El Congreso local ignora sentir de pueblos originarios y afrodescendientes para reformar Ley 701

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos protestan y reprochan que les arrebataran sus sistemas de justicia comunitaria


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Después de la última reforma a la Ley 701 de Reconocimiento Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que eliminó los sistemas de justicia comunitaria, ya hay jueces que abrieron procesos contra policias comunitarios que continúan bajo el sistema de usos y costumbres denunció el asesor legal de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Vidulfo Rosales Sierra.

La denuncia la hicieron organizaciones sociales durante un mitin en la puerta principal del Congreso local, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Rosales Sierra mencionó en el mitin que ya van dos legislaturas en el Congreso local que sólo utilizaron y engañaron a los pueblos originarios y afromexicanos para reformar la Ley 701 sin que tomaran en cuenta a las comunidades.

«El gran pendiente que tenemos es el que tiene que ver con la seguridad, justicia y reeducación, como lo llama la CRAC o más conocido como jurisdicción indígena que nos da el derecho a detener, juzgar y castigar a quienes cometan delitos en nuestro territorio»

Esto después de que el Congreso local negó reconocer los sistemas de justicia comunitaria a los pueblos originarios de Guerrero después de dos reformas a la Ley 701.

En 2018 el Congreso local aprobó una reforma a la Ley 701 en la que los diputados acotaron los alcances de las policías comunitarias para que no puedan retener y reeducar a las personas detenidas.

La reforma fue aprobada y una vez que se publicó en el Diario de Oficial de Guerrero, la CNDH promovió la acción de inconstitucionalidad 81/2018, porque para crear dicha reforma no fueron consultados los pueblos originarios.

La CRAC propuso al Congreso de Guerrero que convocara a un diálogo para definir las funciones de las policías comunitarias en la que participen los pueblos indígenas y afromexicanos.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tres años después, al comprobarse que los pueblos originarios no fueron consultados para dicha reforma, solicitó al Congreso de Guerrero información sobre cómo realizó la consulta a las comunidades indígenas para reformar la Ley 701 que define los alcances de las policías comunitarias.

El 26 de agosto de 2022 la SCJN, a través de un acuerdo emitido por el entonces ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, determinó que los diputados de Guerrero no brindaron información exhaustiva de los alcances e implicaciones de la ley reformada para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Así, la SCJN se llamó al Congreso local a reponer el proceso de consulta para reforma la Ley 701.

El 5 de junio pasado, la SCJN emitió otra resolución en la que determinó que el Congreso sí realizó una consulta y garantizó las partes de todo el proceso.

Con esta determinación las policías comunitarias adheridas a la CRAC, por ley local, ya no pueden detener ni reeducar a las personas que detengan, pero insistieron hoy que su justicia comunitaria está amparada en tratados internacionales.

Ante tal situación, la CRAC solicitó al diputado Masedonio Mendoza Basurto presente al pleno del Congreso una reforma a la Ley 701 para que los sistemas de justicia comunitaria sean restablecidos.

Durante el mitin, los manifestantes tambien exigieron al Poder Legislativo que reconozca a cinco nuevos municipios que desde hace dos años fueron creados, pero aún no se nombran sus autoridades instituyentes por falta de acuerdo en el pleno.

En otra puerta del Congreso local llegó a protestar la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), liderado por Bruno Plácido Valerio. De esta organización germina un grupo de autodefensas que tiene presencia en algunos puntos de zona Centro y Costa Chica.

Este grupo pidió al gobierno estatal y al Congreso local trabajar en conjunto con las comunidades para planificar proyectos de obra en materia de agua, saneamiento, drenaje y caminos.

Ambos grupos fueron atendidos por una comisión de diputados, quienes les aseguraron que atenderán sus demandas.

Dos grupos armados protagonizan enfrentamiento en presencia de reporteros

El ataque inició justo cuando uno de los coordinadores de la CRAC-PF, Jesús Plácido Galindo, denunciaba ante los reporteros la inacción del gobierno de la morenista Evelyn Salgado y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para detener a los integrantes del grupo criminal de Los Ardillos.


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

La conferencia de prensa que convocó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF) la mañana de este martes en la comunidad de Alcozacán, en Chilapa, se suspendió cuando presuntos integrante de la organización criminal Los Ardillos atacó la población vecina, Tula, a menos de 400 metros de distancia.

Los policías comunitarios respondieron el ataque y se desató un enfrentamiento que duró diez minutos. El grupo de reporteros que asistió a la conferencia tuvo que tirarse al suelo para protegerse.

«Nos tiramos al suelo y nos cubrimos detrás de los troncos de ocote», relató uno de los reporteros.

El ataque inició justo cuando uno de los coordinadores de la CRAC-PF, Jesús Plácido Galindo, denunciaba ante los reporteros la inacción del gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para detener a los integrantes del grupo criminal de Los Ardillos.

«Primero se escuchó un disparo desde un cerro que está a 400 metros de distancia donde estábamos en la conferencia y después los policías comunitarios contestaron generando una balacera», narró el reportero.

En el lugar donde se realizaba la conferencia de prensa es un cerro donde los comunitarios montaron sus trincheras.

Dicho espacio fue recuperado por la Policía Comunitaria después de replegar de este sitio a Los Ardillos.

Uno de los reporteros cuenta que después de que terminó la balacera se bajaron caminando del cerro y llegaron al pueblo donde dejaron su vehículo estacionado.

«Del centro del pueblo al cerro donde los policías comunitarios están atrincherados es una distancia de poco más de un kilómetro y la verdad bajamos con mucho miedo porque no sabíamos que podíamos encontrarnos», relató el periodista.

Durante el trayecto de ida y de regreso hacia la comunidad de Alcozacán y luego a Tula los reporteros observaron sólo una patrulla de la Policía Estatal.

Uno de los periodistas contó que uno de los agentes les dijo que ojalá que si los dos grupos se tiran de cerro a cerro, eso estuviera bien porque sería un entre de frente a frente.

«Nos sentimos más tranquilos cuando salimos de la comunidad de Atzacoaloya y tomamos la carretera federal rumbo a Chilapa», señaló el reportero.

Atzacoaloya, que también pertenece a Chilapa, está a 15 minutos de Tula.

Toda esta zona tiene presencia Los Ardillos.

Antes que se desatara la balacera, Plácido Galindo exigió a las autoridades que detengan a los miembros de esta organización.

Mencionó que en los últimos siete años este grupo criminal desapareció a 19 personas y asesinó a otras 18 de esta región conformada por comunidades de los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera.

Desde el viernes 17 de junio, los comunitarios sostienen enfrentamientos con Los Ardillos.

Según la CRAC, Los Ardillos han utilizado armas de grueso calibre y drones con explosivos para atacar a las comunidades de Tula y Xicotlán.

Según los comunitarios, dos de sus integrantes resultaron heridos de bala en los ataques.

En opinión del director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que es preocupante la violencia que se vive en esta zona indígena.

«Es un conflicto complejo donde están comunidades confrontadas históricamente por conflictos agrarios pero ahora hay una descomposición social porque se habla de grupos de civiles armados y también se habla de un grupo de la delincuencia y eso daña muchísimo a las comunidades que se sienten asediadas que están adheridas al Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata», expresó.

El activista señaló que estas comunidades han estado denunciando casos de desaparición, asesinatos y balaceras y que se sienten amenazados.

 

Te puede interesar: Emilio Barrera continúa tejiendo la tradición del rebozo

Policías comunitarios cercan Congreso en rechazo a consulta indígena

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

5 de abril del 2022

Chilpancingo

 

Policías comunitarios y habitantes de 300 pueblos realizaron una marcha y se instalaron en plantón afuera del Congreso local en rechazo a la que consideran como “amañada” y discriminatoria consulta de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que realizan los diputados para hacerla ley.

Los guardias civiles desarmados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) iniciaron la marcha en el monumento de Nicolás Bravo y arribaron al recinto legislativo donde se desarrolla un mitin.

Vidulfo Rosales Sierra, asesor de la CRAC, dijo que los comisarios y habitantes de las 300 comunidades de la región de Montaña y Costa Chica que participan en la movilización no están enterados de que los diputados estén realizando esta consulta.

Recordó que en el 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la reforma del artículo 14 constitucional y como consecuencia la ley 701 que fue aprobada por el Congreso local a propuesta del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores.

Esta legislación desconocía los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

En el 2021, la SCJN le dio un plazo de 14 meses al Congreso para que apruebe una nueva ley realizando una consulta con los pueblos.

“Será el próximo 14 de este mes de abril cuando a los diputados se les vence el plazo pero nadie de los pueblos sabe en qué consiste esa consulta porque ni siquiera les dicen que va a contener la ley”, dijo Rosales Sierra.

Los más de mil comunitarios, comisarios y habitantes de los pueblos mantienen encerrados a los diputados locales.

Cuando pasaba la marcha, el legislador morenista y presidente de la Junta de Gobierno, Alfredo Sánchez Esquivel se asomó para ver el contingente.

Los manifestantes lo identificaron y de inmediato me gritaron: “traidor”, “traidor”.

 

 

Denuncian desaparición de dos policías comunitarios en Atlixtac

Suman dos desapariciones más en territorio comunitario


Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Óscar Guerrero

26 de enero del 2022

Chilpancingo

 

El Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que dos policías comunitarios que pertenecen a su organización están desaparecidos desde este martes y la última vez que se les vio fue cuando eran detenidos por la Policía Municipal de Atlixtac.

En un comunicado, la organización difundió que el comandante de la Policía Comunitaria de Zacapexco, Pablo Hilario Morales, y el policía comunitario, Samuel Hernández Sánchez, fueron detenidos alrededor de las tres y media de la tarde en la carretera federal Chilapa-Tlapa, cerca de la bodega de la Coca-Cola, en las inmediaciones del acceso a la localidad de Atlixtac.

Atlixtac, es la cabecera del municipio que lleva este mismo nombre.

La CIPOG-EZ reportó que los dos policías comunitarios siguen desaparecidos y exigió a las autoridades su búsqueda y presentación con vida.

Tanto las autoridades de los municipios de Atlixtac y Tlapa han negado que tengan detenidos a los dos desaparecidos.

El Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata responsabilizó a los policías municipales de Atlixtac de lo que le pueda ocurrir a los dos indígenas nahuas.

Según esta organización, los agentes municipales de Atlixtac tienen relación con un grupo un grupo criminal que opera en la región de la Montaña baja de Guerrero.

En otro punto de esta misma zona donde se han denunciado desapariciones y asesinatos, es en los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera.

Durante el mes de diciembre del 2021 y en enero del 2022, fuerzas de seguridad federal y estatal realizaron dos búsquedas de tres policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) que fueron desaparecidos hace más de un mes en esa zona.

Se trata de los guardias civiles Juan José Reyes Ventura, Marcelino Chino Mendoza y Juan Reyes, los dos primeros vecinos de la comunidad de Ayahualtempa y el tercero de Alcozacán, del municipio de Chilapa.

El pasado 16 de enero, Delfina Ramírez Morales, vecina de la localidad de Ayahualtempa, fue privada de su libertad presuntamente por varios policías municipales de José Joaquín de Herrera.

Al siguiente día de su desaparición, el lunes 17 de enero, el cadáver de Delfina fue hallado en un paraje de la comunidad de Temixco, José Joaquín Herrera.

Rocelia Morales Guerrero, madre de Delfina, narró que su hija fue vista en el domingo 16 de enero en el zócalo de Hueycantenango, cabecera del municipio de José Joaquín Herrera, y ahí fue privada de su libertad por un grupo de policías municipales.

Salir de la versión móvil