Denuncian en Buenavista que fuerzas federales y estatales no actúan contra grupo delictivo

«Aquí los policías estatales, municipales, el Ejército y Guardia Nacional realizan recorridos por la carretera pero no hacen nada para frenar a los ardillos»


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero

7 de marzo del 2022

Buenavista de la Salud

 

Habitantes de esta comunidad del municipio de Chilpancingo denunciaron que, pese a la presencia de la policía estatal y fuerzas federales este domingo en la tarde, integrantes de un grupo delictivo atacaron a granadazos la comandancia de la policía comunitaria dejando como saldo tres heridos.

Por versiones de los lugareños e integrantes de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) los pistoleros se parapetaron en un cerro y desde ese lugar lanzaron tres granadas de fragmentación contra la comandancia.

«Aquí los policías estatales, municipales, el Ejército y Guardia Nacional realizan recorridos por la carretera pero no hacen nada para frenar a los ardillos», señaló un integrante del grupo de policía civil.

La presencia de las fuerzas federales y estatales se incrementó en esta zona después de que el pasado 26 de enero integrantes de esta organización delictiva atacó a balazos y granadazos la comandancia de la policía comunitaria dejando como saldo cuatro muertos y dos heridos.

Posteriormente dos de los pistoleros del grupo delictivo murieron durante un enfrentamiento con policías estatales en la carretera federal Acapulco-Chilpancingo a la altura de la comunidad de Acahuizotla.

En conferencia de prensa que ofrecieron en esta localidad, uno de los integrantes de la UPOEG, señaló que la gente ya no tiene miedo de las agresiones que realizan ese grupo de delincuentes.

«Cuando había los primeros ataques la gente se encerraba en sus casas, cerraban los comercios y se suspendían las clases y ahora ya no tiene miedo», expresó.

Dijo que con lo que ocurrió este domingo en la tarde y estando la policía y otras fuerzas federales en esa zona quiere decir que los delincuentes ya tienen permiso para realizar lo que quieran.

«Nosotros no nos vamos a rajar porque sabemos que en cualquier otro rato llegan», expresó el comunitario.

Señaló que desde hace tiempo este grupo delictivo ha pretendido tomar Buenavista de la Salud pero no lo han logrado porque aquí ha habido una fuerte resistencia.

«Cuando vienen (el grupo delictivo) vienen atacarnos ya vienen con sus maletas como un plan para quedarse pero no lo han logrado», dijo.

Señaló que el gobierno sabe el lugar en que opera esta organización delictiva pero no quiere detener a sus integrantes.
Según el policía comunitario desde hace meses el gobierno que encabeza la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda tiene conocimiento de la situación que prevalece en esta zona del corredor del Valle del Ocotito.

Toda esta información que se le han llegar a las autoridades estatales se supone que ya tiene conocimiento la gobernadora Salgado Pineda.

Después de los hechos del pasado 26 de enero en donde murió a tiros el comandante Mario Zamora, ex líder de la CETEG, hay versiones de los lugareños que muchas familias de esta comunidad tuvieron que salirse e irse a vivir a otras localidades por miedo a que se registren nuevos hechos de violencia.

Unas familias viven con parientes de Chilpancingo y otras en distintos puntos del estado de Guerrero.

 

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Policía Tecampanera retiene a normalistas de Ayotzinapa

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que los estudiantes normalistas fueron liberados sin presentar alguna lesión física


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

4 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

Durante más de una hora, integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera retuvieron a 10 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, a la salida del municipio de Teloloapan, en la zona Norte del estado.

La Policía Tecampanera los retuvo mientras viajaban en un camión de línea Costa Line, de número 2500, a la altura de la colonia Mexicapa.

Los elementos mantenían un retén sobre la carretera Iguala- Ciudad Altamirano, a la altura de esa colonia. Policías civiles armados bajaron a los estudiantes y los interrogaron por más de una hora.

A pesar de que los normalistas les informaron a los policías civiles que iban a dejar una motocicleta de un compañero que se trasladaría a una comunidad en el municipio de Ixcapuzalco, contiguo a Telololoapan, lugar donde imparte clases.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que los estudiantes normalistas fueron liberados sin presentar alguna lesión física. «Me informaron integrantes del comité directivo estudiantil de la Normal de Ayotzinapa que están a salvo».

Teloloapan es un municipio vecino a Iguala, donde el 26 de septiembre del 2014 fueron desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa, un caso que sigue en la impunidad y sin saber el paradero de los estudiantes. En ese entonces las autoridades responsabilizaron al grupo criminal Guerreros Unidos de la desaparición forzada y sigue teniendo presencia en la zona.

 

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Policías comunitarios piden a Evelyn la libertad de presos políticos

También estuvo Samantha Colón, esposa de Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto fue privado de su libertad por un grupo armado en la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco y desde esa fecha no ha sido localizado por las autoridades


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

31 de enero del 2022

Chilpancingo

 

En una reunión en la que estuvo como intermediario el padre Alejandro Solalinde, integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) le solicitaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la liberación de un grupo de presos políticos.

Gonzalo Molina González, dirigente de esta agrupación señaló que otra de las peticiones que se le hizo a la gobernadora es que ordene que se agilice la búsqueda del activista Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto del 2021 está desaparecido.

El grupo de policías comunitarios encabezados por Molina González que portaban sus uniformes ingresaron a la residencia oficial de Casa Guerrero.

Molina dijo que hay casos de activistas presos que pese a que ya cumplieron su derecho de salir libres por diversas circunstancias legales deben de salir libres.

Es el caso de Florentino Cruz Morales quien se encuentra preso en el penal de Ayutla de los Libres pero que en los próximos días podría salir en libertad, dijo Gonzalo Molina quien está fuera de Guerrero por las amenazas de muerte que recibió por parte de integrantes de un grupo delictivo que está en Tixtla.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda le dijo al grupo de autodefensas que va a ordenar a la Fiscal General y al presidente del Poder Judicial revisen los expedientes judiciales de los activistas que permanecen presos y puedan salir en libertad.

“Nosotros vamos a confiar en la palabra de la gobernadora pero en caso de que nos mienta lo daremos a conocer públicamente”, advirtió.

En la reunión con la gobernadora también estuvo Samantha Colón, esposa de Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto fue privado de su libertad por un grupo armado en la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco y desde esa fecha no ha sido localizado por las autoridades.

Vicente Suástegui es hermano del Vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop) Marco Antonio Suástegui quien ha encabezado en las labores de su búsqueda.

“La gobernadora Evelyn Salgado informó que le va a pedir a la Fiscalía que reanude las labores de búsqueda para localizar a mi esposo”, dijo Samantha Colón.

Otras organizaciones sociales como el Observatorio por la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo de las Comunidades de la Sierra, maestros y el líder social Eloy Cisneros Guillén se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado en la que también participó el padre Alejandro Solalilde.

También participó en esta reunión la activista Otilia Eugenio Manuel.

Este grupo de activistas se inconformaron porque el grupo de guardias de seguridad de la residencia oficial de Casa Guerrero les impedían el paso.

“Cómo es posible que aquí pongan vallas metálicas cuando aquí es la casa del pueblo”, les gritó Eloy Cisneros Guillén a los policías vestidos de civil.

Uno de los funcionarios de Casa Guerrero, les dijo a los activistas que no los dejarían pasar porque la gobernadora no los tenía en su agenda de reuniones.

“Aquí nos citó el padre Alejandro Solalinde”, dijo Eloy.

“Entonces espérenlo aquí”, respondió el policía.

Después del incidente llegó otro funcionario para decirle al grupo que podían pasar.

 

Bloquea Policía Comunitaria carretera Chilapa-Tlapa

Hasta las dos de la tarde de este jueves, el bloqueo llevaba más de 15 horas sin que ninguna autoridad diera respuesta a las demandas de los comunitarios que exigen la presentación con vida de dos desaparecidos

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

26 de enero del 2022

Chilpancingo

 

Ciudadanos e integrantes de la Policía Comunitaria bloquean la carretera federal Chilapa-Tlapa para exigir a las autoridades realicen labores de búsqueda de dos autodefensas que desde este martes están desaparecidos en el municipio de Atlixtac, en región Montaña.

El cierre de la vía que empezó desde ayer miércoles en la noche está en las inmediaciones de la comunidad de Papaxtla. Los automovilistas tienen que tomar vías alternas, hasta que las demandas de los policías adheridos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) sean resueltas.

Jesús Plácido Galindo, dirigente de esta agrupación, comentó que la última vez que se les vio al comandante de estas autodefensas, Pablo Hilario Morales y al policía comunitario Samuel Hernández Sánchez, fue el martes pasado en la tarde cuando fueron detenidos por policías municipales de Atlixtac.

Mencionó que visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya fueron a recabar información y en el transcurso de hoy jueves acudirá con ellos el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros.

Denuncian desaparición de dos policías comunitarios en Atlixtac

Suman dos desapariciones más en territorio comunitario


Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Óscar Guerrero

26 de enero del 2022

Chilpancingo

 

El Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que dos policías comunitarios que pertenecen a su organización están desaparecidos desde este martes y la última vez que se les vio fue cuando eran detenidos por la Policía Municipal de Atlixtac.

En un comunicado, la organización difundió que el comandante de la Policía Comunitaria de Zacapexco, Pablo Hilario Morales, y el policía comunitario, Samuel Hernández Sánchez, fueron detenidos alrededor de las tres y media de la tarde en la carretera federal Chilapa-Tlapa, cerca de la bodega de la Coca-Cola, en las inmediaciones del acceso a la localidad de Atlixtac.

Atlixtac, es la cabecera del municipio que lleva este mismo nombre.

La CIPOG-EZ reportó que los dos policías comunitarios siguen desaparecidos y exigió a las autoridades su búsqueda y presentación con vida.

Tanto las autoridades de los municipios de Atlixtac y Tlapa han negado que tengan detenidos a los dos desaparecidos.

El Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata responsabilizó a los policías municipales de Atlixtac de lo que le pueda ocurrir a los dos indígenas nahuas.

Según esta organización, los agentes municipales de Atlixtac tienen relación con un grupo un grupo criminal que opera en la región de la Montaña baja de Guerrero.

En otro punto de esta misma zona donde se han denunciado desapariciones y asesinatos, es en los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera.

Durante el mes de diciembre del 2021 y en enero del 2022, fuerzas de seguridad federal y estatal realizaron dos búsquedas de tres policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) que fueron desaparecidos hace más de un mes en esa zona.

Se trata de los guardias civiles Juan José Reyes Ventura, Marcelino Chino Mendoza y Juan Reyes, los dos primeros vecinos de la comunidad de Ayahualtempa y el tercero de Alcozacán, del municipio de Chilapa.

El pasado 16 de enero, Delfina Ramírez Morales, vecina de la localidad de Ayahualtempa, fue privada de su libertad presuntamente por varios policías municipales de José Joaquín de Herrera.

Al siguiente día de su desaparición, el lunes 17 de enero, el cadáver de Delfina fue hallado en un paraje de la comunidad de Temixco, José Joaquín Herrera.

Rocelia Morales Guerrero, madre de Delfina, narró que su hija fue vista en el domingo 16 de enero en el zócalo de Hueycantenango, cabecera del municipio de José Joaquín Herrera, y ahí fue privada de su libertad por un grupo de policías municipales.

Marcha Policía Comunitaria de Ayahualtempa para pedir la seguridad de GN y Ejército

Las mujeres y los niños se sumaron para insistir en que las autoridades siguen sin garantizarle la seguridad


Texto: Vania Pigeonutt

Fotografía: Carlos Navarrete

6 de enero del 2022

 

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) de la casa de justicia de Ahuayaltempa, municipio de José Joaquín de Herrera, zona Centro del estado, marcharon junto a habitantes mujeres, hombres y niñas y niños para exigir a las autoridades atención integral a la violencia que viven en su zona, Montaña baja, y que sea la Guardia Nacional quien los resguarde.

Tan sólo en diciembre pasado hubo tres personas desaparecidas en ese territorio nahua que, aseguran los pobladores, está controlado por el grupo criminal local Los Ardillos, que cuentan con el apoyo de la Policía Municipal de Chilapa, un municipio contiguo a esa comunidad, y de la Policía Municipal de José Joaquín de Herrera.

Los pueblos nahuas que forman parte de la CRAC-PC-PF están esparcidos por el territorio que se conoce como Montaña baja: Chilapa, Ahuacuotzingo, José Joaquín de Herrera, y Atlixtac, municipios que en realidad pertenecen a las regiones Centro y Montaña, conocidos en el estado como de mucha violencia. En 2015, sólo en Chilapa ocurrió una escalada de desapariciones ante el ingreso de Los Ardillos a la cabecera municipal, después de replegar a Los Rojos.

Mujeres y hombres, jóvenes y adultos, y niñas y niños de al menos cuatro comunidades, Ayahualtempa, Amatitlán, Caracol y colonia Los Pinos, exigieron con pancartas resguardo por parte de la Guardia Nacional y el Ejército. La gente no puede salir de sus comunidades a la cabecera municipal ni trabajar como choferes del transporte público y otras actividades productivas. Se sienten acorralados y cada vez tienen que ser más creativos para abastecerse de víveres.

“Estamos pidiendo la seguridad a elementos del Ejército mexicano o de la Guardia Nacional. Necesitamos que coloquen campamentos en los cruceros de las comunidades de Tlachimaltepec y Los Postes que están de camino a la cabecera municipal, Hueycantenango, que es donde tenemos problemas desde hace mínimo 10 años”, dijo Luis Morales Rojas, comandante de la CRAC-PC-PF después de la marcha en Ayahulatempa.

Esta vez, a diferencia del 10 de abril del 2021, cuando la CRAC-PC-PF de Ayahualtempa organizó el desfile de 34 niños comunitarios armados, entre ellos una niña, para llamar la atención del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, los niños participaron sin escopetas en la marcha que salió de la cancha del pueblo hacia el módulo de la Policía Estatal, alrededor de las once de la mañana.

Luis Morales Rojas, comandante de la CRAC-PC-PF, oriundo de Ayahualtempa dijo al micrófono: “Dos años que estamos acorralados por el crimen organizado.Ya estamos cansados. Hoy se levantaron las señoras madres de familia, que les duele tanto perder un hijo… ¡Exigimos justicia!”, comentó sobre el acto, él mismo a Amapola. Periodismo transgresor, vía telefónica.

La gente repitió: “¡Fuera la policía municipal!”. A la vez que mujeres y niños se reunieron en torno a la camioneta de donde se observó una manta grande en la que se leía: “Ayahualtempa, municipio José Joaquín Herrera. Consejo tradicional de gobierno náhuatl, CRAC-PC-PF”, seguida de otra donde estaba escrito: “Exigimos la instalación inmediata de la Guardia Nacional en el módulo del municipio porque los policías atemorizan a la ciudadanía de Ayahualtempa”.

Ayahualtempa, es una pequeña comunidad de menos de mil habitantes. Desde el 2020, por un acuerdo entre pobladores que formaban parte de la CRAC-PC-PF, la sede de esta rama del único sistema de seguridad comunitario que tiene una ley que respalda su funcionamiento en el estado, la Ley 701, pasó a esta comunidad. Antes estuvo en Rincón de Chautla, otro pueblo perteneciente a Chilapa, donde comenzaron los entrenamientos de niños y mujeres.

 

Policías comunitarios desaparecidos en la comunidad

El 7 de diciembre desapareció en Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, el policía comunitario Marcelino Chino Mendoza, de la comunidad de Alcozacán, otro pueblo que pertenece a Chilapa y que en la última división de la CRAC-PC-PF, que ocurrió en 2020, decidieron seguir en el sistema de justicia pero también con el respaldo de la organización Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

El 11 de diciembre, desaparecieron dos ex policías comunitarios: Felipe Tlalxintle Tepexco de la comunidad de Xochitempa y José Juan Reyes Román de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera. Por este último muchacho de 23 años, pobladores de Ayahualtempa participaron en una búsqueda por varias comunidades aledañas junto a los otros policías comunitarios de Alcozacán, acompañados de la Guardia Nacional y el Ejército, a mediados de diciembre. No tuvieron éxito en encontrarlos.

Morales Rojas hace un recuento: “hace dos años también fueron desaparecidos dos comunitarios, padre e hijo, Fidel Bolaños Rojas y Fidel Bolaños Fernández, de quienes no sabemos nada a la fecha. La familia del muchacho (José Juan) quiere a su muchacho, todos acá pedimos justicia, porque estamos muy abandonados”.

Recuerda que en los diferentes procesos de la CRAC-PC-PF, en esta zona que en 2015 se disputaban, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), las agrupaciones delictivas Los Rojos y Los Ardillos, siempre han sido las mujeres, varias viudas por los diferentes enfrentamientos ocurridos en la zona, y los niños, los que han participado encabezando estos actos que califica de desesperación ante la inacción del Estado.

En mayo del 2019 se hizo viral un video que fue subido a redes sociales en el que cinco niños y tres niñas, de entre siete y nueve años, marchan como militares y luego de la posición de firmes uno de ellos lee un comunicado.

–Como pueblo no vamos a dejarlos solos. Es nuestra palabra contra la de los sicarios. Nos matan un comunitario y vamos por 10 sicarios… Los niños y niñas que hoy somos sobrevivientes de los ataques sanguinarios seguimos en la lucha, porque sabemos que van a regresar y van a atacar a nuestra policía, –dijo un niño de unos ocho años frente a las cámaras en el video que compartió la misma Policía Comunitaria.

En ese momento, Rincón de Chautla, junto a otras 16 comunidades nahuas que pertenecían CRAC- PC-PF, denunciaban que vivían en medio de una pugna desde hace 13 años, que ahora son 15. En esa última etapa, de diciembre de 2018 a la fecha, de acuerdo a recuentos periodísticos, 20 personas fueron asesinadas y 12 desapariciones forzadas.

A la fecha, dice Morales Rojas, ven que la delincuencia pretende vaciar la zona en coordinación con las autoridades, con énfasis en las municipales.

Llamó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a tomar cartas reales sobre el asunto, a atender el llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que emitió a favor de estas comunidades, la mayoría indígenas, medidas cautelares para que la atención de los diferentes fenómenos, sobre todo, el de homicidio, desaparición y desplazamiento forzado interno.

También advirtió que además del sistema de justicia, activaron su Consejo tradicional de gobierno nahua, donde cuentan con la aprobación ciudadana para llevar a cabo estos actos de exigencia de justicia y atención gubernamental.

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