En Guerrero son asesinadas dos mujeres por semana sin que alguna autoridad lo frene, planteó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
«A pesar de las dos Alertas de Género en el estado, en los dos primeros meses del 2023 fueron asesinadas 22 mujeres, sin que las autoridades realizaran investigaciones con perspectiva de género», informó través de un comunicado que nombraron La Violencia que clama al cielo.
La organización catalogó estas cifras como «la punta del iceberg» de las agresiones contra las mujeres y niñas que viven en el desamparo, «en medio de la violencia y la pobreza».
Tlachinollan retomó los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP) que registró 3,755 mujeres asesinadas en 2022, de los cuales 968 casos fueron turnados para ser investigados como feminicidios.
De esa cifra total, en Guerrero 128 mujeres fueron asesinadas en ese año, y de esos casos sólo 13 los investigaron como feminicidios.
Además mencionaron que Acapulco e Iguala tienen los índices más altos de asesinatos de mujeres. Le siguen Buenavista de Cuéllar y Atoyac, municipios que no fueron incorporados en las declaratorias de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres.
Guerrero tiene activas dos Alertas de Violencia de Género, la primera fue por violencia feminicida el 22 de junio de 2017 y la segunda por agravio comparado el 5 de junio de 2020, abarcando los municipios de Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa.
Hasta el momento las dos alertas continúan activas.
«Por su parte, las autoridades viven en el mundo de la farándula, de los actos suntuosos y banales, de las pasarelas frívolas para enaltecer su ego», menciona Tlachinollan.
Una mujer porta una pancarta sobre los feminicidios durante una protesta contra la violencia de género el pasado 24 de abril del 2022, en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez (Archivo).
Gloria Alejandra Mateos Jiménez, sobreviviente de feminicidio, teme por su vida ante la posible liberación y regreso de su agresor a México.
La madrugada del 8 de abril del 2018 Alejandra pudo ser asesinada por su pareja, porque la agredió de manera física con mucha violencia Sobrevivió y acusó a Víctor Manuel Enríquez Lezama, su novio durante 54 días, de intento de feminicidio.
Alejandra y Víctor Manuel salieron a comer con unos amigos a Mochitlán el 7 de abril del 2018. Después del pozole en Mochitlán, Alejandra, Víctor Manuel y sus amigos regresaron a Chilpancingo. Acordaron continuar la fiesta en el bar La Condesa, ubicado al sur de la ciudad.
Esa noche, Víctor Manuel y Alejandra tuvieron una discusión en el estacionamiento del bar. Él fue agresivo durante toda esa noche; jaloneaba a Alejandra, porque, según él, coqueteaba con uno de sus amigos.
Alrededor de la una de la mañana del 8 de abril llegaron al departamento de ella. Víctor Manuel se metió con el pretexto de que necesitaba ir al baño.
Adentro la agredió. La golpeó con dureza, trató de abusar sexualmente de ella e intentó estrangularla con una sábana.
Los golpes le causaron a Alejandra daños físicos graves, tanto que la mantuvieron 22 días inmóviles.
Derivado de esos hechos que compartió Alejandra, con el apoyo de su madre y su hermano, denunció a Víctor Manuel.
Después de varias audiencias, en febrero del 2020, Víctor Manuel fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión, además de una multa de 425 salarios mínimos por tentativa de feminicidio. Esta sentencia la dictó la jueza Tanya Alfaro Zapata.
El agresor inició un trámite de amparo federal ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del XXI Circuito de Acapulco, por lo que no ingresó al penal para cumplir su condena.
Debido a que la solicitud de amparo estaba en proceso de ser aceptada, Víctor Manuel aprovechó ese lapso para irse de manera ilegal a Estados Unidos, a Salt Lake City, la capital de Utah.
Alejandra relató que en 2022, Víctor Manuel golpeó a dos mujeres, a su nueva novia y a la amiga de su novia en Estados Unidos.
Tal como lo hizo con ella, intentó estrangular a su novia. Lo arrestaron e ingresó a la cárcel del condado de Bannock, en Pocatello. Fue presentado ante un tribunal para una audiencia el 28 de febrero del 2022.
“Sin embargo, ahora busca recuperar su libertad pidiendo su deportación a México. Como el Primer Tribunal Colegiado en Acapulco no le ha negado el amparo, aquí en México no le pueden librar una orden de aprehensión”, expuso Alejandra.
Esta mañana informó de su temor desde afuera del Primer Tribunal Colegiado en Acapulco, órgano judicial al que exige que cumpla con la sentencia que dictó la jueza Alfaro Zapata.
Alejandra comentó que cuando hizo pública la denuncia hacia su agresor, siete ex parejas de él se contactaron con ella y le contaron que Víctor Manuel también las agredió, pero por miedo no se atrevieron a denunciarlo.
Alejandra denunció la lentitud en el Tribunal Colegiado Penal y Administrativo, ya que mantiene sin sentencia el trámite el amparo que su agresor promovió para evitar pisar la cárcel
También recriminó que por la demora en la sentencia no ha tenido acceso a la justicia como víctima de intento de feminicidio.
Aun con todo lo que vivió y su posición de víctima, las instituciones siguen sin ofrecerle ninguna garantía y permiten que otra vez el riesgo para ella se active.
El Grupo Parlamentario del PRD presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso local el 18 de enero un exhorto para que la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, informe sobre las investigaciones de homicidios dolosos en contra de mujeres y de feminicidios ocurridos en el año 2022 y lo que va de 2023.
“Lo verdaderamente grave en este inicio de año, es el hecho de que, en los primeros 10 días del año, suman 40 personas asesinadas en diferentes municipios de Guerrero, de las cuales tres son mujeres”, mencionó la diputada del PRD Patricia Doroteo Calderón, quien presentó el exhorto.
Durante su participación en la sesión de ese miércoles, la diputada presentó las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para fundamentar su propuesta: 2022 terminó con 1,285 denuncias por lesiones contra mujeres, 2,886 casos de violencia familiar y 4,336 llamadas de emergencia por distintos tipos de violencia de género.
Hasta noviembre de 2022 ocurrieron 108 homicidios dolosos en contra de mujeres en Guerrero, de los cuales 12 fueron clasificados como feminicidios y ocurrieron en Acapulco y Chilpancingo.
En la imagen, la diputada del PRD Patricia Doroteo Calderón lee el exhorto en el que pide a la Fiscalía General del Estado un informe sobre la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Foto: Congreso del estado.
Aquí más datos. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 estimó que siete de cada 10 mujeres guerrerenses de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea psicológica, física, sexual, económica o patrimonial.
Doroteo Calderón también se pronunció sobre la desaparición de mujeres y dijo que al 17 de diciembre de 2022 el número de casos llegó a 117, de acuerdo con datos de la Asociación Familias de Acapulco en busca de sus Desaparecidos A C.
La propuesta de los perredistas es presentada en un contexto de violencia contra las mujeres documentada al menos desde 2017, que fue cuando en Guerrero declararon la primera de dos Alertas por Violencia de Género en ocho municipios.
En el exhorto también se solicita a la FGE que informe sobre las detenciones de autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, y las acciones de acompañamiento que realiza con los colectivos de búsqueda de desaparecidos.
“También hemos de señalar la necesidad de que en Guerrero se coordine y fortalezca el trabajo de la Comisión de Búsqueda de Personas, con el propósito de dar seguimiento y mejores resultados en la localización de personas, pero, sobre todo, atender los aspectos preventivos”, mencionó la diputada.
El exhorto además plantea solicitar al secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, las acciones de acompañamiento que realiza con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Este contendo es patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
Son las seis de la tarde del sábado 14 de enero, en el zócalo de Taxco, familiares y amigos de Luz María Mota protestan para que la Fiscalía General del Estado (FGE) recapture a su feminicida que liberó días atrás.
A esa hora y ese mismo día: en las instalaciones deportivas Hermenegildo Galeana de Chilpancingo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le canta una canción a su papá el senador, Félix Salgado Macedonio, que es agasajado por la mayoría de los integrantes del gabinete estatal, el presidente del Poder Judicial, Raymundo Casarrubias, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Yoloczin Domínguez, diputados y alcaldes con motivo de su cumpleaños.
En los tres festejos oficiales que tuvo Félix, por la mañana en Iguala, después de mediodía en Chilpancingo y en la noche en Acapulco, hubo comida, música y por supuesto regalos para el festejado de funcionarios, ediles y legisladores que le deben favores.
Obvio, podemos decir que todas esas pachangas, en las que no hubo alcohol, fue a costillas del erario no del bolsillo de Félix, ni de Evelyn ni de su otra hija Liz Salgado, presidenta «honoraria» del DIF estatal que en este 2023 va a manejar un presupuesto de más de 800 millones de pesos mucho más recursos que al menos cuatro secretarías juntas del gabinete estatal.
Así mientras el clan de los Salgado, cantaban, comían y bailaban, en la plaza Borda de Taxco, Cristian Mota Pérez, tío de Luz María Mota relataba ante decenas de activistas feministas la manera en la que el 2 de enero de este año su sobrina acudió a una cita con su ex pareja sentimental en la colonia El Espejo y la aventó a un barranco de una profundidad de 15 metros, donde murió.
Fernando, el presunto feminicida, alegó que Luz María se había suicidado y a pesar deque hay evidencias de que la asesinó, la FGE lo dejó en libertad, dijo en el mitin Cristian la noche de ese sábado en el zócalo de Taxco.
Mientras la gente protestaba en Taxco para exigir justicia al gobierno de Evelyn Salgado, en uno de los jardines del Centro Internacional de Acapulco (CIA) estaba el tercer y último festejo del día al senador e influencer, Félix Salgado.
Los Yonics, Grupo Caribe y Los Karkis, tres de los grupos musicales preferidos del clan de Los Salgado, amenizaron la pachanga en el CIA.
«Este es un encuentro cultural y poético», dijo el senador para supuestamente aclarar lo de sus tres fiestas de cumpleaños.
En Chilpancingo, Salgado Macedonio cantó y obligó que le hiciera segunda al magistrado Raymundo Casarrubias. Luego hizo que su nieto Félix Junior, sus hijas Liz y Celeste también cantaran.
Total, fue todo un show que montaron Los Salgado. Incluso, Félix se aventó del templete hacia un grupo de personas ya excitado y creyéndose una estrella de rock.
Los excesos de la clase política en turno y de la cuarta transformación que gobierna en Guerrero y que encabezan los Salgado, son iguales a las prácticas que tenían el PRI y el PRD cuando estaban en el poder.
De los años setentas hasta nuestros días en que han gobernado los Figueroa, Aguirre (dos veces), René Juárez, Zeferino Torreblanca, Rogelio Ortega, Héctor Astudillo y ahora los Salgado se han creído los reyecitos de Guerrero.
Una crónica publicada en el diario Reforma el 22 de abril de 1998 pone un ejemplo de esos excesos de poder de la clase política de Guerrero.
El 21 de abril de 1998, el entonces gobernador interino, el priísta Ángel Aguirre Rivero hizo una magna fiesta en los amplios jardines de la residencia oficial de Casa Guerrero con motivo de su cumpleaños número 42.
Desde la mañana de ese día un mariachi que fue llevado por un funcionario de la administración de Aguirre le cantó las mañanitas y después siguió la fiesta. Unas 3,000 personas, entre funcionarios estatales, alcaldes y líderes del PRI, PRD y del PAN, le llevaron regalos a Aguirre. Botellas de whisky, coñac, brandy y mezcal, recibió el entonces gobernador.
En la crónica se relata que ese día Aguirre recibió hasta un chivo al que amarraron en un arbolito del jardín del inmueble oficial.
Los cantantes de trayectoria nacional e internacional Chamín Correa, Pepe Jara y el trío Los Santos cobraron 100 mil pesos cada uno, por amenizar la fiesta en honor a Aguirre, el 21 de abril de 1998, publicó Reforma.
En esa ocasión un artista plástico le regaló a Aguirre un cuadro con su imagen.
En el festejo de Félix un pintor del municipio de Olinalá le entregó una pintura con su retrato.
Versiones de periodistas de la vieja guardia, relatan que en los tiempos de Rubén Figueroa había fiestas en Casa Guerrero cuando era su cumpleaños.
Con Figueroa Alcocer (hijo de Figueroa Figueroa) los 15 de septiembre en la noche con motivo del Grito de la Independencia se instalaba un garito en la Sala de la República de Casa Guerrero. Había apuestas, cena, alcohol y en dichas fiestas también asistían periodistas afines al gobierno.
Con José Francisco Ruiz Massieu, también se hacían festejos e incluso a grupos de periodistas. Igual con René Juárez y con Zeferino Torreblanca.
Si bien el festejo de cumpleaños del patriarca de los Salgado no fue en recintos oficiales si se utilizaron recursos públicos. Esto porque se sabe que fue la Secretaría de la Cultura la que por lo menos, contrató a los grupos musicales que amenizaron los tres festejos a Félix.
Es más que reprobable que mientras el sábado 14 de enero el clan de los Salgado estuvo de fiesta hasta muy noche, los familiares de María de la Luz regresaron a sus casas sin ser atendidos por las autoridades estatales. Otro caso criminal en la impunidad como hay cientos en Guerrero.
Chirrionazo: Resulta extraña la operación que realizó la mañana de este sábado 21 de enero la Policía del Estado de un desarme a los grupos armados en pugna en Apaxtla de Castrejón y Teloloapan.
Estas acciones que incluyeron detenciones de ocho presuntos policías comunitarios se registró luego de una denuncia de empresas mineras que, según sus directivos, son extorsionadas en Guerrero.
Es raro, porque estas empresas canadienses han echado mano de estos grupos armados para despoblar las zonas de explotación de minerales y mantener un control territorial. Nos dicen que fue solo para replegar a los supuestas autodefensas para quedar bien con el presidente López Obrador, porque realmente no hubo detenciones de ningún cabecilla de los grupos armados.
¿Realmente son víctimas estas empresas mineras que extraen de estas tierras el oro con el que ganan millones de dólares, de verdad invierten y dejan ganancias a la población y al Estado, qué intereses se defienden, es más qué intereses defiende López Obrador?
Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. eltlacololcolumna@gmail.com Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos.
*Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones
El año pasado, 3 mil 820 mujeres fueron asesinadas en el país. De este total, 493 (12.9%) eran niñas o adolescentes, de acuerdo con el Atlas de Homicidios de México Unido Contra la Delincuencia.
En 2021, una de cada 10 mujeres víctimas de homicidio a nivel nacional era niña o adolescente. En términos generales, la entidad más peligrosa para menores de edad fue Guanajuato.
Así lo revelan datos analizados por la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) en la cuarta edición de su informe Atlas de Homicidios México 2021, en el que se especifica que durante el año pasado fueron asesinadas 3 mil 820 mujeres, de las cuales un 12.9% eran niñas o adolescentes. Esto significa 493 menores de edad asesinadas.
Para Daniela Osorio, integrante de la dirección de investigación y políticas públicas de MUCD y creadora del atlas, dar a conocer este tipo de datos resulta importante, “porque justo si lo que queremos es realizar una prevención eficaz y eficiente, tenemos que atender a cada una de las poblaciones específicamente”.
De acuerdo con el informe, tan solo en 2021 las menores de edad en Guanajuato representaron el 14% del total de víctimas mujeres, mientras que para hombres este grupo de víctimas solo representó el 5% del total.
Los casos de Nicole, Isabel y Fanny
Uno de los primeros casos de muertes violentas de niñas reportados en 2021 fue el de Nicole Santos Palafox, de siete años, quien desapareció el 2 de marzo y su cuerpo fue encontrado semana y media después en un terreno en Tepojaco, Tizayuca, Hidalgo.
Por este caso, el 8 de marzo fue detenido un hombre identificado como M.A.H.P., quien fue vinculado a proceso y puesto en reclusión por el delito de desaparición cometida por particulares de manera agravada y cometida contra una persona menor de edad.
Al encontrar el cuerpo de Nicole “se aplicó el protocolo de feminicidio practicado en todas las muertes violentas de mujeres y mediante las pruebas de identificación genética se confirmó que la identidad de dicho cuerpo corresponde a la menor”, explicó Arturo Flores Medina, subprocurador de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El Atlas de Homicidios refiere que durante 2021 un total de 42 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso en la entidad, de las que 4.8% estaba en un rango de edad de entre 15 y 19 años, 2.4% estaba entre cinco y nueve años y otro 2.4% tenía entre cero y cuatro años.
Otro caso es el de la niña Isabel, de cuatro años, quien luego de desaparecer el 11 de julio fue encontrada sin vida la noche del 16 de julio en la zona boscosa de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
A través de un comunicado, la fiscalía capitalina informó que fueron detenidos la madre, el padrastro y la abuela de Isabel, contra quienes se inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.
Los datos del atlas nuevamente indican que el año pasado 126 mujeres fueron víctimas de homicidio en la CDMX; de ellas, 4% tenía un rango de edad de entre 15 y 19 años, 1.6% entre 10 y 14 años, 0.8% entre cinco y nueve años y un 2.4% entre cero y cuatro años.
En cuanto a adolescentes, se tiene registro del caso deFanny Guadalupe, una joven mixe de 16 años quien fue asesinada el 26 de septiembre en el ejido de El Porvenir, municipio de San Juan Cotzocón, Oaxaca.
La fiscalía de la entidad informó mediante un comunicado que se abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio y señaló que realizaría entrevistas a familiares y ciudadanía “hasta agotar las líneas de investigación”.
El activista mixe Joaquín Galván informó que Fanny ya había denunciado agresiones y amenazas por parte de un agente municipal de su localidad, quien la amenazó, insultó y acusó a ella y a su pareja de vender droga.
En 2021, en Oaxaca se reportó que 79 mujeres fueron víctimas de homicidio, de las que 5.1% eran de entre 15 y 19 años, 3.8% entre 10 y 14 años, 1.3% entre cinco y nueve años y otro 1.3% entre cero y cuatro años.
Guanajuato y Edomex, las entidades más peligrosas
Un último hallazgo del grupo de expertos que realizaron el atlas tiene que ver con Guanajuato y el Estado de México, catalogados como las dos entidades más peligrosas para menores de edad.
“Encontramos que en la entidad un total de 218 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida por homicidio en 2021, colocando a Guanajuato como el estado más peligroso para menores de 18 años, con un 16% del total de víctimas de ese rango de edad registradas a nivel nacional”, refiere el informe.
Los investigadores también descubrieron que el Estado de México es la segunda entidad con más víctimas menores de edad, con 12% del total nacional.
Durante la presentación del informe, Edgar Baltazar, integrante de la dirección de investigación y políticas públicas de MUCD, también señaló que de manera general “encontramos que la proporción de víctimas mujeres que tienen menos de cinco años es cinco veces mayor que la de los niños menores de cinco años (…) hay una proporción mucho mayor de niñas que son asesinadas respecto a niños”.
El informe refiere que, mientras el rango de edad de cero a cuatro años de edad de las víctimas de homicidio a nivel nacional en 2021 fue de 0.3% en el caso de los niños, para las niñas esta cifra alcanzó el 1.3%.
En números absolutos, fueron asesinados más niños que niñas, con una tendencia a la baja.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
En Guerrero, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este año se registraron ocho casos de muertes dolosas con presunción de feminicidio, mientras que asociaciones feministas indican que van 93.
Es decir, los datos oficiales sobre presuntos feminicidios en la entidad son rebasados por mucho por los de asociaciones feministas.
De acuerdo con datos del Monitor de Violencia de Género y de Feminicidio-Guerrero, que genera la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres A.C. (Acgcvim), de enero a octubre de este año, ocurrieron en el estado 93 muertes dolosas con presunción de feminicidio.
En tanto, los datos del SESNSP mencionan que de enero a septiembre van ocho casos.
De estos datos se indica que el mes de octubre registró el mayor número de presuntos feminicidios, con 14 casos registrados.
El municipio de Acapulco es el primer lugar en muertes dolosas con presunción de feminicidio de acuerdo con este registro, con 28 homicidios.
Le siguen Chilpancingo con 15 casos e Iguala con 10.
Con los datos presentados en el registro, se muestra que el año 2018 fue el año con mayor número de muertes dolosas con presunción de feminicidio en la entidad. Se registraron 235 feminicidios.
Los datos del SESNSP colocan al estado de Guerrero en el lugar 25 a nivel nacional de 32 estados. Si se tomaran en cuenta los 93 feminicidios que registra el Monitor de Violencia de Género y de Feminicidio Guerrero, la entidad estaría en el segundo lugar detrás del Estado de México que registró 101 casos.
El informe sobre violencia contra las mujeres del SESNSP, expone que en Guerrero por cada 100,000 mujeres ocurren 0.42 presuntos feminicidios.
Los datos que presenta el SESNSP se realizan con información de las fiscalías locales.
Aunque el Secretariado Ejecutivo reconoce los 93 homicidios contra mujeres, solo ocho son catalogados como presuntos feminicidios. Los 86 restantes los contabiliza como homicidios dolosos contra mujeres.
El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, este día las instituciones gubernamentales realizan actos políticos para reafirmar su compromiso con las mujeres.
Las políticas para erradicar la violencia en esta entidad que por primera vez en la historia es gobernada por una mujer no dan resultados.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda prometió que “Guerrero será un santuario para las mujeres”.
La violencia contra las mujeres en Guerrero se da en diferentes tipos, no solo es violencia física. También ocurre en mujeres que tienen puestos de poder y esto se conoce como violencia política de género.
Tal es el caso de Selene Sotelo Maldonado, presidenta municipal de Xalapatláhuac, quien denunció en el conversatorio Mujeres gobernando municipios, organizado por el Congreso local, que es víctima de este tipo de violencia.
“Quiero decirles que hoy yo sufro violencia en razón de género, que llevo más de un año fuera del palacio municipal de donde fui expulsada a balazos, a golpes”, comentó Sotelo Maldonado.
Explicó que su contrincante en las elecciones de 2021, Edmundo Gallardo Delgado, mandó a cerrar el Ayuntamiento con policías comunitarios que impiden su entrada desde hace un año.
Gallardo Delgado es el candidato perdedor de esa elección.
“Espero que la gobernadora que es mujer igual que yo, vea ese municipio y nos apoye. Le pido también a mis compañeras legisladoras para que pongan los ojos en Xalpatláhuac ante esta violencia contra las mujeres”.
Trabajadoras y trabajadores del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense (HMNG) marcharon para exigir justicia por el asesinato de Julia Magdalena Olea Cortés, asesinada la madrugada del 6 de octubre, al sur de la ciudad.
Julia Magdalena era trabajadora del HMNG. Su cadáver fue hallado con golpes en la cabeza. La versión oficial atribuye que esos golpes fueron con piedras, en una brecha de camino en la colonia Tetipan, en Chilpancingo, ubicada rumbo a la localidad de Petaquillas.
Hoy sus compañeras de trabajo marcharon para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la Fiscalía General del Estado (FGE) agilice las investigaciones y garantías de seguridad para todas las mujeres.
“Queremos que esto llegue a oídos de la gobernadora, que sepa que estamos hasta la madre y estamos aterradas por lo que sucedió con nuestra compañera, exigimos justicia para Julia”, mencionó Pilar León, compañera de trabajo de Julia en el HMNG.
La marcha comenzó en las instalaciones del HMNG, al sur de la ciudad, avanzó al norte con dirección al Monumento a las Banderas, donde las manifestantes prendieron velas y protestaron para exigir justicia.
Cuando la marcha iba por la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del lugar donde se reúne el senador y padre de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, el senador salió y rápidamente subió a un automóvil blanco que arrancó y avanzó sin voltear a ver a las manifestantes.
En tanto, las manifestantes gritaban consignas dedicadas a la gobernadora.
“Evelyn, escucha, esta es tu lucha”, gritaban
Sheila Gutiérrez Nuñez, compañera de Julia Magdalena, mencionó que de parte de la FGE no hay un avance real de las investigaciones, a pesar de que ya se reunieron con la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, no ven un avance.
“Solo están cambiando las líneas de investigación, la Fiscalía nos pidió 15 días para ver resultados pero ya pasaron y no hay nada, por eso decidimos manifestamos”, mencionó Gutiérrez Nuñez.
Otra de las quejas que mencionaron las compañeras de Julia Magdalena es que la FGE no quería investigar el caso como feminicidio, fue por presión de la familia y compañeras que el caso, catalogado como homicidio, fue reclasificado a feminicidio.
Las manifestantes mencionaron que de no haber avances en el caso continuarán con sus protestas.
“La exigencia es a la gobenadora, a la fiscal, que ponga cámaras de vigilancia en las colonias alejadas, porque del asesinato de Julia no hay nada”, mencionó Pilar León.
Julia Magdalena tiene dos hijos, un joven de 20 años y una niña de cinco, sus compañeras la recuerdan como una mujer alegre.
De acuerdo con la información de sus compañeras, Julia Magdalena salió de su casa a comprar alrededor de las 10 de la noche.
Los datos que la FGE proporcionó a la familia es que el asesinato ocurrió entre las 11 y 12 de la noche y el cadáver fue hallado a las seis de la mañana.
Alrededor de 40 minutos fue el tiempo que se tardaron familiares del alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Almeda, de su padre Juan Mendoza Acosta y de su cuñado, Ulises Guillermo García, en sepultarlos esta mañana.
El alcalde, su padre y el cuñado son tres de las 23 víctimas del ataque ocurrido alrededor de la una de la tarde del miércoles 5 de octubre. Ese día, hombres armados llegaron a la cabecera y balearon con armas de grueso calibre el edificio del Ayuntamiento, la casa del padre del alcalde Juan Mendoza Acosta y la casa de Javier Domínguez, a unos 300 metros de la alcaldía, donde estaban reunidos el presidente municipal y algunos de sus funcionarios.
El alcalde, su padre y varios de los funcionarios del ayuntamiento formaban parte del Movimiento por la Paz de San Miguel, creado en 2015 para expulsar de ahí al grupo denominado como Los Tequileros, supuestamente encabezado por Raybel Jacobo Dealmonte, aunque el Movimiento siempre dijo que el líder verdadero era Saúl Beltrán Orozco, de una familia conocida en esa región, ex alcalde y ex diputado local del PRI.
La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que 20 personas murieron en el ataque del miércoles. Amapola. Periodismo transgresor y otros medios que estuvieron en San Miguel Totolapan durante el jueves documentaron a 23 víctimas. Ese día, con retroexcavadora se hicieron 17 fosas para enterrar a las víctimas, el día anterior ya habían enterrado a tres personas, también se preparaban las fosas del alcalde y de su papá en otra parte del panteón y una víctima más la llevaron a enterrar a la comunidad Valle Luz.
De acuerdo con vecinos de San Miguel Totolapan, el cortejo fúnebre del alcalde, su padre y cuñado con salió de la casa del alcalde, alrededor de las siete de la mañana, con vigilancia de elementos del Ejército, de la Marina y de la Policía Estatal.
Antes, pasaron a la iglesia a una misa para las víctimas que duró alrededor de 15 minutos, acto seguido se dirigieron al panteón. Conrado Mendoza, Juan Mendoza y Ulises Guillermo fueron sepultados en una parte del panteón diferente al lugar donde una retroexcavadora cavó 17 tumbas y ayer enterraron de una a una a otras de las víctimas del ataque del miércoles.
De acuerdo con versión de un vecino de San Miguel acompañaron a los dolientes entre 90 y 100 personas.
Antes de llevar los féretros al panteón, los familiares y las víctimas estuvieron entre 15 y 20 minutos en la iglesia del pueblo para una misa que también fue breve.
El cortejo fúnebre, con muy pocos acompañantes, alrededor de 100 personas, estuvo vigilado todo el tiempo por elementos del Ejército, de la Marina y de policías estatales.
Investigaciones de la FGE
Desde ayer jueves en la tarde, la fiscal General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y 90 funcionarios, entre peritos forenses, agentes de la policía ministerial y Agentes del Ministerio Público están en San Miguel Totolapan para realizar las investigaciones.
En una entrevista que dio hoy viernes al periodista Raymundo Rivapalacio durante su noticiero matutino Foro-TV, Valdovinos Salmerón insistió en que lo que ocurrió este miércoles fue derivado de una disputa que existe entre los grupos delictivos de Los Tequileros y La Familia Michoacana.
La vacunación contra el Covid-19 para niños de cinco a 11 años de edad fue suspendida de ayer jueves.
Este miércoles cuando el grupo armado atacaba a tiros el edificio del ayuntamiento, a unas cuadras personal de la Secretaría de Salud realizaba la vacunación.
Una mujer que es originaria de San Miguel Totolapan y que desde hace años ya no vive en su localidad, cuenta que en el 2016 cuando hubo una batalla entre los dos grupos de (Los Tequileros con la Familia Michoacana) muchas familias de la propia cabecera y las comunidades se salieron en calidad de desplazados.
“La mayoría de los desplazados se fueron a vivir a distintas ciudades de Guerrero e incluso a otros estados del país porque en San Miguel Totolapan, uno no sabía cuando se registraría una balacera como la ocurrida este miércoles”, dijo.
Indica que después del repliegue o desmantelamiento de Los Tequileros, la gente empezó a regresar a sus pueblos porque vieron que había tranquilidad.
Mencionó que una prueba de que la gente ya estaba de vuelta es su participación en las fiestas de este semana con motivo de su santo patrono de San Miguel Arcángel.
“La fiesta patronal empezó al 28 de septiembre y terminaría el sábado 8 de octubre con un baile, pero todo se suspendió por lo que pasó este miércoles”, contó.
La mujer dice afectada “si es verdad que ya regresaron los Tequileros, en San Miguel Totolapan se va a poner otra vez feo y la gente se va a salir de las comunidades”.
En menos de 24 horas cuatro mujeres fueron asesinadas en distintos hechos en la entidad
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero/ Archivo
Chilpancingo
Dos mujeres fueron asesinadas a balazos la noche de ayer en el puerto de Acapulco.
El ataque alcanzó a un bebé de siete meses, quien sobrevivió y fue trasladado para su atención médica.
Alrededor de las nueve de la noche de ayer domingo se reporto un ataque armado en la esquina de las calles Cacahuates y Limones, de la colonia La Mica, en el puerto de Acapulco.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en el ataque fallecieron dos mujeres de las que hasta el momento se desconoce su identidad.
También informaron que un bebé de aproximadamente siete meses, que llevaba una de las mujeres, quedó en medio del ataque, fue herido y posteriormente trasladado al hospital de El Quemado para su atención médica.
En un breve comunicado la FGE informó que inició las respectivas carpetas de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
“La Fiscalía General del Estado inició carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de dos personas de sexo femenino”, se lee en el comunicado de la FGE.
En otro hecho de violencia, la noche de ayer, en Chilpancingo fue asesinada una mujer en la colonia CNOP al oriente de Chilpancingo.
Alrededor de las 8:30 de la noche se reportó el incendio de una vivienda en la Sección B de la colonia CNOP.
Dentro de la vivienda incendiada fue hallada un mujer en el piso y sangrando, por lo que las personas que estaban cerca entraron al domicilio y trataron de rescatarla.
Paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al lugar confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales y que fue degollada en el interior de su cuarto, de acuerdo a la versión difundida, luego de asesinarla, intentaron incinerarla.
La FGE idéntico a la mujer como Jessica “N”, de 31 años.
En Marquelia, en la región de la Costa Chica, sucedió otro ataque contra una mujer.
El reporte de Protección Civil y Policía Municipal de Marquelia indica que a la una de la madrugada atendieron un reporte por sonidos de arma de fuego en un domicilio en la colonia La Finca.
Al lugar llegaron elementos de Protección Civil y Policía Municipal y hallaron a una jóven de 18 años herida por arma de fuego.
Cuando los paramédicos revisaron a la jóven esta ya no tenía signos vitales.
La información de las autoridades fue que la joven fue hallada en su vivienda con disparos en el cuerpo y que en el lugar había a un bebé de meses de nacido, hijo de la víctima.
Al lugar arribaron policías estatales y ministeriales quienes confirmaron el hecho y delimitaron la zona, mientras que el personal de la FGE realizó las diligencias de ley.
El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).
Al respecto, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres (RGDM), emitió un comunicado en el que condenó los asesinatos.
“Es inaceptable la situación que vivimos las niñas, jóvenes y mujeres, no estamos seguras en el espacio público ni en nuestros hogares, estamos hartas de vivir con miedo, de no saber si seremos la próxima víctima. ¿También van a decir que es nuestra culpa por salir a la calle con un bebé en brazos a hacer nuestras actividades cotidianas? ¿Acaso es normal estar en casa sin saber que seremos degolladas?”, mencionó la RGDM.
En su comunicado, la RGDM culpó a los feminicidas y al Estado por ser omiso al impartir justicia.
“La culpa es de los feminicidas y de un Estado impune y de una sociedad patriarcal en donde las mujeres somos castigadas por el simple hecho de serlo”.
Por los cuatro casos la FGE ya emitió los respectivos comunicados dónde informó que comenzaron las investigaciones correspondientes.
El asesinato de niñas y adolescentes ha aumentado 14% en el primer semestre de 2022. Entre enero y junio, asesinaron a 147 mujeres menores de edad, mientras que en el mismo periodo de 2021 la cifra fue de 129, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El pasado 27 de junio, medios locales reportaron que una mujer y una niña de cinco años fueron asesinadas afuera de una estación de autobuses en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Una semana antes, otra familia sufrió un atentado, pero en la región de la costa oaxaqueña, donde una niña de siete años también fue asesinada. La noche del 17 de mayo pasado, una menor de dos años fue víctima de feminicidio, junto con su abuela de 62 años.
Oaxaca es el estado con más números rojos, pues pasó de registrar tres asesinatos de niñas en el primer semestre de 2021 a 17 víctimas para ese periodo de 2022. Al menos 10 de estos crímenes se realizaron con armas de fuego, cuatro con arma punzocortante y el resto con otro elemento.
El Estado de México también tuvo un incremento considerable, al pasar de 14 niñas asesinadas a 23. De igual forma, la mayoría de estos crímenes fue con armas de fuego.
Otras entidades que registraron aumentos fueron: Michoacán con seis víctimas más; Nuevo León, con cinco; Veracruz, con cinco, y Sonora, con tres.
Estados como Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas tuvieron una ligera disminución, pero también presentaron más víctimas que el promedio.
Este medio preguntó a Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), por qué se ha dado esta tendencia al alza y por las acciones que se están realizando para prevenir los feminicidios de niñas.
“Es un tema que hemos visto en los estudios de feminicidio que se han hecho en los últimos 20 años por ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres, siempre se identificó el feminicidio de niñas como un tema importante y un poco sorprendente porque tenemos esa idea de que cuidamos a las niñas y a los niños como sociedad, y nos damos cuenta de que no, estamos viendo maltrato, abuso, diferentes tipos de violencia, incluido el feminicidio de niñas”, dijo.
“Es un tema que nos preocupa, hemos estado trabajando de la mano del sistema nacional DIF, de la procuraduría, del SIPINNA (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes) y que están puestas las alarmas, se está analizando y se está actuando… también se está actuando para prevenir. La procuraduría de la infancia está también actuando de una manera diligente para atender los casos en momentos donde hay denuncias, alarmas, antes, pero es un tema que nos ocupa y nos preocupa”, sostuvo.
Durante el informe mensual sobre la estrategia contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que se realizan acciones de prevención, atención y sanción hacia estos actos.
“(En) la mayoría de estos casos, es evidente la cercanía de la víctima y el agresor; por ello, insistir en la importancia de identificar a tiempo las señales de alerta de violencia en el entorno familiar o laboral inmediato. No basta sancionar a los agresores, es necesario cortar el ciclo de violencia desde temprana edad y, como ya señalamos, trabajar con las personas jóvenes y adolescentes en materia de cultura de paz y prevención de las violencias”, señaló.
Detenidos, vinculación y sentencias
La secretaria de Seguridad destacó las detenciones de Jorge, de 51 años, y Jorge Alberto, de 23, en el municipio de Arteaga, Michoacán, acusados por el feminicidio de Kimberly Melissa, de 14 años.
La madrugada del 26 de junio, Jorge Alberto asesinó a su víctima con más de 30 heridas de arma punzocortante, en un hotel de Morelos. Tras los hechos, el padre del agresor regresó por su hijo y dejó en la habitación el cuerpo de Kimberly. Ambos huyeron a Michoacán, donde trataron de esconderse.
Ambos fueron vinculados a proceso y se encuentran recluidos en la cárcel distrital de Cuautla, Morelos.
Entre enero y junio de este año, al menos siete menores de edad fueron asesinadas en Morelos. Del total, solo tres casos fueron clasificados como feminicidios.
La secretaria Rodríguez también informó de la vinculación a proceso de Melquisedec, presunto feminicida de Ximena Monserrat, de 17 años, en el municipio de Galeana, Nuevo León. Está acusado también de abusar sexualmente de ella y abandonar su cuerpo en un terreno baldío.
Al ser menor de edad, el presunto agresor fue recluido en el Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes de Nuevo León.
En Nuevo León, la ola de violencia contra mujeres menores de edad también creció, al pasar de dos víctimas en el primer semestre de 2021 a siete en el mismo periodo de 2022.
Dentro de otro caso, Antonio y Mauricio fueron vinculados a procesos por el delito de feminicidio en agravio de una niña en el municipio de Chichiquila, Puebla, el pasado 2 de julio.
En Veracruz, Jaime fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y pederastia agravada, luego de que el 31 de enero asesinó a su pareja sentimental, una adolescente que tenía cuatro meses de embarazo.
En cuanto a sentencias, la secretaria de Seguridad agregó que el 20 de junio la Fiscalía General de Chihuahua obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años contra un hombre identificado como Horacio, por el delito de violación agravada.
El acusado aceptó que, en abril de 2019, violó a una niña de 16 años. Con esta nueva sentencia, acumula 35 años de prisión, una situación derivada de otras condenas por delitos de índole sexual en perjuicio de otras víctimas de 12 y 13 años.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
De enero a junio, se han abierto 493 carpetas de investigación por feminicidio, entre 75 y 89 por mes, cifras a la baja en comparación con los máximos alcanzados en junio y agosto del 2021.
Mientras el número de mujeres víctimas de homicidio doloso alcanzó en junio de 2022 su máximo histórico desde enero de 2015, de acuerdo con la última actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, asegura que la dependencia está poniendo énfasis en los 50 municipios que concentran el 46% de feminicidios.
De acuerdo con la funcionaria, en conjunto con las instancias estatales para las mujeres, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres (Conavim), el instituto busca fortalecer los sistemas preventivos de detección y atención a las violencias, como las órdenes de protección, la investigación con perspectiva de género, los centros de justicia y los refugios, de manera que se atiendan los casos y las causas antes de llegar al feminicidio.
“Estamos trabajando de una manera articulada en varias cosas importantes; este es un tema que se discute en las mesas de seguridad y construcción de paz, que no se discutía antes, y donde participan las instancias de las mujeres; también con una estrategia de cero impunidad, pues estamos viendo cada vez más feminicidas, violadores, que se investiga el delito y llega a la parte de justicia”, aseguró Gasman.
De acuerdo con las cifras del SESNSP, de enero a junio de 2022 se han abierto en el país 493 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, entre 75 y 89 por mes, cifras a la baja en comparación con los máximos históricos de 111 y 112 alcanzados en junio y agosto del 2021.
Sin embargo, la tendencia nacional de mujeres víctimas de homicidio doloso va a la alza: alcanzó a 281 durante junio de este año, la cifra más alta que se ha registrado en un mes desde enero de 2015. Durante 2021, en agosto se registró un máximo de 271 delitos de este tipo hacia las mujeres. En lo que va de este año, suman en total mil 398. La clasificación de los asesinatos contra mujeres como feminicidios queda a criterio de las fiscalías estatales.
Según cifras oficiales, 100 municipios del país concentran el 62.4% de los feminicidios y 179 el 37.6%, un total de 279 municipios con registro de este delito, lo que representa apenas el 11.2% del total de municipios del país: 2 mil 471. Es decir, 2 mil 192 municipios no tienen registro alguno de este delito.
Entre los que concentran la mayor cantidad, en términos absolutos, se encuentran Guadalupe, Nuevo León; Juárez, Chihuahua; Ecatepec y Valle de Chalco, en el Estado de México, y Juárez, Nuevo León. Sin embargo, las tasas más altas –número de delitos por cada 100 mil mujeres– se ubican en Batopilas, Chihuahua; Ciénega de Flores y Salinas Victoria, Nuevo León; Guachochi, Chihuahua; y Mezquitic, Jalisco.
Violencia estructural
Nadine Gasman señala que el Inmujeres trabaja en un programa de mujeres constructoras de paz junto con el SESNSP, que crea un diálogo entre las mujeres de la comunidad y las presidencias municipales para identificar cuáles son las áreas donde hay problemas de violencia estructural y dónde se pueden realizar acciones para fortalecer el tejido social.
“Muy importante es la recuperación de espacios públicos, entonces tenemos alrededor de 500 redes de mujeres constructoras de paz en todo el país, y cada una hace su propio diagnóstico, hace su acuerdo con la presidencia municipal y trabajan… Tenemos muchos programas que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo en los próximos años, y esperamos que queden, que tienen que ver con este empoderamiento de las mujeres.
“Uno muy importante tiene que ver con la participación de las mujeres rurales, especialmente las mujeres rurales e indígenas, en la tenencia de la tierra y la participación, por lo tanto, en los consejos ejidales comunitarios; tenemos trabajo también muy localizado en la montaña de Guerrero para desarrollar las condiciones para prevenir los matrimonios precoces forzados”, aseguró la titular del Inmujeres.
Sin embargo, aclaró, lo más importante es la coordinación interinstitucional porque “justamente donde las cosas nos fallan es cuando la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda, o no se comunican, y parte de llevar este tema a las mesas de construcción de paz es justamente cerrar filas, darle seguimiento a los casos”.
Para ello, dice, son fundamentales también las mesas de acceso a la justicia donde participan las organizaciones de la sociedad civil para que el sistema funcione. La cero impunidad, asegura, es igualmente una medida de prevención, porque cuando se acaba con ella, se da un mensaje inequívoco a la sociedad de que el delito es inaceptable, lo cual debe hacer pensar a los agresores en las consecuencias: “que sí van a acabar 40,50, 60, 70 años en la cárcel, y eso tiene un impacto en el tema de violencia”.
Otras medidas de prevención
Gasman asegura que la preocupación central del Inmujeres es trabajar en el modelo de prevención primaria, es decir, en las acciones necesarias para que no sucedan los delitos. Para ello, considera fundamental dialogar sobre masculinidades, relaciones de poder y ocuparse de todos los tipos de violencia.
“Nos parece que hemos avanzado en que esto ya no es un tema que no se habla, que no esté en ningún lado; es parte de la conversación cotidiana de todos y de todas, y se ha vuelto muchísimo más visible, y muchísimo más intolerado, primero por las mujeres, pero yo diría que también por la sociedad”, asegura la titular del organismo.
Según Gasman, la violencia sexual y los feminicidios son temas preocupantes en los que “tenemos camino todavía por andar”, pero se hace un esfuerzo importante tanto para prevenir como para atender e investigar con perspectiva de género. Sin embargo, lo que más le preocupa es cambiar a la sociedad, y sus condiciones estructurales, para prevenir la violencia contra las mujeres.
Una de ellas, dice, es la desigualdad entre hombres y mujeres, para lo que se impulsa, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, la transformación curricular de tal manera que los temas de igualdad, perspectiva de género, interculturalidad y reconocimiento de la diversidad estén contemplados en los contenidos y libros de texto.
Con esa dependencia también están en marcha, desde 2021, unos lineamientos para la prevención, atención al acoso y al hostigamiento sexual en la educación superior y en otros niveles. En tanto, con la Secretaría del Trabajo se desarrolla un protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral que, de acuerdo con Gasman, ya se está difundiendo e implementando.
Por otro lado, la titular de Inmujeres subraya la puesta en marcha de la estrategia de prevención del embarazo adolescente y la erradicación del embarazo infantil: “Este ha sido el tercer o cuarto año en el que hemos dado recursos, que nunca se habían dado, para hablar sobre educación en sexualidad, liderazgo de niñas, etcétera, a nivel de los estados”.
La violencia digital y el empoderamiento de las mujeres, en lo relativo a la participación política y económica, son otras dos líneas centrales del modelo de prevención primaria, al igual que el trabajo de los semilleros de cultura en los municipios más violentos, que son espacios de prevención de violencia y cuidado, a través del arte, para niñas y adolescentes.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
Casos como los de Digna Ochoa, Lesvy Berlín, Debanhi Escobar o Luz Raquel Padilla comparten haber tenido fallas de autoridades, revictimización y obstáculos al acceso a la justicia.
Texto: Erendira Aquino / Animal Político
Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)
28 de julio de 2022
Chilpancingo
En las últimas dos décadas, miles de mujeres han sido asesinadas de forma violenta en México. Por el perfil de las víctimas o las circunstancias en que ocurrió el crimen, algunos casos han generado impacto en la opinión pública y la exigencia de ser resueltos. Pero en las investigaciones, ha destacado un común denominador: la decisión de las fiscalías de culpar a las propias muertas de lo que les pasó, sin pruebas y de manera errónea.
Ocurrió hace 20 años con el asesinato de Digna Ochoa, pero pasa aún en la actualidad: esta semana, la Fiscalía de Jalisco señaló que una de las líneas de investigación en la muerte de Luz Raquel Padilla es que ella pudo ser quien se autogredió, aunque existen denuncias previas de amenazas y una solicitud de medidas de protección; semanas antes, en Nuevo León, las autoridades dieron por hecho que Debanhi Escobar, joven reportada como desaparecida, había fallecido de manera accidental, hipótesis descartada con un peritaje independiente y la exhumación del cuerpo por parte de agentes federales.
Para María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), esta conducta de las autoridades tiene como origen la intención de que disminuya la percepción de los altos niveles de violencia contra las mujeres en el país, y de que no hay respuesta pronta a las demandas de verdad y justicia. Además, señala que prevalece una cultura machista entre los funcionarios encargados de las investigaciones, que insisten en estigmatizar a las víctimas.
Karla Micheel Salas, abogada y activista, explica que por ello la sociedad civil ha luchado para que las autoridades tipifiquen toda muerte violenta como feminicidio y que se investigue cada caso con perspectiva de género, lo que permite tener la certeza de las causas de los asesinatos. Sin embargo, señala que hasta ahora para las fiscalías es más sencillo minimizar la crisis de violencia feminicida “con el pretexto de que tienen cosas más importantes que hacer, como si la vida de las mujeres no importara”.
Aquí, cinco de estos casos.
Digna Ochoa: décadas de prejuicios para sostener versión de suicidio
La defensora de derechos humanos Digna Ochoa, multipremiada y reconocida internacionalmente por su labor, fue hallada muerta en su despacho de la colonia Roma el 19 de octubre de 2001. Durante años trabajó en casos en los que se encontraban implicados funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia y de las Fuerzas Armadas, y previo a su muerte había sido víctima de amenazas y secuestros.
Debido a esto, en 1999 solicitó medidas de protección para ella y otros integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde laboraba. Estas peticiones escalaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se pronunció a favor de la defensora. Pese a ello, fue asesinada.
Inicialmente, las autoridades descartaron que se tratara de un homicidio, y tras demandas de la sociedad civil por una reevaluación del caso, en 2010 la entonces procuraduría de la Ciudad de México hizo una segunda revisión y concluyó que Ochoa no había sido asesinada, sino que se suicidó.
Esto fue descartado en enero de 2022, dos décadas después de los hechos, y por determinación de la Corte Interamericana. El organismo internacional afirmó que el Estado mexicano cometió graves irregularidades en la investigación, todas ellas con la intención de estigmatizar a la víctima, y remarcó que esta muerte se inscribió en un contexto generalizado de impunidad en los homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos que ocurrían en esa época, y que vino precedida de años de amenazas. Por ello, ordenó la reapertura del caso y un acto público de reconocimiento de responsabilidad de las autoridades.
En este caso, explica la abogada Karla Micheel, “la investigación se centró en el comportamiento de la víctima, a la que catalogaron como una que padecía trastornos psicológicos basándose en elementos de su vida privada, y tuvieron que pasar dos décadas para que un tribunal internacional le dijera al Estado mexicano, particularmente a la fiscalía de la Ciudad de México, que lo que hicieron para concluirlo fue completamente deficiente”.
Mariana Lima: el primer feminicidio por el que se pronunció la Corte
Mariana Lima, de 28 años, era esposa de un agente de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, quien el 28 de junio de 2010 acudió ante las autoridades para denunciar el presunto suicidio de la mujer, versión cuestionada por la madre de la víctima, Irinea Buendía, quien tenía conocimiento de que su hija vivía violencia familiar.
Irinea y su esposo iniciaron un largo camino en busca de justicia, y en 2015, con el acompañamiento del OCNF, consiguieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera la sentencia 554/3, en la que ordenó que el caso se reabriera para que fuera investigado como feminicidio.
Aunque con ello se consiguió que hallaran responsable al esposo de Mariana, y lo detuvieran en junio de 2016, la exigencia de justicia por su hija provocó que Irinea y su marido fueran desplazados de manera forzada de su hogar, ante las amenazas y agresiones de las que fueron objeto en diversas ocasiones, aun cuando tenían medidas de protección por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La sentencia por el caso de Mariana Lima marcó un precedente histórico para las víctimas de violencia feminicida en México, ya que el máximo tribunal ordenó que en los casos de asesinatos de mujeres debe investigarse la posibilidad de que se trate de un feminicidio, y que los funcionarios responsables de omisiones en las indagatorias deban ser sancionados.
Caso Narvarte: entre filtraciones y criminalización de las víctimas
El 31 de julio de 2015 fueron asesinados en un departamento de la colonia Narvarte cuatro mujeres y un hombre: la activista y defensora de derechos humanos Nadia Vera, el fotoperiodista Rubén Espinoza, así como Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz y Olivia Alejandra Negrete.
Se trató del primer cuádruple feminicidio del que se tenga registro en la CDMX, y su investigación estuvo marcada por filtraciones de información que llevaron a la estigmatización y criminalización de las víctimas, como detalla la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos capitalina emitió por el caso.
De acuerdo con el análisis de la comisión, la entonces procuraduría impidió el acceso a la información de la investigación a los familiares de las víctimas, pero permitió filtraciones que llegaron a los medios y provocaron la cirminalización de las cinco personas asesinadas: a Mile se le vinculó con el tráfico de drogas por su nacionalidad colombiana; se publicaron las fotografías de las mujeres, con huellas de tortura sexual, y se destacó que entre sus pertenencias había alcohol y drogas.
También encontró que la procuraduría no tomó en cuenta para la investigación las denuncias previas por parte de algunas de las víctimas. En el caso de las mujeres, no se siguieron protocolos específicos para casos de feminicidio, y no se indagó sobre la posible relación del homicidio con el trabajo periodístico de Rubén Espinoza.
A casi siete años de los hechos, hay tres hombres detenidos e imputados por el caso. Sin embargo, Karla Micheel Salas señala que se ha documentado la participación de más personas en el multihomicidio, a las que las autoridades se han negado a investigar.
Lesvy Berlín: su novio no fue testigo del suicidio, él la mató
La mañana del 3 de mayo de 2017, Lesvy Berlín Osorio fue encontrada muerta, con un cable de teléfono enrollado en el cuello, en inmediaciones de Ciudad Universitaria, en la CDMX. Sobre el caso, en un primer comunicado, la procuraduría capitalina dio como posible causa de su fallecimiento un suicidio, mismo que había sido supuestamente presenciado por José Luis, su novio.
Gracias a que esa fue la principal línea de investigación, José Luis, quien luego se comprobó que fue quien estranguló a Lesvy, continuó en contacto con su familia, e incluso estuvo presente en los funerales de la joven. Sin embargo, su madre, Araceli Osorio, inconforme por la respuesta de las autoridades, luchó para que se reevaluara el caso como feminicidio.
Por un peritaje presentado por el OCNF, realizado por un maestro en criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Penales, se determinó que ella no pudo suicidarse en un espacio tan reducido, porque su cuerpo no lograría suspenderse y causar la fuerza necesaria para la asfixia, lo que logró que se reclasificara el delito y se investigara con perspectiva de género.
Este caso derivó en la primera recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos local por un feminicidio, al acreditarse que hubo violación a su derecho al debido proceso con enfoque de derechos humanos, acceso a la justicia y derecho a la verdad, derecho a la intimidad y a la vida, además de que no hubo debida diligencia en la investigación y atención a los familiares.
El 18 de octubre de 2019, el feminicida de Lesvy, José Luis González, fue sentenciado a 45 años de prisión y a pagar una multa de 337 mil 450 pesos por reparación del daño, y 47 mil 957 pesos por los gastos funerarios.
Debanhi: dos peritajes tumbaron versión de un posible accidente
Lo último que se supo de Debanhi Escobar, de 18 años, fue que acudió a una fiesta la madrugada del 9 de abril y que un conductor de taxi la abandonó en una carretera sola de Escobedo, Nuevo León, después de que ella le pidió que la bajara de la unidad, por motivos que hasta el día de hoy no han sido esclarecidos. Una fotografía donde se le observa en medio de un camino oscuro, tomada por el taxista, es el último retrato de la joven con vida.
Dos semanas después, el 21 de abril, las autoridades de Nuevo León confirmaron el hallazgo de un cuerpo dentro de la cisterna abandonada de un motel, en el que previamente se habían hecho inspecciones sin que dieran resultados positivos. De acuerdo con la primera versión de la fiscalía local, la joven había caído de manera accidental, golpeándose en la cabeza.
Esta respuesta de las autoridades provocó indignación, y la exigencia de que se investigara el caso como feminicidio se intensificó luego de que medios de comunicación dieran a conocer el resultado de un peritaje independiente realizado a petición de la familia de Debanhi, en el que se establecía que su cuerpo mostraba señales de una posible agresión sexual.
La familia de la joven había reservado la información de ese peritaje, por lo que a la exigencia de justicia por el feminicidio sumó la demanda de que se removiera a los funcionarios implicados en la filtración de los datos que revictimizaron a la joven y por las negligencias en la investigación. Esto motivó que intervinieran autoridades federales con un tercer peritaje del cuerpo, mismo que fue exhumado y reexaminado, con la conclusión de que la víctima fue asesinada por asfixia.
Han transcurrido más de tres meses y todavía no hay personas detenidas por este hecho. Su padre ha acusado en múltiples ocasiones a la Fiscalía de Nuevo León de querer cerrar el caso, pero afirma que no descansará hasta obtener justicia y reparación al daño a la imagen de Debanhi, a quien se responsabilizó de su muerte por haber acudido a una fiesta y no irse con sus amigas y posteriormente se revictimizó.
La afectación contra las víctimas
María de la Luz Estrada y Karla Micheel Salas coinciden en que prevalece una cultura machista dentro del sistema de justicia que minimiza las violencias que denuncian las mujeres y se niega a asumir la responsabilidad de prevenir que las agresiones continúen y puedan escalar hasta la muerte. Además, enfrentan a las familias de las asesinadas, víctimas indirectas, a procesos de revictimización que provocan daños psicológicos e incluso físicos al paso de los años.
“Hay un mensaje de permisividad que deja indefensas a las familias, y que a las mujeres les da el mensaje de que a ellas también les puede pasar, sin que haya un interés de la justicia por resolver los casos y que exista sanción contra los agresores. Esto va generando miedos, desplazamientos forzados ante los riesgos de represalias, todo ante la indiferencia de las autoridades”, señala Karla Micheel.
A ello se suma el hecho de que las autoridades “obligan” a las familias a convertirse en investigadores de los casos. María de la Luz Estrada menciona que en el OCNF reciben varios casos en los que las fiscalías demandan a las madres de las víctimas que presenten pruebas para presumir que se trató de asesinatos y no de accidentes o suicidios, lo que es una obligación de las autoridades investigar y probar.
En su opinión, las autoridades prefieren tipificar los feminicidios como homicidios dolosos o suicidios para no cargar con el costo político de que se les acuse de no actuar ante las situaciones de violencia de género, agresiones que “en muchas ocasiones se pudieron evitar, porque las víctimas pidieron ayuda y denunciaron, pero no las escucharon”.
“A esto nos enfrentamos a diario, a 11 feminicidios y a un sistema negligente que los deja impunes, porque prefieren terminar con las investigaciones señalando a las víctimas como las responsables. En el caso de Luz Raquel Padilla, nos enfrentamos a otro caso de estos, en los que no trabajan para investigar la agresión en su contra, pero presentan todo tipo de pruebas para construir una versión en la que ella se quemó, aun con los antecedentes de amenazas. Y yo digo, si ella se inmoló, ¿no es más grave aún que haya tenido que llegar a eso para ser escuchada por las autoridades? Nos deben muchas respuestas”, advierte.
