Hallan muertos en un accidente a los del CIPOG_EZ, dice FGE; exigen que se investigue

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

7 de mayo de 2022

Chilpancingo

Los dos integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) que fueron reportados como desaparecidos murieron en un accidente automovilístico, informó la Fiscalía General del Estado.

En un comunicado de la FGE señala que  los cadáveres de Marcos Campos Ahujote y Lorena Chantzín Paxacuasingo, fueron hallados dentro de una camioneta marca Nissan color gris con caja azul y placas de circulación del estado de Guerrero.

Esto en la carretera Chilapa_ Atzacualoya en un barranco de 40 metros de profundidad.

«Por consiguiente no fueron privados de su libertad cómo círculo a través de redes sociales; sin embargo, se abrió una carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio por tránsito terrestre», se lee en el comunicado de la FGE.

En el lugar de los hechos se hallaron las credenciales de las víctimas por lo que fueron identificadas rápidamente. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

De acuerdo con lo difundido por el CIPOG – EZ, Marco Campos y Lorena Chantizin desaparecieron la tarde del pasado viernes cuando circulaban por la carretera Chilapa – Atzacoaloya.

Los integrantes de la organización acusaron de las dos desapariciones al grupo delictivo al que identifican como Los Ardillos.

Después de que la FGE dio a conocer esta información, la CIPOG_ EZ, exigió a las autoridades que realicen una investigación e insisten de que tanto Marcos y Lorena fueron desaparecidos y que se percataron de que los cadáveres de ambos tenían huellas de tortura.

“Sabemos que fueron Los Ardillos, Celso Ortega y la gente que integra al grupo narcoparamilitar, particularmente Audencio Lucas Rosario, quien está operando en la zona de Chilapa asesinando y secuestrando”, acusó a través de un comunicado la mañana de este sábado la CIPOG_EZ.

Habrá juicio político contra diputados, advierte CRAC y Tlachinollan durante protesta contra consulta

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar guerrero

5 de marzo de 2022

Chilpancingo

 

Pobladores de unos 300 pueblos originarios de la Costa Chica y la Montaña, acompañados por integrantes de organizaciones sociales, marcharon por las calles de Chilpancingo y realizaron un mitin fuera del Congreso del estado para rechazar la forma en que los diputados realizan la Consulta de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

En el mitin criticaron a los diputados, quienes son los organizadores de la consulta, por considerar que sus acciones son falsas, atentan contra los derechos de los pueblos indígenas y sólo quieren cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar las sanciones económicas y políticas.

La sentencia de la SCJN advierte que de no realizar la consulta antes del día 14 de abril, los diputados enfrentarían juicio político y dejarían su cargo como legisladores.

“Por eso les urge realizar la consulta, quieren salvar su pellejo, no les interesan los pueblos indígenas”, denunció Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y asesor legal de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Rosales Sierra afirmó que los diputados desconocen lo que hacen y tampoco tienen la voluntad para realizar una verdadera consulta.

“Llegan los diputados a hacer pequeñas reuniones a los pueblos, pero no informan nada, no dicen si la consulta es para reformar una ley, un artículo o la constitución, si ni ellos saben, cómo esperar que nosotros sepamos”, dijo.

Este martes, a nueve días de que venza el plazo que dio la SCJN a Congreso, representantes de 300 comunidades de la Montaña y la Costa Chica marcharon desde el norte de la capital hasta el Congreso local para exigir la cancelación de la consulta que calificaron como “falsa” y “tendenciosa”.

Fuera del Congreso los manifestantes se pronunciaron contra la forma en que los diputados querían consultarlos.

“Los diputados van, solo hacen reuniones pequeñas y pagan a los comisarios y a los líderes comunitarios para que les firmen sus actas de asamblea, y eso es lo que van a presentar a la SCJN”, dijo Rubí Martínez, coordinadora de la casa de justicia de la CRAC en San Luis Acatlán, Costa Chica.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció también que los diputados nunca han tenido la disposición para garantizar los derechos a las comunidades originarios.

Recordó que desde 1991 que México firmó el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ni así han acatado dichos tratados internacionales.

“México es candil de la calle y obscuridad en la casa, porque es el primero que firma tratados internacionales, pero el último en acatarlos”, dijo.

Agregó que con dichas reformas que fueron sancionadas por la SCJN buscaban desaparecer a las policías comunitarias y la actual consulta pretenden lo mismo.

“Quieren acabar con la autonomía de las comunidades, quieren de nuevo vasallos a los pueblos indígenas”, agregó Barrera Hernández.

Otro de los oradores fue el ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, quien calificó a los diputados locales de racistas y los acusó de pagar firmas para validar documentos oficiales.

Marco Antonio Suastegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), propuso reeducar, a través del sistema comunitario, al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, quien encabeza los trabajos de la consulta.

Sánchez Esquivel a través de la vía plurinominal y contra las acciones afirmativas dictadas por el INE ocupa una curul destinada a un representante indígena.

En la marcha participaron 300 policías comunitarios desarmados, a quienes respaldaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg), de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), de Tlachinollan, del Colectivo de desaparecidos Lupita Rodríguez, del Frente Popular de la Montaña (FPM), del Frente Progresista de Guerrero (FPG), del Cecop y del Comité de desaparecidos del 60.

En 2021, la SCJN ordenó a los legisladores de Guerrero realizar la modificación de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la 777 del Sistema de Seguridad Pública.

Esto porque en 2018 se reformó el artículo 14 de la Constitución estatal y se reformó la Ley 701, pero los legisladores de ese periodo no tomaron en cuenta a las comunidades indígenas y afromexicanas.

En su sentencia la SCJN ordenó repetir el proceso, pero esta vez haciendo “una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe”, según se lee en la sentencia.

Los manifestantes hicieron un llamado a la SCJN de no avalar las pruebas y procedimientos que presenten los diputados, porque consideran que no los realizaron bajo los parámetros y procedimientos indicados en la sentencia.

Rosales Sierra dijo que en caso de que la SCJN avale la consulta, la CRAC – PC y las organizaciones van a impugnar.

Hace unos días, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al Congreso realizar la consulta de forma correcta.

“Este Organismo Público manifiesta su preocupación al Congreso de Guerrero por su desdén por escuchar y atender las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de ese estado. El Máximo Tribunal Constitucional de nuestro país otorgó un plazo de doce meses, para que el Congreso del estado de Guerrero realizará una consulta indígena”, se lee en el documento de la CNDH.

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Policías comunitarios cercan Congreso en rechazo a consulta indígena

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

5 de abril del 2022

Chilpancingo

 

Policías comunitarios y habitantes de 300 pueblos realizaron una marcha y se instalaron en plantón afuera del Congreso local en rechazo a la que consideran como “amañada” y discriminatoria consulta de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que realizan los diputados para hacerla ley.

Los guardias civiles desarmados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) iniciaron la marcha en el monumento de Nicolás Bravo y arribaron al recinto legislativo donde se desarrolla un mitin.

Vidulfo Rosales Sierra, asesor de la CRAC, dijo que los comisarios y habitantes de las 300 comunidades de la región de Montaña y Costa Chica que participan en la movilización no están enterados de que los diputados estén realizando esta consulta.

Recordó que en el 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la reforma del artículo 14 constitucional y como consecuencia la ley 701 que fue aprobada por el Congreso local a propuesta del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores.

Esta legislación desconocía los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

En el 2021, la SCJN le dio un plazo de 14 meses al Congreso para que apruebe una nueva ley realizando una consulta con los pueblos.

“Será el próximo 14 de este mes de abril cuando a los diputados se les vence el plazo pero nadie de los pueblos sabe en qué consiste esa consulta porque ni siquiera les dicen que va a contener la ley”, dijo Rosales Sierra.

Los más de mil comunitarios, comisarios y habitantes de los pueblos mantienen encerrados a los diputados locales.

Cuando pasaba la marcha, el legislador morenista y presidente de la Junta de Gobierno, Alfredo Sánchez Esquivel se asomó para ver el contingente.

Los manifestantes lo identificaron y de inmediato me gritaron: “traidor”, “traidor”.

 

 

Justicia comunitaria: sentencian a 25 años de trabajos comunitarios a feminicida

Apenas el pasado 16 de enero, al integrar a las mujeres a su sistema de justicia comunitario, la asamblea d la CRAC-PC, celebrada en El Paraíso, acordó “cero tolerancias a los feminicidios en las 27 comunidades que conforman el territorio comunitario”


Texto: Especial

Fotografía: Oscar Guerrero

28 de marzo del 2022

Ayutla de los Libres

 

En la madrugada del 1 de enero de este año, Roberto “N”, acudió al baile de Año Nuevo, al poblado de Coxcatlán San Pedro, municipio de Ayutla de los Libres, regi+on Costa Chica del estado, con su pareja Angelina “N”. Al terminar la fiesta, poco después de las dos de la mañana, se dirigieron al domicilio de la novia, en donde la mató a machetazos.

Este domingo se reunieron en asamblea en el poblado de El Platanal, comunidades pertenecientes a la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), y sentenciaron a Roberto, a 25 años de su vida a un proceso de reeducación, por haber asesinado a Angelina.

Roberto salió de su comunidad, La Fátima, para acudir al baile de fin de año en el vecino poblado de Coxcatlán San Pedro; cuando terminó el indígena mixteco de 19 años, acompañó a su casa a Angelina, de 18 años y después de una discusión la mató a machetazos.

Días después, durante la asamblea el 16 de enero pasado, efectuada en la comunidad de El Paraíso, ante sus papás él se declaró culpable. Justificó el feminicidio de Angelina a que ella “iba borracha” y lo cacheteó. “Ella iba por el machete, yo lo agarré primero, y le di en la cabeza, ahí empiezo a machetearla, no soy gente mala, no sé por qué lo hice”, dijo el indígena mixteco.

Apenas el pasado 16 de enero, al integrar a las mujeres a su sistema de justicia comunitario, la asamblea d la CRAC-PC, celebrada en El Paraíso, acordó “cero tolerancias a los feminicidios en las 27 comunidades que conforman el territorio comunitario”.

En esa ocasión, Celestino Peláez Chávez, coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso de la CRAC-PC, afirmó que no se permitirán más feminicidios, y toda violencia contra las mujeres, “no quedarán impunes, porque hay tres casos que están llevando un proceso de reeducación, como son en el Coyul, y en El Charco, y el más reciente de Coxcatlán San Pedro dónde un joven mató a su esposa a machetazos, que no va a quedar impune, habrá cero tolerancias”.

Los padres de Angelina pidieron que el detenido se quede de por vida en terreno comunitario, y que fuera en el sistema de la CRAC-PC, porque su comunidad pertenece a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) “y en ese sistema no hay una regla para los detenidos, y puede que lo liberen antes de ser castigado”, agregó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz.

Por esa razón, recalcó “el C. Roberto “N”, se queda en la CRAC-PC de El Paraíso, para ser castigado en este sistema de por vida, así como la familia de la hoy occisa lo solicita”.

Al final de la asamblea realizada en El Paraíso, surgieron dos propuestas, por un lado: “se propuso que por ser un delito grave se encarcele al asesino 25 años; y por la otra cadena perpetua, propuestas que serán discutidas y analizadas en las 26 comunidades de la Casa de Justicia de El Paraíso, para posteriormente convocar a otra asamblea en donde se dé a conocer el acuerdo tomado por los pueblos sobre este caso”.

El día se llegó, y el domingo pasado, en el punto 6 del orden del día de la asamblea de la CRAC-PC, realizada en la comunidad de El Platanal, se incluyó el tema del feminicidio, para determinar la sentencia que se aplicaría a Roberto.

La puesta generó un debate de casi tres horas, en donde de inicio el coordinador de la CRAC-PC en El Paraíso, Celestino Peláez, informó que en la asamblea del pasado 15 de enero se le informó al comisario de La Fátima, todo lo relacionado al asesinato de Angelina.

Dijo que había un acta de la asamblea de Coxcatlán San Pedro “ ahí se tomó el acuerdo para que se le sentenciara de por vida a Roberto, por el homicidio que cometió, pero también se propuso que cada pueblo hiciera lo propio, y se decidiera hoy su sentencia en la asamblea. Hoy se tiene que tomar esta decisión compañeros”, recalcó.

El abogado Rogelio Téliz dio lectura a las propuestas: “la primera es la que hizo la comunidad de Coxcatlán San Pedro, donde sucedieron los hechos, que dice que esta persona que esta persona que cometió la infracción quede de por vida en el proceso de reeducación en la Casa de Justicia(de El Paríso). Una propuesta más recordó: “en esta casa de Justicia hay dos personas ya procesadas en reeducación por feminicidio y fueron sujetos a 25 años de prisión, ya existe ese antecedente”.

En tanto en la tercera propuesta fue que en la asamblea de este domingo se acordara una sentencia. Después de que se escucharon las propuestas, un ciudadano del poblado de La Angostura, tajante pidió una sentencia de 50 años para el feminicida.

Después la abogada Lucía, del Centro Comunitario Gúwa Kúma (Casa de los Saberes) señaló que“estamos ante un caso muy triste, es muy doloroso que nosotras como mujeres suframos esta situación; éste muchacho le quitó la vida a ésa muchacha, él lo reconoce. Es un error que tiene que pagar, propongo que a esta persona se le someta a un proceso de reeducación de 30 años”.

Por su parte, la concejera del poblado San Felipe, afirmó que en la reunión que realizaron, hubo mucha participación de las compañeras “creemos que hubo mucha responsabilidad de sus padres(del feminicida), ya que permitieron que entrara el muchacho a su casa, siendo que solo era su novia; se propuso 15 años de reeducación”.

Una integrante del grupo Damas Solidarias Feministas con sede en Ayutla de los Libres manifestó que “apenas el padrastro mató a su mujer y a su hija(no mencionó el día ni la fecha); lo mismo sucedió en Oxtotilán, mataron a una mujer y a su hija; en El Charquito, la mamá y la hija también fueron asesinadas; y antes en Coxcatlán San Pedro, mataron a dos mujeres”.

Enseguida la abogada Noemí, también del Centro Comunitario planteó: “que haya un castigo ejemplar, no queremos que nos maten, no merece que lo perdonen(al homicida), que sea un castigo máximo, que sean 50 años (de reeducación)”.

Y un ciudadano del pueblo de San Felipe consideró que los papás del muchacho tuvieron responsabilidad “hay implicaciones por el alcohol, lo dejaron entrar con toda confianza, él ya no estaba en sus cinco sentidos”.

En su turno, el ex coordinador de la CRAC-PC en el Paraíso, Juan Antonio García, planteó una prórroga: “no hay prisa, que en la próxima reunión se decida la sentencia. Lo secundó Rufino “N” y dijo: “el tema es delicado, el muchacho no mató a un pollo o un guajolote, sino a una mujer”.

Finalmente el coordinador de la casa de Justicia de El Paraíso Celestino Peláez, puso a votación tres propuestas de sentencia para Roberto acordadas en la asamblea, que fueron votadas.

Fue entonces cuando Roberto escuchó la votación, con los resultados de las propuestas: la de por vida obtuvo 8 votos; la de 30 años logró 31 votos, y la de 25 años de reeducación ganó con 297 sufragios.

Aunque el coordinador Celestino Peláez preguntó a Roberto si quería hacer uso de la palabra, sin decir una sola palabra hizo señas de que “no”.

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Gonzalo Molina acusa que se mantiene la colusión del Estado con el crimen organizado

Desde el 2019 que el preso político pudo dejar la cárcel, está en calidad de desplazado y no había regresado a Tixtla, su municipio hasta el día de hoy donde además de rendir homenaje a sus compañeros asesinados visitó a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa


Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Amílcar Juárez
9 de marzo de 2022
Tixtla

El comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina González, regresó a la ciudad de Tixtla después de tres años, a rendir homenaje a cinco de sus compañeros comunitarios asesinados y para exigir a las autoridades
Fue en la Casa de Justicia La Patria es Primero, ubicada en el barrio del Fortín, donde Molina González dijo que existe una colusión entre el gobierno y los grupos del crimen organizado, por lo que se valora reagrupar a ese grupo de policías comunitarios.

Dijo que reagrupar a la Policía Comunitaria es una valoración de la población. Es el pueblo quien tiene que determinar si continúan con la Comunitaria o con elementos oficiales.

Molina González inició una serie de actividades para exigir a la administración municipal la reconstrucción de la Casa de Justicia, la cual fue desmantelada por presuntos integrantes del grupo delictivo Los Ardillos el pasado 16 de enero de 2021.

Otra exigencia es gestionar apoyos para las viudas e hijos de los cinco policías comunitarios asesinados y un retorno seguro para él y para familias que huyeron por los hechos de violencia.

“Nosotros somos desplazados pero sabemos que hay miedo en la población, pero estamos aquí para vencer ese miedo, nosotros tenemos que buscar la justicia y por eso exigimos al gobierno que garantice seguridad a la población”, mencionó.

También hizo un llamado a la sociedad para organizarse y enfrentar la situación de violencia que se vive, pero reconoció que esa alternativa es muy remota.

Llevaron flores y cadenas a las cruces donde se leían los nombres de Javier, Ignacio, Wilber y Alexis, cuatro policías comunitarios que fueron emboscados, de acuerdo a sus acusaciones, por integrantes del grupo delictivo Los Ardillos el 26 de noviembre del 2015.

La agresión ocurrió a tres días de las elecciones extraordinarias en Tixtla, y fueron asesinados cuatro Policías Comunitarios integrantes de la Casa de Justicia Mi Patria es Primero en el barrio del Fortín.

Fue alrededor de las dos de la tarde del 26 de noviembre del 2015 cuando, de acuerdo con los reportes, un grupo de civiles fuertemente armados a bordo de dos camionetas sorprendieron a los comunitarios quienes hacían una ronda de vigilancia en la zona.

Los hechos ocurrieron a pocas cuadras de la Casa de Justicia, donde se colocaron las cruces, por lo que Molina González decidió hacer el recorrido caminando.

Durante el recorrido lo escoltaron sus compañeros de la Policía Comunitaria, vestían playera negra y pantalones con estampado militar y al hombro rudimentarias escopetas.

Los policías comunitarios regresaron acompañados de seis elementos de la Policía Estatal, uniformados de azul marino y portando armas de alto calibre, ello para que Gonzalo Molina estuviera escoltado.

Molina, debido a que cuenta con medidas de seguridad, es escoltado en todo momento por una patrulla de la Policía Estatal.

Cuenta que también pidió el apoyo de la Guardia Nacional pero le fue negado sin recibir más explicaciones.

Durante el recorrido de la Casa de Justicia a las cruces de los comunitarios asesinados algunos vecinos salían de sus viviendas para saludar y abrazar a Molina González.

«Qué bueno que hayas venido, no te olvides de aquí de tus amigos”, le dijo una vecina desde la puerta de su casa.

Durante la ofrenda floral en las cruces, Molina González reconoció el valor de sus compañeros.

“Reivindicamos el valor de los compañeros que perdieron la vida por el prójimo, y donde quiera que estén mi reconocimiento para ellos”, dijo.

Molina González fue preso político. Fue encarcelado en 2013 por cargos de terrorismo, y portación ilegal de armas, tras ejercer acciones para exigir la libertad de Nestora Salgado, quien estuvo al frente de la CRAC en Olinalá y fue detenida por la Secretaría de Marina.

Gonzalo fue encarcelado, a pesar de que sus acciones estaban respaldadas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indigenas del Estado de Guerrero, lo que permite a las comunidades de pueblos originarios tener su propio sistema de seguridad.

Fue puesto en libertad en 2019 donde después de salir fue a Tixtla pero por cuestiones de seguridad está en calidad de desplazado y no había regresado a hasta el día de hoy.

Aprovechó su visita para visitar la Normal Rural de Ayotzinapa donde se reunió con estudiantes y madres y padres de los 43 desaparecidos, la reunión fue a puerta cerrada y no se permitió el acceso a reporteros a la Normal.

 

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Denuncian en Buenavista que fuerzas federales y estatales no actúan contra grupo delictivo

«Aquí los policías estatales, municipales, el Ejército y Guardia Nacional realizan recorridos por la carretera pero no hacen nada para frenar a los ardillos»


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero

7 de marzo del 2022

Buenavista de la Salud

 

Habitantes de esta comunidad del municipio de Chilpancingo denunciaron que, pese a la presencia de la policía estatal y fuerzas federales este domingo en la tarde, integrantes de un grupo delictivo atacaron a granadazos la comandancia de la policía comunitaria dejando como saldo tres heridos.

Por versiones de los lugareños e integrantes de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) los pistoleros se parapetaron en un cerro y desde ese lugar lanzaron tres granadas de fragmentación contra la comandancia.

«Aquí los policías estatales, municipales, el Ejército y Guardia Nacional realizan recorridos por la carretera pero no hacen nada para frenar a los ardillos», señaló un integrante del grupo de policía civil.

La presencia de las fuerzas federales y estatales se incrementó en esta zona después de que el pasado 26 de enero integrantes de esta organización delictiva atacó a balazos y granadazos la comandancia de la policía comunitaria dejando como saldo cuatro muertos y dos heridos.

Posteriormente dos de los pistoleros del grupo delictivo murieron durante un enfrentamiento con policías estatales en la carretera federal Acapulco-Chilpancingo a la altura de la comunidad de Acahuizotla.

En conferencia de prensa que ofrecieron en esta localidad, uno de los integrantes de la UPOEG, señaló que la gente ya no tiene miedo de las agresiones que realizan ese grupo de delincuentes.

«Cuando había los primeros ataques la gente se encerraba en sus casas, cerraban los comercios y se suspendían las clases y ahora ya no tiene miedo», expresó.

Dijo que con lo que ocurrió este domingo en la tarde y estando la policía y otras fuerzas federales en esa zona quiere decir que los delincuentes ya tienen permiso para realizar lo que quieran.

«Nosotros no nos vamos a rajar porque sabemos que en cualquier otro rato llegan», expresó el comunitario.

Señaló que desde hace tiempo este grupo delictivo ha pretendido tomar Buenavista de la Salud pero no lo han logrado porque aquí ha habido una fuerte resistencia.

«Cuando vienen (el grupo delictivo) vienen atacarnos ya vienen con sus maletas como un plan para quedarse pero no lo han logrado», dijo.

Señaló que el gobierno sabe el lugar en que opera esta organización delictiva pero no quiere detener a sus integrantes.
Según el policía comunitario desde hace meses el gobierno que encabeza la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda tiene conocimiento de la situación que prevalece en esta zona del corredor del Valle del Ocotito.

Toda esta información que se le han llegar a las autoridades estatales se supone que ya tiene conocimiento la gobernadora Salgado Pineda.

Después de los hechos del pasado 26 de enero en donde murió a tiros el comandante Mario Zamora, ex líder de la CETEG, hay versiones de los lugareños que muchas familias de esta comunidad tuvieron que salirse e irse a vivir a otras localidades por miedo a que se registren nuevos hechos de violencia.

Unas familias viven con parientes de Chilpancingo y otras en distintos puntos del estado de Guerrero.

 

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Policía Tecampanera retiene a normalistas de Ayotzinapa

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que los estudiantes normalistas fueron liberados sin presentar alguna lesión física


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

4 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

Durante más de una hora, integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera retuvieron a 10 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, a la salida del municipio de Teloloapan, en la zona Norte del estado.

La Policía Tecampanera los retuvo mientras viajaban en un camión de línea Costa Line, de número 2500, a la altura de la colonia Mexicapa.

Los elementos mantenían un retén sobre la carretera Iguala- Ciudad Altamirano, a la altura de esa colonia. Policías civiles armados bajaron a los estudiantes y los interrogaron por más de una hora.

A pesar de que los normalistas les informaron a los policías civiles que iban a dejar una motocicleta de un compañero que se trasladaría a una comunidad en el municipio de Ixcapuzalco, contiguo a Telololoapan, lugar donde imparte clases.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que los estudiantes normalistas fueron liberados sin presentar alguna lesión física. «Me informaron integrantes del comité directivo estudiantil de la Normal de Ayotzinapa que están a salvo».

Teloloapan es un municipio vecino a Iguala, donde el 26 de septiembre del 2014 fueron desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa, un caso que sigue en la impunidad y sin saber el paradero de los estudiantes. En ese entonces las autoridades responsabilizaron al grupo criminal Guerreros Unidos de la desaparición forzada y sigue teniendo presencia en la zona.

 

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Policías comunitarios piden a Evelyn la libertad de presos políticos

También estuvo Samantha Colón, esposa de Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto fue privado de su libertad por un grupo armado en la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco y desde esa fecha no ha sido localizado por las autoridades


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

31 de enero del 2022

Chilpancingo

 

En una reunión en la que estuvo como intermediario el padre Alejandro Solalinde, integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) le solicitaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la liberación de un grupo de presos políticos.

Gonzalo Molina González, dirigente de esta agrupación señaló que otra de las peticiones que se le hizo a la gobernadora es que ordene que se agilice la búsqueda del activista Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto del 2021 está desaparecido.

El grupo de policías comunitarios encabezados por Molina González que portaban sus uniformes ingresaron a la residencia oficial de Casa Guerrero.

Molina dijo que hay casos de activistas presos que pese a que ya cumplieron su derecho de salir libres por diversas circunstancias legales deben de salir libres.

Es el caso de Florentino Cruz Morales quien se encuentra preso en el penal de Ayutla de los Libres pero que en los próximos días podría salir en libertad, dijo Gonzalo Molina quien está fuera de Guerrero por las amenazas de muerte que recibió por parte de integrantes de un grupo delictivo que está en Tixtla.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda le dijo al grupo de autodefensas que va a ordenar a la Fiscal General y al presidente del Poder Judicial revisen los expedientes judiciales de los activistas que permanecen presos y puedan salir en libertad.

“Nosotros vamos a confiar en la palabra de la gobernadora pero en caso de que nos mienta lo daremos a conocer públicamente”, advirtió.

En la reunión con la gobernadora también estuvo Samantha Colón, esposa de Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto fue privado de su libertad por un grupo armado en la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco y desde esa fecha no ha sido localizado por las autoridades.

Vicente Suástegui es hermano del Vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop) Marco Antonio Suástegui quien ha encabezado en las labores de su búsqueda.

“La gobernadora Evelyn Salgado informó que le va a pedir a la Fiscalía que reanude las labores de búsqueda para localizar a mi esposo”, dijo Samantha Colón.

Otras organizaciones sociales como el Observatorio por la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo de las Comunidades de la Sierra, maestros y el líder social Eloy Cisneros Guillén se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado en la que también participó el padre Alejandro Solalilde.

También participó en esta reunión la activista Otilia Eugenio Manuel.

Este grupo de activistas se inconformaron porque el grupo de guardias de seguridad de la residencia oficial de Casa Guerrero les impedían el paso.

“Cómo es posible que aquí pongan vallas metálicas cuando aquí es la casa del pueblo”, les gritó Eloy Cisneros Guillén a los policías vestidos de civil.

Uno de los funcionarios de Casa Guerrero, les dijo a los activistas que no los dejarían pasar porque la gobernadora no los tenía en su agenda de reuniones.

“Aquí nos citó el padre Alejandro Solalinde”, dijo Eloy.

“Entonces espérenlo aquí”, respondió el policía.

Después del incidente llegó otro funcionario para decirle al grupo que podían pasar.

 

Bloquea Policía Comunitaria carretera Chilapa-Tlapa

Hasta las dos de la tarde de este jueves, el bloqueo llevaba más de 15 horas sin que ninguna autoridad diera respuesta a las demandas de los comunitarios que exigen la presentación con vida de dos desaparecidos

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

26 de enero del 2022

Chilpancingo

 

Ciudadanos e integrantes de la Policía Comunitaria bloquean la carretera federal Chilapa-Tlapa para exigir a las autoridades realicen labores de búsqueda de dos autodefensas que desde este martes están desaparecidos en el municipio de Atlixtac, en región Montaña.

El cierre de la vía que empezó desde ayer miércoles en la noche está en las inmediaciones de la comunidad de Papaxtla. Los automovilistas tienen que tomar vías alternas, hasta que las demandas de los policías adheridos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) sean resueltas.

Jesús Plácido Galindo, dirigente de esta agrupación, comentó que la última vez que se les vio al comandante de estas autodefensas, Pablo Hilario Morales y al policía comunitario Samuel Hernández Sánchez, fue el martes pasado en la tarde cuando fueron detenidos por policías municipales de Atlixtac.

Mencionó que visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya fueron a recabar información y en el transcurso de hoy jueves acudirá con ellos el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros.

Denuncian desaparición de dos policías comunitarios en Atlixtac

Suman dos desapariciones más en territorio comunitario


Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Óscar Guerrero

26 de enero del 2022

Chilpancingo

 

El Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que dos policías comunitarios que pertenecen a su organización están desaparecidos desde este martes y la última vez que se les vio fue cuando eran detenidos por la Policía Municipal de Atlixtac.

En un comunicado, la organización difundió que el comandante de la Policía Comunitaria de Zacapexco, Pablo Hilario Morales, y el policía comunitario, Samuel Hernández Sánchez, fueron detenidos alrededor de las tres y media de la tarde en la carretera federal Chilapa-Tlapa, cerca de la bodega de la Coca-Cola, en las inmediaciones del acceso a la localidad de Atlixtac.

Atlixtac, es la cabecera del municipio que lleva este mismo nombre.

La CIPOG-EZ reportó que los dos policías comunitarios siguen desaparecidos y exigió a las autoridades su búsqueda y presentación con vida.

Tanto las autoridades de los municipios de Atlixtac y Tlapa han negado que tengan detenidos a los dos desaparecidos.

El Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata responsabilizó a los policías municipales de Atlixtac de lo que le pueda ocurrir a los dos indígenas nahuas.

Según esta organización, los agentes municipales de Atlixtac tienen relación con un grupo un grupo criminal que opera en la región de la Montaña baja de Guerrero.

En otro punto de esta misma zona donde se han denunciado desapariciones y asesinatos, es en los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera.

Durante el mes de diciembre del 2021 y en enero del 2022, fuerzas de seguridad federal y estatal realizaron dos búsquedas de tres policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) que fueron desaparecidos hace más de un mes en esa zona.

Se trata de los guardias civiles Juan José Reyes Ventura, Marcelino Chino Mendoza y Juan Reyes, los dos primeros vecinos de la comunidad de Ayahualtempa y el tercero de Alcozacán, del municipio de Chilapa.

El pasado 16 de enero, Delfina Ramírez Morales, vecina de la localidad de Ayahualtempa, fue privada de su libertad presuntamente por varios policías municipales de José Joaquín de Herrera.

Al siguiente día de su desaparición, el lunes 17 de enero, el cadáver de Delfina fue hallado en un paraje de la comunidad de Temixco, José Joaquín Herrera.

Rocelia Morales Guerrero, madre de Delfina, narró que su hija fue vista en el domingo 16 de enero en el zócalo de Hueycantenango, cabecera del municipio de José Joaquín Herrera, y ahí fue privada de su libertad por un grupo de policías municipales.

Marcha Policía Comunitaria de Ayahualtempa para pedir la seguridad de GN y Ejército

Las mujeres y los niños se sumaron para insistir en que las autoridades siguen sin garantizarle la seguridad


Texto: Vania Pigeonutt

Fotografía: Carlos Navarrete

6 de enero del 2022

 

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) de la casa de justicia de Ahuayaltempa, municipio de José Joaquín de Herrera, zona Centro del estado, marcharon junto a habitantes mujeres, hombres y niñas y niños para exigir a las autoridades atención integral a la violencia que viven en su zona, Montaña baja, y que sea la Guardia Nacional quien los resguarde.

Tan sólo en diciembre pasado hubo tres personas desaparecidas en ese territorio nahua que, aseguran los pobladores, está controlado por el grupo criminal local Los Ardillos, que cuentan con el apoyo de la Policía Municipal de Chilapa, un municipio contiguo a esa comunidad, y de la Policía Municipal de José Joaquín de Herrera.

Los pueblos nahuas que forman parte de la CRAC-PC-PF están esparcidos por el territorio que se conoce como Montaña baja: Chilapa, Ahuacuotzingo, José Joaquín de Herrera, y Atlixtac, municipios que en realidad pertenecen a las regiones Centro y Montaña, conocidos en el estado como de mucha violencia. En 2015, sólo en Chilapa ocurrió una escalada de desapariciones ante el ingreso de Los Ardillos a la cabecera municipal, después de replegar a Los Rojos.

Mujeres y hombres, jóvenes y adultos, y niñas y niños de al menos cuatro comunidades, Ayahualtempa, Amatitlán, Caracol y colonia Los Pinos, exigieron con pancartas resguardo por parte de la Guardia Nacional y el Ejército. La gente no puede salir de sus comunidades a la cabecera municipal ni trabajar como choferes del transporte público y otras actividades productivas. Se sienten acorralados y cada vez tienen que ser más creativos para abastecerse de víveres.

“Estamos pidiendo la seguridad a elementos del Ejército mexicano o de la Guardia Nacional. Necesitamos que coloquen campamentos en los cruceros de las comunidades de Tlachimaltepec y Los Postes que están de camino a la cabecera municipal, Hueycantenango, que es donde tenemos problemas desde hace mínimo 10 años”, dijo Luis Morales Rojas, comandante de la CRAC-PC-PF después de la marcha en Ayahulatempa.

Esta vez, a diferencia del 10 de abril del 2021, cuando la CRAC-PC-PF de Ayahualtempa organizó el desfile de 34 niños comunitarios armados, entre ellos una niña, para llamar la atención del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, los niños participaron sin escopetas en la marcha que salió de la cancha del pueblo hacia el módulo de la Policía Estatal, alrededor de las once de la mañana.

Luis Morales Rojas, comandante de la CRAC-PC-PF, oriundo de Ayahualtempa dijo al micrófono: “Dos años que estamos acorralados por el crimen organizado.Ya estamos cansados. Hoy se levantaron las señoras madres de familia, que les duele tanto perder un hijo… ¡Exigimos justicia!”, comentó sobre el acto, él mismo a Amapola. Periodismo transgresor, vía telefónica.

La gente repitió: “¡Fuera la policía municipal!”. A la vez que mujeres y niños se reunieron en torno a la camioneta de donde se observó una manta grande en la que se leía: “Ayahualtempa, municipio José Joaquín Herrera. Consejo tradicional de gobierno náhuatl, CRAC-PC-PF”, seguida de otra donde estaba escrito: “Exigimos la instalación inmediata de la Guardia Nacional en el módulo del municipio porque los policías atemorizan a la ciudadanía de Ayahualtempa”.

Ayahualtempa, es una pequeña comunidad de menos de mil habitantes. Desde el 2020, por un acuerdo entre pobladores que formaban parte de la CRAC-PC-PF, la sede de esta rama del único sistema de seguridad comunitario que tiene una ley que respalda su funcionamiento en el estado, la Ley 701, pasó a esta comunidad. Antes estuvo en Rincón de Chautla, otro pueblo perteneciente a Chilapa, donde comenzaron los entrenamientos de niños y mujeres.

 

Policías comunitarios desaparecidos en la comunidad

El 7 de diciembre desapareció en Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, el policía comunitario Marcelino Chino Mendoza, de la comunidad de Alcozacán, otro pueblo que pertenece a Chilapa y que en la última división de la CRAC-PC-PF, que ocurrió en 2020, decidieron seguir en el sistema de justicia pero también con el respaldo de la organización Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

El 11 de diciembre, desaparecieron dos ex policías comunitarios: Felipe Tlalxintle Tepexco de la comunidad de Xochitempa y José Juan Reyes Román de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera. Por este último muchacho de 23 años, pobladores de Ayahualtempa participaron en una búsqueda por varias comunidades aledañas junto a los otros policías comunitarios de Alcozacán, acompañados de la Guardia Nacional y el Ejército, a mediados de diciembre. No tuvieron éxito en encontrarlos.

Morales Rojas hace un recuento: “hace dos años también fueron desaparecidos dos comunitarios, padre e hijo, Fidel Bolaños Rojas y Fidel Bolaños Fernández, de quienes no sabemos nada a la fecha. La familia del muchacho (José Juan) quiere a su muchacho, todos acá pedimos justicia, porque estamos muy abandonados”.

Recuerda que en los diferentes procesos de la CRAC-PC-PF, en esta zona que en 2015 se disputaban, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), las agrupaciones delictivas Los Rojos y Los Ardillos, siempre han sido las mujeres, varias viudas por los diferentes enfrentamientos ocurridos en la zona, y los niños, los que han participado encabezando estos actos que califica de desesperación ante la inacción del Estado.

En mayo del 2019 se hizo viral un video que fue subido a redes sociales en el que cinco niños y tres niñas, de entre siete y nueve años, marchan como militares y luego de la posición de firmes uno de ellos lee un comunicado.

–Como pueblo no vamos a dejarlos solos. Es nuestra palabra contra la de los sicarios. Nos matan un comunitario y vamos por 10 sicarios… Los niños y niñas que hoy somos sobrevivientes de los ataques sanguinarios seguimos en la lucha, porque sabemos que van a regresar y van a atacar a nuestra policía, –dijo un niño de unos ocho años frente a las cámaras en el video que compartió la misma Policía Comunitaria.

En ese momento, Rincón de Chautla, junto a otras 16 comunidades nahuas que pertenecían CRAC- PC-PF, denunciaban que vivían en medio de una pugna desde hace 13 años, que ahora son 15. En esa última etapa, de diciembre de 2018 a la fecha, de acuerdo a recuentos periodísticos, 20 personas fueron asesinadas y 12 desapariciones forzadas.

A la fecha, dice Morales Rojas, ven que la delincuencia pretende vaciar la zona en coordinación con las autoridades, con énfasis en las municipales.

Llamó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a tomar cartas reales sobre el asunto, a atender el llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que emitió a favor de estas comunidades, la mayoría indígenas, medidas cautelares para que la atención de los diferentes fenómenos, sobre todo, el de homicidio, desaparición y desplazamiento forzado interno.

También advirtió que además del sistema de justicia, activaron su Consejo tradicional de gobierno nahua, donde cuentan con la aprobación ciudadana para llevar a cabo estos actos de exigencia de justicia y atención gubernamental.

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