás de la disminución en las interrupciones legales del embarazo (ILE) en esta capital? Detrás, también están las enormes barreras que persisten para acceder a este derecho: burocráticas, de desinformación, de recursos humanos y de dinero.

Texto: Mely Arellano y Daniela Rea / Lado B y Pie de Página de México

Diana tiene 35 años, una hija y un embarazo de 10 semanas. Una mañana de invierno del 2022 acudió a la clínica pública México-España, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, para interrumpir ese embarazo. Sabe que en la Ciudad de México el aborto está despenalizado, así que buscó en internet el procedimiento, los lugares y los requisitos.

La mañana que acudió a la clínica era la décima en la fila. Antes de ella había una joven que venía de Querétaro acompañada de su mamá; y una chica con uniforme de secundaria acompañada de dos amigos con el mismo uniforme, entre otras mujeres. A las 7 de la mañana ya eran unas 30 personas y para las 8, cuando entregaron las fichas, la mitad se tuvo que ir a su casa por no alcanzar turno.

Cuando la trabajadora social le revisó sus documentos le dijo que le faltaba una prueba de sangre. “Eso no está en los requisitos de internet”, espetó, “pero se necesitan y sin ellos no puedes entrar”, le respondió la mujer. Ni hablar. Diana regresó a casa con su ficha y su embarazo.

Al día siguiente decidió no volver a intentarlo ahí, porque no le darían permiso en el trabajo y no quería exponerse a más incertidumbre en un proceso ya de por sí complicado. Terminó yendo a una clínica particular donde pagó 3,500 pesos (unos US$ 193) por el procedimiento de aspiración sin anestesia. Hubiera elegido no sentir el dolor que sintió, pero no tenía los 2,500 pesos adicionales para ello.

Después de luchar 50 años por la despenalización del aborto y lograrlo desde hace 15, en la Ciudad de México el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación, pero el acceso a este derecho enfrenta muchas barreras: de información, de recursos materiales y humanos, administrativas y de clase.

Citlali es una joven del Estado de México. Cruzó la frontera invisible con la Ciudad de México para realizarse un aborto. Llegó a una de las clínicas públicas en el norte de la ciudad y, además de que la trabajadora social la quería disuadir de hacerse el procedimiento, le quiso cobrar 3,000 pesos. Citlali no sabía que tiene derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, solo había escuchado que podía abortar sin el riesgo de ser llevada a la cárcel.

Abortar en la Ciudad de México y la forma en cómo lo hacemos es una cuestión de privilegio.

Caída estrepitosa

Desde el año 2007 que se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el gobierno local ha practicado 256 mil 665 procedimientos, el 85% a través de medicamento y el resto por AMEU (aspiración manual uterina). Sin embargo, desde el 2014 la cantidad de procedimientos ha disminuido.

¿Qué significa esta disminución de los servicios brindados por el Estado? Para activistas, es un reflejo de la falta de accesibilidad al derecho, para la Secretaría de Salud local es más bien una estabilización de casos, luego de un repunte por la disminución de abortos considerados “clandestinos”, sumado al confinamiento pandémico.

Y si bien el confinamiento complicó el traslado y el acceso de las mujeres a procedimientos en instituciones públicas, y fueron otras mujeres, las acompañantas, las que solventaron esa ausencia del Estado, eso no explica la caída sostenida desde 2014.

Colas, fichas, gasas y papel de baño

Si una mujer quiere interrumpir su embarazo en la Ciudad de México, en los servicios gratuitos del Estado, tiene que llamar al ILETEL (555132-0909) o acceder a internet y buscar las clínicas y los horarios en que se ofrece el servicio.

Uno de los primeros resultados de la búsqueda es la página oficial de la Secretaría de Salud (Ssa). Ahí leerá que no puede ir a cualquier clínica, pues solo se ofrece en siete unidades médicas y ocho hospitales; que el horario inicia a las 8:00 am, pero en la práctica sabrá que tiene que hacer fila a las 6:00 am para alcanzar una de las 20 fichas que se reparten. Si no alcanza, deberá intentarlo al día siguiente, con las complicaciones que ello implica: volver a pedir permiso en el trabajo, volver a encargar a lxs hijxs y volver a gastar dinero en el transporte público.

En la capital del país, el acceso a la interrupción legal del embarazo público no es una garantía. Esta es una de las principales quejas que hacen usuarias, acompañantas y organizaciones de defensa a los derechos humanos.

Daniela Medina, integrante de Marías Acompañantes, dice: “Antes pensaba que el principal obstáculo eran las leyes y la falta de gratuidad, o sea, que las mujeres no accedían a abortos seguros porque solo estaba garantizado en CDMX, pero el hecho de que ya sea legal en otros estados me ha cambiado la visión. Ahora creo que el problema, más bien, es la falta de información y los estigmas que hay alrededor (…) Casi todas las feministas sabemos cómo usar el misoprostol y que abortar es nuestro derecho, pero lo sabemos nosotras. Hay muchísimas mujeres fuera de nuestros círculos que no lo saben, que creen que conseguir ‘miso’ es difícil e ilegal, incluso tenemos muchos casos donde acuden a médicos que les recetan procedimientos incompletos o erróneos porque, aunque son médicos, no están actualizados en el tema, no conocen el uso del ‘miso’, por negocio o simplemente porque anteponen su supuesta ética a la salud y deseos de la paciente”.

Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María, asegura que “en efecto, hay todavía muchas personas, incluso en la Ciudad de México, que no saben que se puede acceder a un aborto en las clínicas públicas”.

En la página de internet se establece que los requisitos para acceder a la ILE son:

Identificación oficial, en original y copia.
La Clave Única de Registro de Población (CURP), un código de identidad de 18 caracteres utilizado para identificar a residentes y ciudadanos mexicanos.
Comprobante de domicilio en original y copia (último recibo de predial, luz, agua, gas, televisión paga, teléfono fijo o servicio de internet).
Cédula de Gratuidad (residentes de la Ciudad de México).
Se recomienda acudir con un acompañante con identificación oficial en original y copia.

Pero en la práctica cotidiana, las mujeres señalan que se les exige también prueba de sangre, la recomendación de acompañante se vuelve obligación y se les piden insumos como gasas, papel de baño o cloro porque la clínica pública no tiene recursos económicos para ello.

Incluso en algunos casos, mujeres han testimoniado el cobro por el servicio que debería ser gratuito, como el caso de Citlali, la joven del Estado de México a quien una trabajadora social quiso cobrarle 3,000 pesos por un procedimiento en un hospital público. Su testimonio fue recogido por Lurel Cedeño Peña en su tesis doctoral “La experiencia narrada del aborto en mujeres mexicanas: entre el estigma y el empoderamiento”.

Desde 2007, cuando se despenalizó el aborto en CDMX, al mes de febrero de 2023, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha armado 16 expedientes de queja vinculados a la presunta violación a los derechos a la salud y de las mujeres, relacionados con la ILE. En los casos registrados se observa que:

En 10 de los 16 expedientes, se manifestó que hubo obstrucción o restricciones por parte del personal médico para poder realizar el procedimiento.
En todos los casos se declaró que recibieron malos tratos por parte del personal que atiende en los hospitales.
La mitad de las personas peticionarias o agraviadas denunciaron que fue necesario acudir a más de un hospital para conseguir la atención.
En solo uno de los casos, la autoridad señalada como responsable no fue la Secretaría de Salud, sino personal de la Fiscalía especializada.
En uno se refiere a que el procedimiento del ILE no fue correctamente practicado y se puso en riesgo la salud de la paciente.
En tres casos solicitaron requisitos adicionales, como análisis clínicos, testigos o estudios clínicos pagados de manera particular.

“El servicio funcionaría si hubiera conciencia de las barreras para llegar al aborto y se actuara para combatirlas”, dice Maricarmen Teolli, acompañanta. “Por ejemplo, solo por referirnos a las barreras económicas: tener saldo en el teléfono para hacer una llamada en busca de información, llegar, regresar, pagar pruebas de sangre, los insumos que piden… Muchas veces el que una mujer ejerza su autonomía depende de tener 100 pesos de saldo en el celular”.

Actualmente, solo en dos lugares, el Centro de Salud Dr. Juan Duque de Estrada y la Clínica de Salud Reproductiva Beatriz Velasco de Alemán, ambas ubicadas en la alcaldía Venustiano Carranza, cerca del centro de la ciudad, dan atención ampliada e incluso los fines de semana.

“Eso es muy importante porque hay quienes no tienen la posibilidad de acudir entre semana”, porque tienen que pedir permiso en su trabajo, dice Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María, y agrega que para que una mujer pueda ir a pedir el servicio a las 6 de la mañana debe echar mano de muchas herramientas y redes de apoyo: el ejercicio del derecho a abortar es un tema de justicia sexual y reproductiva.

Del total de interrupciones legales del embarazo que realiza el gobierno local, el 68.7% son a mujeres que radican en la Ciudad de México y el resto a otros estados del país, siendo los principales: Estado de México (con el 87.5% del total de procedimientos a foráneas), Hidalgo y Puebla.

Y si bien Patricia López, acompañanta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), reconoce que una buena práctica es la prioridad que dan a las mujeres foráneas para atenderlas el mismo día, mediante el procedimiento de AMEU, para las que sí radican en CDMX no hay suficiente atención.

Lo ideal, propone Stephanie Lomelí, es que el servicio de ILE se proveyera en cualquier centro de salud, clínica u hospital de la ciudad, y no que se limitara a unos cuantos, como sucede actualmente.

En ello coincide Mara Zaragoza, subdirectora de fortalecimiento de la organización Ipas Latinoamérica, que lucha por el acceso a abortos seguros: “si bien no estamos diciendo que desaparezcan las clínicas de ILE, nos parece que hoy por hoy cualquier mujer debería poder llegar a una clínica, decir que lo necesita y obtener el servicio con la misma calidad”.

En experiencia de las acompañantas, los servicios públicos también deberían mejorar la publicidad y atención para que sea cálida, clara, sin estigmas y sin presión para llevarse un método anticonceptivo.

La falta de información pública sobre este derecho ha dado pie a que en la entrada de las clínicas haya personas anti-derechos que, disfrazados de médicos y enfermeras, desinformen y coopten a las usuarias para obstaculizar el acceso al aborto. Mujeres que, según la titular de la Administración del Seguro Social (Ssa), Olivia López, inhiben la interrupción del embarazo con información falsa, e “incluso a mujeres que no están embarazadas les realizan el ultrasonido y proyectan imágenes de fetos que no existen en su vientre”.

Adolescentes y su derecho a la justicia reproductiva

El documento “Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Ciudad de México, 2007-2021. Tendencias a 15 años de su despenalización y provisión pública”, realizado por el gobierno de la CDMX, señala que se ha reducido más el número de ILE entre niñas y adolescentes, que entre las mujeres adultas, aunque no refiere razones. Y señala también que en alcaldías menos urbanas, como Milpa Alta, la probabilidad de embarazo infantil es muy elevada, y muy reducida la probabilidad de que las niñas accedan a la interrupción.

El Comité de Expertas de Belém Do Pará señala sobre los embarazos infantiles que “todo embarazo en una niña menor de 14 años debe considerarse no consentido y, por tanto, producto de violencia sexual”.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en la CDMX se registraron 635 violaciones sexuales contra niñas de 1 a 17 años, solo de 2019 a 2021, es decir, una cada dos días. Aunque seguramente son más, porque como señala la directora de esta organización, Tania Ramírez, “hay un subregistro de estos casos”.

En caso de una violación, la Norma Oficial Mexicana 046 establece que se puede acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) incluso sin denuncia judicial de por medio, y no hay un límite de semanas gestacionales para llevar a cabo el procedimiento.

Sin embargo, el número de IVE es muy bajo. Por ejemplo, en ese mismo periodo en el que hubo 635 violaciones sexuales contra niñas (2019-2021), solo se registraron 116 IVE en mujeres en general, aunque de acuerdo con las autoridades, eso se debe a que muchas prefieren acceder a la ILE para evitar cuestionamientos.

Pero si ese es el caso, ¿cómo van a saber las adolescentes que pueden acceder a un aborto si no hay campañas de difusión?, cuestiona Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María: “Vemos a veces campañas que hablan de la vacunación o de otro tipo de servicios, y pues ILE nunca está presente”.

Las cinco alcaldías con mayor índice de fecundidad en adolescentes son Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Cuajimalpa. De acuerdo con un análisis realizado por Verónica Esparza, coordinadora de Investigación en el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en Milpa Alta y Cuajimalpa hay menos información, menos presupuesto y, por lo tanto, menos posibilidades de acceso a una ILE. Lo cual tiene un impacto en la vida presente y futura de esas adolescentes.

Al respecto, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la CDMX explica que es necesario mucho equipamiento para llevar el servicio a las alcaldías más alejadas, por lo que se concentran en prevenir el embarazo, mediante campañas sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos en escuelas de educación media y media superior.

Uno de los requisitos para que las adolescentes puedan acceder a una ILE o una IVE es que vayan acompañadas por su padre, madre o tuto, lo cual, de acuerdo con acompañantas, complica el acceso por el estigma que hay alrededor del embarazo adolescente.

La criminalización permanece

La falta de información sobre el aborto afecta también a las mujeres adultas que viven en las zonas menos urbanas, “como Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, donde todavía hay mucho estigma”, dice Patricia López, acompañanta de Ddeser. En su experiencia, en esas zonas “todavía hay muchos mitos y estereotipos al respecto, como que un aborto es culpa de la mujer”.

A la falta de información se suma el hecho de que el aborto sigue siendo un delito contemplado en el Código Penal: “mientras eso continúe, las mujeres seguirán teniendo temor de solicitar o buscar servicios, porque están preocupadas de sí su caso cuadra o no en un marco legal”, dice Mara Zaragoza, de Ipas Latinoamérica.

Se trata de un temor fundado: la CDMX es la entidad donde hubo más Carpetas de Investigación (CDI) por aborto en el año 2022 en todo el país: 192 personas fueron denunciadas por ese delito, una denuncia cada dos días.

También en el acumulado de 2015 a 2022, la capital del país quedó en primer lugar con 945 denuncias.

Que el aborto siga como delito en el Código Penal hace también que el personal de salud sienta riesgos, “y esa incertidumbre legal, lo único que trae como resultado es mayor rechazo, falta de atención y negación de servicios, que ponen en juego lo que se supone que es lo más importante: la salud y bienestar de las mujeres”, agrega Mara Zaragoza.

Abortar en clínicas privadas

Mientras el aborto siga siendo más un privilegio que un derecho, las mujeres optarán por interrumpir sus embarazos con acompañantas, pero también en clínicas privadas, donde tampoco hay garantía de una atención sin prejuicios o incluso a un precio justo. Además, los hospitales privados no están obligados a informar a la autoridad sobre el número de servicios de ILE o IVE que dan.

Este relato lo comparte Daniela Medina, integrante de Marías Acompañantes, quien acompañó a una amiga a realizarse una ILE en una clínica privada en el año 2012.

“Acompañé a una amiga que en ese entonces tenía 21 años y tenía 10 semanas de gestación. Somos de Toluca, así que tuvimos que trasladarnos en bus primero, llegar a (la estación) Observatorio y de ahí a la clínica que estaba por la estación Indios Verdes. Cuando llegamos le empezaron a cuestionar por su salud, que si tenía un TAC, que si no estaba alimentándose bien para que no se le notara, frente a todas las demás pacientes. La persona que estaba en el mostrador era un hombre y le hizo un interrogatorio extenso. Ella pidió ver el ultrasonido y la ginecóloga le dijo que si quería verlo era porque no estaba segura y ella no podía perder el tiempo, tenía muchas pacientes. Mi amiga quería de alguna forma despedirse del embrión. Luego le dijo que tenía 13 semanas y media y que, por eso, el costo era más alto y tenía que ser otro proceso. Mi amiga quería un AMEU y le dijeron que sí, pero además la forzaron a pagar más y a tomar una dosis de ‘miso’. Mi amiga comenzó con mucho dolor, escalofrío y náusea, síntomas fuertes del ‘miso’ y estaba muy asustada. El encargado del mostrador le gritó y la maltrató. Llegamos a la clínica a las 9:30 a. m. más o menos y la atendieron cerca de las cuatro o cinco de la tarde, pero a mí me dieron informes hasta las seis. No la anestesiaron, sintió todo y la ‘gineco’ la regañaba por moverse, por respirar profundo. Después la dejaron una hora esperando, semidesnuda, leyendo sobre anticonceptivos. Le volvieron a hacer un ultrasonido para que viera que el útero estaba vacío. Por días tuvo dolor y después, una infección”.

Julia Escalante, activista por los derechos sexuales y reproductivos, realizó una investigación sobre el servicio de ILE en clínicas privadas y encontró —con excepciones— que hay lugares donde hacen trabajar al personal médico 10 horas seguidas, con poco tiempo de descanso por lo que no dan consejerías ni explican las señales de alarma. Lo cual implica un riesgo para las usuarias; además de que se les exige practicar y vender los procedimientos y métodos anticonceptivos más costosos. Encontró también una alta fluctuación de personal en las clínicas.

Escalante registró el caso de una mujer que tenía un embarazo ectópico y la aspiración mal practicada terminó en una perforación. Días después del procedimiento ella llamó a la clínica para decir que tenía dolor, le dijeron que era normal. “Terminó en un hospital con una infección y una cirugía que costó 70,000 pesos (unos US$ 3.785)”.

Otra experiencia que acompañó Daniela Medina sucedió en otra clínica privada, en la colonia Roma:

“Mi acompañada tenía 20 años y 8 semanas, ella quería abortar con ‘miso’. Le dijeron que no podía usar medicamentos porque tenía más de 12 semanas y tenía que ser forzosamente con AMEU (que salía mucho más caro, que con medicamentos). Le hicieron firmar una especie de deslinde de responsabilidades si se ponía mal en Toluca. Yo aún no sabía cómo funcionaba el ‘miso’ y pues creímos en lo que decía la ‘gineco’. En ese momento yo tenía unos 2 años acompañando, no conocía muchas clínicas y no tenía tan presente el concepto de violencia ginecológica ni de derechos que tengo hoy”.

Para Daniela, estas experiencias que acompañó son ejemplo de cómo se sigue castigando a las mujeres por decidir y cómo se lucran de nuestro desconocimiento. “En las clínicas privadas es común que intenten cobrarles de más a las mujeres, que aumenten el precio por cada semana de gestación. En casi todas las clínicas dicen que hay acompañamiento psicológico, que es libre de estigmas, pero esa vez parecía todo lo contrario”.

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia, que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

«Las mujeres no tienen por qué salirse de la Iglesia por abortar»: Sandra Mazo

La directora de Católicas por el Derecho a Decidir en Colombia e integrante del movimiento Causa Justa explica por qué quienes son creyentes pueden disentir de la jerarquía eclesial y decidir sobre su propia maternidad. Dice que para superar la culpa del aborto, que impacta tan hondo a las mujeres, es necesaria su bendición social.

Por: Karen Parrado Beltrán / Mutante*

Fotos: Paula Thomas

Colombia

Después de veinte años de un debate intenso hay varios acuerdos sobre el aborto en Colombia. Uno de ellos, que empieza a ganar terreno, es que a las camándulas ya no hay que sacarlas de los úteros —pues el país ha avanzado a través de sentencias de la Corte Constitucional—, sino de las conciencias.

Úteros y conciencias engloban metafóricamente dos facetas del aborto en el país: la legal y la social. Por un lado, Colombia es el país con la regulación más progresista del continente en la materia. Por otro, es de las naciones con más católicos en el mundo, donde abortar aún es considerado un acto moralmente reprochable o un pecado condenado por la Iglesia católica.

“Pero ya no es igual que hace dos mil años”, dice Sandra Mazo, activista católica y feminista, y parte del movimiento de mujeres que demandó al Estado colombiano en dos oportunidades durante este siglo para eliminar al aborto del Código Penal. Para ella, que también es directora de la oenegé Católicas por el Derecho a Decidir Colombia (CCD – Colombia), el aborto tiene que ser menos una cruzada religiosa, encallada en ideas fundamentalistas, y más un tema de salud pública.

También busca volver más popular la visión misericordiosa de la Iglesia católica sobre el aborto, una visión que no condena a las mujeres creyentes por abortar ni las obliga a abandonar la Iglesia. Además, cree que hay una tarea pendiente: despenalizar las conciencias y erradicar la culpa a la hora de acceder al aborto.

Mazo y otras mujeres recorren el país haciendo pedagogía sobre la Sentencia C-055 de 2022, que emitió la Corte Constitucional el 21 de febrero del año pasado. Con esa decisión –considerada histórica– se despenalizó parcialmente el aborto hasta la semana 24 sin condiciones, conservando las tres causales establecidas en un fallo previo, la Sentencia C-355 de 2006, que son: peligro para la vida o salud de la mujer, incompatibilidad del feto con la vida fuera del útero y cuando el embarazo sea resultado de una violación, incesto o procedimientos de fertilización no consentidos.

En 2005 usted estaba embarazada de su primera hija, muy cerca de dar a luz y también era parte del movimiento de mujeres que quería lograr que la Corte Constitucional despenalizara el aborto en las tres causales específicas. Algunos verían una contradicción en eso, ¿para usted qué representó?

Para mí fue coherencia. La situación que estaba viviendo en el 2005 frente a mi embarazo lo que mostraba era precisamente lo que defendemos nosotras, y es que la maternidad tiene que ser deseada, planeada, tiene que hacer parte del proyecto de vida de las personas. Y el estar embarazada en medio de esta apuesta de litigio que nos llevó a la despenalización en tres causales, fue mostrar en la práctica, en mi propia vida y en mi propio cuerpo, que no queremos que las maternidades sean forzadas y que tenemos derecho a decidir. Eso lo que mostró es que no estamos haciendo apología del aborto, sino que lo que promovemos son maternidades seguras y deseadas.

Ha dicho que el no abortar no es un dogma dentro de la Iglesia, ¿qué significa eso en la práctica?

El aborto en la Iglesia católica definitivamente es un tema que está en debate. La Iglesia católica, que es a la que yo pertenezco y en la que creo, no es monolítica y en el tema del aborto no hay una visión impuesta. Hemos investigado y hemos encontrado que el aborto está en el Derecho Canónico y que es tratado desde una visión misericordiosa, porque es perdonado. El Derecho Canónico es benévolo y misericordioso porque exime o atenúa la pena de excomunión por aborto en determinadas circunstancias. Hay principios muy importantes en la Iglesia católica, sobre todo el principio de la libertad de conciencia, que hacen que se vuelvan argumentos muy potentes para quienes somos creyentes, y que nos muestran que esta Iglesia sí comprende y sí perdona a las mujeres que abortan. Aquí hay un debate de todas maneras plural, sabemos que quizá la jerarquía eclesial en los últimos años ha tenido una postura bastante cerrada frente al tema, pero hay doctrina religiosa que nos muestra que hay posibilidad de disentir frente a esto y que las mujeres no tienen por qué salirse de la Iglesia por abortar porque hay razones de peso que la Iglesia perdona.

¿Qué ha hecho que esa postura misericordiosa de la Iglesia sobre el aborto no sea tan conocida?

Lo que hace que no exista la misericordia son los fundamentalismos religiosos. Los creyentes no podemos ver la palabra de Dios, la ritualidad y la sacralidad, al pie de la letra. Lo religioso también hay que leerlo en el contexto. Los contextos cambian. Esta es una Iglesia que tiene que empezar también a mirar el devenir de los tiempos, los signos. Y los tiempos cambian.
Por eso, en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, mucha feligresía le está reclamando a la Iglesia católica cambios, que ya no es igual que hace dos mil años. También consideramos que hay una Iglesia renovada, y nos vamos a encontrar con religiosas, sacerdotes, personas de iglesia que están seguras de que hay que empezar a leer lo religioso y
la religión desde los cambios de los sujetos históricos. Nosotras no concebimos un Dios a partir del miedo, del pecado o de la culpa, sino una visión de Dios a nuestra imagen y semejanza.

¿Qué responsabilidad le queda a los creyentes?

Hay que trabajar mucho en ser coherentes y tener un diálogo más directo con ese Dios en el que creemos. Porque nada ganamos con rezar tres veces al día o ir todos los domingos a misa, si estamos reproduciendo ejercicios de poder y siendo incoherentes con el mensaje del cristianismo, que es el de la solidaridad, el del amor.

¿Cuál cree que ha sido el mayor impedimento para que la discusión del aborto en Colombia avance hacia un terreno de derechos humanos?

Un impedimento ha sido el patriarcado, y es esa dificultad para que entiendan que las mujeres tenemos agencia moral, es decir, capacidad de decisión. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra sexualidad han sido tomados como un recurso, como un medio, y no como un fin. A las mujeres nos han instrumentalizado el cuerpo para la maternidad, y los poderes patriarcales –llámense Iglesia, Estado, cultura– se han creído dueños del cuerpo y la vida de las mujeres. Y creo que eso ha dificultado en términos normativos, pero también en términos sociales y emocionales, que se pueda avanzar frente al ejercicio del derecho a decidir de las mujeres y, sobre todo, en el tema del aborto, que ha sido tratado con tanto estigma a partir del miedo, del pecado, de la culpa, bajo el manto de una doble moral. Mientras no haya reconocimiento de las mujeres como agentes morales de decisión va a ser muy difícil que la sociedad entienda que no pueden seguir decidiendo por nosotras. Se hacen leyes y normas que siguen reproduciendo la desigualdad y nos siguen viendo como menores de edad, incapaces de tomar decisiones frente a nuestra vida. Nos ponen la responsabilidad sobre el mundo, pero nos quitan agencia para decidir frente a nuestro cuerpo, es demasiado contradictorio.

¿Vivimos una especie de doble moral cuando se trata del aborto?

Casi todo el mundo ha tenido cercanía con alguien que ha abortado. Esta es una sociedad doble moral porque cuando conoce casos concretos considera que había razones para hacerlo, pero a nivel general muestra un discurso en contra de avanzar en estos derechos. Esto está muy permeado por el estigma. La gente puede que internamente esté de acuerdo con ciertas circunstancias de aborto, pero como reconocerlo tiene tantos costos en términos de sanción social y moral, cuando se tiene que hablar a nivel público se oculta y se rechaza. Luchar por la salud pública, para que no se nos mueran las mujeres, y para que no las tengan que perseguir ni criminalizar, es un acto de humanidad y de derechos. Por eso hablo de la doble moral, porque es muy lamentable una sociedad que está siendo connivente y cohonestando con que las mujeres se mueran por situaciones que podrían ser evitables. Esta es una sociedad en la que todos defendemos la vida, pero en la que hay vidas de primera y de segunda, y la vida de las mujeres siempre ha estado en segundo lugar.

La sentencia C-055, que despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, cumplió un año hace poco. ¿Qué ha sido lo más significativo de estos 12 meses?

Creo que el balance es bastante positivo. Por un lado, se ha hecho mucha pedagogía, sobre todo las organizaciones de Causa Justa, y otras organizaciones de mujeres, de derechos sexuales y reproductivos, hemos hecho un trabajo incansable para llevar la información de la manera más veraz, oportuna y fiel a lo que ha significado la sentencia de la Corte. Lo que me parece que también ha generado que se mantenga la conversación vigente. No fue que se despenalizó el 21 de febrero de 2022 y se dejó de hablar. Y, como ha habido un gobierno nuevo, nos ha permitido un ejercicio de incidencia con el gobierno, que ha mostrado
voluntad política. De hecho, han agilizado el proceso de hacer una resolución (051 de 2023), que salió en enero y que da la reglamentación para el ejercicio y la práctica del aborto en Colombia por parte de las entidades prestadoras de servicios de salud (EPS). Creo que no ha sido un año fácil en términos de que se comprenda lo que significó las 24 semanas, pero cada vez hay más voluntades, más personas y organizaciones tomando en serio lo que ha dicho la Corte y generando más información al respecto.

¿Para usted qué representa la semana 24 en esta última sentencia, un aspecto muy criticado por algunos sectores?

Cuando presentamos esta demanda no pedimos ni semanas ni plazos. Para nosotras la petición era muy clara: eliminar el delito de aborto del Código Penal. La decisión de la Corte de dar 24 semanas fue basada en el principio de un óptimo constitucional, es decir, pensar cómo generar una armonización entre la vida en gestación y la vida de la mujer o persona gestante. Este fue un criterio basado en salud pública, en parámetros que ha dado la Organización Mundial de la Salud. Fue un asunto de la Corte
Constitucional, no nuestro. No es que la Corte haya dicho que pueden abortar a las 24 semanas, sino que da un lapso entendiendo que Colombia tiene muchas dificultades para detectar y enfrentar a tiempo situaciones de embarazos no deseados por cualquier razón.

Vayamos a los últimos cinco años y a todo el proceso que ha acompañado al activismo de Causa Justa. ¿Qué cosas planteó diferente desde el principio este movimiento en comparación al que logró la sentencia de las causales en 2006?

En este tiempo lo que ha marcado la diferencia es que las organizaciones que integramos Causa Justa hemos ganado madurez. La capacidad de entender todas las experticias y capacidades que hemos logrado ha hecho que podamos confluir y retroalimentarnos. Otro elemento muy importante fue construir argumentos. Construimos noventa y fue todo un proceso para entender y documentar por qué era necesario eliminar el delito de aborto. Pasamos de saber que había que despenalizarlo a argumentar desde muchas perspectivas las razones para hacerlo definitivamente, y aquí hubo miradas jurídicas, políticas, en salud pública, socioculturales. Otro elemento diferencial fueron las redes sociales. Eso ha ayudado mucho porque nos posibilitó mostrar los argumentos por diferentes medios y sobre todo democratizar y socializar muchísimo con organizaciones de diferente índole.

Otra cosa fue lo que está pasando en América Latina, es decir, la ola verde que vimos en Argentina nos puso un listón muy alto en términos de la movilización. De hecho, Argentina comenzó con la despenalización social y después con la despenalización legal, a nosotras nos ha tocado más vía litigio y hemos ido llegando a la despenalización social.

Un último ingrediente que llegó y que potenció muchísimo el trabajo de Causa Justa fue la movilización social. La calle es un lugar muy importante para defender esta sentencia, y fue una cosa impresionante ver tantas mujeres, tantas personas en general, movilizándose alrededor de ella.

En Colombia y otros países de la región vivimos una avanzada de movimientos autodenominados ‘provida’ que insisten en que el aborto siga considerándose un delito. ¿Cómo lee la simbiosis entre estos movimientos y la religión?

Creo que estos grupos, que realmente se llaman antiderechos, tienen muchas procedencias. Algunos tienen una procedencia religiosa, sobre todo muchos grupos pentecostales y evangélicos, que han tomado mucha fuerza como movimientos trasnacionales en contra de la agenda de género y en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Sabemos que hay toda una intencionalidad religiosa, pero no es su única característica de identidad, también obedecen a una ideología de derecha. Y cuando digo de derecha es una ideología neoliberal, patriarcal, que se empeña en mantener el statu quo y que lo que necesita es mantener la tradición, lo que se concibe como la familia y los valores tradicionales. Esa simbiosis que caracteriza a los grupos antiderechos hay que mirarla desde una perspectiva política, pero también económica. Ellos están muy interesados en tener en los gobiernos y en el Estado figuras representativas que mantengan el orden y un modelo de injusticia y, sobre todo, bajo principios y pilares neoconservadores.

También hay una característica de estos grupos y es en lo social y en lo cultural. Han aprendido de los movimientos sociales, incluso del movimiento feminista, y replican las acciones que nosotras hacemos para la incidencia. Están armando y fortaleciendo grupos de jóvenes, tienen movimientos de mujeres, conforman oenegés, tienen centros de estudio e investigación en las universidades.

Con esas dos banderas –la defensa de la vida y de la familia– han desplegado una cantidad de estrategias para retroceder derechos y para obstaculizar el avance de los derechos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual.

¿Qué piensa de los dos referendos ‘provida’ que se están organizando en este momento en el país? ¿Le preocupan?

Sabemos que hay dos proyectos que están en la recolección de firmas. Ellos se están valiendo de los mecanismos de la democracia para retrocedernos en derechos y es lamentable. Esperamos que esas dos iniciativas no prosperen. Somos conscientes de que estos instrumentos de la participación ciudadana no son para poner a consideración derechos fundamentales.

La sentencia de la Corte Constitucional está reconociendo el aborto como un derecho fundamental que se deriva del derecho a la salud, y ellos con sus referendos lo que están poniendo a consideración es negar un derecho fundamental. La verdad no nos asusta porque nosotras siempre nos hemos valido de los mecanismos de la democracia para ganar y alcanzar derechos, y estamos aquí listas para el debate político que haya que dar.

¿Cómo enfrentar el problema de la culpa y del estigma que rodea al aborto?

Hay una cosa que para Católicas (por el Derecho a Decidir, CDD-Colombia) ha sido siempre una bandera y es que no basta con que logremos normas muy progresistas si no trabajamos al mismo tiempo por cambiar imaginarios sociales y culturales que las asimilen; es lo hemos llamado despenalización social. Creemos que muchas personas a pesar de que saben que el aborto es legal, que no están cometiendo un delito, experimentan una fuerte carga cultural que hace que haya muchas culpas. Y una de las cosas que hemos planteado es que hay que empezar a despenalizar las conciencias, eso pasa por empezar a entender por qué la gente tiene miedo, porque está cargada de culpas y porque las creencias hacen que que sean tan conflictivas las decisiones frente al aborto. De hecho, hay un cargo muy bello que reconoció la Corte Constitucional en esta sentencia y es el de la libertad de conciencia. La Corte dijo que este derecho hace parte de un derecho reproductivo, que es la autonomía reproductiva, el derecho a decidir de las mujeres. Por eso estableció que hasta las 24 semanas ninguna mujer tiene que decirle ni al médico, ni al esposo, ni al papá, ni al sacerdote, ni a nadie, por qué va a abortar. Es entender que la decisión que toma, la toma basada en su libre albedrío, eso es muy revolucionario. No hablamos de un tema solamente religioso, es también jurídico, porque es acudir nada más y nada menos que al principio de la libertad.

Hay algo muy lindo de esta sentencia y es que no obliga. Las personas a las que su conciencia, su religión, su moral, les impide practicarse un aborto, afortunadamente esta sentencia no las obliga, no tienen por qué hacerlo; pero tampoco pueden presionar y obligar a las mujeres a actuar en contra de su propia conciencia. Si hay algunas que sí lo desean, que sí se enfrentan a un embarazo no deseado, no se les puede imponer un tipo de moral única. Tiene que llegar un momento donde la gente entienda que esto es un procedimiento de salud pública, de igualdad de derechos, y empezar a quitarle esa carga de estigma, de miedo y de culpa que ha tenido toda la vida el aborto.

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia, que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola, periodismo transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

Faltan reformas para garantizar el aborto en Guerrero: activistas

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Foto Amilcar Juárez / Archivo
3 de febrero del 2023
Chilpancingo

Aun cuando en Guerrero el aborto es legal desde el 17 de mayo del 2022 faltan reformas a leyes de Salud y al Código Penal del Estado para garantizarles a las mujeres el acceso pleno a una interrupción segura del embarazo.

Durante la conferencia Aborto Legal, Derecho Constitucional, realizada en el marco de la Semana Jurídica organizada por la Secretaría General de Gobierno, las activistas feministas Jesica Estévez Ojendiz y Lourdes Juárez Díaz coincidieron en que falta camino legislativo y constitucional para que las mujeres en Guerrero puedan acceder a un aborto seguro.

Juárez Díaz mencionó que la reforma al Código Penal presentada por las diputadas Beatriz Mojica Morga, Citlali Calixto Jiménez y Nora Yanek Velázquez Martínez aprobada en mayo del 2022, aunque es un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, hay ciertos aspectos que pueden mejorar.

«La reforma de 2022 contempla y favorece mucho el tema del aborto electivo, es decir las mujeres que por decisión propia deciden practicarlo, y deja un poco relegado el tema de los abortos producto de agresiones sexuales», mencionó Juárez Díaz.

En la imagen, una joven festeja afuera del Congreso del estado por la aprobación de la despenalización del aborto en Guerrero.

Además mencionó que a ocho meses de la despenalización del aborto no hay información adecuada, tanto que el personal de salud sigue sin conocer protocolos para atender los casos de mujeres que van a abortar.

Otro tema que denunciaron en la conferencia es que se necesita otra reforma al Código Penal del Estado de Guerrero para garantizarle al personal de salud que no irán a la cárcel por practicar un aborto.

El Código Penal estatal en su artículo 159 aún establece penas para la persona o médico «que haga abortar a la mujer voluntariamente», a quien le impondrían una pena de uno a tres años de prisión.

«Ese artículo aún causa dudas en los médicos y es la causa de que muchos de ellos no practiquen una interrupción de embarazo», mencionó Estévez Ojendiz.

Otro tema es el llamado objetor de conciencia, una figura legal para que el personal médico evite practicar un aborto por considerarlo contra sus ideas religiosas o éticas.

Aun cuando en Guerrero no existen objetores de conciencia, la realidad es que «el personal médico hace muchas veces desistir a las mujeres que acuden por situaciones de violencia sexual o que quieren acceder voluntariamente a una interrupción del embarazo», explicó Estévez Ojendiz.

Las activistas mencionaron que aún faltan acciones de parte del Estado para garantizar a las mujeres el acceso total a una interrupción del embarazo y a erradicar la violencia contra las mujeres.

También mencionaron que son preocupantes las 13 carpetas de investigación abiertas por el delito de homicidio en razón de parentesco contra mujeres que abortaron y que deben salir libres porque no cometieron delito.

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La FGE intentó retrasar por segunda ocasión la audiencia de Aurelia García

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Cortesía Red Guerrerense por los Derechos de la Mujer

10 de diciembre del 2022

Chilpancingo

En la última audiencia de Aurelia García Cruceño, mujer nahua presa por un aborto fortuito, la Fiscalía General del Estado (FGE) pretendió retrasarla nuevamente.

El pasado jueves, durante la última audiencia de Aurelia, de acuerdo con las abogadas que forman parte de su defensa, la FGE trató de llevar como asistente técnico al médico forense que hizo el dictamen de necropsia al producto.

Para relizar la necropsia, el médico forense hizo una prueba de docimasia pulmonar, una prueba médica que puede establecer la presencia de aire en los pulmones de un recién nacido muerto, de acuerdo con una consulta en internet.

El médico forense determinó (de acuerdo con la prueba de dismosia pulmonar) que el producto sí tuvo vida.

Ese proceso, informaron las abogadas, es improcedente porque pierde la objetividad, porque ese mismo médico forense ya había testificado.

Por falta de asistente técnico fue que se pospuso la pasada audiencia, que tendría que dar fe del testimonio del paramédico que atendió a Aurelia y al producto.

Jason Muñoz fue el paramédico que atendió a Aurelia después de sufir el aborto fortuito, en su testimonio delcaró que, tomó los signos vitales del producto y este no tenía vida.

En su declaración, Jason Muñoz expuso que el producto tenía una coloración morada por no haber recibido oxigenación durante mucho tiempo.

Por lo que la defensa de Aurelia sostiene su teoría de que el producto no nació con vida.

La defensa de Aurelia no aceptó que el asistente técnico fuera el mismo médico forense que realizó la necropsia.

«Lo que nosotras (la defensa) hicimos es que nos oponíamos a que él estuviera presente como asistente técnico porque él ya conocía el caso y comparecido, y no podía ser objetivo».

Finalmente «la jueza consideró que efectivamente el asistente técnico de la FGE estaba impedido para estar en la audiencia», mencionó Verónica Garzón Bonetti, abogada de Aurelia.

Por la negativa de la jueza hacía el asistente técnico, la FGE pidió que se pospusiera nuevamente la audiencia.

Al final uno de los ministerios públicos buscó otro asistente en el momento.

En esta audiencia lograron desahogar las pruebas pendientes por parte de la defensa de Aurelia.

La audiencia comenzó a las 6:30 de la tarde del jueves y culminó a la una de la madrugada de ayer.

De acuerdo con Garzón Bonetti, una de las pruebas presentadas fue antropológica. En esta prueba presentaron todo el contexto cultural y social en el vivió Aurelia, algo que ni la jueza ni la FGE habían considerado.

«Esto se debió haber hecho desde el inicio, nosotras lo presentamos porque es importante para poder juzgar con perspectiva de género e intercultural. A la FGE nunca le ha importado el contexto de Aurelia», comentó Garzón Bonetti.

Aurelia es una joven nahua originaria de Xochicalco, municipo de Chilapa de Álvarez.

Fue víctima de violación en 2019 por un hombre que era autoridad de su comunidad, por miedo a represalías decidió huir de su pueblo hacia Iguala.

Además de los estigmas de su lugar de origen, donde no es bien visto que una mujer tenga relaciones sexuale o se embarece antes del matrimonio.

Lo que sigue para el caso de Aurelia es que el próximo 19 de diciembre hagan los alegatos de clausura, que consiste en un resumen sobre las pruebas presentadas en el juicio.

Para el 20 dictarían la sentencia final, que en caso de ser favorable para Aurelia, saldría en libertad ese mismo día.

En la imagen, grupos feministas protestan fuera de la Ciudad Judicial de Iguala el pasado 28 de noviembre, antes de la audiencia de Aurelia García. Foto: Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres (Archivo).

Pendiente reforma en salud para un aborto seguro y gratuito

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

28 de septiembre de 2022

Chilpancingo

La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, en el marco del Día de acción global por la despenalización del aborto, informó que aún falta mucho en materia de salud y difusión para garantizar un aborto legal y seguro para las mujeres en la entidad.

En conferencia de prensa, la Red Guerrerense llamó a las instituciones de salud, públicas y privadas, a garantizar el derecho de aborto despenalizado desde el pasado 17 de mayo.

“Las instancias de salud deben ponerse al corriente con la reforma histórica que se logró en Guerrero el pasado 17 de mayo”, mencionó Viridiana Gutiérrez Sotelo, integrante de la Red.

Explicaron que a pesar de que existe disposición de parte de las autoridades de salud y de que ya se impartieron talleres al personal médico, aún hay muchos problemas que afectan la seguridad de las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo.

“Ejemplo de ello es que continúa la práctica del legrado, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que debe de eliminarse y sustituirse por una Aspiración Manual Endouterina (AMEU), en otros casos, las dosis con medicamentos no son las correctas, Desconocemos si estas prácticas se mantienen por falta de infraestructura o por desconocimiento de los procedimientos y normas”.

Otro de los retos que hay es la difusión de la despenalización del aborto en comunidades donde no se habla español, no hay luz, acceso a internet o teléfono.

La despenalización social es otro tema que preocupa a las activistas, porque consideran que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo tienen miedo a ser juzgadas por su familia y comunidad cuando no tienen porque ser persuadidas para cambiar su decisión.

La Red mencionó que esas son problemáticas que tiene que asumir el Estado para garantizar un aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres.

“Sabemos que aún existen muchos obstáculos, pero estamos seguras y confiadas de que este cambio será paulatino y gradual”, dijo Gutiérrez Sotelo.

De acuerdo con la información de la Red Guerrerense, desde que se aprobó la despenalización a la fecha acompañaron a 61 mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, principalmente en Chilpancingo, Acapulco y Eduardo Neri.

Y están en un rango de edad desde los 13 hasta los 36 años, que son estudiantes, trabajadoras y amas de casa, con hijas e hijos, solteras y casadas.

La Red Guerrerense mandó un mensaje a todas las mujeres que quieran practicarse un aborto, que si tiene dudas pueden acudir a ellas por si necesitan un acompañamiento, las pueden localizar en sus redes sociales donde también está disponible un línea telefónica para mayor información.

Se trabaja en el Congreso local por una reforma sanitaria para legalizar el aborto

Texto y fotografía: José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La diputada de Morena, Gloria Citlali Calixto Jiménez, dijo que en el Congreso local trabajan en una reforma sanitaria para continuar con el proceso de legalizar el aborto.

Durante una conferencia de prensa, Calixto Jiménez mencionó la existencia de un anteproyecto para una reforma sanitaria que contempla cuidar los procesos para que los médicos practiquen abortos seguros y cuidando los derechos de las mujeres.

Calixto Jiménez explicó que en este anteproyecto se contemplaron las voces de médicos y equipo de técnicos del sector salud para garantizar el derecho de las mujeres a un aborto seguro.

Otro de los temas que abarca el anteproyecto de ley es la objeción de conciencia, que consiste en si un médico decide o no practicar un aborto.

«Habrá médicos que digan soy objetor de conciencia, pero en el momento de una emergencia no puede decir no porque la institución no es objetora de conciencia, todo eso se tiene contemplado en el anteproyecto».

«También contemplamos una educación, planificación, derechos reproductivos y un presupuesto», mencionó Calixto Jiménez.

Añadió que el anteproyecto aún no se presenta al pleno del Congreso local porque antes quieren asegurar que se apruebe la iniciativa.

«No sé trata de decir yo ya cumplí y aquí está una iniciativa, lo que estamos buscando es que se apruebe por lo que estamos haciendo los cabildeos necesarios».

La diputada morenista, quien es secretaria en la Comisión de Igualdad de Género, dijo que esperan presentar la iniciativa a finales de este mes para que también se contemple en el presupuesto del próximo año.

«No puede pasar del 15 de octubre por el tema presupuestal», sentenció.

Falta la despenalización social del aborto: colectiva feminista

Calixto Jiménez explicó el anteproyecto a una colectiva feminista que asistió al Congreso local a entregar una serie de recomendaciones para que los diputados legislen los pendientes que hay sobre la despenalización del aborto en Guerrero.

La colectiva asistió al Congreso local en el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

La propuesta del colectivo Siempre Vivas del Sur es para lo que llamaron «la despenalización social del aborto», que consiste en educación sexual en las escuelas, presupuesto para el sector salud y capacitación a médicos para practicar abortos seguros.

La propuesta fue entregada al Congreso local para que sea turnada a las comisiones de Justicia, Igualdad de Género y Salud.

Liduvina Gallardo Suastegui, integrante de la colectiva, mencionó que la propuesta que hoy entregaron al Congreso local resultó de talleres y foros en escuelas y con mujeres para conocer sus dudas acerca de la despenalización del aborto en la entidad.

Las integrantes de la colectiva fueron recibidas por la diputada Calixto Jiménez y Osbaldo Ríos Manrique, del mismo partido, quienes mencionaron que impulsarán la propuesta para que sea tomada en cuenta en las comisiones.

Ríos Manrique dijo que desde la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública trabajarán para que las reformas a las leyes sean acompañadas por un presupuesto, lo que reconoció muchas veces no sucede así.

Fiscalías especializadas precarias, el gran reto para legalizar el aborto

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

Chilpancingo

La despenalización del aborto en Guerrero es una realidad desde el pasado 17 de mayo que el Congreso local aprobó la reforma al Código Penal, el cual contempla la interrupción del embarazo hasta con 12 semanas de gestación.

Dicha reforma se convirtió en ley y entró en vigor al publicarse en el Periódico Oficial el 20 pasado 20 de mayo.

A dos meses de la despenalización del aborto en Guerrero, las colectivas feministas continúan en una lucha para lograr que las mujeres accedan a ese derecho; el primer paso fue lograr las reformas al Código Penal, pero falta reformar las leyes de salud y capacitar al personal médico,

Otro punto importante que falta es la aplicación de los protocolos en los ministerios públicos de delitos sexuales además de dotar al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de elementos atiendan de manera adecuada a las mujeres.

Al respecto, Amapola Periodismo entrevistó a la coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Viridiana Gutiérrez Sotelo, para explicar lo que falta para lograr que la ley se cumpla plenamente.

¿En qué va el tema de la despenalización?

A dos meses de la despenalización del aborto en Guerrero y del decreto oficial por parte el Ejecutivo todavía no hay una ruta definida para la atención y es justo en lo que nosotras queremos colaborar. Entendemos que el servicio es relativamente nuevo para el aborto voluntario, pero no para las causales de violación, pero se está avanzando con la secretaria de Salud, ellos están conscientes que hace falta capacitar personal, insumos y sobre todo el establecimiento de un protocolo.

¿De qué va ese protocolo?

El protocolo consiste en que las mujeres sepan a dónde dirigirse dentro de un hospital al momento que decidan interrumpir su embarazo, también tiene que ver con la gratuidad del servicio

¿Qué es lo que hace falta?

La atención a las víctimas de violencia sexual por parte de las fiscalías. Son enormes los retos en las fiscalías de delitos sexuales, desde la falta de insumos para trabajar, la falta de aplicación de protocolos, la confidencialidad para las víctimas, que es fundamental, que las autoridades que las atienda sean mujeres y establecer en la guía de atención que sean cuidadas, todo eso es ya una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pero que no se aplica.

¿Cuáles son las carencias en la Fiscalía para atender casos de violencia sexual?

Ese es el gran reto, yo aquí puedo hablar de la Fiscalía Especial de Delitos Sexuales, la cual es una de las fiscalías más endebles, es donde observamos mucho más las carencias, desde el mobiliario, la forma en que están distribuidos los espacios porque no hay privacidad para que las víctimas declaren, tendría que haber médicas legistas y a veces no existe el personal, lo que hace perder muchas veces tiempo valioso.

¿Y la Fiscalía Especializada en Feminicidios?

También ahí se tienen enormes retos, la investigación en perspectiva de género, tipificar los homicidios contra las mujeres como feminicidio que hace parecer el problema menor, pero nosotras sabemos que en Guerrero hay una violencia feminicida grave que creció por la falta de resultados y la impunidad. Nosotras estamos dando un voto de confianza en este momento y esperamos reunirnos con la fiscal en los próximos días.

¿Además de los médicos legistas, hacen falta traductores indígenas en los ministerios públicos?

Ese es otro problema, tenemos casos donde no hay traductores a lenguas originarias y eso dificulta más el caso, se tiene que garantizar también la traducción a la lengua originaria de las víctimas.

¿Cuántas unidades hay de la Fiscalía Especial?

En cada región hay una mesa especializada para los delitos sexuales, nosotras en la Red por lo pronto hacemos acompañamiento en Ometepec, Acapulco, Chilpancingo y la Montaña; las carencias son tantas que hace falta hasta papel para imprimir documentos, la falta de capacidad y sensibilización del personal, y el exceso de trabajo que tiene un ministerio público, algunos llevan de 1,000 a 1,500 carpetas de investigación, lo cual es una cosa humanamente imposible. Los retos en la Fiscalía son enormes, como enorme es la violencia contra las mujeres.

¿En las siete unidades hay falta de médicos legistas?

Nosotras en Acapulco, acompañamos un caso donde no estaba el médico legista, y en Ometepec sucedió igual, y, aclarar, no es que no tengan el servicio si no que no lo tienen disponible siempre, y eso hace que las esperas sean largas y se pierdan oportunidades que son imprescindibles para abrir la carpeta de investigación.

¿En los casos de mujeres presas por abortar ya hay un protocolo para su salida?

Es complicado, nosotras no tenemos identificados todos los casos, el principal problema es que a través de una trampa del sistema esas mujeres están presas por el delito de homicidio en razón de parentesco, lo cual hace muy difícil su liberación, porque las condenas son más altas, las fianzas también, y si fuera por aborto hubieran salido inmediatamente después de publicarse la reforma en el Periódico Oficial.

¿En este momento en qué hospitales se puede practicar la interrupción del embarazo?

Tendría que ser en todo el sector salud, pero sabemos que hace falta capacitación en insumos por lo que hicimos una lista en conjunto con la Secretaría de Salud donde se están presentando solicitudes y son nueve hospitales de los 14 hospitales estatales habilitados en este momento.
Son dos en Acapulco; el Donato G. Alarcón y el del Quemado; los dos de Chilpancingo, el General Raymundo Abarca Alarcón y el de la Madre y el Niño y los de Taxco, Iguala, Tlapa, Chilapa, Zihuatanejo, Ometepec.

¿Se niegan a realizar un aborto?

No se han negado pero no ha sido fácil, es decir, nosotras tenemos que dar acompañamiento para que la víctima pueda acceder a su derecho, pero eso no tendría que ser, pero sabes que, es por falta de guía y la falta de información.

¿Desde la despenalización cuantos abortos se han realizado?

De acompañamiento que nosotras dimos van ocho casos, de los cuales la mayoría son menores de edad de entre 13 y 17 años, pero sabemos que hay más casos.

¿Fueron casos de violación?

Pues al ser menores de edad se interpreta que sí, aunque ellas no lo reconocen y lo asumen como aborto voluntario, por lo menos los casos de menores de 16 años fueron violación.

¿El problema principal es la desinformación?

Digamos que es más la falta de una guía, es decir, por donde las mujeres van a ir a solicitar el servicio, si es a través de urgencias, de las unidades de violencia, de la consulta general, es decir falta el establecimiento de esa ruta que sea clara para ellas y clara para el personal, saber a quien le toca hacer qué, sobre todo en el tema del aborto voluntario, porque en casos de violación la Norma 046 establece claramente que el servicio se tiene que dar a través del área de urgencias.

¿Hay límite de tiempo para que la Secretaría de Salud tenga esta guía?

A partir del 10 de julio el Ejecutivo tiene 45 días para presentar su plan de cumplimiento y después tiene 12 meses para que implementen.

¿En el caso de los hospitales que dependen de la federación cuál es el protocolo?

Cuando pensamos en la despenalización solo pensamos a nivel estatal y ahora hay usuarias de sistemas como IMSS o ISSSTE que quieren abortar pero no hay medidas, al final, con un acuerdo con la Secretaría de Salud Guerrero canalizamos a las mujeres a hospitales estatales, pero esperamos pronto una reunión con la secretaria de Salud nacional para plantearle estás problemáticas, porque además hay que agregar los hospitales de la Marina y del Ejército.

¿Qué más falta?

De parte del Ejecutivo falta la promoción del derecho a interrumpir el embarazo, lo cual será un gran reto porque tienen que decirlo en las lenguas que se hablan en Guerrero, pero antes de eso tiene que existir una ruta donde se incluya los requisitos, a qué hospitales ir, horarios y que tiene que ser gratuito, todo eso tiene que hacer y a partir del 10 de julio el estado tiene 45 días para establecer un plan de acción.

¿Cuáles son los cambios que necesita el sector salud?

Se debe hacer un programa integral para la interrupción legal del embarazo, esto significa que existan lineamientos claros, además del suministro del medicamento, los insumos, personal capacitado, hacer un listado de donde estarán disponibles los servicios, lo ideal sería que hasta en los centros de salud se pueda realizar, pero entendemos y somos conscientes de la realidad de Guerrero y sabemos que en muchos lugares no hay personal ni medicamentos.

Se tiene también que registrar una base de datos sobre los casos que se atienden justo para generar los cambios en la política pública, es decir, quienes son las mujeres, la edad, las causas y cuáles son los procedimientos.

Otra de las medidas es la divulgación del derecho, que por lo que nos dijo la secretaria de Salud, Aidé Ibares Castro, ya se está haciendo a través de una circular a todo el sector salud donde se anuncia que se puede acceder a un aborto sin presentar una denuncia.

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En construcción la iniciativa de reforma a la Ley de Salud que garantiza servicios médicos para el aborto

Texto: Beatriz García

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Las diputadas que impulsaron la iniciativa de despenalización del aborto en Guerrero mantienen mesas de trabajo con la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, para determinar los lineamientos de una reforma a la Ley de Salud que garantice la atención integral a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo y se apruebe en el pleno del Congreso local.

El 12 de enero pasado las diputadas morenistas Gloria Citlali Calixto Jiménez, Nora Yanek Velázquez Martínez y Beatriz Mojica Morga presentaron la última propuesta legislativa para la despenalización del aborto.

El 17 de mayo pasado, las diputadas y los diputados en pleno aprobaron la despenalización del aborto en la entidad hasta las 12 semanas de gestación, después de una lucha histórica de 30 años por feministas en el estado, que colocó a Guerrero en el octavo estado donde es legal la interrupción del embarazo, después de Ciudad de México –el primero en hacerlo hace 14 años–, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Sinaloa, Baja California y Colima.

El siguiente paso después de la aprobación de la despenalización del aborto es una reforma a la Ley de Salud, para la que se tiene un plazo de 120 días –cuatro meses– a partir del siguiente día que se publicara en el Periódico Oficial del Estado la decisión de los legisladores, lo que ocurrió el pasado 20 de mayo.

Este marte 21 de junio se cumplieron los primeros 30 días del plazo; restan tres meses para que se vote y apruebe en el pleno del Congreso local una reforma a la Ley de Salud que garantice el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo si así lo desean.

Velázquez Martínez informó que junto con sus compañeras diputadas promoventes de la iniciativa se reunieron con la secretaria de Salud, después con su equipo jurídico y el equipo jurídico de ellas para empezar la construcción de la iniciativa de la reforma a la Ley de Salud.

Después, es decir una vez que esté lista, según el procedimiento legislativo, la turnarán a comisiones del Congreso local, en este caso sería la de Salud, para que luego las diputadqs y los diputados la discutan en pleno.

En conjunto, las diputadas y la secretaria se pusieron plazos para las mesas de trabajo y entablar diálogo con actores políticos involucrados en el tema. La diputada dijo que es una tarea compleja y no sólo se necesitan buenas voluntades.

Velázquez Martínez agregó que exigieron a Ibarez Castro garantizar una atención integral de salud a las mujeres, desde instalaciones médicas, médicos, enfermeras y medicamentos.

A largo plazo, lo más idóneo para la diputada es que así como ocurre en la Ciudad de México, en Guerrero haya existen hospitales que atienden específicamente la interrupción legal del embarazo, pero por ahora lo primordial es dar las condiciones adecuadas en los hospitales que hay en la entidad.

“Queremos acercar los centros de salud que están, entonces tenemos que dar otros tipo de condiciones, por eso se tiene que dar una reforma en salud”, declaró la diputada.

Puso de ejemplo que es impirtante que las mujeres de lugares como Cochoapa el Grande, ubicado en la Montaña alta de Guerrero, no tengan la necesidad de ir hasta Tlapa para que les den el servicio de salud, que se los garanticen en los centros de salud de sus comunidades.

Pero independiente de esta ley, en las comuidades apartadas de Guerrero, como la de región Montaña, las denuncias reiteradas son que en las casas o centros de salud no llegan médicos ni medicamentos.

Dentro de la reforma en salud uno de los aspectos importantes es la capacitación en materia de derechos humanos al personal médico para que sus creeencias personales no transgrendan un derecho de las mujeres.

Se buscó por teléfono a la secretaria de Salud para que informara cómo se prepara para garantizar el servicio de salud a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, pero no atendió la llamada telefónica porque, dijeron, estaba en una reunión.

La representante del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres de Guerrero, Viridiana Gutiérrez Sotelo, dijo que tiene conocimiento de las reuniones que sostienen las diputadas con la secretaria de Salud. Aseguró que las feministas también lo hacen.

Ella junto al resto de integrantes del grupo de Alerta por Agravio Comparado trabajan paralelamente con la Secretaría de Salud para dar seguimiento a las medidas dictadas con la segunda declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en Guerrero (por agravio comparado), como garantizar a las niñas y mujeres víctimas de violación sexual la interrupción del embarazo sin tener que interponer una denuncia penal.

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Una reforma a Ley de Salud, el camino después de la despenalización del aborto

Texto: Beatriz García

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

El camino que viene después de la despenalización del aborto en Guerrero, tampoco es fácil. Tiene adversidades similares a los costos que llevaron a convertir en un derecho humano que las mujeres decidan sobre sus cuerpos. Será necesaria una atención de calidad humana con hospitales y clínicas dignas, mejores servicios en los ministerios públicos y la garantía de justicia a las presas por abortar.

Es momento de que las estructuras institucionales vean cómo, dónde y quién atenderá a las mujeres, compartió la representante del Observatorio de Violencias de Género en Guerrero, Viridiana Gutiérrez ~~Sotelo.~~

El pasado martes 17 de mayo, la lucha feminista consiguió un logro histórico: la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, que coloca a Guerrero en el octavo estado donde es legal la interrupción del embarazo, después de Ciudad de México –el primero en hacerlo hace 14 años–, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Sinaloa, Baja California y Colima.

El viernes 20 de mayo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda firmó el decreto de aprobación y se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno estatal.

Al siguiente día de que la mayoría de las diputadas y los diputados votaran la despenalización del aborto, la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, informó que el sector salud está obligado a brindar la atención a todas las mujeres guerrerenses, independientemente de la decisión que tome sobre su embarazo.

Dijo mantenerse “firme y respetuosa” de las leyes y normas establecidas, y si alguna mujer decide y requiere interrumpir su embarazo, en las unidades de la Secretaría de Salud le brindaría la atención.

“El sector salud va responder con la atención, de tal manera que no haya secuelas en las mujeres que opten por interrumpirlo. Garantizarle la vida a la mujer cualquiera que sea su decisión, es nuestra obligación y lo vamos a hacer, porque cada mujer que no acepte su embarazo la tenemos que seguir protegiendo en salud, tanto física y mentalmente para que se integre a la sociedad de manera funcional”, se lee en el comunicado a nombre de la secretaria.

Se harán, destacó, todas las reformas en la dependencia para dar todos los servicios que requieran las mujeres que deseen interrumpir su embarazo, pero este ofrecimiento de la médica parace que requerirá de un tiempo.

Pero, las feministas y organizaciones feministas continuarán monitoreando este tema en el estado, porque no será fácil que las mujeres obtengan pronto servicios efectivos en materia de salud, legalidad y derechos humanos.

El siguiente paso, una reforma a la Ley de Salud

Faltan 110 días (hasta este lunes 30 de mayo) para que los diputados locales discutan y aprueben en el pleno del Congreso local una reforma a la Ley de Salud que garantice una atención médica de calidad para las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.

Esta reforma a la Ley de Salud es otro de los pasos a dar en el estado a partir de que en el Periódico Oficial del Estado se publicó la reforma al Código Penal para la despenalización del aborto.

La activista feminista y representante de la organización Aliadas por la Justica, María Luisa Garfias Marín, explicó que al siguiente día que se publicó la reforma comenzaron a contar los 120 días para esa reforma a la Ley de Salud.

Estos procesos de legalidad son complementarios para lograr una atención integral a las mujeres.

Por ejemplo, antes de la despenalización del aborto, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), declaró la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, fue el primer paso que evidenció la necesidad de homologar la Norma Oficial Mexicana 046 para garantizar a las niñas y mujeres víctimas de violación sexual la interrupción del embarazo sin que tengan que interponer una denuncia y así evitar poner en riesgo su salud.

Ahora con la despenalización la norma se homologó y se debe cumplir con lo que dicta la alerta.

De acuerdo con Garfias Marín, la reforma a la Ley de Salud tendrá que ver con los protocolos de actuación con el personal médico para atender a las mujeres que soliciten la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que tiene que ver con adecuar hospitales y clínicas del sector público y dotar de medicamentos, porque es el método que se empleará.

La secretaría de Salud de la Ciudad de México, por ejemplo, tienen una página web específicamente en relación a la ILE, con información puntual de qué hacer y dónde acudir cuando se desee la interrupción del embarazo. Tienen siete Unidades Médicas de los Servicios de Salud Pública y ocho hospitales de Salud de la Ciudad de México donde les garantizan el servicio médico, con la información clara de su ubicación.

También hay detalles de servicios de consejería, detección y planificación familiar.

En Guerrero, según la activista, todavía el personal de Salud antepone sus creencias, pero son conscientes de los casos de mujeres que llegan al servicio de emergencia con abortos en proceso o mal practicados.

La despenalización del aborto demanda que el personal de Salud entre en un proceso de sensibilización, porque con la reforma a la Ley de Salud estarán obligados a hacerlo, porque su derecho a ser objetores de conciencia no está por encima de la salud y la vida de las mujeres.

Viridiana Gutiérrez compartió que lamentablemente el camino siguiente está lejos de ser más fácil que el paso anterior.

La mañana del viernes 20 de mayo, la feminista recibió una llamada de una chica que se presentó a un hospital solicitando una interrupción y la rechazaron. Le dijeron que si no era por mal formación o por gravedad a su salud no la podían atender.

Lo compartió como una manera de ejemplificar el panorama en Guerrero alrededor de la despenalización del aborto.

Otro de aspecto importantes en materia de salud que la activista cree deben emplearse en el estado –que ya ofrecen en la Ciudad de México– son las consejerías a las mujeres para que ubiquen cuál es el método anticonceptivo ideal para sus cuerpo y ritmos de vida.

En materia de Salud, la legalización del aborto, así como pasó en la Ciudad de México, también es un precedente para reducir la mortalidad materna en la entidad.

De acuerdo al último registro que la Secretaría de Salud hizo público a través del Observatorio de Mortalidad Materna ubica a Guerrero por encima de la Ciudad de México en casos de mortalidad materna.

En lo que va de 2022 (con corte hasta el 17 de mayo), la Ciudad de México registró nueve muertes maternas y Guerrero 15 en ese mismo lapso de tiempo, aun cuando en esta entidad hay menos población.

En la Ciudad de México existen también instituciones de corte social que también apoyan a las mujeres, como la Fundación Marie Stopes, una organización no gubernamental con 20 años de presencia en México, que tiene como prioridad brindar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a todas las mexicanas y jóvenes que lo requieran. Esta podría ser una referencia para Guerrero.

La educación sexual, un complemento

Es importante que en Guerrero exista una reforma a la Ley de Educación que garantice incluir en los programas educativos la educación sexual, consideró la feminista Garfias Marín.

Sugirió que las madres y padres se informen para que hablen en casa de esos temas con sus hijos.

La reforma a la Ley de Salud permitirá que haya condiciones para que se dé un aborto seguro, gratuito, con calidad y calidez, que significará corresponsabilidad entre la sociedad, los jóvenes, hombres y mujeres, así fomentar la educación sexual.

Pero faltan un complemento en el plano educativo.

Para Viridiana Gutiérrez uno de los retos, entonces, será la “despenalización social”, para que cada día más sectores de la población entiendan que es un tema de derechos humanos, que las mujeres que deciden interrumpir lo hacen en un contexto difícil, anteponiendo sus necesidades.

Visto desde ahí, dijo, también la ILE “en un acto de amor”, porque sé es consciente de no poder criar a un hijo.

La búsqueda de justicia sin criminalización

Un aspecto más que contempla este proceso de despenalización es la revisión de las carpetas de investigación sobre el delito de aborto, para saber cuántas mujeres están encarceladas, porque son datos que las mismas feministas desconocen, destacó la representante del Observatorio Ciudadano.

Entonces, el Ejecutivo estatal debe garantizar lo que dicta la Alerta por Agravio Comparado a mujeres que han sido abusadas, interrumpir su embarazo sin que deban interponer una denuncia al Ministerio Público.

A la par, los ministerios públicos obligatoriamente deben contar con peritos traductores con perspectiva intercultural para las mujeres de pueblos originarios que acudan a interponer una denuncia.

Las organizaciones feministas y feministas, destacó Gutiérrez Sotelo, confían que hay una alianza importante con diputadas y diputados del Congreso local para reformar Ley de Salud de donde buscan emane una política pública que garantice los protocolos, estrategias y programas de atención para las mujeres.

De entrada, el Ejecutivo debe realizar una campaña que dé cuenta sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo sin ser criminalizadas, además del servicio de interrupción y las consejerías sobre salud reproductiva.

El reto que tiene el estado, coincidieron las feministas, es que cuando las mujeres lleguen a los servicios de salud nunca encuentren negativas, porque ahí estarán las organizaciones feministas para acompañarlas.

“Somos una red de acompañantes desde hace muchos años, algunas tenemos 10, algunas tenemos 15 años acompañando mujeres. Antes lo que hacíamos era que las canalizábamos a la Ciudad de México con otras organizaciones que tienen la manera de llevarlas a los hospitales, a las clínicas privadas”, recordó.

Aun con lo logrado, los retos y desafíos en materia de derechos humanos para las mujeres todavía representan un arduo camino.

Con la reforma al Código Penal ya no se criminaliza a la mujer por interrumpir el embarazo

Para las colectivas y activistas feministas el siguiente paso es lograr la legalización del aborto en Guerrero, pero surge la interrogante, ¿cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar el aborto?

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

Con la reforma al Código Penal que aprobó el Congreso y que ya fue publicado en el Periódico Oficial, ninguna mujer puede ser procesada penalmente por interrumpir el embarazo solo hasta 12 semanas de gestación pero falta legalizar el aborto, coinciden un abogado penalista y una abogada feminista.

Amapola periodismo consultó a una abogada feminista y un abogado penalista para explicar los claroscuros de las reformas al Código Penal en materia de aborto, y explicar la diferencia entre despenalización y legalización y por qué la confusión entre ambos términos.

“La despenalización atiente a sacar el aborto del Código Penal, que no sea un delito y que no se criminalice a la mujer por tomar esa decisión”, explica Angie de la Rosa Palafox, abogada e integrante de la Red Guerrerense Contra la Violencia hacía la Mujer.

El abogado Valentín Sandoval considera que la interrupción del embarazo continúa siendo un delito que, aún con las reformas al Código Penal, es penado por la ley, solo que ahora será después de las 12 semanas de gestación y con pena para la persona que sin el consentimiento de la mujer le practiquen un aborto.

Valentín Sandoval explicó que anteriormente el Código Penal castigaba penalmente a todas las personas implicadas en un aborto, desde la madre, al médico, enfermero o partera que lo realizaba, salvo algunas excepciones que eran por violación o que esté en riesgo la vida de la madre o del futuro bebé.

Ahora el Código Penal establece que ni la mujer ni los implicados serán sancionados por practicar un aborto.

“La mujer que decida interrumpir su embarazo ya podrá hacerlo sin responsabilidad penal alguna”, explica.

La reforma al Código Penal entró en vigor el pasado 20 de mayo cuando fue publicada en el Diario Oficial del estado y generó dudas y controversias acerca de su alcance e implicaciones en la población guerrerense, mientras que figuras públicas y religiosas como Provida han generado comentarios controversiales.

Es el caso del obispo de la Diócesis Chilpancingo – Chilapa, José de Jesús González Hernández, que el pasado 22 de mayo durante su sermón dominical en la catedral de Chilapa, dijo que el aborto aún no está legalizado y que la iglesia tiene que luchar para que eso no suceda.

Valentín Sandoval considera que el obispo no está en un error, ya que a pesar que se despenalizó la práctica de abortar, no existe aún una normativa o marco legal para que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo puedan hacerlo con seguridad.

Esa situación habré otra posibilidad necesaria para las activistas feministas, De la Rosa Palafox considera que el siguiente paso es lograr la legalización del aborto.

“En un estado ideal basta con la despenalización, pero no estamos en un estado ideal, por lo que la despenalización es solo un paso para lograr la legalización”, comentó De la Rosa Palafox.

¿Qué es la Legalización?

“La legalización tiene que ver con generar un marco jurídico que garantice a las mujeres un aborto seguro y gratuito, que haya médicos especializados, equipo, y materiales con el fin que no haya excusa para que no le practiquen el aborto a una mujer en el sector público”, explica De la Rosa Palafox.

Lograr la legalización implica una serie de reformas a la Ley Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero que permita un marco jurídico que brinde certeza y seguridad a las mujeres que decidieron practicarse un aborto.

Esas reformas a la Ley de Salud permitirán que cualquier mujer que decida abortar pueda hacerlo en el hospital o centro de salud público más cercano sin costo alguno, y destinar una serie de recursos económicos para que los sistemas de salud pública brinden un aborto seguro y gratuito a todas las mujeres.

Los artículos que se reformaron del Código Penal del estado fueron el 154, 155, 156, 157 y el 159, el 158 fue derogado y respondieron a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde determinó inconstitucional sancionar penalmente a la mujer o persona gestante que decide interrumpir su embarazo.

También esta reforma fue derivada de dos alertas de género que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) que se emitieron durante el gobierno anterior del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores.

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Con la reforma al Código Penal ya no habrá más mujeres encarceladas por aborto

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez / Archivo

23 de mayo de 2022

Chilpancingo

La Red Guerrerense por los Derechos de la Mujer, explicaron que con la reforma al Código Penal y que el pasado viernes 20 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno estatal ya no habrá más mujeres encarceladas por practicarse un aborto.

En rueda de prensa que ofrecieron este lunes en un restaurant ubicado frente al Congreso, las activistas feministas, dijeron que esta reforma para despenalizar el aborto beneficia a las mujeres y que si muchas de ellas tienen una carpeta de investigación abierta en su contra por haberse practicado la interrupción del embarazo ya no va a proceder.

Indicaron que saben de 28 casos de mujeres que tienen en su contra una carpeta de investigación por el delito de aborto.

“Hacemos el llamado a las 28 mujeres y sus familias que son perseguidas por abortar a que se acerquen a nosotros y darles acompañamiento, porque por su aborto ya no pueden ser criminalizadas por las instancias de justicia”, comento Viridiana Gutiérrez, integrante de la Red Guerrerense.

Agregó que se hace el llamado público porque desconocen quienes son esas mujeres perseguidas por abortar, explicó que saben que son 28 carpetas de investigación que hay en la Fiscalía General del Estado (FGE).

María Luisa Garfias Marín explicó que se tiene que buscar a las y los abogados de las mujeres presas por abortar, porque muchas de ellas fueron juzgadas por homicidio en razón de parentesco y se tiene que reclasificar el delito a aborto para que salgan libres inmediatamente.

Durante la conferencia leyeron un comunicado donde explicaron que las más beneficiadas por la reforma al Código Penal son mujeres que son criminalizadas y juzgadas por abortar y que en muchos casos fueron de manera accidental y agregaron que la despenalización no obliga a nadie a interrumpir su embarazo.

Viridiana Gutiérrez dijo que el próximo paso para un aborto legal y seguro será la reforma a Ley Salud para garantizar un aborto sin riesgo a las mujeres que deseen practicárselo.

“Estamos listas para dar el siguiente paso que es una reforma a la Ley de Salud, estamos en pláticas con las tres diputadas que presentaron la iniciativa de despenalización para trabajar una propuesta que ya tenemos lista”, comentó.

Explicó que debido a la reforma al Código Penal se tienen que armonizar otras normas y leyes estatales en un plazo no mayor a 120 días para garantizar una correcta aplicación de la ley.

La propuesta que presentaran las activistas a la Ley de Salud contempla programas de atención a mujeres que pretenden interrumpir su embarazo, guías para la interrupción y una visión intercultural para los médicos que vayan a practicar un aborto.

23 estados esperan la despenalización del aborto; con amparos, algunos apuestan por la homologación al criterio de la Corte

Mientras en nueve entidades el aborto ya se despenalizó, colectivas, organizaciones y legisladoras buscan que esto avance en el resto. Subrayan que no solo es clave evitar que esta práctica se castigue, sino garantizar que sea un servicio brindado por el sector salud.

Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Fotografía: Amílcar Juárez / Óscar Guerrero

23 de mayo de 2022

Aunque 23 estados siguen esperando por la despenalización del aborto en sus códigos penales, algunos, como Aguascalientes, Puebla y Baja California Sur, han optado por la vía del amparo para obligar a la homologación con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) que, desde 2021, declaró inconstitucional la criminalización del aborto.

Acompañados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), otros tres estados se sumarán en las próximas dos semanas al esfuerzo por la vía del amparo, según confirmó la organización. Estos se darán a conocer una vez que la acción legal sea promovida, pues aún continúa el diálogo con las colectivas a nivel local para ver cuáles de ellas se sumarían.

“Estamos próximas a presentar amparos en otros cinco estados de la República. No se puede conocer aún cuáles, porque muchas colectivas piden tener la oportunidad de platicar entre ellas para determinar quiénes sí van con el amparo y quiénes no. En las próximas dos semanas promoveremos dos o tres más, para después completar cinco”, aseguró Melissa Ayala, coordinadora del área de Documentación y Litigio de Casos de GIRE.

Esto, a raíz de la determinación de la SCJN del 7 de septiembre de 2021, mediante la cual resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

Aunque la resolución de la Corte es un precedente para que, en adelante, ningún juez local o federal determine encarcelar a una mujer por el delito de aborto, las organizaciones y colectivas coinciden en que la despenalización a nivel local sigue siendo no solo importante, sino necesaria como paso obligado para homologar las legislaciones locales con lo determinado por la SCJN.

“Como ya dijo la Corte, la criminalización absoluta del aborto viola los derechos de igualdad, de no discriminación, de dignidad, de autodeterminación, pero es muy importante que también logremos sacar el aborto de los códigos penales, donde tiene un efecto disuasor para las mujeres: el saber que hay una posibilidad de que se les meta a la cárcel o el temor de que se les abra una carpeta de investigación o les llegue un citatorio. Lo que pasó en septiembre es histórico, pero no hay que perder de vista que es el primer paso: tenemos que sacar el aborto de los códigos penales locales porque solo así, vamos a lograr que las mujeres tengan autonomía sobre sus cuerpos y puedan decidir sin miedo”, señala Ayala.

Mientras que el martes pasado, con reformas a su Código Penal y Ley de Salud locales, Guerrero se convirtió en la novena entidad donde el aborto voluntario está despenalizado, bajo ciertas condiciones —además de la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Coahuila y Sinaloa—, otros estados siguen en el intento por la vía del amparo o la insistencia legislativa, incluso tras el rechazo de varias iniciativas.

Es el caso de Quintana Roo y Puebla, donde un activismo fuerte y con mucha presencia ha llevado incluso a la toma de los congresos locales, a largos procesos de iniciativas presentadas, y también a obstáculos para dictaminarlas y pasarlas a pleno.

“En el caso de Quintana Roo, ha sido un proceso muy largo, muy obstaculizado, y parte de los acuerdos fue que el pleno pudiera tomar la iniciativa, pero ya cuando se votó, no pasó. Se han presentado otras, con el apoyo del movimiento feminista, que también se han desechado, al igual que iniciativas ciudadanas”, recuerda Cristina Santana, coordinadora de la REDedefine, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB).

En Puebla, por lo menos cuatro bloques de iniciativas han sido congelados o han quedado olvidados después de haberse turnado a comisiones. En otros estados, como Guanajuato, también hubo iniciativas que quedaron olvidadas; en Durango, se dio un proceso muy amplio de recolección de firmas para una iniciativa ciudadana, que después se vio obstaculizada; en Morelos, las iniciativas nunca fueron votadas; en Michoacán, aunque también se han dado, han enfrentado diversos obstáculos; en Jalisco, se presentó una que sigue en el Congreso local en espera de ser dictaminada; en Sonora, aunque existe una movilización social fuerte, no se ha reflejado en esfuerzos legislativos, y en Nayarit, apenas comienza el diálogo entre la sociedad civil y las legisladoras.

“Las despenalizaciones están avanzando en un momento muy histórico, para el que pasaron muchos años desde la despenalización de 2007 (en la CDMX) para que Oaxaca finalmente pudiera en 2019. A partir de ahí, se han acelerado y una lucha histórica que tenía décadas justo ahorita está avanzando de manera muy acelerada en toda América Latina, producto de las movilizaciones sociales que han estado exigiendo que pueda haber acceso al aborto legal, seguro y gratuito”, explica Santana.

Por eso es indispensable en este momento, añade, conversar sobre el tema, eliminar el estigma sobre el aborto y verlo como un hecho muy común en la vida reproductiva de las mujeres, que además es un tema de salud pública, justicia social y derechos humanos. Aunque cada estado enfrenta una situación política y social muy distinta, en todos ellos existen colectivos locales y movimientos feministas que trabajan e insisten en la despenalización.

“Es muy importante decir que en todos los estados hay sociedad civil organizada, colectivas locales y activistas independientes que están reclamando muy fuertemente que se pueda despenalizar y legalizar el aborto en sus estados; muchos de ellos sí han retomado las exigencias y presentado iniciativas, pero están detenidas por falta de voluntad política. Hoy estamos en otro momento en cuanto a la despenalización del aborto, porque las resoluciones que la Corte emitió el año pasado son clave para los procesos de despenalización”, añade Santana.

Sin embargo, las estrategias diferenciadas también han resultado en reformas estatales variadas, la mayoría con la consideración de 12 semanas, pero no siempre con una modificación a las leyes estatales de salud que garanticen no solo la ausencia de castigo para mujeres y personas gestantes, sino el acceso al aborto como un servicio de salud seguro y gratuito. Aun así, en los estados, no debería ser problema que primero exista una reforma al Código Penal y después a la Ley de Salud, porque la Secretaría de Salud federal ya ha emitido lineamientos técnicos para brindar el servicio, aunque no siempre se cumplen.

“Esos modelos de semanas en realidad ya son obsoletos, porque no estamos en 2007 discutiendo ese tema. La Corte ya trascendió lo de las 12 semanas; entonces, se abre la puerta a no obstaculizar por periodos. Si bien hay iniciativas que sí contemplaron la adición en las leyes de Salud, el escenario ideal es quitar el aborto del Código Penal y, como la Corte también dijo que el aborto es un derecho, dar el acceso y, en ese sentido, modificar las leyes de Salud para que se reconozca”, subraya la coordinadora de la REDefine.

En tanto, con su acompañamiento legal, el área de Documentación y Litigio de Casos de GIRE sigue en la vía de los amparos con la confianza de que en los estados donde los congresos no estén dispuestos a legislar, esta sea la opción para lograr despenalizar mediante el trabajo conjunto de colectivas y organizaciones.

Sin certezas en el nivel federal

A nivel federal, el escenario sigue siendo incierto. Aunque la despenalización en los estados es prioritaria porque el aborto generalmente es procesado como un delito del fuero común, y la acusación se hace a nivel local, sería necesario hacer cambios en la Ley General de Salud para garantizar el acceso al aborto gratuito como un servicio más, no solo por parte de las secretarías de Salud locales, sino también del IMSS y del ISSSTE.

Con este propósito, a raíz de la resolución de la Corte de septiembre de 2021, 11 senadoras de todos los grupos parlamentarios del Senado —incluidos el PAN y el PES— presentaron una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.

“Las reformas son para el Seguro Social y el ISSSTE. Por eso es importante, porque la Federación tiene muchos servicios hospitalarios y de atención en los estados; si se despenaliza solamente en el estado, únicamente los servicios de salud estatales, o municipales si hay, pueden brindar la interrupción legal del embarazo. Nosotros le hemos dicho al IMSS y al ISSSTE que no pueden negarse: si en el estado donde están sus clínicas está despenalizado y es un servicio de salud, lo tendrían que dar. Sin embargo, no es así, no está tan claro; a veces sí lo hacen, a veces no”, señala la senadora Patricia Mercado.

La iniciativa propuesta detalla que, como parte de las reformas a la Ley General de Salud, se agregaría un apartado que especifica: “Todas las personas e instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud deberán brindar de manera gratuita los servicios de aborto seguro, independentiemente de si la usuaria cuenta o no con derechohabiencia, en los términos de la presente Ley y de las disposiciones reglamentarias o normativas que para tal efecto expida la Secretaría, debiendo garantizarle a la mujer embarazada o persona gestante las mejores condiciones de seguridad y calidad para la atención médica”.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.