La Uagro continúa sin investigar cámaras halladas en baños de la prepa de Tixtla

Podría tratarse de un mecanismo para espiarles. Derivado del hallazgo ha circulado contenido íntimo de alumnas y maestras en diversos grupos, denunciaron estudiantes


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: La lente de Guerrero y Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Alumnas de la preparatoria 29 Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), de Tixtla, denunciaron que a casi dos meses del hallazgo de cámaras de video en los sanitarios de alumnas y alumnos de ese plantel, las autoridades son omisas y siguen sin sancionar a los responsables.

De acuerdo con las alumnas y los alumnos, esas cámaras las hallaron desde el 23 de febrero, pero hicieron público el caso el 7 de marzo.

En conferencia de prensa, esta mañana en Chilpancingo, una comisión de estudiantes informaron que no hay ningún avance en la investigación, aun cuando, denunciaron, derivado del hallazgo de las cámaras ha circulado contenido íntimo de alumnas y maestras en diversos grupos.

“No nos han querido dar resoluciones, los maestros nos están minimizando muy feo. Venimos a exponerlo para que haga más eco”, comentó una de las alumnas que prefirió omitir su nombre por temor a represalias.

Los acompañaron estudiantes de la Preparatoria 9 Comandante Ernesto Che Guevara, también de la Uagro. El pasado 7 de marzo, las estudiantes de esta preparatoria colocaron un tendedero para señalar a maestros y alumnos acosadores.

El caso fue turnado al área de la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios de la Uagro, debido a que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHGE) no puede involucrarse en el tema, a menos que la Universidad no intervenga.

Los estudiante de Tixtla pidieron la suspensión del director José Francisco Calvo Hernández por 90 días, tiempo en que ocurre la investigación, pero el docente sigue en sus funciones.

“Nos dijeron que no se podía porque si pasaba algo en la escuela quién se iba a hacer responsable. Para eso hay subidrectores”.

Las clases continúan de manera normal en la preparatoria.

Aspecto de la conferencia de prensa de estudiantes de la preparatoria 29 de la Uagro en las instalaciones del SNRP en Chilpancingo.

Denunciaron que los maestros, quienes fueron señalados de ser parte de la misma corriente política del director, han amenazado e intimidado a los estudiantes.

“Hasta ahorita sí hemos tenido apoyo de algunos maestros, pero otros que apoyan al director no, nos han amenazado con las calificaciones”, dijo otra alumna.

Advirtieron que si en la Uagro no da avances y resultados en la investigación realizarán una demandan colectiva ante el Ministerio Público (MP).

La denuncia de las cámaras por parte de estudiantes ocurrió el pasado 7 de marzo y al día siguiente, 8 de marzo en que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, tomaron las instalaciones ante la omisión de las autoridades; a ocho días de los hechos no hay una respuesta que les garantice seguridad a las alumnas y a los alumnos.

 

Ciudad de México: 15 años de la despenalización del aborto entre el derecho y el privilegio

¿Qué hay detrás de la disminución en las interrupciones legales del embarazo (ILE) en esta capital? Detrás, también están las enormes barreras que persisten para acceder a este derecho: burocráticas, de desinformación, de recursos humanos y de dinero.


Texto: Mely Arellano y Daniela Rea / Lado B y Pie de Página de México

Diana tiene 35 años, una hija y un embarazo de 10 semanas. Una mañana de invierno del 2022 acudió a la clínica pública México-España, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, para interrumpir ese embarazo. Sabe que en la Ciudad de México el aborto está despenalizado, así que buscó en internet el procedimiento, los lugares y los requisitos.

La mañana que acudió a la clínica era la décima en la fila. Antes de ella había una joven que venía de Querétaro acompañada de su mamá; y una chica con uniforme de secundaria acompañada de dos amigos con el mismo uniforme, entre otras mujeres. A las 7 de la mañana ya eran unas 30 personas y para las 8, cuando entregaron las fichas, la mitad se tuvo que ir a su casa por no alcanzar turno.

Cuando la trabajadora social le revisó sus documentos le dijo que le faltaba una prueba de sangre. “Eso no está en los requisitos de internet”, espetó, “pero se necesitan y sin ellos no puedes entrar”, le respondió la mujer. Ni hablar. Diana regresó a casa con su ficha y su embarazo.

Al día siguiente decidió no volver a intentarlo ahí, porque no le darían permiso en el trabajo y no quería exponerse a más incertidumbre en un proceso ya de por sí complicado. Terminó yendo a una clínica particular donde pagó 3,500 pesos (unos US$ 193) por el procedimiento de aspiración sin anestesia. Hubiera elegido no sentir el dolor que sintió, pero no tenía los 2,500 pesos adicionales para ello.

Después de luchar 50 años por la despenalización del aborto y lograrlo desde hace 15, en la Ciudad de México el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación, pero el acceso a este derecho enfrenta muchas barreras: de información, de recursos materiales y humanos, administrativas y de clase.

Citlali es una joven del Estado de México. Cruzó la frontera invisible con la Ciudad de México para realizarse un aborto. Llegó a una de las clínicas públicas en el norte de la ciudad y, además de que la trabajadora social la quería disuadir de hacerse el procedimiento, le quiso cobrar 3,000 pesos. Citlali no sabía que tiene derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, solo había escuchado que podía abortar sin el riesgo de ser llevada a la cárcel.

Abortar en la Ciudad de México y la forma en cómo lo hacemos es una cuestión de privilegio.

Caída estrepitosa

Desde el año 2007 que se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el gobierno local ha practicado 256 mil 665 procedimientos, el 85% a través de medicamento y el resto por AMEU (aspiración manual uterina). Sin embargo, desde el 2014 la cantidad de procedimientos ha disminuido.

¿Qué significa esta disminución de los servicios brindados por el Estado? Para activistas, es un reflejo de la falta de accesibilidad al derecho, para la Secretaría de Salud local es más bien una estabilización de casos, luego de un repunte por la disminución de abortos considerados “clandestinos”, sumado al confinamiento pandémico.

Y si bien el confinamiento complicó el traslado y el acceso de las mujeres a procedimientos en instituciones públicas, y fueron otras mujeres, las acompañantas, las que solventaron esa ausencia del Estado, eso no explica la caída sostenida desde 2014.

Colas, fichas, gasas y papel de baño

Si una mujer quiere interrumpir su embarazo en la Ciudad de México, en los servicios gratuitos del Estado, tiene que llamar al ILETEL (555132-0909) o acceder a internet y buscar las clínicas y los horarios en que se ofrece el servicio.

Uno de los primeros resultados de la búsqueda es la página oficial de la Secretaría de Salud (Ssa). Ahí leerá que no puede ir a cualquier clínica, pues solo se ofrece en siete unidades médicas y ocho hospitales; que el horario inicia a las 8:00 am, pero en la práctica sabrá que tiene que hacer fila a las 6:00 am para alcanzar una de las 20 fichas que se reparten. Si no alcanza, deberá intentarlo al día siguiente, con las complicaciones que ello implica: volver a pedir permiso en el trabajo, volver a encargar a lxs hijxs y volver a gastar dinero en el transporte público.

En la capital del país, el acceso a la interrupción legal del embarazo público no es una garantía. Esta es una de las principales quejas que hacen usuarias, acompañantas y organizaciones de defensa a los derechos humanos.

Daniela Medina, integrante de Marías Acompañantes, dice: “Antes pensaba que el principal obstáculo eran las leyes y la falta de gratuidad, o sea, que las mujeres no accedían a abortos seguros porque solo estaba garantizado en CDMX, pero el hecho de que ya sea legal en otros estados me ha cambiado la visión. Ahora creo que el problema, más bien, es la falta de información y los estigmas que hay alrededor (…) Casi todas las feministas sabemos cómo usar el misoprostol y que abortar es nuestro derecho, pero lo sabemos nosotras. Hay muchísimas mujeres fuera de nuestros círculos que no lo saben, que creen que conseguir ‘miso’ es difícil e ilegal, incluso tenemos muchos casos donde acuden a médicos que les recetan procedimientos incompletos o erróneos porque, aunque son médicos, no están actualizados en el tema, no conocen el uso del ‘miso’, por negocio o simplemente porque anteponen su supuesta ética a la salud y deseos de la paciente”.

Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María, asegura que “en efecto, hay todavía muchas personas, incluso en la Ciudad de México, que no saben que se puede acceder a un aborto en las clínicas públicas”.

En la página de internet se establece que los requisitos para acceder a la ILE son:

  • Identificación oficial, en original y copia.
  • La Clave Única de Registro de Población (CURP), un código de identidad de 18 caracteres utilizado para identificar a residentes y ciudadanos mexicanos.
  • Comprobante de domicilio en original y copia (último recibo de predial, luz, agua, gas, televisión paga, teléfono fijo o servicio de internet).
  • Cédula de Gratuidad (residentes de la Ciudad de México).
  • Se recomienda acudir con un acompañante con identificación oficial en original y copia.

Pero en la práctica cotidiana, las mujeres señalan que se les exige también prueba de sangre, la recomendación de acompañante se vuelve obligación y se les piden insumos como gasas, papel de baño o cloro porque la clínica pública no tiene recursos económicos para ello.

Incluso en algunos casos, mujeres han testimoniado el cobro por el servicio que debería ser gratuito, como el caso de Citlali, la joven del Estado de México a quien una trabajadora social quiso cobrarle 3,000 pesos por un procedimiento en un hospital público. Su testimonio fue recogido por Lurel Cedeño Peña en su tesis doctoral “La experiencia narrada del aborto en mujeres mexicanas: entre el estigma y el empoderamiento”.

Desde 2007, cuando se despenalizó el aborto en CDMX, al mes de febrero de 2023, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha armado 16 expedientes de queja vinculados a la presunta violación a los derechos a la salud y de las mujeres, relacionados con la ILE. En los casos registrados se observa que:

  • En 10 de los 16 expedientes, se manifestó que hubo obstrucción o restricciones por parte del personal médico para poder realizar el procedimiento.
  • En todos los casos se declaró que recibieron malos tratos por parte del personal que atiende en los hospitales.
  • La mitad de las personas peticionarias o agraviadas denunciaron que fue necesario acudir a más de un hospital para conseguir la atención.
  • En solo uno de los casos, la autoridad señalada como responsable no fue la Secretaría de Salud, sino personal de la Fiscalía especializada.
  • En uno se refiere a que el procedimiento del ILE no fue correctamente practicado y se puso en riesgo la salud de la paciente.
  • En tres casos solicitaron requisitos adicionales, como análisis clínicos, testigos o estudios clínicos pagados de manera particular.

“El servicio funcionaría si hubiera conciencia de las barreras para llegar al aborto y se actuara para combatirlas”, dice Maricarmen Teolli, acompañanta. “Por ejemplo, solo por referirnos a las barreras económicas: tener saldo en el teléfono para hacer una llamada en busca de información, llegar, regresar, pagar pruebas de sangre, los insumos que piden… Muchas veces el que una mujer ejerza su autonomía depende de tener 100 pesos de saldo en el celular”.

Actualmente, solo en dos lugares, el Centro de Salud Dr. Juan Duque de Estrada y la Clínica de Salud Reproductiva Beatriz Velasco de Alemán, ambas ubicadas en la alcaldía Venustiano Carranza, cerca del centro de la ciudad, dan atención ampliada e incluso los fines de semana.

“Eso es muy importante porque hay quienes no tienen la posibilidad de acudir entre semana”, porque tienen que pedir permiso en su trabajo, dice Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María, y agrega que para que una mujer pueda ir a pedir el servicio a las 6 de la mañana debe echar mano de muchas herramientas y redes de apoyo: el ejercicio del derecho a abortar es un tema de justicia sexual y reproductiva.

Del total de interrupciones legales del embarazo que realiza el gobierno local, el 68.7% son a mujeres que radican en la Ciudad de México y el resto a otros estados del país, siendo los principales: Estado de México (con el 87.5% del total de procedimientos a foráneas), Hidalgo y Puebla.

Y si bien Patricia López, acompañanta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), reconoce que una buena práctica es la prioridad que dan a las mujeres foráneas para atenderlas el mismo día, mediante el procedimiento de AMEU, para las que sí radican en CDMX no hay suficiente atención.

Lo ideal, propone Stephanie Lomelí, es que el servicio de ILE se proveyera en cualquier centro de salud, clínica u hospital de la ciudad, y no que se limitara a unos cuantos, como sucede actualmente.

En ello coincide Mara Zaragoza, subdirectora de fortalecimiento de la organización Ipas Latinoamérica, que lucha por el acceso a abortos seguros: “si bien no estamos diciendo que desaparezcan las clínicas de ILE, nos parece que hoy por hoy cualquier mujer debería poder llegar a una clínica, decir que lo necesita y obtener el servicio con la misma calidad”.

En experiencia de las acompañantas, los servicios públicos también deberían mejorar la publicidad y atención para que sea cálida, clara, sin estigmas y sin presión para llevarse un método anticonceptivo.

La falta de información pública sobre este derecho ha dado pie a que en la entrada de las clínicas haya personas anti-derechos que, disfrazados de médicos y enfermeras, desinformen y coopten a las usuarias para obstaculizar el acceso al aborto. Mujeres que, según la titular de la Administración del Seguro Social (Ssa), Olivia López, inhiben la interrupción del embarazo con información falsa, e “incluso a mujeres que no están embarazadas les realizan el ultrasonido y proyectan imágenes de fetos que no existen en su vientre”.

Adolescentes y su derecho a la justicia reproductiva

El documento “Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Ciudad de México, 2007-2021. Tendencias a 15 años de su despenalización y provisión pública”, realizado por el gobierno de la CDMX, señala que se ha reducido más el número de ILE entre niñas y adolescentes, que entre las mujeres adultas, aunque no refiere razones. Y señala también que en alcaldías menos urbanas, como Milpa Alta, la probabilidad de embarazo infantil es muy elevada, y muy reducida la probabilidad de que las niñas accedan a la interrupción.

El Comité de Expertas de Belém Do Pará señala sobre los embarazos infantiles que “todo embarazo en una niña menor de 14 años debe considerarse no consentido y, por tanto, producto de violencia sexual”.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en la CDMX se registraron 635 violaciones sexuales contra niñas de 1 a 17 años, solo de 2019 a 2021, es decir, una cada dos días. Aunque seguramente son más, porque como señala la directora de esta organización, Tania Ramírez, “hay un subregistro de estos casos”.

En caso de una violación, la Norma Oficial Mexicana 046 establece que se puede acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)  incluso sin denuncia judicial de por medio, y no hay un límite de semanas gestacionales para llevar a cabo el procedimiento.

Sin embargo, el número de IVE es muy bajo. Por ejemplo, en ese mismo periodo en el que hubo 635 violaciones sexuales contra niñas (2019-2021), solo se registraron 116 IVE en mujeres en general, aunque de acuerdo con las autoridades, eso se debe a que muchas prefieren acceder a la ILE para evitar cuestionamientos.

Pero si ese es el caso, ¿cómo van a saber las adolescentes que pueden acceder a un aborto si no hay campañas de difusión?, cuestiona Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María: “Vemos a veces campañas que hablan de la vacunación o de otro tipo de servicios, y pues ILE nunca está presente”.

Las cinco alcaldías con mayor índice de fecundidad en adolescentes son Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Cuajimalpa.  De acuerdo con un análisis realizado por Verónica Esparza, coordinadora de Investigación en el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en Milpa Alta y Cuajimalpa hay menos información, menos presupuesto y, por lo tanto, menos posibilidades de acceso a una ILE. Lo cual tiene un impacto en la vida presente y futura de esas adolescentes.

Al respecto, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la CDMX explica que es necesario mucho equipamiento para llevar el servicio a las alcaldías más alejadas, por lo que se concentran en prevenir el embarazo, mediante campañas sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos en escuelas de educación media y media superior.

Uno de los requisitos para que las adolescentes puedan acceder a una ILE o una IVE es que vayan acompañadas por su padre, madre o tuto, lo cual, de acuerdo con acompañantas, complica el acceso por el estigma que hay alrededor del embarazo adolescente.

La criminalización permanece

La falta de información sobre el aborto afecta también a las mujeres adultas que viven en las zonas menos urbanas, “como Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, donde todavía hay mucho estigma”, dice Patricia López, acompañanta de Ddeser. En su experiencia, en esas zonas “todavía hay muchos mitos y estereotipos al respecto, como que un aborto es culpa de la mujer”.

A la falta de información se suma el hecho de que el aborto sigue siendo un delito contemplado en el Código Penal: “mientras eso continúe, las mujeres seguirán teniendo temor de solicitar o buscar servicios, porque están preocupadas de sí su caso cuadra o no en un marco legal”, dice Mara Zaragoza, de Ipas Latinoamérica.

Se trata de un temor fundado: la CDMX es la entidad donde hubo más Carpetas de Investigación (CDI) por aborto en el año 2022 en todo el país: 192 personas fueron denunciadas por ese delito, una denuncia cada dos días.

También en el acumulado de 2015 a 2022, la capital del país quedó en primer lugar con 945 denuncias.

Que el aborto siga como delito en el Código Penal hace también que el personal de salud sienta riesgos, “y esa incertidumbre legal, lo único que trae como resultado es mayor rechazo, falta de atención y negación de servicios, que ponen en juego lo que se supone que es lo más importante: la salud y bienestar de las mujeres”, agrega Mara Zaragoza.

Abortar en clínicas privadas

Mientras el aborto siga siendo más un privilegio que un derecho, las mujeres optarán por interrumpir sus embarazos con acompañantas, pero también en clínicas privadas, donde tampoco hay garantía de una atención sin prejuicios o incluso a un precio justo. Además, los hospitales privados no están obligados a informar a la autoridad sobre el número de servicios de ILE o IVE que dan.

Este relato lo comparte Daniela Medina, integrante de Marías Acompañantes, quien acompañó a una amiga a realizarse una ILE en una clínica privada en el año 2012.

“Acompañé a una amiga que en ese entonces tenía 21 años y tenía 10 semanas de gestación. Somos de Toluca, así que tuvimos que trasladarnos en bus primero, llegar a (la estación) Observatorio y de ahí a la clínica que estaba por la estación Indios Verdes. Cuando llegamos le empezaron a cuestionar por su salud, que si tenía un TAC, que si no estaba alimentándose bien para que no se le notara, frente a todas las demás pacientes. La persona que estaba en el mostrador era un hombre y le hizo un interrogatorio extenso. Ella pidió ver el ultrasonido y la ginecóloga le dijo que si quería verlo era porque no estaba segura y ella no podía perder el tiempo, tenía muchas pacientes. Mi amiga quería de alguna forma despedirse del embrión. Luego le dijo que tenía 13 semanas y media y que, por eso, el costo era más alto y tenía que ser otro proceso. Mi amiga quería un AMEU y le dijeron que sí, pero además la forzaron a pagar más y a tomar una dosis de ‘miso’. Mi amiga comenzó con mucho dolor, escalofrío y náusea, síntomas fuertes del ‘miso’ y estaba muy asustada. El encargado del mostrador le gritó y la maltrató. Llegamos a la clínica a las 9:30 a. m. más o menos y la atendieron cerca de las cuatro o cinco de la tarde, pero a mí me dieron informes hasta las seis. No la anestesiaron, sintió todo y la ‘gineco’ la regañaba por moverse, por respirar profundo. Después la dejaron una hora esperando, semidesnuda, leyendo sobre anticonceptivos. Le volvieron a hacer un ultrasonido para que viera que el útero estaba vacío. Por días tuvo dolor y después, una infección”.

Julia Escalante, activista por los derechos sexuales y reproductivos, realizó una investigación sobre el servicio de ILE en clínicas privadas y encontró —con excepciones— que hay lugares donde hacen trabajar al personal médico 10 horas seguidas, con poco tiempo de descanso por lo que no dan consejerías ni explican las señales de alarma. Lo cual implica un riesgo para las usuarias; además de que se les exige practicar y vender los procedimientos y métodos anticonceptivos más costosos. Encontró también una alta fluctuación de personal en las clínicas.

Escalante registró el caso de una mujer que tenía un embarazo ectópico y la aspiración mal practicada terminó en una perforación. Días después del procedimiento ella llamó a la clínica para decir que tenía dolor, le dijeron que era normal. “Terminó en un hospital con una infección y una cirugía que costó 70,000 pesos (unos US$ 3.785)”.

Otra experiencia que acompañó Daniela Medina sucedió en otra clínica privada, en la colonia Roma:

“Mi acompañada tenía 20 años y 8 semanas, ella quería abortar con ‘miso’. Le dijeron que no podía usar medicamentos porque tenía más de 12 semanas y tenía que ser forzosamente con AMEU (que salía mucho más caro, que con medicamentos). Le hicieron firmar una especie de deslinde de responsabilidades si se ponía mal en Toluca. Yo aún no sabía cómo funcionaba el ‘miso’ y pues creímos en lo que decía la ‘gineco’. En ese momento yo tenía unos 2 años acompañando, no conocía muchas clínicas y no tenía tan presente el concepto de violencia ginecológica ni de derechos que tengo hoy”.

Para Daniela, estas experiencias que acompañó son ejemplo de cómo se sigue castigando a las mujeres por decidir y cómo se lucran de nuestro desconocimiento. “En las clínicas privadas es común que intenten cobrarles de más a las mujeres, que aumenten el precio por cada semana de gestación. En casi todas las clínicas dicen que hay acompañamiento psicológico, que es libre de estigmas, pero esa vez parecía todo lo contrario”.

 

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia,  que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

(Pódcast) Ruta Oaxaca: recorrer miles de kilómetros para abortar en libertad

Por: El Espectador

Foto: Alejandra Balaguera

 

Las historias de Esperanza, Victoria y Libertad son el reflejo de cómo en este estado las mujeres enfrentan enormes barreras de acceso y prejuicios para decidir sobre su cuerpo y maternidad. Esto a pesar de que aquí, como en otros lugares de Latinoamérica, el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de embarazo.

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia,  que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

La desaparición, pieza de la triada de máximas violencias contra las mujeres en Guerrero

Texto: Margena de la O, Itzel Urieta y Beatriz García

Fotografia: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

La desaparición de mujeres es sólo un rasgo de las múltiples violencias que enfrentan ellas en Guerrero, un estado en supuesta observación institucional por las dos alertas de violencia de género decretadas, pero que mantiene un marcado patrón de agresión en su contra.

Porque es un instrumento de terror, de acuerdo con lo que establecen las organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, cuando escudriñan en los componentes de esta acción, que también tiene escalas, según los agentes que participen. En la desaparición forzada, por ejemplo, los actores son los agentes estatales o consentidos por el Estado.

La desaparición, junto al feminicidio y la trata, representa la máxima expresión de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en el país, y Guerrero está entre en los primeros ocho estados con más casos, de acuerdo a un diagnóstico realizado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

Esos ocho estados concentran un 56.13 por ciento de los casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en todo el país del 2000 a octubre del 2022 que fue publicado este diagnóstico.

“La tendencia general de los casos de niñas y mujeres desaparecidas, desde el año 2000 en adelante, ha ido en ascenso, reportando desde 2011 más de 1,000 casos anuales. A partir del año 2020 se empiezan a denunciar anualmente más de 2,000 casos, siendo preocupante que el pico más alto sea el año 2021, con 2,729 casos de niñas y mujeres desaparecidas y no localizadas”, se lee en un comunicado del IMDHD a manera de resumen del diagnóstico.

Hoy que se conmemora el Día Internacional de la Mujer las cifras dejan en evidencia el contexto adverso para las mujeres y, al mismo tiempo, toda la deuda institucional para ellas –para nosotras–. La concentración de estos números y casos intenta convertirse en una consigna para expresar que faltan más acciones para garantizar protección, seguridad y, sólo así, anhelar a la igualdad.

El diagnóstico de la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas en el caso particular de Guerrero arroja que a partir de 2013 hay un aumento en el número de desaparecidas. Los años con más casos de desparecidas son 2016, con 65; 2017, con 71; 2018, con 86, y 2019, con 59.

En el 2020 desaparecieron 50, de acuerdo con la base de datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), al que acudió IMDHD; es un dato trascendental porque fue el año en que surgió la pandemia por Covid-19 en México, es decir, que la mayoría de la población estuvo encerrada en casa.

Los acumulados de desaparición de mujeres en Guerrero son más inquietantes: “Al menos 547 continuaban desaparecidas hasta el 31 de enero de 2020 en la versión pública del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de la Comisión Nacional de Búsqueda. De éstas, en cinco años, de enero del 2015 al 10 de agosto de 2020, se habían registrado 366”.

El mayor rango de mujeres desaparecidas en Guerrero se concreta en menores de 19 años, lo que significa un 41 por ciento, equivalente a 231 de las 547 desaparecidas hasta 2020.

Pero la desaparición de mujeres en Guerrero es una registro que no da tregua, se nutre todos los días. El primer bimestre de 2023 lo evidencia, donde 44 mujeres desaparecieron.

Este dato es parte de la base de datos que Amapola, periodismo transgresor genera con los acumulados mensuales de un monitoreo de las alertas que emiten las instituciones, de las publicaciones periodísticas en los medios locales de comunicación, y de las denuncias ciudadanas a través de redes sociales.

En enero desaparecieron 24 y en febrero 20. La mayoría de las mujeres desaparecidas fueron localizadas, lo que significa un importante resultado, pero no desconfigura el delito que evidencia el riesgo en que viven –vivimos– las mujeres.

*

De las 20 mujeres desaparecidas en febrero del 2023, 16 fueron localizadas, pero cuatro siguen desaparecidas; aquí la historia de una de ellas.

Este 4 de marzo Karen Melissa Peñaloza Martínez cumplió 21 años. No pudo festejar ni con su familia ni con sus amigos. Es poco probable que donde esté haya partido un pastel de cumpleaños o que alguien le cantara las mañanitas. Desde el 31 de enero está desaparecida.

Lo último que supieron de ella es que abordó un taxi con dirección a Petaquillas, un pueblo de Chilpancingo ubicado a 10 minutos de la capital.

Una de sus conocidas mencionó que Karen Melissa se cambiaba de departamento al momento de su desaparición. El perro que es mascota de Melissa apareció en el nuevo departamento, pero sin rastro de ella.

Su ficha de búsqueda fue activada hasta el 7 de febrero.

Días después de que se publicó la ficha de búsqueda la familia de Melissa recibió una llamada telefónica en la que les dijeron que “ya no la buscaran porque ya no la iban a encontrar”.

Ante estos hechos la FGE tampoco a dado resultados y avances en la investigación a la familia, aun cuando su desaparición tenga más de un mes. Pero si se considera el patrón sistemático de desaparición en Guerrero, la violencia marcada contra las mujeres, y las omisiones institucionales, el tiempo es casi intrascendente.

La ficha en realidad la activaron las instituciones porque integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de la Mujer, organización de la que forma parte, comenzaron a exigir su aparición con vida.

Karen Melissa es originaria de Cuajinicuilapa. Vive en Chilpancingo y estudia Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro). En su facultad nadie habla del tema; ni los alumnos ni los maestros ni las autoridades dijeron algo sobre su desaparición. Lo único que se supo es que la llaman Meli.

Para sus compañeras de la Red, Mely es muy activa en el movimiento feminista. La consideran valiente, una líder nata.

*

Lucila debe ser una de las 50 mujeres desaparecidas en 2020, según cifras nacionales. Su madre sigue buscándola.

Lucila Josefina Fernández López de 22 años le faltaba un año para terminar la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad Tecnológica de Iguala, pero unos hombres armados la sacaron de su casa 7 de mayo del 2020.

Su hijo de tres años presenció ese momento. Ahora él tiene seis años, y está a cargo de su abuela, Lucila López Flores, madre de su mamá.

La madre busca a Lucila y espera saber de ella “como sea” que la halle.

Lucila vivía con su madre. Ella tenía la ilusión de que su hija terminara la carrera para que tuviera con qué mantener a su hijo.

El 7 de mayo del 2020, Lucila notó a su hija extraña, como si algo le preocupara, pero hizo sus actividades del día: se levantó a las ocho de la mañana, se bañó, y desde entonces se sentó a hacer tarea hasta la noche; sólo se levantó a comer.

A las 20:15 horas Lucila salió a comprar leche para su hijo, regresó a los 15 minutos. Se sentó en el comedor y preguntó por su hermana; doña Lucila tuvo tres hijos.

Cuando recuerda ese momento a narrar los hechos, la madre cree que Lucila quizá esperaba a su hermana para contarle algo.

Un mes antes Josefina tuvo un problema con el papá de su hijo, porque lo demandó para que le diera pensión alimenticia; él le dijo entonces que retiraría la demanda “por las buenas o por las malas”.

La hermana llegó a casa y Lucila le pidió que salieran un rato afuera a platicar. Al abrir la puerta unos hombres encapuchados y con armas largas las frenaron.

Los hombres forcejearon con Lucila que se negaba a irse con ellos. Un amigo de su otro hermano estaba cerca de la casa y quiso defenderla, pero lo detuvieron a tiros; lo mataron.

Todo fue tan rápido. Los hombres jalaron a Josefina, su madre quiso detenerla y otro hombre encapuchado la apuntó con un arma. La subieron a un coche y se la llevaron.

Su hijo, que estaba presente, sólo temblaba. Ahora, a sus seis años, el niño tiene problemas de lenguaje; todo indica que es resultado de ese momento traumático.

Doña Lucila interpuso la denuncia de desaparición de su hija cinco meses después de que se la llevaron, porque desde la noche del 7 de mayo del 2020 unos hombres desconocidos vigilaban al resto de la familia y les tomaban fotografías. Tenían miedo.

A los cinco meses se acercó a la familias integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados María Herrera, con sede en Chilpancingo, y fue que interpusieron la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), porque en las autoridades del estado no confió.

Doña Lucila sigue en busca de su hija, pero desde hace tiempo perdió la esperanzan de que esté viva, y es cuando suelta que lo único que quiere es hallarla “como sea” que esté.

*

Los datos ofrecidos por el IMDHD sitúan a Acapulco como el lugar de Guerrero donde más casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas hubo hasta 2020, con 162. Marla, de Chilpancingo, viajó al puerto en julio 2019; sigue sin volver

Los tres hijos de Marla Jiménez Carachure no saben de su madre desde hace cuatro años; desapareció en la carretera rumbo a Acapulco, en la localidad de las Cruces.

Marla llevaba un año y medio de haberse graduado como maestra de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo, donde radicaba con sus hijos. El mismo tiempo que llevaba divorciada del papá de sus hijos.

El padre de sus hijos desapareció un año antes que ella, pero en la carretera Tixtla-Chilapa, donde sus familiares hallaron su camioneta abandonada. Los hijos, que dependían por completo de Marla, tampoco saben del paradero de su papá; las autoridades siguen sin darles resultados.

Brayan Maximiliano Ángel Jiménez, el hijo mayor de Marla recuerda perfectamente el último día que supo de su madre: era 26 de julio del 2019, Marla iría a Acapulco con un compañero, a una reunión. Salió de su casa como a las ocho de la mañana. A mediodía avisó a sus hijos que pasaba por Las Cruces, una colonia de la zona suburbana de Acapulco.

El resto del día no volvió a comunicarse con sus hijos. Ellos no se preocuparon, creyeron que otra vez su madre se había quedado sin batería en su celular, algo común para ella.

Pasaron dos días y comenzaron a preocuparse. Brayan decidió interponer la denuncia ante el Ministerio Público, en Chilpancingo. Supo que el acompañante de su madre tampoco apareció. Tenía miedo.
Transcurrieron más días, semanas, meses, años sin rastro de Marla.

Poco después de la desaparición de su madre, Brayan de 28 años abandonó la carrera de Ingeniería Civil y su hermano, de 21 años, el Colegio de Bachilleres. Decidieron trabajar para que su hermana, de 20 años, siguiera con sus estudios y todos pudieran sobrevivir.

Cuatro años después, la única información que tiene Brayan es la que ha logrado por su cuenta; es posible que un amigo en común que tenían su madre y su padre es el responsable de la desaparición.

Guerrero registra 23 asesinatos de mujeres en el primer bimestre del año, 43.7 por ciento más que en 2022

Activistas advierten sobre la situación de violencia contra las mujeres en puntos como el puerto de Acapulco, y también, que las autoridades desatienden la prevención y la investigación de crímenes con perspectiva de género.


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: José Luis de la Cruz /Archivo

Chilpancingo

 

El 2 de enero pasado, Luz María Mota acudió a una cita con su expareja sentimental. La citó en una colonia en las afueras de Taxco, Guerrero, y de allá nunca regresó a casa.

Una de las hipótesis del caso, planteada en la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), es que su expareja pudo haberla arrojado por un barranco de una profundidad de 15 metros. Luz María murió después en el hospital de esa ciudad.

La mañana de ese mismo lunes 2 de enero, una mujer fue asesinada a puñaladas por su esposo, en una casa ubicada en la colonia Alta Cuauhtémoc, en la zona conurbada de Acapulco.

El 15 de enero, Lucía, una vendedora de aguas frescas de la colonia Las Cruces, en Acapulco, fue asesinada por un hombre de un balazo en la cabeza. El victimario caminó frente a decenas de testigos, después se subió a un automóvil que el conductor ya tenía en marcha, listo para arrancar, y huyó.

La FGE dice que el asesinato de Lucía pudo ser motivado porque se negó a pagar una cuota a un grupo criminal.

Tanto Lucía como Luz María forman parte de los 23 casos de mujeres asesinadas en Guerrero entre el 1 de enero y el 28 febrero, de acuerdo con las cifras de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGVM). Esto representa un alza de 43.7 por ciento respecto del primer bimestre de 2022, cuando hubo 16 crímenes de este tipo.

El incremento se da, además, en un contexto en el que las autoridades se niegan a investigar los casos con perspectiva de género, denuncian activistas.

Marina Reyna Aguilar, presidenta de la AGVM, dijo que el aumento de víctimas de crímenes con características de feminicidios en Guerrero durante los dos primeros meses del año refleja desatención del gobierno del estado y de los municipios hacia la prevención de violencias contra las mujeres.

En junio de 2017, la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró la primera alerta de género en los municipios de Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Zihuatanejo, Ometepec y Tlapa.

La alerta se declaró porque estos ocho municipios ocupaban los primeros lugares en casos de mujeres asesinadas, así como por otros tipos de violencia.

Reyna Aguilar consideró que, de 2017 a la fecha, la violencia hacia las mujeres no ha cambiado en estos municipios. “Acapulco sigue ocupando el primer lugar en asesinatos de mujeres y no se diga de Iguala y Chilpancingo”, alertó.

La activista lo dice por las estadísticas que ella misma documenta. En 2022 ocurrieron 107 homicidios dolosos contra mujeres en Guerrero: en Acapulco hubo 29, en Chilpancingo 21 y en Iguala 11.

Este año, de los 23 asesinatos documentados por la AGVM, en dos de los casos la FGE ha logrado la detención de los presuntos feminicidas.

El 15 de octubre de 2021, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda asumió el poder y una de sus primeras promesas fue frenar la violencia feminicida en Guerrero.

Pero, a decir de la abogada activista Reyna Aguilar, esa promesa de prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres es un tema pendiente.

“Es muy grave lo que está pasando y estamos viendo que en estos dos primeros meses del año aumentaron los homicidios con presunción de feminicidio en comparación en este mismo lapso del 2022”, dijo.

La activista —quien forma parte de los sistemas para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres en los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Iguala y Taxco— dice que en las sesiones en las que ella ha participado llegan muchas denuncias por la omisión de autoridades.

Contó que estuvo en una sesión reciente en Taxco y la fiscal especializada en feminicidios no tenía información sobre el caso de Luz María Mota, la víctima del 2 de enero en esa ciudad.

El caso de Luz María fue relevante en Taxco porque su presunto feminicida, Fernando Flores Martínez, fue dejado en libertad por el agente del Ministerio Público del Fuero Común la misma noche de los hechos.

“El feminicida de la joven cayó en contradicciones porque, primero, dijo que Luz María se había resbalado y cayó al barranco y, después, aseguró que ella se había suicidado porque no quería vivir sin él”, narró Reyna Aguilar.

El 15 de enero, 13 días después del asesinato de Luz María, sus familiares y amigos protestaron en las calles de Taxco para exigir la recaptura de su agresor.

Reyna Aguilar mencionó que, por la presión social, la FGE ya investiga el caso como feminicidio y no como homicidio.

Cristian Mota, primo de la víctima, dijo que es absurdo que Luz María quisiera suicidarse. Ella trabajaba de intendenta en la mina La Suriana, ubicada en Arcelia, donde percibía un salario mensual de 8,000 pesos. 

El 31 de diciembre, contó a su primo Cristian que para este año empezaría a laborar en el área administrativa de otra mina y que le pagarían mejor, 12,000 pesos al mes.

“Es imposible que mi prima se quisiera aventar al barranco, porque además de que ya tenía un buen trabajo, tenía a sus dos hijos, a quienes quería más que a su vida”, dijo Cristian.

Flores Martínez, presunto asesino de Luz María, labora en una gasolinera de Taxco y, según Cristian, muchas mujeres que acuden a esta estación a cargar combustible se niegan a que él las atienda.

Reyna Aguilar denunció que el caso de Luz María es un ejemplo de que en Guerrero la FGE no investiga los homicidios de las mujeres con perspectiva de género.

Amapola, periodismo transgresor documentó que durante el primer bimestre de este 2023 se registraron 233 homicidios dolosos, de los cuales 22 fueron contra mujeres.

El municipio con mayor número de asesinatos fue Acapulco, en segundo sitio está Iguala y en tercero Chilpancingo.

Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.

«Las mujeres no tienen por qué salirse de la Iglesia por abortar»: Sandra Mazo

La directora de Católicas por el Derecho a Decidir en Colombia e integrante del movimiento Causa Justa explica por qué quienes son creyentes pueden disentir de la jerarquía eclesial y decidir sobre su propia maternidad. Dice que para superar la culpa del aborto, que impacta tan hondo a las mujeres, es necesaria su bendición social.


Por: Karen Parrado Beltrán / Mutante*

Fotos: Paula Thomas

Colombia

 

Después de veinte años de un debate intenso hay varios acuerdos sobre el aborto en Colombia. Uno de ellos, que empieza a ganar terreno, es que a las camándulas ya no hay que sacarlas de los úteros —pues el país ha avanzado a través de sentencias de la Corte Constitucional—, sino de las conciencias.

Úteros y conciencias engloban metafóricamente dos facetas del aborto en el país: la legal y la social. Por un lado, Colombia es el país con la regulación más progresista del continente en la materia. Por otro, es de las naciones con más católicos en el mundo, donde abortar aún es considerado un acto moralmente reprochable o un pecado condenado por la Iglesia católica.

“Pero ya no es igual que hace dos mil años”, dice Sandra Mazo, activista católica y feminista, y parte del movimiento de mujeres que demandó al Estado colombiano en dos oportunidades durante este siglo para eliminar al aborto del Código Penal. Para ella, que también es directora de la oenegé Católicas por el Derecho a Decidir Colombia (CCD – Colombia), el aborto tiene que ser menos una cruzada religiosa, encallada en ideas fundamentalistas, y más un tema de salud pública.

También busca volver más popular la visión misericordiosa de la Iglesia católica sobre el aborto, una visión que no condena a las mujeres creyentes por abortar ni las obliga a abandonar la Iglesia. Además, cree que hay una tarea pendiente: despenalizar las conciencias y erradicar la culpa a la hora de acceder al aborto.

Mazo y otras mujeres recorren el país haciendo pedagogía sobre la Sentencia C-055 de 2022, que emitió la Corte Constitucional el 21 de febrero del año pasado. Con esa decisión –considerada histórica– se despenalizó parcialmente el aborto hasta la semana 24 sin condiciones, conservando las tres causales establecidas en un fallo previo, la Sentencia C-355 de 2006, que son: peligro para la vida o salud de la mujer, incompatibilidad del feto con la vida fuera del útero y cuando el embarazo sea resultado de una violación, incesto o procedimientos de fertilización no consentidos.

En 2005 usted estaba embarazada de su primera hija, muy cerca de dar a luz y también era parte del movimiento de mujeres que quería lograr que la Corte Constitucional despenalizara el aborto en las tres causales específicas. Algunos verían una contradicción en eso, ¿para usted qué representó?

Para mí fue coherencia. La situación que estaba viviendo en el 2005 frente a mi embarazo lo que mostraba era precisamente lo que defendemos nosotras, y es que la maternidad tiene que ser deseada, planeada, tiene que hacer parte del proyecto de vida de las personas. Y el estar embarazada en medio de esta apuesta de litigio que nos llevó a la despenalización en tres causales, fue mostrar en la práctica, en mi propia vida y en mi propio cuerpo, que no queremos que las maternidades sean forzadas y que tenemos derecho a decidir. Eso lo que mostró es que no estamos haciendo apología del aborto, sino que lo que promovemos son maternidades seguras y deseadas.

Ha dicho que el no abortar no es un dogma dentro de la Iglesia, ¿qué significa eso en la práctica?

El aborto en la Iglesia católica definitivamente es un tema que está en debate. La Iglesia católica, que es a la que yo pertenezco y en la que creo, no es monolítica y en el tema del aborto no hay una visión impuesta. Hemos investigado y hemos encontrado que el aborto está en el Derecho Canónico y que es tratado desde una visión misericordiosa, porque es perdonado. El Derecho Canónico es benévolo y misericordioso porque exime o atenúa la pena de excomunión por aborto en determinadas circunstancias. Hay principios muy importantes en la Iglesia católica, sobre todo el principio de la libertad de conciencia, que hacen que se vuelvan argumentos muy potentes para quienes somos creyentes, y que nos muestran que esta Iglesia sí comprende y sí perdona a las mujeres que abortan. Aquí hay un debate de todas maneras plural, sabemos que quizá la jerarquía eclesial en los últimos años ha tenido una postura bastante cerrada frente al tema, pero hay doctrina religiosa que nos muestra que hay posibilidad de disentir frente a esto y que las mujeres no tienen por qué salirse de la Iglesia por abortar porque hay razones de peso que la Iglesia perdona.

¿Qué ha hecho que esa postura misericordiosa de la Iglesia sobre el aborto no sea tan conocida?

Lo que hace que no exista la misericordia son los fundamentalismos religiosos. Los creyentes no podemos ver la palabra de Dios, la ritualidad y la sacralidad, al pie de la letra. Lo religioso también hay que leerlo en el contexto. Los contextos cambian. Esta es una Iglesia que tiene que empezar también a mirar el devenir de los tiempos, los signos. Y los tiempos cambian.
Por eso, en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, mucha feligresía le está reclamando a la Iglesia católica cambios, que ya no es igual que hace dos mil años. También consideramos que hay una Iglesia renovada, y nos vamos a encontrar con religiosas, sacerdotes, personas de iglesia que están seguras de que hay que empezar a leer lo religioso y
la religión desde los cambios de los sujetos históricos. Nosotras no concebimos un Dios a partir del miedo, del pecado o de la culpa, sino una visión de Dios a nuestra imagen y semejanza.

¿Qué responsabilidad le queda a los creyentes?

Hay que trabajar mucho en ser coherentes y tener un diálogo más directo con ese Dios en el que creemos. Porque nada ganamos con rezar tres veces al día o ir todos los domingos a misa, si estamos reproduciendo ejercicios de poder y siendo incoherentes con el mensaje del cristianismo, que es el de la solidaridad, el del amor.

¿Cuál cree que ha sido el mayor impedimento para que la discusión del aborto en Colombia avance hacia un terreno de derechos humanos?

Un impedimento ha sido el patriarcado, y es esa dificultad para que entiendan que las mujeres tenemos agencia moral, es decir, capacidad de decisión. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra sexualidad han sido tomados como un recurso, como un medio, y no como un fin. A las mujeres nos han instrumentalizado el cuerpo para la maternidad, y los poderes patriarcales –llámense Iglesia, Estado, cultura– se han creído dueños del cuerpo y la vida de las mujeres. Y creo que eso ha dificultado en términos normativos, pero también en términos sociales y emocionales, que se pueda avanzar frente al ejercicio del derecho a decidir de las mujeres y, sobre todo, en el tema del aborto, que ha sido tratado con tanto estigma a partir del miedo, del pecado, de la culpa, bajo el manto de una doble moral. Mientras no haya reconocimiento de las mujeres como agentes morales de decisión va a ser muy difícil que la sociedad entienda que no pueden seguir decidiendo por nosotras. Se hacen leyes y normas que siguen reproduciendo la desigualdad y nos siguen viendo como menores de edad, incapaces de tomar decisiones frente a nuestra vida. Nos ponen la responsabilidad sobre el mundo, pero nos quitan agencia para decidir frente a nuestro cuerpo, es demasiado contradictorio.

¿Vivimos una especie de doble moral cuando se trata del aborto?

Casi todo el mundo ha tenido cercanía con alguien que ha abortado. Esta es una sociedad doble moral porque cuando conoce casos concretos considera que había razones para hacerlo, pero a nivel general muestra un discurso en contra de avanzar en estos derechos. Esto está muy permeado por el estigma. La gente puede que internamente esté de acuerdo con ciertas circunstancias de aborto, pero como reconocerlo tiene tantos costos en términos de sanción social y moral, cuando se tiene que hablar a nivel público se oculta y se rechaza. Luchar por la salud pública, para que no se nos mueran las mujeres, y para que no las tengan que perseguir ni criminalizar, es un acto de humanidad y de derechos. Por eso hablo de la doble moral, porque es muy lamentable una sociedad que está siendo connivente y cohonestando con que las mujeres se mueran por situaciones que podrían ser evitables. Esta es una sociedad en la que todos defendemos la vida, pero en la que hay vidas de primera y de segunda, y la vida de las mujeres siempre ha estado en segundo lugar.

La sentencia C-055, que despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, cumplió un año hace poco. ¿Qué ha sido lo más significativo de estos 12 meses?

Creo que el balance es bastante positivo. Por un lado, se ha hecho mucha pedagogía, sobre todo las organizaciones de Causa Justa, y otras organizaciones de mujeres, de derechos sexuales y reproductivos, hemos hecho un trabajo incansable para llevar la información de la manera más veraz, oportuna y fiel a lo que ha significado la sentencia de la Corte. Lo que me parece que también ha generado que se mantenga la conversación vigente. No fue que se despenalizó el 21 de febrero de 2022 y se dejó de hablar. Y, como ha habido un gobierno nuevo, nos ha permitido un ejercicio de incidencia con el gobierno, que ha mostrado
voluntad política. De hecho, han agilizado el proceso de hacer una resolución (051 de 2023), que salió en enero y que da la reglamentación para el ejercicio y la práctica del aborto en Colombia por parte de las entidades prestadoras de servicios de salud (EPS). Creo que no ha sido un año fácil en términos de que se comprenda lo que significó las 24 semanas, pero cada vez hay más voluntades, más personas y organizaciones tomando en serio lo que ha dicho la Corte y generando más información al respecto.

¿Para usted qué representa la semana 24 en esta última sentencia, un aspecto muy criticado por algunos sectores?

Cuando presentamos esta demanda no pedimos ni semanas ni plazos. Para nosotras la petición era muy clara: eliminar el delito de aborto del Código Penal. La decisión de la Corte de dar 24 semanas fue basada en el principio de un óptimo constitucional, es decir, pensar cómo generar una armonización entre la vida en gestación y la vida de la mujer o persona gestante. Este fue un criterio basado en salud pública, en parámetros que ha dado la Organización Mundial de la Salud. Fue un asunto de la Corte
Constitucional, no nuestro. No es que la Corte haya dicho que pueden abortar a las 24 semanas, sino que da un lapso entendiendo que Colombia tiene muchas dificultades para detectar y enfrentar a tiempo situaciones de embarazos no deseados por cualquier razón.

Vayamos a los últimos cinco años y a todo el proceso que ha acompañado al activismo de Causa Justa. ¿Qué cosas planteó diferente desde el principio este movimiento en comparación al que logró la sentencia de las causales en 2006?

En este tiempo lo que ha marcado la diferencia es que las organizaciones que integramos Causa Justa hemos ganado madurez. La capacidad de entender todas las experticias y capacidades que hemos logrado ha hecho que podamos confluir y retroalimentarnos. Otro elemento muy importante fue construir argumentos. Construimos noventa y fue todo un proceso para entender y documentar por qué era necesario eliminar el delito de aborto. Pasamos de saber que había que despenalizarlo a argumentar desde muchas perspectivas las razones para hacerlo definitivamente, y aquí hubo miradas jurídicas, políticas, en salud pública, socioculturales. Otro elemento diferencial fueron las redes sociales. Eso ha ayudado mucho porque nos posibilitó mostrar los argumentos por diferentes medios y sobre todo democratizar y socializar muchísimo con organizaciones de diferente índole.

Otra cosa fue lo que está pasando en América Latina, es decir, la ola verde que vimos en Argentina nos puso un listón muy alto en términos de la movilización. De hecho, Argentina comenzó con la despenalización social y después con la despenalización legal, a nosotras nos ha tocado más vía litigio y hemos ido llegando a la despenalización social.

Un último ingrediente que llegó y que potenció muchísimo el trabajo de Causa Justa fue la movilización social. La calle es un lugar muy importante para defender esta sentencia, y fue una cosa impresionante ver tantas mujeres, tantas personas en general, movilizándose alrededor de ella.

En Colombia y otros países de la región vivimos una avanzada de movimientos autodenominados ‘provida’ que insisten en que el aborto siga considerándose un delito. ¿Cómo lee la simbiosis entre estos movimientos y la religión?

Creo que estos grupos, que realmente se llaman antiderechos, tienen muchas procedencias. Algunos tienen una procedencia religiosa, sobre todo muchos grupos pentecostales y evangélicos, que han tomado mucha fuerza como movimientos trasnacionales en contra de la agenda de género y en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Sabemos que hay toda una intencionalidad religiosa, pero no es su única característica de identidad, también obedecen a una ideología de derecha. Y cuando digo de derecha es una ideología neoliberal, patriarcal, que se empeña en mantener el statu quo y que lo que necesita es mantener la tradición, lo que se concibe como la familia y los valores tradicionales. Esa simbiosis que caracteriza a los grupos antiderechos hay que mirarla desde una perspectiva política, pero también económica. Ellos están muy interesados en tener en los gobiernos y en el Estado figuras representativas que mantengan el orden y un modelo de injusticia y, sobre todo, bajo principios y pilares neoconservadores.

También hay una característica de estos grupos y es en lo social y en lo cultural. Han aprendido de los movimientos sociales, incluso del movimiento feminista, y replican las acciones que nosotras hacemos para la incidencia. Están armando y fortaleciendo grupos de jóvenes, tienen movimientos de mujeres, conforman oenegés, tienen centros de estudio e investigación en las universidades.

Con esas dos banderas –la defensa de la vida y de la familia– han desplegado una cantidad de estrategias para retroceder derechos y para obstaculizar el avance de los derechos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual.

¿Qué piensa de los dos referendos ‘provida’ que se están organizando en este momento en el país? ¿Le preocupan?

Sabemos que hay dos proyectos que están en la recolección de firmas. Ellos se están valiendo de los mecanismos de la democracia para retrocedernos en derechos y es lamentable. Esperamos que esas dos iniciativas no prosperen. Somos conscientes de que estos instrumentos de la participación ciudadana no son para poner a consideración derechos fundamentales.

La sentencia de la Corte Constitucional está reconociendo el aborto como un derecho fundamental que se deriva del derecho a la salud, y ellos con sus referendos lo que están poniendo a consideración es negar un derecho fundamental. La verdad no nos asusta porque nosotras siempre nos hemos valido de los mecanismos de la democracia para ganar y alcanzar derechos, y estamos aquí listas para el debate político que haya que dar.

¿Cómo enfrentar el problema de la culpa y del estigma que rodea al aborto?

Hay una cosa que para Católicas (por el Derecho a Decidir, CDD-Colombia) ha sido siempre una bandera y es que no basta con que logremos normas muy progresistas si no trabajamos al mismo tiempo por cambiar imaginarios sociales y culturales que las asimilen; es lo hemos llamado despenalización social. Creemos que muchas personas a pesar de que saben que el aborto es legal, que no están cometiendo un delito, experimentan una fuerte carga cultural que hace que haya muchas culpas. Y una de las cosas que hemos planteado es que hay que empezar a despenalizar las conciencias, eso pasa por empezar a entender por qué la gente tiene miedo, porque está cargada de culpas y porque las creencias hacen que que sean tan conflictivas las decisiones frente al aborto. De hecho, hay un cargo muy bello que reconoció la Corte Constitucional en esta sentencia y es el de la libertad de conciencia. La Corte dijo que este derecho hace parte de un derecho reproductivo, que es la autonomía reproductiva, el derecho a decidir de las mujeres. Por eso estableció que hasta las 24 semanas ninguna mujer tiene que decirle ni al médico, ni al esposo, ni al papá, ni al sacerdote, ni a nadie, por qué va a abortar. Es entender que la decisión que toma, la toma basada en su libre albedrío, eso es muy revolucionario. No hablamos de un tema solamente religioso, es también jurídico, porque es acudir nada más y nada menos que al principio de la libertad.

Hay algo muy lindo de esta sentencia y es que no obliga. Las personas a las que su conciencia, su religión, su moral, les impide practicarse un aborto, afortunadamente esta sentencia no las obliga, no tienen por qué hacerlo; pero tampoco pueden presionar y obligar a las mujeres a actuar en contra de su propia conciencia. Si hay algunas que sí lo desean, que sí se enfrentan a un embarazo no deseado, no se les puede imponer un tipo de moral única. Tiene que llegar un momento donde la gente entienda que esto es un procedimiento de salud pública, de igualdad de derechos, y empezar a quitarle esa carga de estigma, de miedo y de culpa que ha tenido toda la vida el aborto.

 

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia, que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola, periodismo transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

Alumnas de la Uagro exponen a sus acosadores en tendederos colocados en los planteles

Texto y fotografía: Itzel Urieta

Chilpancingo

 

Alumnas de diversos planteles de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) expusieron a sus acosadores y abusadores a través de tendederos colocados en las explanadas de las facultades y preparatorias.

Una de las instituciones donde realizaron esta actividad fue la preparatoria 9, Comandante Ernesto Che Guevara. Desde las ocho de la mañana, las alumnas colocaron fotografías, carteles con denuncias de acoso y hostigamiento cometidas por alumnos, maestros y directivos de la institución.

También señalaron a alumnos y maestros de la Escuela Superior de Enfermería 1 y de la Preparatoria 1. Ambas escuelas ubiacadas al lado del edificio de la preparatoria 9.

“El director es amigo de acosadores”, “Autoridades hacen oídos sordos, no encubran acosadores”, “No lo quites te estamos observando”, son algunas de las frases que se leen en el tendedero.

En el caso de los maestros, las denunciantes omitieron algunos nombres.

“Maestro de la 9 invita a bailar a sus alumnas para conocerse más”, “El profesor de la 1, Francisco Javier Martínez es un machista misógino, trata a las mujeres como objetos para los hombres”, expusieron en el tendedero.

En la Facultad Comunicación y Mercadotecnia (Facom) también realizaron un tendedero de acosadores.

Además instalaron buzón de denuncias anónimas que llamaron Yo te creo, en el cual las alumnas escribieron sus denuncias de manera anónima que turnarán a la dirección de la facultad.

En Tixtla, alumnas de la preparatoria 29, Emiliano Zapata, tomaron las instalaciones de la preparatoria para exigir al director Francisco Calvo Hernández una explicación sobre las mini cámaras que descubrieron en los baños de alumnos y alumnas de ese plantel.

De acuerdo con las manifestantes, Calvo Hernández se rehusa a darles una explicación de las cámaras.

Lo acusaron de hostigar a las manifestantes. Las alumnas pidieron la presencia del rector de la Uagro, José Alfredo Olea, para que los directivos del plantel les den una explicación y asigne responsabilidades.

Estos tendederos y manifestaciones se dan en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El tendedero permanecerá todo el día en las escuelas. Las alumnas y los alumnos pasan, observan y leen las denuncias.

Los maestros y maestras no dan declaraciones al respecto.

Hasta el momento ninguna autoridad de la Uagro se ha pronunciado sobre esta serie de denuncias contra universitarios.

Tampoco se tienen noticias sobre Karen Melissa Peñaloza Martínez, alumna de la Facultad de Derechos, quien está desaparecida desde el 31 de enero.

Mañana está programada una marcha contra la violencia hacia las mujeres, organizada por activistas y colectivas feministas, la cual comenzará en la alameda Granados Maldonado.

 

Albañilas, electricistas y plomeras: mujeres y disidencias ocupan oficios del hogar

En la Ciudad de México existe una red de mujeres y disidencias que se dedican a la albañilería y la plomería. Cada día son más, y su trabajo contribuye a romper los estereotipos de género alrededor de estos trabajos. 


Texto: María Ruiz / Pie de Página

Fotos: Especial

Ciudad de México

 

Perder el miedo es lo que esta red de mujeres y disidencias están fomentando. El miedo y la creencia de que solo los hombres pueden reparar los desperfectos del hogar.

Cada día esta red va en aumento, pero para esta entrevista contactamos a Renard de Carpintería para Morras, a Luz y a Andrea de Chalanais y a Viridiana de Ecomitriks. Cada una tiene su historia contra el miedo, y nos compartieron un poco al respecto.

Perder el miedo

Renard comenzó en la carpintería durante su voluntariado en Vida Digna, un santuario de animales ubicado en Amecameca, Estado de México. Parte del trabajo que hacía consistía en reparar y crear casas para los animales, haciendo eso fue que encontró su amor a reparar y construir.

Ese amorcito lo quiso compartir con más personas y comenzó una serie de talleres que hasta hoy realiza.

“En el quehacer diario aprendí un montón, entendí las posibilidades y el alcance: que da autonomía, autogestión, independencia, confianza, seguridad y lo quise compartir con otras”, recuerda Renard.

Renard conoció a Viridiana durante la universidad. Ambas son biólogas. De hecho, Viridiana además de hacer trabajos de plomería también realiza control de plagas. Ella aprendió desde pequeña a realizar arreglos en la casa. Su abuelo le enseñó a pesar de sus prejuicios machistas. Pero fue en la pandemia cuando decidió dedicarse de lleno a esta labor:

“Empecé en la pandemia porque había cosas que arreglar en mi casa y no había quien lo hiciera. Me surgió un problema con el lavadero de los trastes y vivo sola con mi hijo. Vi que en Pilares había clases en línea y me metí y ahí empecé a aprender, luego pasé a presencial dónde justamente las maestras son mujeres. Después me empezaron a pedir ayuda mis amigas y así me empezaron a pagar. Hay mucho trabajo porque como mujeres sabemos que los hombres han sido gandallas históricamente: te acosan, te cobran de más, no hacen bien las chambas”, cuenta Viridiana.

En estos oficios una pierde el miedo. Romper las creencias de género nos da autonomía:

“Estos oficios, más que independencia nos gusta usar el concepto de autonomía, porque no se trata solo de hacerlo tú misma: sino de entenderlo. Y es lo que comentamos con las clientas, no necesariamente lo tienes que hacer tú, pero con el hecho de entenderlo te abre el camino a qué no te vean la cara y te da una sensación de empoderamiento”, explican Las Chalanais.

Autonomía de cuerpo y mente

Las Chalanais está confirmado por Luz y Andrea. Ellas son amigas desde hace diez años, y además de dar un excelente servicio: practican el autocuidado y la dignificación de su trabajo.

“Tenemos la capacidad de definir los límites de nuestra vida personal y nuestro trabajo.

Pero creo que la independencia nunca se debe confundir con la autoexplotación. Siempre tenemos que tener en cuenta que trabajamos con el cuerpo, que hay muchas lesiones de por medio y dentro de eso saber que uno de los retos es que hay que cuidarnos, procurar nuestra integridad física. Saber cuándo poner un alto y decir ‘necesito dedicarme tiempo a mi misma para descansar’. Saber cuándo parar, tener la seguridad de decir mañana continuamos porque justo en jornadas maratónicas es cuando surgen los accidentes y en este caso nosotras cobramos por trabajo no por tiempo” cuentan.

Además, señalan algo esencial, no repetir conductas machistas por probar nuestras capacidades:

“Entra el juego de que justo como somos mujeres, somos disidencias, sentimos que tenemos que demostrar nuestras capacidades y luego nos podemos sentir muy presionadas. Porque sí sentimos que para darnos nuestro lugar en estos oficios tenemos que ‘cumplir’ con estándares muy machistas” comparten.

Esta autonomía trasciende el cuerpo y la mente:

“Vencí muchos miedos muchos bloqueos que eran sociales, culturales y familiares. Decir ‘yo puedo arreglar mis llaves, puedo poner mi tanque de gas, arreglar mis fusibles y arreglar licuadora’ me ha dado mucha independencia económica pero también mental” comparte Viridiana.

Pero no ha sido un camino fácil. La creencia de que son oficios para hombres las han hecho pasar malos ratos y se les ha exiliado de estos trabajos por años. Su análisis es que tiene que ver con el machismo.

“Es un exilio, una negación. Nos limitan de muchas formas: simbólica, física… desde que leen tu cuerpo feminizado ya hay una negación. En resumen es una cuestión de estructuras de poder alrededor del género. Desde ahí muchas crecen y se creen impotentes de hacerlo y de eso se habla también en los talleres, que es un desbloquear, un reiniciar un chip”, cuenta Renard.

Dignificar el trabajo

A Renard una vez le vendieron material en mal estado en una carpintería por ser morra. Viridiana cuenta que hay clientas que desconfían de sus capacidades por ser mujer; y Las Chalanais comparten que les han pedido que rebajen sus precios:

“Otro reto es la dignificación de nuestro oficio. Mucha gente se acerca a nosotras queriendo algo barato y nos causa conflicto porque lo que nosotras hacemos tiene su costo, la dignificación viene de ida y vuelta, no es una cuestión de cobrar un montón, se cobra lo justo y que te digan algo barato es como decir bajar la calidad de los materiales y eso lo único que va a generar es que se quede en entredicho tu trabajo” señalan.

Además de ser albañilas, plomeras y electricistas: son pedagogas. Lo son desde el primer momento, cuando dan un servicio y explican a sus clientas la razón de sus problemas. También, cuando dan talleres donde invitan a que más morras y disidencias adquieran estos conocimientos.

“Sin importar a quien contraten nunca se queden con dudas, pregunten. Alguien que sabe lo que hace y que confía en su trabajo en ningún momento se va a negar a responder. Estás en tu derecho de entender lo que están haciendo en tu casa porque al final nos estás dejando entrar en el lugar más íntimo de ti que es el lugar en el que habitas. Y si quieren aprender, hay muchísima información en internet, busquen tutoriales, no tienen que empezar con una labor titánica, pueden empezar cambiando una manguera, conociendo las herramientas. Todo esto es como cualquier cosa que se aprende, es de a poquito” aconsejan.

Romper estereotipos

Contratar a mujeres y disidencias rompe estereotipos. Aprender a reparar y estar listas para emergencias, también. Y lo que está haciendo esta red, generar colectividad es un reto grande, y cada día más posible:

“Con unas compas estamos intentando crear una colectividad en la que nos podamos compartir los trabajos, podamos colaborar juntas y que sea en la horizontalidad , que pueda ser parejo, en confianza. Entre nosotras estamos intentando hacer eso, que si llega un trabajo poderlo compartir con otra a la que a lo mejor no le ha llegado trabajo. Ahí vamos porque trabajar desde la colectividad sí suena bonito pero cuesta trabajo porque cargamos con muchas dinámicas jerárquicas o cuesta trabajo asumir, aceptar las equivocaciones. Practicar el ejercicio de la reciprocidad y de tratar de que sea parejo para todas. Creo que en eso estamos, vamos bien pero ahí vamos” comparte Renard.

Todas comparten un sueño: que la red siga creciendo. Viridiana lo explica de una forma bella:

“Siento muy chido ser parte de esta generación de morras que ya no nos estamos creyendo esto de que nacimos para ser las mujeres “que tenemos que ser”. Estamos siendo las mujeres que podemos ser y me late sentir esta libertad de hacer lo que yo quiera y ser lo que yo quiera. Me gustaría muchísimo que más mujeres sientan esta libertad. Es mentira que son oficios para batos, es mentira que no tenemos la fuerza o el ingenio para hacerlos. Lo tenemos, y si no, los generamos, la práctica hace a la maestra. Creo que cualquier adulto funcional debería saber que hacer en un caso de fuga de agua o si se te va la luz, incluso debería enseñarse desde educación básica. Mi deseo es que muchas mujeres se animen a perder el miedo y sientan el poder que tienen en sus manos de resolver los problemas que les vengan a la vida. Qué sigamos haciendo red y cada vez seamos más sosteniendo nos unas a otras” comparte Viridiana.

Te dejamos los datos de contacto de quienes conforman esta red para la próxima vez que necesites un servicio:

Carpinteria para morras 

Instagram: @carpinteria_para_morras

Las Chalanais 

Instagram: @chalanais

Ecomitriks 

Instagram: @ecomitriks

Las Mai

Instagram: @lasmaioficial

 

 

Tlacolol – Un santuario para la mujer, retórica de la 4T en Guerrero

En el país y en Guerrero, por supuesto, los gobernantes tienen una habilidad extraordinaria para simular. Simulan más de lo que hacen. Simulan que combaten la pobreza, a las organizaciones criminales y sus líderes, al neoliberalismo y a la derecha.

Pero en el caso del combate a la violencia contra las mujeres, la simulación se vuelve grosera, lastimosa. Este problema está en el escrutinio nacional al menos desde 1991, tras una serie de feminicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua y, desde esos años, esa violencia institucional y sistémica se ha extendiendo por todo el país.

Guerrero tiene en su historia a la primera mujer gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, pero sostenemos que también sufre violencia de género. Las activistas feministas en cada protesta que realizan, remarcan que la violencia de género se da principalmente en los círculos familiares y entre amigos. Con la gobernadora ocurre algo similar: nuestra hipótesis es que su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, es el violentador.

Hay que recordar que Evelyn Salgado no fue candidata por decisión propia sino por la ambición de su padre que exigió a la dirigencia nacional de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador que ella fuera la que lo sustituyera en la candidatura.

La gobernadora es cuestionada por no ejercer sus funciones plenamente, hipótesis que se refuerza gracias al accionar de su padre, pues, Félix Salgado se ha impuesto sobre ella en el nombramiento de cargos públicos, ha dado órdenes públicamente a funcionarios, la contradice públicamente y es más, cuando alguien no logra una audiencia con ella, buscan a su padre para destrabar conflictos gremiales, laborales, de obras y hasta personales.

El colmo  es que en una guerra interna en el Congreso del estado, entre los morenistas, Alfredo Sánchez Esquivel y Yoloczin Domínguez Serna, el 15 de febrero en una reunión de mujeres en Chilpancingo, organizada ad hoc para que se luciera Félix Salgado lanzó que: Los hombres machistas y misóginos se tienen que ir de Morena.

Lo esgrimido por Salgado Macedonio tiene un claro destinatario, Alfredo Sánchez Esquivel, quién cayó rápidamente de la gracia de los Salgado, y a quien añadió que «quienes se atreven a hacer violencia, esos no son hombres, no son compañeros», luego de que ha tenido cruces con Yoloczin Domínguez, ambos no por ser blancas palomitas.

Sin embargo, es cuestionable la calidad moral del «máximo ideológico» de la gobernadora, habrá que recordarle que Félix Salgado tiene dos denuncias penales por violación en la FGE, y otras tres por acoso y abuso sexual. 

Seguro Félix Salgado aún no podrá comer a gusto de semejante mordida de lengua que se dio.

El 8 de junio de 2021, en el zócalo de Acapulco, eufórica por el triunfo electoral, Evelyn Salgado lanzó una frase: “Guerrero será un santuario para las mujeres, recibirán toda la protección a sus derechos y estarán en los puestos importantes del Gobierno”.

Guerrero no es un santuario para las mujeres, ni siquiera están seguras en las oficinas del gobierno del estado. 

Como reporteros y en la cobertura de la fuente del gobierno del estado, nos permite conocer a muchos funcionarios y burócratas. Hace unos días, conocimos la historia de una trabajadora de la Secretaría de Salud que ha sido violentada y, lo peor, es que las autoridades poco han hecho para protegerla. 

En 2022, Jessica –como la llamaremos– mantenía un noviazgo con un compañero de trabajo, ambos laboraban en un instituto de salud del gobierno del estado, sin embargo, un día su pareja cometió un delito: divulgó fotografías íntimas de Jessica con sus compañeros.

Jessica fue atacada, avergonzada y violentada, además, junto a su ex pareja, fue despedida (trabajo de donde tenía 15 años de antigüedad) sin cometer ninguna falta, salvo creer en su entonces novio. Intentó defenderse pero la directora del instituto y la titular de la Unidad de Género no sólo no le creyeron, sino que corrieron el rumor de que los aludidos habían tenido relaciones sexuales en la dependencia y argumentaron que su baja se debía a su falta a los códigos de ética.

Ante la injusticia, Jessica buscó ayuda, pocos fueron los que le creyeron, y la acompañaron a interponer su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) porque aunado al daño público, su ex novio la seguía acosando. 

En el Ministerio Público tardaron siete horas para recibir su denuncia: la revictimizaron, le cuestionaron el porqué había enviado fotos íntimas a su pareja.

En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero tampoco fueron receptivos ni empáticos con Jessica, le expresaron que si no la habían agredido físicamente no estaban violentando sus derechos y no podían intervenir. La Secretaría de Salud tampoco la apoyó y mucho menos la Procuraduría de la Mujer.

Fue así que presentó ante la Secretaría de Contraloría su queja y, a pesar de todo lo sufrido, las burlas, el rechazo y que muy pocos le creían, se emitió una primera recomendación, en la que se instruyó a la directora del instituto reintegrarla en su trabajo, pero la funcionaria no sólo se negó sino que dijo que la Contraloría no podía obligarla a acatar la orden.

Jessica lleva cuatro meses sin trabajo, es madre soltera, tiene una hija pequeña de cinco años, a quien por no tener empleo ya no la recibieron en el Centro de Comunidad Infantil Preescolar (Cendi). A contra marea, Jessica sigue luchando y espera un segundo fallo de la Contraloría.

Ha sufrido la violencia y es testigo de la simulación que se vive en Guerrero, porque ni la fiscalía, ni la Secretaría de la Mujer, ni Derechos Humanos ni la Secretaría de Salud la apoyaron, al contrario, la han violentado.

La violencia contra la mujer tiene sesgos oficialmente ya que de acuerdo con el gobierno federal en 2022 se contabilizaron 3 mil 775 mujeres y niñas asesinadas en el país, pero sólo 968 fueron tipificados como feminicidios. 

En Guerrero en 2022 se registraron 128 homicidios de mujeres, de los que sólo 13 se investigaron como feminicidio.

Según el gobierno federal, en enero de 2023 se reportaron 302 muertes violentas de mujeres en el país, de las que sólo 72 fueron registradas como feminicidios, cifras por demás alarmantes.

De enero a febrero de este 2023, 23 mujeres han sido asesinadas, cuatro a golpes, dos a puñaladas y 17 a balazos.

De esos 23 asesinados en su mayoría con presunción de feminicidio, sólo en dos casos la FGE ha detenido a los presuntos agresores, asegura la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia la Mujer.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan asegura que en Guerrero son asesinadas dos mujeres por semana.

«Las autoridades viven en el mundo de la farándula de los actos suntuosos y banales, de las pasarelas frívolas para enaltecer su ego», dice Tlachinollan en alusión a la gobernadora que para proyectar su imagen invierte miles de pesos en su atuendo personal para salir en los actos públicos y en reuniones de gabinete.

Este domingo 5 de marzo, la gobernadora Evelyn Salgado acudió a la Ciudad de Méxicoma celebrar el Día Internacional de la Mujer, y reiteró que en «Guerrero no descansaremos hasta convertir a nuestro estado en un santuario para las guerrerenses”.

Para este 8 de marzo, cuestionamos de ¿qué santuario habla? Si en Guerrero la mujer sufre violencia cada vez más extrema, por ejemplo, la joven empresaria asesinada el 16 de febrero en un hotel a unas cuadras del centro de Chilpancingo.

Quién defiende a las mujeres, ¿Violeta Pino? La peticionaria de la primera de dos alertas de violencia de género, que con sus reuniones interminables poco o nada ha logrado dar cumplimiento a las medidas.

Pino quien militó en el desaparecido Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que fundó la fallecida Rosario Ibarra de Piedra ya borró de un plumazo sus convicciones de izquierda. Ahora, cada vez que puede, llena de elogios a Félix Salgado, el presunto violador de mujeres.

Así en Guerrero con un gobierno de la cuarta transformación no existen en serio políticas transversales para erradicar la violencia en razones de género. Critican al conservadurismo y actúan igual.

Hoy coincidimos que es tiempo de las mujeres, pero de aquellas que siempre han luchado, no por un puesto público sino por combatir sin simulación a la violencia.

 

Chirrionazo:- Este 6 de marzo se cumplieron 33 años de la sangrienta represión que ordenó el entonces y fallecido gobernador, el priista José Francisco Ruiz Massieu, contra dirigentes y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a quienes a punta de bala y toletazos fueron desalojados de una veintena de ayuntamientos por la Policía Estatal y desaparecida motorizada y la Policía Judicial. 

Los perredistas encabezados por Rosalío Wences Reza, Octaviano Santiago Dionisio, quienes ya fallecieron, además de Eloy Cisneros Guillén, Guillermo Sánchez Nava y otros más protestaban por el fraude electoral derivado de las elecciones a alcaldes y a diputados locales del 3 de diciembre de 1989.

En esa refriega que ordenaron Ruiz Massieu, el entonces secretario general de Gobierno, Jesús Ramírez Guerrero y el fallecido Procurador de Justicia, José Rubén Robles Catalán, hubo muertos, heridos y desaparecidos, dice un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pero casi 15 días antes de la represión del 6 de marzo, el 27 de febrero de 1990, las fuerzas policiacas desalojaron a los perredistas que pretendían tomar los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo.

En Zihuatanejo, el entonces diputado federal perredista, Félix Salgado, iba al frente de la protesta y al igual que sus compañeros fue reprimido.

Pero lo que es la vida, hoy, Salgado Macedonio goza de las mieles del poder y en el gobierno que encabeza su hija, ha sido el principal promotor de alianzas con los caciques Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre, dos de los principales represores del movimiento del PRD de aquella época. 

   

Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com


 

Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones

Exhiben fotos íntimas de mujeres en Chilpancingo en grupo de Telegram, denuncian

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: José Luis de La Cruz/ Archivo 

Chilpancingo

 

A través de la página de Facebook de Ultravioleta, un programa en línea sobre temas de mujeres y feminismo, denunciaron un grupo de Telegram en el que exponen fotos íntimas de mujeres de la ciudad.

El grupo se llama Paks Chilpo Vip y cuenta con 128 integrantes que son hombres.

De acuerdo con la denuncia el grupo opera desde el 2020 y se comparten fotografías de mujeres, niñas y adolescentes.

El grupo tiene contenido de violencia sexual, “acoso en la vía pública debido a que los miembros del grupo toman fotos de las ciudadanas de todas las edades realizando cualquier tipo de actividad, como ir al supermercado, permanecer en sus instalaciones laborales, entre otras, para ver si entre ellos tienen algún tipo de contenido sexual de ella”, se lee en la denuncia de Facebook.

Para las mujeres que comentaron esta publicación, este grupo es un peligro para las mujeres de Chilpancingo. Los miembros de ese grupo comparten fotografías y videos de mujeres; algunos hasta preguntan si uno de ellos tiene referencias o material de alguna, lo que vulnera su dignidad humana, su transitar, su seguridad.

“Las pone en riesgo de ser atacadas de violencia sexual por uno o varios miembros, debido a que también mencionan en dónde trabajan, dónde estudian”, agregó alguien en la publicación en Facebook.

En la denuncia en redes filtraron algunas fotografías que son compartidas en ese grupo de hombres, y son de mujeres adultas, adolescentes y niñas en situaciones cotidianas.

Los miembros también preguntan por los datos de algunas de ellas y comentan las fotos que comparten.

Este tipo de situaciones se conocen como violencia de género digital y esta penalizado a través de la Ley Olimpia.

La Ley Olimpia es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que busca reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

En Guerrero las sanciones para quienes incurran en este delito es de tres a seis años de prisión y multas de 200 hasta 1,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se lee en el Código Penal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desaparece otra joven de Costa Chica

Salió de su casa alrededor del mediodía de ayer domingo con dirección a la iglesia del pueblo, pero nunca llegó


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Ficha de busqueda

Chilpancingo

 

Alamareli López Tapia de 15 años, originaria de Huehuetán, municipio de Azoyú, en la Costa Chica de la entidad, está desaparecida desde el 26 de febrero pasado. Salió de su casa alrededor del mediodía de este domingo con dirección a la iglesia del pueblo, a un ensayo, pero nunca acudió ni regresó a su casa.

Sus familiares denunciaron su desaparición en redes sociales, después interpusieron de manera formal una denuncia y anoche las autoridades activaron la Alerta Violeta.

Almareli es una joven afromexicana, que participa activamente con colectivas en favor de los derechos de las mujeres afromexicanas, como la colectiva Afrocaracolas: Saberes intinerantes.

Fueron las integrantes de esta colectiva las que se pronunció y exigieron al gobierno estatal que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la pronta aparición con vida a Almareli.

«Nuestro corazón está destrozado. Las Afrocaracolas exigimos a las autoridades competentes del Gobierno del Estado de Guerrero y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda acciones para que aparezca con vida Almarely López Tapia, nuestra hermana afromexicana y Afrocaracola. ¡No Más violencias contra las mujeres afromexicanas!», se lee en un escrito que subieron en su página de Facebook, junto a la ficha de búsqueda de Almareli.

Las diputadas locales también afrodescendientes, Ana Lenis Reséndiz Javier del PAN y las morenistas, Marben de la Cruz Santiago y Beatriz Mojica Morga, a través de un comunicado pidieron a la gobernadora y a la Fiscalía General del Estado (FGE) agilizar las investigaciones para la pronta aparición con vida de la adolescente.

“Nos pronunciamos enérgicamente y exigimos la búsqueda inmediata y que la investigación judicial se haga con perspectiva de género, de derechos humanos y etnicidad para las desaparecidas hasta encontrarlas vivas”.

También exigieron la pronta aparición con vida de Karen Melissa Peñaloza Martínez, joven originaria de Cuajinicuilpa, el municipio con mayor población afrodescendiente de la Costa Chica de Guerrero, desaparecida desde el 31 de enero pasado.

En el caso de Karen Melissa, de 20 años, su desaparición fue en Chilpancingo, la última vez que la vieron fue al momento de subirse a un taxi para dirigirse a la comunidad de Petaquillas.

Karen Melissa es activista por los derechos de las mujeres y es parte de la Red Guerrerense por los Derechos de la Mujer; desde que supieron de su desaparición, sus compañeras activistas realizan actividades para exigir su aparición con vida.

Por el caso de Almareli, integrantes de Afrocaracolas, asociación de la que formaba parte, decidieron no dar declaraciones públicas por ahora por respeto a la familia y a la investigación, todo lo han expuesto en redes sociales.

Melissa lleva 23 días desaparecida y las autoridades de la Uagro callan

Texto: Jose Miguel Sanchez

Fotografía: Ficha de búsqueda 

Chilpancingo 

Ante la desaparición de Karen Melissa Peñaloza Martínez, estudiante de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), el pasado 31 de enero, las autoridades universitarias se mantienen en silencio, sigue sin pronunciarse la administración central.

En la Facultad de Derecho, ubicada al interior de Ciudad Universitaria (CU), directivos, docentes y estudiantes evitar hablar del tema.

Karen Melissa tiene 20 de años, es originaria de Cuajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero, y estudia en la Facultad de Derecho en Chilpancingo.

El 31 de enero, Karen Melissa abordó un taxi con dirección al Petaquillas, poblado a 10 minutos de la capital, y desde ese momento nadie supo más de ella.

Por su desaparición, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió su ficha de búsqueda hasta el 13 de de febrero, fecha en que también se activo la Alerta Violeta, mecanismo para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas.

Este mecanismo fue implementado por la administración de la morenista Evelyn Salgado Pineda.

A 23 días de la desaparición de Karen Melissa, ninguna autoridad de la Uagro se ha pronunciado al respecto, a pesar de que tanto el rector, José Alfredo Romero Olea y el maestro emérito y ex rector, Javier Saldaña Almazán, encabezan actos públicos diarios y tienen un acercamiento directo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

El pasado 16 de febrero, al acto de entrega de equipo a la Facultad de Derecho asistió Romero Olea en compañía de Saldaña Almazán.

Además asistieron como invitados los diputados Bernardo Ortega Jiménez, Raymundo García Gutiérrez y la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, además del presidente del Poder Judicial, Raymundo Casarrubias Vázquez.

En ese evento, a 16 días de la desaparición de Karen Melissa, ni el rector, Romero Olea o Saldaña Almazán o el director de la Facultad, Astudillo Méndez, tocaron el tema.

Por el contrario, los discursos se centraron en hablar de la historia de la Facultad, el apoyo que les brinda el gobierno del estado y el compromiso que tiene la Universidad de Guerrero con la sociedad.

Los alumnos tampoco protestaron por la desaparición de su compañera y en las cartulinas que portaban se leía: «Todos somos JSA», en relación a las iniciales del ex rector.

«Las mujeres de Derecho están contigo JSA», se leía en otra cartulina de aquella ocasión.

Ayer Saldaña Almazán encabezó dos actos públicos que aprovechó para candidatearse de cara al próximo proceso electoral de septiembre, en el cual se elegirán directores, Consejo Universitario y Académico y al nuevo rector.

En el primero, la gobernadora Salgado Pineda entregó equipo y material para facultades y escuelas de la Uagro de la zona Centro.

En el evento estuvo acompañada del rector Romero Olea y como invitado especial Saldaña Almazán, que es como llaman a las asistencias del ex rector.

Ninguna de las dos autoridades planteó de manera pública alguna petición o pronunciamiento por la aparición de Karen Melissa.

Por la tarde, Saldaña Almazán fue, de nueva cuenta, invitado especial de un evento denominado Encuentro Estatal con mujeres universitarias, al que asistieron maestras, académicas y directoras de varias facultades de la Uagro.

A todas las mujeres se les pidió asistir de naranja y Saldaña Almazán, con camisa blanca se sentó en medio de presidium.

En dicho evento, la única propuesta que resaltó de Saldaña Almazán fue cuando mencionó que «debe haber paridad de género en la próxima rectoría de la Uagro».

Esta mañana inauguró la Feria de las Profesiones en la zócalo de Chilpancingo, donde no hubo algún pronunciamiento respecto a la violencia contras los y las estudiantes universitarias.

Colectivas feministas y amigas de Karen Melissa son las que emprendieron la exigencia de su pronta aparición con vida.

Desde el pasado 16 de febrero que se dio a conocer la ficha de búsqueda, se realizaron protestas y bloqueos en Cuajinicuilapa, por parte de amigas y colectivas feministas para exigir a las autoridades la pronta aparición de Karen Melissa.

La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres todos los días publican en sus redes sociales la ficha de búsqueda de Karen Melissa y ya emitieron un pronunciamiento en el que llaman a la FGE y al gobierno estatal a su búsqueda y aparición.

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