A seis días de que un grupo de estudiantes denunció públicamente en un tendedero de acosadores al académico y ex gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, por acoso sexual, el director del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados – Ignacio Manuel Altamirano (IEPA – IMA) quitó el tendedero y no atiende las demandas de las alumnas.
A través de un comunicado, las alumnas del IIEPA denunciaron que el director de la institución, adscrita a la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Marco Antonio Adame Meza, no atiende las denuncias de acoso sexual en contra de distintos maestros del mencionado Instituto.
Por el contrario, el día de hoy el director mandó retirar el tendedero donde, entre otros profesores, destacaba el de Ortega Martínez, a quien acusan de ofrecer dinero a las estudiantes a cambio de «favores sexuales».
El pasado 9 de noviembre, las estudiantes del IIEPA se organizaron y realizaron un tendedero de acosadores para que «las autoridades hicieran algo más que solo hablar con nosotras, cosa que hasta el día de hoy no han hecho», se lee en el comunicado firmado por la colectiva Universitarias Violeta.
El día de hoy, de acuerdo con la denuncia de las estudiantes se quitaron las hojas donde acusaban de acosadores a maestros y alumnos.
Además las hojas de protesta retiradas no fueron devueltas a las estudiantes a pesar de que se pidieron al director.
Por esas acciones la Colectiva Universitarias Violeta pidió la suspensión inmediata en el IIEPA de Ortega Martínez, el seguimiento a cada uno de los casos del que el director tiene conocimiento y que no hizo nada para resolverlos y la protección de las alumnas que organizan el colectivo.
En el comunicado advierten que de no cumplirse sus demandas llevaran el caso al Tribunal Universitario y a las autoridades correspondientes.
Hasta este momento, las autoridades universitarias no han emitido ninguna posición oficial sobre estas denuncias por parte de las estudiantes.
Ortega Martínez, quien ha sido candidato a rector de la Uagro, fue gobernador interino del 2014-2015 después que el perredista Ángel Aguirre Rivero solicitó licencia al cargo derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
La diputada de Morena, Beatriz Mojica Morga, propuso al Congreso del estado un exhorto para que el alcalde de Alcozauca, acusado de violencia familiar, se separe del cargo para ser investigado por agredir a su esposa.
Durante la sesión del día de hoy, Mojica Morga subió a tribuna para solicitar se exhorte al alcalde de Alcozauca, Sebastián Ortíz Zayas, a separarse del cargo para enfrentar, sin fuero constitucional, la acusación de violencia familiar que interpuso su esposa por golpearla.
“Este Congreso como representante popular y comprometido a la observancia de los derechos humanos, respetuosamente se pronuncie por solicitar se separe del cargo, hasta que se defina la posible comisión de conductas que incluso pueden ser delictivas, independientemente de si ameritan prisión preventiva oficiosa o son delitos de menor gravedad”, mencionó Mojica Morga durante su intervención.
El pasado 11 de septiembre, Rosalía Díaz Caballero denunció a su esposo Ortiz Zayas, alcalde del municipio de Alcozauca, en la región de la Montaña, de haberla golpeado.
Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de Tlapa recibió a Rosalía «N» quien manifestó ser víctima de violencia familiar.
Rosalía N mencionó como su agresor al alcalde de Alcozauca, quien la agredió a las siete de la mañana del sábado 11 de septiembre.
“En un estado donde el 68.8 por ciento de las mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un incidente de violencia y en la mayoría de las ocasiones por su ex pareja o pareja, no podemos permanecer omisos ante estos hechos”, dijo Mojica Morga.
La propuesta de exhorto fue turnada a la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso para su dictaminación.
La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres exigió el desafuero del alcalde de Alcozauca, Sebastián Ortiz Sayas, quien fue acusado por su esposa de golpearla, para que responda por el delito de violencia familiar.
A través de un comunicado la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres exigió el desafuero Ortiz Sayaz y rechazaron cualquier acto de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.
«Exigimos el desafuero del presidente municipal de Alcozauca; ningún agresor debe ocupar cargos públicos y ninguna persona puede ni debe estar por encima de los derechos humanos», se lee en el comunicado.
Las activistas y defensoras de los derechos humanos que conforman la Red, expusieron que Ortiz Sayas justificó la violencia contra su esposa y dijo que “los golpes son normales dentro del matrimonio».
El pasado 11 de septiembre, Rosalía Díaz Caballero denunció a su esposo a Ortiz Zayas, alcalde del municipio de Alcozauca, en la región de la Montaña, de haberla golpeado.
Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Morelos recibió a la señora Rosalía «N» quien manifestó ser víctima de violencia familiar.
Señaló como su agresor al alcalde de Alcozauca, Sebastián «N», quien la agredió a las siete de la mañana del sábado 11 de septiembre.
“Las instituciones deben trabajar con perspectiva de género en las investigaciones para que las víctimas obtengan justicia, así como salvaguardar su integridad”, advierte la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.
En el comunicado expresaron su preocupación sobre la impunidad característica del sistema mexicano «ya que el 99 por ciento de los delitos contra las mujeres quedan impunes».
Explicaron que de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (Endireh) 2021, publicados el 30 de agosto pasado, Guerrero ocupa el primer lugar en prevalencia de violencia en el ámbito familiar a nivel nacional.
Exigieron a la FGE hacer las investigaciones pertinentes y actúe conforme a derecho sobre el caso de violencia familiar en contra de Rosalía Díaz Caballero.
Hasta septiembre próximo se prevé que el Congreso local apruebe o en su caso rechace el dictamen para visibilizar y erradicar los matrimonios forzados que se registran en algunas zonas de Guerrero con base a usos y costumbres.
Se trata de un dictamen de reformas a la Ley 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El dictamen fue aprobado el pasado 14 de junio en las comisiones unidas de Igualdad, y de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La legisladora local de Morena, Beatriz Mojica Morga, señaló que en este momento solo sesiona la comisión permanente y una vez que inicie el período ordinario, en septiembre, será cuando se prevé que se incluya en la orden del día ante el pleno.
Mojica Morga aseguró que existe la certeza de que estas reformas se aprobarán.
«Todo va caminando muy bien para que esto se dé».
Aclaró que una vez que se apruebe esta reforma a la Ley 553, habrá otra reforma al Código Civil del estado en donde se va a señalar en forma implícita que se prohíben los matrimonios forzados entre niñas y niños.
«Hay toda una serie de reformas para fortalecer la erradicación de los matrimonios infantiles», afirmó.
Mencionó que el dictamen que aprobaron el pasado 14 de junio las comisiones legislativas unidades es de que los usos y costumbres no queden por encima sobre todo de las niñas.
Sin embargo dijo que faltan otras reformas para establecer en forma expresa los matrimonios infantiles.
Contó que en el Código Civil de Guerrero todavía hay una parte donde se permite ese tipo de matrimonios entre menores de edad.
«Lo que vamos a hacer es suprimir esa parte y que quede prohibido las uniones a temprana edad», expresó.
Una reforma al Código Penal en la Comisión de Justicia del Congreso establece de cuatro y hasta 10 años de prisión a quien obligue a una niña, adolescente o mujer a contraer matrimonio o concubinato con otra persona.
La pena podría ser hasta de 20 a 40 años de cárcel cuando el motivo de la unión sea prostituir o someter a la persona a trabajos domésticos, de campo o esclavitud.
Desde el 2021 en la región de la Montaña de Guerrero se han documentado casos de matrimonios forzados o venta de niñas.
El más reciente caso es el de Ema, una niña de 13 años de edad de Cochoapa El Grande que fue obligada a casarse con un adolescente de 16 años en julio del 2021.
En marzo de este año, ya estando embarazada, otra menor huyó de la casa de sus suegros quienes la encerraron en la cárcel y ahora le exigen les devuelva los 160 mil pesos que le dieron a su tío y abuelo.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan asegura que la estrategia que el 10 de noviembre puso en marcha la gobernadora Evelyn Salgado para frenar los matrimonios forzados a las niñas, no ha funcionado.
Una mañana de agosto del 2014, Magdalena dijo por teléfono a su padre, Diego Aguilar Zamora, que no aguantaba más, que quería separarse de César.
La respuesta fue inmediata: “Salte. Toma sólo tus documentos y de los niños. No te traigas ropa. Te espero afuera”.
Ese día César no estaba en casa.
Magdalena se apresuró, buscó los documentos, guardó algo de ropa suya y de sus hijos y dejó la casa donde vivió tres años con César.
En 2011, Magdalena Aguilar Romero y César Gómez Arciniega se conocieron. Se hicieron novios y a los seis meses la joven se embarazó; se fueron a vivir juntos y poco después se casaron.
La vida de Magdalena cambió de golpe. Dejó de estudiar la Licenciatura en Nutrición para dedicarse a sus hijos y a su familia.
Un año después, en 2012, con el apoyo de su papá y su mamá, retomó los estudios en Iguala. Todos los días viajaba. A César, eso le molestaba.
La rutina de Magdalena con su familia comenzó a diluirse. Dejó de ir a convivios, a la comida de todos los domingos en casa de su abuela materna, de visitar a su mamá y papá, incluso, dejó de celebrar algunas navidades y cumpleaños de sus hermanos.
La respuesta para negarse casi siempre era la misma: “No puedo”, “estoy ocupada”.
Para ver a Magdalena había una sola forma: ir hasta la casa de César a visitarla.
Habían comenzado las prohibiciones de parte de César. Magdalena no se arreglaba, en ocasiones no se bañaba, no salía, se negaba ir a fiestas, pero había un rasgo que no deja dudas de su nueva vida: adelgazó al extremo.
“Cuando le preguntábamos a los niños que comían, siempre nos contestaban lo mismo: papas con salsa”, cuenta Saúl, el hermano menor de Magdalena.
Las prohibiciones se volvieron extremas. Un día, César prohibió a Magdalena visitar a Saúl, porque no quería que le fuera a “pegar” su homosexualidad a su hijo mayor.
En la familia de Magdalena hay muy pocos recuerdos de convivencia entre ellos y César. Casi nunca los visitaban y las pocas veces que lo hacían era demasiado serio, distante.
Saúl convivió con César y Magdalena cuando eran novios. Desde entonces notó que “era machista, celoso, posesivo y homofóbico”.
“César le quitó energía a Magdalena, le quitó vida y la metió en problemas”, dice Saúl.
Un día, cuenta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le requirió a Magdalena que se presentara a regularizar la situación fiscal de su joyería. “¿Joyería de plata?”, se preguntaron todos.
César a escondidas puso a nombre de Magdalena una joyería de plata que administraba un familiar de él. César tiene 35 años y la familia de Magdalena nunca supo con exactitud a qué se dedicaba.
Tres años duró la relación entre César y Magdalena y esa mañana de agosto, cuando salió huyendo, todos creyeron que estaba a salvo.
*
La mañana del sábado 13 de enero, Magdalena llegó hasta la cama de su madre, María de los Ángeles Romero, le dijo que iba a dar unas consultas particulares, después iría por sus hijos y volvía. Le dio un beso en la frente y se despidió.
Los últimos tres años fueron intensos para Magdalena.
“Siempre andaba corriendo, de un lado a otro, no paraba”, dice Saúl.
Después de aquella mañana de agosto, Magdalena comenzó a recuperarse, a mantenerse ocupada entre la escuela y sus hijos y, el último año, en su servicio social en el centro de salud de Taxco.
Retomó el gusto por salir a tomar el café con sus amigas, por arreglarse, por pintarse, por ejercitarse, por leer, por ir a comer con su familia, por llevar a sus hijos a jugar al zócalo. En este tiempo, coincide su familia, siempre se mantuvo fuerte, alegre.
“Nunca la vi enojada, siempre contenta, riéndose, cariñosa. Magda era una guerrera”, recuerda su papá, un hombre que forjó a su familia como mineros, el principal oficio en Taxco desde hace décadas.
En esos tres años, Magdalena estuvo protegida y apoyada por toda su familia.
“A ella la pusimos en el centro, la apoyamos porque queríamos que saliera adelante”, dice su padre.
Mientras Magdalena iba a la escuela, o a su servicio, uno de sus hermanos iba por los niños a la escuela, el otro los cuidaba mientras llegaba, pero nunca estuvo sola, recuerdan.
Magdalena, dice una de las integrantes de la Colectiva Camina Violeta en Taxco, siempre estuvo en riesgo. Un riesgo que nunca se midió. Explica que cuando se da una separación como la de Magdalena —que salió huyendo— en la ex pareja se genera un coraje profundo.
Las mujeres, que prefieren omitir su nombre por seguridad, dicen que en el centro de salud donde fue atendida por violencia, a Magdalena la clasificaron con un riesgo muy alto. Esta clasificación fue enviada a la agencia del Ministerio Público (MP) y al área de apoyo a mujeres del ayuntamiento de Taxco para que le dieran seguimiento a su caso.
“Lo que pasó es que no hubo el acompañamiento adecuado de las instituciones, el MP tuvo que haber ido a visitar a Magda para verificar su situación y eso nunca pasó”, lamentan.
Las integrantes de esta colectiva explican que el principal obstáculo que enfrentan las mujeres violentadas son las instituciones: no activan pronto los protocolos de protección, dilatan en tomar las denuncias y las reacciones cuando son violentadas son muy lentas.
En el caso de Magdalena fue tan lenta la actuación de las autoridades, cuentan las integrantes de la colectiva, que la mañana del domingo 21 de enero —ocho días después de la desaparición de la joven— vieron a César comprando con toda tranquilidad su desayuno en el centro de Taxco.
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El jueves 11 de enero, Magdalena dejó sus dos hijos con César. Habían acordado que ella los tendría de lunes a viernes y él los fines de semana.
Tres meses atrás, la madre de César, Silvia Arciniega, habló con Magdalena. Le pidió que le prestara a los niños, que los extrañaba y que también era bueno que convivieran con su otra familia. Después de días de pláticas, Magdalena accedió.
César nunca cumplió con la manutención a pesar del acuerdo ante un juez cuando concretaron su divorcio, en 2015.
El sábado 13, César tenía que entregarle a los niños. Acordaron verse a la una de la tarde en el zócalo de Taxco. César no llegó y le aviso que mejor a las dos. Tampoco llegó. Después a las cinco. Fue lo mismo. Entonces Magdalena decidió ir a buscarlo a su casa en la calle Guadalupe, en el barrio de Los Adobes.
A las cinco de la tarde, Magdalena se comunicó con su madre; le dijo que la esperaba para ir juntas a la misa de cabo de año de su bisabuela. Magdalena no llegó. María de los Ángeles le mandó un primer mensaje por Whatsapp, una imagen; después otro avisándole que la misa había terminado y que ya se iba al rezo y, un tercero: “¿Qué pasó?”. Este último ya no llegó.
“En ese momento me comencé a preocupar, pero también a molestar porque pensé que Magdalena había vuelto con César”, dice María de los Ángeles.
Llegó la noche, Magdalena no. Todas las llamadas mandaban directamente al buzón. En la familia trataron de calmarse. Se durmieron y al siguiente día comenzaron a buscarla.
El primer lugar donde acudieron fue a la casa de César. Los recibió Silvia y el mismo César. Ambos aceptaron que Magdalena estuvo ahí, pero dijeron que alrededor de las seis de la tarde se fue sin los niños. César tenía la cara rasguñada.
Fueron al MP a denunciar la desaparición de la joven. Se toparon con el primer obstáculo.
—¿Ahora qué sigue?— preguntó el padre de Magdalena al agente del MP después de interponer la denuncia.
—No sé, yo no sé qué es lo que sigue, eso lo tienen que decidir ustedes.
Los nueve días de búsqueda corrieron por parte de la familia, los amigos y grupos de apoyo a mujeres. Montaron una campaña en redes sociales, pegaron volantes por todo Taxco. La familia nunca perdió de vista que los principales sospechosos eran César y su madre. Trataron de mantener vigilada siempre la casa y por la presión que generaron, un grupo de policías ministeriales entró al domicilio de César pero no hallaron nada.
Fueron días de desesperación, de estrés, de angustia. María de los Ángeles recibió llamadas pidiéndole dinero, incluso hasta de burla.
El sábado 20, recibió una llamada que la estremeció: “su hija está en la casa de César, la tienen en cacerolas”. El lunes todo quedó al descubierto: en un local de César fue hallada Magda asesinada, así como le dijeron a su madre.
Silvia, la madre de César, fue sentenciada a 40 años de prisión por el feminicidio de Magdalena. César estuvo prófugo cuatro años, el miércoles 6 de junio, el ayuntamiento de Tijuana informó de su detención. Desde hace años, la Fiscalía General de Estado (FGE) de Guerrero contaba con información de que César se escondía en Tijuana, pero no intentaron detenerlo.
Integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, expusieron que durante el pasado proceso electoral de 2021 en la entidad se registraron 47 casos de violencia política en razón de género, en su mayoría fueron casos contra mujeres indígenas.
En conferencia de prensa, que fue para inaugurar las oficinas de esta organización se denunció que falta armonizar leyes federales con las estatales para evitar más casos de violencia política contra las mujeres.
Muriel Salinas integrante de la Red dijo que los objetivos de est agrupación son evitar la violencia política contra las mujeres y garantizar una mayor participación pero que para lograrlo se necesita trabajo legislativo y jurídico
Explicaron que para lograr sus objetivos se necesitan armonizar diferentes leyes estatales y será mediante trabajo conjunto con legisladores y diversas instituciones.
Una de las leyes a armonizar con el marco jurídico federal es la Ley General de Responsabilidad Administrativa para sancionar a los servidores públicos que comentan violencia política en razón de género contra sus compañeras.
También se pretende ascender a ley la Violencia Política en Materia Electoral y explicaron que actualmente la violencia contra mujeres en materia electoral solo son reglamentos internos del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepcgro) pero se necesita hacerlo ley para garantizar el derecho de participación política a las mujeres.
Le Red pretende también reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero porque “Cuando una mujer llega a un espacio de poder en la Universidad es minimizada y violentada políticamente”, dijo Sol Cuevas integrante de la Red.
Agregó que se necesita revisar la violencia que viven las estudiantes en las distintas unidades académicas de la Uagro, que muchas veces por sufrir violencia de género abandonan sus estudios.
Se planteó la necesidad de crear una de defensoría pública en Guerrero para mujeres que sufren violencia política
Agregaron que en Guerrero, gracias al respaldo de la Red se logró echar abajo la elección en el municipio de Iliatenco, por considerar que se ejerció violencia política en razón de género, lo que consideraron un hecho emblemático de la lucha de la defensa de casos de derechos político-electorales de las mujeres.
Muriel Salinas insistió en la necesidad de revisar el papel de los usos y costumbres de los pueblos originarios, porque están muy involucrados en prácticas culturales que siguen violando los derechos humanos a las menores de edad, al referirse a la venta de niñas.
En tanto ayer (2 de junio de 2022) la Comisión para la Igualdad de Género aprobó el dictamen para reconocer la violencia obstétrica en Guerrero en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre violencia.
Este dictamen que se expondrá ante el pleno del Congreso local contempla incluir la violencia obstétrica como uno de los tipos de violencia de género.
La iniciativa tiene como objetivo adicionar y reformar diversos artículos a la Ley Número 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
La reforma pretende capacitar al personal del sector salud en perspectiva de género, para dar atención a la mujer durante el embarazo, parto y de la persona recién nacida, con el propósito de reconocer la violencia obstétrica como un tipo de violencia de género para así crear mecanismos efectivos para combatirla y erradicarla, expone el dictamen del anteproyecto de ley.
