Fiscalías especializadas precarias, el gran reto para legalizar el aborto

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

Chilpancingo

 

La despenalización del aborto en Guerrero es una realidad desde el pasado 17 de mayo que el Congreso local aprobó la reforma al Código Penal, el cual contempla la interrupción del embarazo hasta con 12 semanas de gestación.

Dicha reforma se convirtió en ley y entró en vigor al publicarse en el Periódico Oficial el 20 pasado 20 de mayo.

A dos meses de la despenalización del aborto en Guerrero, las colectivas feministas continúan en una lucha para lograr que las mujeres accedan a ese derecho; el primer paso fue lograr las reformas al Código Penal, pero falta reformar las leyes de salud y capacitar al personal médico,

Otro punto importante que falta es la aplicación de los protocolos en los ministerios públicos de delitos sexuales además de dotar al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de elementos atiendan de manera adecuada a las mujeres.

Al respecto, Amapola Periodismo entrevistó a la coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Viridiana Gutiérrez Sotelo, para explicar lo que falta para lograr que la ley se cumpla plenamente.

¿En qué va el tema de la despenalización?

A dos meses de la despenalización del aborto en Guerrero y del decreto oficial por parte el Ejecutivo todavía no hay una ruta definida para la atención y es justo en lo que nosotras queremos colaborar. Entendemos que el servicio es relativamente nuevo para el aborto voluntario, pero no para las causales de violación, pero se está avanzando con la secretaria de Salud, ellos están conscientes que hace falta capacitar personal, insumos y sobre todo el establecimiento de un protocolo.

¿De qué va ese protocolo?

El protocolo consiste en que las mujeres sepan a dónde dirigirse dentro de un hospital al momento que decidan interrumpir su embarazo, también tiene que ver con la gratuidad del servicio

¿Qué es lo que hace falta?

La atención a las víctimas de violencia sexual por parte de las fiscalías. Son enormes los retos en las fiscalías de delitos sexuales, desde la falta de insumos para trabajar, la falta de aplicación de protocolos, la confidencialidad para las víctimas, que es fundamental, que las autoridades que las atienda sean mujeres y establecer en la guía de atención que sean cuidadas, todo eso es ya una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pero que no se aplica.

¿Cuáles son las carencias en la Fiscalía para atender casos de violencia sexual?

Ese es el gran reto, yo aquí puedo hablar de la Fiscalía Especial de Delitos Sexuales, la cual es una de las fiscalías más endebles, es donde observamos mucho más las carencias, desde el mobiliario, la forma en que están distribuidos los espacios porque no hay privacidad para que las víctimas declaren, tendría que haber médicas legistas y a veces no existe el personal, lo que hace perder muchas veces tiempo valioso.

¿Y la Fiscalía Especializada en Feminicidios?

También ahí se tienen enormes retos, la investigación en perspectiva de género, tipificar los homicidios contra las mujeres como feminicidio que hace parecer el problema menor, pero nosotras sabemos que en Guerrero hay una violencia feminicida grave que creció por la falta de resultados y la impunidad. Nosotras estamos dando un voto de confianza en este momento y esperamos reunirnos con la fiscal en los próximos días.

¿Además de los médicos legistas, hacen falta traductores indígenas en los ministerios públicos?

Ese es otro problema, tenemos casos donde no hay traductores a lenguas originarias y eso dificulta más el caso, se tiene que garantizar también la traducción a la lengua originaria de las víctimas.

¿Cuántas unidades hay de la Fiscalía Especial?

En cada región hay una mesa especializada para los delitos sexuales, nosotras en la Red por lo pronto hacemos acompañamiento en Ometepec, Acapulco, Chilpancingo y la Montaña; las carencias son tantas que hace falta hasta papel para imprimir documentos, la falta de capacidad y sensibilización del personal, y el exceso de trabajo que tiene un ministerio público, algunos llevan de 1,000 a 1,500 carpetas de investigación, lo cual es una cosa humanamente imposible. Los retos en la Fiscalía son enormes, como enorme es la violencia contra las mujeres.

¿En las siete unidades hay falta de médicos legistas?

Nosotras en Acapulco, acompañamos un caso donde no estaba el médico legista, y en Ometepec sucedió igual, y, aclarar, no es que no tengan el servicio si no que no lo tienen disponible siempre, y eso hace que las esperas sean largas y se pierdan oportunidades que son imprescindibles para abrir la carpeta de investigación.

¿En los casos de mujeres presas por abortar ya hay un protocolo para su salida?

Es complicado, nosotras no tenemos identificados todos los casos, el principal problema es que a través de una trampa del sistema esas mujeres están presas por el delito de homicidio en razón de parentesco, lo cual hace muy difícil su liberación, porque las condenas son más altas, las fianzas también, y si fuera por aborto hubieran salido inmediatamente después de publicarse la reforma en el Periódico Oficial.

¿En este momento en qué hospitales se puede practicar la interrupción del embarazo?

Tendría que ser en todo el sector salud, pero sabemos que hace falta capacitación en insumos por lo que hicimos una lista en conjunto con la Secretaría de Salud donde se están presentando solicitudes y son nueve hospitales de los 14 hospitales estatales habilitados en este momento.
Son dos en Acapulco; el Donato G. Alarcón y el del Quemado; los dos de Chilpancingo, el General Raymundo Abarca Alarcón y el de la Madre y el Niño y los de Taxco, Iguala, Tlapa, Chilapa, Zihuatanejo, Ometepec.

¿Se niegan a realizar un aborto?

No se han negado pero no ha sido fácil, es decir, nosotras tenemos que dar acompañamiento para que la víctima pueda acceder a su derecho, pero eso no tendría que ser, pero sabes que, es por falta de guía y la falta de información.

¿Desde la despenalización cuantos abortos se han realizado?

De acompañamiento que nosotras dimos van ocho casos, de los cuales la mayoría son menores de edad de entre 13 y 17 años, pero sabemos que hay más casos.

¿Fueron casos de violación?

Pues al ser menores de edad se interpreta que sí, aunque ellas no lo reconocen y lo asumen como aborto voluntario, por lo menos los casos de menores de 16 años fueron violación.

¿El problema principal es la desinformación?

Digamos que es más la falta de una guía, es decir, por donde las mujeres van a ir a solicitar el servicio, si es a través de urgencias, de las unidades de violencia, de la consulta general, es decir falta el establecimiento de esa ruta que sea clara para ellas y clara para el personal, saber a quien le toca hacer qué, sobre todo en el tema del aborto voluntario, porque en casos de violación la Norma 046 establece claramente que el servicio se tiene que dar a través del área de urgencias.

¿Hay límite de tiempo para que la Secretaría de Salud tenga esta guía?

A partir del 10 de julio el Ejecutivo tiene 45 días para presentar su plan de cumplimiento y después tiene 12 meses para que implementen.

¿En el caso de los hospitales que dependen de la federación cuál es el protocolo?

Cuando pensamos en la despenalización solo pensamos a nivel estatal y ahora hay usuarias de sistemas como IMSS o ISSSTE que quieren abortar pero no hay medidas, al final, con un acuerdo con la Secretaría de Salud Guerrero canalizamos a las mujeres a hospitales estatales, pero esperamos pronto una reunión con la secretaria de Salud nacional para plantearle estás problemáticas, porque además hay que agregar los hospitales de la Marina y del Ejército.

¿Qué más falta?

De parte del Ejecutivo falta la promoción del derecho a interrumpir el embarazo, lo cual será un gran reto porque tienen que decirlo en las lenguas que se hablan en Guerrero, pero antes de eso tiene que existir una ruta donde se incluya los requisitos, a qué hospitales ir, horarios y que tiene que ser gratuito, todo eso tiene que hacer y a partir del 10 de julio el estado tiene 45 días para establecer un plan de acción.

¿Cuáles son los cambios que necesita el sector salud?

Se debe hacer un programa integral para la interrupción legal del embarazo, esto significa que existan lineamientos claros, además del suministro del medicamento, los insumos, personal capacitado, hacer un listado de donde estarán disponibles los servicios, lo ideal sería que hasta en los centros de salud se pueda realizar, pero entendemos y somos conscientes de la realidad de Guerrero y sabemos que en muchos lugares no hay personal ni medicamentos.

Se tiene también que registrar una base de datos sobre los casos que se atienden justo para generar los cambios en la política pública, es decir, quienes son las mujeres, la edad, las causas y cuáles son los procedimientos.

Otra de las medidas es la divulgación del derecho, que por lo que nos dijo la secretaria de Salud, Aidé Ibares Castro, ya se está haciendo a través de una circular a todo el sector salud donde se anuncia que se puede acceder a un aborto sin presentar una denuncia.

 

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Con la reforma al Código Penal ya no se criminaliza a la mujer por interrumpir el embarazo

Para las colectivas y activistas feministas el siguiente paso es lograr la legalización del aborto en Guerrero, pero surge la interrogante, ¿cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar el aborto?


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

Con la reforma al Código Penal que aprobó el Congreso y que ya fue publicado en el Periódico Oficial, ninguna mujer puede ser procesada penalmente por interrumpir el embarazo solo hasta 12 semanas de gestación pero falta legalizar el aborto, coinciden un abogado penalista y una abogada feminista.

Para las colectivas y activistas feministas el siguiente paso es lograr la legalización del aborto en Guerrero, pero surge la interrogante, ¿cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar el aborto?

Amapola periodismo consultó a una abogada feminista y un abogado penalista para explicar los claroscuros de las reformas al Código Penal en materia de aborto, y explicar la diferencia entre despenalización y legalización y por qué la confusión entre ambos términos.

“La despenalización atiente a sacar el aborto del Código Penal, que no sea un delito y que no se criminalice a la mujer por tomar esa decisión”, explica Angie de la Rosa Palafox, abogada e integrante de la Red Guerrerense Contra la Violencia hacía la Mujer.

El abogado Valentín Sandoval considera que la interrupción del embarazo continúa siendo un delito que, aún con las reformas al Código Penal, es penado por la ley, solo que ahora será después de las 12 semanas de gestación y con pena para la persona que sin el consentimiento de la mujer le practiquen un aborto.

Valentín Sandoval explicó que anteriormente el Código Penal castigaba penalmente a todas las personas implicadas en un aborto, desde la madre, al médico, enfermero o partera que lo realizaba, salvo algunas excepciones que eran por violación o que esté en riesgo la vida de la madre o del futuro bebé.

Ahora el Código Penal establece que ni la mujer ni los implicados serán sancionados por practicar un aborto.

“La mujer que decida interrumpir su embarazo ya podrá hacerlo sin responsabilidad penal alguna”, explica.

La reforma al Código Penal entró en vigor el pasado 20 de mayo cuando fue publicada en el Diario Oficial del estado y generó dudas y controversias acerca de su alcance e implicaciones en la población guerrerense, mientras que figuras públicas y religiosas como Provida han generado comentarios controversiales.

 Es el caso del obispo de la Diócesis Chilpancingo – Chilapa, José de Jesús González Hernández, que el pasado 22 de mayo durante su sermón dominical en la catedral de Chilapa, dijo que el aborto aún no está legalizado y que la iglesia tiene que luchar para que eso no suceda.

Valentín Sandoval considera que el obispo no está en un error, ya que a pesar que se despenalizó la práctica de abortar, no existe aún una normativa o marco legal para que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo puedan hacerlo con seguridad.

Esa situación habré otra posibilidad necesaria para las activistas feministas, De la Rosa Palafox considera que el siguiente paso es lograr la legalización del aborto.

“En un estado ideal basta con la despenalización, pero no estamos en un estado ideal, por lo que la despenalización es solo un paso para lograr la legalización”, comentó De la Rosa Palafox.

¿Qué es la Legalización?

“La legalización tiene que ver con generar un marco jurídico que garantice a las mujeres un aborto seguro y gratuito, que haya médicos especializados, equipo, y materiales con el fin que no haya excusa para que no le practiquen el aborto a una mujer en el sector público”, explica De la Rosa Palafox.

Lograr la legalización implica una serie de reformas a la Ley Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero que permita un marco jurídico que brinde certeza y seguridad a las mujeres que decidieron practicarse un aborto.

Esas reformas a la Ley de Salud permitirán que cualquier mujer que decida abortar pueda hacerlo en el hospital o centro de salud público más cercano sin costo alguno, y destinar una serie de recursos económicos para que los sistemas de salud pública brinden un aborto seguro y gratuito a todas las mujeres.

Los artículos que se reformaron del Código Penal del estado fueron el 154, 155,  156, 157 y el 159, el 158 fue derogado y respondieron a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde determinó inconstitucional sancionar penalmente a la mujer o persona gestante que decide interrumpir su embarazo.

También esta reforma fue derivada de dos alertas de género que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) que se emitieron durante el gobierno anterior del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores.

 

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Con la reforma al Código Penal ya no habrá más mujeres encarceladas por aborto

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez / Archivo

23 de mayo de 2022

Chilpancingo

La Red Guerrerense por los Derechos de la Mujer, explicaron que con la reforma al Código Penal y que el pasado viernes 20 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno estatal ya no habrá más mujeres encarceladas por practicarse un aborto.

En rueda de prensa que ofrecieron este lunes en un restaurant ubicado frente al Congreso, las activistas feministas, dijeron que esta reforma para despenalizar el aborto beneficia a las mujeres y que si muchas de ellas tienen una carpeta de investigación abierta en su contra por haberse practicado la interrupción del embarazo ya no va a proceder.

Indicaron que saben de 28 casos de mujeres que tienen en su contra una carpeta de investigación por el delito de aborto.

“Hacemos el llamado a las 28 mujeres y sus familias que son perseguidas por abortar a que se acerquen a nosotros y darles acompañamiento, porque por su aborto ya no pueden ser criminalizadas por las instancias de justicia”, comento Viridiana Gutiérrez, integrante de la Red Guerrerense.

Agregó que se hace el llamado público porque desconocen quienes son esas mujeres perseguidas por abortar, explicó que saben que son 28 carpetas de investigación que hay en la Fiscalía General del Estado (FGE).

María Luisa Garfias Marín explicó que se tiene que buscar a las y los abogados de las mujeres presas por abortar, porque muchas de ellas fueron juzgadas por homicidio en razón de parentesco y se tiene que reclasificar el delito a aborto para que salgan libres inmediatamente.

Durante la conferencia leyeron un comunicado donde explicaron que las más beneficiadas por la reforma al Código Penal son mujeres que son criminalizadas y juzgadas por abortar y que en muchos casos fueron de manera accidental y agregaron que la despenalización no obliga a nadie a interrumpir su embarazo.

Viridiana Gutiérrez dijo que el próximo paso para un aborto legal y seguro será la reforma a Ley Salud para garantizar un aborto sin riesgo a las mujeres que deseen practicárselo.

“Estamos listas para dar el siguiente paso que es una reforma a la Ley de Salud, estamos en pláticas con las tres diputadas que presentaron la iniciativa de despenalización para trabajar una propuesta que ya tenemos lista”, comentó.

Explicó que debido a la reforma al Código Penal se tienen que armonizar otras normas y leyes estatales en un plazo no mayor a 120 días para garantizar una correcta aplicación de la ley.

La propuesta que presentaran las activistas a la Ley de Salud contempla programas de atención a mujeres que pretenden interrumpir su embarazo, guías para la interrupción y una visión intercultural para los médicos que vayan a practicar un aborto.

23 estados esperan la despenalización del aborto; con amparos, algunos apuestan por la homologación al criterio de la Corte

Mientras en nueve entidades el aborto ya se despenalizó, colectivas, organizaciones y legisladoras buscan que esto avance en el resto. Subrayan que no solo es clave evitar que esta práctica se castigue, sino garantizar que sea un servicio brindado por el sector salud.


 

Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político 

Fotografía: Amílcar Juárez / Óscar Guerrero

23 de mayo de 2022

 

Aunque 23 estados siguen esperando por la despenalización del aborto en sus códigos penales, algunos, como Aguascalientes, Puebla y Baja California Sur, han optado por la vía del amparo para obligar a la homologación con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) que, desde 2021, declaró inconstitucional la criminalización del aborto.

Acompañados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), otros tres estados se sumarán en las próximas dos semanas al esfuerzo por la vía del amparo, según confirmó la organización. Estos se darán a conocer una vez que la acción legal sea promovida, pues aún continúa el diálogo con las colectivas a nivel local para ver cuáles de ellas se sumarían.

“Estamos próximas a presentar amparos en otros cinco estados de la República. No se puede conocer aún cuáles, porque muchas colectivas piden tener la oportunidad de platicar entre ellas para determinar quiénes sí van con el amparo y quiénes no. En las próximas dos semanas promoveremos dos o tres más, para después completar cinco”, aseguró Melissa Ayala, coordinadora del área de Documentación y Litigio de Casos de GIRE.

Esto, a raíz de la determinación de la SCJN del 7 de septiembre de 2021, mediante la cual resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

Aunque la resolución de la Corte es un precedente para que, en adelante, ningún juez local o federal determine encarcelar a una mujer por el delito de aborto, las organizaciones y colectivas coinciden en que la despenalización a nivel local sigue siendo no solo importante, sino necesaria como paso obligado para homologar las legislaciones locales con lo determinado por la SCJN.

“Como ya dijo la Corte, la criminalización absoluta del aborto viola los derechos de igualdad, de no discriminación, de dignidad, de autodeterminación, pero es muy importante que también logremos sacar el aborto de los códigos penales, donde tiene un efecto disuasor para las mujeres: el saber que hay una posibilidad de que se les meta a la cárcel o el temor de que se les abra una carpeta de investigación o les llegue un citatorio. Lo que pasó en septiembre es histórico, pero no hay que perder de vista que es el primer paso: tenemos que sacar el aborto de los códigos penales locales porque solo así, vamos a lograr que las mujeres tengan autonomía sobre sus cuerpos y puedan decidir sin miedo”, señala Ayala.

Mientras que el martes pasado, con reformas a su Código Penal y Ley de Salud locales, Guerrero se convirtió en la novena entidad donde el aborto voluntario está despenalizado, bajo ciertas condiciones —además de la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Coahuila y Sinaloa—, otros estados siguen en el intento por la vía del amparo o la insistencia legislativa, incluso tras el rechazo de varias iniciativas.

Es el caso de Quintana Roo y Puebla, donde un activismo fuerte y con mucha presencia ha llevado incluso a la toma de los congresos locales, a largos procesos de iniciativas presentadas, y también a obstáculos para dictaminarlas y pasarlas a pleno.

“En el caso de Quintana Roo, ha sido un proceso muy largo, muy obstaculizado, y parte de los acuerdos fue que el pleno pudiera tomar la iniciativa, pero ya cuando se votó, no pasó. Se han presentado otras, con el apoyo del movimiento feminista, que también se han desechado, al igual que iniciativas ciudadanas”, recuerda Cristina Santana, coordinadora de la REDedefine, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB).

En Puebla, por lo menos cuatro bloques de iniciativas han sido congelados o han quedado olvidados después de haberse turnado a comisiones. En otros estados, como Guanajuato, también hubo iniciativas que quedaron olvidadas; en Durango, se dio un proceso muy amplio de recolección de firmas para una iniciativa ciudadana, que después se vio obstaculizada; en Morelos, las iniciativas nunca fueron votadas; en Michoacán, aunque también se han dado, han enfrentado diversos obstáculos; en Jalisco, se presentó una que sigue en el Congreso local en espera de ser dictaminada; en Sonora, aunque existe una movilización social fuerte, no se ha reflejado en esfuerzos legislativos, y en Nayarit, apenas comienza el diálogo entre la sociedad civil y las legisladoras.

“Las despenalizaciones están avanzando en un momento muy histórico, para el que pasaron muchos años desde la despenalización de 2007 (en la CDMX) para que Oaxaca finalmente pudiera en 2019. A partir de ahí, se han acelerado y una lucha histórica que tenía décadas justo ahorita está avanzando de manera muy acelerada en toda América Latina, producto de las movilizaciones sociales que han estado exigiendo que pueda haber acceso al aborto legal, seguro y gratuito”, explica Santana.

Por eso es indispensable en este momento, añade, conversar sobre el tema, eliminar el estigma sobre el aborto y verlo como un hecho muy común en la vida reproductiva de las mujeres, que además es un tema de salud pública, justicia social y derechos humanos. Aunque cada estado enfrenta una situación política y social muy distinta, en todos ellos existen colectivos locales y movimientos feministas que trabajan e insisten en la despenalización.

“Es muy importante decir que en todos los estados hay sociedad civil organizada, colectivas locales y activistas independientes que están reclamando muy fuertemente que se pueda despenalizar y legalizar el aborto en sus estados; muchos de ellos sí han retomado las exigencias y presentado iniciativas, pero están detenidas por falta de voluntad política. Hoy estamos en otro momento en cuanto a la despenalización del aborto, porque las resoluciones que la Corte emitió el año pasado son clave para los procesos de despenalización”, añade Santana.

Sin embargo, las estrategias diferenciadas también han resultado en reformas estatales variadas, la mayoría con la consideración de 12 semanas, pero no siempre con una modificación a las leyes estatales de salud que garanticen no solo la ausencia de castigo para mujeres y personas gestantes, sino el acceso al aborto como un servicio de salud seguro y gratuito. Aun así, en los estados, no debería ser problema que primero exista una reforma al Código Penal y después a la Ley de Salud, porque la Secretaría de Salud federal ya ha emitido lineamientos técnicos para brindar el servicio, aunque no siempre se cumplen.

“Esos modelos de semanas en realidad ya son obsoletos, porque no estamos en 2007 discutiendo ese tema. La Corte ya trascendió lo de las 12 semanas; entonces, se abre la puerta a no obstaculizar por periodos. Si bien hay iniciativas que sí contemplaron la adición en las leyes de Salud, el escenario ideal es quitar el aborto del Código Penal y, como la Corte también dijo que el aborto es un derecho, dar el acceso y, en ese sentido, modificar las leyes de Salud para que se reconozca”, subraya la coordinadora de la REDefine.

En tanto, con su acompañamiento legal, el área de Documentación y Litigio de Casos de GIRE sigue en la vía de los amparos con la confianza de que en los estados donde los congresos no estén dispuestos a legislar, esta sea la opción para lograr despenalizar mediante el trabajo conjunto de colectivas y organizaciones.

Sin certezas en el nivel federal

A nivel federal, el escenario sigue siendo incierto. Aunque la despenalización en los estados es prioritaria porque el aborto generalmente es procesado como un delito del fuero común, y la acusación se hace a nivel local, sería necesario hacer cambios en la Ley General de Salud para garantizar el acceso al aborto gratuito como un servicio más, no solo por parte de las secretarías de Salud locales, sino también del IMSS y del ISSSTE.

Con este propósito, a raíz de la resolución de la Corte de septiembre de 2021, 11 senadoras de todos los grupos parlamentarios del Senado —incluidos el PAN y el PES— presentaron una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.

“Las reformas son para el Seguro Social y el ISSSTE. Por eso es importante, porque la Federación tiene muchos servicios hospitalarios y de atención en los estados; si se despenaliza solamente en el estado, únicamente los servicios de salud estatales, o municipales si hay, pueden brindar la interrupción legal del embarazo. Nosotros le hemos dicho al IMSS y al ISSSTE que no pueden negarse: si en el estado donde están sus clínicas está despenalizado y es un servicio de salud, lo tendrían que dar. Sin embargo, no es así, no está tan claro; a veces sí lo hacen, a veces no”, señala la senadora Patricia Mercado.

La iniciativa propuesta detalla que, como parte de las reformas a la Ley General de Salud, se agregaría un apartado que especifica: “Todas las personas e instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud deberán brindar de manera gratuita los servicios de aborto seguro, independentiemente de si la usuaria cuenta o no con derechohabiencia, en los términos de la presente Ley y de las disposiciones reglamentarias o normativas que para tal efecto expida la Secretaría, debiendo garantizarle a la mujer embarazada o persona gestante las mejores condiciones de seguridad y calidad para la atención médica”.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace. 

Firma Evelyn decreto de reforma para despenalizar aborto en Guerrero

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

20 de mayo de 2022

Chilpancingo

 

En su edición de este viernes el Periódico Oficial de Guerrero publicó la reforma al Código Penal que contempla la interrupción del embarazo hasta con 12 semanas de gestación.

Dicha reforma que aprobó este martes 17 de mayo el Congreso local se convirtió en ley ya entra en vigor al publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno estatal.

El decreto que es firmado por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, se lee, “Decreto número 180 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el estado libre y soberano de guerrero, número 499, en materia de aborto”.

En la publicación se explica que con la reforma al Código Penal del estado se reformaron los artículos 154, 155,  156, 157 y el 159 de dicho Código.

De acuerdo con los antecedentes de la iniciativa y que están publicados en el Periódico Oficial  la reforma a los artículos del Código Penal es para armonizarse con la Ley General de Salud, la Ley General de Víctimas y la NOM-046 de Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres.

También explica que dichas reformas formaron parte de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde determinó inconstitucional sancionar penalmente a la mujer o persona gestante que decide interrumpir su embarazo, además de una serie de recomendaciones derivadas de las dos alertas de género que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

Con la publicación del decreto en el Periódico Oficial  el aborto deja de ser un delito y la mujer que decida practicárselo antes de las 12 semanas de gestación podrá hacerlo sin necesidad de presentar una denuncia por violación ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común (AMPFC).

Este martes durante la sesión del Congreso que debatían sobre esta reforma al Código Penal, grupos religiosos de Provida, dijeron que esperaban que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no firmara el decreto para despenalizar el aborto.

Con la reforma al Código Penal, Guerrero se convierte en el octavo esta del país en despenalizar el aborto, detrás de la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima.

Congreso aprueba despenalización del aborto

Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Óscar Guerrero
17 de mayo de 2022
Chilpancingo
 Con 30 votos a favor, 13 en contra y una abstención el Congreso de Guerrero aprobó la reforma del Código Penal que establece la interrupción del embarazo hasta con 12 semanas de gestación.
Fueron los votos de Morena, PRD y PT, además de uno de una legisladora del PRI el que sacó adelante esta iniciativa que la promovieron los morenistas.
La aprobación de esta reforma provocó algarabía de unas 200 mujeres feministas que desde la mañana de este martes se colocaron afuera del Congreso en espera de la votación.
En contraste, grupos religiosos que también desde la mañana están afuera del recinto reprobaron a los diputados.
Hasta las seis de la tarde las feministas seguían bailando y cantando afuera del Congreso.
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