«Si nos vamos sin ser atendidas, entendemos que vienen seis años muy difíciles para nosotras»: madres buscadoras

Desde hace 10 noches, madres del colectivo Víctimas 10 de marzo permanecen en la plancha del Zócalo esperando que el presidente y la futura presidenta las reciban, pero hasta ahora nadie las ha atendido

Texto y fotos: Isabel Briseño / Pie de Página
28 de agosto del 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- La pregunta sigue siendo ¿Dónde están?. Es el letrero que, en la plancha del Zócalo, formaron con luces familiares de personas desaparecidas quienes mantienen encendida la esperanza de localizar a sus seres queridos.

Alrededor de las letras gigantes, un hombre y una mujer se turnan para dar vueltas cargando con las fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Solas y cercadas con rejas, como si estuvieran dentro de un corral, madres buscadoras de 5 estados y algunos otros familiares sostienen un campamento en el centro del país.

“Como familiares de personas desaparecidas estamos en una constante guerra con las autoridades”, dice de forma directa Delia Quiroa. A su espalda ondea la bandera nacional.

La intención de soportar las lluvias, el frío, los calores, y medio dormitar en casas de campaña improvisadas, es para que se visibilice que el gobierno sigue sin buscar, localizar y entregar a sus familiares.

“La bandera de México no debe ondear de noche en tiempos de paz, pero estamos en guerra, porque no buscan a nuestros familiares”, expresa Quiroa.

Están ahí porque quieren que las reciba la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para pedirle que las incluya en su agenda y acordar reuniones periódicas donde se aborden proyectos, datos y cosas que pueden ayudar a solucionar el problema de la desaparición en México. Pero hasta ahora, nadie las ha recibido.

“Es lamentable. Vemos que no le quieren dar importancia a lo que representa que la bandera ondee de noche”, lamenta Delia.

El Colectivo 10 de Marzo AC, asociación que María Icela Valdez y su hija Delia Quiroa crearon, actualmente busca a unas 15 mil personas. Foto: Isabel Briseño

6 años de lo mismo

Para las madres que llevan buscando años a sus hijos, la falta de atención por parte de las autoridade es muestra de que vienen seis años más de lo mismo.

“No hay muestras de empatía por parte de la nueva presidenta. Vemos que nuestra lucha va a ser todavía más intensa, más fuerte, más difícil, porque no han querido salir, ni han mandado a nadie. No hay voluntad política”, reclama Delia.

Las madres buscadoras no quieren ser atendidas por la Comisión Nacional de Búsqueda, debido a que está a cargo de una persona que, dicen, es experta en urbanización y población, pero no en búsqueda de personas.

Las familiares tienen el currículum de la funcionaria por un amparo donde impugnaron su nombramiento. El amparo aún no se resuelve, pues el Poder Judicial está en huelga. De obtener una sentencia a su favor, las colectivas de búsqueda participarán en el nombramiento de la nueva persona titular de la Comisión.

Ana Laura Sánchez que busca a su hijo Miguel Ángel tiene problemas de salud, es diabética e hipertensa. Foto: Isabel Briseño

Sin avances y sin protección

En el plantón están reunidas personas buscadoras de los estados de Oaxaca, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Veracruz. Todas con historias que reflejan la impunidad.

A las buscadoras de Sinaloa, son tres casos los que tienen a las madres de entre 50 y 70 años frente a Palacio Nacional.

Una historia es la de Ana Laura, de Sinaloa, quien dice tener pruebas de que su hijo ha sido cambiado de penal en por lo menos 3 ocasiones.

Otra es la de Ana María Maldonado, también de Sinaloa. En la desaparición de su hijo ya hay una persona juzgada, pero el delincuente salió libre por falta de pruebas y mala integración del expediente. Ahora ninguna Fiscalía quiere retomar el caso.

Maldonado busca a su hijo Carlos Palomares desde 2010, desaparecido el 22 de septiembre en la colonia Narvarte, de Ciudad de México.

“Se le pidió en su momento a Ernestina Godoy que mandara el caso a la Fiscalía de casos relevantes para que sigan buscando a Carlos, el hijo de Ana María”, reclama Delia.

En el caso de la señora Patricia de la Cruz, su hijo fue desaparecido en Tampico, Tamaulipas, por policías ministeriales. Patricia solicitó a la ONU que iniciara una acción urgente, pero la organización internacional no ha realizado ningún trámite.

Las buscadoras denuncian que no hay protección, ni para las víctimas ni sus familiares. Si ellas no presionan para que busquen a sus seres queridos, nadie lo hace.

Delia también señala que ya tenía programada una búsqueda y que a la última hora, no le depositaron el recurso.

“¿Cómo me voy a ir si no tenemos dinero y si nos metemos a trabajar nos corren. Los patrones no se tientan el corazón, ellos no respetan lo que dice la ley. La ley de víctimas dice que, si tú, por cuestiones de diligencias relacionadas con tu caso, y tienes que faltar al trabajo, el patrón te tiene que pagar, pero no lo hacen, te corren. ¿Entonces qué hacemos? Pues tenemos que pedirle al gobierno”.

También debe ser tiempo de las mujeres buscadoras

Lo que quieren las madres buscadoras es que el presidente escuche varias problemáticas que enfrentan de forma cotidiana.

“Lo que yo quiero es que me regresen a mi hijo porque ya fue localizado, y ellos mismos me lo tienen ya desaparecido. Ellos mismo me lo tienen secuestrado”, pide una mujer sentada en una andadera.

Ana Laura expone que su hijo Miguel Ángel Hernández Sánchez ha sido cambiado de Cefereso en Cefereso. El 25 de agosto se cumplieron cinco años sin que Ana Laura sepa algo de su hijo.

La señora, originaria de Reynosa Tamaulipas, dice tener papeles donde la fiscal de Tamaulipas, un estado severamente castigado por la violencia y lleno de fosas clandestinas, le dijo que ya había localizado a Miguel Ángel, pero con la llegada de la pandemia, la señora Sánchez ya no supo más del paradero de su hijo y no le dan razón de él.

“La señora Claudia Sheinbaum dice que es tiempo de mujeres, pues bueno como mujeres, le pido que se toque el corazón y me ayude a reunirme con mi hijo”.

Ana Laura se preocupa por su nieta de 8 años. Ella tenía 3 años cuando se llevaron a su padre.

“Hoy mi niña acaba de entrar a la escuela, va en tercero de primaria y no pude estar con ella, tengo que estar aquí pasando dificultades porque quiero localizar a mi hijo”, dice.

Miguel Ángel desapareció en Reynosa, Tamaulipas, el 25 de agosto del 2019. Lo localizaron en un Cefereso de Morelia, Michoacán, en diciembre de ese año. Las autoridades notificaron a Ana Laura el 17 de enero del 2020. Sin embargo, con la pandemia su caso se estancó. Desde entonces, Ana Laura constantemente ha dado vueltas en busca de respuestas, pero no ha obtenido ninguna razón más sobre el paradero de su hijo enfermero.

Además, añade, tampoco le han dicho por qué detuvieron a su hijo.

La madre buscadora dice tener testigos que han visto a su hijo. Pero cuando ubican al, las autoridades lo cambian a otro penal. “Lo traen para allá y para acá”, reprocha la madre.

Sánchez cuenta que su hijo, de profesión enfermero, iba a bordo de la ambulancia donde laboraba cuando un grupo de hombres armados le detuvo el paso. Lo bajaron a él, y a sus compañeros de trabajo, y se los llevaron.

“En ese entonces estaban desapareciendo a muchos doctores y enfermeros. Desgraciadamente me tocó a mí. Le tocó a mi hijo, y no entiendo por qué fue a parar a un Cefereso”, cuestiona la madre.

Familiar de persona desaparecida, carga con la ficha de desaparición frente a Palacio Nacional. Foto: Isabel Briseño

Avances y trabas

Delia Quiroa explica que en donde sí ha habido avances es en la construcción del Banco Nacional de Datos Forenses.

“Ahí sí ni digo nada, van bien, se está integrando bien esa herramienta. Nos citan, nos  explican, nos enseñan cómo funciona la aplicación”, señala Delia.

El problema que observan es que la FGR tiene 70 mil perfiles de ADN de restos que se han recuperado, pero no hay con qué confrontarlos porque las fiscalías de los estados no les mandan los perfiles de las familias que están buscando a algún familiar.

“Si se identificaran los 56 mil restos que hay en Semefos, pues ya serían 126 mil, que son más de los 110 mil que había en el Registro Nacional, pero si ellos no se ponen de acuerdo y no trabajan como deben, ¿cómo nos los van a entregar?”, apunta Quiroa.

Las buscadoras quieren proponerle a Claudia Sheinbaum que instale reuniones periódicas y la designación de un interlocutor, que de preferencia sea un víctima, y que esa persona sea la encargada de llevar todas las peticiones de las familias de forma directa.

La finalidad, explica Delia, es que se tengan estadísticas respecto a las diversas necesidades de los familiares de acuerdo con el estado de búsqueda, pues las problemáticas son diferentes y la forma de desaparición también es diferente.

Otra de las peticiones es que se retome el modelo de reunión que usaba Roberto Cabrera Alfaro, el primer comisionado, donde también les brindaban capacitación. Esto, porque en ocasiones la falta de conocimiento durante la búsqueda puede perjudicar el proceso penal y los delincuentes pueden quedar en libertad si se contamina la evidencia.

“Si por causas de salud nos tenemos que retirar, pues ni modo, nos vamos porque las madres ya son mayores, pero si nos vamos sin ser atendidas, sirve para entender que vienen 6 años muy difíciles para nosotras”.

Finalmente Delia Quiroa pide a la sociedad estar al pendiente de lo que hacen los gobernantes:

“La gente, mientras no le pasa a una desgracia, no voltea a ver a un lado, y todo esto lastima el tejido social. Aunque sea tu vecino el que se llevaron, tarde que temprano te termina afectando. Hay que exigirles cuentas”, finaliza la activista.

Este texto es original de Pie de Página y es reproducido por Amapola Periodismo como parte de una alianza de medios. Puedes leer la nota original aquí.

Familias buscadoras piden a Sheinbaum priorizar búsquedas, identificación y restitución

Personas que buscan a sus familiares desaparecidos se reunieron en un conversatorio para demandar a la próxima administración Federal que priorice la búsqueda de personas desaparecidas, su identificación y la restitución.


Texto: Camilo Ocampo / Pie de Página 

Foto: Redes sociales de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato

10 agosto del 2024

 

CIUDAD DE MÉXICO.- Familias que buscan a un ser querido provenientes de Chihuahua, Coahuila, Guanajuato y Morelos se reunieron en la Ciudad de México para compartir experiencias de búsqueda y reflexionar sobre lo que llamaron una “crisis forense”, producto de las malas prácticas, la negligencia y lsa irregularidades por parte de las instituciones del estado.

El encuentro se dio durante el conservatorio “Retos, Limitaciones y Deudas del Estado: exhumaciones con enfoque masivo en fosa común como una ruta de búsqueda de personas desaparecidas en México», organizado por Artículo 19 y el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF), entre otras organizaciones.

Isabel Beltran Gil, representante del GIASF, afirmó que las fosas comunes en panteones son una de las deudas del Estado mexicano con las víctimas de desaparición y con sus familias. “Las exhumaciones masivas de fosas comunes en panteones, se ha convertido en una actividad de búsqueda cada vez más recurrente” aseguró.

La antropóloga forense, Helka Alejandra Quevedo, explicó cómo en Colombia la justicia transicional  contribuyó a que las Ciencias Forenses pudieran aportar datos para el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, pilares y derechos innegociables.

«La identificación debe ser prioridad para el Estado Mexicano». Foto: Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato

Después de escuchar las ponencias de las expertas, las familias buscadoras solicitaron a la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, que se implemente una política pública desde el estado, en materia de desapariciones forzadas e identificación, articulada en un Plan Nacional de Búsqueda Integral, que deberá incluir medidas de prevención de las desapariciones y análisis que revelen el impacto generacional de las desapariciones y sus afectaciones a la salud la salud mental y física.

Reclamaron que es urgente que el estado reconozca y atienda la crisis forense por medio de una política con un marco científico, además de encontrarse a la espera de un Plan Nacional de Exhumaciones sostenido sobre hipótesis de búsqueda e identificación, acompañado por un Plan de Intervención que explique el flujo de trabajo además que se mantenga y fortalezca la búsqueda en vida.

Recordaron que durante esta administración no se concretó un Banco Nacional de Datos Forenses, que es necesario para ordenar y contrastar las bases de datos genéticas de referencia entre las distintas dependencias encargadas de las búsquedas de desaparecidos.

Entre sus exigencias, las familias que buscan, mencionaron que es necesario que se promueva la reparación de los daños y perjuicios sufridos, de una manera que respete su dignidad y derechos. En lugar de simplemente compensar económicamente o devolver bienes,

Hicieron especialmente énfasis en que tanto en el ámbito federal como estatal, debe ser prioridad en la búsqueda de personas el otorgamiento de recursos suficientes para la contratación de personal encargado de la búsqueda, la identificación y la restitución digna de quienes hayan sido localizadas sin vida.

Los colectivos de familias buscadoras, también le exigen a Claudia Sheinbaum, que la malas prácticas de los servidores públicos ligados a la atención de búsqueda de personas desaparecidas, sean sancionados a fin de reducir la revictimización e impunidad.

Planteamientos regionales

De manera individual los colectivos presentaron planteamientos por entidad federativa

En primer lugar “Regresando a Casa Morelos” informó que es necesario que la Fiscalía de ese Estado presente expedientes y archivos básicos, que cuente con un catálogo de prendas y características individualizantes en servicios periciales, además de que exista presupuesto suficiente y se hagan perfiles genéticos y se tomen otros métodos biométricos de identificación.

En el contexto de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, “se debe conocer el destino final de los hallazgos de fosa común, panteón ministerial y fosas clandestinas hechos entre 2002-2024. Las familias urgen a la identificación de los 360 cuerpos cúmulos de SEMEFOS que fueron inhumados en el panteón ministerial sin identificar.”

Por su parte, el “Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua” (CEDHEM) y el “Centro de Derechos Humanos, Paso del Norte” mencionaron que es necesaria la implementación de personal capacitado para el resguardo digno de los restos que no es posible identificar mediante pruebas genéticas.

También consideraron que es necesario capacitar a agentes del Ministerio Público y de las Fiscalías estatales respecto a graves violaciones a los Derechos Humanos. Además, enfatizaron que no solo se debe trabajar casos individualizados, sino colectivos

Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco, dijeron que urge la implementación de políticas públicas a fin de atender de forma integral los procesos de búsqueda y para realizar, en su caso, restituciones dignas y favorecer la interlocución entre el SEMEFO y la fiscalía del estado, con orientaciones claras.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FAMUN) y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila hicieron un llamado a la siguiente administración, estatal y federal, a reconocer y atender científicamente la crisis forense, así como a la CNB de designar a la  persona titular por medio de consultas con las familias.

“Se requiere una política de Estado sobre crisis forense y desaparición, incluido un análisis de contexto con impacto generacional y una política que considere los impactos en la salud mental. En los estados fronterizos y en el país se requieren políticas binacionales de búsqueda de personas”

Para finalizar los colectivos “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Guanajuato, Luz y Justicia, Hasta Encontrarte» y “Proyecto de Búsqueda, Colectivos de Guanajuato” propusieron la realización de un Plan Estatal de Exhumaciones en la entidad,la cual deberá ser coordinada  con autoridades nacionales. 

“Se debe dar continuidad a las mesas forenses en el estado, con periodicidad trimestral. Los Mecanismos Nacionales como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), promovido desde lo local. Por último, se debe dar autonomía a los servicios periciales, reconociendo en ellos la participación a la que tienen derecho las personas buscadoras. Particularmente se debe establecer un Plan especial de búsqueda en pozos profundos y riego.”

Este texto es original de Pie de Página y es reproducido por Amapola Periodismo como parte de una alianza de medios. Puedes leer la nota original aquí.

Concluye sin éxito la búsqueda de desaparecido de la guerra sucia en San Miguel Totolapan

Tras cinco días, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada en Guerrero concluyen la búsqueda.


Texto: Jesús Guerrero

Foto: Cortesía del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia de Atoyac

Domingo 19 de mayo de 2024

Chilpancingo

 

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada en Guerrero concluyeron sin éxito, tras cinco días de búsqueda, la localización del campesino de José Santos González Rojas, desaparecido y asesinado por el Ejército en 1974 en el municipio de San Miguel Totolapan, informó el presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia de Atoyac, Octaviano Gervasio Serrano.

En entrevista para Amapola Periodismo, el activista refirió que la búsqueda de José Santos se realizó del 13 al 17 de este mes de mayo en la comunidad de Palos Altos, región Tierra Caliente.

«Tenemos información de que en la búsqueda de José Santos participaron unas 50 personas, entre servidores públicos y familiares», aseguró el también abogado.

En entrevista por teléfono, Octaviano Gervasio mencionó que en la búsqueda se utilizó un georradar, pero que aun así no se logró ubicar indicios de restos humanos en el sitio.

La Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada en Guerrero en la búsqueda del desaparecido campesino José Santos González Rojas en el municipio de San Miguel Totolapan, el domingo 19 de mayo del 2024. Foto: Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia de Atoyac

Pero de acuerdo con versiones de los propios familiares, se pudo ubicar un punto donde hay una fosa clandestina, solo que para dar con ella se requiere maquinaria especial.

Octaviano Gervasio señaló que con las búsquedas que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador realiza en Guerrero, se demuestra que el Ejército cometió atrocidades contra la población civil, bajo el supuesto de que pertenecían a la guerrilla de Lucio Cabañas Barrientos.

Afirmó que en el caso del campesino José Santos, fue llevado por el Ejército a un punto alto de la Sierra de la comunidad de Palos Altos, municipio de San Miguel Totolapan, para ejecutarlo.

Después de que no hubo resultados de la búsqueda de cuatro días, se está programando emprender otra más, pero esto lo tendrá que programar la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado, anticipó Octaviano Gervasio.

Elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal acompañaron al personal para realizar esta jornada de búsqueda en campo.

Acuerdan colectivos suspender acciones de busqueda en Chilpancingo, a causa de la inseguridad

Texto y foto: Jesús Guerrero

Jueves 18 de abril del 2024

Chilpancingo, Gro.

 

Los colectivos de madres acordaron suspender acciones de búsqueda de sus desaparecidos en distintos puntos de Chilpancingo, debido a la violencia e inseguridad que existe en esta ciudad, derivado de la pugna entre las organizaciones del crimen organizado.

Las activistas de los colectivos María Herrera y Centro Minerva Bello anunciaron que en el marco de la Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria, que empezó este jueves 18 de abril, acordaron pegar fotografías de sus desaparecidos en las calles del primer cuadro de Chilpancingo el sábado 19.

«Vamos a realizar estas actividades sin el acompañamiento del gobierno», informó Gema Antúnez Flores, representante del colectivo María Herrera.

La tarde de este jueves, integrantes de los dos colectivos pegaron fotografías de los desaparecidos en la fachada de la catedral de La Asunción, en donde desarrollaron un mitin en el que exigieron al gobierno que deje de «desaparecer a sus desaparecidos».

La mayoría de los colectivos del país van a realizar búsquedas en los cerros y en diversos puntos sin el acompañamiento de las autoridades.

«Aquí en Chilpancingo no hay condiciones para que nosotros vayamos a los cerros a buscar fosas clandestinas, por la inseguridad, y no queremos arriesgarnos», señaló Gema Antúnez, cuyo hijo, Juan Sebastián García Antúnez está desaparecido desde 2011.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del INEGI, aplicada en 90 ciudades del país, en el primer trimestre de este 2024, Chilpancingo ocupó el cuarto lugar en la percepción de inseguridad, según su propia ciudadanía.

En los últimos ocho días, se registró una nueva oleada de violencia en las calles de esta capital, con ataques al transporte público local y foráneo, además del asesinato a balazos de tres hombres, entre ellos un taxista.

Después de estos hechos violentos, se han visto con más frecuencia los patrullajes de la policía estatal, la Guardia Nacional y el Ejército en las calles durante el día y la noche.

La ola de violencia en esta capital y otros municipios de Guerrero se da en el contexto de las campañas políticas de los candidatos a la senaduría, diputaciones federales, diputados locales y los 83 ayuntamientos.

Gema Antúnez aseguró que Chilpancingo ocupa uno de los más altos índices de inseguridad en todo el país y que solo de 2021 a febrero de 2024, hay un registro oficial de más de 800 personas desaparecidas.

«Sabemos que en esta ciudad se están enfrentando los grupos del crimen organizado y desconocemos los motivos de su lucha, pero nosotros no vamos a arriesgarnos, y por eso decidimos no realizar actividades de búsqueda en campo», advirtió Gema Antúnez.

Los familiares pegaron más de cien fotografías de los desaparecidos en la fachada de la catedral.

 

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