El paso del huracán Otis categoría cinco en Acapulco, no solo provocó daños a los comercios y hoteles, también afectó la integridad y seguridad de las mujeres, denunciaron colectivas feministas.
En el marco del Día Internacional de la eliminación de Violencia contra La Mujer,que se conmemora cada 25 de noviembre, diversas colectivas feministas del estado, se unieron para exigir a las autoridades correspondientes atención a los casos de mujeres víctimas de violencia, después del paso de Otis.
“La falta de luz y otros servicios básicos tras el paso del huracán, ha provocado un aumento en la violencia sexual en las zonas afectadas”, aseguraron las colectivas.
Agregaron que a través de redes sociales recibieron testimonios anónimos de personas que sufrieron agresiones sexuales durante las prolongadas penumbras que envolvieron a Acapulco por más de dos semanas.
A más de un mes de que Otis tocara tierra en el puerto, varias colonias continúan sin luz y otros servicios básicos como el agua, por lo que de acuerdo con las activistas, mujeres y niñas son vulnerables aun.
Para crear conciencia y apoyar a las niñas y mujeres de Acapulco crearon la campaña, En medio de la emergencia, nuestros derechos tienen vigencia, aborto legal, seguro y gratuito.
Esta campaña tiene como objetivo que los derechos de las mujeres “sean respetados y protegidos en tiempos de crisis”, así como abordan la desigualdad de género.
Ante la situación caótica que se vive en Acapulco, mencionan en un comunicado que la negación y atención de servicios que viven las mujeres de Acapulco aumentó.
La campaña incluye la colaboración de promotoras y acompañantas, quienes se capacitaron para responder a las solicitudes de las mujeres, niñas y adolescentes.
El rol de las promotoras y acompañantas implica la detección, canalización y acompañamiento a los servicios de salud pública y aborto autogestivo o, en caso de ser necesario, coordinar las derivaciones a la Ciudad de México, donde organizaciones aliadas apoyan para la atención integral y de urgencia.
“La urgencia de crear una campaña por parte de las organizaciones sociales, evidencia la falta de planes emergentes por parte de las instituciones para atender la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en medio de la crisis desencadenada por el huracán Otis”, agregaron.
Aumentan casos de homicidios dolosos con presunción de feminicidios
Datos de la Asociación Guerrerense de Violencia contra las Mujeres (AGCVIM), muestran que en lo que va del año se cometieron 118 homicidios dolosos con presunción de feminicidio.
Acapulco ocupa el primer lugar con 39 casos, seguido de Chilpancingo con 17 e Iguala con 15.
Marina Reyna Aguilar, presidenta de la AGCVIM, lamentó que la violencia contra las mujeres vaya en aumento y llamó a las autoridades a crear acciones para combatir los feminicidios.
“Desafortunadamente la violencia contra las mujeres se sigue normalizando. El gobierno en sus tres niveles, tienen la obligación de frenar la violencia. En estos municipios (en los que tienen más casos registrados), deberán de estar trabajando de manera ardúa los sistemas municipales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, dijo Reyna Aguilar en entrevista telefónica.
Guerrero tiene dos alertas de violencia de género vigentes, la primera por Violencia Feminicida y la segunda por Agravio Comparado.
Las activistas coincidieron en que ambas alertas enfrentan procesos lentos y poco efectivos para abordar las diversas formas de violencia que experimentan las mujeres en el estado, pero es la segunda la que muestra menos avances.
Frente a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, que en un momento de su conferencia mañanera rompió en llanto por las críticas que ha recibido por la inseguridad, el gremio de panaderos protestó por la ola de asaltos a mano armada que se registran en esta ciudad.
La protesta que ocurrió durante un mini-informe de acciones de su gobierno que presentó la edil Norma Otilia Hernández fue porque una de las agremiadas del sector panadero fue atacada a navajazos por su ex pareja sentimental y hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no le ha otorgado medidas cautelares y no ha solicitado a un juez de control una orden de aprehensión.
Con pancartas que desplegaron en el salón de reuniones del ayuntamiento, un grupo de mujeres y hombres que se dedican a la venta de pan en el centro de Chilpancingo pidieron que la FGE detenga a Salvador Romero, quien el pasado 15 de octubre agredió con un cuchillo a Dominga «N» y después amenazó de muerte a ella y a sus hijos.
«Me tiene amenazada de muerte y también a mis hijos», dijo Dominga.
Diana Peñaloza, dirigente de los panaderos le dijo a la alcaldesa Norma Otilia Hernández que lo que le ocurrió a su compañera Dominga no es el primer caso de violencia que se registra contra integrantes de su gremio en esta capital.
Contó que hace unas semanas, sujetos armados asaltaron e hirieron de bala a un panadero cuando estaba en su establecimiento.
La líder de los panaderos declaró a los representantes de los medios de comunicación que la violencia en Chilpancingo está imparable y que a ellos como gremio empresarial les ha afectado.
«Hemos tenido asaltos pero no solo contra nuestros negocios sino a gente que anda en las calles del propio centro que es la zona más concurrida de la ciudad», expuso Diana Peñaloza.
La dirigente de los empresarios aseguró que el modus operandi de los delincuentes es de que los asaltan y luego les dejan un mensaje de asesinarlos posteriormente en caso de que acudan ante una autoridad para denunciarlo.
«Los delincuentes ya te tienen ubicado y nosotros por miedo ya no denunciamos», expuso.
Reveló que desafortunadamente muchos de sus compañeros de su gremio están pagando la cuota a la delincuencia para que los dejen trabajar.
«Está el cobro de cuota a algunos de los compañeros y todo mundo tiene que acceder porque también si te pones con Sansón a las patadas como empresario te puede pasar algo», denunció la líder de los panaderos.
Solicitó a las autoridades del Ayuntamiento que en esta temporada de Día de Muertos les permitan vender su producto en el zócalo del centro de Chilpancingo porque aquí puede haber más garantías de seguridad.
«Es en esta temporada del Día de Muertos cuando vendemos más nuestro producto y también nos exponemos más», aseguró.
Casi al finalizar su conferencia mañanera, la alcaldesa Norma Otilia Hernández, rompió en llanto por las críticas que ha recibido en los últimos cuatro meses por los videos, audios y fotografías difundidos en las redes sociales en donde aparece reunida junto con su esposo con, según la FGE, Celso Ortega Jiménez, líder de la organización criminal Los Ardillos.
«Vamos a dejar la marca de la gobernanza» dijo la edil quien el próximo jueves 26 rendirá su informe de labores con motivo de su segundo año de gobierno.
«La crisis que hemos vivido y las críticas que me han hecho me han fortalecido porque ahora todo mundo me conoce donde quiera que me paro», dijo la edil morenista.
«Estamos bien y vamos por más», mencionó Norma Otilia Hernández para dar entender su posible aspiración a una candidatura de representación popular como han difundido en las redes sociales funcionarios del Ayuntamiento.
La edil morenista de Chilpancingo enfrenta denuncias ante la FGR y la FGE derivado de la reunión que tuvo con el jefe criminal de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
Además hay una solicitud de expulsión de su partido ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por parte de varios de sus compañeros morenistas.
En un contexto de violencia contra las mujeres, el destino las convirtió en víctimas indirectas, pero ellas decidieron ser defensoras y acompañantes en busca de justicia. En lugar de hacerse pequeñas por el dolor y la desgracia, se han hecho grandes por la fortaleza de su andar, con el que iluminan a muchas, muchas otras mujeres en Ciudad Juárez, y todo México
Texto: Blanca Carmona / La verdad
Fotografía: La verdad
17 de octubre 2023
Las de Paula Flores Bonilla y Julia Caldera Chávez son historias paralelas de lucha para que haya justicia en la tierra de los feminicidios: Ciudad Juárez, Chihuahua, donde sus hijas adolescentes fueron desaparecidas y asesinadas hace más de dos décadas.
En el continuo contexto de violencia contra las mujeres de esta ciudad, ubicada en la línea fronteriza con Estados Unidos, Paula y Julia pasaron de ser amas de casa, a mujeres que han impulsado cambios en la lucha contra el feminicidio y han acompañado a otras que sufren lo mismo que ellas.
Con su búsqueda, Paula y Julia abrieron camino a los rastreos en paisajes desérticos, al combate a la impunidad, a la denuncia de negligencias y obligaron a abrir investigaciones contra fiscales. Además, han contribuido en la creación de protocolos estandarizados que actualmente se utilizan para la investigación del feminicidio en México.
Paula y su familia fueron quienes promovieron el uso del icónico símbolo del feminicidio: la cruz negra sobre un fondo rosa, y ella cofundó el primer colectivo de familiares de víctimas de desaparición y homicidio en la frontera de Juárez, y posiblemente en el país.
Por su parte, Julia logró establecer un precedente para que las madres de otras víctimas exijan que los estudios de ADN se realicen fuera de la Fiscalía de Chihuahua y logró la inclusión de antropólogos forenses externos.
Ambas son en un ícono de la lucha por la justicia en los feminicidios en Ciudad Juárez, y marcaron un camino a seguir para otras mamás de mujeres desaparecidas y asesinadas.
PAULA, UNA VOZ QUE DEMANDA JUSTICIA
Paula Flores Bonilla mamá de María Sagrario González Flores, desaparecida y asesinada en Ciudad Juárez en 1998, durante la audiencia pública en la Comisión Interamericana en septiembre de 2019. Fotografía: CIDH/Cortesía
Paula nació en el estado de Durango. Tres años antes de la desaparición y el asesinato de María Sagrario emigró junto con su esposo e hijos a Ciudad Juárez, a donde llegaron con el propósito de mejorar sus vidas en la tierra de las maquiladoras.
María Sagrario González Flores fue la cuarta de seis hijas y un hijo. Ahora, ya con algunas canas en su cabello largo, Paula tiene también 11 nietos.
María Sagrario era catequista y cantaba en el coro de una iglesia en la colonia donde vivía, en Lomas de Poleo, un asentamiento irregular, con calles de tierra y arena, y casas de construcciones sencillas, ubicado al poniente de Ciudad Juárez. El 16 de abril de 1998 salió por última vez de su casa, tenía 17 años. Nunca más la volvieron a ver con vida.
Trece días después, el cuerpo de la adolescente fue localizado en un paisaje semidesértico el Valle de Juárez –una zona que conforma parte de Ciudad Juárez, así como los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe– lugar en el que se han encontrado restos de más de 280 personas que no se han podido identificar desde 2010.
En los primeros días la familia de María Sagrario se unió en un trabajo incansable para encontrarla con vida, y posteriormente en demanda de justicia.
Irma Pérez Franco y Bertha Márquez, mamás de Olga Alicia Carrillo Pérez y Adriana Torres Márquez, respectivamente, jóvenes que también habían sido asesinadas, fueron de las primeras en acercarse a Paula.
Aunque no contaban con muchas herramientas, a las tres mamás las unió el anhelo de justicia y se organizaron para ir a pegar pesquisas -fichas de búsqueda-, manifestarse e irrumpir en la entonces Procuraduría de Chihuahua, hoy Fiscalía, a exigir avance en las indagatorias. Así nació el colectivo “Voces sin Eco”, en marzo de 1999.
Debido a que las fichas de búsqueda colocadas en distintos rumbos de la ciudad eran retiradas casi de inmediato por las autoridades, a Guillermina, la hermana mayor de María Sagrario y representante legal de Voces sin Eco, se le ocurrió utilizar pintura: sobre un fondo rosa pintó una cruz negra, en postes y otra infraestructura pública.
“A Guille se le ocurrió un símbolo, un símbolo porque las pesquisas tienen doble intención: la obvia, si una persona reconoce pueda dar datos que lleven el paradero de la persona que está desaparecida. Pero también tienen la intención de que la gente sepa que hay personas desaparecidas, que se visibilice la desaparición de personas. Entonces Guille pensó en un símbolo y ella hizo la propuesta de la cruz negra con un fondo rosa y abajo decía Justicia”, explica Ivonne Mendoza Salazar, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC), un organismo que ha acompañado a mamás de víctimas de desaparición y feminicidio.
En febrero de 2005, con información aportada por Paula y su familia, fue detenido uno de los responsables de la violación y homicidio de María Sagrario, José Luis Hernández Flores,
Paula recuerda que durante años estuvieron llevando datos a las autoridades investigadoras. “Básicamente nosotros, la familia, hizo la investigación”.
El 4 de abril de 2006, José Luis Hernández fue sentenciado a 29 años de cárcel por los delitos de violación y homicidio de María Sagrario, pero repentinamente fue trasladado a una prisión de Jalisco, obstaculizándose la realización de nuevas diligencias para identificar a otros dos posibles responsables, así como una reconstrucción del crimen que evidencie las inconsistencias de la investigación.
JULIA, UN ACTIVISMO COLECTIVO
Julia. Fotografía: Blanca Carmona
Con 62 años, Julia es madre de siete hijos y abuela de 17 nietos, pero siente haber rejuvenecido. Lo afirma con alegría, pues con mucha frecuencia le comentan que se ve más joven.
De ojos pequeños y una mirada profunda que se asoma detrás de sus anteojos, la mujer transmite una paz interior que asegura nace de su fe, que la mantiene firme en la lucha de justicia para María Elena y con fuerza para apoyar a otras mamás de víctimas de feminicidios.
María Elena Chávez Caldera desapareció el 20 de junio del 2000. Las autoridades tardaron 15 días en iniciar la búsqueda, y el cuerpo de la adolescente se localizó cuatro meses después en un predio baldío.
Este año se cumplieron 23 años de su desaparición y asesinato, desde entonces Julia tomó el rumbo del activismo. “Voces sin Eco” fue la primera organización que la apoyó en la búsqueda de su hija.
La entonces Procuraduría de Justicia de Chihuahua, hoy Fiscalía General del Estado (FGE), mostró inconsistencias en la identificación de María Elena. Inicialmente le entregó resultados falsos a Julia, al decirle que el cuerpo recuperado no correspondía al de su hija y posteriormente le informó que sí se trataba de María Elena.
Julia exigió la intervención de antropólogas forenses externas a la Procuraduría: “Les dije que yo no iba a recoger los restos hasta que hubiera un ADN positivo, si era mi hija. Si no, la iba a seguir buscando como desaparecida. Para esto, los restos de ella duraron cuatro años en el Semefo, cuatro años hasta que un ADN dio positivo y fue cuando la sepultamos”.
“Pero yo no estuve conforme con eso…. Porque si los primeros salieron negativos, por qué después de cuatro años salen positivos. Yo no estuve conforme… pedí una exhumación como cuatro meses después de sepultar los restos y esos estudios los hicieron las antropólogas argentinas, duraron tres meses para llegar el resultado, y me dieron un resultado positivo”, recuerda Julia.
La identificación oficial se hizo el 5 de diciembre del 2005. Cinco años después de la localización del cadáver de María Elena.
Julia convirtió su vivencia en una enseñanza que marcó un precedente, para que las madres de otras víctimas exigieran que los estudios de ADN se realizaran fuera de la Fiscalía de Chihuahua.
“Se va formando ese precedente de que si el Estado no tiene credibilidad, tiene obligación de hacer contratos fuera de sus dependencias para darle certeza a las familias de que los resultados son reales, de que no están manipulados o que no son erróneos”, explica Ivonne Mendoza.
Al igual que la familia de María Sagrario, Julia y sus hijos investigaron qué le había sucedido a María Elena y estuvieron aportando datos a las autoridades. Once años le llevó a la Procuraduría aprehender al responsable del homicidio, Irineo Quezada Peña.
Él estuvo preso casi el mismo número de años. Un juez penal lo sentenció a 9 años y seis meses de cárcel, Julia se inconformó y el Ministerio Público interpuso un recurso legal, después un tribunal de segunda instancia lo condenó a 15 años de cárcel, pero salió cuatro años antes de cumplir esa condena.
Julia volvió a pedir que se solicitará una revisión. “Nos quedamos con las manos cruzadas, no… estoy esperando respuesta”, dice Julia al explicar que se interpuso una apelación y aunque Irineo va a cumplir un año libre, ella no va a claudicar y espera justicia.
“Dos, tres veces me quedé sin sentido, casi me moría, pero al ver a mis hijos yo reaccionaba, me tengo que levantar, tengo que seguir, tengo que hacer algo por ella y por ellos que me están viendo”, expresa con firmeza.
JUNTAS POR JUSTICIA
Algo que ha caracterizado a las madres de mujeres asesinadas es la conciencia social de solidaridad hacia otras familias, que las ha llevado a impulsar tareas de prevención y de visibilización de la violencia de género.
A finales de los años 90 e inicios del 2000, en Ciudad Juárez no se hablaba de los derechos humanos de las mujeres, ni de feminicidios. Fueron las madres de las primeras víctimas las que salieron a manifestarse incluso fuera del país.
“Ellas son las que han ido siempre a la vanguardia, fueron las primeras que salieron a manifestarse en contra del feminicidio y en contra de la respuesta del Estado, que era negar los hechos y culpar a las víctimas”, menciona Mendoza.
Las madres impulsaron la creación de una Fiscalía Especializada de la Mujer, tiempo después surgió en esta frontera la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Hacia las Mujeres en Ciudad Juárez, en el sexenio de Vicente Fox, y el esquema se hizo a nivel nacional.
En 2007, Paula y Julia denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los numerosos asesinatos y desapariciones forzadas de mujeres cometidos entre 1995 y 2003, en un contexto de violencia basada en el género.
Las denuncias se presentaron junto a las de otras cuatro familias, entre ellas la de Olga Alicia Carrillo Pérez, asesinada cinco años antes que María Elena, su prima, con la asistencia del CEDIMAC y la organización Robert Kennedy Human Rights (RFK).
En septiembre del 2017, la CIDH admitió el caso 13377 correspondiente a María Sagrario González Flores, de 17 años, hija de Paula; María Elena Chávez Caldera, de 15, hija de Julia; Silvia Elena Rivera Morales, de 17; la niña Brenda Berenice Delgado Rodríguez, de 6; Cecilia Covarrubias Aguilar de 16 y su hija de apenas 24 días de nacida; y Olga Alicia Carrillo Pérez, de 20.
Al respecto, la CIDH emitió un informe y una serie de recomendaciones a las autoridades, luego de analizar violaciones a los derechos de las víctimas a la vida, la integridad, la libertad personal, garantías y protección judicial, a la honra y dignidad, a la familia, los derechos de la niñez e igualdad ante la ley.
En 2019, Paula Flores participó en demanda de justicia para su hija, las demás víctimas y sus familias en una audiencia temática ante la CIDH, realizada a solicitud de las organizaciones que las representan, para aportar nuevos datos y mantener el interés del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en estos feminicidios, 21 años después del crimen de su hija.
“Ella se sentó en un lugar muy especial ahí, y yo estuve haciéndole preguntas para ayudarla a continuar con su relato, para relatar los hechos en los que asesinaron a su hija y también lo que viven las familias después de estos hechos, lo que les revictimizan las autoridades del Estado, la falta de justicia” relata Mendoza, de CEDIMAC.
“La presidenta de la Comisión se solidarizó con ella y se comprometió a que el caso se moviera más rápido para llegar al informe de fondo, pues cumplió con eso porque también era uno de nuestros objetivos hacer que la Comisión ya tomará una decisión pues estábamos desde el 2007”, expone Ivonne Mendoza.
NO VAMOS A PARAR
Paula observa las fotos de sus hijas, María Sagrario (derecha) fue desaparecida y asesinada en 1998, en Ciudad Juárez. Fotografía: Blanca Carmona
Para Paula, su hija “no es un archivo”, porque “mientras yo siga viva y siga pidiendo justicia ella sigue viva, no físicamente, pero vive en mi corazón”, afirma la mujer que actualmente trabaja limpiando casas en El Paso, Texas, y se da el tiempo de acompañar casos de feminicidio.
Con su experiencia, ayuda también en las gestiones para recuperar el cadáver de su ahijada, Norma Beatriz González Navarro, asesinada en 2020 en el estado de Oaxaca.
Aunque no es abogada y no está muy consciente de toda la aportación con su lucha de justicia en el tema del feminicidio, Paula ha podido advertir las irregularidades de autoridades de ese estado del sur del país y dar acompañamiento a la familia de su ahijada para que su crimen no quede en impunidad.
“No vamos a parar hasta que veamos justicia tanto con mi hija, y se les haga justicia a las demás niñas -dice por su parte Julia-, porque nosotras como víctimas indirectas de lo que pasó debemos apoyarnos y continuar, no parar, porque si así moviéndonos no pasa nada, nos quedamos sentadas (y) se les olvida lo que pasó”.
“Si yo la veo salir de la casa caminando y que me la regresen en un ataúd, eso es un dolor grande. Yo no le deseo a nadie que le pase eso y el proceso larguísimo, el caminar en la búsqueda, en la búsqueda de ellas, en la búsqueda de justicia, es desesperante”, dice Julia, quien confiesa que su fe en Dios la mantiene con fortaleza para apoyar a otras mamás que pasan por el dolor de perder a una hija de una forma violenta.
“Aprendí a moverme, aprendí a hablar, a exigir justicia, porque no vamos a pedirles nada, vamos a exigirlo”, afirma.
Este reportaje forma parte del proyecto #NoSomosVíctimas, de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie, financiado por la Embajada Suiza en México.
En 48 horas dos mujeres fueron asesinadas en Acapulco. Las víctimas son Harumi Clarett Montalvo Bernal, de 18 años, quien había desaparecido el 28 de julio, y otra mujer de la que no hay información.
De acuerdo con su madre, Minerva Montalvo, entre las tres y cuatro de la mañana civiles armados irrumpieron en su casa y sacaron Harumi por la fuerza, fue la última vez que se supo de ella.
El 31 de julio sus familiares, vecinos y amigos bloqueron la Costera Miguel Alemán para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) que diera con el paradero de la joven.
Ese 31 por la noche se supo de la localización de un cadáver en dentro de una bolsa negra abandonada en la carretera de La Venta.
Medios locales informaron que se trataba de Harumi. Mediante un grupo de Facebook que hizo la familia para la búsqueda confirmaron la noticia.
En realidad fueron dos cadáveres de mujeres halladas en el puerto el mismo día.
El cadáver de Harumi fue hallado en una fosa clandestina entre los límtes del poblado Carabalí y la colonia Villa Madero, en la zona rural de Acapulco, el mismo día que hallaron el de una mujer en la carretera de La Venta.
Del cadáver hallado en carretera de La Venta no hay más información.
La coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Ana Grabiela Candela Garzón, lamentó que no haya un cese en la violencia hacias las mujeres.
«Las mujeres siguen siendo números, siguen siendo la nota roja. Hemos visto comentarios misóginos por parte de las personas que revictimizan a las mujeres», mencionó
Para Candela Garzón hacen falta políticas públicas para prevenir más violencia hacia las mujeres.
«No hay disminución de los feminicidios, tampoco hay una política pública de prevención que es lo más importante», mencionó Candela Garzón.
Datos de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las mujeres (AGCVM) indicaban que hasta el 20 de julio, ocurrieron 69 asesinatos contra mujeres con presunción de feminicidio.
Con los dos últimos asesinatos en Acapulco suman 71 asesinatos de mujeres.
Además de los asesinatos y desapariciones, las víctimas y su familia tiene que lidiar con la revictimizacion.
En las redes sociales «hasta le dan me divierte a las fichas de búsqueda, socialmente estamos muy mal y es muy lamentable, nosotras siempre estamos haciendo el cuestionamiento por las que ya no están, por nosotras, porque nosotras tambien tenemos miedo de saber qué esta pasando».
Existe también una ausencia del Estado para garantizar la seguriad de las mujeres, aun cuando la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, aseguró que Guerrero sería un santuario para las mujeres.
«Siempre dicen y preguntan, ¿dónde están las feministas? Lo que deberían preguntar es dónde está el Estado que nos tiene que brindad la seguridad», agregó Candela Garzón.
A un año del doble feminicidio de las hermanas Kenia y Avelina Olivares López, la Fiscalía General de Estado (FGE) no ha ejecutado la orden de aprensión contra el presunto responsable, Fernando Reyes Olivos, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Kenia estaba casada con Fernando. Tenían tres hijos. Ella había denunciado que sufría maltrato por parte de Fernando, pero ninguna autoridad le garantizó su integridad y protección.
El 26 de julio del 2022, Kenia y Fernando habían discutido; él la corrió de su casa y se dejó a su hija menor. Kenia decidió refugiarse en casa de su hermana Avelina, en la comunidad de Tlaquetzalapa, municipio de Copanatoyac, en la Montaña.
Kenia le dijo a Avelina que no tenía intenciones de dialogar con Fernando porque ya lo conocía; era una persona violenta.
Esa noche del 26 de julio, Fernando llegó a la casa de Avelina acompañado de otros hombres, trató de llevarse a Kenia pero ella se resistió.
Al ver los jaloneos y la discusión, Avelina intentó ayudar a su hermana y defenderla de Fernando, pero él le disparó con una arma de fuego y la asesinó.
Después de presenciar esa escena, Kenia se escondió en la cocina, pero Fernando la vio y le disparó. Kenia y Avelina murieron al instante.
Ya pasó un año de este doble feminicidio y aún no hay justicia para Kenia y Avelina, denunció la abogada del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinolla, Neil Arias Vitinio.
La abogada mencionó que existen todas las pruebas necesarias para que Fernando fuera arrestado y condenado por el doble feminicidio, pero por el tráfico de influencias no ocurrió.
Fernando es hijo del ex alcalde priista de Copanatoyac, Enterbio Reyes Bello, por lo que suponen está refugiado en ese municipio.
La orden de aprensión fue emitida tres días después del doble feminicidio, el 30 de agosto del 2022 y la FGE, desde entonces, no la ejecuta.
«En Tlachinollan tenemos a la fecha nueve órdenes de aprehensión vigentes por el delito de feminicidio, tenemos desde el 2014 hasta el 2022 estas órdenes. Hay una falta de voluntad política que ha tenido la Fiscalía para poder ejecutar estar órdenes de aprehensión», dijo Arias Vitino.
Ante la negativa de la FGE de ejecutar la orden, Tlachinollan, que da acompañamiento legal a la familia de Kenia y Avelina, promovió un amparo el 23 de septiembre.
El 31 de marzo del 2023 el juez de control falló a favor de la familia de las víctimas y ordenó a la FGE ejecutará la orden, pero hasta la fecha dicha instancia no informa sobre sus acciones para cumplir con la determinación del juez.
«En la vía de los hechos no se materializa, no han realizado acciones mínimas para la búsqueda y captura de esta persona», mencionó Baldomero Díaz Salazar, abogado de Tlachinollan.
En este año Tlachinollan ha registrado tres feminicidios en diferentes municipios de la Montaña, tampoco han sido resueltos.
«Muchos feminicidios se están cometiendo aquí en la región desafortunadamente los testigos que ven estos hechos tan atroces, tan aberrantes, son los hijos», agregó Arias Vitino.
De acuerdo con Díaz Salazar, la FGE sólo responde al juez de control mediante oficios que realizan operativos y retenes en las inmediaciones de Copanatoyac, pero al momento de solicitar informes de dichas operaciones se las niegan; cree que no hay acciones para localizar a Fernando.
Marcha para exigir justicia por el doble feminicidio de Kenia y Avelina, en Tlapa de Comonfort el 28 de agosto del 2022.
La mañana de este jueves fue asesinada una mujer en el tianguis del Mercado Baltasar R. Leyva Mancilla, con su caso suman 14 mujeres asesinadas con presunción de feminicidio en los últimos seis meses en Chilpancingo, de acuerdo con datos de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacía las Mujeres (Agcvim).
A través del Monitor de violencia de género y feminicidios en el estado de Guerrero, la Agcvim contabiliza hasta hoy, 20 de julio, 69 casos de homicidios contra mujeres con presunción de feminicidio.
De esos 69 casos, 18 ocurrieron en Acapulco, los 14 en Chilpancingo y ocho en Iguala.
En Chilpancingo, abril fue el mes que más homicidios contabilizó el Monitor de Violencia de la Agcvim, con seis casos.
En todos estos casos, las autoridades judiciales siguen sin dar a conocer los avances en las investigaciones para que las familias accedan a la justicia.
El asesinato de hoy ocurrió en el área del mercado denominada como el tianguis, que está afuera del edificio, en la parte alta; cerca de las doce del día reportaron al número de emergencias 911 sobre un ataque armado en el lugar.
Los elementos de seguridad se movilizaron y arribaron al tianguis y hallaron el cadáver de Sandra “N”, de unos 35 años, con varios disparos de arma de fuego.
Los reportes policiales indican que en la escena del crimen había cinco casquillos calibre 22, que fueron asegurados para la indagatoria.
En la denominada zona del tianguis han ocurrido varios asesinatos. Después del ataque contra Sandra, locatarios mencionaron que la atención médica tardó en llegar.
Después del ataque varios locales cercanos a la escena del crimen cerraron.
Al constatarse el fallecimiento de Sandra llegaron elementos del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cadáver a sus instalaciones.
Chilpancingo tiene activas dos alertas de violencia de género, una por Agravio Comparado y la segunda por Violencia Feminicida, está última activa desde 2017.
Fotografía: Cromática Agencian Fotográfica y Multimedia
Chilpancingo
Aun con el despliegue de fuerzas de seguridad federal y estatal en el estado, durante las últimas 24 horas seis personas, entre ellas dos mujeres, fueron asesinadas a balazos en Iguala, Acapulco y Zihuatanejo.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que durante la madrugada de este domingo un grupo de hombres armados asesinaron a dos hombres que estaban en una vivienda que atacaron a tiros e incendiaron.
Reportó que alrededor de las cuatro de la mañana de hoy hubo un reporte de que en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Iguala, varios individuos armados se bajaron de un vehículo, después hubo balazos y el reporte de un incendio.
Personal de la FGE, acompañado por el Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, llegaron al lugar y en la calle hallaron el cadáver de un hombre que tenía varios balazos en la cabeza.
La propia Fiscalía mencionó que en el interior de la vivienda incendiada fue localizado un hombre calcinado. En la zona fueron hallados varios casquillos percutidos de diversos calibres.
En el interior de la casa fue hallada una cartulina con un mensaje.
En otro hecho de violencia registrado este domingo Iguala, la madrugada de este domingo hombres armados asesinaron a balazos a un hombre en el bulevar Heroico Colegio Militar, casi frente a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército.
La FGE dio a conocer que alrededor de las 07:20 horas de este domingo hallaron el cadáver de un hombre en la carretera federal Iguala-Taxco de Alarcón, a la altura del Puente Campuzano.
El cadáver tenía las manos y pies amarrados hacia atrás y con el rostro cubierto.
Asesinan a una mujer en Acapulco y otra en Zihuatanejo
En Acapulco y Zihuatanejo dos mujeres y un hombre fueron asesinados en distintos hechos.
La FGE informó que en el interior de una casa en la colonia Emiliano Zapata, en Zihuatanejo, una mujer que fue identificada con el nombre de Brisa “N” fue asesinada a puñaladas.
Los familiares de la víctima dijeron a las autoridades que el lugar donde hallaron su cadáver era el domicilio de su ex novio, a quien las autoridades no han localizado.
La Fiscalía informó que en el libramiento de Paso Texca-Bajos del Ejido, del municipio de Acapulco, fue hallado el cadáver de una mujer, quien estaba amarrado de pies y manos. La asesinaron a balazos.
Reportó que en la carretera Zihuatanejo-Acapulco, a la altura de la comunidad de El Coacoyul, hallaron un hombre asesinado a balazos.
El cadáver estaba tirado en el interior de un puesto de frutas y fue identificado con el nombre de Agustín Ángel “N”, de 32 años.
La Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGVIM) presenta el libro Sobrevivientes y Víctimas Indirectas de Feminicidio en Guerrero (Memorias), donde narran la historia de mujeres víctimas de feminicidio y pone al descubierto el peregrinar de las familias en la búsqueda de la justicia
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
“Te voy a callar para siempre, te voy a quitar a tu hija”, le habría dicho Roberto Rayo Pérez a Sendy Vázquez Ramírez en 2019.
Sendy, originaria de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, era una mujer amigable y trabajadora. Conocida por ser comerciante en el mercado de Chichihualco.
Tenía un matrimonio estable de casi 20 años con Javier Valadez Millán, de ese matrimonio nacieron dos hijas, Maricarmen de 23 años y María Fernanda de 10 años.
Javier aparentaba ser un buen esposo con Sendy; la familia de ellas lo apreciaba. Sus suegros lo consideraban un hijo y sus cuñadas y cuñados como un hermano.
Por la imagen que Javier aparentaba, a la familia de Sendy le extrañó que comenzara a ingerir bebidas alcohólicas, primero era de vez cuando, después los fines de semana y después casi todo el tiempo.
Después del alcohol, Javier comenzó a consumir drogas. Los rumores de que Javier la engañaba con otro hombre orillaron a Sendy a separarse de él.
Dividieron el terreno donde vivían y se convirtieron en vecinos. Cada uno vivía en la parte del terreno que habían acordado.
Durante los años de divorcio, Sendy no había solicitado la pensión alimenticia a Javier, su hija mayor Maricarmen estaba a punto de ingresar a estudiar la licenciatura en otra ciudad, el gasto del transporte y los alimentos eran demasiado para ella, y decidió solicitarle a Javier que se hiciera cargo económicamente de sus hijas. Hasta ese momento Javier sólo le daba 500 pesos a la quincena.
Javier ya tenía otra pareja con la cual vivía, Roberto.
“Roberto era muy celoso y posesivo con él (Javier), no lo dejaba tener celular ni comunicarse con sus hijas, se molestaba siempre que tenía que hablar con Sendy. Era tal el odio de Roberto hacia Sendy que comenzó a amenazarla”, narró Griselda Vázquez Ramírez, hermana de Sendy.
El 4 de diciembre de 2019 Javier y Roberto entraron a la casa de Sendy sin avisar; la casa siempre estaba abierta.
En ese momento Sendy estaba en una llamada telefónica con otra persona. La persona con quien Sendy hablaba le preguntó que si ya habían llegado, refiriéndose a ellos, y ella le respondió, “ahorita te marco”.
Sendy no regresó esa llamada. Después de eso su cadáver fue hallado dentro de su domicilio, con huellas de múltiples golpes; también la habían degollada con un cuchillo.
“Ellos vivían a un lado, ya lo tenían planeado, sabían sus horarios, a qué hora se iba a trabajar, a qué hora llegaba. La espiaban, sabían cuando estaba sola y a qué hora”, contó Griselda.
Los vecinos de Sendy le contaron a Griselda que el día del feminicidio de su hermana, escucharon un golpe muy fuerte en el piso, como si alguien se hubiera caído.
“Se asomaron, pero estaba todo obscuro, pensaron que no había nadie”.
La pesadilla para la familia de Sendy apenas comenzaba, además de presuntamente cometer el feminicidio de Sendy, se dieron cuenta de que Javier y Roberto se habían llevado a María Fernanda, la hija menor, quien tenía siete años en ese entonces.
Griselda está segura de que Roberto influenció a Javier para que asesinara a Sendy y se llevara a María Fernanda. A Maricarmen, la hija mayor, no le hicieron daño, porque ella ya no vivía en Chichihualco, estudiaba en otra ciudad.
A cuatro años de este suceso, María Fernanda aun se encuentra no localizada y los presuntos responsables del feminicidio de Sendy están prófugos.
Griselda, Maricarmen y la familia de Sendy continúan con su exigencia de justicia.
“Han pasado casi cuatro años desde el feminicidio de mi hermana y la desaparición de mi sobrina, ha sido una doble pérdida para toda la familia. Siempre están al pendiente de las pistas que puedan surgir sobre el caso, pero no hay nada nuevo. Ahora lo que más importa es encontrar a María Fernanda”, relató Griselda.
Karla Mariel Rodríguez también fue víctima de feminicidio.
Fue desaparecida en Chilpancingo hace cinco años, el 30 de junio del 2018.
Su hermana María del Carmen Rodríguez la recuerda como una buena hija y buena madre.
Karla le comentó María del Carmen que se casaría, en ese entonces sólo tenía 16 años. Ella le decía que estaba “muy chica para casarse, que qué pasaría con sus estudios”. Pero le contestó que quien sería su esposo la dejaría estudiar. Se casó.
María del Carmen notó que Karla comenzó a apartarse de su familia, principalmente de ella, con quien era más cercana.
“Yo la invitaba a salir y siempre me decía que no podía, que no tenía tiempo, que para otra ocasión”, relató María del Carmen.
Karla Mariel tuvo dos hijos con Moisés Vargas Ramírez, estuvieron casados por siete años. Pero se separaron porque él era violento; ella le contó a un familiar que en una ocasión Moisés la amenazó con un cuchillo, por eso lo dejó.
Después de su separación, Karla Mariel comenzó a salir con otro joven llamado Eduardo Daniel.
Esa situación puso causó celos en su ex esposo, quien aun cuando estaban separados, acosaba a Karla, la esperaba a fuera de su trabajo.
Amapola, periodismo transgresor documentó el caso de Karla Mariel, y aquí hay más detalles del caso.
Moisés, quien ahora sólo era el padre de sus hijos, pasaría por ella a la tienda Coppel donde trabajaba, para que juntos fueran por los niños, de seis y dos años, a la casa de la madre de él, donde se quedaron.
Esa noche, Karla Mariel nunca llegó a la casa de María Josefina, madre de Karla. Al otro día, el ex esposo dijo que ya no pudo pasar por ella y que desconocía por qué no había regresado de trabajar. Sus hijos seguían en la casa de la mamá de él.
Los días siguientes, Moisés evadió todas las llamadas de la madre de Karla.
El 9 de julio, María Josefina acudió a la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar la desaparición de su hija.
Buscó a su hija por todos los medios que le fueron posibles, pero 11 meses después, María Josefina cayó en una depresión, lo que le causó algunas enfermedades y murió.
María del Carmen continuó con los trámites hasta que en 2021, tres años después de la desaparición de Karla Mariel, las autoridades comenzaron su búsqueda.
“Hasta la fecha se han realizado dos búsquedas, en las cuales lamentablemente se han encontrado restos de mi hermana. No hay día que no la recuerde”.
Los restos de Karla Mariel los hallaron por el viejo Libramiento a Tixtla.
De acuerdo con María del Carmen, en 2021 giraron una orden de aprehensión en contra de Moisés por el feminicidio de Karla Mariel.
María del Carmen no dio detalles sobre cómo las autoridades determinaron que Moisés tenía responsabilidad en el feminicidio de Karla Mariel.
El ex esposo de Karla Mariel está en prisión preventiva. Como aun no hay una sentencia, María de Carmen teme que quien es el presunto feminicida de su hermana quede libre.
“No nos han entregado los restos aún, lo poco que se pudo rescatar de mi hermana, encontramos sólo fragmentos que aún tienen las autoridades”.
María del Carmen continúa con la búsqueda de justicia para Karla Mariel y en la lucha para que el presunto feminicida no quede en libertad.
Una iniciativa para visibilizar y eliminar violencia
Los casos de Sendy y Karla Mariel son parte de los 16 casos que se abordan en el libro Sobrevivientes y Víctimas Indirectas de Feminicidio en Guerrero (Memorias).
El libro fue presentado ayer en la tarde por la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGVIM), en el lobby del Palacio de Cultura del Ayuntamiento de Chilpancingo.
Este libro es una iniciativa de la presidenta de la AGVIM, Marina Reyna Aguilar, junto a la iniciativa internacional Spotlight, una alianza global puesta en marcha por la Unión Europea y las Organización de las Naciones Unidas (ONU), orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. También ONU mujeres participó en la iniciativa.
En el libro se comparten los testimonios de 16 víctimas indirectas y directas de feminicidio en el estado.
Los testimonios son de víctimas a la cuales la AGVIM da acompañamiento y fueron las víctimas quienes decidieron contar sus historias.
Uno de los objetivos de este libro es entregarlo a las diferentes dependencias, como la FGE, para que conozcan el sentir de los familiares de mujeres que sufrieron feminicidio y tengan un trato mejor hacia ellas.
“Esto es una muestra de lo que viven las mujeres, es algo muy fuerte pero es la realidad. Creo que esto hacia falta, que se visibilizaran algunos casos”, mencionó Reyna Aguilar.
Es importante, agregó, que se conozcan estos casos y haya apoyos para las víctimas indirectas de feminicidios, que en la mayoría de los casos no saben cómo lidiar con el dolor emocional de la pérdida de su ser querido.
Para Reyna Aguilar, además del sufrimiento de perder a su familiar, los familiares se enfrentan a instituciones que ejercen violencia institucional.
“A través de este material se hace un llamado a las autoridades, se apela a que redireccionen sus políticas, sus formas de actuar con su equipo que tienen al frente atendiendo a las víctimas”.
La AGVIM ha documentado tan sólo en lo que va de este año 54 casos de muertes dolosas de mujeres. La organización documenta desde hace años el conteo de mujeres asesinadas en Guerrero a partir de las noticas en los medios de comunicación.
El Secretariado Ejecutivo sólo contabilizan cuatro feminicidios. Aguilar Reyna expuso que esto se debe a la falta de perspectiva de género y de un protocolo de feminicidio para investigar la muertes violentas de mujeres.
A pesar de haber pruebas y testigos en contra de los presuntos feminicidas de Maricruz García Margarito, la jueza de control Adelina Adame Morales se niega a liberar las órdenes de aprehensión, denunció la familia de la víctima.
Maricruz tenía 26 años, era na savi. La noche del 26 de marzo fue privada de su libertad en el tramo carretero de San Luis Acatlán-Cuanacaxtitlán, en la comunidad de Yoloxóchitl en la Costa Chica de Guerrero.
Cinco días después de su desaparición, el cadáver de Maricruz fue hallado en las inmediaciones de la comunidad Arroyo Cumiapa, en el municipio de San Luis Acatlán.
Un familiar de Maricruz, quien pidió se omitiera su nombre, mencionó que existen pruebas contundentes y testigos en contra de los presuntos feminicidas en poder del Ministerio Público (MP), “y ni así la jueza libera las órdenes”.
Estas pruebas son el automóvil en el que raptaron a Maricruz, el arma que usaron para asesinarla y un teléfono celular de uno de los implicados.
Los tres implicados son Tiburcio “N», Simón “N” y Manuel “N”, quienes ya habían declarado ante el Ministerio Público su participación en los hechos; también testigos declararon contra ellos.
“Ya en el Ministerio Público tuvieron que ser liberados porque la jueza no liberó las órdenes de aprehensión”, dijo el familiar.
La identidad de este familiar de Maricruz es resguardada porque, denunció, los tres implicados en el feminicidio son integrantes de un grupo delictivo de la zona y sospechan que la jueza pueda estar amenazada o, en su caso, recibió algo a cambio de no detener a presuntos culpables.
El pasado viernes se le notificó a la madre de Maricruz que los implicados fueron liberados del Ministerio Público por la falta de una orden de aprehensión, ahora se desconoce el paradero de los tres.
Por esta situación el lunes los familiares de Maricruz y vecinos de Cuanacaxtitlán, de donde era originaria, protestaron en el Juzgado de control ubicado en Ometepec, para exigir justicia por el feminicidio y la detención de los implicados.
“Para nosotros hay muchas evidencias y tenemos señalamientos directos en contra de las personas que asesinaron a mi hija, ahora me dicen aquí que no hay suficientes pruebas para hacer la orden de aprehensión y se están echando la bolita diciendo que faltó evidencia para emitir la orden”, declaró a medios locales durante la protesta la madre de Maricruz, Aurelia Margarito Ramos.
En dicha entrevista durante la manifestación, Aurelia Margarito mencionó que como familia temen por su seguridad, por lo que realizaron un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que los apoye.
Fotografía: Captura de vídeo, Facebook: Redacción Noticiosa
Chilpancingo
Familiares y amigos de Maricruz García Margarito, quien fue asesinada en la comunidad de Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán, protestaron la mañana de este lunes frente al Juzgado de Control de Ometepec en protesta porque la jueza Adelina Adame Morales negó la orden de aprehensión en contra de sus dos presuntos feminicidas.
Los manifestantes denunciaron que el pasado viernes 5 de mayo, la jueza determinó no liberar la orden de aprehensión en contra de Simón y Tiburcio, quienes habrían privado de su libertad a Maricruz el pasado 27 de marzo; cuatro días después fue hallado su cadáver.
Sin embargo, a casi dos meses del feminicidio de Maricruz, hay un detenido, pero se desconoce su identidad.
“Solamente hay un detenido, a la fecha no hay órdenes de aprehensión para los demás culpables. Están identificados, las autoridades sólo se pasan la bolita”, mencionó una familiar de Maricruz.
Noemy García Margarito, hermana de Maricruz, expuso en redes sociales que no entienden los familiares por qué la jueza negó las órdenes de aprehensión contra los otros dos implicados si ya se tenían las pruebas en su contra.
“Sólo nos habló la notificadora para avisarnos que la juez no aprobó la orden de aprehensión en contra de los culpables, siendo que en días pasados ya las había liberado”, contó Naomy en su Facebook personal.
Maricruz desapareció el 27 de marzo cuando salía de su trabajo, acompañada de su cuñada, en una camioneta rumbo a su pueblo, Cuanaxcatitlán.
En Yoloxóchitl, un Tsuru blanco, en el que viajaban tres hombres armados, se le atravesó a la camioneta en que iba Maricruz, la obligaron a bajar y después se la llevaron por la fuerza.
La familia y pobladores de Cuanaxcatitlán realizaron bloqueos durante la desaparición de Maricruz para exigir a las autoridades su aparición con vida.
Después de cuatro días, el cadáver de Maricruz fue hallado entre las comunidades de Yoloxóchitl y Cuanaxcatilán, mancipo de San Luis Acatlán, Costa Chica.
A más de 40 días del feminicidio de Maricruz, sus familiares exigen la intervención del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que la jueza les dé información certera del caso y el feminicidio no quede impune.
Durante la protesta, la gente pidió a las autoridades medidas cautelares a los familiares de Maricruz, porque los han amenazado.
Familiares y amigos de Maricruz García, víctima de feminicidio protestaron frente al Juzgado de Control en Ometepec.
A ocho días del feminicidio de la estudiante del Colegio de Bachilleres en Acapulco, Enya Vanessa Pérez Bahena, su madre Ana Bahena y su padre Julio César Pérez se reunieron esta tarde con el vicefiscal de Investigación, Gabriel Hernández, a quien le exigieron que haga justicia y detenga a los responsables.
“Exigimos que se no se le dé el carpetazo a la investigación”, dijo Julio César.
Durante una conferencia de prensa que Julio César y su esposa Ana Bahena dieron este miércoles, al salir de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), dijeron que el asesinato de su hija les cambió drásticamente su vida familiar y laboral.
En el caso de Vanessa, sus padres denunciaron que los trámites burocráticos para que se emitiera su búsqueda fueron muy tardados.
La ficha de Vanessa por parte de la FGE salió a las dos de la madrugada del martes 25 de abril pero, de acuerdo con su madre, desde las 11:30 de la noche de un día antes interpusieron la denuncia por su desaparición.
“En el protocolo de que tráeme 30 fotos y que necesito su acta de nacimiento sí se fueron unas tres o cinco horas en poderse activar la alerta”, dijo Ana Bahena, madre de Vanessa.
Por esos trámites, los padres de Vanessa estuvieron toda la madrugada en el Ministerio Público (MP).
Finalmente, cuando se emitió la ficha de búsqueda del Protocolo Violeta, salió con una fecha errónea, la ficha decía, “vista por última vez el 23 de abril”. Vanessa desapareció el 24 de abril.
“Lo que queremos es que los protocolos se simplifique. Mientras el tiempo avanza, la víctima es más víctima. No se trata de burocratismo, se trata de movilidad y operatividad. Que se acciones de manera inmediata”, mencionó Julio César Pérez.
Contaron que lo que les dijo el vicefiscal Gabriel Hernández es que las investigaciones para detener a los responsables del feminicidio de su hija siguen su curso y lo seguirán hasta dar con el o los responsables.
“Hago un llamado al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) y al Congreso de la Unión para que se legislen leyes que tienen que ver con la simplificación de los protocolos de las Fiscalías cuando emitan sus alertas de búsqueda de personas desaparecidas”, dijo Julio César, padre de Vanesa.
La FGE se comprometió con los padres de Vanessa a darle seguimiento al caso.
Vanessa es la menor de tres hijos, tiene 16 años, es apasionada del baile y uno de sus sueños es estudiar baile para convertirse en bailarina profesional. “Mi hija era una niña modesta, regular en la escuela y sobrada de amor”.
Vanessa despareció el 24 de abril, mientras regresaba de sus clases de baile en la colonia Morelos, en Acapulco.
Su cadáver lo hallaron la tarde del 25 de abril en un barranco de la calle Cantiles, en el Fraccionamiento Mozimba.
“Esperemos que no haya el olvido a Vanessa como a otras mujeres o niñas”, dijo Ana Bahena, madre de la menor asesinada.
“Si no eres para mí, no serás para nadie”, le habría dicho Israel Morales Velázquez a Bonifacia Mendoza Ortiz antes de asesinarla a puñaladas el pasado 18 de abril cerca de una laguna en la comunidad de Ayahualtempa, del municipio de José Joaquín Herrera, zona nahua de la Montaña Baja.
Israel pretendía que Bonifacia fuera su pareja, pero ella nunca lo aceptó. Quizá algo presintió.
Bonifacia tenía 27 años y una hija de ocho años, quien quedó huérfana. Era originaria de Ayahualtempa. Era novia de Misael Bolañoz Gelacio, tenían planes de casarse.
El 18 de abril sus familiares reportaron su desaparición a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), quienes dieron parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que colaborara con su búsqueda.
La versión reportada por el comandante comunitario CRAC, Antonio Toribio Gaspar, es que la tarde de ese 18, Bonifacia fue a un punto cercano a la laguna del pueblo par reunirse con Israel, éste le insistió que deseaba tener una relación sentimental con ella. “Pero como ella le dijo que no, la asesinó a puñaladas”, contó el líder comunitario.
Cuando la familia reportó a la CRAC desconocía el destino de Bonifacia. La CRAC realizó su propia búsqueda en la localidad nahua de la Montaña baja.
El 19 de abril, un día después de su desaparición, hallaron el cádaver de Bonifacia a un lado de la laguna de Ayahualtempa.
“Presentaba golpes, moretones en la cara y el cuello cortado con un arma blanca”, comentó Antonino Toribio Gaspar, coordinador de la CRAC en Ayahualtempa.
La CRAC halló el cadáver de Bonifacia y los reportó a la FGE, instancia que realizó las diligencias correspondientes.
En un primer había sospechas sobre Misael. Toribio Gaspar reportó incluso que Misael fue detenido por la FGE, pero después de varias pruebas periciales se dictaminó que él no era el responsable del feminicidio.
Misael dijo a las autoridades, de acuerdo con el líder comunitario, que Bonifacia le comentó que un hombre llamado Israel Moralez Velázquez la pretendía.
Israel huyó después de la detención de Misael y eso levantó mayores sospechas en su contra. “Él (Israel) la pretendía y le pedía que fuera su novia, pero ella no quería. Lamentablemente cuando Misael dijo eso, el feminicida ya había huido”, contó.
La CRAC busca al presunto feminicida con apoyo el apoyo de habitantes del pueblo.
Toribio Gaspar agregó que es la primera vez que en Ayahualtempa sucede un feminicidio, por eso “la gente está apoyando y está en contra del feminicida”.
La hipótesis de la CRAC es que Israel fue el responsable del feminicidio de Bonifacia y en caso de comprobarlo decidirán en asamblea si lo entregan a la FGE o juzgan en su sistema comunitario.
En Ayahualtempa se vive una situación de violencia, de ahí se han documentado desapariciones y asesinatos.
En enero del 2022, dirigentes de las autodefensas de esta comunidad denunciaron que policías municipales de Hueycantenango, cabecera del municipio de José Joaquín Herrera, privaron de su libertad a Delfina Ramírez Morales, de 26 años, de quien días después hallaron su cadáver en la localidad vecina de Temixco.
Ramírez Morales, vecina de Ayahualtempa, había acudido a Hueycantenango a realizar unas compras.
La CRAC señaló al grupo criminal de Los Ardillos, asentado en esta zona, del asesinato de Ramírez Morales.
Pobladores de Ayahualtempa buscan, Israel Morales Velázquez, presunto feminicida de Bonifacia Mendoza Ortíz en el poblado de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, en la Montaña baja de Guerrero. Foto: Cortesía, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
