La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres exigió el desafuero del alcalde de Alcozauca, Sebastián Ortiz Sayas, quien fue acusado por su esposa de golpearla, para que responda por el delito de violencia familiar.
A través de un comunicado la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres exigió el desafuero Ortiz Sayaz y rechazaron cualquier acto de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.
«Exigimos el desafuero del presidente municipal de Alcozauca; ningún agresor debe ocupar cargos públicos y ninguna persona puede ni debe estar por encima de los derechos humanos», se lee en el comunicado.
Las activistas y defensoras de los derechos humanos que conforman la Red, expusieron que Ortiz Sayas justificó la violencia contra su esposa y dijo que “los golpes son normales dentro del matrimonio».
El pasado 11 de septiembre, Rosalía Díaz Caballero denunció a su esposo a Ortiz Zayas, alcalde del municipio de Alcozauca, en la región de la Montaña, de haberla golpeado.
Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Morelos recibió a la señora Rosalía «N» quien manifestó ser víctima de violencia familiar.
Señaló como su agresor al alcalde de Alcozauca, Sebastián «N», quien la agredió a las siete de la mañana del sábado 11 de septiembre.
“Las instituciones deben trabajar con perspectiva de género en las investigaciones para que las víctimas obtengan justicia, así como salvaguardar su integridad”, advierte la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.
En el comunicado expresaron su preocupación sobre la impunidad característica del sistema mexicano «ya que el 99 por ciento de los delitos contra las mujeres quedan impunes».
Explicaron que de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (Endireh) 2021, publicados el 30 de agosto pasado, Guerrero ocupa el primer lugar en prevalencia de violencia en el ámbito familiar a nivel nacional.
Exigieron a la FGE hacer las investigaciones pertinentes y actúe conforme a derecho sobre el caso de violencia familiar en contra de Rosalía Díaz Caballero.
Un albergue de mujeres en situación de violencia dado de baja en 2018 del Registro Nacional de Refugios (RNR) por haberse detectado una serie de irregularidades sigue en funciones a pesar de que continúan los malos tratos y falta de alimentos, denunciaron las usuarias.
Una ex usuaria del refugio a quien para cuidar su identidad le llamaremos Ema, contó que su «expulsión» del albergue fue después que le pidió a la directora de este espacio Susana Castro Meza que le dieran atención médica a su pequeña hija que tenía tres días con una fuerte tos.
Fue una psicóloga la que le dio un medicamento porque en el refugio no había.
La denunciante afirmó que en una visita que realizó a este espacio la Procuradora de la Mujer, Yuridia Melchor Sánchez, ella y otras mujeres le entregaron varias cartas en las que le contaron todas las irregularidades que existen en el albergue.
El refugio funciona con recursos de la Secretaría de la Mujer del gobierno estatal.
La denunciante mencionó que el pasado 23 de junio hubo una reunión en la que estuvo Castro Meza, la procuradora, Yuridia Melchor y la directora de administración del refugio, Yolanda Rodríguez.
«En la reunión en la que estuvimos cinco de las siete usuarias nos dijeron que ya habían leído las cartas y que por ese motivo habría consecuencias legales contra nosotras», contó Ema.
En los escritos que le dieron a la funcionaria las mujeres detallaron el maltrato que sufren los niños como es la falta de un médico y de alimentos.
«Había ocasiones en que no había tortillas, agua y leche, y era la cocinera del albergue la que compraba de su dinero estos alimentos», refirió.
La ex usuaria mencionó que en esa reunión, Castro Meza aparte de amenazarlas les advirtió que ella tenía mucho poder porque era amiga de Pino Girón.
También se habló con la delegada regional de la Secretaría de la Mujer, María Delia Figueroa Salas, quien en vez de apoyarla le dijo que los tres meses para permanecer en el refugio ya habían concluido y que era tiempo que se fuera.
Estos espacios donde se les da cabida a las mujeres en busca de protección de ellas y de sus hijos menores establece un período de tres meses para que permanezcan en este lugar y salir con las condiciones de rehacer su vida.
«Yo le decía a la delegada (Figueroa Salas) que no me quería ir porque tenía que terminar con mis procesos legales y me faltaba reforzar la autoestima de mis hijos», dijo.
Mencionó que a pesar de que le decía a la funcionaria que quería permanecer en el albergue la expulsaron sin tener afuera un trabajo y una red de apoyo para que la cuidara.
Salió del refugio y con un dinero que le dio la delegada de la Secretaría de la Mujer pagó el alquiler de una habitación en un hotel donde durmió una noche acompañada de sus dos pequeños hijos.
Actualmente la ex usuaria vive en la casa de una amiga y para mantener a sus hijos se alquila en realizar tareas de aseo en las viviendas.
Ema quien decidió dejar a su esposo porque la violentaba psicológicamente y económicamente además de que le era infiel con otras mujeres, interpuso denuncias ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHG) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).
En estas denuncias, Ema, relata la serie de maltratos, escasez de insumos y de recursos públicos que sufren las mujeres que acuden a este lugar para buscar protección de su vida.
Después de que Ema fue expulsada del refugio e hizo las denuncias, Castro Meza fue destituida y la Secretaría de la Mujer publicó una convocatoria para la elección de la nueva directora.
«Cuando dije todo lo que ahí pasaba la titular de la Secretaría de la Mujer (Violeta Pino) se molestó conmigo reclamándome porque mencione su nombre en la denuncia», afirmó Ema.
El pasado 18 de julio, tres ex trabajadoras de este refugio acudieron al Palacio de Gobierno y le entregaron un documento a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre las irregularidades en este albergue en contra de ellas y de las usuarias.
Son dos enfermeras y una psicóloga las que fueron despedidas por la entonces directora del refugio Susana Castro las que denunciaron los maltratos que sufren las usuarias y sus pequeños hijos.
Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, dijo que las irregularidades que existen en este refugio de mujeres que han vivido violencia extrema es de varios años atrás y no en este gobierno.
Mencionó que por la «violencia institucional» que viven en ese albergue las mujeres fue el motivo de que la Red Nacional de Refugios (RNR) lo diera de baja desde el 2018.
«Llegan (las mujeres) de vivir una violencia extrema por parte de sus parejas o ex parejas y llegan a un espacio donde tendrían que darles una atención integral para salvaguardar su vida pero no es así porque muchas veces llegan a ese espacio ahora para sufrir una violencia institucional», añadió.
Este refugio para mujeres víctimas de la violencia fue creado durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo y empezó a decaer en su funcionamiento desde la administración de Ángel Aguirre Rivero quien gobernó del 2011 al 2014.
Reyna Aguilar dijo que su organización se ha ido enterando de esos abusos que se cometen en este refugio a través de las denuncias que han recibido de las ex usuarias.
«Hubo el caso del chofer de un vehículo oficial del refugio que andaba enamorando a las usuarias», contó.
Reyna Aguilar dice que el gobierno coloca es esos espacios a gente con las que tienen compromisos políticos y no a personas capacitadas que brinden una buena atención a las mujeres que sufren todo tipo de violencia.
Indica que los encargados del refugio hacen lo que les viene en gana porque no son vigilados por las autoridades y por ello va a proponer a la Secretaría de la Mujer que se nombre un comité integrado por la sociedad civil y el gobierno.
Este comité tendrá como principal tarea observar y evaluar el trabajo que se realiza en ese albergue.
Reyna Aguilar afirmó que es grave que cuando las mujeres salen del refugio no tengan una protección y tampoco un sustento económico.
Por eso dijo que es necesario que la Secretaría de la Mujer tenga un presupuesto especial para destinarlo a apoyos económicos a las mujeres que salen del albergue además de que se les dé un seguimiento a sus casos.
«No sabemos qué es lo que pasa con las mujeres después que salen del refugio expuestas a sufrir otra vez violencia», dijo la activista feminista.
Desde el 2018, refugio está dado de baja por el RNR
Debido a que el refugio de Guerrero para mujeres que en situación de extrema violencia se han detectado una serie de maltratos a las usuarias, la Red Nacional de Refugios (RNR) lo dio de baja desde el 2018 cuando era gobernador el priísta Héctor Astudillo Flores.
«Hicimos algunas observaciones después de las visitas que hicimos (al refugio) en donde recabamos algunos comentarios de las usuarias y no se corrigieron y ya no es integrante de la Red desde el 2018», afirmó la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa Morales.
Mencionó que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) la que observa y evalúa que en los refugios se respeten los derechos de las mujeres.
El protocolo de estos refugios establece no mencionar su ubicación por la seguridad de las mujeres y sus hijos.
Activistas discuten en convesatorio la deuda de espacios públicos para ellas
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Oficial
Chilpancingo
Es insuficiente la participación política de mujeres afrodescendientes en los espacios públicos en México, por el tardío reconocimiento de sus derechos, fue una de las reflexiones en el Conversatorio, reflexiones, avances y retos de derechos políticos y electorales de las mujeres afromexicanas, organizado por el Congreso del Estado y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (Iepcgro).
Durante el foro, realizado en el Instituto de Estudios Paralamentarios Eduardo Neri, en Chilpancingo, participó Marina Martha López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien expuso que uno de los retos es garantizar la participación política de las mujeres afromexicanas a ser votadas.
“Es necesario que todas las instituciones generemos espacios para que las mujeres afromexicanas participen de manera especifica y acabar con la violencia política en razón de género por discriminación, etnia y sexo”.
Gema Tabares Merino, activista de Afrocaracolas, una colectiva en pro de los derechos de las mujeres afrodecensdientes, fue otra de las participantes en el foro, mencionó que uno de los problemas es la invisibilización sistemática hacia la población afromexicana.
Para ampliar su planteamiento comentó que el Comité para Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) expuso su preocupación por el número y rango de puestos ocupados por personas afromexicanas, que son menores; exhortó al gobierno mexicano para tomar medidas efectivas para asegurar la participación política de las personas afromexicanas, especialmente de las mujeres.
Recordó también que en 2018 el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) mencionó por primera vez a las mujeres afromexicanas a través de una recomendación para que el gobierno mexicano les garantizara su participación política.
Uno dato destacado durante el conversatorio fue que en América Latina 200 millones de personas se asumen como afrodescendientes, quienes enfrentan condiciones dispares en la participación política.
“Se deja la misma carga política a un pueblo que históricamente ha sido racializado y discriminado y a uno que ya tiene avances y antecedentes en materia de derechos político electorales”, comentó Tabares Merino.
“Eso representa una desventaja en la incorporación de nuestras demandas en las instituciones, debido al tardío reconocimiento”, agregó.
Sobre la violencia política contra las mujeres comentaron que se desconocen cifras reales porque muchas veces los casos no son denunciados.
Las ponentes coincidieron en exigir a los actores políticos no usurpar la identidad afromexicana, porque ocurre con frecuencia. “Cuando se vienen los tiempos electorales todos tienen algún pariente afromexicano y muchas veces sólo ponen a personas por cumplir el requisito”, insistió Tabares Merino.
Al final coincidieron en crear un agenda de trabajo que esperan empujen políticas públicas en beneficio de las mujeres afromexicanas para mejorar sus condiciones de vida.
La despenalización del aborto en Guerrero es una realidad desde el pasado 17 de mayo que el Congreso local aprobó la reforma al Código Penal, el cual contempla la interrupción del embarazo hasta con 12 semanas de gestación.
Dicha reforma se convirtió en ley y entró en vigor al publicarse en el Periódico Oficial el 20 pasado 20 de mayo.
A dos meses de la despenalización del aborto en Guerrero, las colectivas feministas continúan en una lucha para lograr que las mujeres accedan a ese derecho; el primer paso fue lograr las reformas al Código Penal, pero falta reformar las leyes de salud y capacitar al personal médico,
Otro punto importante que falta es la aplicación de los protocolos en los ministerios públicos de delitos sexuales además de dotar al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de elementos atiendan de manera adecuada a las mujeres.
Al respecto, Amapola Periodismo entrevistó a la coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Viridiana Gutiérrez Sotelo, para explicar lo que falta para lograr que la ley se cumpla plenamente.
¿En qué va el tema de la despenalización?
A dos meses de la despenalización del aborto en Guerrero y del decreto oficial por parte el Ejecutivo todavía no hay una ruta definida para la atención y es justo en lo que nosotras queremos colaborar. Entendemos que el servicio es relativamente nuevo para el aborto voluntario, pero no para las causales de violación, pero se está avanzando con la secretaria de Salud, ellos están conscientes que hace falta capacitar personal, insumos y sobre todo el establecimiento de un protocolo.
¿De qué va ese protocolo?
El protocolo consiste en que las mujeres sepan a dónde dirigirse dentro de un hospital al momento que decidan interrumpir su embarazo, también tiene que ver con la gratuidad del servicio
¿Qué es lo que hace falta?
La atención a las víctimas de violencia sexual por parte de las fiscalías. Son enormes los retos en las fiscalías de delitos sexuales, desde la falta de insumos para trabajar, la falta de aplicación de protocolos, la confidencialidad para las víctimas, que es fundamental, que las autoridades que las atienda sean mujeres y establecer en la guía de atención que sean cuidadas, todo eso es ya una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pero que no se aplica.
¿Cuáles son las carencias en la Fiscalía para atender casos de violencia sexual?
Ese es el gran reto, yo aquí puedo hablar de la Fiscalía Especial de Delitos Sexuales, la cual es una de las fiscalías más endebles, es donde observamos mucho más las carencias, desde el mobiliario, la forma en que están distribuidos los espacios porque no hay privacidad para que las víctimas declaren, tendría que haber médicas legistas y a veces no existe el personal, lo que hace perder muchas veces tiempo valioso.
¿Y la Fiscalía Especializada en Feminicidios?
También ahí se tienen enormes retos, la investigación en perspectiva de género, tipificar los homicidios contra las mujeres como feminicidio que hace parecer el problema menor, pero nosotras sabemos que en Guerrero hay una violencia feminicida grave que creció por la falta de resultados y la impunidad. Nosotras estamos dando un voto de confianza en este momento y esperamos reunirnos con la fiscal en los próximos días.
¿Además de los médicos legistas, hacen falta traductores indígenas en los ministerios públicos?
Ese es otro problema, tenemos casos donde no hay traductores a lenguas originarias y eso dificulta más el caso, se tiene que garantizar también la traducción a la lengua originaria de las víctimas.
¿Cuántas unidades hay de la Fiscalía Especial?
En cada región hay una mesa especializada para los delitos sexuales, nosotras en la Red por lo pronto hacemos acompañamiento en Ometepec, Acapulco, Chilpancingo y la Montaña; las carencias son tantas que hace falta hasta papel para imprimir documentos, la falta de capacidad y sensibilización del personal, y el exceso de trabajo que tiene un ministerio público, algunos llevan de 1,000 a 1,500 carpetas de investigación, lo cual es una cosa humanamente imposible. Los retos en la Fiscalía son enormes, como enorme es la violencia contra las mujeres.
¿En las siete unidades hay falta de médicos legistas?
Nosotras en Acapulco, acompañamos un caso donde no estaba el médico legista, y en Ometepec sucedió igual, y, aclarar, no es que no tengan el servicio si no que no lo tienen disponible siempre, y eso hace que las esperas sean largas y se pierdan oportunidades que son imprescindibles para abrir la carpeta de investigación.
¿En los casos de mujeres presas por abortar ya hay un protocolo para su salida?
Es complicado, nosotras no tenemos identificados todos los casos, el principal problema es que a través de una trampa del sistema esas mujeres están presas por el delito de homicidio en razón de parentesco, lo cual hace muy difícil su liberación, porque las condenas son más altas, las fianzas también, y si fuera por aborto hubieran salido inmediatamente después de publicarse la reforma en el Periódico Oficial.
¿En este momento en qué hospitales se puede practicar la interrupción del embarazo?
Tendría que ser en todo el sector salud, pero sabemos que hace falta capacitación en insumos por lo que hicimos una lista en conjunto con la Secretaría de Salud donde se están presentando solicitudes y son nueve hospitales de los 14 hospitales estatales habilitados en este momento.
Son dos en Acapulco; el Donato G. Alarcón y el del Quemado; los dos de Chilpancingo, el General Raymundo Abarca Alarcón y el de la Madre y el Niño y los de Taxco, Iguala, Tlapa, Chilapa, Zihuatanejo, Ometepec.
¿Se niegan a realizar un aborto?
No se han negado pero no ha sido fácil, es decir, nosotras tenemos que dar acompañamiento para que la víctima pueda acceder a su derecho, pero eso no tendría que ser, pero sabes que, es por falta de guía y la falta de información.
¿Desde la despenalización cuantos abortos se han realizado?
De acompañamiento que nosotras dimos van ocho casos, de los cuales la mayoría son menores de edad de entre 13 y 17 años, pero sabemos que hay más casos.
¿Fueron casos de violación?
Pues al ser menores de edad se interpreta que sí, aunque ellas no lo reconocen y lo asumen como aborto voluntario, por lo menos los casos de menores de 16 años fueron violación.
¿El problema principal es la desinformación?
Digamos que es más la falta de una guía, es decir, por donde las mujeres van a ir a solicitar el servicio, si es a través de urgencias, de las unidades de violencia, de la consulta general, es decir falta el establecimiento de esa ruta que sea clara para ellas y clara para el personal, saber a quien le toca hacer qué, sobre todo en el tema del aborto voluntario, porque en casos de violación la Norma 046 establece claramente que el servicio se tiene que dar a través del área de urgencias.
¿Hay límite de tiempo para que la Secretaría de Salud tenga esta guía?
A partir del 10 de julio el Ejecutivo tiene 45 días para presentar su plan de cumplimiento y después tiene 12 meses para que implementen.
¿En el caso de los hospitales que dependen de la federación cuál es el protocolo?
Cuando pensamos en la despenalización solo pensamos a nivel estatal y ahora hay usuarias de sistemas como IMSS o ISSSTE que quieren abortar pero no hay medidas, al final, con un acuerdo con la Secretaría de Salud Guerrero canalizamos a las mujeres a hospitales estatales, pero esperamos pronto una reunión con la secretaria de Salud nacional para plantearle estás problemáticas, porque además hay que agregar los hospitales de la Marina y del Ejército.
¿Qué más falta?
De parte del Ejecutivo falta la promoción del derecho a interrumpir el embarazo, lo cual será un gran reto porque tienen que decirlo en las lenguas que se hablan en Guerrero, pero antes de eso tiene que existir una ruta donde se incluya los requisitos, a qué hospitales ir, horarios y que tiene que ser gratuito, todo eso tiene que hacer y a partir del 10 de julio el estado tiene 45 días para establecer un plan de acción.
¿Cuáles son los cambios que necesita el sector salud?
Se debe hacer un programa integral para la interrupción legal del embarazo, esto significa que existan lineamientos claros, además del suministro del medicamento, los insumos, personal capacitado, hacer un listado de donde estarán disponibles los servicios, lo ideal sería que hasta en los centros de salud se pueda realizar, pero entendemos y somos conscientes de la realidad de Guerrero y sabemos que en muchos lugares no hay personal ni medicamentos.
Se tiene también que registrar una base de datos sobre los casos que se atienden justo para generar los cambios en la política pública, es decir, quienes son las mujeres, la edad, las causas y cuáles son los procedimientos.
Otra de las medidas es la divulgación del derecho, que por lo que nos dijo la secretaria de Salud, Aidé Ibares Castro, ya se está haciendo a través de una circular a todo el sector salud donde se anuncia que se puede acceder a un aborto sin presentar una denuncia.
Una mañana de agosto del 2014, Magdalena dijo por teléfono a su padre, Diego Aguilar Zamora, que no aguantaba más, que quería separarse de César.
La respuesta fue inmediata: “Salte. Toma sólo tus documentos y de los niños. No te traigas ropa. Te espero afuera”.
Ese día César no estaba en casa.
Magdalena se apresuró, buscó los documentos, guardó algo de ropa suya y de sus hijos y dejó la casa donde vivió tres años con César.
En 2011, Magdalena Aguilar Romero y César Gómez Arciniega se conocieron. Se hicieron novios y a los seis meses la joven se embarazó; se fueron a vivir juntos y poco después se casaron.
La vida de Magdalena cambió de golpe. Dejó de estudiar la Licenciatura en Nutrición para dedicarse a sus hijos y a su familia.
Un año después, en 2012, con el apoyo de su papá y su mamá, retomó los estudios en Iguala. Todos los días viajaba. A César, eso le molestaba.
La rutina de Magdalena con su familia comenzó a diluirse. Dejó de ir a convivios, a la comida de todos los domingos en casa de su abuela materna, de visitar a su mamá y papá, incluso, dejó de celebrar algunas navidades y cumpleaños de sus hermanos.
La respuesta para negarse casi siempre era la misma: “No puedo”, “estoy ocupada”.
Para ver a Magdalena había una sola forma: ir hasta la casa de César a visitarla.
Habían comenzado las prohibiciones de parte de César. Magdalena no se arreglaba, en ocasiones no se bañaba, no salía, se negaba ir a fiestas, pero había un rasgo que no deja dudas de su nueva vida: adelgazó al extremo.
“Cuando le preguntábamos a los niños que comían, siempre nos contestaban lo mismo: papas con salsa”, cuenta Saúl, el hermano menor de Magdalena.
Las prohibiciones se volvieron extremas. Un día, César prohibió a Magdalena visitar a Saúl, porque no quería que le fuera a “pegar” su homosexualidad a su hijo mayor.
En la familia de Magdalena hay muy pocos recuerdos de convivencia entre ellos y César. Casi nunca los visitaban y las pocas veces que lo hacían era demasiado serio, distante.
Saúl convivió con César y Magdalena cuando eran novios. Desde entonces notó que “era machista, celoso, posesivo y homofóbico”.
“César le quitó energía a Magdalena, le quitó vida y la metió en problemas”, dice Saúl.
Un día, cuenta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le requirió a Magdalena que se presentara a regularizar la situación fiscal de su joyería. “¿Joyería de plata?”, se preguntaron todos.
César a escondidas puso a nombre de Magdalena una joyería de plata que administraba un familiar de él. César tiene 35 años y la familia de Magdalena nunca supo con exactitud a qué se dedicaba.
Tres años duró la relación entre César y Magdalena y esa mañana de agosto, cuando salió huyendo, todos creyeron que estaba a salvo.
*
La mañana del sábado 13 de enero, Magdalena llegó hasta la cama de su madre, María de los Ángeles Romero, le dijo que iba a dar unas consultas particulares, después iría por sus hijos y volvía. Le dio un beso en la frente y se despidió.
Los últimos tres años fueron intensos para Magdalena.
“Siempre andaba corriendo, de un lado a otro, no paraba”, dice Saúl.
Después de aquella mañana de agosto, Magdalena comenzó a recuperarse, a mantenerse ocupada entre la escuela y sus hijos y, el último año, en su servicio social en el centro de salud de Taxco.
Retomó el gusto por salir a tomar el café con sus amigas, por arreglarse, por pintarse, por ejercitarse, por leer, por ir a comer con su familia, por llevar a sus hijos a jugar al zócalo. En este tiempo, coincide su familia, siempre se mantuvo fuerte, alegre.
“Nunca la vi enojada, siempre contenta, riéndose, cariñosa. Magda era una guerrera”, recuerda su papá, un hombre que forjó a su familia como mineros, el principal oficio en Taxco desde hace décadas.
En esos tres años, Magdalena estuvo protegida y apoyada por toda su familia.
“A ella la pusimos en el centro, la apoyamos porque queríamos que saliera adelante”, dice su padre.
Mientras Magdalena iba a la escuela, o a su servicio, uno de sus hermanos iba por los niños a la escuela, el otro los cuidaba mientras llegaba, pero nunca estuvo sola, recuerdan.
Magdalena, dice una de las integrantes de la Colectiva Camina Violeta en Taxco, siempre estuvo en riesgo. Un riesgo que nunca se midió. Explica que cuando se da una separación como la de Magdalena —que salió huyendo— en la ex pareja se genera un coraje profundo.
Las mujeres, que prefieren omitir su nombre por seguridad, dicen que en el centro de salud donde fue atendida por violencia, a Magdalena la clasificaron con un riesgo muy alto. Esta clasificación fue enviada a la agencia del Ministerio Público (MP) y al área de apoyo a mujeres del ayuntamiento de Taxco para que le dieran seguimiento a su caso.
“Lo que pasó es que no hubo el acompañamiento adecuado de las instituciones, el MP tuvo que haber ido a visitar a Magda para verificar su situación y eso nunca pasó”, lamentan.
Las integrantes de esta colectiva explican que el principal obstáculo que enfrentan las mujeres violentadas son las instituciones: no activan pronto los protocolos de protección, dilatan en tomar las denuncias y las reacciones cuando son violentadas son muy lentas.
En el caso de Magdalena fue tan lenta la actuación de las autoridades, cuentan las integrantes de la colectiva, que la mañana del domingo 21 de enero —ocho días después de la desaparición de la joven— vieron a César comprando con toda tranquilidad su desayuno en el centro de Taxco.
*
El jueves 11 de enero, Magdalena dejó sus dos hijos con César. Habían acordado que ella los tendría de lunes a viernes y él los fines de semana.
Tres meses atrás, la madre de César, Silvia Arciniega, habló con Magdalena. Le pidió que le prestara a los niños, que los extrañaba y que también era bueno que convivieran con su otra familia. Después de días de pláticas, Magdalena accedió.
César nunca cumplió con la manutención a pesar del acuerdo ante un juez cuando concretaron su divorcio, en 2015.
El sábado 13, César tenía que entregarle a los niños. Acordaron verse a la una de la tarde en el zócalo de Taxco. César no llegó y le aviso que mejor a las dos. Tampoco llegó. Después a las cinco. Fue lo mismo. Entonces Magdalena decidió ir a buscarlo a su casa en la calle Guadalupe, en el barrio de Los Adobes.
A las cinco de la tarde, Magdalena se comunicó con su madre; le dijo que la esperaba para ir juntas a la misa de cabo de año de su bisabuela. Magdalena no llegó. María de los Ángeles le mandó un primer mensaje por Whatsapp, una imagen; después otro avisándole que la misa había terminado y que ya se iba al rezo y, un tercero: “¿Qué pasó?”. Este último ya no llegó.
“En ese momento me comencé a preocupar, pero también a molestar porque pensé que Magdalena había vuelto con César”, dice María de los Ángeles.
Llegó la noche, Magdalena no. Todas las llamadas mandaban directamente al buzón. En la familia trataron de calmarse. Se durmieron y al siguiente día comenzaron a buscarla.
El primer lugar donde acudieron fue a la casa de César. Los recibió Silvia y el mismo César. Ambos aceptaron que Magdalena estuvo ahí, pero dijeron que alrededor de las seis de la tarde se fue sin los niños. César tenía la cara rasguñada.
Fueron al MP a denunciar la desaparición de la joven. Se toparon con el primer obstáculo.
—¿Ahora qué sigue?— preguntó el padre de Magdalena al agente del MP después de interponer la denuncia.
—No sé, yo no sé qué es lo que sigue, eso lo tienen que decidir ustedes.
Los nueve días de búsqueda corrieron por parte de la familia, los amigos y grupos de apoyo a mujeres. Montaron una campaña en redes sociales, pegaron volantes por todo Taxco. La familia nunca perdió de vista que los principales sospechosos eran César y su madre. Trataron de mantener vigilada siempre la casa y por la presión que generaron, un grupo de policías ministeriales entró al domicilio de César pero no hallaron nada.
Fueron días de desesperación, de estrés, de angustia. María de los Ángeles recibió llamadas pidiéndole dinero, incluso hasta de burla.
El sábado 20, recibió una llamada que la estremeció: “su hija está en la casa de César, la tienen en cacerolas”. El lunes todo quedó al descubierto: en un local de César fue hallada Magda asesinada, así como le dijeron a su madre.
Silvia, la madre de César, fue sentenciada a 40 años de prisión por el feminicidio de Magdalena. César estuvo prófugo cuatro años, el miércoles 6 de junio, el ayuntamiento de Tijuana informó de su detención. Desde hace años, la Fiscalía General de Estado (FGE) de Guerrero contaba con información de que César se escondía en Tijuana, pero no intentaron detenerlo.
Las diputadas que impulsaron la iniciativa de despenalización del aborto en Guerrero mantienen mesas de trabajo con la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, para determinar los lineamientos de una reforma a la Ley de Salud que garantice la atención integral a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo y se apruebe en el pleno del Congreso local.
El 12 de enero pasado las diputadas morenistas Gloria Citlali Calixto Jiménez, Nora Yanek Velázquez Martínez y Beatriz Mojica Morga presentaron la última propuesta legislativa para la despenalización del aborto.
El 17 de mayo pasado, las diputadas y los diputados en pleno aprobaron la despenalización del aborto en la entidad hasta las 12 semanas de gestación, después de una lucha histórica de 30 años por feministas en el estado, que colocó a Guerrero en el octavo estado donde es legal la interrupción del embarazo, después de Ciudad de México –el primero en hacerlo hace 14 años–, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Sinaloa, Baja California y Colima.
El siguiente paso después de la aprobación de la despenalización del aborto es una reforma a la Ley de Salud, para la que se tiene un plazo de 120 días –cuatro meses– a partir del siguiente día que se publicara en el Periódico Oficial del Estado la decisión de los legisladores, lo que ocurrió el pasado 20 de mayo.
Este marte 21 de junio se cumplieron los primeros 30 días del plazo; restan tres meses para que se vote y apruebe en el pleno del Congreso local una reforma a la Ley de Salud que garantice el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo si así lo desean.
Velázquez Martínez informó que junto con sus compañeras diputadas promoventes de la iniciativa se reunieron con la secretaria de Salud, después con su equipo jurídico y el equipo jurídico de ellas para empezar la construcción de la iniciativa de la reforma a la Ley de Salud.
Después, es decir una vez que esté lista, según el procedimiento legislativo, la turnarán a comisiones del Congreso local, en este caso sería la de Salud, para que luego las diputadqs y los diputados la discutan en pleno.
En conjunto, las diputadas y la secretaria se pusieron plazos para las mesas de trabajo y entablar diálogo con actores políticos involucrados en el tema. La diputada dijo que es una tarea compleja y no sólo se necesitan buenas voluntades.
Velázquez Martínez agregó que exigieron a Ibarez Castro garantizar una atención integral de salud a las mujeres, desde instalaciones médicas, médicos, enfermeras y medicamentos.
A largo plazo, lo más idóneo para la diputada es que así como ocurre en la Ciudad de México, en Guerrero haya existen hospitales que atienden específicamente la interrupción legal del embarazo, pero por ahora lo primordial es dar las condiciones adecuadas en los hospitales que hay en la entidad.
“Queremos acercar los centros de salud que están, entonces tenemos que dar otros tipo de condiciones, por eso se tiene que dar una reforma en salud”, declaró la diputada.
Puso de ejemplo que es impirtante que las mujeres de lugares como Cochoapa el Grande, ubicado en la Montaña alta de Guerrero, no tengan la necesidad de ir hasta Tlapa para que les den el servicio de salud, que se los garanticen en los centros de salud de sus comunidades.
Pero independiente de esta ley, en las comuidades apartadas de Guerrero, como la de región Montaña, las denuncias reiteradas son que en las casas o centros de salud no llegan médicos ni medicamentos.
Dentro de la reforma en salud uno de los aspectos importantes es la capacitación en materia de derechos humanos al personal médico para que sus creeencias personales no transgrendan un derecho de las mujeres.
Se buscó por teléfono a la secretaria de Salud para que informara cómo se prepara para garantizar el servicio de salud a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, pero no atendió la llamada telefónica porque, dijeron, estaba en una reunión.
La representante del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres de Guerrero, Viridiana Gutiérrez Sotelo, dijo que tiene conocimiento de las reuniones que sostienen las diputadas con la secretaria de Salud. Aseguró que las feministas también lo hacen.
Ella junto al resto de integrantes del grupo de Alerta por Agravio Comparado trabajan paralelamente con la Secretaría de Salud para dar seguimiento a las medidas dictadas con la segunda declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en Guerrero (por agravio comparado), como garantizar a las niñas y mujeres víctimas de violación sexual la interrupción del embarazo sin tener que interponer una denuncia penal.
Integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, expusieron que durante el pasado proceso electoral de 2021 en la entidad se registraron 47 casos de violencia política en razón de género, en su mayoría fueron casos contra mujeres indígenas.
En conferencia de prensa, que fue para inaugurar las oficinas de esta organización se denunció que falta armonizar leyes federales con las estatales para evitar más casos de violencia política contra las mujeres.
Muriel Salinas integrante de la Red dijo que los objetivos de est agrupación son evitar la violencia política contra las mujeres y garantizar una mayor participación pero que para lograrlo se necesita trabajo legislativo y jurídico
Explicaron que para lograr sus objetivos se necesitan armonizar diferentes leyes estatales y será mediante trabajo conjunto con legisladores y diversas instituciones.
Una de las leyes a armonizar con el marco jurídico federal es la Ley General de Responsabilidad Administrativa para sancionar a los servidores públicos que comentan violencia política en razón de género contra sus compañeras.
También se pretende ascender a ley la Violencia Política en Materia Electoral y explicaron que actualmente la violencia contra mujeres en materia electoral solo son reglamentos internos del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepcgro) pero se necesita hacerlo ley para garantizar el derecho de participación política a las mujeres.
Le Red pretende también reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero porque “Cuando una mujer llega a un espacio de poder en la Universidad es minimizada y violentada políticamente”, dijo Sol Cuevas integrante de la Red.
Agregó que se necesita revisar la violencia que viven las estudiantes en las distintas unidades académicas de la Uagro, que muchas veces por sufrir violencia de género abandonan sus estudios.
Se planteó la necesidad de crear una de defensoría pública en Guerrero para mujeres que sufren violencia política
Agregaron que en Guerrero, gracias al respaldo de la Red se logró echar abajo la elección en el municipio de Iliatenco, por considerar que se ejerció violencia política en razón de género, lo que consideraron un hecho emblemático de la lucha de la defensa de casos de derechos político-electorales de las mujeres.
Muriel Salinas insistió en la necesidad de revisar el papel de los usos y costumbres de los pueblos originarios, porque están muy involucrados en prácticas culturales que siguen violando los derechos humanos a las menores de edad, al referirse a la venta de niñas.
En tanto ayer (2 de junio de 2022) la Comisión para la Igualdad de Género aprobó el dictamen para reconocer la violencia obstétrica en Guerrero en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre violencia.
Este dictamen que se expondrá ante el pleno del Congreso local contempla incluir la violencia obstétrica como uno de los tipos de violencia de género.
La iniciativa tiene como objetivo adicionar y reformar diversos artículos a la Ley Número 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
La reforma pretende capacitar al personal del sector salud en perspectiva de género, para dar atención a la mujer durante el embarazo, parto y de la persona recién nacida, con el propósito de reconocer la violencia obstétrica como un tipo de violencia de género para así crear mecanismos efectivos para combatirla y erradicarla, expone el dictamen del anteproyecto de ley.
Guerrero cuenta con dos Alertas de Violencia de Género (AVG); actualmente 17 mujeres están desaparecidas y más de 40 han sido asesinadas en lo que va del año, las activistas que defienden los derechos de la mujer son amenazadas y hostigadas y sus denuncias son minimizadas por las autoridades.
Wendy Alanís es activista feminista que da acompañamiento a mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad. En 2020 recibió amenazas a través de su teléfono, presentó una denuncia ante Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado (FGE) y se abrió una carpeta de investigación por hostigamiento cibernético.
En la FGE aparece esta carpeta bajo el número 12020090700934010820 contra quien resulte responsable por el delito de amenazas en agravio de Wendy Alanís Gutiérrez.
Dos años después, la investigación está estancada, no hay detenidos y la carpeta sigue en el mismo escritorio donde la archivaron cuando se abrió, dice Wendy Alanís. Hace unos días volvió a ser hostigada y piensa que su teléfono está intervenido.
El pasado miércoles 25 de mayo, Wendy comenzó a recibir llamadas de números desconocidos, una tras otra, su celular no dejaba de sonar, eran de números desconocidos, extraños, no eran las ladas nacionales. Ante la insistencia decidió contestar.
“Uno entiende que por la actividad que realiza recibe llamadas de números desconocidos, que generalmente son de personas que requieren un acompañamiento y llaman para pedir ayuda”, comenta.
Cuando contestó, del otro lado de la llamada nadie respondió, se hizo un silencio.
Horas más tarde, Wendy notó que su celular se comportó de manera extraña, se reiniciaba solo, la pantalla hacia cortos, accedía a aplicaciones y ante la extrañeza preguntó a algunos conocidos que saben de tecnología sobre la situación.
“Probablemente están hackeando tu teléfono en este momento”, le dijeron.
Wendy decidió marcar a la Policía Cibernética para denunciar; a pesar de tener una carpeta de investigación abierta y tener contactos en la FGE por la labor que realiza, la operadora le pidió de nuevo todos sus datos.
Wendy recuerda que durante la llamada, ésta se cortaba, se escuchaba viciada y unas voces que decían: “va haber balazos”, y repetían una y otra vez la palabra “puta”. Las palabras no las escuchó la operadora, quienes ante la insistencia, le recomendaron trasladarse en ese momento a la FGE para revisar el teléfono.
En la FGE los elementos de la Policía Cibernética minimizaron la denuncia y le dijeron que probablemente su teléfono estaba descompuesto, que la pantalla no servía y le recomendaron cambiar de equipo.
“Yo acudí a Telcel a que revisaran mi equipo para saber si realmente estaba dañado, pero ahí me dijeron que estaba en buenas condiciones”, comenta.
Durante la noche, Wendy continuó recibiendo llamadas de números desconocidos. La Policía Cibernética le dijo que esos números provenían de Estados Unidos y esa vez no solamente recibía llamadas de esos números, también mensajes con emoticones de calaveras.
Wendy además de ser activista escribe sobre temas del feminismo en distintos medios nacionales, los cuales también recibieron amenazas, de acuerdo con ella, por ser críticos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Dos días después de las llamadas y los mensajes, Wendy buscó una entrevista con el fiscal especial para la atención de delitos contra periodistas, Roberto Cuauhtémoc Bermejo Rubio, para que atrajera el caso. El funcionario sólo le respondió con un tal vez; que leería la carpeta y que lo mejor sería canalizar con su Ministerio Público.
Después de cuatro días de recibir llamadas, Wendy dejó de recibirlas, pero teme que vuelvan las amenazas.
No es la primera vez que recibe este tipo de llamadas, en 2020 cuando se abrió la carpeta de investigación recibió mensajes amenazantes después de realizar el acompañamiento a una víctima de violencia.
Wendy es activista feministas y da acompañamiento a mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad; aclara que su activismo no sólo es para mujeres desaparecidas: va desde asesoramiento legal, psicológico y ayuda en cualquier situación donde una mujer no sepa qué hacer.
Para Wendy el activismo no sólo es dar acompañamiento a las mujeres o asistir a marchas, también es realizar labores que las instituciones no hacen.
En muchas ocasiones, dice que ante la inacción del gobierno y sus instituciones, ella realiza labores que le corresponden al Estado.
Cuenta que sola ha tenido que repartir guías violetas y de cómo expresarse con lenguaje incluyente que elaboró la Secretaría de la Mujer en la administración del priista Héctor Astudillo Flores y que nunca fueron repartidas.
“Hay cajas y cajas llenas de estas guías que para esta administración son papel desperdiciado porque ya no las van a entregar por el simple hecho de llevar los logos de la administración pasada”, dice.
Sin una atención de la FGE y pese a las amenazas, Wendy dice que continuará con su labor apoyando a todas las mujeres que lo necesiten.
El camino que viene después de la despenalización del aborto en Guerrero, tampoco es fácil. Tiene adversidades similares a los costos que llevaron a convertir en un derecho humano que las mujeres decidan sobre sus cuerpos. Será necesaria una atención de calidad humana con hospitales y clínicas dignas, mejores servicios en los ministerios públicos y la garantía de justicia a las presas por abortar.
Es momento de que las estructuras institucionales vean cómo, dónde y quién atenderá a las mujeres, compartió la representante del Observatorio de Violencias de Género en Guerrero, Viridiana Gutiérrez Sotelo.
El pasado martes 17 de mayo, la lucha feminista consiguió un logro histórico: la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, que coloca a Guerrero en el octavo estado donde es legal la interrupción del embarazo, después de Ciudad de México –el primero en hacerlo hace 14 años–, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Sinaloa, Baja California y Colima.
El viernes 20 de mayo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda firmó el decreto de aprobación y se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno estatal.
Al siguiente día de que la mayoría de las diputadas y los diputados votaran la despenalización del aborto, la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, informó que el sector salud está obligado a brindar la atención a todas las mujeres guerrerenses, independientemente de la decisión que tome sobre su embarazo.
Dijo mantenerse “firme y respetuosa” de las leyes y normas establecidas, y si alguna mujer decide y requiere interrumpir su embarazo, en las unidades de la Secretaría de Salud le brindaría la atención.
“El sector salud va responder con la atención, de tal manera que no haya secuelas en las mujeres que opten por interrumpirlo. Garantizarle la vida a la mujer cualquiera que sea su decisión, es nuestra obligación y lo vamos a hacer, porque cada mujer que no acepte su embarazo la tenemos que seguir protegiendo en salud, tanto física y mentalmente para que se integre a la sociedad de manera funcional”, se lee en el comunicado a nombre de la secretaria.
Se harán, destacó, todas las reformas en la dependencia para dar todos los servicios que requieran las mujeres que deseen interrumpir su embarazo, pero este ofrecimiento de la médica parace que requerirá de un tiempo.
Pero, las feministas y organizaciones feministas continuarán monitoreando este tema en el estado, porque no será fácil que las mujeres obtengan pronto servicios efectivos en materia de salud, legalidad y derechos humanos.
El siguiente paso, una reforma a la Ley de Salud
Faltan 110 días (hasta este lunes 30 de mayo) para que los diputados locales discutan y aprueben en el pleno del Congreso local una reforma a la Ley de Salud que garantice una atención médica de calidad para las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.
Esta reforma a la Ley de Salud es otro de los pasos a dar en el estado a partir de que en el Periódico Oficial del Estado se publicó la reforma al Código Penal para la despenalización del aborto.
La activista feminista y representante de la organización Aliadas por la Justica, María Luisa Garfias Marín, explicó que al siguiente día que se publicó la reforma comenzaron a contar los 120 días para esa reforma a la Ley de Salud.
Estos procesos de legalidad son complementarios para lograr una atención integral a las mujeres.
Por ejemplo, antes de la despenalización del aborto, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), declaró la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, fue el primer paso que evidenció la necesidad de homologar la Norma Oficial Mexicana 046 para garantizar a las niñas y mujeres víctimas de violación sexual la interrupción del embarazo sin que tengan que interponer una denuncia y así evitar poner en riesgo su salud.
Ahora con la despenalización la norma se homologó y se debe cumplir con lo que dicta la alerta.
De acuerdo con Garfias Marín, la reforma a la Ley de Salud tendrá que ver con los protocolos de actuación con el personal médico para atender a las mujeres que soliciten la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que tiene que ver con adecuar hospitales y clínicas del sector público y dotar de medicamentos, porque es el método que se empleará.
La secretaría de Salud de la Ciudad de México, por ejemplo, tienen una página web específicamente en relación a la ILE, con información puntual de qué hacer y dónde acudir cuando se desee la interrupción del embarazo. Tienen siete Unidades Médicas de los Servicios de Salud Pública y ocho hospitales de Salud de la Ciudad de México donde les garantizan el servicio médico, con la información clara de su ubicación.
También hay detalles de servicios de consejería, detección y planificación familiar.
En Guerrero, según la activista, todavía el personal de Salud antepone sus creencias, pero son conscientes de los casos de mujeres que llegan al servicio de emergencia con abortos en proceso o mal practicados.
La despenalización del aborto demanda que el personal de Salud entre en un proceso de sensibilización, porque con la reforma a la Ley de Salud estarán obligados a hacerlo, porque su derecho a ser objetores de conciencia no está por encima de la salud y la vida de las mujeres.
Viridiana Gutiérrez compartió que lamentablemente el camino siguiente está lejos de ser más fácil que el paso anterior.
La mañana del viernes 20 de mayo, la feminista recibió una llamada de una chica que se presentó a un hospital solicitando una interrupción y la rechazaron. Le dijeron que si no era por mal formación o por gravedad a su salud no la podían atender.
Lo compartió como una manera de ejemplificar el panorama en Guerrero alrededor de la despenalización del aborto.
Otro de aspecto importantes en materia de salud que la activista cree deben emplearse en el estado –que ya ofrecen en la Ciudad de México– son las consejerías a las mujeres para que ubiquen cuál es el método anticonceptivo ideal para sus cuerpo y ritmos de vida.
En materia de Salud, la legalización del aborto, así como pasó en la Ciudad de México, también es un precedente para reducir la mortalidad materna en la entidad.
De acuerdo al último registro que la Secretaría de Salud hizo público a través del Observatorio de Mortalidad Materna ubica a Guerrero por encima de la Ciudad de México en casos de mortalidad materna.
En lo que va de 2022 (con corte hasta el 17 de mayo), la Ciudad de México registró nueve muertes maternas y Guerrero 15 en ese mismo lapso de tiempo, aun cuando en esta entidad hay menos población.
En la Ciudad de México existen también instituciones de corte social que también apoyan a las mujeres, como la Fundación Marie Stopes, una organización no gubernamental con 20 años de presencia en México, que tiene como prioridad brindar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a todas las mexicanas y jóvenes que lo requieran. Esta podría ser una referencia para Guerrero.
La educación sexual, un complemento
Es importante que en Guerrero exista una reforma a la Ley de Educación que garantice incluir en los programas educativos la educación sexual, consideró la feminista Garfias Marín.
Sugirió que las madres y padres se informen para que hablen en casa de esos temas con sus hijos.
La reforma a la Ley de Salud permitirá que haya condiciones para que se dé un aborto seguro, gratuito, con calidad y calidez, que significará corresponsabilidad entre la sociedad, los jóvenes, hombres y mujeres, así fomentar la educación sexual.
Pero faltan un complemento en el plano educativo.
Para Viridiana Gutiérrez uno de los retos, entonces, será la “despenalización social”, para que cada día más sectores de la población entiendan que es un tema de derechos humanos, que las mujeres que deciden interrumpir lo hacen en un contexto difícil, anteponiendo sus necesidades.
Visto desde ahí, dijo, también la ILE “en un acto de amor”, porque sé es consciente de no poder criar a un hijo.
La búsqueda de justicia sin criminalización
Un aspecto más que contempla este proceso de despenalización es la revisión de las carpetas de investigación sobre el delito de aborto, para saber cuántas mujeres están encarceladas, porque son datos que las mismas feministas desconocen, destacó la representante del Observatorio Ciudadano.
Entonces, el Ejecutivo estatal debe garantizar lo que dicta la Alerta por Agravio Comparado a mujeres que han sido abusadas, interrumpir su embarazo sin que deban interponer una denuncia al Ministerio Público.
A la par, los ministerios públicos obligatoriamente deben contar con peritos traductores con perspectiva intercultural para las mujeres de pueblos originarios que acudan a interponer una denuncia.
Las organizaciones feministas y feministas, destacó Gutiérrez Sotelo, confían que hay una alianza importante con diputadas y diputados del Congreso local para reformar Ley de Salud de donde buscan emane una política pública que garantice los protocolos, estrategias y programas de atención para las mujeres.
De entrada, el Ejecutivo debe realizar una campaña que dé cuenta sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo sin ser criminalizadas, además del servicio de interrupción y las consejerías sobre salud reproductiva.
El reto que tiene el estado, coincidieron las feministas, es que cuando las mujeres lleguen a los servicios de salud nunca encuentren negativas, porque ahí estarán las organizaciones feministas para acompañarlas.
“Somos una red de acompañantes desde hace muchos años, algunas tenemos 10, algunas tenemos 15 años acompañando mujeres. Antes lo que hacíamos era que las canalizábamos a la Ciudad de México con otras organizaciones que tienen la manera de llevarlas a los hospitales, a las clínicas privadas”, recordó.
Aun con lo logrado, los retos y desafíos en materia de derechos humanos para las mujeres todavía representan un arduo camino.
Para las colectivas y activistas feministas el siguiente paso es lograr la legalización del aborto en Guerrero, pero surge la interrogante, ¿cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar el aborto?
Con la reforma al Código Penal que aprobó el Congreso y que ya fue publicado en el Periódico Oficial, ninguna mujer puede ser procesada penalmente por interrumpir el embarazo solo hasta 12 semanas de gestación pero falta legalizar el aborto, coinciden un abogado penalista y una abogada feminista.
Para las colectivas y activistas feministas el siguiente paso es lograr la legalización del aborto en Guerrero, pero surge la interrogante, ¿cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar el aborto?
Amapola periodismo consultó a una abogada feminista y un abogado penalista para explicar los claroscuros de las reformas al Código Penal en materia de aborto, y explicar la diferencia entre despenalización y legalización y por qué la confusión entre ambos términos.
“La despenalización atiente a sacar el aborto del Código Penal, que no sea un delito y que no se criminalice a la mujer por tomar esa decisión”, explica Angie de la Rosa Palafox, abogada e integrante de la Red Guerrerense Contra la Violencia hacía la Mujer.
El abogado Valentín Sandoval considera que la interrupción del embarazo continúa siendo un delito que, aún con las reformas al Código Penal, es penado por la ley, solo que ahora será después de las 12 semanas de gestación y con pena para la persona que sin el consentimiento de la mujer le practiquen un aborto.
Valentín Sandoval explicó que anteriormente el Código Penal castigaba penalmente a todas las personas implicadas en un aborto, desde la madre, al médico, enfermero o partera que lo realizaba, salvo algunas excepciones que eran por violación o que esté en riesgo la vida de la madre o del futuro bebé.
Ahora el Código Penal establece que ni la mujer ni los implicados serán sancionados por practicar un aborto.
“La mujer que decida interrumpir su embarazo ya podrá hacerlo sin responsabilidad penal alguna”, explica.
La reforma al Código Penal entró en vigor el pasado 20 de mayo cuando fue publicada en el Diario Oficial del estado y generó dudas y controversias acerca de su alcance e implicaciones en la población guerrerense, mientras que figuras públicas y religiosas como Provida han generado comentarios controversiales.
Es el caso del obispo de la Diócesis Chilpancingo – Chilapa, José de Jesús González Hernández, que el pasado 22 de mayo durante su sermón dominical en la catedral de Chilapa, dijo que el aborto aún no está legalizado y que la iglesia tiene que luchar para que eso no suceda.
Valentín Sandoval considera que el obispo no está en un error, ya que a pesar que se despenalizó la práctica de abortar, no existe aún una normativa o marco legal para que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo puedan hacerlo con seguridad.
Esa situación habré otra posibilidad necesaria para las activistas feministas, De la Rosa Palafox considera que el siguiente paso es lograr la legalización del aborto.
“En un estado ideal basta con la despenalización, pero no estamos en un estado ideal, por lo que la despenalización es solo un paso para lograr la legalización”, comentó De la Rosa Palafox.
¿Qué es la Legalización?
“La legalización tiene que ver con generar un marco jurídico que garantice a las mujeres un aborto seguro y gratuito, que haya médicos especializados, equipo, y materiales con el fin que no haya excusa para que no le practiquen el aborto a una mujer en el sector público”, explica De la Rosa Palafox.
Lograr la legalización implica una serie de reformas a la Ley Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero que permita un marco jurídico que brinde certeza y seguridad a las mujeres que decidieron practicarse un aborto.
Esas reformas a la Ley de Salud permitirán que cualquier mujer que decida abortar pueda hacerlo en el hospital o centro de salud público más cercano sin costo alguno, y destinar una serie de recursos económicos para que los sistemas de salud pública brinden un aborto seguro y gratuito a todas las mujeres.
Los artículos que se reformaron del Código Penal del estado fueron el 154, 155, 156, 157 y el 159, el 158 fue derogado y respondieron a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde determinó inconstitucional sancionar penalmente a la mujer o persona gestante que decide interrumpir su embarazo.
También esta reforma fue derivada de dos alertas de género que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) que se emitieron durante el gobierno anterior del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores.
La Red Guerrerense por los Derechos de la Mujer, explicaron que con la reforma al Código Penal y que el pasado viernes 20 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno estatal ya no habrá más mujeres encarceladas por practicarse un aborto.
En rueda de prensa que ofrecieron este lunes en un restaurant ubicado frente al Congreso, las activistas feministas, dijeron que esta reforma para despenalizar el aborto beneficia a las mujeres y que si muchas de ellas tienen una carpeta de investigación abierta en su contra por haberse practicado la interrupción del embarazo ya no va a proceder.
Indicaron que saben de 28 casos de mujeres que tienen en su contra una carpeta de investigación por el delito de aborto.
“Hacemos el llamado a las 28 mujeres y sus familias que son perseguidas por abortar a que se acerquen a nosotros y darles acompañamiento, porque por su aborto ya no pueden ser criminalizadas por las instancias de justicia”, comento Viridiana Gutiérrez, integrante de la Red Guerrerense.
Agregó que se hace el llamado público porque desconocen quienes son esas mujeres perseguidas por abortar, explicó que saben que son 28 carpetas de investigación que hay en la Fiscalía General del Estado (FGE).
María Luisa Garfias Marín explicó que se tiene que buscar a las y los abogados de las mujeres presas por abortar, porque muchas de ellas fueron juzgadas por homicidio en razón de parentesco y se tiene que reclasificar el delito a aborto para que salgan libres inmediatamente.
Durante la conferencia leyeron un comunicado donde explicaron que las más beneficiadas por la reforma al Código Penal son mujeres que son criminalizadas y juzgadas por abortar y que en muchos casos fueron de manera accidental y agregaron que la despenalización no obliga a nadie a interrumpir su embarazo.
Viridiana Gutiérrez dijo que el próximo paso para un aborto legal y seguro será la reforma a Ley Salud para garantizar un aborto sin riesgo a las mujeres que deseen practicárselo.
“Estamos listas para dar el siguiente paso que es una reforma a la Ley de Salud, estamos en pláticas con las tres diputadas que presentaron la iniciativa de despenalización para trabajar una propuesta que ya tenemos lista”, comentó.
Explicó que debido a la reforma al Código Penal se tienen que armonizar otras normas y leyes estatales en un plazo no mayor a 120 días para garantizar una correcta aplicación de la ley.
La propuesta que presentaran las activistas a la Ley de Salud contempla programas de atención a mujeres que pretenden interrumpir su embarazo, guías para la interrupción y una visión intercultural para los médicos que vayan a practicar un aborto.
Familiares y vecinos de la adolescente raptada por un grupo armado mantenía hasta las siete de la noche cerrada la caseta de la Venta de la autopista del Sol Cuernavaca_ Acapulco para exigir su presentación con vida.
Durante la protesta llegó la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón quien en un acto inusual se hincó ante los familiares de la estudiante Joselyn que este viernes fue raptada por un grupo armado cuando se dirigía a su escuela en la calle San Agustín, en las cercanías de la Unidad Habitacional San Agustín, en la zona suburbana de Acapulco.
Los familiares le dijeron a la Fiscal que se levantara y que mejor les presentara con vida a la menor de edad.
«No nos vamos ir de aquí hasta que nos entreguen a la niña», le dijo un familiar a Sandra Luz Valdovinos.
La Fiscal acudió al lugar del conflicto para decirle a la gente que se está realizando la búsqueda de Joselyn.
Les dijo que la Fiscalía está ofreciendo una recompensa de 300 mil pesos para la persona que de información sobre el paradero de la menor de 16 años de edad.
Familiares, amigos y vecinos cerraron la caseta desde al mediodía de este sábado en donde momentos que llegara la Fiscal tuvieron roces con elementos de la Guardia Nacional.
Este viernes poco después de las siete de la mañana Joselyn Patricio de 16 años de edad junto con su novio se dirigía a clases al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (CECYTEG) cuando varios hombres armados se la llevaron y la subieron a la fuerza a un automóvil compacto.
Los secuestrados golpearon al novio de la menor de edad.
La escuela donde estudia la menor de edad está ubicada en la calle San Agustín en la Unidad Habitacional que lleva el mismo nombre.
