Denuncian despedidos de la FGE que legisladores congelan solicitud de juicio político contra la fiscal

Texto: Margena de la O
Foto: Oscar Guerrero/Archivo y Antonio Castañón
Jueves 7 de marzo del 2024
Chilpancingo

Trabajadores despedidos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al Congreso local para exigir a los legisladores que den trámite a la solicitud de juicio político que plantearon contra la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, desde el 13 de diciembre pasado.

Hasta el momento las diputadas y los diputados ni siquiera han iniciado el trámite, según los trabajadores. En todo este tiempo transcurrido, Valdovinos Salmerón ya se fue y regresó a la FGE sin que esta petición tenga eco; pidió licencia durante la crisis de inseguridad que de nueva cuenta impactó de manera directa en los conductores del transporte público en Chilpancingo y al cabo de unos días ella misma se reincorporó sin el trámite pertinente.

El presidente de la Barra de Abogados de Acapulco, Pablo Andalón Sotelo, quien junto a otros asesores acompaña a los trabajadores despedidos, dijo en entrevista antes de entrar al edificio legislativo que simplemente los legisladores no le dieron seguimiento al juicio de procedencia política contra la fiscal. «No sabemos qué está pasando, pide una licencia, deja un encargado de despacho, regresa, corren al encargado de despacho y el Congreso, la licencia que le otorgan, nunca hubo una valorización y nunca la subieron al estrado», mencionó.

El presidente de la Barra de Abogados de Acapulco, Pablo Andalón Sotelo, en entrevista antes de entrar al edificio legislativo para acompañar a los trabajadores despedidos de la FGE. Foto: Antonio Castañón

De acuerdo con lo que han expuesto los trabajadores y los asesores, desde la llegada de esta fiscal suman unos 700 trabajadores despedidos injustificadamente, a quienes sólo los han citado para decirle que perdieron la confianza en ellos, según contó José Manuel Martínez Hernández, presidente de la Asociación de Criminalística del Estado de Guerrero. Él también acompaña a los trabajadores.

Aspectos de una sesión pasada en el pleno del Congreso local. Foto: Oscar Guerrero/Archivo

Andalón Sotelo agregó que la mayoría de esos trabajadores siguen sin recibir una liquidación, lo que vulnera sus derechos laborales y humanos. También se quejó de la actuación de la FGE porque, dijo, el número de órdenes de aprehensión ejecutadas al mes son muy pocas.

Martínez Hernández denunció que el despido injustificado de empleados es la causa principal de la petición al Congreso local contra la fiscal, pero hay otras, como el hacinamiento en que trabajan los administrativos, por ejemplo, en los Ministerios Públicos.

El presidente de la Barra de Abogados de Acapulco, Pablo Andalón Sotelo, en entrevista antes de entrar al edificio legislativo para acompañar a los trabajadores despedidos de la FGE. Foto: Antonio Castañón

La razón de acudir esta tarde al Congreso local es saber por qué las diputadas y los diputados simplemente no actúan con su petición.

El abogado reprochó que ya en todos las comisiones a las que les compete atender el caso hubo cambios, como en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva, y que el caso siguen sin abordarlo.

El grupo de trabajadores y asesores entró al recinto legislativo a entregar un oficio para de manera oficial saber por qué su solicitud no avanza.

Turnan en Congreso juicio contra fiscal a Comisión que nunca sesiona

La diputada Susana Paola Juárez, quien preside la Comisión, no acude al Congreso desde hace nueve meses


Texto: Itzel Urieta

10 de enero del 2024

Chilpancingo

 

El Congreso local turnó a la Comisión de Examen Previo la solicitud de juicio de responsabilidad política en contra de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, interpuesta por trabajadores despedidos de la dependencia.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo eso es lo que procede, el problema es que la Comisión de Examen Previo nunca sesiona y su presidenta tiene nueve meses que no acude de forma presencial al Poder Legislativo.

Como parte de sus funciones, a la Comisión de Examen Previo corresponde determinar si procede las solicitudes de juicio político en caso de que un funcionario o funcionaria cometa actos de corrupción, o que “ejerzan el poder para beneficio propio a costa de disminuir los derechos de los demás».

Una trabajadora del Congreso local que exige juicio político contra la fiscal. Foto: Itzel Urieta/archivo

La solicitud en contra de la Fiscal fue interpuesta por varios trabajadores que acusan a la titular de de la FGE de despido injustificado para quedarse con el dinero de liquidaciones y prestaciones sociales.

La Comisión de Examen Previo la preside la perredista Susana Paola Juárez Gómez, quien desde abril del 2023, no acude a la sesiones del Congreso por supuestas amenazas en su contra por parte de un grupo del crimen organizado que opera en la región de Tierra Caliente.

La también perredista Elzy Camacho Pineda y el priista Adolfo Torales Catalán, todos diputados de la Tierra Caliente, están en la misma situación.

Desde julio del 2023 estos tres diputados asisten de manera virtual a las sesiones del Congreso, por amenazas.

Aunque la ausencia de Juárez Gómez tiene nueve meses, la Comisión que preside solo sesionó una vez y fue para tomar protesta a sus integrantes.

De acuerdo con información del propio Congreso, la única sesión de esta Comisión fue el 28 de octubre del 2021.

Después de esa sesión no hay registro de alguna otra.

Los demás integrantes de la Comisión de Examen Previo son el morenista Carlos Cruz López, como secretario; el priista hijo del ex gobernador Héctor Astudillo Flores, Ricardo Astudillo Calvo, como vocal; el morenista Alfredo Sánchez Esquivel y el independiente Manuel Quiñonez Cortés como vocales.

“Apenas nos turnaron el oficio, los tiempos legislativos son tardados, vamos a esperar a ver qué dice la solicitud y veremos que procede”, mencionó el secretario de la Comisión de Examen Previo.

Durante la sesión de ayer, se presentó otro oficio contra la fiscal, donde solicitan la intervención del Poder Legislativo para que se revisar la situación económica y laboral de la FGE.

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