Armonizar leyes en materia ambiental con tratado internacional, discuten en mesa del Congreso local

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: 
30 de enero del 2023
Chilpancingo

Durante la mesa de diálogo Acuerdo de Escazú y la Participación Ciudadana en la Conservación del Medio Ambiente, activistas y miembros de organizaciones internacionales coincidieron en lo necesario que es armonización de leyes locales con este tratado internacional en materia de medio ambiente

En en el marco de la Semana Jurídica 2023, el Congreso local, a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, organizó esta mesa de diálogo para generar mecanismos que permitan armonizar el acuerdo con leyes estatales.

El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación en América Latina y el Caribe derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

“También plantea garantizar el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible”, se lee en el resumen del Acuerdo de Escazú.

Dicho documento es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscrito por 24 de ellos el 27 de septiembre de 2018.

México es uno de esos países que lo suscribieron, pero a cuatro años de eso nunca se ha legislado para armonizar las leyes locales y nacionales, mencionó el diputado Manuel Quiñones Cortés, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso local.

Al inaugurar la mesa de diálogo, el diputado se comprometió con los activistas y organizaciones internacionales a “fortalecer y generar los mecanismos necesarios para la protección y mejora del medio ambiente como pilar fundamental del desarrollo sustentable y sostenible en Guerrero”.

Durante la mesa de diálogo expuso el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guerrero (Propaeg), Carlos Arturo Toledo Manzur, quien mencionó la importancia de armonizar las leyes.

“Se debe analizar a fondo cómo se podría implementar este acuerdo en Guerrero y que no quede sólo en discurso, sino que contribuya a una gestión más efectiva de los recursos ambientales”, mencionó.

El coordinador del Programa Global Sobre Delitos que Afectan al Ambiente (Unodc), Marco del Toral, dijo que ya hay esfuerzos desde el Poder Legislativo para determinar qué delitos nuevos afectan al ambiente y sean agregados a la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero.

Aseguró que en esta Semana Jurídica se trabajará en las acciones de protección, conservación de medio ambiente y lo que corresponde a prevención y combate. “Se requiere de sectores de procuración e impartición de justicia, desde la detección, inspección, persecución propia de los delitos, hasta la adjudicación y sentencia”, mencionó Marco del Toral.

Algunas de las demandas de los activistas ambientales fueron revisar la situación de la Central Carboeléctrica de Petacalco y de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales que en el estado, de las cuales funcionan menos de la mitad.


Este contenido es patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero


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Congreso local pide a Fiscalía del Estado aclarar cifras de feminicidios

Maestros hacen que gobernadora rompa su política de silencio en un acto en el zócalo de Chilpancingo

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero

30 de enero del 2023

Chilpancingo 

 

Al evento organizado por el Instituto Nacional de Pueblos Indigenas (INPI) la tarde de este lunes en el zócalo de Chilpancingo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llegó y se retiró en medio de protestas de maestros.

 

El primer año de gobierno de Salgado Pineda se caracterizó por no atender personalmente ni a inconformes de diferentes sectores sociales ni a los reporteros; la lejanía con las personas es una política presente en su administración, aun cuando diga que su gobierno es de territorio y no de escritorio.

 

Esta vez no le quedó más que atender a ambos.

 

El evento organizado por el INPI en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac fue para entregar el registro de marca a artesanos y productores de pueblos originarios y afrodescendientes que producen alimentos y artesanías.

 

Estuvo programado en un principio para las diez de la mañana y porque la gobernadora confirmó su asistencia, lo pospusieron para la una de la tarde. Los artesanos y productores se instalaron desde antes de la primera hora prevista.

 

A las 13:15 horas la gobernadora entró a la Plaza Cívica, rodeada por su equipo de seguridad, de Comunicación Social y otros colaboradores.

 

Al momento de su arribó, un grupo de 50 personas corrieron para detener la avanzada de la gobernadora. Eran maestros estatales, agremiados al Sindicato Unico de Servidores Público del Estado de Guerrero (SUSPEG), de varios municipios, que le pidieron aplicar la promoción horizontal para 600 docentes, para eso antes le plantearon un aumento al presupuesto destinado a sus prestaciones.

 

Fredy Díaz Ávila, representante de los maestros inconformes, explicó más tarde que el año pasado el presupuesto para la promoción horizontal de los maestros estatales fue de 25 millones de pesos, pero para éste la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) sólo destinó ocho millones de pesos.

 

“Esos ocho millones sólo sirven para 60 maestros y queremos que todos tengan la oportunidad, porque es su derecho de tener acceso a la promoción horizontal”, dijo después en entrevista.

 

Los maestros, al rodear a la gobernadora, también se quejaron de la falta de atención del secretario de Educación Marcial Rodríguez Saldaña.

 

Ante la imposibilidad de avanzar, Salgado Pineda escuchó y atendió a los profesores, a quienes prometió revisar los casos y hacer lo que esté a su alcance, dijo, para darles respuesta su demanda.

 

Salgado Pineda les firmó de recibido un documento y les aseguró que personal de la SEG y de la Secretaría General de Gobierno los atendería en el contexto de acto.

 

Fue que los manifestantes le permitieron continuar, mientras desde el templete preparado para ella y otros servidores públicos, arengaban aplausos y vivas para ella.

 

Salgado Pineda avanzó y llegó al templete. Ahí la esperaban el delegado del INPI, Manuel Vázquez Quintero; la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna; el magistrado presidente del Poder Judicial, Raymundo Casarrubias Vázquez y el delegado del Bienestar, Iván Hernández Díaz.

En la imagen, maestros agremiados al SUSPEG le protestan a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac.

Aun cuando la entrega de las marcas fue una gestión directa del INPI a nivel nacional, eso no impidió que la gobernadora y funcionarios estatales asistieran al evento a tomarse la foto.

 

Salgado Pineda, durante su discurso, reconoció la labor de los artesanos y productores locales y dijo que fue a comprar de su salario productos que vendían los artesanos, pero nunca se le vio hacerlo.

 

La realidad fue que al término de su discurso se retiró esta vez ya no salió por la Plaza Cívica, su equipo de seguridad la ingresó al Palacio de la Cultura, ubicado a un costado, y cerró la puerta para que no la siguieran ni reporteros ni inconformes.

 

Es sabido que e personal de la gobernadora evita que la gobernador sea abordada por los reporteros. Una estrategia que casi siempre usan en los eventos de su administración–este no fue el caso, el car lo organizó el INPI– es una cerca metálica destinada para los reporteros.

 

Hoy, alrededor de los maestros, los reporteros también se organizaron, y a gobernadora contestó algunas preguntas sobre el tema de balaceras y enfrentamientos en una parte de la Sierra, la que colinda con Costa Grande, pero sin dar muchos detalles.

 

Dentro del Palacio de la Cultura había un panel organizado por las poblaciones LGBTI+, a quienes se les pidió abandonar el lugar para que Salgado Pineda saliera sin contratiempos.

 

Finalmente la gobernadora salió por una puerta trasera del Palacio de la Cultura donde ya la esperaba su camioneta.

 

Cerca de esa puerta ya la esperaba otro grupo de manifestantes que le exigieron una audiencia, eran maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), a quienes Salgado Pineda no los volteó a ver, dio un par de pasos, ingresó a su camioneta y se retiró.

 

Las maestras y maestros de la CETEG exigieron a Salgado Pineda y a la Fiscalía General de Estado (FGE) investigar las amenazas de muerte que recibe su líder magisterial, Reina Bello de Jesús, por denunciar actos de corrupción en la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).

 

Detrás de su camioneta salió una comitiva de cuatro camionetas más donde viajaba su equipo de seguridad personal y otros colaboradores.

 

“Según la gobernadora iba a pasar a comprarnos, pero ni adiós dijo, no vimos cuando se fue”, mencionó uno de los comerciantes.


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La gobernadora Evelyn Salgado hace esperar más de dos horas a ediles y a jóvenes

Max y Julián: la pareja que no puede casarse en Guerrero

Aunque hace tres meses se aprobó en Guerrero el matrimonio igualitario, la población LGBT tiene que esperar 180 días más para casarse; se tienen que modificar leyes secundarias en materia de registro civil


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero/ Archivo 

Chilpancingo

 

Aunque hace tres meses el Congreso local aprobó el matrimonio igualitario, las parejas de las poblaciones LGBT podrán contraer matrimonio hasta dentro de 180 días.

Max y Julián llevan cinco años de relación. Después de que se aprobó el matrimonio igualitario, vieron la oportunidad de casarse.

Decidieron esperar un tiempo para acudir al Registro Civil y así dar oportunidad a que la dependencia hiciera todos los trámites burocráticos para la celebración de los primeros matrimonios igualitarios.

El matrimonio igualitario se aprobó en el mes de octubre. Julián (pareja de Max) decidió ir en diciembre, dejó pasar dos meses, creyó que ese tiempo era suficiente para que el Registro Civil afinara el proceso de este tipo de matrimonios.

Julián pidió información sobre qué requisitos necesitaría para casarse, pero no tuvo la respuesta que esperaba. Al acercarse al Registro Civil de Chilpancingo le comentaron que aun no podrían efectuar el matrimonio porque no tenían información al respecto, además, algunos trabajadores se rieron de su petición.

Realizaron dos visitas más, en las siguientes, les comentaron que no tenían los formatos y que el personal no estaba capacitado para realizar bodas entre personas del mismo sexo.

Aunque el Congreso local ya había aprobado el matrimonio igualitario, el Poder Ejecutivo aún no emitía el decreto para hacerlo realidad.

Fue hasta el 30 de diciembre que se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el decreto que permite el matrimonio igualitario.

Una vez aprobado y publicado el decreto, Max y Julián intentaron casarse nuevamente, pero otra vez les negaron ese derecho.

El Registro Civil de Chilpancingo argumentó nuevamente que no tenían los formatos y que sus trabajadores no estaban capacitados.

Max y Julián se acercaron a un integrante del Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero, quien les brindó acompañamiento y apoyo para presionar a las instituciones para que les dieran una explicación del por qué no se podían casar.

Hasta ese momento todas y todos los integrantes de las poblaciones LGBT desconocían que no podían casarse.

El lunes 23 de enero integrantes de colectivos LGBT de diferentes municipios del estado, se reunieron con la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Anacleta López Vega, para solicitar una explicación del porqué todavía no se pueden casar.

La explicación que recibieron fue que se deben modificar leyes secundarias en materia de registro civil.

“Las parejas que pretenden casarse tendrán que esperar 180 días más, porque faltan reformar leyes secundarias para que se pueda aplicar la ley”, explicó Efraín De Jesús Arroyo, vocero estatal de la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Redefine Guerrero), e integrante del Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero.

Los 180 días se traducen en seis meses en los que el Congreso local tiene que reformar leyes secundarias en materia de registro civil y de divorcio.

Max explicó que le informaron que sí podría casarse pero que su matrimonio no sería válido.

“Me dijeron, se pueden casar pero sería un matrimonio nulo más adelante porque todavía queda ver lo de los códigos para los divorcios”, agregó Max.

La única manera en la que las personas del mismo sexo pueden casarse es a través de un amparo solicitado ante cualquier juzgado de distrito.

El cual es un trámite que lleva hasta ocho meses. En el caso de Max y Julián está descartado, ellos quieren casarse a mediados de febrero porque Max viajará a Estados Unidos, (Max tiene nacionalidad estadounidense) y quiere darle esa nacionalidad a su pareja.

Su idea es irse en marzo ya casado y comenzar el trámite de nacionalidad para que Julián tenga ese derecho al que solo  accederá si se casan.

Esperaban casarse en Chilpancingo, pero no podrán esperar 180 días.

De Jesús Arroyo comentó que no se nota compromiso por parte de las autoridades en agilizar el proceso e incluso recibieron comentarios ofensivos por parte de López Vega.

“Que prisa tienen por casarse los de la comunidad, de todos modos se van a divorciar”, les respondió López Vega en la reunión a los representantes de las poblaciones LGBT.

Además de que les pidieron a ellos que difundieran la información sobre el matrimonio igualitario.

“Eso no nos corresponde a nosotros. Sí, como colectivos podemos compartir esa información pero ellos desde sus páginas oficiales tienen que informar lo que pasa”, expuso De Jesús Arroyo.

Para las poblaciones LGBT esto es un impedimento a sus derechos.

“Estoy seguro de que muchas parejas que se quieren casar ya han esperado mucho tiempo y ahora nos impiden acceder a este derecho”.

Max y Julián se casarán en Michoacán.

Después de la respuesta de las autoridades, Max y Julián decidieron que lo mejor era casarse en otro estado. Se casarán en Michoacán, lugar de donde es originario Max.

“La verdad me sentí mal, yo estaba planeando todo aquí. La familia de mi pareja aquí vive, mi idea era hacer todo aquí pasar un tiempo en Michoacán ya casado y, de ahí, irme a Estados Unidos”, comentó Max.

Para casarse en Michoacán tienen que viajar ocho horas.

La familia de Julián no estará presente en la ceremonia, les es complicado viajar de Chilpancingo a Michoacán por cuestiones laborales.

Aunque Max y Julián no se casarán en Guerrero, Max se siente conforme con que su historia sirva  para que se visibiliza la problemática de los matrimonios igualitarios.

“Siento que todo esto no fue en vano porque habrá más parejas de la comunidad que se van a querer casar después. Se logró todo esto de las reuniones para que le metan mano y ya quedé legal todo esto”.

“Me quedé con las ganas de que fuera aquí en Guerrero, lamentablemente no se pudo”.

 

Después de violento desalojo en la Autopista de Sol no hay solución para maestros y alumnos de la ENUF

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Óscar Guerrero 

29 de enero del 2023

Chilpancingo 

 

Después de una semana de movilizaciones de maestros y estudiantes de la Escuela Normal Urbana Federal Rafael Ramírez Castañeda (ENUF) que culminó con un desalojo en la Autopista del Sol, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no les ofrece soluciones concretas a sus demandas.

Los docentes piden la promoción directa de ocho maestros de la ENUF. Los estudiantes material didáctico y 58 plazas para los egresados de este ciclo escolar.

Ante dichas peticiones y después del desalojo, el subsecretario de Educación Superior, Marco Antonio Marbán Galván, informó que atiende a los estudiantes pero que sus peticiones sobre plazas automáticas no procede.

«Para ser contratados como docentes tienen que presentar un examen y respetar la lista de prelación, para garantizar un proceso justo transparente», mencionó en un comunicado Marbán Galván horas después del desalojo del pasado 27 de enero.

Por su porte, Josefina Herdosay Salinas, representante sindical de la ENUF comentó que después del desalojo no hubo un acercamiento inmediato de parte de las autoridades y que se analiza que acciones tomarán la siguiente semana.

«Maestros y alumnos resultaron heridos y vehículos oficiales también tuvieron daños, por lo que nos vamos a reunir para determinar qué acciones emprendemos, porque lejos de que hubiera diálogo nos reprimieron», mencionó Herdosay Salinas en entrevista telefónica.

En tanto, el Comité estudiantil de la ENUF emitió un comunicado donde denunciaron abuso de autoridad, lesiones a maestros y alumnos y daño a las unidades de transporte oficiales por parte de los elementos policiacos.

«Comprobamos una vez más que el diálogo de la 4T se basa en los golpes, la intimidación, represión y persecución», se lee en el comunicado.

A pesar de que ya existen ofrecimientos de parte del gobierno estatal para continuar con mesas de negociación, tanto los alumnos y maestros piden hablar directamente con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Fuentes cercanas a los alumnos informaron que las movilizaciones continuarán hasta que la reunión con Salgado Pineda se concrete.

Pobladores de la Sierra liberan a los 32 policías después de un enfrentamiento a balazos

En el enfrentamiento murieron dos agentes y tres presuntos miembros de la FM. Una mujer policía retenida contó en una reunión entre habitantes y autoridades estatales que los miembros de la FM iban infiltrados en la corporación policíaca


Texto: Amapola periodismo 

Fotografía: Oficial

29 de enero del 2023

 

Habitantes de la comunidad de El Parotal, municipio de Petatlán, dejaron en libertad a los 32 policías estatales luego de que este sábado en la tarde se enfrentaron a balazos con elementos de esta corporación que dejó un saldo de cinco muertos.

Dos agentes y tres presuntos integrantes del grupo del crimen organizado la Familia Michoacana que supuestamente iban con los uniformados murieron en la confrontación a tiros con los pobladores.

El secretario de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez y el secretario de Seguridad, Evelio Méndez Gómez, llegaron a El Parotal. En la reunión con el segundo comisario de la comunidad, los pobladores expusieron cómo fue la irrupción de los agentes estatales y tres miembros de la organización criminal de la Familia Michoacana.

Relataron que este sábado alrededor de las dos de la tarde cinco patrullas con más de 30 policías estatales entraron por la comunidad de Santa Rosa, hacia El Parotal, a una distancia de máximo 30 minutos en vehículo.

Los policías estatales iban encapuchados. Llegaron a la comunidad, catearon viviendas y robaron pertenencias a los moradores.

Una persona del pueblo contó en la reunión que después de las agresiones de los policías contra las mujeres y niños, el pueblo se organizó y tapó las salidas.

La población retuvo a los agentes y exigió sus identificaciones.

Los policías, contó, se negaron a identificarse. El comandante que iba con ellos los protegió y fue entonces que empezó el enfrentamiento a balazos entre policías y pobladores.

Una mujer policía de los 32 retenidos dijo ante los secretarios de Gobierno y de Seguridad que los tres fallecidos en el enfrentamiento, presuntamente pertenecen al grupo de la Familia Michoacana. La mujer policía contó, de acuerdo con la versión de los pobladores, que pasaron por ellos este mismo sábado al hotel Fiesta Americana de Acapulco, antes de trasladarse a El Parotal.

La mujer policía confesó ante Reynoso Núñez y Méndez Gómez que a estas tres personas hospedadas en ese hotel se les proporcionó uniformes de agente de la corporación para infiltrarse con ellos.

Tras escuchar el relato de la agente, el titular de la Secretaría de Seguridad prometió a las autoridades y habitantes del pueblo ordenar una investigación contra los agentes.

Los funcionarios estatales llegaron a El Parotal acompañados por soldados del Ejército y agentes de la Guardia Nacional, Marina y Policía Estatal.

Méndez Gómez y Reynoso Núñez se comprometieron a que a partir de este lunes 30 de enero instalarán bases de seguridad de operaciones mixtas en las comunidades de Pata de Gallo, Ejido Crucero y en San Antonio de las Texas.

Los habitantes de la comunidad entregaron las armas de los agentes retenidos, a quienes también dejaron en libertad.

Los tres presuntos delincuentes que murieron en el enfrentamiento junto con un comandante y un policía portaban fusiles AK-47.

Un habitante de esa comunidad afirmó que si el gobierno estatal no instala las bases de seguridad en los tres puntos acordados como lo prometieron los secretarios de Seguridad y de Gobierno seguramente registrarán más enfrentamientos.

«Nos dijeron que ayer sábado en la comunidad de Pata de Gallo, muy cerca de El Parotal, ya estaba listo un grupo de integrantes de la Familia Michoacana para bajar», afirmó la misma fuente.

 

Sin datos institucionales sobre animales en situación de calle en Chilpancingo

En 2018 se estimó que había 65,000 gatos y perros sin hogar; un perro por cada 5.5 habitantes, en los últimos cinco años no se ha hecho otro ejercicio parecido a pesar de que representan un problema de salud pública grave


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Miguel Sánchez 

Chilpancingo

 

Los animales en situación de calle, principalmente perros y gatos, son un problema de salud pública que muchas instituciones y activistas de bienestar animal reconocen. En números reales no se tiene un dato exacto para medir el problema.

El número que manejan todas las instituciones municipales sobre la cantidad de animales en situación de calle es de más de 65,000 entre perros y gatos, una cifra generada por estimaciones de algunas asociaciones de bienestar animal en Chilpancingo.

El dato de los 65,000 fue generado en 2018 y desde entonces no hay una actualización.

Hasta 2018, el área de Zoonosis de la Secretaría de Salud Guerrero tenía una estimación de que por cada 5.5 habitantes en la capital hay un perro callejero, pero desde esa fecha dicha información no fue actualizada.

El Centro de Control Canino y Felino de Chilpancingo reconoce que es complicado tener una estimación exacta del número de animales en situación de calle.

“Es complicado tener un censo, pero lo preocupante es que el 90 por ciento de esos animales, de acuerdo con los que documentamos en los últimos cuatro años, tuvieron dueño y es parte de nuestra irresponsabilidad como sociedad no poder darle un trato digno a nuestras mascotas”, mencionó Filiberto Pérez de la Cruz, director del Centro de Control Canino y Felino de Chilpancingo.

Los perros en situación de calle no solo son un problema social, también son un problema de salud pública, reconoce Pérez de la Cruz.

“El 70 por ciento de las enfermedades a nivel mundial son transmitidas de animales a humanos y las principales son las gastrointestinales, la parte de los desechos de los animales es la forma de contagio a través de los parásitos o cuando aceptamos lamidos o besos de perros o gatos que llevan su hocico constantemente a sus genitales”, dijo Pérez de la Cruz en entrevista.

“Otro tema son los taquitos de la calle que sabemos que están buenos pero hay tantas heces en la calle que muchas de ellas son por parte de perros domésticos en la que no hay una cultura como dueños de limpiar la calle de las heces de nuestra mascota”.

A través de diversas campañas de salud para perros y gatos el Centro de Control Canino y Felino trata de contener el problema de las enfermedades, pero muchas veces los perros en situación de calle superan a las instituciones.

En el Centro de Control Canino y Felino hacen esterilizaciones, desparasitaciones y tratamiento para la sarna para algunos perros callejeros que vecinos de Chilpancingo llevan a las instalaciones.

Dichos perros después de su tratamiento son regresados a la calle, que reconoce Pérez de la Cruz ayuda a disminuir las reproducciones, pero no es la solución.

Activistas y asociaciones a favor del bienestar animal reconocen que es grave la situación de perros y gatos en situación de calle.

Zazil Meza Fernández, presidenta de la Fundación Latidos de Vida, comentó que es preocupante que no haya cifras oficiales en cuanto al número de perros y gatos en situación de calle.

“Es preocupante que no existan datos oficiales, sabemos que existe una sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle y es importante que se generen campañas de esterilización para disminuir el problema”.

Las y los activistas coinciden en que la cifra puede ser mayor a 65,000.

Argumentan que Chilpancingo es una ciudad grande con colonias que no tienen acceso a información y campañas de esterilización.

La cultura de la adopción es otro problema, las personas no responden a estas convocatorias.

Muchas veces no lo hacen porque son dueños que ya tienen a su cargo uno o más animales.

El Centro de Control Canino y Felino de Chilpancingo, tiene actualmente 18 perros puestos en adopción.

Por su parte, las asociaciones protectoras de animales realizan eventualmente campañas de adopción.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) México es el tercer país en América Latina en maltrato animal y el primero con perros en situación de calle.

La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021 (Enbiare) menciona que en México hay 27 millones de mascotas, de las cuales, el 70 por ciento está en situación de abandono, esto quiere decir que en el país existen alrededor de 18 millones de mascotas abandonadas y en las calles.

Lo que quiere decir que sólo cinco millones de perros y gatos tienen hogar.


Este texto es parte de una iniciativa de Amapola periodismo para sensibilizar a la sociedad acerca del respeto y cuidado de los animales.

En Amapola Periodismo creemos que los altos índices de violencia en México, expresado principalmente en la tasa de homicidios, están relacionados a la falta de respeto a la vida.

El cuidado o maltrato a los animales silvestres y domésticos demuestran nuestra calidad humana.

¡No maltrates, protege!

Desalojan a estudiantes y maestros normalistas que exigían plazas en la Autopista del Sol

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero

27 de enero del 2023

Chilpancingo 

 

Maestros y alumnos de la Escuela Normal Urbana Federal Rafael Ramírez Castañeda (ENUF) que bloqueaban la Autopista del Sol para exigir plazas fueron desalojados por elementos de la Policía Estatal con equipo antimotin.

La exigencia de los estudiantes y maestros es la promoción horizontal para ocho docentes de la institución y la asignación de plazas para los alumnos que egresan este ciclo escolar, por lo que pedían una audiencia directa con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Los manifestantes bloqueaban los carriles norte-sur de la Autopista del Sol, a la altura del punto conocido como Parador del Marqués, a la salida con dirección a Acapulco.

Después de dos horas de bloqueo, los policías antimotines desalojaron a los 200 manifestantes.

La manifestación comenzó a las once de la mañana con un marcha que partió de su institución, ubicada al poniente de Chilpancingo, y avanzó por los carriles norte-sur de la Autopista del Sol, con dirección al sur de la capital.

De acuerdo con la delegada sindical de los maestros, Josefina Herdosay Salinas, en diciembre del 2021 se publicó una convocatoria para la promoción de plazas que dejaron vacantes profesoras que se jubilaron.

En esta convocatoria participaron dos maestras que a pesar de cumplir con todos los requisitos no obtuvieron las plazas, «por lo que alguien más ya las estaría ejerciendo, al igual que el techo presupuestal de cada una de ellas», denunció.

Los alumnos demandan la entrega de material didáctico y 53 plazas de telesecundaria para los egresados de este año.

Tanto los docentes como alumnos solicitaban una audiencia directa con Salgado Pineda, pero no ocurrió, en su lugar los atendió el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, pero los estudiantes denunciaron que no les dio una respuesta clara y favorable, entonces, continuarán con las movilizaciones.

A la una de la tarde la marcha llegó al punto conocido como Parador del Marqués, lugar en el que los manifestantes bloquearon la circulación.

En el lugar también hubo presencia de policías antimotines, quienes impidieron que avanzara la marcha; después de dos horas de bloqueo replegaron a los estudiantes.

 

 

 

Exigen a Fiscalía que recapture al presunto feminicida de Luz María en Taxco

Texto y fotografía: Amapola Periodismo 

Chilpancingo

 

Familiares de Luz María acusan a la Fiscalía General del Estado (FGE) de haber dejado en libertad a su presunto feminicida, Fernando Flores Martínez, su ex pareja sentimental, quien era un empleado de una empresa gasera.

El día 2 de enero pasado. Fernando citó a Luz María en un lugar ubicado en las inmediaciones de Taxco. Discutieron. Después él arrojó a ella a un barranco de 15 metros de profundidad, caída de la que salió herida y después murió en un hospital.

Cuando Luz María era atendida estaba presente Fernando y los médicos lo enviaron a la Agencia del Ministerio Público para que rindiera su declaración sobre los hechos; se percataron que sus dichos eran contradictorios.

Fernando dijo, primero, que Luz María se había resbalado, después que se precipitó al barranco y, después, que quería suicidarse porque no podía vivir sin él.

«Lo más increíble es de que pese a las muchas versiones que dio sobre la muerte de mi sobrina, la Fiscalía General del Estado dejó en libertad a Fernando, ya que existen evidencias de que cometió un feminicidio”, dijo Cristian Mota, tío de Luz María.

Contó que la ex pareja sentimental de su sobrina tenía rasguños en el cuello y en los brazos, lo que le parece una certeza de que s tuvieron una riña.

Mencionó que debido a que él y demás familiares de Luz María estuvieron ocupados en los trámites del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala para que les entregaran su cadáver para sepulturlo, descuidaron el caso en la Agencia del Ministerio Público donde suponían que estará detenido el agresor.

“Nos entregaron el cadáver de mi sobrina el 3 de enero, a otro día la sepultamos, y el 5 de enero a las diez y media de la mañana fuimos a la Agencia (del Ministerio Público) para ratificar la denuncia contra Fernando, y la sorpresa que nos llevamos es que ese mismo día lo dejaron libre”.

El caso lo atendió el representante social del distrito judicial de Alarcón, Ricardo Tapia Rivas, quien autorizó la entrega del cadáver de Luz María a sus familiares el 3 de enero, se lee en un documento oficial de la AMPFC con sede en Taxco.

La FGE emitió una ficha del caso en donde da a conocer la carpeta de investigación en contra de Fernando “N” por el delito de homicidio doloso en agravio de Luz María.

Sin embargo, la versión del tío de la víctima es que Fernando aún no es detenido y menos que la FGE le vincule al delito de feminicidio.

La omisión en la que ha incurrido la FGE en el caso ha provocado que los familiares y amigos Luz María y colectivos de mujeres feministas realicen protestas en Taxco para exigir justicia y la detención del presunto feminicida.

La última movilización que llevaron a cabo fue la tarde del pasado sábado 14 de enero; preparan otras más para los días siguientes en Taxco porque siguen sin tener respuesta del gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.

“Una de las omisiones que incurrió la Fiscalía es que no le realizó un estudio forense al agresor que tenía huellas de rasguños en la piel y se presume que eso lo sufrió mi sobrina cuando se defendió”.

Luz María tenía 34 años. Fernando que fue su última pareja sentimental, cuando ocurrió el incidente llevaban cinco meses de haberse separado.

“A mí y a mi mamá, Luz María nos contaba que era humillada por Fernando y la madre de él, y por eso decidió abandonarlo”.

Los familiares de Luz María supieron por algunos vecinos que Fernando golpeó a Luz María al menos dos veces durante los ochos meses que vivieron juntos.

Luz María antes tuvo una relación marital con otra persona con la que procreó dos hijos, una de 14 años y otro de 12 años.

Luz María trabajaba de intendente en la empresa minera La Suriana, ubicada en Arcelia.

“Ella (Luz María) se la pasaba en Arcelia porque trabajaba en la mina 20 días y 10 descansaba, y sus dos hijos se les dejaba de encargo a su papá biológico”, contó el tío.

El 31 de diciembre del 2022, Luz María estaba contenta porque había renunciado al trabajo en la mina porque tenía otros proyectos junto con sus hijos.

“Por eso es mentira lo que contó Fernando a las autoridades de que Luz María se quería suicidar; ella tenía a sus hijos y además planes para su futuro, es impensable que ella se haya aventado al barranco”.

En el 2013, Luz María vivió un episodio trágico, su padre, Mario Mota Pineda, fue privado de su libertad por hombres armados cuando estaba en un billar en Taxco.

Hasta la fecha, Mario, quien se dedicaba a producir y a vender joyería de plata, sigue desaparecido.

Luz María participó en las búsquedas de su padre y le dio seguimiento ante las autoridades.

“Fue un episodio que a mi sobrina le dolía mucho porque decía que en Guerrero no hay justicia”.

Eva Albavera Viveros, presidenta de la organización de Equidad y Autonomía en Movimiento de Género en Taxco, dijo que todas las circunstancias del caso de Luz María apuntan que fue un feminicidio.

“Ya había antecedentes de agresión contra Luz María por parte de su ex pareja y no entendemos porque fue dejado en libertad el presunto feminicidio”, explicó.

La activista feminista afirmó que durante la pandemia por el Covid-19 en Taxco aumentó la violencia contra las mujeres, pero la mayoría no acuden a interponer la denuncia porque no le tienen confianza a las autoridades.

Un feminicidio ocurrido en Taxco y que está documentado en la prensa de Guerrero, es el caso de la nutrióloga Magdalena Aguilar, quien desapareció el 13 de enero del 2018. A los 11 días después, su cadáver fue hallado descuartizado en la casa de su suegra; la asesinó su esposo.

En julio del 2022, César Gómez Arciniega fue detenido en Tijuana y actualmente está preso junto con su madre, quien fue cómplice, por el delito de feminicidio.

“En Taxco hay violencia feminicida y tenemos que parar esto exigiendo justicia, y en el caso de Luz María seguiremos protestando”, denunció la activista.

La Asociación Guerrerense de Violencia hacia las Mujeres documentó 107 casos de homicidios contra mujeres con presunción de feminicidios durante 2022.

Marina Reyna Aguilar, presidenta de esta organización, dijo que van a solicitar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) que haga la declaratoria de alerta de violencia feminicida al municipio de Taxco.

Guerrero tiene dos alertas, la primera fue declarada en 2017 por violencia de género contra las mujeres para los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Tlapa, Chilapa, Ayutla de los Libres, Coyuca de Catalán, Zihuatanejo de Azueta y Ometepec. La otra alerta es por agravio comparado, la Conavim la declaró en 2020.

La activista feminista Reyna Aguilar consideró que el gobierno estatal sí ha implementado medidas preventivas para frenar la violencia contra las mujeres, “pero a pesar de esos esfuerzos los feminicidios siguen a la alza en Guerrero”.

En lo que va de este 2023, denunció la activista, ocho mujeres fueron asesinadas en distintos municipios de Guerrero.

 

Presentan reforma en favor de la salud e higiene menstrual de niñas y adolescentes

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía:
26 de enero del 2023
Chilpancingo

En la sesión de este miércoles presentaron una iniciativa de reforma a la Ley 1212 de Salud del estado de Guerrero para establecer la salud e higiene menstrual como un servicio básico en este rubro.

La diputada de Morena, Jessica Ivette Alejo Rayo, presentó la iniciativa de reforma que plantea adiciones a esta ley para que se establezcan medidas, campañas, acciones y políticas públicas que contribuyan a la salud e higiene menstrual.

Además de garantizar el bienestar emocional, psicológico y sanitario de niñas y adolescentes.

Al exponer su propuesta, Alejo Rayo dio a conocer estudios del Fondo de Naciones Unidas para la infancia que indican que sólo 5 por ciento de las niñas y adolescentes en México tiene conocimiento preciso de la menstruación, también que un 5 por ciento de los padres hablan con sus hijas sobre el tema y un 7 por ciento del personal médico incide en niñas y adolescentes.

“Esta situación limita a este sector para entender los retos que enfrentan durante su periodo menstrual”, mencionó Alejo Rayo durante su participación.

La iniciativa plantea plasmar en la Ley de Salud y leyes secundarias que las autoridades sanitarias estatales, educativas y laborales, desde sus respectivos ámbitos de competencia, apoyen y fomenten programas, estrategias y acciones orientadas a fortalecer la educación en niñas y adolescentes en materia de salud e higiene menstrual.

También se planteó que sea incluida como una materia escolar la salud e higiene menstrual.

En dicha iniciativa, la Secretaría de Salud tendrá que establecer normas para un servicio adecuado en la atención y con una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género.

Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Salud para su evaluación y dictaminación.


 

_Este contendo es patrocinato por el Congreso del Estado de Guerrero_

Denuncian desaparición de ocho supuestos policías comunitarios; el gobierno estatal lo desmiente

Texto: José Miguel Sánchez y Amapola periodismo

Fotografía: Oficial / Secretaría de Seguridad Pública 

26 de enero del 2023

Chilpancingo

 

 

Los grupos de autodefensa de Heliodoro Castillo y de Apaxtla de Castrejón informaron que ocho de sus integrantes están desaparecidos después de ser detenidos durante un operación de seguridad organizada por el gobierno estatal y federal el pasado 20 de enero.

La versión de la Policía Estatal, una de las corporaciones que realizó la operación, sobre el caso informó que estas personas, o sea los reportados como desaparecidos, fueron regresadas a Apaxtla escoltados por elementos de la Policía Ministerial y Guardia Nacional.

Mediante un comunicado, los grupos de autodefensa que se autodenominan Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo y Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón informaron de la desaparición de sus compañeros.

Seis de los desaparecidos forman parte del grupo de Heliodoro Castillo y los otros dos al de Apaxtla de Castrejón.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 20 de enero. La operación de la Policía Estatal era para desalojar a un grupo de 20 civiles armados que resguardaban las entradas al municipio de Apaxtla.

Los civiles armados de ambos grupos de autodefensas, según sus propias versiones, estaban en las entradas de Apaxtla para impedir la entrada de la Policía Tecampanera a su municipio.

La Policía Tecampanera es otro grupo armado amparado como autodefensa que opera en los límites de las regiones Tierra Caliente y Norte del estado, y son acusados por los pobladores de Apaxtla de, a través de diversos retenes por las carreteras de la zona, cobrar un impuesto de 20 a 25 por ciento adicional sobre los productos de la canasta básica que ingresan a la zona.

Los grupos de autodefensa de Heliodoro Castillo y de Apaxtla difundieron que su movimiento también responde a una cuestión de seguridad, al impedir que el grupo delictivo conocido como La Bandera ingrese a la zona.

En respuesta al desalojo de los grupos de autodefensa de Apaxtla, la mañana del 20 de enero, decenas de transportistas de los municipios de Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo se apostaron a la salida de Chilpancingo, en el carril su-norte de la Autopista del Sol. Ante la presencia de elementos de la Policía Estatal con equipo antimotin los transportistas decidieron retirarse por su cuenta.

Durante la operación policiaca del sábado, donde fueron detenidas ocho personas, las autodefensas acusaron a las fuerzas de seguridad de violar derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza; denunciaron que detuvieron a personas que no portaban armas.

Los detenidos durante la operación policiaca y hoy presuntos desaparecidos son: Jorge Torres Ríos, Juan Torres Rojas, Bernabé Aguilar Lagunas, Jorge Hernández Nava, Carlos Hernández Santiago, Carlos Mosso Barragán, Emilio Hurtado Gonzales, Esteban Silva Delgado, además del chofer de la Urvan en que eran trasladados, Julio César Reyna Díaz.

Los ocho detenidos fueron trasladados a las instalaciones del Ministerio Público de Coyuca de Catalán “acusados por desobediencia y resistencia de particulares, donde fueron dejados en libertad con el apoyo de un abogado”.

“El lunes 23 de enero, las ocho personas iban a ser trasladas a Teloloapan, ciudad por la que se ingresa para ir hacia Apaxtla, pero las familias de estos pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se buscará una ruta alterna ante el temor de un grupo criminal”, se lee en el comunicado de las autodefensas.

Desde ese momento, denunciaron las autodefensas, ya no supieron más de los detenidos.

La Policía Estatal emitió un comunicado en el que asegura que las ocho personas fueron regresadas a Apaxtla escoltadas por un convoy con elementos de Policía Estatal, Guardia Nacional, Policía Ministerial y Ejército.

“Esperamos un tiempo prudente para que aparezcan nuestros elementos, de lo contrario iniciaremos acciones para encontrarlos y llevar a los responsables ante la justicia comunitaria”, insisten los autodefensas.

Confirman autoridades desaparición de autodefensas y asesor

La vocería de la Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero confirmó la desaparición de las ocho personas retenidas durante una operación policiaca en Apaxtla de Castrejón, además del asesor jurídico y chofer del vehículo en el que las trasladaban de regreso a zona Norte después de ser liberadas.

En total son nueve los desaparecidos.

A través de un comunicado, la vocería de la Coordinación informó que las ocho perosnas fueron puestas a disposición del Ministerio Público con sede en Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero, se entiende que después de la operación policiaca, pero que el 21 pasado los liberaron y entregaron a un asesor jurídico.

El mencionado asesor jurídico, se lee en el comunicado, «llevaba un medio de transporte para su traslado (de las ocho personas ya liberadas) al municipio de Apaxtla de Castrejón (municipio de zona Norte)».

El vehículo, informaron, sería escoltado hasta la entrada Apaxtla, pero por petición del asesor jurídico y chofer del vehículo, Julio César Reyna Díaz, tomaron otro camino que incluía entrar al municipio de Riva Palacio, Michoacán.

En ese momento los elementos de seguridad que los escoltaban le dijeron que ese camino ya no era su jurisdicción y, por tanto, ya no podrían acompañarlos.

Desde ese momento, informaron las autoridades, las nueve personas están reportadas como desaparecidas.


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Autodefensas de El Ocotito cumplen nueve años como única opción de seguridad en la zona

Bloquean puente Ayutla maestros y padres de familia por falta de pagos

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Maestros, padres de familia y alumnos de la Escuela Secundaria Heberto Castillo bloquearon el Puente Ayutla para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) el pago de 60 horas adeudadas desde hace cuatro años.

La movilización comenzó a las siete de la mañana. Fue una marcha que partió del plantel de la secundaria, ubicada en la colonia PRD, y terminó con un bloqueo en las laterales del boulevard Vicente Guerrero, a la altura del Puente Ayutla.

Participaron alrededor de 300 manifestantes, entre alumnos, maestros y padres de familia. La secundaria Heberto Castillo está ubicada en una de las zonas alejadas de Chilpancingo y cuenta con una matrícula de 16 grupos y 800 alumnos.

Vianey Álvarez Reyes, maestra de español de la secundaria y representante sindical, contó que desde 2019 se adeudan 60 horas a ocho maestros que imparten clases extras por falta de docentes.

“Hay maestras que cumplen dos funciones, son administrativas y aparte, por falta de maestros, están frente a grupo y en esa situación hay varios compañeros que no reciben el pago que merecen”, explicó.

De parte de la SEG, denunciaron los maestros, no le ponen atención a sus demandas. Juárez Reyes recordó que en 2019, a través de diversas movilizaciones, lograron la construcción de un aula.

“Parece que eso es lo que quiere, que sólo así nos atienden”, dijo la maestra.

Hasta las nueve de la mañana no hubo un acercamiento con autoridades estatales o educativas.

“El recurso ya está etiquetado, pero no lo hacen llegar, se lo quieren quedar”, denunció otra de las manifestantes.

 

Colonos del poniente y sur de Chilpancingo le protestan a la CFE para que CAPACH les libere el agua

El organismo de agua le debe a la comisión de luz más de 50 millones de pesos, razón por la que les cortaron el servicio. Los colonos intervinieron, pero los acusaron de ser enviados de la alcaldesa


Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Especial 
25 de enero del 2023
Chilpancingo

Maribel Rodríguez Ramírez es habitante de la colonia Lomas del Poniente y desde hace cinco meses la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) no envía agua a su casa ni a las de sus vecinos.

El argumento que la CAPACH les dio fue que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les corta la energía eléctrica por la falta de pago al servicio, pero ese es un asunto que debe atender el organismo.

La deuda que la CAPACH tenía con la CFE en 2021 era de 71 millones de pesos, a la fecha sólo redujo a 20 millones. La paraestatal continúa contándoles el servicio los sistemas de bombeo, lo que impide el funcionamiento de la red que distribuye el agua.

“Desde hace cinco meses la CFE comenzó con los cortes de luz y eran intermitentes, de repente había y de repente no, pero desde hace tres meses ya no tenemos agua”, cuenta Maribel.

Por la falta de luz, el bombeo de agua de los cárcamos de Mochitlán y Acahuizotla está suspendido, oficialmente desde el viernes pasado, pero vecinos de Chilpancingo recienten los cortes de luz desde hace meses.

Maribel paga por año 1,000 pesos a la CAPACH por concepto de agua.

Casos como el de ella se repiten en las colonias 21 de marzo, Rosario Ibarra, Tomatal, Texcalco, Bella Vista, Mirador y Lomas del Poniente, colonias del sur y poniente de la ciudad.

Por la falta de suministro y los cortes de luz, los vecinos de estas colonias protestaron este martes en las oficinas centrales de la CFE, en Chilpancingo, para exigir a la paraestatal que les reanude el servicio de luz eléctrica a las bombas del sistema Acahuizotla, uno de los que surte de agua a la ciudad.

Durante la protesta, funcionarios de la CFE acusaron a los manifestantes de ser enviados por la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez para presionarlos.

Los directivos de CFE advirtieron a los manifestantes que llamarían a policías si no se retiraban, porque la instancia no era para manifestarse y que, en todo caso, le protestaron a la CAPACH o al Ayuntamiento de Chilpancingo, porque son los morosos.

La protesta comenzó a las 10 de la mañana y culminó a las seis de la tarde, después de una reunión entre directivos de CFE, representantes de las colonias y el director de CAPACH, Carlos Balbuena Schaiffani.

El acuerdo fue que la CAPACH pagaría una parte la deuda para que la CFE les liberara el servicio de luz.


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