La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en su informe anual, señalaron como crítica la situación que enfrentan niñas, niños y adolescentes en relación con el delito de trata de personas, pues tan sólo en junio de 2024 se reportaron 3 mil 033 víctimas menores, predominando las niñas y mujeres jóvenes con el 74.7% de los casos.
A pesar de la existencia de medidas legales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General contra la Trata de Personas, para REDIM los números reflejan un incremento preocupante, siendo los estados con más incidencia Quintana Roo, Estado de México, y la Ciudad de México.
Texto: Farah Medina/ZonaDocs
7 agosto del 2024
La trata de personas es un problema significativo en México, el cual afecta de manera desproporcionada a niños, niñas y adolescentes, así lo dio a conocer la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) en informe anual sobre este delito, mismo que presentó en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas que se conmemora cada 30 de julio.
“El promedio mensual de víctimas ha incrementado de 15.3 víctimas por mes entre 2015 y 2018 a 28 víctimas mensuales en el periodo de 2018 a 2024”, denunció la organización. El problema, aseguran, es tan grave que, en el mes de junio de 2024, 3 mil 033 víctimas de este delito tenían entre 0 a 17 años. De éstas, mil 940 fueron mujeres y 656 eran hombres.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (diciembre de 2018 a junio de 2024), el número de menores víctimas de trata alcanzó mil 875 casos (1,421 mujeres y 454 hombres), así lo denunció REDIM, organización que tomó como referencia las cifras que registra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dependencia que documenta las incidencias delictivas del Fuero Común.
Para REDIM fue importante señalar que las mujeres son las más afectadas por el delito de trata de personas en este rango de edad, ya que representan el 74.7% de los casos reportados a nivel nacional de enero de 2015 a junio de 2024. Los niños, niñas y adolescentes representan tres de cada cinco víctimas en los delitos de tráfico y corrupción de menores, y rapto.
Por otro lado, el 82.2% de los hombres son mayormente afectados por el delito de homicidio culposo, el 71.2% por homicidio doloso y el 64% por secuestro, siendo los tres principales delitos que los afectan en el rango de edad de 0 a 17 años.
Aunque México forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde asumió la responsabilidad de implementar medidas para prevenir delitos como el secuestro, la venta y trata de menores de edad, a nivel nacional, bilateral y multilateral, esto no siempre se cumple.
Lo mismo pasa con la aplicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, legislación que señala que este delito incluye: “cualquier acción u omisión intencional destinada a captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar personas con fines de explotación”. No obstante, para REDIM, el Estado mexicano poco hace al respecto.
A nivel nacional, de enero a junio de 2024, los delitos más cometidos contra infantes y adolescentes fueron: rapto, feminicidio, homicidio, lesiones, secuestro, y tráfico de menores, delitos que tienen una mayor incidencia en estados como: Quintana Roo y Estado de México, ambos con 33 casos, y la Ciudad de México con 27. Estas tres entidades concentran más de la mitad de los casos a nivel nacional durante este período.
En el informe anual de REDIM, además, se denuncia que estas cifras arrojan datos que suponen una omisión de la ley, así como de la responsabilidad del estado para evitar la incidencia de este delito, ya que las cifras de México con respecto al mundo arrojan un incremento.
En 2020, por ejemplo, la tasa de víctimas menores de trata en México fue de 0.67 por cada 100 mil menores, superando las tasas de varias regiones, como: África del Norte, Medio Oriente y Asia, esto según el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2022 de la UNODC.
Además, esta tasa fue superior a las de América del Norte y América del Sur, ya que desde 2015, la tasa de víctimas de trata menores en México ha aumentado de 0.55 a 0.98 por cada 100 mil habitantes en 2023, con una tasa de 1.56 entre niñas y adolescentes mujeres, frente a 0.41 entre varones.
Aunque, REDIM reconoce que sí hubo una disminución del 14.4% en el número de víctimas de enero a junio de 2024, en comparación con el mismo período de 2023, el problema sigue siendo grave, esto pese a los esfuerzos legislativos y las medidas de prevención implementadas contra la trata de personas, menores y adolescentes en México.
Versiones de un grupo del crimen organizado habla de un enfrentamiento, pero lo que se aprecia en los videos que hacen circular es una masacre de jóvenes con indumentaria tipo militar
Texto: Marlén Castro
Martes 20 de febrero del 2024
Chilpancingo
Esta mañana por tres videos que circularon sin restricciones por las redes sociales se conoció de un enfrentamiento en la Sierra de Guerrero que habría cobrado la vida de 17 personas. Los rostros de estas víctimas destrozadas por las balas corresponden, la mayoría, a jóvenes que probablemente no tenían aún la mayoría de edad.
Estos hechos habrían ocurrido la tarde de ayer 19 de febrero.
Se trata, de acuerdo con lo que gritan quienes hicieron circular los videos, de un encuentro entre hombres armados de los grupos criminales la Familia Michoacana y Los Tlacos.
Los muertos, en estos videos, serían de la Familia Michoacana, de acuerdo con la narrativa que se muestra. Aunque se dice que fue un enfrentamiento, lo que se aprecia en los videos es la masacre de jóvenes, que tenían puesta indumentaria tipo militar.
Hasta ahora los videos que circulan son la única fuente.
La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió cerca de la una de la tarde un comunicado para informar que la Policía Investigadora Ministerial, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano se trasladan al lugar de los hechos “para investigar y corroborar fehacientemente la veracidad de los videos que circulan en redes sociales”. No especifican el lugar exacto al que se trasladan.
Añade en su comunicado que la Fiscalía Regional Norte informó que la zona es de difícil acceso por lo que una vez que arriben a dicho sitio se ampliará la información entorno al hecho.
Hay una parte en los videos en la que se aprecia los cráneos y los cuerpos destrozados de las víctimas. Salen a cuadro algunos rostros de jovenes, practicamente adolescentes. También algunos de los que se supone abatieron a los de la Familia Michoacana son hombres de rostros de facciones juveniles. También están vestidos tipo militar.
La información periodística que ya circula sobre este hecho indica que la masacre habría ocurrido en la localidad Piedra Concha, municipio de San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente, porque junto con los videos, hicieron llegar detalles del número de muertos. En los videos no es posible contar el número de víctimas, pero las informaciones que circularon indican que son 16 muertos supuestamente de la Familia Michoacana y uno de Los Tlacos.
En uno de los videos, mencionan a El Pescado, le dicen que ahí le mandan de regreso «a sus pendejos».
Se aprecia que las víctimas de esta masacre estaban en un campamento, desde el cual vigilaban resguardados en bardas de piedra. Se aprecia una vegetación compuesta por ocotes, pinos y encinos, que corresponde a los parajes de lo alto de la Sierra Madre del Sur.
En el último de los videos, se aprecia cómo amontonan los cadáveres de todas las víctimas. Todo el tiempo, la misma voz que se escucha en los tres videos increpa a El Pescado. Ese es el apodo de Jhon Hurtado Olascoaga, presunto líder de la Familia Michoacana en la Tierra Caliente de Guerrero.
A los cadáveres amontonados encima de troncos de árbol le echan ramas secas y luego prenden fuego.
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: Óscar Guerrero (Archivo) 2 de marzo del 2023 Chilpancingo
Colectivos de víctimas de la guerra sucia denunciaron que el Congreso de la Unión pretende reformar la Ley General de Víctimas, «con lo que será más difícil acceder a la reparación del daño», mencionó el representante del colectivo Esposas e Hijos de los Desaparecidos de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Benítez.
Con esta reforma, de acuerdo con lo denunciado en conferencia de prensa por tres colectivos de víctimas de la guerra sucia, se pretenden implementar más requisitos a las víctimas para que puedan accedan a un apoyo económico y alimentario que otorga mensualmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
«De por sí es difícil acceder a la categoria de víctimas, pero si esto se llega a aprobar sería más complicado y no solo hablamos no nosotros como víctimas de la guerra sucia, están los de desaparecidos actuales y periodistas asesinados», mencionó Gervasio Benítez.
Durante la conferencia, que se realizó de manera virtual, también estuvo presente Catarino Hernández Navarro, hijo del guerrillero Carmelo Cortés Castro, asesinado en 1975 por elementos de seguridad del Estado en situaciones poco claras hasta la fecha.
Hernández Navarro llamó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a cumplir su promesa de campaña de atender el tema de la justicia, la verdad, la reparación del daño y la no repetición de los hechos a las víctimas directas e indirectas de la guerra sucia.
«Nuestros padres y ancestros no hicieron más que aportar a qué en este país existiera un régimen democrático, fueron más de izquierda que muchos que los que hoy ostentan el poder y lo único que pedimos en justicia, algo que en 70 años nadie nos ha cumplido», mencionó Hernández Navarro.
Esto porque en 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación el Estado mexicano, sobre el caso de Carmelo Cortés Castro.
En dicha recomendación se pedía resarcir el daño que el Estado causo a la familia de Carmelo Cortés por su asesinato, además de investigar quienes fueron los perpetradores.
A cuatro años de dicha recomendación, la familia de Carmelo Cortés no tienen nada de eso.
Carmelo estuvo en un principio en las filas del grupo guerrillero Partido de los Pobres (Pdlp) que encabezaba el profesor Lucio Cabañas Barrientos y posteriormente fundió la organización Fuerzas Armadas Revoluconarias (FAR) la cual se dedicó a realizar acciones subversivas en las ciudades como en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
En la conferencia que se llevó a cabo este domingo, también estuvieron presentes integrantes del Colectivo de esposas e hijos de desaparecidos y desplazados de la guerra sucia del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. A.C; la Asociación representativa de Ejidos y Comunidades y víctimas de violaciones de derechos humanos y grupos vulnerables A.C y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR).
Dichas asociaciones pidieron ser atendidos por el presidente López Obrador, para explicarle la situación de la Ley General de Víctimas y pedirle se cree una fiscalía especial para las víctimas de la guerra sucia.
Esto porque dijeron que el trabajo que realiza la Comisión de Acceso a la Verdad y Justicia por Violaciones a Derechos Humanos Cometidas entre 1965 y 1990 (Comverdad) no es significativo si los perpetradores no son llevados ante la justicia.
«Si no hay justicia la Comisión de la verdad solo pasará a la historia como una simulación, nosotros queremos justicia y reparación del daño, como lo prometió el presidente, pero ya solo le queda un año y no vemos que eso vaya a suceder», mencionó Gervasio Benítez.
¿Cómo reparas una familia rota, destruida? ¿Cómo reparas una vida? ¿Cómo reparas un proyecto de vida truncado?, ¿Cómo la destrucción del tejido social? En el juicio de García Luna faltaron las voces de las víctimas.
Texto: Isabel Briseño y Daniela Pastrana / Pie de Página
Fotos: Isabel Briseño
21 de marzo del 2023
CIUDAD DE MÉXICO.- Era el 24 de junio de 2011. En el Alcázar del Castillo de Chapultepec ocurría una inédita reunión entre el entonces presidente, Felipe Calderón, y víctimas de su estrategia de seguridad (él la llamó guerra contra el narco) agrupadas en torno al Movimiento por la Paz.
“Nunca se me olvida”, dice Araceli Rodríguez Nava, casi 13 años después de ese encuentro.
“Estaba sentada frente a (Genaro) García Luna. Él jugaba en su mano una pluma azul, estaba nervioso. Le reclamé frente a quien fue su jefe, que luego de un año y 6 meses, no había querido recibir a las familias de los seis policías y el civil desaparecido en Michoacán”.
El diálogo entre Calderón y las víctimas era transmitido por la televisión. El presidente respondió que la atenderían y días después, Araceli recibió la cita que tantas veces había solicitado con el hombre que durante una década tuvo a su cargo la Secretaría de Seguridad del gobierno federal.
La respuesta del poderoso funcionario, sin embargo, la dejó petrificada. Así recuerda el episodio:
— Echado para atrás, con el codo recargado en el respaldo de la silla y frente a los demás familiares, García Luna me dijo: “Yo te digo a ti, Araceli, que ya dejes de estar buscando culpables donde no los hay. Fíjate que es bien bonito reflexionar sobre la muerte. Deberías de ponerte a analizar, pasar una película de tu vida desde que tenías uso de razón. Reflexiona y piensa 10 minutos, cómo te gustaría morir”.
Araceli, quien llevaba casi dos años tocando todas las puertas de la dependencia para reclamar respuestas sobre la desaparición de su hijo Luis Ángel, no iba a mostrar el miedo que sintió con la amenaza.
—Ni un segundo ingeniero —le respondió la mujer al poderoso funcionario —. Ni un segundo pienso en cómo quiero morir, porque antes de morirme, voy a encontrar a mi hijo, a sus compañeros y verlo a usted tras las rejas.
— ¿Qué le dirías ahora? — le preguntamos a finales de febrero, dos días después de que el exsecretario de seguridad fue declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada en una Corte de Nueva York
—Eres un criminal, asesino. Estás pagando por delincuencia organizada y tráfico de drogas, pero ¿cuándo vas a pagar por las vidas de tus policías federales?
Un juicio sin víctimas
Araceli es mamá de Luis Ángel León Rodríguez, un policía federal desaparecido el 16 de noviembre de 2009 junto con otros seis policías y un civil (Sergio Santoyo, amigo de Luis Ángel y quien manejó la camioneta particular en la que iban) que fueron enviados de comisión a Ciudad Hidalgo, Michoacán, sin los medios necesarios de seguridad para ir a su destino. En el traslado hacia su comisión fueron emboscados en Zitácuaro Michoacán, en la caseta Lengua de Vaca. Por investigación se sabe que se los llevaron integrantes de la Familia Michoacana.
Durante 13 años, Araceli ha repetido su historia, en una incansable búsqueda de justicia (lo que sea que llene esa palabra) para Luis Ángel. La mujer ha ido rompiendo todas las barreras puestas por la propia Secretaría de Seguridad, que no solo se negó a reconocer la desaparición de sus elementos, sino que los reportó como faltantes al trabajo.
El caso ha sido aceptado por Naciones Unidas y Araceli espera que con eso se siente un precedente para que el Estado se responsabilice por sus trabajadores. En cuanto a los servidores públicos involucrados (los jefes de Luis Ángel) tuvo que ampararse, con el apoyo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y un juez ordenó a la Fiscalía General de la República que los investigue. Peo eso va lento. Hace un año y medio que se abrió el expediente, y la Ministerio Público no ha hecho nada, dice Araceli.
¿Dónde está Luis Ángel? ¿Dónde están sus compañeros? ¿Dónde están los más de 100 mil desaparecidos?
“Muchos de ellos los debe Genaro García Luna”, dice Araceli.
Y sin embargo, en el juicio que se le ha hecho en Estados Unidos al exsecretario de seguridad federal no han hablado esas personas a las que les quebró la vida.
“Las víctimas somos las grandes ausentes de ese juicio”, insiste.
La cadena de mando
Araceli está convencida de que se tiene que investigar toda la cadena de mando, desde Genaro García Luna, quien personalmente presentó al oficial encargado de la comisión (Juan Carlos Ruíz), el excomisionado de seguridad, Facundo Rosas Rosas y a su secretaria Reyna Virruel.
—Ella bajaba la información. ¿A ella quién le dio la instrucción de que se fueran los policías a la comisión? ¿Quién solicitó la presencia de los policías en Ciudad Hidalgo Michoacán?—, pregunta Araceli.
Luego sigue con la lista: el exdirector de la policía, Luis Cárdenas Palomino —actualmente preso por tortura—; Sergio Licona (quien falleció en un accidente); Rafael Avilés, excoordinador de fuerzas federales que ordenó a los policías que se fueran por sus propios medios; su particular, Alejandro Santizo, quien presionó a las familias para que aceptaran la desaparición de los muchachos y que años después fue vinculado a la delincuencia organizada; Pedro Tello Gómez, presidente municipal de Ciudad Hidalgo, quien no dio aviso de que no llegaron; Roberto Cruz Aguilar, director de normatividad del área jurídica de la Policía Federal y quien, el 19 de diciembre de 2009, cuando aparecieron 8 cuerpos calcinados en San Juan del Río, Querétaro, envió una carroza de muerto a los familiares de los policías desaparecidos; el comandante Raymundo Agustín Hernández Guzmán, quien los amenazó de muerte y les dijo que no iban a llegar a su destino.
De cada una de esas personas que, dentro de la Policía Federal, debieron tener información sobre lo ocurrido con su hijo, Araceli tiene un archivo en la memoria. A lo largo de las horas va desempolvando imágenes de la memoria para narrarnos, por enésima ocasión, cómo fue que la institución dirigida por Genaro García Luna no sólo incurrió en omisiones graves en la desaparición de Luis Ángel y sus compañeros, sino que hubo una participación activa de los responsables, antes y después de la desaparición. Por eso el caso fue aceptado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Tu madre ni el seguro va a cobrar”
El sábado 14 de noviembre de 2009, Luis Ángel le dijo a su madre que iría a recoger el oficio de una comisión. Ella pidió permiso para salir temprano del trabajo y comer con él. Luis Ángel llegó como a las 4 de la tarde; su madre lo notó triste.
—¿Qué pasó, hijo?— preguntó Araceli.
—No sé, me siento raro. Es que, mamá, yo traía mi oficio de la comisión, ya me lo habían dado, fui con mi jefe Raymundo (Agustín Hernández) y le dije: ‘Ya está jefe, me voy el lunes a la comisión con el jefe Juan Carlos’; el jefe Raymundo se volteó y me dijo: ´estás pendejo´. Me quiso arrebatar mi oficio de comisión y le dije: ‘¿qué pasó jefe? Yo le estoy tramitando a mi mamá su casa, ya me dieron las llaves y necesito más dinero para amueblarla, no veo porque se enoja’. Entonces, Raymundo le respondió: ‘bueno, pues yo nomás te advierto una cosa, de mi cuenta corre que no llegas a tu destino y tu madre ni el seguro va a poder cobrar’.
—Eso era una amenaza… ¿qué le dijiste?
—No se me olvida, porque estaba cocinando sopa de fideo. Apagué la estufa y me fui a sacar la copia de su oficio. Eso fue importante porque luego intentaron decir que ellos se habían ido desacatando órdenes y sin los oficios correspondientes, pero no fue así. Y él estuvo así triste, raro, como ausente, pensativo. Luego se fue.
—¿No sospechaste nada? Ara, ¿nunca te contó de las cosas que le mandaban hacer? — preguntamos, con la confianza de haber tenido una conversación de 12 años, sobre la desaparición de su hijo.
—Algo que nunca les he contado es que una vez llegó enojado porque lo habían mandado a cuidar a alguien y era gente del Chapo Guzmán. Hasta ahora que ha salido todo eso en el juicio (la protección del gobierno de Felipe Calderón al cartel de Sinaloa) entiendo más cosas. Pero yo se quién era mi hijo, qué pensaba y cuáles eran sus valores. Sé que no era una persona que hiciera daño. Creía en la institución, pero la institución a la que pertenecía y en la que creyó Luis Ángel fue la misma que le fincó cargos por abandono de trabajo.
Preguntas sin respuestas
Araceli recuerda la llamada telefónica de Roberto Cruz Aguilar González, en los días siguientes de la desaparición de Luis Ángel, cuando le dijo que le estaban levantando una denuncia por abandono de trabajo. Ella colgó el teléfono. En una segunda llamada, el jefe policiaco aceptó que su hijo estaba desaparecido. Las familias ya forzaron a las autoridades a ir a Michoacán a presentar la denuncia.
—El 23 de noviembre nos subieron a las familias en un camión turístico blanco. Sólo iba el abogado Roberto Cruz y Julián Álvarez, no sé si era representante legal o qué. Roberto Cruz iba muy tenso, nervioso. Nos pidió que si llevábamos documentos que dijeran que éramos familiares de policías federales los escondiéramos muy bien para no ponernos en peligro, según ellos, pero nos habían dado unos lunch que decían con letras grandes: “servir y proteger a la ciudadanía, policía federal”. Entonces les dije: “¿Y este plástico no lo tragamos o qué?, dejen de estarnos exponiendo, nadie nos va cuidando.
Luego, Cruz canceló la misión. Fue hasta el día siguiente, 24 de noviembre que Araceli y los demás familiares pudieron presentar la denuncia. Habían pasado siete días de la desaparición de los agentes. Para sorpresa de las familias, los representantes de la Policía Federal declararon que los policías se habían ido desacatando órdenes con armas indistintas. ¿Cómo sabían ellos qué armas llevaban? Es parte de las dudas que nunca se han aclarado.
—No teníamos nada—, recuerda ahora Araceli.
En la madrugada del 7 de diciembre, ella recibió una llamada en su casa de una persona desconocida que le dijo que le quería ayudar. “A Luis lo tiene la familia michoacana secuestrado entre los límites de Morelia y Michoacán (sic)”, dijo el desconocido. También le aseguró que uno de los líderes de la banda era un tal cepillo y que manejaba una camioneta blindada color oro. Luego colgó. En los carteles de búsqueda no aparecía el teléfono particular. ¿Cómo consiguió ese informante el teléfono? Nadie, en 13 años, lo ha podido investigar.
Las familias fueron al centro de mando, donde les dijeron que había aparecido un sobre cerrado.
Araceli no sabía lo que tendría que enfrentar: ese sobre contenía las fotografías de los policías federales, sus credenciales del INE, de policías, licencias de conducir, algunas tarjetas departamentales y seis fotos —la única foto que no estaba era la de Juan Carlos Ruíz—. “No las van a querer ver, son fotos que duelen, pero quien sí sabemos que las va a querer ver es doña Araceli porque ella es muy aguerrida, dénselas para que las vea”, ordenó Rafael Avilés.
Araceli abrió el sobre y la primera foto que miró, fue la de su hijo Luis Ángel seguida por la de su amigo Sergio Santoyo. El impacto de verlos con el miedo desbordado en los ojos y la ropa jalada le cortó la respiración.
Dentro del sobre también había un mensaje, aparentemente firmado por el cártel de los zetas, que decía que los buscaran en la laguna de Tlajomulco.
Después, las familias fueron atendidas por Cárdenas Palomino, Sergio Licona y Maribel Arzate. Ahí, Cárdenas Palomino les dijo: “Sabemos por lo que están pasando, pero créanme, ya estamos buscando a sus familiares desde el momento en que recibimos la alerta, el 13 de noviembre del 2009”. Araceli lo interrumpió y le dijo que en esa fecha, ellos todavía no desaparecían. “Perdón, esos son otros”, respondió el funcionario.
La verdad sin maquillajes
Sin respuestas y con resultados fabricados, Araceli y las familias decidieron tomar el 20 de diciembre el centro de mando de la Policía Federal. Ahí se quedaron durante 3 meses.
El 13 de febrero del 2010, los familiares fueron citados a una reunión en la que participaron Rafael Avilés, Alejandro Santizo, Roberto Cruz Aguilar, Arturo Cortés (perito de policía Federal), Sergio Licona, entre otros.
Sin más preámbulo, Sergio Licona declaró lo siguiente:
“La verdad sin maquillaje llegó, Araceli. Detuvimos a cuatro líderes de la familia michoacana y ellos declaran que sí tuvieron participación en la desaparición de los compañeros. Confesaron que se los llevaron hacía el cerro la Coyota, que allí los tuvieron entrevistándolos un rato, los hincaron, y como tu hijo pidió clemencia para que no mataran a su amigo y lo dejarán ir; se enoja el líder, conocido como Don Pig y es él quién le da un balazo a tu hijo en la frente con su propia arma. La sangre le salía como chorro de agua por una manguera, pero no sufrió, murió instantáneamente. Balearon a todos, los mataron y después mandan a traer 20 llantas, sosa, ácidos y madera para quemarlos. Refieren que hacen un hoyo como de diámetro. Todas las investigaciones apuntan a que fueron ellos, la delincuencia organizada, les dijo Sergio Licona. ¡Ah! y además los mataron, por no haber pagado 30 pesos en la caseta, porque se presentaron como policías federales para no pagar la caseta¡Por 30 los mataron!”
Araceli recuerda de memoria cada palabra. Las familias lloraban, pero ella intentaba aguantar. “No les des el gusto a estos cabrones de verte llorar”, se repetía.
Las autoridades pretendían que los familiares declararan muertos a los agentes e iniciar un proceso de indemnización. Incluso, les dijeron que Facundo Rosas les pagaría 6 mil 20 pesos supuestamente de su bolsa, para los gastos que ya habían generado. Pero ellos se negaron. Propusieron recibir el dinero de gastos, pero reclamaron que las autoridades firmaran un papel por concepto de salarios caídos de sus hijos. Los funcionarios se negaron.
Araceli advirtió, además, que había algo extraño en la foto que les mostraron de Sergio Santoyo en la reunión del 7 de diciembre: él iba rapado cuando se fue con los muchachos, y en esa foto se le ve poquito cabello. ¿Cómo dicen que los matan el mismo día y en la foto se ve a Sergio con cabello? El perito respondió que “cuando las personas tienen emociones fuertes, el cabello sale”.
Las familias y Araceli levantaron sus cosas de las carpas y se fueron del centro de mando ese 13 de febrero de 2010. Pero antes de terminar la reunión, Araceli les advirtió: “Aquí no termina todo hoy, no vamos a declarar a nuestros hijos muertos. La pesadilla, oíganlo bien, no la tengo yo, la tienen ustedes conmigo mientras que yo viva porque hoy inicia todo”.
Luego salió a respirar. Caminó por las instalaciones y cuando sus pies ya no la sostenían, se hincó en el piso y llorando le reclamó a dios: “¿Por qué te vendaste los ojos para no ver lo que le hicieron a mi hijo?”. Luego hizo una promesa:
“Luis Ángel, si esto, que dicen que te hicieron es verdad, te prometo hijo, que voy hacer retumbar tú nombre en todo el mundo”.
Trece años después, frente a un café que ya hace rato se ha enfriado, Araceli resume ese momento.
—Mis oídos habían escuchado lo más cruel de mi vida
Engaños de todos
Las familias, sin conocimientos, hicieron todo lo que estaba en sus manos para encontrarlos. Metieron escritos y un sinfín de denuncias, ya no sabían qué más hacer. Denunciaron en todos lados, en la Procuraduría General de la República, en el Órgano Interno de Control de la Policía Federal; en la Comisión Nacional de Derechos Humanos; en asuntos internos de la Policía Federal; en la Función Pública.
A mediados de diciembre Araceli recibió en su casa un par de amenazas escritas aparentemente por los zetas.
—Una decía que le parara a mi pedo porque me iban a cortar la lengua— cuenta.
En abril de 2010 fue detenido en la Ciudad de México Hilario Morales El Gato, quien había participado directamente en la muerte de los federales (incluso, se presume que fue quien dio la orden de que los asesinaran).
Fue detenido por otro caso, pero Araceli lo vio en la televisión y de inmediato fue a la Subprocuraduría Especializada para conocer delitos de la Delincuencia Organizada (Seido). Pidió que atrajeran la averiguación de Toluca. Pero el ministerio de la agencia 30 metropolitana, se declaró incompetente.
En mayo de 2010, pidieron a la entonces subprocuradora Marisela Morales atraer el expediente. Araceli también pidió ayuda a Isabel Miranda Wallace, pero ella respondió que no se dedicaba a hacer investigaciones y que para eso estaban las autoridades, que buscara información con los amigos de su hijo.
Quitarse el odio
Después de los Diálogos por la Paz en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, detuvieron a unas personas vinculadas con el caso y Araceli pidió hablar con los detenidos.
—Uno de ellos me dice que ya tenga paz, que no tenga fe en mi corazón, porque sí los habían ejecutado, que él no había estado, pero que sí sabía que los habían ejecutado.
Fue algo muy cruel, recuerda Araceli:
—Él llora y me platica que vendía hamburguesas y que su mamá tenía cáncer por lo que pidió un dinero que ya no pudo pagar, por eso es que lo meten dentro de la misma banda criminal. Me entrevisto con él y me pide perdón. Yo ni siquiera lo insulto ni nada, al contrario. Me quedé analizando y ahí descubrí la diferencia entre el ser y el hacer. Él es un ser humano, pero lo que hizo, se paga con cárcel. Así que le dije: ‘Mientras que yo viva, voy a luchar para que tú no salgas de la cárcel’.
El hombre cumple una condena de 409 años en prisión. Pero entrevistarse con él, cuenta Araceli, le ayudó quitarse el odio del corazón con el que vivía.
—Nunca te recuperas y tienes que hacerte la loca para no morir porque las familias vivimos con miedo—, dice.
Se tiene que investigar en México
—¿Qué pensaste cuando escuchaste: García Luna, culpable, Ara?
—No pensé nada de pronto, me quedé como suspendida en el tiempo, se me vino a la mente su cara, la pluma azul que movía al amenazarme, su forma de sentarse prepotente al hablarme de la muerte. Me senté en el sillón, me puse a reflexionar como él me lo pidió hace años y lo primero que se me vino a la mente fue: en tu conciencia la vida de siete policías y un civil, eres un criminal García Luna. Me dio felicidad, también le dije: ‘con nada vas a pagar lo que a nosotros nos hiciste, lo que le hiciste a esas personas que solo iban a trabajar’. Los hijos de Sergio quedaron en la orfandad, su hija ya es licenciada en Derecho. Frente al televisor le dije: tú criminal, hiciste dos abogadas, la hija de Sergio y a mí. Si sales de la cárcel tu conciencia no te va a dejar vivir. Son reacciones que no tienes como contenerlas y emociones muy encontradas de dolor de frustración, pero también de felicidad porque si bien es cierto, espero y deseo seguir una investigación hacia él por nuestro caso, lo voy a luchar y lo voy a pelear con la Fiscalía General de la República que vayan mínimo a preguntarle ¿quién dio la instrucción? ¿qué pasó con esto? Diario le pido a Dios que no le permita salir a hacer más daño del que ya nos hizo a nosotros, que no se lo permitan, que ni siquiera como testigo, ni siquiera como eso porque es un criminal y va a seguir haciendo daño a la sociedad. También le pido mucho a Dios que a través de esta cadena de investigaciones, la de nosotros también se lleve a cabo, nunca es tarde para una investigación y si las autoridades mexicanas de verdad quieren trabajar lo van a hacer y sí, se debe investigar a los servidores públicos que están involucrados con él.
—¿Crees que se necesitaría un macrojuicio, como los que ha habido en Colombia o Argentina?
—Sí, totalmente. Que se sepa todo el daño que hicieron.
—¿Lo veías venir? ¿Pensaste en algún momento antes que iba a salir culpable en este juicio con lo que estaba pasando, o no?
—Yo sí. Cuando veía su rostro en la tele, en las revistas, en el periódico, siempre muy prepotente el hombre, yo me emparejaba y me paraba frente a él, aunque fueran fotos y en la tele con mi mirada centrada en él, me concentraba y le decía: eres culpable, eres culpable y vas a pagar. Eres culpable y te van a declarar culpable. Mi hija me decía: mamá, es que cuando le ves su cara, tu cara se transforma. Desde lo más profundo de mi ser, pedía que lo declararan culpable.
—¿Qué piensas de Felipe Calderon y su respuesta en un comunicado donde dijo que la sentencia de Genaro Luna, su excolaborador, estaba siendo usada para golpearlo políticamente?
—A mí Margarita Zavala me trató bien. No puedo hablar mal de ella. Pero imagínate como un sólo hombre se sintió dueño de un país, de miles de vidas de víctimas. Se siente mucha impotencia, mucha frustración por todas las infancias que arruinó y por quienes quedaron en orfandad.
—¿Qué sensación te deja que no esté enjuiciado por temas de las víctimas de desaparición?
—Frustración, mucha frustración, pero leí una nota que se la estuve mandando a las familias y dice que van a empezar a ser investigados funcionarios cercanos a Genaro García Luna. Eso me dio la esperanza de irle a exigir a la Fiscalía que tiene una carpeta de investigación por nuestro caso para investigar a los servidores públicos y para que comparezca García Luna en Estados Unidos por nuestro caso y lo voy a lograr, cuándo no sé pero voy a lograrlo. Las familias y yo, estamos con la certeza sin temor a equivocarnos de que en sí, donde está el meollo del asunto en este tema, es entre el comandante inmediato de Luis Ángel y el maestro Roberto Cruz Aguilar, entre ellos dos.
Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.