Tres décadas de lucha: la historia por la despenalización del aborto en Guerrero

El 12 de enero las diputadas morenistas Beatriz Mojica Morga, Gloria Citlali Calixto Jiménez y Nora Yanek Velázquez Martínez presentaron la última propuesta legislativa para la despenalización del aborto. 


Texto: Beatriz García

Fotografía: Oscar Guerrero

16 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

En poco más de 30 años la lucha feminista en Guerrero ha incluido en sus demandas la despenalización del aborto. La no criminalización a la interrupción del embarazo, ha sido una de las demandas para garantizar la salud y la vida de las mujeres en el estado.

En este tiempo, por lo menos se han presentado tres iniciativas que buscan la despenalización del aborto, de acuerdo a un recuento hecho por mujeres que han exigido este derecho en diferentes perírodos, como la diputada morenista, Beatriz Mojica Morga, una tres legisladoras que presentaron la última iniciativa.

El 12 de enero ella, Gloria Citlali Calixto Jiménez y Nora Yanek Velázquez Martínez presentaron la última propuesta legislativa para la despenalización del aborto. Esta, está en espera a que los diputados de la

Comisión de Justicia hagan la revisión, para que pase al pleno del Congreso local y se dé la votación para su posible aprobación.

Esta última iniciativa, en comparación a las anteriores, se da en medio de dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG), la última por agravio comparado, que se evidencia la necesidad de homologar la Norma 046 del Código Penal para garantizar a las niñas y mujeres víctimas de violación sexual la interrupción del embarazo sin que tengan que interponer una denuncia y así evitar poner en riesgo su salud.

Además esta última iniciativa se dio después de que el pasado siete de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara inconstitucional la penalización del aborto, lo que significa que ninguna jueza o juez podrá encarcelar a quien decida abortar.

Se cumplió un mes de que se presentó la iniciativa en el Congreso local, y la Comisión de Justicia en Guerrero no ha dado respuesta. Sobre esta iniciativa Amapola. Periodismo transgresor habló la diputada Beatriz Mojica Morga.

La diputada mencionó que esperan que se cumpla con el procedimiento jurídico y confía que será pronto, de tal manera de que no se obstruya el proceso y pueda pasar al pleno para la votación. Esta iniciativa es de homologación de acuerdo a los criterios de la SCJN.

La iniciativa, aclaró, no es en sí un asunto de sólo despenalizar el aborto si no que incluye la garantía de los derechos de las mujeres y de la no criminalización.

“Ha habido una obstaculización por parte del PRI para que no se genere el dictamen correspondiente, es parte del proceso legislativo”, manifestó la morenista.

Para hacer la dictaminación de la iniciativa hay un plazo de un mes, que se cumplió el pasado 12 de febrero, entonces la Junta de Coordinación Política tendrá que determinar el proceso para que se pueda generar el dictamen.

Este no es un tema de consulta, insistió la diputada, es un mandato de la SCJN, porque los derechos no están a consulta, porque, además, durante muchos años ha habido discusiones a favor y en contra, entonces es por eso que la Corte dictaminó cuál será la ruta en torno de garantizar en las leyes locales el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y no criminalizar sus decisiones.

Mojica Morga destacó que legalizar no significa promover el aborto, implica la garantía de los derechos de las mujeres, porque es una obligación del estado mexicano, del estado laico y como diputados, pondera, están obligados a generar el marco jurídico más amplio posible para que no se criminalice a las mujeres al tomar decisiones libres y conscientes.

Aclaró que legalizar el aborto no es sinónimo de saturar las clínicas; por ejemplo, la Ciudad de México que avaló esta legalización desde hace 20 años disminuyó los índices de muertes maternas y las interrupciones de embarazo.

En Guerrero, al aprobarse la iniciativa se tendrán que generar otras políticas públicas para garantizar el acceso a la salud, educación, no sólo de las mujeres, sino de toda la población, además de la educación sexual y reproductiva que es una obligación del Estado mexicano, los estados y municipios, así se revertirían los primeros lugares de Guerrero en embarazo adolescente, muertes maternas y muertes de mujeres por abortos clandestinos.

La iniciativa en medio de dos AVG

Guerrero es un estado feminicida. La lucha feminista en Guerrero ante las violencias que viven las mujeres en la entidad obligó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a declarar dos AVG, lo que permite un terreno que aún con obstáculos, pronto despenalice el aborto en el estado.

El 22 de junio del 2017, por el trabajo e insistencia de un grupo de activistas feministas, la Secretaría de Gobernación declaró en Guerrero la primera AVG ante el incremento de feminicidios en el estado. El 5 de junio del 2020 se declaró la segunda alerta, porque otra vez las activistas probaron una grave discriminación contra las mujeres y una negación a los servicios especializados de salud.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2016 al 2021 se registraron 32 delitos por aborto en el estado. El mayor número en el 2019, con 11, pero no especifica si se trata de las mujeres que abortaron o quienes auxiliaron a las mujeres en el proceso, como en el caso de médicos, tampoco se sabe si por ello hay mujeres procesadas.

De las violencias hacia las mujeres en el estado y la nueva iniciativa que busca despenalizar el aborto habló en entrevista la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, quien forma parte de una de las organizaciones que ha dado batalla en la lucha por los derechos humanos de las mujeres.

Sobre las estadísticas del Secretariado Ejecutivo y que la organización de Reyna Aguilar da puntual seguimiento, explicó, que solicitó a la Conavim información puntual sobre esas estadísticas para saber si había mujeres criminalizadas, pero no la han entregado.

Reyna Aguilar compartió que el año pasado la organización acompañó a siete mujeres víctimas de violación, entre ellas cinco menores de edad, quienes buscaban interrumpir el embarazo.

Con presión lograron que en el estado a cinco de ellas sí se les interrumpiera el embarazo, a dos más –menores de edad- desistieron sus familiares por el temor que les impusieron, como en el caso de los médicos, al decirles mitos, como si sus hijas abortaban iban a morir, o que cuando fuera adulta ya no iban a poder tener hijos o que perderían la matriz.

Este año la organización acompaña un caso de una menor de Cocula, embarazada víctima de una violación sexual. La mamá de la menor acudió al hospital, pero la convencieron que desistiera del aborto, ahora aunque cuentan con el apoyo de las feministas, la niña superó las 12 semanas de gestación y ya no puede interrumpir el embarazo.

En la opinión de Reyna Aguilar la despenalizaicón del aborto en Guerrero, le parece una decisión complicada, en términos legislativos, por la falta de voluntad política que han demostrado las últimas legislaturas, pero es una acción que tiene que realizarse porque además es una medida de la segunda AVG, que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, derechos humanos.

Que no se avance en la dictaminación, dijo Marina Reyna, afecta porque el personal de salud no quiere hacer los procedimientos, porque el Código Penal dice que los va a castigar, aunque la norma 046 diga que pueden hacerlo, entonces es necesaria esa homologación.

Confirmó lo dicho por Mojica Morga, que aprobar la legalización del aborto, no significa que todas vayan a abortar, al contrario se van a reducir las muertes maternas, se va a garantizar el derecho a las mujeres y no se pondrá en riesgo su salud.

“Las organizaciones que de alguna manera de hace tiempo estamos trabajando por avanzar en el este marco legislativo lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que sí se va a lograr, va a costar un poco de trabajo pero se va a lograr”, insistió.

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Al menos tres décadas de lucha por la despenalización del aborto

La primera vez que se presentó una propuesta al Congreso local para la despenalización del aborto fue en 1992, dijo la representante feminista de Aliadas por la Justicia, María Luisa Garfias Marín.

Garfías Marín es una feminista histórica, parte de la lucha por los derechos de las mujeres desde hace décadas en Guerrero, incluso cuando en el estado no había organizaciones feministas, contó en entrevista.

En algunas pláticas de mujeres, recordó, el tema de la despenalización del aborto estaba presente, y cuando fue diputada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en el periodo 1990-1993 en tribuna planteó reformar el Código Penal y que se clasificara el acoso y hostigamiento sexual, como delito.

Después en el Código Penal ya establecía algunas excepciones, explicó, por ejemplo cuando el embarazo de una mujer era producto de una violación podía interrumpirlo y no había sanción, también si el producto presentaba anormalidades y habían dos médicos que diagnosticaran podían interrumpirlo, o también si la madre presentaba problemas de salud.

Aunque las excepciones ya estaban establecidas los ministerios públicos no lo autorizaban.

En 2007 comenzaron campañas impulsadas por mujeres organizadas en Guerrero, para que las excepciones se cumplieran, por ejemplo la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Dddser), Equidad de Género, el colectivo

Nosotras. Entonces se genera la primera iniciativa formal ante el Congreso local.

Un año antes en la ciudad de México se presentó la iniciativa y se aprobó la despenalización. En Guerrero se cabildeó para que votaran, pero de último momento el PRD se dividió. También se hicieron en el estado conferencias, mesas redondas en las siete regiones, hubo foros donde se presentaron propuestas, puntos de vista médicos, jurídicos y éticos, contó Garfias Marín.

“Ha sido un proceso largo y se violenta para quienes hemos promovido en diferentes momentos la iniciativa, porque fuimos agredidas. A mí me amenazan en la ventana de mi casa”, expresó.

En el 2014 se da una segunda iniciativa cuando era gobernador Ángel Aguirre Rivero y la secretaria de la Mujer, Rosario Herrera Ascencio, y se contrató una consultoría para que se elaborara la propuesta de iniciativa. Los grupos feministas acompañaron el proceso, se movilizaron, hicieron campañas y nuevamente el PRD se dividió e impidió la aprobación.

En 2015 se dio una de las agresiones mayores contra los grupos de mujeres que apoyaban la interrupción legal del embarazo. En ese momento fueron invitadas a un foro, donde también hubo presencia de la iglesia, monjas y feligreses, quienes al tener una opinión contraria las agredieron verbalmente y las intentaron golpear. Tuvieron que huir.

“Yo he sido muy agredida”, manifestó la feminista y representante de Aliadas por la Justicia.

En el 2018 cuando le otorgaron la Presea Sentimientos de la Nación por su activismo por los derechos de la mujer, el obispo Salvador Rangel Mendoza y grupos católicos hicieron una campaña en su contra, la tacharon de asesina para impedir se le entregara la presea.

El 13 de septiembre del 2018, esa noche que recibiría la presea en la iglesia de la Virgen de la Asunción en Chilpancingo, el lugar estaba rodeado por personas en su contra, para no permitirle que recibiera la presea, por lo que ingresó y después salió custodiada por un grupo de personas que la protegieron.

Durante estos años Garfias Marín ha acompañado casos de mujeres que estaban en prisión por homicidio en razón de parentesco y se logró su libertad, después de sufrir abortos espontáneos, tal es el caso de la Me´phaa Adriana Manzanares, originaria del Camalote municipio de Ayutla, condenada a 22 años de prisión, después de que fue golpeada por su esposo y como consecuencia sufrió un aborto.

La sentenciaron por homicidio.

Después de más de siete años en prisión, la SCJN revisó el amparo que interpuso con apoyo de las organizaciones. Fue puesta en libertad.

Este es uno de los tantos casos en Guerrero que se quieren evitar al reformar el código penal y homologar la Norma 046, además cumplir con lo establecido en la segunda AVG por agravio comparado y con lo que determinó la SCJN el pasado 7 de septiembre.

De acuerdo a datos oficiales, Guerrero es la cuarta entidad con mayor número de muertes por aborto del país y la sexta con más muertes maternas entre 2002 y 2017.

 

Niña Ayelín: la búsqueda de una madre por los huesitos de su hija

Los restos óseos encontrados en esta jornada de búsqueda serán analizados y posteriormente en una conferencia de prensa, autoridades de la fiscalía informarán los resultados, no se sabe en cuánto tiempo


Texto: Beatriz García

Fotografía: Óscar Guerrero

10 de febrero del 2022

Tixtla

 

“¡Ayelín escucha, esta es tu lucha!”, resonó en el cetro de Tixtla, municipio donde hace un año cuatro meses, Ayelín Iczae Gutiérrez Marcelo, una niña de 13 años oriunda del lugar fue encontrada mutilada en una barranca a 400 metros de su casa.

En esta cuarto día de exigencia de justicia por el feminicidio de Ayelín, hubo un mitín y una ofrenda a la niña y a las víctimas de desaparición forzada y feminicidio. Con esta actividad se cierra la jornada de búsqueda de los los 89 huesitos que faltan a Flora Rojas Marcelo de su hija Ayelín.

Los gritos de: “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, “¡Porque nos faltan 43 y nuestros hijos también!”, “¡Ayelín escucha, tu madre está en la lucha”, se escucharon al unísono de las víctimas, defensoras feministas y de derechos humanos, mientras cargaron una cruz delgada, grande y de metal rosa, otras en manos tomaron racimos de flores blancas, moradas y naranjas, además de frutos y semillas, y Flora Rojas no soltó el cuadro con la fotografía de su hija. Exigieron justicia.

Tres días después del feminicidio de su hija, Flora Rojas huyó de Tixtla, ante las amenazas de muerte que recibió por exigir justicia.

Desde ese entonces vive intranquila, su vida cambió radicalmente, acompañada de otras víctimas de desaparecidos, con quien cobra fuerza para seguir y buscar respuesta con las autoridades que mostraron su negligencia desde un inicio cuando hallaron el cuerpo de Ayelín, pero no le notificaron que no estaba completo, dijo este jueves durante el mitin que realizó junto a integrantes de colectivas feministas, de derechos humanos y familiares de desaparecidos y asesinados en la explanada de Tixtla.

Después de sepultar a su hija, Flora protestó con fuerza hasta conseguir que un año y cuatro meses después, comenzara una búsqueda en la zona donde yacía Ayelín, porque exige le entreguen los 89 huesitos que no le dieron de ella.

“No me notificaron, yo me enteré cuando tenía todos los resultados en mis manos. Entonces donde empiezo a exigir que como no se me había dicho que se hablaba de un cuerpo incompleto que fiscalía me entregara hasta el último huesito del cuerpo de mi hija”, dijo.

El pasado lunes Flora Rojas regresó a Tixtla, pero custodiada por peritos y efectivos de la Guardia Nacional, y con el acompañamiento de feministas y otras familias que viven lo mismo que ella. Aunque después de esta jornada se irá nuevamente de Tixtla por su seguridad.

Tres días de búsqueda intensiva fueron las que encabezaron familiares de desaparecidos, peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) con perros adiestrados y efectivos de la Guardia Nacional, que terminó ayer miércoles. Durante estos tres días se encontraron restos óseos que serán analizados para determinar si pertenecen a la menor.

Los restos óseos encontrados serán analizados y posteriormente en una conferencia de prensa autoridades de la fiscalía informarán los resultados, pero no se sabe en cuánto tiempo.

Flora Rojas informó que ya hay una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CDHG) en contra de las autoridades implicadas desde la desaparición hasta el hallazgo de la menor por omisión.

Dijo que los cuatro detenidos por estos hechos todavía no son sentenciados, porque faltan audiencias y hay retraso ante la pandemia de la Covid-19, de quien exige prisión vitalicia para cada uno de ellos, porque se le identificó ADN de ellos en Ayelín.

En la carpeta de investigación estos cuatro hombres están acusados por violación, feminicidio y privación de la libertad.

Hay más responsables de los hechos. “Sí, hay más. Obviamente que van a seguir con la investigación”.

Memoria. Ayelín hermanó otras exigencias de justicia

Este jueves, cuarto día de jornada para exigir justicia por la niña, en su mayoría mujeres, soldaron la cruz de metal en la explanada del zócalo de Tixtla con una placa en memoria de Ayelín, al pie una ofrenda floral, frutal y de semillas, donde colocaron su foto que la alumbraron una veintena de veladoras de colores.

Guerrero cuenta con dos Alertas de Violencia de Género (AVG) ante el incremento de feminicidios, motivo por el que en el 2016 colectivos feministas solicitaron la medida. Los municipios alertados son: Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ometepec, Chilapa, Ayutla, Coyuca de Catalán, Tlapa e Iguala, excepto Tixtla.

En la explanada de Tixtla resaltaron carteles con frases como: “Justicia para Ayelin. Somos tu voz porque tú ya no estás ¡¡Que las niñas vivan libres y sin miedo #NiUnaMenos” y “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”.

Protestan en Casa Guerrero por estudiante desaparecida en la Ciudad de México

Los familiares de la estudiante desaparecida denunciaron que la Fiscalía General de Guerrero se negó a realizar las gestiones de búsqueda bajo el argumento de que el caso no está en su área de jurisdicción


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

18 de enero de 2022

Chilpancingo

 

Familiares y amigos de la estudiante Zeltzin Osiris de la Rosa Gómez que desde el pasado 12 de diciembre desapareció en la Ciudad de México protestaron en las calles y terminaron con un mitin afuera de la residencia oficial de Casa Guerrero para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda su intervención para la búsqueda y presentación con vida de la joven que reside en esta capital del estado.

Mientras la mandataria estatal encabezaba en la sala de la República un acto oficial de la firma de un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afuera los manifestantes extendían pancartas y mantas en donde tenían la imagen de Zeltzin Osiris quien estudia en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

La protesta empezó con una marcha que partió en el parque Margarita Maza de Juárez, el norte de Chilpancingo.

De acuerdo con Karla Gabriela De la Rosa Gómez, dijo que su hermana Zeltzin salió de Chilpancingo a las 9 de la mañana del 12 de enero a bordo de un autobús de pasajeros Estrella Blanca a la Ciudad de México.

Narró que a las 12 con 30 minutos recibió un mensaje de su hermana Zeltzin de que ya estaba a punto de llegar a la Ciudad de México y que ya había solicitado el servicio de un Uber para transportarse a otra estación de transporte colectivo y llegar a su escuela en Atizapán de Zaragoza.

El viaje de Zeltzin Osiris a su escuela de la UPN fue para realizar unos trámites administrativos y verificar si las clases seguirán siendo en línea o presenciales.

Karla Gabriela contó que a las 12 con 49 minutos su hermana Zeltzin le mandó un mensaje de que estaba esperando el Uber, pero a las 12 con 52 minutos, ya no le contestó los mensajes.

«Estamos muy preocupados de que mi hermana no aparece; ella es bien tranquila y estamos pidiendo a las autoridades que la busquen y regrese con nosotros», dijo en entrevista Karla Gabriela.

Después de que los padres de Zeltzin presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México esta institución ya emitió una ficha de búsqueda, aseguró Karla Gabriela.

“Queremos que nos escuchen, ese es nuestro objetivo, que nos tomen en cuenta, que las autoridades nos apoyen para que Zeltzin pueda aparecer”, comentó.

Durante la marcha pidieron el apoyo a la ciudadanía para que comparta la ficha de búsqueda en redes sociales y aportar a la pronta aparición con vida.

La marcha llegó al inmueble de Casa Guerrero a las 12 del día donde personal de seguridad les impidió la entrada, posteriormente fueron atendidos por el subsecretario de gobierno, Ludwing Marcial Reynoso, quien se comprometió a darles el acompañamiento jurídico.

Durante el mitin, los familiares de la estudiante desaparecida denunciaron que la Fiscalía General de Guerrero se negó a realizar las gestiones de búsqueda bajo el argumento de que el caso no está en su área de jurisdicción.

“Se buscó a la fiscalía para hacer las gestiones pero nos comentaron que no es su jurisdicción porque ya es otro estado pero que iban a realizar unas llamadas y ver si pueden hacer algo”, dijo Karla Gabriela, hermana de la víctima.

Anunciaron que este miércoles se trasladarán a la Ciudad de México para realizar una protesta en la Fiscalía General de Justicia y exigir la búsqueda de Zeltzin Osiris de la Rosa.

 

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