Autodefensas de Xalpatláhuac extorsionan y generan terror, dice alcaldesa

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

En el contexto de los dos días de la retención del director del DIF de Xalpatláhuac por parte de unos 40 autodefensas, la alcaldesa del municipio, Selene Sotelo Maldonado, denunció que este grupo armado mantiene tomado el Ayuntamiento desde octubre del 2021 y se ha dedicado a realizar extorsionar a la ciudadanía.

Este lunes a mediodía, el director del DIF, Jorge Pardo Dorantes, escoltado por policías estatales desde una patrulla, llegó a la cabecera municipal de Xalpatláhuac para repartir despensas a la ciudadanía.

Pero un grupo de autodefensas, armados con rifles AR-15 y AK-47, lo golpearon, lo detuvieron y encerraron en barandilla municipal, contó la alcaldesa.

Según la edil, quien desde octubre del 2021 fue expulsada a balazos de la cabecera de ese municipio, había un acuerdo con el líder del grupo armado, Nicolás Villarreal Dircio, de que personal del ayuntamiento repartiría despensas a las personas del pueblo que los necesitaran.

“Hasta este martes nuestro compañero (Pardo Dorantes) sigue encerrado en la cárcel municipal y apenas los civiles armados van a permitir el ingreso de su familia para que le den sus alimentos”, comentó.

Villarreal Dircio fue candidato a alcalde por Movimiento Ciudadano, y le impide la entrada de la alcaldesa por, supuestamente, tratar de desmantelar a la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac.

De acuerdo con la versión de la edil, la razón es que ella es esposa de quien ya fuera dos veces alcalde de Xalpatláhuac, Rosendo Larios Rosas.

Desde el lunes pasado, contó la alcaldesa, ya le informó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de la situación en su municipio para que intervenga.

Sobre su expulsión en octubre del 2021, detalló que ella encabezaba una reunión donde había habitantes del municipio y dirigentes de la llamada Policía Comunitaria, es decir, el grupo de autodefensas, y analizaban las funciones que debería de asumir esta organización armada, pero fue expulsada de la asamblea.

“Me sacaron de la reunión y luego los de la Policía Comunitaria me dispararon, pero afortunadamente no resulté herida y logré salir del pueblo”, dijo en entrevista telefónica.

Lleva 17 meses fuera de la cabecera del municipio y montó sus oficinas en la comunidad de Cauatache.

Informó que hace unos meses estableció algunos acuerdos con los dirigentes de las autodefensas para que el personal de las oficinas de Catastro, Registro Civil y DIF municipal realicen sus funciones en el Ayuntamiento de Xalpatláhuac.

“Incluso en diciembre del 2022 se llegó al acuerdo con el líder de la comunitaria, llamado también el Tlayakanky, y el ex candidato a la alcaldía, Edmundo Delgado de Xalpatláhuac de que realizara una visita de trabajo en la cabecera, pero nuevamente fui expulsada por los policías comunitarios”.

Recordó que en esa ocasión la acompañó el subsecretario para Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Óscar Chávez. “Llegamos a Xalpatláhuac y vimos cómo nos tenían rodeados muchos policías comunitarios fuertemente armados y nos dimos la media vuelta para regresarnos”.

Xalpatláhuac es un municipio de la región Montaña alta de Guerrero, una de las tradiciones anual en esta cabecera es la peregrinación religiosa del señor de Santo Entierro. Este evento ocurre unas semanas antes de la Semana Santa y asisten miles de personas a la iglesia que lleva por nombre Santo Entierro. Este año ya ocurrió.

Selene Sotelo denunció que los líderes de la autodefensas cobraron mucho dinero a los comerciantes que instalaron su local durante esta festividad religiosa.

“He recibido quejas de que los de la Policía Comunitaria les fijan cuotas a los comerciantes, pero a los que más les cobran por vender su producto son a las empresas refesqueras y cerveceras, a quienes les fijaron una cuota de hasta 80, 000 pesos al mes”.

Según la edil las autodefensas han sembrado el terror en Xalpatláhuac, porque a las personas que comete alguna infracción no sólo las encierra en la cárcel, las rapan y les cobra una cantidad exhorbitante de multa como fianza.

“He recibido quejas de muchas mujeres que han dejado a sus esposos porque las golpean y los policías comunitarios las detienen, las llevan a los sembradíos de maíz a realizar trabajos forzados y después las obligan que regresen con sus parejas sentimentales”.

Denunció también que desde que fue expulsada de la cabecera municipal los líderes de la Policía Comunitaria han saqueado el Ayuntamiento que mantienen tomado.

“Hay muchas denuncias de todos estos actos, pero la Fiscalía General del Estado sigue sin actuar desde octubre del 2021”.

En la imagen difundida en redes sociales se aprecia el momento en que los autodefensas llevan detenido al funcionario municipal de Xalpatláhuac.

Policía Comunitaria de Xalpatláhuac detiene al director del DIF municipal cuando entregaba despensas

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Redes sociales

Chilpancingo

Policías comunitarios de Xalpatláhuac, en la Montaña de Guerrero, detuvieron «de manera violenta» y frente a policías estatales al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, mientras entregaba despensas en la cabecera municipal, informó la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado.

A través de un comunicado que difundió el Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Sotelo Maldonado pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda su intervención para que Pardo Dorantes sea liberado.

«Hago responsable a todos los que integran la Policía Comunitaria y al Tlayakanki de lo que le pueda pasar al lic. Jorge Pardo Dorantes», se lee en el comunicado.

Ahí mismo narraron que este lunes, alrededor de las once de la mañana, Pardo Dorantes acudió a la cabecera municipal Xalpatláhuac a entregar despensas enviadas por el gobierno del estado.

Cuando arrancó con la entrega de las despensas fue interceptado por un grupo de la Policía Comunitaria que coordina el Tlayakanki (autoridad comunitaria), Nicolás Villarreal Dircio, quien argumentó que no tenía permiso para entregar las despensas en ese lugar.

Por tal motivo, Pardo Dorantes fue detenido por los policías comunitarios y encerrado en la cárcel comunitaria.

Villarreal Dircio fue candidato a alcalde por Movimiento Ciudadano, y desde 2021 impide la entrada de la alcaldesa Sotelo Maldonado a la cabecera municipal por, supuestamente, tratar de desmantelar a la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac.

También le impide la entrada, difundido en el comunicado, por ser la esposa del dos veces alcalde de Xalpatláhuac, Rosendo Larios Rosas.

En noviembre de 2021, Sotelo Maldonado fue agredida a gritos y empujones en una asamblea en Xalpatláhuac por un grupo de pobladores que decían no reconocerla como alcaldesa.

Desde ese momento un grupo de pobladores y de policías comunitarios tomaron el Ayuntamiento de Xalpatláhuac y le impidieron la entrada.

Un año después, en noviembre del 2022, el gobierno del estado a través del subsecretario de Desarrollo Político y Social, Oscar Chávez Rendón, negoció con Villareal Dircio y la Policía Comunitaria para liberar el edificio del Ayuntamiento.

Sotelo Maldonado informó que aun cuando les entregaron el inmueble «no había condiciones para que regresara a la cabecera municipal”, por lo que continúa despachando en el poblado de Cahuatache.

Con una CRAC dividida más de 2 mil policías comunitarios marcharon para reivindicar su lucha

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Con marchas en San Luis Acatlán y Santa Cruz del Rincón, Costa Chica de Guerrero, más de 2 mil policías comunitarios armados con rifles de bajo calibre conmemoraron el 27 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

En 1995, durante el gobierno del priísta Rubén Figueroa Alcocer, se fundó la CRAC con su policía comunitaria, regida por los usos y costumbres de los pueblos originarios.

Pero en este año, la CRAC-PC llegó a su aniversario con una evidente división entre sus filas, la cual data desde 2013 que intervino el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

De las cinco casas de justicia que tiene la CRAC, una, la de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, realiza su festejo por separado desde el viernes pasado.

Tanto en San Luis Acatlán, cabecera del municipio que lleva el mismo nombre, como en Santa Cruz del Rincón se instalaron mesas de trabajo en donde se plantearon diversos puntos que tienen que ver con necesidades sociales de los pueblos originarios y que se expondrán en sus asambleas.

En entrevista, el coordinador de la casa de justicia de la CRAC en Santa Cruz del Rincón, Eudocio Cruz Mendoza, dijo que por la presencia de la Policía Comunitaria el índice de delincuencia ha bajado en esa zona de la región Montaña.

“Hay vigilancia día y noche porque se hacen recorridos para tener orden ya que en algún momento hubo denuncias de amenazas de extorsión y de secuestros”, contó.

Cruz Mendoza, quien reveló que la CRAC de Santa Cruz se separó de la casa de justicia matriz en San Luis Acatlán por una serie de diferencias, dijo que el cuerpo de seguridad está integrado por 43 policías comunitarios, tres coordinadores y tres comandantes regionales.

Comentó que con los policías comunitarios que tienen les basta para combatir a delincuentes en la zona.

“El gobierno nos manda soldados por un periodo de tiempo porque se van y luego viene otra vez la delincuencia, pero nuestros policías comunitarios que tenemos aquí están las 24 horas del día”.

Advirtió que la CRAC-PC no va a permitir la incursión en su territorio del Ejército o la Guardia Nacional, ahora que quedó autorizada la militarización.

Cruz Mendoza calificó de racismo que el gobierno ya no les otorgue su reconocimiento como Policía Comunitaria.

Recordó que la Ley 701 que le daba reconocimiento a la CRAC-PC fue derogada por el Congreso local sin haberlos consultado.

Actualmente, las casas de justicia de la CRAC y asesores del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la consulta que realizó el Congreso local sobre una ley sobre el reconocimiento de los pueblos originarios y afromexicanos.

“Fue un acto racista lo que hizo el Congreso local al desaparecer nuestro sistema de seguridad en base a nuestras costumbres”, dijo Cruz Mendoza.

El líder comunitario recordó que desde el 2013 la Policía Comunitaria y su casa de justicia de Santa Cruz del Rincón decidieron separarse de las otras casas de justicia por la designación como coordinador a Eliseo Villar del Castillo.

Villar del Castillo actualmente está preso en un penal de máxima seguridad por el delito de homicidio. A este personaje dentro de la organización lo ubican como el generador de una división en la CRAC durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, después de recibir recursos públicos.

Cruz Mendoza aseguró que en las asambleas siguen designando a los coordinadores de la CRAC de Santa Cruz del Rincón, como lo establecen sus principios; aseguró que en ninguna decisión que toman tienen influencia los partidos políticos.

A su vez, en San Luis Acatlán, integrantes de las casas de justicia de la CRAC iniciaron sus trabajos de aniversario desde este viernes con la instalación de cinco mesas con diversos temas.

Estos son reglamento interno; reglamento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos; sistemas normativos de los pueblos indígenas y el sistema de seguridad, justicia y reeducación, así como la participación de las mujeres en el desarrollo comunitario.

En la discusión sobre la participación de las mujeres en el desarrollo comunitario plantearon un castigo de 10 a 15 año en el sistema de reeducación a los padres que vendan a sus hijas o consientan su matrimonio forzado, como organizaciones han documentado ocurre en pueblos de los municipios de la Montaña, como Cochoapa el Grande y Metlatónoc.

Esta propuesta, aprobada en una mesa de trabajo, la hizo Herlinda González Ramos, lo que la CRAC discuturá en una asamblea que probablemente realicen en San Luis Acatlán en diciembre próximo.

En noviembre del 2021, el gobierno de Evelyn Salgado Pineda puso en marcha en la región de la Montaña su estrategia para la prevención y erradicación de matrimonios forzados.

Sin embargo esta planificación de las autoridades estatales fue criticada por grupos feministas y de organismos de derechos humanos porque aún no funciona, pues, los matrimonios infantiles sin ser frenados.

Los actos conmemorativos del 27 aniversario de la CRAC concluyeron este sábado con marchas de policías comunitarios, una en Santa Cruz del Rincón y la otra en San Luis Acatlán.

En San Luis el número de policías comunitarios rebasó los 2 mil en la marcha. En Santa Cruz participaron alrededor de medio centenar.

 

“Comprobaré mi inocencia y demandaré al gobierno por daño moral”: Bruno Plácido

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo 

Chilpancingo

 

El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, dijo que es inocente del delito de robo por el que le acusan en una comunidad de la Montaña y que cuando lo compruebe demandará a la Fiscalía General del Estado (FGE) por daño moral.

“Vamos a demandar al estado, al gobierno y a la Fiscalía porque eso que me hicieron es daño moral”, mencionó Plácido Valerio.

Entrevistado fuera del Congreso local habló sobre el proceso judicial en su contra por un supuesto robo derivado de un conflicto agrario en las comunidades de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec, y de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, en la zona conocida como Costa-Montaña.

“Yo no participé en ese conflicto, simplemente porque soy de uno de esos ejidos, la FGE me quiere inculpar, pero no cometí ningún delito”, mencionó.

Por el delito de robo agravado, la FGE giró orden de aprehensión contra Plácido Valerio y lo detuvo el pasado 10 de agosto.

Después de estar detenido un día fue liberado por falta de pruebas, pero se le abrió un juicio que lleva en libertad.

Plácido Valerio explicó que el juicio en su contra sigue abierto y cada 15 días acude a firmar a un juzgado en Tlapa para verificar que se mantiene atento a su juicio

Mencionó que no hay pruebas del delito que cometió y que su detención es una campaña para desprestigiarlo.

“Ante la opinión pública quieren hacerme ver como un delincuente”.

Dijo que en cuanto pruebe su inocencia demandará por daño moral a la FGE.

“Cuando pruebe mi inocencia viene la otra etapa, demandar a la institución, al gobierno, por el daño moral que me están haciendo, porque mucha gente no analiza y se va con la finta de que soy un delincuente”.

Sobre el tema de la UPOEG en el Valle del Ocotito y su presunta implicación en el asesinato del periodista Fredid Román y su hijo dijo que los integrantes de su organización están en toda la disposición de declarar por el caso.

Hasta el momento Plácido Valerio dijo que de parte de la FGE no recibieron, hasta el momento, algún llamado, pero lo consideró importante para deslindar responsabilidades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juez de Tlapa vincula a proceso a líder de la UPOEG

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

El Juez Mixto de Primera Instancia del Ramo Penal de Tlapa vinculó a proceso al dirigente de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, quien podría seguir su proceso fuera de prisión.

El delito por el que se le acusa al líder de las autodefensas es robo agravado, aunque su abogado solicitó una nueva ampliación para presentar pruebas de su inocencia, afirmó Plácido Valerio en entrevista telefónica.

Desde este martes en la mañana, miembros de la UPOEG tomaron las instalaciones del Juzgado Mixto y la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en el municipio de Ayutla de los Libres para exigir un diálogo con la fiscal general del Estado (FGE), Sandra Luz Salmerón Valdovinos Salmerón.

El comunicado que emitió la FGE detalla que el Juez decretó vinculación a proceso contra Plácido Valerio por el delito de robo agravado en perjuicio de Dionisio «N» por los hechos ocurridos en Tlapa de Comonfort, en el 2016.

La acusación en contra de Plácido Valerio data desde el 2013 derivado de un conflicto agrario entre comuneros de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec y de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán.

Supuestamente Plácido Valerio habría cometido el delito en el 2013 pero la orden de aprehensión en su contra fue liberada en julio del 2016.

El pasado 10 de agosto, el líder de la UPOEG fue detenido por la FGE acusado de los delitos de robo y daños.

Sin embargo, el 11 de agosto, Plácido Valerio salió en libertad de la cárcel de Tlapa después de pagar una fianza que le fijó el juez que aceptó la ampliación del plazo de 72 horas para definir su situación jurídica.

Este lunes citaron a Bruno Plácido a una audiencia en el Juzgado de Tlapa, quien no se presentó y a través de su abogado se le notificó su vinculación a proceso.

Plácido Valerio insistió en que las acusaciones de la FGE son de carácter político pero que su abogado demostrará su inocencia mediante una serie de pruebas que presentará ante el Juez.

«No descarto que nuevamente me detengan pero bueno si es así desde la cárcel sabré como defenderme y sabrán que soy un buen abogado», afirmó.

Mencionó que la toma de las instalaciones del Juzgado Mixto y de la Agencia del Ministerio Público de Ayutla de los Libres es para que haya una mesa de diálogo con las autoridades de la Fiscalía.

Adelantó que en las próximas horas la gente de la UPOEG tomará las instalaciones de los juzgados de San Luis Acatlán, Ometepec y Tlapa así como las agencias del Ministerio Público en estos municipios.

 

Te puede interesar: Congreso de Guerrero deja tirada obra de diez millones de pesos

Bloquean carreteras en Costa Chica por la detención de Bruno Placido

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

Por la detención del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, se registraron bloqueos en los municipio de Florencio Villareal y Ayutla de los Libres, en la Costa Chica.

Alrededor de las 9:15 de la noche, unos 200 integrantes de la UPOEG bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura de Cruz Grande.

A unos metros del bloqueo hay un retén de la Guardia Nacional, que no han intervenido.

Minutos más tarde se registró otro bloqueo en la carretera hacía el municipio de Ayutla de los Libres.

Los manifestantes pidieron un diálogo con el gobierno del estado para exigir la liberación de Plácido Valerio.

Se espera otro bloqueo en los poblado de Marquelia y de San Marcos.

Hasta el momento el bloqueo está con dirección a Acapulco y será permanente, solo dejarán pasar a personas enfermas y de la tercera edad.

La tarde de hoy fue detenido Plácido Valerio en Chilpancingo, luego de participar en un foro por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) el líder de la UPOEG fue detenido debido a una orden de aprehensión en su contra por robo y daño en propiedad ajena.

Después de iniciar los bloqueos se difundió un vídeo en redes sociales donde integrantes de la UPOEG dijeron que lucharán legalmente y no en las calles.

“Le pedimos respetuosamente al gobierno de Evelyn Salgado Pineda que revise el proceder de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y de su vicefiscal Ramón Celaya Gamboa y considere su remoción del cargo por atentar contra la estabilidad y la paz social”.

 

Te puede interesar: FGE detiene a líder de la UPOEG, Bruno Plácido por robo y daños

Policías se enfrentan a tiros con la UPOEG cerca de Acapulco, hay dos heridos

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

Agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y policías estatales se enfrentaron a balazos con integrantes de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) dejando un saldo de dos heridos de bala por parte de estos últimos en la carretera federal Acapulco_ Pinotepa Nacional, la tarde de este martes.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes acudieron a la vía federal, cerca de la comunidad de Tres Palos, a atender un reporte de un bloqueo de transportistas.

De acuerdo con el viccefiscal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ramón Ayala Gamboa, cuando llegaron al lugar ya no estaba el bloqueo pero al continuar con el patrullaje observaron una camioneta con hombres armados quienes se internaron en la comunidad de Tres Palos.

“Cuando ingresamos al poblado fuimos atacados a balazos y contestamos esta agresión sin que hubiera ninguna baja por parte de las dos partes”, dijo Ayala.

“Posteriormente cuando seguíamos, los patrullajes por la carretera federal recibimos una segunda agresión.por parte de la policía comunitaria de la UPOEG”, afirmó el viicefiscal.

Mencionó que ellos repelieron la agresión resultando heridos dos de los agresores.

Ayala Gamboa dijo que aseguraron un vehículo y cuatro escopetas que portaban los agresores.

También fueron detenidos cuatro miembros de la UPOEG.

Ayala dijo que los transportistas nunca dijeron los motivos de su protesta, que fueron convocados por la delincuencia organizada.

“Vamos a aplicar cero tolerancia, la Costa Chica y Acapulco no pueden estar bajo el control de la UPOEG y de los Rusos, no podemos permitir que impongan su terror y vamos actuar en consecuencia” advirtió el vicefiscal.

Mencionó que a lo largo de la carretera federal de la Costa Chica hay retenes de la policía comunitaria de la UPOEG que serán retirados en cualquier momento por el Ejército, Marina y Guardia Nacional.

En el despliegue de este martes participaron agentes ministeriales, policía estatal, Ejército y la Marina.

No es la primera vez que se registra una confrontación entre fuerzas federales y estatales con miembros de la UPOEG.

En mayo, después de un cateo que realizó el Ejército en una casa de seguridad de la UPOEG en el municipio de San Marcos asegurando armas y dinero en efectivo, transportistas y comerciantes bloquearon vías en Acapulco durante diez horas.

El 28 de junio , la Guardia Nacional detuvo a un líder y a seis autodefensas de la UPOEG, en Marquelia, después de un enfrentamiento a tiros.

El 29 de junio en Acapulco, policías estatales detuvieron a un transportista durante un desalojo en la avenida costera Miguel Alemán.

 

 

Dos grupos armados protagonizan enfrentamiento en presencia de reporteros

El ataque inició justo cuando uno de los coordinadores de la CRAC-PF, Jesús Plácido Galindo, denunciaba ante los reporteros la inacción del gobierno de la morenista Evelyn Salgado y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para detener a los integrantes del grupo criminal de Los Ardillos.


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

La conferencia de prensa que convocó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF) la mañana de este martes en la comunidad de Alcozacán, en Chilapa, se suspendió cuando presuntos integrante de la organización criminal Los Ardillos atacó la población vecina, Tula, a menos de 400 metros de distancia.

Los policías comunitarios respondieron el ataque y se desató un enfrentamiento que duró diez minutos. El grupo de reporteros que asistió a la conferencia tuvo que tirarse al suelo para protegerse.

«Nos tiramos al suelo y nos cubrimos detrás de los troncos de ocote», relató uno de los reporteros.

El ataque inició justo cuando uno de los coordinadores de la CRAC-PF, Jesús Plácido Galindo, denunciaba ante los reporteros la inacción del gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para detener a los integrantes del grupo criminal de Los Ardillos.

«Primero se escuchó un disparo desde un cerro que está a 400 metros de distancia donde estábamos en la conferencia y después los policías comunitarios contestaron generando una balacera», narró el reportero.

En el lugar donde se realizaba la conferencia de prensa es un cerro donde los comunitarios montaron sus trincheras.

Dicho espacio fue recuperado por la Policía Comunitaria después de replegar de este sitio a Los Ardillos.

Uno de los reporteros cuenta que después de que terminó la balacera se bajaron caminando del cerro y llegaron al pueblo donde dejaron su vehículo estacionado.

«Del centro del pueblo al cerro donde los policías comunitarios están atrincherados es una distancia de poco más de un kilómetro y la verdad bajamos con mucho miedo porque no sabíamos que podíamos encontrarnos», relató el periodista.

Durante el trayecto de ida y de regreso hacia la comunidad de Alcozacán y luego a Tula los reporteros observaron sólo una patrulla de la Policía Estatal.

Uno de los periodistas contó que uno de los agentes les dijo que ojalá que si los dos grupos se tiran de cerro a cerro, eso estuviera bien porque sería un entre de frente a frente.

«Nos sentimos más tranquilos cuando salimos de la comunidad de Atzacoaloya y tomamos la carretera federal rumbo a Chilapa», señaló el reportero.

Atzacoaloya, que también pertenece a Chilapa, está a 15 minutos de Tula.

Toda esta zona tiene presencia Los Ardillos.

Antes que se desatara la balacera, Plácido Galindo exigió a las autoridades que detengan a los miembros de esta organización.

Mencionó que en los últimos siete años este grupo criminal desapareció a 19 personas y asesinó a otras 18 de esta región conformada por comunidades de los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera.

Desde el viernes 17 de junio, los comunitarios sostienen enfrentamientos con Los Ardillos.

Según la CRAC, Los Ardillos han utilizado armas de grueso calibre y drones con explosivos para atacar a las comunidades de Tula y Xicotlán.

Según los comunitarios, dos de sus integrantes resultaron heridos de bala en los ataques.

En opinión del director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que es preocupante la violencia que se vive en esta zona indígena.

«Es un conflicto complejo donde están comunidades confrontadas históricamente por conflictos agrarios pero ahora hay una descomposición social porque se habla de grupos de civiles armados y también se habla de un grupo de la delincuencia y eso daña muchísimo a las comunidades que se sienten asediadas que están adheridas al Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata», expresó.

El activista señaló que estas comunidades han estado denunciando casos de desaparición, asesinatos y balaceras y que se sienten amenazados.

 

Te puede interesar: Emilio Barrera continúa tejiendo la tradición del rebozo

Marchan policías comunitarios, niños y mujeres para exigir justicia, seguridad y maestros

En el pliego de peticiones está la instalación de módulos de seguridad con agentes de la Guardia Nacional y Ejército, el envío de maestros para escuelas de secundaria y bachillerato, un centro de salud con médicos y enfermeras así como la dotación de medicamentos.


Texto: Ampola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Más de 300 personas entre policías comunitarios, niños y mujeres marcharon en las calles de la comunidad de Ayahualtempa, del municipio de José Joaquín Herrera, para exigir la instalación de retenes de la Guardia Nacional y Ejército para disuadir a un grupo delictivo que opera en esa región de la Montaña baja.

Las autoridades del pueblo y dirigentes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores (CRAC-PF), emplazaron a los gobiernos federal y estatal para que en dos semanas empiecen a cumplir con su pliego de demandas de seis puntos.

Este domingo 12 de junio, autoridades estatales acudieron a esta comunidad en donde se reunieron con los pobladores y recibieron sus peticiones.

Los enviados de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda les regalaron despensas a las mujeres y juguetes a los niños.

En el pliego de peticiones está la instalación de módulos de seguridad con agentes de la Guardia Nacional y Ejército, el envío de maestros para escuelas de secundaria y bachillerato, un centro de salud con médicos y enfermeras así como la dotación de medicamentos.

También piden la instalación de un Banco del Bienestar y el pago de una indemnización a viudas de 10 hombres que fueron asesinados por integrantes de un grupo delictivo.

Luis Morales Rojas, integrante del Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, dijo que están emplazando al gobierno hasta este fin de año cumpla con esos seis puntos del pliego petitorio y que en caso de no hacerlo van a preparar a unos 60 niñas y niños para que se ejerciten como policías comunitarios.

«¡Zapata está vivo apuntando a Los Ardillos y si siguen secuestrando les dará su merecido!», gritaron esta consigna los pobladores en referencia a este grupo delictivo que la Fiscalía Genera del Estado (FGE) en 2019 les integró una carpeta de investigación por el asesinato de 10 músicos de la comunidad de Alcozacán, del municipio de Chilapa, es decir, dentro de la misma Montaña baja.

Alcozacán es una comunidad vecina de Ayahualtempa y desde el 2019, sus pobladores y policías comunitarios han tenido enfrentamientos armados con los miembros de ese grupo criminal.

Los pobladores de las dos comunidades han denunciado que Los Ardillos han asesinado y desaparecido a más de 40 personas. Ayahualtempa y Alcozacán no solamente viven en una situación de violencia e inseguridad también de bajos niveles de desarrollo humano.

 La marcha de los niños, mujeres y policías comunitarios de la CRAC-PF se desarrolló alrededor del pueblo.

Los policías comunitarios vestían uniforme color verde olivo y portaban escopetas y rifles de bajo calibre.

Morales Rojas dijo que están reclamando a la FGE que realice la búsqueda de 13 personas que fueron privadas de su libertad por integrantes del grupo delictivo. La desaparición de las 13 personas ocurrieron algo largo de los últimos tres años.

Te puede interesar: Has visto a… Lucyla Mendoza, la víctima 13 de desaparición que expone la trata en Montaña alta

Policía comunitaria de Xalpatláhuac agrede y detiene a dos mujeres y dos hombres

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Redes

12 de mayo del 2022

Chilpancingo

 

Integrantes de la Policía Comunitaria detuvo y agredió a dos mujeres y dos hombres que preparaban el festejo del Día de las Madres en la cabecera municipal de Xalpatláhuac este jueves, denunció la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado.

«Los policías comunitarios armados también intentaron violar a una de las dos mujeres que junto con los dos hombres están en la cárcel municipal», afirmó la edil quien desde el 28 octubre del 2021 despacha en una casa en Tlapa porque fue expulsada de su municipio por las autodefensas.

Desde esa fecha la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) tiene tomado el ayuntamiento de Xalpatláhuac.

En entrevista telefónica, la edil relató que este jueves alrededor de las diez de la mañana los organizadores del festejo en el barrio de San Isidro, en la cabecera del municipio, estaban colocando lonas, sillas y mesas para preparar el festejo por el Día de las Madres que se realizaría a las 3 de la tarde.

Pero llegó un grupo de policías comunitarios armados en dos camionetas.

«Sin más ni más, primero se llevaron a dos mujeres y luego fueron  por el delegado del barrio de San Isidro y un familiar de él de avanzada edad que es el principal del pueblo a quienes sacaron de su casa», dijo la edil.

En un video que se difundió en las redes sociales se ve que varios policías comunitarios preguntan a varias personas quienes les habían dado permiso para realizar la fiesta.

«El ayuntamiento», les contesta una mujer.

Circulan varias fotografías en donde se ve que los policías comunitarios van custodiando a dos mujeres.

La alcaldesa señaló que por información que le dieron los familiares de las dos mujeres que están encarceladas una de ellas sufrió intento de violación por parte de los policías comunitarios.

La edil dijo que es una tradición de que todos los barrios de Xalpatláhuac realicen una fiesta por el Día de las Madres.

«En este festejo hay baile, comida y se les entrega regalos a las madres», expresó.

Dijo que ya habló vía telefónica con el Secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez quien solamente le dijo que se está pensando qué hacer con la policía comunitaria.

Desde octubre del 2021, la alcaldesa ha estado solicitando a las autoridades que desalojen a los policías comunitarios que tienen tomado el Palacio Municipal.

El 28 de octubre del 2021 cuando la edil iba encabezar una asamblea para que la ciudadanía decidiera la permanencia o no de las autodefensas integrantes de esta organización armada llegaron disparando sus armas de fuego.

Dos policías municipales que resguardaban a la edil resultaron heridos que ya están fuera de peligro.

La alcaldesa Selene Sotelo salió huyendo de Xalpatláhuac a bordo de una camioneta.

Desde entonces la edil priísta despacha en su casa particular en Tlapa.

La alcaldesa asegura que la toma del ayuntamiento y todas las acciones que la policía comunitaria está cometiendo contra la ciudadanía son por órdenes del ex candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Xalpatláhuac, Edmundo Gallardo y Nicolás Villarreal Dircio quien fue nombrado el Tlayakanky del pueblo.

«La gente de Xalpatláhuac está pidiendo que venga la Guardia Nacional y desaloje a los policías comunitarios del ayuntamiento para que la paz en el municipio regrese», expresó Selene Sotelo.

Xalpatláhuac, es un municipio que está ubicado en la región de la Montaña.

La CRAC constituyó aquí su policía comunitaria para hacerse cargo de las tareas de seguridad desde el 2020.

Este grupo de autodefensas pertenece a la Casa de Justicia de la CRAC de Espino Blanco, en el municipio de Malinaltepec.

Te puede interesar: El aborto, un derecho negado a mujeres es causa de muerte materna en Guerrero

Hallan muertos en un accidente a los del CIPOG_EZ, dice FGE; exigen que se investigue

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

7 de mayo de 2022

Chilpancingo

Los dos integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) que fueron reportados como desaparecidos murieron en un accidente automovilístico, informó la Fiscalía General del Estado.

En un comunicado de la FGE señala que  los cadáveres de Marcos Campos Ahujote y Lorena Chantzín Paxacuasingo, fueron hallados dentro de una camioneta marca Nissan color gris con caja azul y placas de circulación del estado de Guerrero.

Esto en la carretera Chilapa_ Atzacualoya en un barranco de 40 metros de profundidad.

«Por consiguiente no fueron privados de su libertad cómo círculo a través de redes sociales; sin embargo, se abrió una carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio por tránsito terrestre», se lee en el comunicado de la FGE.

En el lugar de los hechos se hallaron las credenciales de las víctimas por lo que fueron identificadas rápidamente. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

De acuerdo con lo difundido por el CIPOG – EZ, Marco Campos y Lorena Chantizin desaparecieron la tarde del pasado viernes cuando circulaban por la carretera Chilapa – Atzacoaloya.

Los integrantes de la organización acusaron de las dos desapariciones al grupo delictivo al que identifican como Los Ardillos.

Después de que la FGE dio a conocer esta información, la CIPOG_ EZ, exigió a las autoridades que realicen una investigación e insisten de que tanto Marcos y Lorena fueron desaparecidos y que se percataron de que los cadáveres de ambos tenían huellas de tortura.

“Sabemos que fueron Los Ardillos, Celso Ortega y la gente que integra al grupo narcoparamilitar, particularmente Audencio Lucas Rosario, quien está operando en la zona de Chilapa asesinando y secuestrando”, acusó a través de un comunicado la mañana de este sábado la CIPOG_EZ.

Habrá juicio político contra diputados, advierte CRAC y Tlachinollan durante protesta contra consulta

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar guerrero

5 de marzo de 2022

Chilpancingo

 

Pobladores de unos 300 pueblos originarios de la Costa Chica y la Montaña, acompañados por integrantes de organizaciones sociales, marcharon por las calles de Chilpancingo y realizaron un mitin fuera del Congreso del estado para rechazar la forma en que los diputados realizan la Consulta de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

En el mitin criticaron a los diputados, quienes son los organizadores de la consulta, por considerar que sus acciones son falsas, atentan contra los derechos de los pueblos indígenas y sólo quieren cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar las sanciones económicas y políticas.

La sentencia de la SCJN advierte que de no realizar la consulta antes del día 14 de abril, los diputados enfrentarían juicio político y dejarían su cargo como legisladores.

“Por eso les urge realizar la consulta, quieren salvar su pellejo, no les interesan los pueblos indígenas”, denunció Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y asesor legal de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Rosales Sierra afirmó que los diputados desconocen lo que hacen y tampoco tienen la voluntad para realizar una verdadera consulta.

“Llegan los diputados a hacer pequeñas reuniones a los pueblos, pero no informan nada, no dicen si la consulta es para reformar una ley, un artículo o la constitución, si ni ellos saben, cómo esperar que nosotros sepamos”, dijo.

Este martes, a nueve días de que venza el plazo que dio la SCJN a Congreso, representantes de 300 comunidades de la Montaña y la Costa Chica marcharon desde el norte de la capital hasta el Congreso local para exigir la cancelación de la consulta que calificaron como “falsa” y “tendenciosa”.

Fuera del Congreso los manifestantes se pronunciaron contra la forma en que los diputados querían consultarlos.

“Los diputados van, solo hacen reuniones pequeñas y pagan a los comisarios y a los líderes comunitarios para que les firmen sus actas de asamblea, y eso es lo que van a presentar a la SCJN”, dijo Rubí Martínez, coordinadora de la casa de justicia de la CRAC en San Luis Acatlán, Costa Chica.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció también que los diputados nunca han tenido la disposición para garantizar los derechos a las comunidades originarios.

Recordó que desde 1991 que México firmó el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ni así han acatado dichos tratados internacionales.

“México es candil de la calle y obscuridad en la casa, porque es el primero que firma tratados internacionales, pero el último en acatarlos”, dijo.

Agregó que con dichas reformas que fueron sancionadas por la SCJN buscaban desaparecer a las policías comunitarias y la actual consulta pretenden lo mismo.

“Quieren acabar con la autonomía de las comunidades, quieren de nuevo vasallos a los pueblos indígenas”, agregó Barrera Hernández.

Otro de los oradores fue el ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, quien calificó a los diputados locales de racistas y los acusó de pagar firmas para validar documentos oficiales.

Marco Antonio Suastegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), propuso reeducar, a través del sistema comunitario, al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, quien encabeza los trabajos de la consulta.

Sánchez Esquivel a través de la vía plurinominal y contra las acciones afirmativas dictadas por el INE ocupa una curul destinada a un representante indígena.

En la marcha participaron 300 policías comunitarios desarmados, a quienes respaldaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg), de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), de Tlachinollan, del Colectivo de desaparecidos Lupita Rodríguez, del Frente Popular de la Montaña (FPM), del Frente Progresista de Guerrero (FPG), del Cecop y del Comité de desaparecidos del 60.

En 2021, la SCJN ordenó a los legisladores de Guerrero realizar la modificación de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la 777 del Sistema de Seguridad Pública.

Esto porque en 2018 se reformó el artículo 14 de la Constitución estatal y se reformó la Ley 701, pero los legisladores de ese periodo no tomaron en cuenta a las comunidades indígenas y afromexicanas.

En su sentencia la SCJN ordenó repetir el proceso, pero esta vez haciendo “una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe”, según se lee en la sentencia.

Los manifestantes hicieron un llamado a la SCJN de no avalar las pruebas y procedimientos que presenten los diputados, porque consideran que no los realizaron bajo los parámetros y procedimientos indicados en la sentencia.

Rosales Sierra dijo que en caso de que la SCJN avale la consulta, la CRAC – PC y las organizaciones van a impugnar.

Hace unos días, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al Congreso realizar la consulta de forma correcta.

“Este Organismo Público manifiesta su preocupación al Congreso de Guerrero por su desdén por escuchar y atender las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de ese estado. El Máximo Tribunal Constitucional de nuestro país otorgó un plazo de doce meses, para que el Congreso del estado de Guerrero realizará una consulta indígena”, se lee en el documento de la CNDH.

Te puede interesar: ¡Prensa, no disparen! Hacer periodismo en México entre la precariedad, el desplazamiento y la impunidad

Salir de la versión móvil