Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Lenin Mosso / Archivo
Chilpancingo
Anayeli tenía 15 años cuando fue obligada a casarse con un joven de su comunidad. Anayeli no eligió a su pareja, fue su madre quien decidió con quién uniría su vida.
De eso han pasado dos años.
La historia de Anayeli es una de tantas que suceden en la región de la Montaña de Guerrero, donde cientos de niñas, adolescentes y mujeres son obligadas a casarse con hombres que apenas conocen a cambio de dinero.
La venta de niñas, adolescentes y matrimonios forzados son prácticas que se realizan desde hace muchos años en comunidades de la Montaña.
Anayeli es originaria de la comunidad de Joya Real, municipio de Cochoapa El Grande. Ella no quería casarse y se lo hizo saber a su madre.
Antes de que la familia de quien sería su esposo entregara el dinero para formalizar el matrimonio, Anayeli huyó de su casa. El pago acordado era de 200,000 pesos.
Anayeli es huérfana de padre, lo asesinaron. Su madre se endeudó para los gastos funerarios.
Al ver que no tenía ingresos pensó que la mejor idea para salir de la crisis era vendiendo a Anayeli.
Por resistirse al matrimonio forzado, Anayeli fue detenida por policías de su comunidad. Se refugió en la casa de un vecino donde permaneció por unas horas. Hasta ese lugar llegó la policía para llevársela junto con el joven con el que se casaría. También a un primo quien se encargó de establecer la negociación con la familia y a un tío que supuestamente la aconsejó para que huyera de su casa.
A través de una llamada anónima, el Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan se enteró y acudió a Joya Real para atender y acompañar a Anayeli.
Después de dialogar con algunas personas de la comunidad, lograron la libertad de Anayeli y del adolescente con el que se casaría. Fue trasladada a la Casa Hogar DIF, en Chilpancingo.
«Hasta este momento no hay ningún tipo de protocolos actuación en el caso de estas niñas que son obligadas a casarse», afirma Neil Arias Vitino, abogada de Tlachinollan.
Anayeli estuvo en la casa hogar un año cinco meses, tiempo en el que se enfrentó a otras situaciones como la pérdida de su identidad.
Su estancia en la casa hogar será hasta que cumplen la mayoría de edad o mientras no haya algún familiar con quien quedarse.
De acuerdo con la abogada, Anayeli estaba en un lugar en el que su contexto era diferente al de las demás niñas.
En la Casa Hogar del DIF la mayoría de las niñas y adolescentes están ahí porque son huérfanas, todas hablan castellano mientras que Anayeli venía de una comunidad monolingüe. Ante la necesidad de comunicarse tuvo que aprender el castellano.
«Ya hasta se me estaba olvidando hablar mi lengua», le expuso Anayeli a Arias Vitino.
Después de cinco meses Anayeli dejó la casa hogar y se reintegró con sus familiares paternos en su comunidad. Lo hizo, de acuerdo con Arias Vitino, sin ningún tipo de protocolo ni acompañamiento institucional.
«Las instituciones al ser una víctima tienen que darle otro tipo de atención. Cuál es el protocolo, cómo van a continuar dándole atención a estos casos. Ella en la casa hogar culminó su primaria, pero qué va a pasar de ahí, ella tiene que continuar con sus estudios».
Anayeli está desempleada, aunque ahora está con familiares, pero «ellos no tienen la obligación de darle el alimento».
El presidente municipal de Cochoapa El Grande le regaló 12 despensas para que se alimente por unos días.
Pero la necesidad va más allá, Anayeli tiene que vestirse y comprarse cosas personales.
Ahora la menor está preocupada, según Arias Vitino, porque no sabe qué hará y cómo obtendrá recursos para ser autosuficiente.
En la casa hogar no le dieron ningún tipo de curso para que aprendiera algún oficio.
«Ella está pensando que se va a ir de jornalera a trabajar a los campos agrícolas”, dice la abogada.
El caso de Anayeli no es el único, también en la misma comunidad ocurrió el caso de Angélica, otra menor que fue obligada a casarse.
Angélica acusó a su suegro de abusar de ella sexualmente mientras su esposo se encontraba en los Estados Unidos.
La privaron de su libertad, la acusaron de haberse robado unos huipiles y exigían que su papá regresara el dinero que habían pagado por ella. Contó con el apoyo de su tía, quien denunció la violación y acusó a las autoridades de privarla de su libertad.
Angélica no puede regresar a su comunidad debido a que sufre de violencia comunitaria.
«Estas niñas son mal vistas en la comunidad, sufren violencia comunitaria al revelarse por no querer casarse», comenta la abogada.
Ni Angélica ni Anayeli tuvieron acompañamiento ni protección por parte de las autoridades, a pesar de que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, visitó en 2022 algunas comunidades de la Montaña y se comprometió a que se frenaría la venta y matrimonio forzado de niñas y adolescentes.
«Muchas de estas niñas sufren depresión e incluso le han dicho a sus mamás que mejor se quieren morir porque ellas no quieren esa vida, y no querían casarse».
Aunque los matrimonios forzados y la venta de niñas y adolescentes ya son considerados delito, Tlachinollan tiene registro de 10 matrimonios forzados en lo que va del año.
Arias Vitino explicó que esta práctica continúa, ahora, de manera clandestina.
El gobierno del estado realiza algunos talleres de sensibilización en la región de la Montaña, pero no todos los comisarios lo ven como algo bueno.
«Tú no le puedes ir a decir a los hombres cuáles son sus deberes y que está prohibida está práctica”, explica.
Los hombres cuestionan que así vivieron sus bisabuelos y abuelos.
Además de que en la mayoría de estos talleres son las mismas mujeres enviadas por sus esposos las que asisten.
«Es importante el apoyo y el respaldo dentro de los mismos municipios, de las autoridades y que tengan voluntad política para terminar con estas prácticas […] En la mayoría de cómo se dieron a conocer estos casos, es porque ya hay un hartazgo y porque las niñas y mujeres están viviendo muchos tipos de violencia, violencia sexual, violencia económica. Esto es lo que ha detonado que se conozcan los casos».