Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo
Chilpancingo
A los 10 años Antolina Rojas Bernardino vio cómo el Ejército irrumpió en su pueblo, asesinó a cinco personas, entre ellas su padre. 56 años después, Antolina y parientes de las otras víctimas exigen que los restos sean exhumados de la fosa donde después supieron los enterraron, también que les garanticen justicia y un lugar digno para sepultar a sus familiares.
Era la mañana del 20 de diciembre de 1967 en Los Espadines, comunidad serrana de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente de Guerrero, cuando un centenar de elementos del Ejército irrumpió en el pueblo y con violencia entró a las casas y sacó a los hombres. No existía ninguna orden judicial para catear las viviendas.
«No sabemos por qué hicieron eso, los gallos ni siquiera cantaban cuando llegó el Ejército y como locos comenzaron a disparar, yo no estaba muy conciente en ese entonces, no entendía qué pasaba pero sé lo que vi», contó Antolina.
En esa irrupción del Ejército, el padre de Antolina, Bartolo Rojas Nazario, fue víctima de desaparición forzada y supieron, por testimonio de otros pobladores, que fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina cerca de la comunidad junto con otras cuatro personas, entre ellas una menor de 14 años.
56 años después de esos hechos, las familias de los desaparecidos no entienden el actuar del Ejército aquella mañana de 1967.
«Nadie sabía qué pasaba, mi papá era ganadero, tenías vacas y chivos y de eso vivíamos, él no estaba metido en otra cosa y sin embargo fue desaparecido y asesinado», dijo Antolina
En la historia mexicana, el periodo comprendido entre 1960 y 1990 es conocido como guerra sucia, otros autores la denominan como terrorismo de Estado, por el alto nivel de violencia extrajudicial que vivieron miles de personas como parte de una estrategia contrairsugente que pretendía acabar con movimientos sociales de izquierda, tantos pacíficos, como guerrilleros, ya fuera en zonas urbanas o rurales.
Este periodo de 30 años dejó un número desconocido de muertos y desaparecidos en México; las denuncias recibidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) relacionadas con crímenes de Estado asciende a 327 víctimas en todo el país, dato rebasado por las cifras de los colectivos de víctimas y familiares.
Tan sólo la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia, que aglutina a tres organizaciones, tiene un registro de 800 personas desaparecidas en Guerrero en ese periodo.
En Guerrero, la brutalidad de la guerra sucia fue porque el Ejército buscaba por toda la zona serrana a los guerrilleros Lucio Cabañas Barriendo y Genaro Vázquez Rojas, quienes a través de la Partido de los Pobres y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), respectivamente, se levantaron en armas y se opusieron al régimen autoritario de la época.
La mañana del 20 de noviembre de 1967, el Ejército, en un primer momento, desapareció a cinco personas, entre ellas un menor de 14 años, después los asesinaron y les obligaron a cavar la fosa en la que fueron enterrados sus cadáveres.
«Nomás de repente se soltó la balacera y escuchamos cómo decían, ya mataron a Gervasio, ya mataron a Pablito, y por alguna razón todavía mi papá se salvó y pretendía huir vestido de mujer, pero lo agarraron y lo mataron», dijo Antolina.
Antolina a sus 66 años es parte de la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia, desde donde exige justicia y castigo para los asesinos de su padre.
Los Espadines, en 1969 era una comunidad alejada de cualquier otra población, para obtener víveres o requerir de algún servicio las personas viajaban por tres días en animales de carga hasta Ajuchitlán del Progreso.
Después de la irrupción armada del Ejército Los Espadines desapareció, su habitantes por miedo a pasar por lo mismo una segunda vez huyeron del lugar y se instalaron en la comunidad de Cuatro Cruces, en el mismo municipio de Ajuchitlán.
En esta misma irrupción armada en Los Espadines fueron desaparecidos y asesinado Francisco Rojas Durán y su hijo de 14 años, Pablo Rojas Terán, quien estudiaba para ser maestro.
La hija de Francisco y hermana de Pablo, Gloria Rojas Peralta reclama justicia por ambos asesinatos.
Gloria Recuerda cómo llegaron los militares y pidieron a toda la población, que no rebasaba los 200 habitantes, formarse en las afueras del pueblo, ahí, frente a todos, asesinaron a cinco personas y jamás les dieron una explicación o justificación a los familiares por esos asesinatos extrajudiciales.
«Ellos (los militares) nos amenazaron y nos pidieron que cavaramos la fosa para enterrar a nuestro familiar», recuerda Gloria, quien aún se le corta la voz al hablar del tema; para ella sigue vigente y es una herida que no cierra, porque no hay un acceso a la justicia y tanto su hermano y padre «no tienen un lugar dónde descansar en paz o nosotros ir a llorarles».
Al no haber ninguna orden judicial o algún certificado de defunción, estas cinco personas asesinadas están en calidad de desaparecidas desde hace 56 años; debido al testimonio de las personas que cavaron la fosas hay una carpeta de investigación para dar con su paradero.
En esta fosa estarían los restos de Gervasio Bernardino Durán, Bartolo Rojas Nazario, Pablo Rojas Terán, Francisco Rojas Nazario y José Santos González Rojas, todos habitantes de Los Espadines y asesinados la mañana del 20 de diciembre del 2023 por elementos del Ejército, de acuerdo con la denuncia de sus mimos familiares.
La justicia no llega
El 23 de abril del 2023, el Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, la Asociación Representativa Ejidos y Comunidades Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y la Asociación Cívica Nacional Revoluciones (ACNR) anunciaron que derivado de una denuncia por desaparición forzada que interpusieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) autorizaron la exhumación de ocho cadáveres en dos fosas clandestina ubicadas en la Sierra de Ajuchitlan.
La primera exhumación será en Los Espadines, donde esperan hallar los restos de cinco personas y otras tres más en el Cerro de de las Desdichas, en el ejido de Cuatro Arroyos.
Esta carpeta se integró como parte de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Para estas familias, la exhumacion serían un paso más para llegar a la justicia que desde hace 56 años no acceden, pero en los últimos dos meses ya fue retrasada tres veces por la Guardia Nacional.
Es por eso que los tres colectivos antes mencionados, aglutinados en La Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia, exigieron en una conferencia de prensa que dieron al mediodía de hoy, que las autoridades agilicen la exhumación de estas ocho personas.
Desde mayo está programado que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) hiciera la exhumación de estos ocho cadáveres, la cual fue pospuesta en tres ocasiones porque la Guardia Nacional argumentó que no había garantías de seguridad ni lugar dónde dormir durante las labores de búsqueda.
Octaviano Gervacio Serrano, representante legal de la Unión de Colectivos, dijo otros de los pretextos que pusieron las instituciones para no realizar la exhumación de los cadáveres, es que con las lluvias sería más complicado, y que en muchas de las zonas a buscar ahora son terrenos de siembra; quieren que termine la temporada de cosecha, a finales del 2023, para retomar la búsqueda.
«Lo que tememos es que el caso quede en el olvido sin que haya castigo a los responsables», mencionó.
Agregó que la Comisión de la Verdad, tienen en su poder una lista con 300 nombres de militares que participaron en desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales en Guerrero, y que siguen vivos y están en funciones.
Sobre esos nombres, Gervasio Serrano dijo que pedirán su comparecencia ante los tribunales civiles y se les finquen responsabilidades por violaciones graves a los derechos humanos.
Si la exhumacion de estas ocho personas no se concreta con la CNBP y la Guardia Nacional, la Unión de Colectivos espera buscar apoyo en instancias de derechos humanos federales e internacionales.
«Lo único que pedimos es que las fosas donde están los restos de nuestros familiares puedan ser abiertas y podamos dar una sepultura digna a nuestros padres y hermanos», agregó Antolina.
