El 12 de enero las diputadas morenistas Beatriz Mojica Morga, Gloria Citlali Calixto Jiménez y Nora Yanek Velázquez Martínez presentaron la última propuesta legislativa para la despenalización del aborto.
Texto: Beatriz García
Fotografía: Oscar Guerrero
16 de febrero del 2022
Chilpancingo
En poco más de 30 años la lucha feminista en Guerrero ha incluido en sus demandas la despenalización del aborto. La no criminalización a la interrupción del embarazo, ha sido una de las demandas para garantizar la salud y la vida de las mujeres en el estado.
En este tiempo, por lo menos se han presentado tres iniciativas que buscan la despenalización del aborto, de acuerdo a un recuento hecho por mujeres que han exigido este derecho en diferentes perírodos, como la diputada morenista, Beatriz Mojica Morga, una tres legisladoras que presentaron la última iniciativa.
El 12 de enero ella, Gloria Citlali Calixto Jiménez y Nora Yanek Velázquez Martínez presentaron la última propuesta legislativa para la despenalización del aborto. Esta, está en espera a que los diputados de la
Comisión de Justicia hagan la revisión, para que pase al pleno del Congreso local y se dé la votación para su posible aprobación.
Esta última iniciativa, en comparación a las anteriores, se da en medio de dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG), la última por agravio comparado, que se evidencia la necesidad de homologar la Norma 046 del Código Penal para garantizar a las niñas y mujeres víctimas de violación sexual la interrupción del embarazo sin que tengan que interponer una denuncia y así evitar poner en riesgo su salud.
Además esta última iniciativa se dio después de que el pasado siete de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara inconstitucional la penalización del aborto, lo que significa que ninguna jueza o juez podrá encarcelar a quien decida abortar.
Se cumplió un mes de que se presentó la iniciativa en el Congreso local, y la Comisión de Justicia en Guerrero no ha dado respuesta. Sobre esta iniciativa Amapola. Periodismo transgresor habló la diputada Beatriz Mojica Morga.
La diputada mencionó que esperan que se cumpla con el procedimiento jurídico y confía que será pronto, de tal manera de que no se obstruya el proceso y pueda pasar al pleno para la votación. Esta iniciativa es de homologación de acuerdo a los criterios de la SCJN.
La iniciativa, aclaró, no es en sí un asunto de sólo despenalizar el aborto si no que incluye la garantía de los derechos de las mujeres y de la no criminalización.
“Ha habido una obstaculización por parte del PRI para que no se genere el dictamen correspondiente, es parte del proceso legislativo”, manifestó la morenista.
Para hacer la dictaminación de la iniciativa hay un plazo de un mes, que se cumplió el pasado 12 de febrero, entonces la Junta de Coordinación Política tendrá que determinar el proceso para que se pueda generar el dictamen.
Este no es un tema de consulta, insistió la diputada, es un mandato de la SCJN, porque los derechos no están a consulta, porque, además, durante muchos años ha habido discusiones a favor y en contra, entonces es por eso que la Corte dictaminó cuál será la ruta en torno de garantizar en las leyes locales el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y no criminalizar sus decisiones.
Mojica Morga destacó que legalizar no significa promover el aborto, implica la garantía de los derechos de las mujeres, porque es una obligación del estado mexicano, del estado laico y como diputados, pondera, están obligados a generar el marco jurídico más amplio posible para que no se criminalice a las mujeres al tomar decisiones libres y conscientes.
Aclaró que legalizar el aborto no es sinónimo de saturar las clínicas; por ejemplo, la Ciudad de México que avaló esta legalización desde hace 20 años disminuyó los índices de muertes maternas y las interrupciones de embarazo.
En Guerrero, al aprobarse la iniciativa se tendrán que generar otras políticas públicas para garantizar el acceso a la salud, educación, no sólo de las mujeres, sino de toda la población, además de la educación sexual y reproductiva que es una obligación del Estado mexicano, los estados y municipios, así se revertirían los primeros lugares de Guerrero en embarazo adolescente, muertes maternas y muertes de mujeres por abortos clandestinos.
La iniciativa en medio de dos AVG
Guerrero es un estado feminicida. La lucha feminista en Guerrero ante las violencias que viven las mujeres en la entidad obligó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a declarar dos AVG, lo que permite un terreno que aún con obstáculos, pronto despenalice el aborto en el estado.
El 22 de junio del 2017, por el trabajo e insistencia de un grupo de activistas feministas, la Secretaría de Gobernación declaró en Guerrero la primera AVG ante el incremento de feminicidios en el estado. El 5 de junio del 2020 se declaró la segunda alerta, porque otra vez las activistas probaron una grave discriminación contra las mujeres y una negación a los servicios especializados de salud.
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2016 al 2021 se registraron 32 delitos por aborto en el estado. El mayor número en el 2019, con 11, pero no especifica si se trata de las mujeres que abortaron o quienes auxiliaron a las mujeres en el proceso, como en el caso de médicos, tampoco se sabe si por ello hay mujeres procesadas.
De las violencias hacia las mujeres en el estado y la nueva iniciativa que busca despenalizar el aborto habló en entrevista la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, quien forma parte de una de las organizaciones que ha dado batalla en la lucha por los derechos humanos de las mujeres.
Sobre las estadísticas del Secretariado Ejecutivo y que la organización de Reyna Aguilar da puntual seguimiento, explicó, que solicitó a la Conavim información puntual sobre esas estadísticas para saber si había mujeres criminalizadas, pero no la han entregado.
Reyna Aguilar compartió que el año pasado la organización acompañó a siete mujeres víctimas de violación, entre ellas cinco menores de edad, quienes buscaban interrumpir el embarazo.
Con presión lograron que en el estado a cinco de ellas sí se les interrumpiera el embarazo, a dos más –menores de edad- desistieron sus familiares por el temor que les impusieron, como en el caso de los médicos, al decirles mitos, como si sus hijas abortaban iban a morir, o que cuando fuera adulta ya no iban a poder tener hijos o que perderían la matriz.
Este año la organización acompaña un caso de una menor de Cocula, embarazada víctima de una violación sexual. La mamá de la menor acudió al hospital, pero la convencieron que desistiera del aborto, ahora aunque cuentan con el apoyo de las feministas, la niña superó las 12 semanas de gestación y ya no puede interrumpir el embarazo.
En la opinión de Reyna Aguilar la despenalizaicón del aborto en Guerrero, le parece una decisión complicada, en términos legislativos, por la falta de voluntad política que han demostrado las últimas legislaturas, pero es una acción que tiene que realizarse porque además es una medida de la segunda AVG, que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, derechos humanos.
Que no se avance en la dictaminación, dijo Marina Reyna, afecta porque el personal de salud no quiere hacer los procedimientos, porque el Código Penal dice que los va a castigar, aunque la norma 046 diga que pueden hacerlo, entonces es necesaria esa homologación.
Confirmó lo dicho por Mojica Morga, que aprobar la legalización del aborto, no significa que todas vayan a abortar, al contrario se van a reducir las muertes maternas, se va a garantizar el derecho a las mujeres y no se pondrá en riesgo su salud.
“Las organizaciones que de alguna manera de hace tiempo estamos trabajando por avanzar en el este marco legislativo lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que sí se va a lograr, va a costar un poco de trabajo pero se va a lograr”, insistió.
Al menos tres décadas de lucha por la despenalización del aborto
La primera vez que se presentó una propuesta al Congreso local para la despenalización del aborto fue en 1992, dijo la representante feminista de Aliadas por la Justicia, María Luisa Garfias Marín.
Garfías Marín es una feminista histórica, parte de la lucha por los derechos de las mujeres desde hace décadas en Guerrero, incluso cuando en el estado no había organizaciones feministas, contó en entrevista.
En algunas pláticas de mujeres, recordó, el tema de la despenalización del aborto estaba presente, y cuando fue diputada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en el periodo 1990-1993 en tribuna planteó reformar el Código Penal y que se clasificara el acoso y hostigamiento sexual, como delito.
Después en el Código Penal ya establecía algunas excepciones, explicó, por ejemplo cuando el embarazo de una mujer era producto de una violación podía interrumpirlo y no había sanción, también si el producto presentaba anormalidades y habían dos médicos que diagnosticaran podían interrumpirlo, o también si la madre presentaba problemas de salud.
Aunque las excepciones ya estaban establecidas los ministerios públicos no lo autorizaban.
En 2007 comenzaron campañas impulsadas por mujeres organizadas en Guerrero, para que las excepciones se cumplieran, por ejemplo la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Dddser), Equidad de Género, el colectivo
Nosotras. Entonces se genera la primera iniciativa formal ante el Congreso local.
Un año antes en la ciudad de México se presentó la iniciativa y se aprobó la despenalización. En Guerrero se cabildeó para que votaran, pero de último momento el PRD se dividió. También se hicieron en el estado conferencias, mesas redondas en las siete regiones, hubo foros donde se presentaron propuestas, puntos de vista médicos, jurídicos y éticos, contó Garfias Marín.
“Ha sido un proceso largo y se violenta para quienes hemos promovido en diferentes momentos la iniciativa, porque fuimos agredidas. A mí me amenazan en la ventana de mi casa”, expresó.
En el 2014 se da una segunda iniciativa cuando era gobernador Ángel Aguirre Rivero y la secretaria de la Mujer, Rosario Herrera Ascencio, y se contrató una consultoría para que se elaborara la propuesta de iniciativa. Los grupos feministas acompañaron el proceso, se movilizaron, hicieron campañas y nuevamente el PRD se dividió e impidió la aprobación.
En 2015 se dio una de las agresiones mayores contra los grupos de mujeres que apoyaban la interrupción legal del embarazo. En ese momento fueron invitadas a un foro, donde también hubo presencia de la iglesia, monjas y feligreses, quienes al tener una opinión contraria las agredieron verbalmente y las intentaron golpear. Tuvieron que huir.
“Yo he sido muy agredida”, manifestó la feminista y representante de Aliadas por la Justicia.
En el 2018 cuando le otorgaron la Presea Sentimientos de la Nación por su activismo por los derechos de la mujer, el obispo Salvador Rangel Mendoza y grupos católicos hicieron una campaña en su contra, la tacharon de asesina para impedir se le entregara la presea.
El 13 de septiembre del 2018, esa noche que recibiría la presea en la iglesia de la Virgen de la Asunción en Chilpancingo, el lugar estaba rodeado por personas en su contra, para no permitirle que recibiera la presea, por lo que ingresó y después salió custodiada por un grupo de personas que la protegieron.
Durante estos años Garfias Marín ha acompañado casos de mujeres que estaban en prisión por homicidio en razón de parentesco y se logró su libertad, después de sufrir abortos espontáneos, tal es el caso de la Me´phaa Adriana Manzanares, originaria del Camalote municipio de Ayutla, condenada a 22 años de prisión, después de que fue golpeada por su esposo y como consecuencia sufrió un aborto.
La sentenciaron por homicidio.
Después de más de siete años en prisión, la SCJN revisó el amparo que interpuso con apoyo de las organizaciones. Fue puesta en libertad.
Este es uno de los tantos casos en Guerrero que se quieren evitar al reformar el código penal y homologar la Norma 046, además cumplir con lo establecido en la segunda AVG por agravio comparado y con lo que determinó la SCJN el pasado 7 de septiembre.
De acuerdo a datos oficiales, Guerrero es la cuarta entidad con mayor número de muertes por aborto del país y la sexta con más muertes maternas entre 2002 y 2017.
