Exige Cecop a FGE investigaciones sin criminalizar a Marco Suástegui en marcha por la justicia


A 13 días de su muerte, derivado de un ataque armado, integrantes de organizaciones sociales acompañaron a familiares y compañeros de lucha del defensor del territorio para exigir cuentas a los servidores públicos que llevan las investigaciones. Advierten que no dejarán que sea otro crimen de un defensor social sin castigo


Texto y Foto: Margena de la O 

Chilpancingo

Viernes 9 de mayo del 2025


De muchas maneras sus compañeros de lucha hicieron que Marco Antonio Suástegui Muñoz estuviera presente en la marcha de ayer en Chilpancingo para exigir justicia por su asesinato. El sombrero tejano negro que el líder social usó en vida coronó en los puños de las mujeres que encabezaron el contingente y los machetes que llevaron los hombres blandieron durante todo el recorrido.

Eran las mujeres y los hombres del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), de los pueblos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, zona rural de Acapulco, territorio que Marco defendió.

El sombrero y el machete fueron dos símbolos de su lucha de casi 22 años para impedir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construyera el proyecto hidroeléctrico La Parota, porque significaría la desaparición de los pueblos originales de las tierras comunales, quedarían inundados. “¡Marco, hermano, el machete que dejaste, lo llevamos en la mano!”, gritaron sus paisanos durante la protesta.

 


El Cecop durante la marcha por justicia para Marco Suástegui. Las mujeres llevaban su sombrero.

La marcha de ayer en la ciudad ocurrió a los 13 días de la muerte de este dirigente social, porque sus familiares, amigos y compañeros de lucha desconocían cuáles son las líneas que sigue la Fiscalía General del Estado (FGE), encargada de investigar las causas de su asesinato. Además, dejaron en claro, que no permitirán, como ha ocurrido en otros casos, que subestimen su trayectoria.

Marco murió el 25 de abril pasado, al octavo día de estar internado en un hospital privado por el ataque armado que sufrió (el 18 de abril) al salir de playa Icacos, en Acapulco, donde era prestador de servicios turísticos. Rentaba motos acuáticas.

El recorrido y la exigencia de esclarecimiento

La razón de exigirle cuentas a la FGE y a todo el gobierno estatal que encabeza Evelyn Salgado Pineda, es que no habrían de permitir que el caso sea trasladado al repositorio de la injusticia, como otras investigaciones de dirigentes sociales asesinados en Guerrero. Aquí algunos casos de crímenes que siguen sin ser esclarecidos por las instituciones de gobierno: Rocío Mesino Mesino, Arturo Hernández Cardona, Ranferi Hernández Acevedo, Arnulfo Cerón Soriano.

A todos ellos los recordó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, frente a las instalaciones de la FGE, hasta donde concluyó la marcha. “No hay ningún detenido, no hay castigo ejemplar para los que han luchado y han sido asesinados. (…) Hoy es la Fiscalía del nuevo gobierno y la práctica, la inercia y la impunidad sigue reproduciéndose como hace de tres, cinco décadas, con los crímenes del pasado”, mencionó para exponer la falta de interés de las instituciones de gobierno en diferentes épocas.

Expuso, como parte de su discurso durante el mitin con que terminaron la marcha, que todos los presentes, conocidos y allegados a Marco no permitirán que el blanco de las investigaciones oficiales sea la familia del defensor para criminalizarlo o que traten de involucrarlo con otros delitos. “Siempre se investiga a las víctimas y no a los responsables”, mencionó.

Barrera Hernández y Tlachinollan fueron aliados de Marco en diferentes momentos de su lucha, que le costó encarcelamientos, la desaparición de su hermano Vicente y, al final, la muerte, pero solo representa una parte de los miembros de organizaciones sociales que marcharon en la capital del estado.

***

El grueso del contingente lo integraban miembros del Cecop, los compañeros de lucha de Marco, pero lo respaldaban integrantes de otras organizaciones sociales, como la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa; la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el Centro de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos). Además de otras personas que son activistas o que fueron cercanos al vocero del Cecop, como el exgobernador Rogelio Ortega Martínez, académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro).


El contingente de la marcha avanzaba por las calles del centro de la ciudad.

El contingente salió de la avenida Insurgentes, del monumento a Nicolás Bravo, conocido como El Caballito, siguió por todas las calles internas de la ciudad hasta llegar a la FGE.

Los marchistas, de manera principal los miembros del Cecop, expresaron su reclamo, posición e inconformidad durante el recorrido mediante las consignas. “¡Gobierno asesino, mataste un campesino!”, “¡Gobierno opresor, mataste un luchador!”, repitieron.

Para quienes protestaron por Marco las condiciones en Guerrero no han cambiado en nada, porque sigue el avasallamiento contra quienes defienden su territorio. “¡Morena decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería!”, gritaron los marchistas.

Cuando el contingente llegó a la Fiscalía, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, intentó abordarlo, pero los manifestantes no aceptaron hablar con él en la calle, el propósito era que tuvieran un mesa de trabajo formal para saber qué investiga y cuáles son los avances de la FGE. “¡Gobierno decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería!”, gritaron los inconformes hasta hacer que el subsecretario se retirara.

La consigna general era clara. “Que se investigue la trayectoria de Marco Antonio como un defensor. Su asesinato está enmarcado en la lucha que han dado hombres, mujeres del estado para cambiar las condiciones de vida del pueblo de Guerrero”, dijo durante el mitin Barrera Hernández. 

Una comisión del contingente, encabezada por Tlachinollan entró a la FGE, donde plantearon las exigencias que expresaron durante la marcha, como que en la investigación sean contemplados los riesgos que enfrentó Marco como defensor del territorio y la urgencia de proteger a su familia, por el peligro que enfrenta después de su muerte, informó Barrera Hernández al salir. 

Una de las situaciones que expuso el director de Tlachinollan que evidencian que las instituciones han dejado sola a la familia de Marco, es que ya les robaron dos de las cinco motos acuáticas que el defensor tenía y rentaba en la playa Icacos, y que eran parte del pequeño patrimonio de su familia. 

El compromiso mayor que consiguieron en la reunión de ayer en la Fiscalía, es que los abogados de Tlachinollan podrán acceder a la carpeta de investigación para saber cómo avanza y que haya resultados, agregó Barrera Hernández al mencionar que el Cecop tendrá el acompañamiento de las organizaciones sociales de Guerrero. 


 

Impunidad letal: 99 por ciento de los ataques a defensores ambientales en México quedan sin castigo


De acuerdo con CEMDA y Global Witness, la impunidad en crímenes contra defensores ambientales roza el 99 por ciento, un porcentaje que coincide con las 25 agresiones letales registradas en 2024, donde solo en 4 casos hubo participación directa del Estado, sin que se reportaran detenciones


Texto: Laura Buconi / Pie de Página

Foto: Tlachinollan 

Ciudad de México


El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en su informe anual sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales, revela estadísticas alarmantes, con agresiones letales a defensores, sobre todo originarios de comunidades indígenas y miembros de asociaciones civiles.

El informe llega unos días después de que Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del CECOP que durante 22 años impidió la construcción de la presa La Parota en Guerrero, muriera tras ser baleado el 18 de abril en Acapulco. Como reportó Amapola, el Centro de Defensa de los Derechos Humanos Tlachinollan exigió justicia para este defensor ambiental, quien ya había sufrido prisión política y la desaparición de su hermano. Su lucha frenó el proyecto, pero la violencia lo alcanzó.

¿Cuál es el panorama al que se enfrentan los defensores del territorio en México? Estos son los últimos datos.

Agresiones impunes a defensores del territorio

Itzel Arteaga, gerente de derechos humanos del CEMDA, relata que durante 2024 se documentaron 94 eventos de agresión (momentos en que ocurren los ataques) y 236 agresiones específicas. Dentro de un mismo evento pueden ocurrir diversas agresiones. En 2024, el CEMDA documentó 25 agresiones letales, que incluyen homicidios y ejecuciones extrajudiciales. Veinticinco defensores ambientales perdieron la vida: 21 por homicidios y cuatro por ejecuciones extrajudiciales. La diferencia metodológica es que la ejecución extrajudicial es cometida u ordenada por agentes del Estado. Es decir, hubo participación de alguna autoridad.

«Si bien hubo disminución en eventos y agresiones específicas, las letales aumentaron considerablemente durante 2024», puntualiza Arteaga.

Los estados con más eventos de agresión en 2024 son: Oaxaca (15), Chiapas, Michoacán y Puebla (9 cada uno), y Veracruz (8). En estos cinco estados se concentra el 53.1 por ciento de los casos documentados.

La criminalización es una de las formas más comunes de agresión contra defensores y funciona como mecanismo para obstaculizar su labor.

El CEMDA identificó que las principales víctimas en 2024 fueron miembros de comunidades indígenas o agrarias (43 eventos, 45.7 por ciento del total). Arteaga señala: «Debe identificarse como foco rojo para el Estado, pues no es la primera vez que documentamos este patrón». El segundo grupo más afectado fueron integrantes de organizaciones civiles (21 eventos, 22.3 por ciento).

Los principales agresores fueron: el Estado (participación en 62 eventos, 65.9 por ciento), empresas (25 eventos, 26.5 por ciento) y delincuencia organizada (17 eventos, 18 por ciento). Arteaga aclara que frecuentemente actúan en conjunto: un mismo evento puede involucrar a múltiples perpetradores.

Comparado con 2023, aumentó significativamente la participación estatal (de 49.5 por ciento a 65.9 por ciento) y empresarial (de 15.4 por ciento a 26.5 por ciento), mientras disminuyó la de grupos criminales (de 29.6 por ciento a 18 por ciento).

Laura Furones, de Global Witness, alerta sobre la impunidad:

«Lo común en estos casos es que los atacantes nunca sean condenados, juzgados ni identificados. Esto no solo revela fallas judiciales, sino que incentiva más violencia. Atacar a un defensor sale barato: es improbable que el agresor enfrente consecuencias».

Sobre las defensoras mujeres, añade:

«Sufren todos los tipos de violencia que sus colegas hombres, más violencia de género y de liderazgo. Muchas veces sus propios contextos les niegan el derecho a ser líderes, las cuestionan por ‘abandonar’ labores domésticas y el cuidado de hijos. La complejidad es mayor».

Desplazamientos forzados aumentan 358 por ciento en Chiapas

Los datos del CEMDA coinciden con el informe Chiapas: en la espiral de la violencia armada y criminal del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que describe «una verdadera crisis humanitaria y sus impactos en la población civil».

Carlos Ogaz, representante de Frayba, explica:

«Vivimos violencia en medio del negacionismo de la administración anterior y el espectáculo mediático del gobierno actual. Las fuerzas armadas, minería, megaproyectos, crimen organizado, desapariciones, desplazamientos forzados y violencia contra pueblos indígenas conforman esta crisis».

El expresidente, señala Ogaz, «decía que Chiapas no era prioritario porque otros estados tenían más homicidios».

Según el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, en México hay 386,000 desplazados internos, 90 por ciento originarios de Chiapas y Oaxaca. Las causas incluyen crimen organizado, grupos paramilitares, agentes estatales, proyectos de desarrollo (minería, tala ilegal, extracción de hidrocarburos, construcción, turismo), conflictos territoriales, cambio climático y desastres naturales.

En Chiapas, el desplazamiento forzado existe desde los años 60, pero entre 2019-2023 aumentó 358 por ciento. La edad más frecuente de mujeres desaparecidas es 15 años; 45 por ciento de desaparecidos son menores. Entre 2023 y junio de 2024, Frayba registró 15,780 desplazados en tres zonas (Altos, Norte y Selva), cifra equivalente al total de 2010-2022.

Dora Roblero, directora de Frayba, denuncia:

«Los desplazados que regresan deben pagar multas de 100 mil pesos, impuestas por actores armados con complicidad gubernamental. Mientras las autoridades promueven una imagen falsa de normalidad turística, los pueblos viven una guerra silenciada».

Economía del crimen

Entre diciembre 2023 y junio 2024, Frayba identificó 257 hechos violentos en Chiapas: 138 con asesinatos (muchos con torturas, desmembramientos y narcomensajes) y 73 enfrentamientos.

Citlali Hernández, de Indigenous Peoples Rights International, explica:

«Esta violencia criminal proviene de grupos paramilitares formados durante la contrainsurgencia zapatista. Al no haber transición a la paz, mutaron y ahora se alían con cárteles».

El informe también documenta silenciamiento de defensores y periodistas: «La aparente disminución de agresiones se debe más al aumento de autocensura que a mejoras reales».

Santiago Aguirre, del Centro Prodh, advierte: «El paramilitarismo fue creación del Estado mexicano. Si el gobierno actual no actúa según las recomendaciones de la Corte Interamericana, se vuelve cómplice. En Chiapas, ya es indistinguible la violencia criminal de la estatal».

Política pública de protección

Gustavo Alanís, director del CEMDA, afirma:

«Falta una política pública integral para proteger a defensores ambientales. Urge fortalecer los mecanismos existentes».

Los expertos coinciden en que México debe implementar efectivamente el Acuerdo de Escazú (sobre acceso a información, participación y justicia ambiental), cuyo artículo 9 protege específicamente a defensores.

«Debe garantizárseles un entorno seguro para su labor», enfatiza Alanís.

Roblero concluye con esperanza: «A pesar de todo, las comunidades se organizan. Siguen creyendo posible construir vida digna y paz. Este informe es también un grito de resistencia».

 

Este texto es original de Pie de Página, un medio de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, de la cual formamos parte, y es reproducido con su autorización. Aquí la publicación original.

Destrozan normalistas de Ayotzinapa caseta de Autopista del Sol en reclamo de justicia por crimen del líder del Cecop


Texto: Amapola Periodismo

Foto: Alex Ortiz /AHORA Guerrero

Chilpancingo

Miércoles 30 de abril del 2025


Como una reacción de protesta por el asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parato (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, destrozaron la caseta Palo Blanco de la Autopista del Sol.

Este es el segundo día de protestas en Chilpancingo de parte de los estudiantes normalistas en reclamo de justicia del crimen del activista ambientalista que encabezó por casi 22 años, hasta el día de su muerte, el viernes 25 de abril pasado, un movimiento en contra de la construcción de la hidroeléctrica La Parota que empujaba la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, zona rural de Acapulco. 

Poco antes de las 10 de la mañana, varias decenas de normalistas llegaron en autobuses hasta la caseta de Palo Blanco y unos minutos después comenzaron a destrozar las cabinas de cobro en ambos sentidos. 

Durante varios minutos lanzaron piedras y explosivos en las diferentes cabinas hasta lograrlo, mientras gritaban consignas para exponer su inconformidad. “¡Ni con tanquse ni metrallas, Ayotzi no se calla!”, fue una de las consignas que corearon al par que sonaban las detonaciones de los explosivos. Tampoco olvidaron sus propias exigencias, porque cerraron la acción de protesta después de gritar desde el uno al 43, en alusión a la desaparición de sus compañeros hace más de 10 años.


Así quedaron las cabinas de cobro de la caseta de Palo Blanco después de acción de protesta de los normalistas de Ayotzinapa. Foto: Alex Ortiz.

Los estudiantes dejaron en claro este reclamo por el asesinato del líder del Cecop al repartir unos también unos textos entre los automovilistas que cruzaban por la caseta, mediante el cual hacían un llamado a los gobiernos estatal y federal de una investigación que permita saber quién o quiénes fueron los responsables del crimen del vocero de la Cecop.

Hasta el lugar de la protesta llegaron elementos de la Guardia Nacional pero estuvieron alejados algunos metros.

Suástegui Muñoz fue atacado a balazos el viernes 18 de abril pasado en uno de los accesos de la playa Icacos, de Acapulco, donde era prestador de servicios, rentaba motos acuáticas. Al octavo día del ataque murió en un hospital privado del puerto donde era atendido.

Al conocerse la muerte del dirigente social que enfrentó varios situaciones en los casi 22 años del movimiento contra la construcción de La Parota, como cuatro encarcelamientos y la desaparición de su hermano Vicente Suástegui Muñoz, quien también formó parte del movimiento, de quien aún se desconoce su paradero, ha habido muchas reacciones de las organizaciones sociales estatales, nacionales e internacionales, con el reclamo de justicia. La Organización de los Derechos Humanos Derechos Humanos (ONU-DH) y Amnistía Internacional condenaron su muerte y exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación “pronto, exhaustiva y eficaz”.



Ayer, los normalistas de Ayotzinapa realizaron su primera protesta y bloquearon de manera parcial la Autopista del Sol, al altura del punto conocido como El Parador del Marquez, al sur de la ciudad. Impidieron el paso de los automovilistas en un carril de cada sentido de la carretera de cuota por alrededor de un hora y media. 

La actividad terminó con un mitin político en el lugar, donde condenaron también el crimen del dirigente social.

Marco Antonio Suástegui enfrentó hasta su muerte todas las fases de riesgo por disentir


El dirigente social resistió 22 años contra la presa La Parota de la CFE, un proyecto que han tratado “de imponer a sangre y fuego” en los Bienes Comunales de Cacahuatepec


Texto: Margena de la O 

Foto: Javier Verdín / Cromática agencia fotográfica y multimedia

Chilpancingo

Lunes 28 de abril del 2025


Marco Antonio Suástegui Muñoz egresó como arquitecto del Instituto Tecnológico de Acapulco y sus planes profesionales eran seguir preparándose fuera de México para, después, regresar y crear proyectos en la zona rural de Acapulco: carreteras, puentes e infraestructura para que el agua potable llegara hasta los Bienes Comunales de Cacahuatepec. 

Le parecía injusto que la zona donde nació y creció dotara de agua a la zona urbana del puerto y sus paisanos la carecieran. “Tenía grandes proyectos de ser un arquitecto prominente”. Los pueblos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec están en la marginalidad.

Pero las circunstancias que estaban por enfrentar sus paisanos le cambiaron la jugada y lo convirtieron en una figura de resistencia en Guerrero. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) empujaba la construcción de la hidroeléctrica La Parota en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, lo que significaba la desaparición de los pueblos originales. Quedarían inundados.

Marco observó despojo, por mucho que las instituciones de los gobiernos, como en todos los proyectos extractivistas o de explotación de recursos naturales que respaldan, plantearan la oportunidad de desarrollo para la zona rural de Acapulco, mientras les ofrecían una reubicación.

Convencido del riesgo, el 28 de julio del 2003, a sus 27 años, comenzó una lucha social junto a los hombres y las mujeres de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. “Tuve que regresar porque vi cómo iba a ser el despojo de las tierras de los campesinos, me di cuenta de que iba a haber una injusticia”. Crearon el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), del cual Marco siempre fue vocero. 

Pronto se distinguió como un líder de temple y discurso fuerte, pero de apariencia sencilla. El sombrero oscuro que usaba y el machete que traía terciado en la espalda le forjaron una identidad.

Conocía los Bienes Comunales de Cacahuatepec donde nació el 17 de enero de 1976, y sus planes, desde que regresó al terminar su carrera universitaria, eran permanecer ahí para siempre.

Así es desde la tarde de este domingo 27 de abril del 2025 que fue sepultado su cadáver en el panteón del poblado de Cacahuatepec. Murió el viernes 25 al octavo día del atentado armado que sufrió en playa Icacos, de Acapulco, donde rentaba motos acuáticas. Los casi 22 años que duró su lucha social enfrentó varios desafíos por su osada resistencia, la más “terrible” de su vida, la desaparición de su hermano Vicente.


El féretro del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, al llegar a Cacahuatepec. Foto: Javier Verdín / Cromática.

Un dolor que nos tiene atrapados

De manera intempestiva Marco se levanta de la silla y dice que se va porque seguro Vicente espera que lo busque. Su reacción es abrupta. Hace unos instantes reía, pero de pronto pareció molesto, como si sintiera culpa por haberse desconectado unos momentos de su pesar.

Antes, en entrevista, dijo que la desaparición de su hermano Vicente le pegó duro. “Me duermo pensando en mi hermano Vicente, sueño con mi hermano Vicente, despierto con mi hermano Vicente, desayuno, como y ceno con mi hermano Vicente”. Marco se despide y se va después de mirar repetidas veces a su alrededor.

La noche del 5 de agosto del 2021 unos hombres se llevaron a Vicente de la avenida principal de colonia Renacimiento, en Acapulco. 

Vicente trabajaba como taxista y salió de su casa esa noche porque le pidieron un servicio que, Marco creía, fue un plan para llevárselo. En la avenida principal de Renacimiento, frente a la Secundaria Federal número 9, un pequeño carro rojo le cerró el paso y unos hombres lo interceptaron, lo bajaron, golpearon y se lo llevaron, de acuerdo con la reconstrucción que hizo entonces el líder del Cecop. No sabía si su hermano estaba herido, pero tenía la certeza de que dispararon para obligar a bajarlo del taxi.

Esta entrevista ocurrió el l9 de octubre del 2021, frente a la playa Papagayo. La razón de que fuera testigo de la reacción inesperada de Marco al acordarse de su hermano fue que antes me concedió una entrevista amplia para hablar de su lucha, que se convirtió en familiar, y la desaparición de su hermano, en la cual tenía indicios de que estarían involucrados agentes policiales con otros grupos armados que en la zona se presentaban como autodefensas.

“Mi hermano está desaparecido y este sufrimiento, le decía yo, que eran como flechas mortíferas, que no solamente te atraviesan el cuerpo, no solamente te ha atravesado el corazón, sino te atraviesan el alma, rompen con tu tranquilidad, no hay paz en el corazón, hay una desesperación tremenda. No saber si Vicente está con vida, no saber si Vicente ya comió, si está enfermo o no, saber si lo están torturando, no saber si Vicente está sufriendo realmente, si está enfermo, realmente es algo que nunca había imaginado”, compartió entonces.

Marco sabía que la situación que enfrentaba con su hermano era resultado de la resistencia de 18 años en ese momento–casi 22 hasta el día de su muerte–, porque se convirtieron en un “estorbo para los gobiernos que, sin duda alguna, van a seguir queriendo imponer a sangre y fuego el proyecto de la presa La Parota”.

También le quedaba claro que se la cobraban con el golpe más bajo. “No tengo miedo de morir, no tengo miedo de ser encarcelado, pero sí tengo mucho miedo de no encontrar a mi hermano Vicente con vida”.

Marco murió y tampoco lo halló.

Desmarañó la jugada

Cuando Marco enfrentaba la desaparición de su hermano ya había vivido momentos duros como dirigente social, como su encarcelamiento en el penal federal de Nayarit.

El vocero del Cecop fue de los dirigentes sociales encarcelados durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero (2011-2014, salió un año antes por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa), considerado el periodo de este cuarto de siglo como el más letal para la lucha social, por el encarcelamiento y asesinato de activistas. 

Lo aprehendieron en Acapulco el 17 de junio del 2014 y al día siguiente ya estaba en Nayarit. En el penal también estuvo presa la ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, quien después fue senadora. Además, en el 2013 mataron a 13 dirigentes sociales, entre ellos Arturo Hernández Cardona, Rocío Mesino Mesino, Raymundo Velázquez Flores y Luis Olivares Enríquez.

Marco ya había estado preso antes y lo estuvo varias veces después. En 2004, en el periodo del extinto gobernador René Juárez Cisneros, al año siguiente de comenzar el movimiento contra La Parota, fue detenido por primera vez. Pero nada, como su año de reclusión en Nayarit, donde perdió 30 kilos de peso. “Cuando yo fui encarcelado en Nayarit pesaba 90 kilos, regresé con 60 kilos, o sea, perdí 30”, comentó en la entrevista de hace cuatro años.

Pero tampoco ese episodio sería lo último que enfrentaría, porque el 7 de enero del 2018, hubo un enfrentamiento entre policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con los que Marco coincidía, y pobladores de pueblos vecinos en La Concepción, que forma parte de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. Esto ocurrió en dos momentos, en uno de ellos, el gobierno estatal, entonces encabezado por Héctor Astudillo Flores, envió una operación policiaca a esta parte rural de Acapulco, al parecer para mermar la oposición a La Parota. El enfrentamiento dejó 11 muertos, entre policías comunitarios y pobladores.

Este hecho le valió a Marco su cuarto encarcelamiento con otros 37 integrantes del Cecop.

Después vendría la desaparición de Vicente quien, compartió Marco en la entrevista de hace cuatro años, había salido desplazado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec entre 2019 y 2020.

Todos estos episodios ocurren en un acoso sistemático no solo de parte de agentes policiacos que los seguían, también de otros grupos de civiles armados. Marco compartió entonces que miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), una organización de autodefensas que creó el dirigente na savi Bruno Plácido Valerio, que fue asesinado el 17 de octubre del 2023, estarían detrás de la desaparición de su hermano en colusión con agentes ministeriales y de otras corporaciones.

Entonces Marco ya tenía claro que para resistir ante las instituciones de Estado había que librar batallas con diferentes rivales. “La lucha social está en verdadero peligro porque ya no son los (policías) federales, ya no son los militares, ya no es el Ejército y la Marina quien desaparece. El gobierno utiliza a grupos criminales para desaparecerte, para asesinarte, para enterrarte vivo, para torturarte, para levantarte y eso es más peligroso”. 

Marco Antonio Suástegui enfrentó todas las fases del riesgo por disentir.

Muere Marco Antonio Suástegui, líder del Cecop, a ocho días de su atentado


El opositor a la presa La Parota de Acapulco dedicó 22 años a esta lucha que le generó encarcelamientos y la desaparición de su hermano Vicente, a quien buscó hasta su final


Texto: Margena de la O

Foto: Tlachinollan

Chilpancingo

Viernes 25 de abril del 2025


El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, murió producto del atentado armado que sufrió el viernes 18 de abril pasado en playa Icacos, de Acapulco, confirmó esta tarde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Fueron ocho días los que el dirigente social permaneció internado de gravedad en un hospital privado del puerto después de los disparos que recibió. 

Suástegui Muñoz solía estar en la playa Icacos, porque también era prestador de servicios turísticos, rentaba motos acuáticas, y fungía como representante de los Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de la Playa Icacos (Tuderpi). 

De acuerdo a lo que registraron algunos medios de comunicación del puerto, el líder social fue agredido en uno de los accesos a la playa la tarde-noche de ese viernes; un hombre se le acercó, le disparó y huyó.

Lo que era público desde entonces por la información que hacían pública integrantes de otras organizaciones sociales que hacen vida en Guerrero, es que Suástegui Muñoz fue intervenido de manera quirúrgica, y que su estado de salud era de gravedad, pero estable 

Pero esta tarde, a las 14:18 horas, Tlachinollan colgó un mensaje en sus redes sociales mediante el cual informaba la muerte del vocero del Cecop. 

“Después de que el pasado viernes 18 de abril de 2025 Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), fuera agredido por un pistolero cuando salía de la playa Icacos, hoy desafortunadamente nos llegó la noticia de que perdió la vida por los disparos de gravedad que le hicieron, luego de 8 días en el hospital tratando de sobrevivir”, es parte del texto difundido. 

La organización también lamentó y exigió una investigación clara de los hechos.

Marco Antonio Suástegui Muñoz es conocido en Guerrero por la lucha social de 22 años que realizó para evitar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE)–con el respaldo de servidores públicos locales– realizaran la construcción de la presa La Parota en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, una parte importante de la zona rural de Acapulco aislada y marginada. 

La oposición fue para evitar que los habitantes de la zona fueran despojados de sus tierras originales, lo que también ocasionó varias diferencias internas entre los pobladores. El proyecto ha sido aplazado por esta lucha.

Estos años de resistencia le valieron a Suástegui Muñoz periodos de encarcelamiento, uno de los más recordados ocurrió durante el periodo del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, estuvo preso por poco más de un año acusado por los delitos de robo y daños en propiedad ajena. 

El gobierno de Aguirre Rivero es de las administraciones recientes donde más dirigentes sociales fueron asesinados y encarcelados. En esa ocasión estuvo en la cárcel de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, donde también estuvo encarcelada la exsenadora y ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado.

De los mayores costos que enfrentó Suástegui Muñoz por su lucha fue la desaparición de su hermano Vicente, a quien el 5 de agosto del 2021 unos hombres se lo llevaron de la avenida principal de colonia Renacimiento, Acapulco, donde trabajaba como taxista. Desde entonces está desaparecido.

Marco dedicó los últimos años de su vida a buscar a su hermano.

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