A 13 días de su muerte, derivado de un ataque armado, integrantes de organizaciones sociales acompañaron a familiares y compañeros de lucha del defensor del territorio para exigir cuentas a los servidores públicos que llevan las investigaciones. Advierten que no dejarán que sea otro crimen de un defensor social sin castigo
Texto y Foto: Margena de la O
Chilpancingo
Viernes 9 de mayo del 2025
De muchas maneras sus compañeros de lucha hicieron que Marco Antonio Suástegui Muñoz estuviera presente en la marcha de ayer en Chilpancingo para exigir justicia por su asesinato. El sombrero tejano negro que el líder social usó en vida coronó en los puños de las mujeres que encabezaron el contingente y los machetes que llevaron los hombres blandieron durante todo el recorrido.
Eran las mujeres y los hombres del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), de los pueblos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, zona rural de Acapulco, territorio que Marco defendió.
El sombrero y el machete fueron dos símbolos de su lucha de casi 22 años para impedir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construyera el proyecto hidroeléctrico La Parota, porque significaría la desaparición de los pueblos originales de las tierras comunales, quedarían inundados. “¡Marco, hermano, el machete que dejaste, lo llevamos en la mano!”, gritaron sus paisanos durante la protesta.
La marcha de ayer en la ciudad ocurrió a los 13 días de la muerte de este dirigente social, porque sus familiares, amigos y compañeros de lucha desconocían cuáles son las líneas que sigue la Fiscalía General del Estado (FGE), encargada de investigar las causas de su asesinato. Además, dejaron en claro, que no permitirán, como ha ocurrido en otros casos, que subestimen su trayectoria.
Marco murió el 25 de abril pasado, al octavo día de estar internado en un hospital privado por el ataque armado que sufrió (el 18 de abril) al salir de playa Icacos, en Acapulco, donde era prestador de servicios turísticos. Rentaba motos acuáticas.
El recorrido y la exigencia de esclarecimiento
La razón de exigirle cuentas a la FGE y a todo el gobierno estatal que encabeza Evelyn Salgado Pineda, es que no habrían de permitir que el caso sea trasladado al repositorio de la injusticia, como otras investigaciones de dirigentes sociales asesinados en Guerrero. Aquí algunos casos de crímenes que siguen sin ser esclarecidos por las instituciones de gobierno: Rocío Mesino Mesino, Arturo Hernández Cardona, Ranferi Hernández Acevedo, Arnulfo Cerón Soriano.
A todos ellos los recordó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, frente a las instalaciones de la FGE, hasta donde concluyó la marcha. “No hay ningún detenido, no hay castigo ejemplar para los que han luchado y han sido asesinados. (…) Hoy es la Fiscalía del nuevo gobierno y la práctica, la inercia y la impunidad sigue reproduciéndose como hace de tres, cinco décadas, con los crímenes del pasado”, mencionó para exponer la falta de interés de las instituciones de gobierno en diferentes épocas.
Expuso, como parte de su discurso durante el mitin con que terminaron la marcha, que todos los presentes, conocidos y allegados a Marco no permitirán que el blanco de las investigaciones oficiales sea la familia del defensor para criminalizarlo o que traten de involucrarlo con otros delitos. “Siempre se investiga a las víctimas y no a los responsables”, mencionó.
Barrera Hernández y Tlachinollan fueron aliados de Marco en diferentes momentos de su lucha, que le costó encarcelamientos, la desaparición de su hermano Vicente y, al final, la muerte, pero solo representa una parte de los miembros de organizaciones sociales que marcharon en la capital del estado.
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El grueso del contingente lo integraban miembros del Cecop, los compañeros de lucha de Marco, pero lo respaldaban integrantes de otras organizaciones sociales, como la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa; la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el Centro de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos). Además de otras personas que son activistas o que fueron cercanos al vocero del Cecop, como el exgobernador Rogelio Ortega Martínez, académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro).
El contingente salió de la avenida Insurgentes, del monumento a Nicolás Bravo, conocido como El Caballito, siguió por todas las calles internas de la ciudad hasta llegar a la FGE.
Los marchistas, de manera principal los miembros del Cecop, expresaron su reclamo, posición e inconformidad durante el recorrido mediante las consignas. “¡Gobierno asesino, mataste un campesino!”, “¡Gobierno opresor, mataste un luchador!”, repitieron.
Para quienes protestaron por Marco las condiciones en Guerrero no han cambiado en nada, porque sigue el avasallamiento contra quienes defienden su territorio. “¡Morena decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería!”, gritaron los marchistas.
Cuando el contingente llegó a la Fiscalía, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, intentó abordarlo, pero los manifestantes no aceptaron hablar con él en la calle, el propósito era que tuvieran un mesa de trabajo formal para saber qué investiga y cuáles son los avances de la FGE. “¡Gobierno decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería!”, gritaron los inconformes hasta hacer que el subsecretario se retirara.
La consigna general era clara. “Que se investigue la trayectoria de Marco Antonio como un defensor. Su asesinato está enmarcado en la lucha que han dado hombres, mujeres del estado para cambiar las condiciones de vida del pueblo de Guerrero”, dijo durante el mitin Barrera Hernández.
Una comisión del contingente, encabezada por Tlachinollan entró a la FGE, donde plantearon las exigencias que expresaron durante la marcha, como que en la investigación sean contemplados los riesgos que enfrentó Marco como defensor del territorio y la urgencia de proteger a su familia, por el peligro que enfrenta después de su muerte, informó Barrera Hernández al salir.
Una de las situaciones que expuso el director de Tlachinollan que evidencian que las instituciones han dejado sola a la familia de Marco, es que ya les robaron dos de las cinco motos acuáticas que el defensor tenía y rentaba en la playa Icacos, y que eran parte del pequeño patrimonio de su familia.
El compromiso mayor que consiguieron en la reunión de ayer en la Fiscalía, es que los abogados de Tlachinollan podrán acceder a la carpeta de investigación para saber cómo avanza y que haya resultados, agregó Barrera Hernández al mencionar que el Cecop tendrá el acompañamiento de las organizaciones sociales de Guerrero.
