Texto: Amapola periodismo
Buenavista, municipio de San Luis Acatlán
19 de octubre del 2023
Los crímenes de Bruno Plácido Valerio y de su chofer Abad Ruiz son responsabilidad del gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda por retirar al líder de las autodefensas las medidas cautelares para proteger su vida, reprochó Jesús Plácido Galindo, sobrino de Bruno Plácido y líder de la CRAC-Pueblos fundadores que opera en la Montaña baja.
Con reclamos de justicia y reproches a la gobernadora transcurrieron las exequias a Bruno Plácido Valerio y Abad Ruiz, en Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán, asesinados la tarde del martes en Chilpancingo, en la puerta de la Secretaría de Salud, oficinas a las que acudió para tener una reunión oficial con la titular.
Este miércoles por la noche los ataúdes con los cadáveres de Bruno Plácido y Abad Ruiz fueron velados en distintas casas de Buena Vista, una localidad ubicada a 30 minutos de la cabecera de San Luis Acatlán, en la región de la Costa Chica-Montaña, con alrededor de 1,800 habitantes.
La mayoría de la población se volcó a la vivienda de Bruno Plácido para estar presente en la despedida, llevaron flores y rezaron por él.
En esta ocasión, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) hicieron a un lado sus diferencias y se unieron para rendir un homenaje a Bruno Plácido, fundador de ambos sistemas de justicia alternativos.
En San Luis Acatlán, Bruno y su hermano Cirino Plácido Valerio, quien falleció por enfermedad hace cuatro años, fundaron junto a otras personas la CRAC-PC, en 1994. Después ambos hermanos tuvieron diferencias con la CRAC y salieron de la organización, cada uno por su lado.
Manuel Vázquez Quintero, delegado en Guerrero del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), asesor jurídico de la UPOEG en sus inicios, fue el único funcionario que desde este miércoles acompañó a Bruno en su última despedida.
El cortejo fúnebre partió de la casa de Bruno Plácido hacia la comisaría municipal, lugar en donde los oradores exigieron al gobierno el esclarecimiento y castigo a las personas que asesinaron al dirigente de las autodefensas y a su chofer Abad Ruiz, de 24 años, quien desde el 2018 apoyaba a Bruno Plácido.
Durante la despedida a Bruno Plácido en la Comisaría Municipal de Buena Vista se leyó un comunicado en el que se acusó a la gobernadora morenista Evelyn Salgado de haberle retirado las medidas cautelares, a pesar de que sabían en el gobierno estatal de las amenazas de muerte por parte del crimen organizado en contra suya.
«Nuevamente solicitó (Bruno Plácido) la medida cautelar y se lo negaron y es responsable el gobierno de Guerrero por todo lo que está pasando porque las autoridades saben en dónde se mueven los Ardillos, Los Rusos», reprochó Jesús Plácido Galindo.
«Hoy que a Bruno Plácido le quitaron la medida cautelar se aprovechó la delincuencia para que lo asesinara», expresó.
Jesús Plácido dijo que en cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la violencia en Guerrero y en muchos estados del país sigue igual.
«Este gobierno nos mintió al decirnos que no habría impunidad y ahí está el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, sigue sin resolver», afirmó.
Un integrante de la UPOEG, a nombre de la organización leyó un comunicado, en el que denunció “el contubernio del gobierno de Guerrero con los narcotraficantes quienes trabajan en concordancia para asesinar a las personas que les estorban».
Después del homenaje en la Comisaría se llevó a cabo una misa en la iglesia de la comunidad. De la misa, el cortejo fúnebre partió al panteón en donde fueron sepultados los cadáveres de Bruno Plácido y Abad Ruiz.
En el sepelio, el presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, condenó el homicidio de Bruno Plácido y exigió al Estado el esclarecimiento y castigo a los responsables.
Las cinco casas de justicia de la CRAC-PC enviaron un comunicado en el que indican que aunque había diferencias con Bruno Plácido, quien se salió de esta organización en el 2011, lamentaron los crímenes.
Demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación pronta y exhaustiva e imparcial para el esclarecimiento de los hechos y detener a los responsables.
