“Los cuidados no implican solo a las madres, deben involucrar a todos en la sociedad”: Daniela Rea

En su libro ‘Fruto’, la periodista y escritora Daniela Rea defiende la premisa de que todas las personas han sido cuidadas y, por ello, deben ser conscientes de quiénes les brindaron esos cuidados y comprometerse a otorgarlos también.


Texto: Herminia Miranda / Animal Político 

Fotografía: Ediciones Antilope

8 de mayo del 2023

 

Los cuidados no son una actividad que implique solo a las madres, sino que deben involucrar a todos en la sociedad, advierte la periodista y escritora Daniela Rea, quien señala que históricamente en esta labor se ha dejado solas a las mujeres y, además, se les exige criar hijos “buenos y productivos”.

Con la premisa de que no todas las mujeres somos madres, pero todas hemos cuidado y hemos sido cuidadas, en Fruto, su más reciente libro —publicado por Ediciones Antílope—, Rea narra diferentes perspectivas del cuidado y de cómo lo desarrollan las mujeres.

A través de diversas historias, empezando por la de su propia madre, Rosario, y la de ella misma como mamá de Naira y Emilia, muestra las contradicciones que existen en esta labor.

Laura, Channi, Alejandra, Jenny, Avelina y otras mujeres cuentan sus casos y las circunstancias que provocaron que, por ejemplo, una de ellas, siendo apenas una niña, comenzara a hacerse cargo del cuidado de sus hermanos. Otra relata qué sucesos la llevaron a que cuide de sus nietos y otras más hablan sobre en qué momento tuvieron que atender a una madre enferma o a una víctima de violencia.

El libro también muestra una mirada de lo que para algunas mujeres implica la crianza de sus hijos: los cuestionamientos, los miedos y la soledad que se puede experimentar al ser madre.

En entrevista, Rea insiste en que los cuidados no representan un tema que implique solamente a las madres, sino que deben involucrar a todas las personas en la sociedad.

“Como lo digo en el libro, no todas somos madres, pero todos hemos sido cuidados… No necesitan cuidado solo los niños, los ancianos o las personas con discapacidad, todo mundo necesita cuidado; si nosotras como mujeres en edad productiva estamos vivas es porque alguien nos cuidó”, sostiene.

La autora también señala que se debe de revisar cuál es el compromiso del Estado, de la sociedad, de la familia, de las empresas o de los espacios laborales con una persona que cuida.

En México, el trabajo de cuidado no pagado representaba —al corte de 2020— poco más de una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Inegi, superando a cualquier otra actividad, advierte Rea.


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Reproducción y mercado

En las hojas de Fruto, Rea argumenta que las mujeres gestan la fuerza de trabajo: la paren, la crían, la hacen crecer, la cuidan, la visten, la educan, la entregan y, en ocasiones, se las arrebatan cuando se las roban o la desaparecen “como si fueran una mercancía”.

Así —señala—, además de que la reproducción ha quedado sometida al mercado, al capital, donde esa reproducción es necesaria, una mujer tiene aún otros desafíos. Hoy, no solo se le exige ser madre, sino también destacar en lo que realiza. “Tienes que seguir siendo una chingona en lo que haces”, resume la autora.

“Nos exigen criar hijos buenos, pero nos dejan solas en el proceso. Esa es una cosa brutal que implica una injusticia, que tiene como consecuencia culpa en nosotras, esa cosa que le llaman depresión postparto, nos hacen sentirnos locas, deprimidas. Valdría la pena plantearnos otros términos, dejarnos de echar la culpa”, expone.

“Es entender que las personas que todos los días salimos a trabajar, que todos los días consumimos, que es lo que le interesa al capital, quién trabaja y quién no, son personas que existen porque alguien los cuidó. En ese sentido es que las mujeres estamos produciendo la fuerza del trabajo”, plantea.

Rea pone el dedo sobre las exigencias de la misma sociedad en torno a cómo se debe ser madre.

“Además de la pérdida de identidad, la confusión de la identidad, tiene que ver con que ni siquiera nos dan espacio a que encontremos nuestro lugar, nuestra identidad, en este nuevo momento que es convertirse en mamá. Es cuidar a alguien de quien depende la vida absolutamente”, dice.

“Yo lo entendí tiempo después, platicando este proceso, que no era tanto que mi hija me borrara mi identidad, que mi hija no me permitiera saber quién era yo, sino todas estas expectativas y demandas sociales y externas que siguen empujando sobre nosotras”.

Crianza colectiva

Rea apuesta a que puede darse la crianza colectiva, a pesar de que el ambiente “cada vez es más hostil para hacer los cuidados”, lo cual quedó demostrado desde 2020 por la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, señala que no se tendría que haber llegado a la necesidad de que una tía o vecina cuide a los niños, sino que en el país tendrían que haberse formado espacios libres y seguros donde los hijos puedan estar y, a la vez, haya tiempo para dar cuidados dignos.

“Siento que hay condiciones externas que la están dificultando (la crianza colectiva), pero aún así hay que imaginar cómo le hacemos”, dice.

En este contexto, recomienda que los hombres se den cuenta de qué implica que alguien los haya cuidado toda su vida.

“Me gustaría que vieran a su alrededor, poner atención en quién nos ha cuidado, cómo, acompañar y comprometerse. Me gustaría que el libro fuera una invitación a pensar en la persona que te ha cuidado y comprometerte con ese cuidado”, subraya.


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace 

 

Guerrero: sin protocolos para proteger a víctimas de matrimonios forzados

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Lenin Mosso / Archivo

Chilpancingo

 

Anayeli tenía 15 años cuando fue obligada a casarse con un joven de su comunidad.  Anayeli no eligió a su pareja, fue su madre quien decidió con quién uniría su vida.

De eso han pasado dos años.

La historia de Anayeli es una de tantas que suceden en la región de la Montaña de Guerrero, donde cientos de niñas, adolescentes y mujeres son obligadas a casarse con hombres que apenas conocen a cambio de dinero.

La venta de niñas, adolescentes y matrimonios forzados son prácticas que se realizan desde hace muchos años en comunidades de la Montaña.

Anayeli es originaria de la comunidad de Joya Real, municipio de Cochoapa El Grande. Ella no quería casarse y se lo hizo saber a su madre.

Antes de que la familia de quien sería su esposo entregara el dinero para formalizar el matrimonio, Anayeli huyó de su casa. El pago acordado era de 200,000 pesos.

Anayeli es huérfana de padre, lo asesinaron. Su madre se endeudó para los gastos funerarios.

Al ver que no tenía ingresos pensó que la mejor idea para salir de la crisis era vendiendo a Anayeli.

Por resistirse al matrimonio forzado, Anayeli fue detenida por policías de su comunidad. Se refugió en la casa de un vecino donde permaneció por unas horas. Hasta ese lugar llegó la policía para llevársela junto con el joven con el que se casaría. También a un primo quien se encargó de establecer la negociación con la familia y a un tío que supuestamente la aconsejó para que huyera de su casa.

A través de una llamada anónima, el Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan se enteró y acudió a Joya Real para atender y acompañar a Anayeli.

Después de dialogar con algunas personas de la comunidad, lograron la libertad de Anayeli y del adolescente con el que se casaría. Fue trasladada a la Casa Hogar DIF, en Chilpancingo.

«Hasta este momento no hay ningún tipo de protocolos actuación en el caso de estas niñas que son obligadas a casarse», afirma Neil Arias Vitino, abogada de Tlachinollan.

Anayeli estuvo en la casa hogar un año cinco meses, tiempo en el que se enfrentó a otras situaciones como la pérdida de su identidad.

Su estancia en la casa hogar será hasta que cumplen la mayoría de edad o mientras no haya algún familiar con quien quedarse.

De acuerdo con la abogada, Anayeli estaba en un lugar en el que su contexto era diferente al de las demás niñas.

En la Casa Hogar del DIF la mayoría de las niñas y adolescentes están ahí porque son huérfanas, todas hablan castellano mientras que Anayeli venía de una comunidad monolingüe. Ante la necesidad de comunicarse tuvo que aprender el castellano.

«Ya hasta se me estaba olvidando hablar mi lengua», le expuso Anayeli a Arias Vitino.

Después de cinco meses Anayeli dejó la casa hogar y se reintegró con sus familiares paternos en su comunidad. Lo hizo, de acuerdo con Arias Vitino, sin ningún tipo de protocolo ni acompañamiento institucional.

«Las instituciones al ser una víctima tienen que darle otro tipo de atención. Cuál es el protocolo, cómo van a continuar dándole atención a estos casos. Ella en la casa hogar culminó su primaria, pero qué va a pasar de ahí, ella tiene que continuar con sus estudios».

Anayeli está desempleada, aunque ahora está con familiares, pero «ellos no tienen la obligación de darle el alimento».

El presidente municipal de Cochoapa El Grande le regaló 12 despensas para que se alimente por unos días.

Pero la necesidad va más allá, Anayeli tiene que vestirse y comprarse cosas personales.

Ahora la menor está preocupada, según Arias Vitino, porque no sabe qué hará y cómo obtendrá recursos para ser autosuficiente.

En la casa hogar no le dieron ningún tipo de curso para que aprendiera algún oficio.

«Ella está pensando que se va a ir de jornalera a trabajar a los campos agrícolas”, dice la abogada.

El caso de Anayeli no es el único, también en la misma comunidad ocurrió el caso de Angélica, otra menor que fue obligada a casarse.

Angélica acusó a su suegro de abusar de ella sexualmente mientras su esposo se encontraba en los Estados Unidos.

La privaron de su libertad, la acusaron de haberse robado unos huipiles y exigían que su papá regresara el dinero que habían pagado por ella. Contó con el apoyo de su tía, quien denunció la violación y acusó a las autoridades de privarla de su libertad.

Angélica no puede regresar a su comunidad debido a que sufre de violencia comunitaria.

«Estas niñas son mal vistas en la comunidad, sufren violencia comunitaria al revelarse por no querer casarse», comenta la abogada.

Ni Angélica ni Anayeli tuvieron acompañamiento ni protección por parte de las autoridades, a pesar de que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, visitó en 2022 algunas comunidades de la Montaña y se comprometió a que se frenaría la venta y matrimonio forzado de niñas y adolescentes.

«Muchas de estas niñas sufren depresión e incluso le han dicho a sus mamás que mejor se quieren morir porque ellas no quieren esa vida, y no querían casarse».

Aunque los matrimonios forzados y la venta de niñas y adolescentes ya son considerados delito, Tlachinollan tiene registro de 10 matrimonios forzados en lo que va del año.

Arias Vitino explicó que esta práctica continúa, ahora, de manera clandestina.

El gobierno del estado realiza algunos talleres de sensibilización en la región de la Montaña, pero no todos los comisarios lo ven como algo bueno.

«Tú no le puedes ir a decir a los hombres cuáles son sus deberes y que está prohibida está práctica”, explica.

Los hombres cuestionan que así vivieron sus bisabuelos y abuelos.

Además de que en la mayoría de estos talleres son las mismas mujeres enviadas por sus esposos las que asisten.

«Es importante el apoyo y el respaldo dentro de los mismos municipios, de las autoridades y que tengan voluntad política para terminar con estas prácticas […] En la mayoría de cómo se dieron a conocer estos casos, es porque ya hay un hartazgo y porque las niñas y mujeres están viviendo muchos tipos de violencia, violencia sexual, violencia económica. Esto es lo que ha detonado que se conozcan los casos».

 

Fátima Ezzahra Housni: La científica que investiga el impacto ambiental de la alimentación

Conoce a Fátima Ezzahra Housni, ella es una de las #CientíficasEnRegión. La investigadora trabaja actualmente en proyectos de dietas sostenibles, en consumo alimentario y dietas humanas, así como en el efecto que éstas tienen en el medio ambiente. Esta es la penúltima entrega de esta poderosa serie. ¡Conoce su historia!


Texto: Jasmin Hurtado / Letra Fría 

Fotografía: Cortesía Fátima Ezzahra Housni / Letra Fría 

24 de abril del 2023

Ciudad Guzmán, Jalisco

 

«Me dicen la doctora Fátima porque mi apellido es muy complicado. Todos me dicen así», cuenta Fátima Ezzahra Housni, originaria de Marruecos y profesora investigadora del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. También es egresada de la Universidad de Cadi Ayyad Marruecos, con especialidad en Geología.

La científica quien desde hace casi 20 años radica en México, también tiene un doctorado en Ciencia del Comportamiento con Orientación en Alimentación y Nutrición, y es miembro de la Red International de Investigación en Comportamiento Alimentario y Nutrición (RIICAN) desde 2015.

«Los conocimientos los generamos a partir de objetivos específicos e hipótesis que se pueden comprobar, eso es la ciencia«, señala la doctora Fátima.

En su etapa de estudiante de licenciatura, ingeniería y después la maestría profesional, fue en donde conoció sus habilidades para contestar preguntas, además de las ganas de resolver todas las interrogantes que se hacía y su pasión por buscar más allá de lo que sus maestros le decían. «Tenía más preguntas. No quería seguir órdenes o manuales, quería buscar más allá de lo que me estaban dando y decidí estudiar una maestría en ciencia y ese fue mi primer acercamiento».

Al principio de su carrera, Fátima quería vivir en el océano, no tenía planes de casarse o tener hijos, sólo deseaba dedicarse a descubrir, pero en su llegada a México encontraría una realidad frustrante que la orillaría a tomar una pausa en su carrera.

«Todo era frustrante para mí, porque cuando llegué a México dejé el doctorado, llegué acá y me dijeron, necesitamos un maestro de francés». Todo lo que deseaba hacer de su vida y la ciencia, su trabajo en el instituto europeo de investigación y en ese momento ser maestra de francés le resultaba complicado, pero eso no la alejaría de soñar con lo que quería.

Tiempo después de ser maestra de francés, decidió retomar sus estudios con otro doctorado y continuó con lo que había pausado. Después de retomar la escuela y trabajar en sus investigaciones se dio cuenta que estaba haciendo lo correcto por varios factores: el reconocimiento de su trabajo por otros investigadores, el trabajo de los alumnos y el potencial que han demostrado a lo largo de sus carreras y, por último, las aportaciones que ha hecho a la sociedad y la satisfacción que eso le ha generado.

Actualmente, Fátima Ezzahara Housni trabaja en proyectos de dietas sostenibles, el consumo alimentario, dietas humanas y el efecto que tienen sobre el medio ambiente, como la cantidad de consumo de alimentos ultra procesados, ricos en azúcares y grasas, que no solo afectan a la salud, sino también agotan los recursos naturales como el agua y que, además impactan al clima, como el problema de la huella de carbono.

«Estamos trabajando en promover dietas sostenibles, una dieta que respeta la cultura, que respeta la parte social que ya es saludable desde la parte nutricional y biológica, pero que también tenga un efecto menor sobre el medio ambiente», compartió.

La científica considera que este tipo de proyectos podrían ser la solución para el futuro. Para ello se deben cumplir 4 elementos importantes: que el producto que consumas sea económicamente favorable, sea saludable, que forme parte de la dieta cultural y que el impacto ambiental sea mínimo.

Es esta relación alimentación-medio ambiente en lo que sus investigaciones se han centrado, en mantener una estabilidad de alimentación. Un ejemplo de ello se mostró en la pandemia, «llegó una crisis y la gente no tenía qué comer, pero no podían salir a buscarlo, no tenía una estabilidad», dijo.

Comentó que fue frustrante el que un día se cerraran las fronteras y se dependiera de importaciones, en lugar de pensar en producir, en tener una soberanía alimentaria. «Prestamos nuestras tierras para exportación, todo está ligado. Se están acabando los recursos y nosotros también, porque cuando comemos favorecemos esto, entonces ¿cómo tratar de intervenir y educar a la gente?», cuestionó.

 

Otro de los problemas a los que se ha enfrentado la doctora es la falta de recursos, que es lo que más afecta las investigaciones. Un ejemplo de ello, es el proyecto que trabajan actualmente en una comunidad de San Luis Potosí, en el que se pretende apoyar con agua: «Imagínate, medio balde de agua es lo que tienes y debes bañarte, entonces económicamente están muy bajos, dependen de una tiendita y tiene una deficiencia en nutrientes y estamos sufriendo para encontrar recursos«, explicó.

Ahora deben generar estrategias para apoyar con un huerto, pero no hay agua y tampoco recursos. Compartió que ayudar se vuelve complicado, cuando cajas ecológicas cuestan 5 mil pesos y no hay dinero, y aún más cuando año con año disminuyen los apoyos a investigaciones, pero las exigencias no bajan.

Pero pese a las limitantes de recursos económicos, la investigadora compartió que generaron un software que se llama Nutricology, que sirve para hacer cálculos automáticos a la dieta y calcular el impacto ambiental, «por ejemplo, tú me dices, como una tortilla al día o una manzana y yo automáticamente voy a estar calculando cuánta agua se gasta», detalló.

Fátima y su equipo también hicieron el primer estudio a nivel Jalisco de cómo el sobrepeso y obesidad impacta al agua. Además, realizaron el primer cálculo de la huella hídrica en la dieta mexicana que no existía a nivel internacional, de la que pueden dar una cifra en promedio, de cuánta agua gasta un mexicano por día, generando una metodología.

«El índice de cocción para comer o lavar y nosotros lo agregamos a una ecuación y esto es lo que hemos aportado en los últimos años a esta región. Sin embargo, continuamos con evaluaciones para disminuir el impacto y tratar de mejorar«, explicó.

Actualmente, la doctora Fátima junto con la doctorante Mariana Lares Michelle, trabajan en la implementación de una aplicación móvil en una comunidad de Zapotlán el Grande similar a Instagram, en donde se podrá trabajar en una dieta sostenible que ayude a bajar de peso y que al mismo tiempo las personas puedan ver su proceso. En esta aplicación se incluirán chats y fotos con una comunidad que piense en el futuro.

«No queremos convertir a veganos ni vegetarianos. La dieta sostenible es una dieta equilibrada, con menos consumo de alimentos de origen animal, pero no quitarlas», enfatizó.

Aunque continúan con las pruebas piloto, la aplicación es un producto de este semestre y además incluirá vídeos, recetas y el apoyo para sustituir alimentos, además de llevar un registro de su alimentación.

La científica cree que las nuevas generaciones tendrán más conciencia y cuidado del medio ambiente, porque desde niños se les enseña a ser responsables con sus actos. Esto aumenta la esperanza para el futuro.


Este texto es propiedad de Letra Fría y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes el original en este enlace.

“El Estado no está preparado para atender ataques con ácido”: reconoce Unión Diversa de Jalisco 

 El pasado mes de marzo fue aprobada ante el Congreso de Jalisco una serie de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en torno a los ataques con ácido o alguna sustancia corrosiva. En éstas las y los diputados establecieron como mínimo una pena de 2 y hasta 15 años de prisión para los atacantes; sin embargo este tipo de agresión no fue considerado como intento de feminicidio.

La asociación civil Unión Diversa de Jalisco consideró que estas reformas, y sobre todo penas, se quedan contar al castigar penalmente este acto de violencia que con toda ensaña buscan agredir física y psicológicamente a sus víctimas. Esta organización ha tratado este tema desde el caso de Zoé, una mujer trans atacada con ácido en octubre de 2021 y posteriormente discriminada en un hospital privado por su identidad de género y quienes le negaron atención. 

Zoé pasó hasta tres días sin atención médica especializada, ya que tras el caso de discriminación que vivió por parte del personal del Hospital Santísima Trinidad, su familia la llevaron a una Cruz Verde, sin embargo allí también ocurrió un acto de negligencia al recibirla pero darla de alta de inmediato con heridas en su cuerpo tan severas que sufrió la perdida de su oreja. 

A pesar de la existencia de leyes y reformas, desde Unión Diversa de Jalisco consideran que en Jalisco no se está capacitado, en todas las instancias, para la atención a víctimas de ataques con ácido, como lo demuestra el caso de Zoé. Para ello debe brindarse una reparación integral del daño. 


Texto: Leslie Zepeda / ZonaDocs

Ilustración: Luciana Peinado

17 de abril del 2023

 

México ha registrado hasta 34 víctimas de ataques con ácido, esto en los últimos 20 años, mientras solamente un agresor ha obtenido sentencia por este delito, así lo afirma la Fundación Carmen Sánchez MX. Una de ellas es Zoé, mujer trans sobreviviente de este tipo de agresión ocurrida el 19 de octubre de 2021 en pleno Centro Histórico de Guadalajara.

Ha transcurrido ya un año y cinco meses desde el ataque con ácido y la carpeta de investigación en la Fiscalía de Jalisco continúa abierta, donde como la gran mayoría de los casos, su agresor no ha obtenido una sentencia porque, incluso, continúa prófugo de la justicia. Lamentablemente Zoé no solamente fue víctima del ataque de ácido y posteriormente de discriminación en el Hospital Santísima Trinidad.

Además, Zoé también vivió un acto de negligencia médica por parte de personal de la Cruz Verde, así lo relata Fascinación Jiménez, presidenta de Unión Diversa de Jalisco AC, cómo su familia en búsqueda de atención médica la trasladaron por sus medios a una de ellas, donde la dieron de alta poco después de revisarla y decidir que sus heridas no eran graves, esto a pesar de que una de las consecuencias del ataque fue la pérdida de una oreja.

Precisamente la organización Unión Diversa de Jalisco AC le brindó acompañamiento a Zoé y su familia, esto un par de días después de la agresión que sufrió. Fue alrededor del tercer día cuando debido al dolor y negligencia de la Cruz Verde que su familia en busca de ayudarla dio con el contacto de la asociación. Por lo que tras al menos tres días sin atención especializada, fue trasladada al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde finalmente recibió un tratamiento a sus heridas ocasionadas por el ácido.

A consecuencia de la agresión tuvo que ser ingresada a quirófano hasta en cuatro ocasiones, cuenta Fascinación Jiménez:

“De primera mano fue un tema de negligencia – en la Cruz Verde- porque si la revisaron, la atendieron bien, sin embargo, no sé qué esperaban ver que fuera una urgencia mayor para poder actuar. Una vez que ella ingresa al Hospital Civil viejo, creo que tuvo tres o cuatro ingresos al quirófano, entonces estamos hablando de que ella necesitaba una atención especializada urgente y que si ella hubiera decidido sí denunciar, entonces también la Cruz Verde hubiera tenido una carga legal ante esta situación”.

La presidenta de Unión Diversa de Jalisco supone que esa habría sido la sanción ya que Zoé decidió no tomar acciones legales contra el hospital privado ni contra la Cruz Verde. Una decisión que fue respetada por la asociación, ya que además comprenden que vivir un ataque de ácido significa vivir múltiples daños, entre ellos psicológico. Más que nada conocen la burocracia y revictimización en las instituciones como lo son precisamente las fiscalías.

“Ella no quiso tomar cartas en el asunto en tema legal y es muy respetable esa decisión por parte de las víctimas, es algo que siempre se debe de respetar y hacer valer sin embargo, me atrevo a decir que por el evento tan traumático, yo creo que las víctimas en el momento no quieren este entrar en esto, porque aparte los trámites son burocráticos, desgastantes y traumáticos, hasta revictimizantes”, añade Fascinación.

La asociación civil hizo lo que estuvo en sus manos: levantó una queja por discriminación en contra del Hospital Santísima Trinidad ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que a pesar de la demora fue favorable, por lo que tuvieron que capacitar a su personal en atención a población LGBTIQ+.

El Hospital Santísima Trinidad se excusó ante el CONAPRED que no se debió a un acto de discriminación, a pesar de que la familia de Zoé afirmó que decidieron no atenderla al no coincidir su documentación de identificación con ella. Aún así el hospital negó esta declaración y dijo negar la atención porque no tenían la capacidad de atender las heridas, una estrategia legal según interpreta Fascinación Jiménez.

“Creemos que esto es bastante grave por parte del hospital que le negaron la atención por un caso de discriminación y porque la víctima no quería, ni podía denunciar ese momento, ya que se encontraba entre quirófano y quirófano Si no tienen el equipo y no son capaces, lo que deben de tener es un protocolo para que se canalicen ese tipo de pacientes. Eso deberían de tener todos los hospitales, no nada más este hospital. En caso de que nieguen las acciones, estos negocios pueden llegar a ser clausurados, multados e incluso cerrados”.

Para Unión Diversa de Jalisco el caso de Zoé representa la poca capacidad con la que cuenta el Estado, específicamente en Jalisco, por atender estas agresiones perpetradas contra mujeres. Para Fascinación Jiménez esto evidencia una serie de negligencias por las que pasan las víctimas de ataques con ácido. Por ende, reconoce que el gobierno no cuenta profesionales especializados, tampoco sensibilizados en atender a personas en vulnerabilidad como lo es la población LGBTIQ+.

“No estamos hablando de cosas banales, estamos hablando de vidas humanas y las vidas de las chicas trans importan, que además son parte de la población LGBT más vulnerable, son las que viven mayores violencias, ellas tienen un promedio de vida de 35 años. Entonces creemos que están en un doble estado de vulnerabilidad por su identidad de género y por ser mujeres”, enfatiza.

Mural a la memoria y lucha de las mujeres que han sido atacadas con ácido. Fotografía: ZonaDocs

“Esta ley se queda corta”, reforman Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

El pasado 14 de marzo diputadas y diputados del Congreso de Jalisco hicieron una serie de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esto con 34 votos a favor. Los resultados se traducen en penas de 2 a 15 años de prisión a personas que perpetúen ataques con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva. Así como supone la regularización de venta de sustancias químicas corrosivas, cáusticas, tóxicas o inflamables.

Asimismo, afirmaron que en caso de involucrar una razón de género la pena por el ataque podría ser mayor, de hasta 20 años de prisión, e igualmente cuando el agresor tenga algún tipo de relación, ya sea de pareja, o cualquier, como laboral, consanguínea, familiar, etc. Durante la presentación de estas reformas fue mencionado justamente el caso de Zoé entre los casos que resaltan en Jalisco.

Y es que bajo este escenario el caso de Zoé, como mujer trans víctima de ataque de ácido, es que resulta importante relatar su vivencia. Así lo indica Fascinación Jimenez, quien desde su representación como presidenta de Unión Diversa de Jalisco, se posicionaron ante las reformas aprobadas por el Congreso de Jalisco, ya que no consideran suficientes para atender un problema como este, de tal magnitud.

“Ahora que salió esta reforma aquí en Jalisco sí creímos que se quedó corta, en el sentido de que es muy amplia la pena, o sea, creemos que dos años le pueden dar a un atacante y creemos que es súper leve. Porque un ataque de ácido es algo que busca dañar permanentemente, psicológicamente, físicamente, emocionalmente por siempre, que puede hacerte un daño tanto físico como puedes perder la vida”.

Lo más lamentable es que esta reforma no considera los ataques con ácido ni siquiera como un intento de feminicidio, un punto que para Fascinación debería contemplarse inicialmente para buscar la prevención del delito.

“Debería de ser de un delito que se abra como carpeta de intento de feminicidio y debería de ser grave, no entendemos porque la pena de dos años. Creemos que se quedó corta en ese sentido y que en torno a esta reforma también debería de haber otro tipo de acciones”, insiste.

Como lo fue en el caso de Zoé, para el resto de víctimas no ha habido una reparación integral del daño, sobre todo es necesario el acompañamiento integral a las víctimas, dado que no solamente es necesaria la atención médica, sino que sea especializada dadas las heridas que pueden ocasionar las diferentes sustancias químicas, y principalmente los estragos psicológicos, por lo que debería de brindarles atención psiquiátrica también, puntos que estas reformas no contemplan.

“Son daños que llevan tiempo, a veces se necesitan cirugías, asesoría psicológica, a veces incluso psiquiátrica porque hay secuelas en temas de ansiedad, de delirios de persecución. Es inmenso el tema, que no nada más es un parche, es un tema profundo”.

En México hay múltiples leyes, ahora reformas a estas, Centros de Justicia para la Mujer y demás instancias que atienden la violencia de género; sin embargo, para Fascinación Jiménez, ninguno de estos instrumentos es suficiente para atender la violencia machista y contra atacar al sistema patriarcal que más allá de atenderla, la acrecenta.

Por ello, es fundamental atender las diferentes violencias desde la prevención, es decir, el machismo. Porque para ella la cosificación de las mujeres es uno de los principales problemas por atender, que la integridad de las mujeres no valga, en dado caso, dos años de prisión como lo plantean en estas reformas.

 

 

Disparidad en datos oficiales de mujeres desaparecidas durante marzo

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: José Luis de La Cruz

Chilpancingo

 

Alondra Bautista García es originaria de Acapulco, tiene 17 años. Salió de su casa el 23 de marzo, no se tiene información de a dónde se dirigía, desde ese momento no se supo más de ella.

La denuncia la realizó la familia hasta el 1 de abril, a partir de ese momento se comenzó a compartir su ficha de búsqueda donde se leen todos estos datos.

Durante marzo, en Guerrero seis mujeres están reportadas como no localizadas, sus fichas de búsqueda continúan activas.

Alondra es una de ellas; por ser menor de edad, para su caso activaron la Alerta Ámber, en los otros casos fue la Alerta Violeta y el Protocolo Alba.

Maricruz García Margarito de 26 años, originaria de Cuanaxcatitlán, municipio de San Luis Acatlán, en la Costa Chica, estuvo no localizada por cuatro días.

Desapareció el 27 de marzo. Regresaba de su trabajo a las 21:30 horas en su camioneta, viajaba acompañada de su cuñada cuando en Yoloxóchitl, un Tsuru blanco, en el que viajaban tres hombres armados, se le atravesó y la obligaron a bajar de su vehículo.

Maricruz estuvo privada de su libertad, sus captores nunca se comunicaron con sus familiares ni les pidieron rescate.
El 31 de marzo hallaron el cadáver de Maricruz entre Yoloxóchitl y Arroyo Cumiapa.

Para la búsqueda de Maricruz, sus familiares, amigos y pobladores de Cuanaxcatitlán organizaron brigadas, a la par realizaban bloqueos para exigir a las hicieran su trabajo de búsqueda.

Los familiares de Maricruz recriminaron el lento actuar de las autoridades, aun cuando reportaron a tiempo su desaparición; incluso la ficha de búsqueda se activó dos días después.

De acuerdo con un registro realizado por Amapola, periodismo transgresor son tres menores de 17 años las que desaparecieron durante marzo. Una en Zihuatanejo, otra en Acapulco y otra en Chilpancingo.

El municipio que reportó más mujeres no localizadas fue Acapulco, con tres de las seis mujeres desaparecidas.

En total fueron 32 entre mujeres, niñas y adolescentes de las que se activó algún protocolo de búsqueda en el mes como la Alerta Violeta, Alerta Ámber y Protocolo Alba.

De esos 32 reportes seis continúan sin ser localizadas.

En el portal de la Fiscalía General del Estado (FGE), la información no está actualizada, maneja sólo dos fichas de búsqueda de marzo.

Los datos del recuento fueron tomados de la página de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).

De acuerdo con Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres (AGCVIM), las autoridades no atienden la situación de violencia y vulnerabilidad que viven las mujeres.

«Vale la pena hacer un llamado a las autoridades. No hay una respuesta y dejan que cada quien haga lo que quiera y como pueda», comentó.

 

Marchan en San Luis Acatlán en reclamo de justicia por el feminicidio de Maricruz García Margarito

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Facebook Cuanaxcatitlán

Chilpancingo

 

“Maricruz, hermana, el pueblo te reclama”, “Maricruz escucha, seguimos en la lucha”, fueron algunas de las consignas que se escucharon esta tarde en las calles de la cabecera municipal de San Luis Acatlán, en la Costa Chica, para exigir justicia por el feminicidio de Maricruz García Margarito.

Unas 300 personas, entre familiares, amigos y habitantes de Cuanacaxtitlán, marcharon esta tarde para exigir a los tres niveles de gobierno castigo a los responsables del feminicidio de Maricruz.

La marcha inició en la entrada de San Luis Acatlán, en el lugar conocido como el arco. Ahí se reunieron las personas con globos y vestimenta morada, pancartas y lonas.

Avanzaron hasta llegar al inmueble del Ayuntamiento de San Luis Acatlán, donde realizaron un mitin. Ahí hubo participaciones de pobladores de Cuanacaxtitlán.

“Maricruz era una mujer joven a la que le arrebataron tantas cosas, tenía tantas metas y sueños por cumplir y ahora es una de las que ha sufrido, por la que salimos a marchar hoy”, mencionó una de las oradoras.

Exigieron a las autoridades justicia para que el caso no quede impune. “No queremos que las autoridades se vayan a burlar de nosotros, queremos justicia”, agregó la oradora.

Reclamaron la espera y la lenta reacción de las autoridades, incluido el gobierno municipal, para buscar a Maricruz. No entienden, dijeron, por qué esperar 48 horas para iniciar una búsqueda.

“Sus 48 horas mataron a nuestra hermana Maricruz”, comentó alguien más.

Llamaron a las autoridades municipales y estatales a cambiar la manera en la que tratan y atienden a las comunidades indígenas. Cuanacaxtitlán es una comunidad na savi de San Luis Acatlán.

“Tienen que actuar de forma eficaz y real y no simulaciones de patrullas de policías tomándose fotos en cada esquina que no nos brinda seguridad”, comentó alguien más.

Los habitantes advirtieron que ellos tomarán medidas de seguridad, “aunque no es su trabajo”, debido a que las autoridades no atienden sus demandas ni les brindan seguridad.

Al finalizar el mitin dejaron pegadas las pancartas en el inmueble del Ayuntamiento.

Maricruz era originaria de Cuanacatitlán, tenía 26 años.

El 27 de marzo fue secuestrada por hombres armados mientras regresaba de su trabajo, acompañada de su cuñada.

En un tramo de la comunidad de Yoloxóchitl, un Tsuru blanco se le atravesó a Maricruz, la bajaron de su camioneta y la subieron por la fuerza al auto.

Desde ese momento no se supo más de ella, estuvo desaparecida cuatro días, hasta que el 31 de marzo hallaron su cadáver entre la comunidad de Yoloxóchitl y Arroyo Cumiapa.

Los primeros reportes establecieron que un individuo de nombre Manuel N, alías El Garrobo, habría asesinado a la joven, fue detenido tras ser entregado por sus propios familiares.

Hasta el momento ni las autoridades municipales ni la Fiscalía General del Estado (FGE) se han pronunciado por este caso, tampoco se sabe si hay más detenidos y si habrá castigo para Manuel N, el presunto responsable.

Denuncian a trabajador de la FGE por hostigar a menor testigo en caso de abuso sexual

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Esta mañana Rosa Bucio Infante protestó afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar públicamente al trabajador de dicha dependencia, Antonio Benítez Guerrero, por amenazar a una menor de edad para que cambie su declaración en un juicio de abuso sexual.

Sin dar muchos detalles, Bucio Infante contó que su hija es testiga en un caso de abuso sexual presuntamente cometida por un hombre llamado Ciriaco Nava Sánchez, quien actualmente está preso en el Cereso de Chilpancingo.

Derivado de ese caso, la hija de Bucio Infante recibe amenazas de Benítez Guerrero para cambie la versión de su testimonio y Nava Sánchez pueda salir de prisión.

“Va a la colonia, la graba, le dice que si no cambia su declaración le va a pasar algo malo a ella, a su papá y a mí”, contó Bucio Infante afuera de la FGE.

Agregó que Benítez Guerrero es trabajador de la FGE, en el área de contraloría, además que tiene acceso a expedientes de los que saca información para beneficiar Nava Sánchez.

Desde hace seis meses que comenzó el hostigamiento contra la menor e hija de Bucio Infante buscan ser atendidos por la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, para pedirle la destitución de Benítez Guerrero por intimidación, usurpación de funciones y hostigamiento contra la menor.

“Estoy aquí por mi hija, ella tiene miedo, y no nos callaremos, queremos hablar directamente con la fiscal para explicarle qué tipo de trabajadores tiene”, mencionó Bucio Infante.

La protesta se desarrolló en una de las entradas laterales de la FGE, en donde sólo estuvo Bucio Infante junto con su hija y pegaron algunas cartulinas en las que se leía: “Fuera Antonio por corrupto y usurpación de funciones”.

A la pequeña manifestación se acercó personal de la FGE y acordaron una reunión con Bucio Infante y su hija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridades omisas para atender 16 casos de acoso sexual en escuela de Tlapa que lleva 15 días en paro

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

02 de marzo del 2023

Chilpancingo

 

A 15 días de que 16 estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de La Montaña (ITSM) denunciaron ser víctimas de acoso y hostigamiento sexual por parte de maestros, ninguna autoridad del gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda los atiende y sanciona a los responsables.

El pasado 15 de marzo las estudiantes denunciaron públicamente, a través de una marcha la ciudad de Tlapa, la violencia que viven en su escuela; acoso sexual, agresión física, psicológica y verbal.

Desde ese día comenzaron un paro indefinido por tiempo indefinido y además mantienen tomada la escuela y van a regresar a clases cuando los maestros acosadores sean destituidos.

Las estudiantes acusan a la directora del ITSM Fredislinda Vázquez Paz por encubrir a los docentes agresores.

Entre algunas acciones que los y las estudiantes realizaron están un bloqueo en todos los accesos a Tlapa, en la carretera Tlapa-Puebla y la salida hacia Chilpancingo, donde colocaron un tendedero de pancartas de las principales demandas.

Este sábado primero de abril realizaron una marcha más por las calles de Tlapa y al grito de «Queremos profesores, no acosadores» y «Queremos directora, no solaparadora», terminaron su actividad con un mitin frente al ayuntamiento de este municipio.

En dicha protesta el Comité Estudiantil denunció que las autoridades ponen oídos sordos a sus peticiones.

Los estudiantes fueron acompañados por padres y madres de familia y organizaciones sociales que dan acompañamiento al movimiento estudiantil.

El pasado 29 de marzo las y los alumnas tenían agendada una reunión con funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) pero éstos nunca llegaron.

A pesar de eso la SEG, mediante un comunicado, informó que se está atendiendo el problema.

Las y los estudiantes desmintieron el comunicado y dijeron que fueron plantados por el subsecretario de Educación Media y Superior, Marco Antonio Marbán Galván.

Por su parte, la directora del ITSM, mencionó en una entrevista en Tlapa que la SEG le ordenó que ella denunciara ante la Agencia del Ministerio Público a los 16 maestros.

«Pero es no es posible porque las víctimas no han dicho los nombres de los maestros», dijo la maestra.

 

 

 

 

Localizan asesinada a Maricruz, después de estar desaparecida cuatro días en San Luis Acatlán

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Especial 

Chilpancingo

 

A los cuatro días de que fue privada de su libertad presuntamente por hombres armados, la joven Maricruz García Margarito fue hallada asesinada entre las comunidades de Yoloxóchitl y Cuanaxcatilán, municipio de San Luis Acatlán, al mediodía de este viernes cuando sus familiares, amigos y vecinos tenían cerrada una vía para exigir a las autoridades su búsqueda y presentación con vida.

Fue durante el bloqueo que la familia conoció la noticia del hallazgo del cadáver de Maricruz. Lo hallaron en la comunidad de Yoloxóchitl, rumbo a Arroyo Cumiapa, en las cercanías de Cuanaxcatitlán, de donde ella residía.

Los primeros reportes establecen que un individuo de nombre Manuel N alías El Garrobo, que habría sido el asesino de la joven, fue detenido tras ser entregado por sus propios familiares.

El grupo de manifestantes que exigían la búsqueda de la joven desbloquearon la carretera Yoloxóchiltl-Cuanaxcatitlán al saber la noticia.

El alcalde de San Luis Acatlán,  Adair Hernández Martínez, confirmó el hallazgo del cadáver de Maricruz.

“Se están haciendo las diligencias, todavía no tenemos mucha información; la hallaron sin vida (a Maricruz)”, mencionó Hernández Martínez.

Fotografía de Maricruz Garcís Margarito, obtenida de redes sociales

Maricruz  desapareció el 27 de marzo cuando salía de su trabajo acompañada de su cuñada en una camioneta rumbo a su pueblo, Cuanaxcatitlán.

En Yoloxochitl, un Tsuru blanco, en el que viajaban tres hombres armados, se le atravesó a la camioneta en que iba Maricruz, la obligaron a bajar y después se la llevaron por la fuerza.

Los hombres que se llevaron a Maricruz nunca se comunicaron con su familia para pedir algún rescate, según versiones de las autoridades del municipio.

Desde ese momento no se volvió a saber de ella y su ficha de búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue boletinada desde hace tres días.

Sus familiares realizaron bloqueos para exigir a las autoridades agilizaran su búsqueda.

El mismo día que desapareció Maricruz, se reportó que Nancy Salazar Castillo, originaria de Yoloxóchitl también había desaparecido  el 27 de marzo.

Nancy fue localizada con vida ayer por la tarde, en Cuanaxcatitlán, se desconoce en qué condiciones apareció. Ayer por la noche Nancy estaba rindiendo su declaración en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) en San Luis Acatlán, en la región de la Costa Chica.

Durante el primer bimestre de este año, 23 mujeres han sido asesinadas en Guerrero con presunción de feminicidio, señala el Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Polícia Comunitaria (CRAC-PC), apoyan en las labores de búsqueda de Maricruz

Localizan a una de las mujeres desaparecidas de San Luis Acatlán

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Ficha de búsqueda de la FGE

Chilpancingo

 

Nancy Salazar Castillo, originaria de Yoloxóchitl, municipio de San Luis Acatlán, que estaba desaparecida desde el 27 de marzo, fue localizada la tarde de ayer.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, Nancy fue sacada de su domicilio por hombres armados, quienes se la llevaron por la fuerza.

Nancy desapareció el mismo día que Maricruz García Margarito, de ella aun no hay información.

Aunque Nancy desapareció desde el 27 de marzo, fue el 29 que su ficha de búsqueda comenzó a circular en redes sociales.

El presidente municipal de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, confirmó que Nancy fue hallada cerca de Cuanaxcatitlán, una comunidad na savi del municipio.

«Hasta donde sabemos a ella (Nancy) la encontraron en el poblado de Cuanaxcatitlán. Se puso en contacto con la Policía Municipal y ellos la trasladaron a Yoloxóchitl,» mencionó Herdández Martínez.

No se sabe en dónde exactamente la hallaron, ni en qué condiciones, de acuerdo con el alcalde, Nancy ayer rendía su declaración.

De Maricruz todavía no se sabe nada, «llevamos desde el lunes en la noche, martes, miércoles, jueves y nada».

Agregó que la Guardia Nacional (GN) no quiere intervenir en la búsqueda y que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) sólo fue un rato «a simular».

Desaparecen dos mujeres en caminos rurales de San Luis Acatlán en circunstancias similares

Bloquean carretera federal para exigir la búsqueda de una de ellas


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Frame del Video del Diario El Faro de la Costa Chica

Chilpancingo

 

Pobladores de Cuanacaxtitlán bloquearon la carretera hacia San Luis Acatlán para exigir a las autoridades la búsqueda de Maricruz García Margarito, secuestrada por hombres armados la noche de pasado lunes.

Al mediodía de este miércoles unos 80 pobladores, entre familiares, amigos y vecinos de Maricruz, llegaron al punto conocido como el El Arco, en la entrada al municipio de San Luis Acatlán, para impidir el acceso a los automóviles.

Ahí, con cartulinas, exigieron a las autoridades buscar inmediatamente a Maricruz, quien desapareció el pasado lunes.

Existen dos versiones de cómo ocurrió la desaparición de Maricruz que han difundido en redes sociales.

Una es que la joven regresaba de su trabajo, en una casa de empeño en San Luis Acatlán, alrededor de las 23:30 horas. Viajaba en un taxi colectivo rumbo a Cuanaxtitlán, de donde es originaria, y en la comunidad de Yoloxóchitl, civiles armados la bajaron por la fuerza y la subieron a un automovil Tsuru blanco.

La otra versión es que Maricruz iba en una camioneta ganadera color roja, cuando en Yoloxóchitl un Tsuru blanco se le atravesó en el camino, la bajaron y la subieron por la fuerza al Tsuru blanco.

Aspectos del bloqueo de pobladores de Cuanacaxtitlán en la entrada de San Luis Acatlán. Imagen recuperada de la transmisión en vivo del Diario El Faro de la Costa Chica.

Según medios de comunicación locales, el Tsuru en el que se habrían llevado a Maricruz fue abandonado en Yoloxóchitl; lo hallaron a la medianoche.

En el bloqueo, los manifestantes exigen que la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ejército asuma las labores de búsqueda por la manera en que fue desaparecida.

Ninguna de la dos versiones la han confirmado las autoridades. Tampoco hay ficha del Protocolo Violeta para su búsqueda inmediata.

Su fotografía y la noticia de su desaparición fue difundida por familiares y amigos en redes sociales.

Hasta el momento ninguna autoridad tampoco se ha acercado a los manifestantes.

Además del caso de Maricruz, hoy se activó la Alerta Violeta por la desaparición de otra mujer también originaria de Cuanacaxtitlán, pueblo na savi de San Luis Acatlán.

Se trata de Nancy Salazar Castillo de 27 años, quien está como no localizada desde el 27 de marzo.

“Solicitamos el apoyo del comisario de Yoloxochitl, ing. Eduardo Guadalupe Ediviges, para que dé aviso a la comunidad, ya que muchos desconocen que mi prima esté desaparecida para así desplegar la búsqueda en la comunidad de Cuanaxtitlán, donde un grupo de hombres armados se la llevaron. Por favor, pueblo de Yoloxóchitl, queremos justicia por Nancy Salazar Castillo”, escribió en Facebook quien se identificó como prima de la víctima.

Nancy está desaparecida desde el 27 de marzo, pero su ficha de búsqueda comenzó a circular hoy.

Por la información proporcionada en redes sociales, ambas mujeres fueron secuestradas por un grupo de civiles armados. Las dos desparecieron el mismo día en circunstancias similares.

 

Cumple 45 días de la desaparición de Karen Melissa; autoridades siguen sin localizarla

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

Karen Melissa Peñaloza Martínez, estudiante de primer año en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), cumplió 45 días desaparecida sin que las autoridades ministeriales den con su paradero.

Su madre, Gisela Peñaloza Martínez, acude cada ocho días a preguntar a la Fiscalía General del Estado (FGE) los avances en la investigación y búsqueda de su hija, pero lo único que garantizan es falta de información.

«Ella (Gisela Peñaloza) está desesperada y se ve muy mal, no hay avances ni para bien ni para mal», mencionó la representante del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores, quien da acompañamiento a la madre de Karen Melissa.

Antúnez Flores también informó que el actual fiscal especial en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, Juan Daniel Cerillo Huerta, «está de la fregada» y no tiene ningún acercamiento con los colectivos y mucho menos con la madre de Karen Melissa.

Karen Melissa es originaria de Cuajinicuilapa, municipio de la Costa Chica y llegó a Chilpancingo para estudiar su carrera profesional.

Desapareció el 31 de enero. La versión que se es conoce es que abordó un taxi con dirección al poblado de Petaquillas, ubicado a 10 minutos de la capital.

La última comunicación que Gisela tuvo con su hija Karen Melissa fue el mismo 31 de enero por teléfono. «Más tarde hacemos videollamada», le dijo a su madre, pero eso nunca ocurrió.

Desde su desaparición, colectivas feministas y activistas exigen a las autoridades su pronta aparición con vida.

En su natal Cuajinicuilapa, compañeros, amigos y familiares han marchado y bloqueado carreteras para exigir su aparición.

El pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, la madre de Karen marchó en Chilpancingo para exigir su aparición.

Durante la marcha, Gisela declaró que la FGE sólo le ha comentando que investigan el caso, pero sin darle resultados y que sólo se dedican a pegar carteles y preguntar, «pero hasta la fecha no hay nada», comentó en aquella ocasión; Karen Melissa tenía centimeters 39 días desaparecida, ahora a los 45 la situación es la misma.

Amigas de Karen publicaron en redes sociales que el 8 de marzo marcharon en Acapulco, Guerrero, y en Ciudad Juárez, Chihuahua para exigir su aparición con vida, algunas llevaron su fotografía y su ficha impresa.

«Marché por ti, por que te encuentres bien donde quiera que estés, te amo mucho, amiga. Hoy grité por ti para que sepas que te estoy buscando, y también para que todo Juárez se entere que no sólo en Juárez hay personas desaparecidas sino en todo el mundo, que Guerrero sepa que aquí en Juárez hay alguien que te busca también», escribió en su Facebook personal Mary Vargas, amiga de Karen Melissa.

El diputado federal, Pedro Sergio Peñaloza Peréz, denunció la incapacidad e insensibilidad de las autoridades de Guerrero para localizar a Karen, quien al parecer es su sobrina.

Durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión, en la que estaba presente el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, Peñaloza Peréz le solicitó atraer la investigación.

“La familia estamos desesperados y no solamente eso, yo creo que la federación debe hacerse cargo de la búsqueda, porque no solamente no nos dan una respuesta convincente, sino que no hay la sensibilidad necesaria”, mencionó el legislador federal el pasado 15 de marzo durante su encuentro con Encinas Rodríguez.

A pesar de dichas exigencias de justicia y aparición con vida, ya pasaron 45 días desde la desaparición y el caso continúa igual.

 

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