Integrantes del Comité de agraviados por la guerra sucia de El Quemado, municipio de Atoyac, bloquearon alrededor de tres horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, para exigir a la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) cumpla con la reparación del daño que les prometieron desde 2019.
Los manifestantes bloquearon la circulación en los dos carriles de la carretera federal, a la altura del poblado de Cuatro Milpas, ahí exigieron al gobierno estatal y específicamente a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, ser la intermediaria entre la CEAV y ellos para tener acceso a la reparación del daño que les prometieron.
De acuerdo con un pronunciamiento que publicó el Comité, una noche antes del bloqueo, desde el 2019 se firmó una minuta de acuerdo con la CEAV y el gobierno estatal para comenzar la reparación del daño a 70 personas, entre víctimas y familiares de activistas torturados y desaparecidos durante la guerra sucia en el poblado de El Quemado.
“A tres años de firmarse la minuta las víctimas solo hemos recibido algunos apoyos, pero sin considerar los parámetros internacionales de reparación del daño”, se lee en su pronunciamiento.
En febrero del 2019, la CEAV, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el entonces gobernador priista, Héctor Astudillo Flores, anunciaron un programa piloto que comenzaría en El Quemado para garantizar la reparación del daño a las víctimas y familiares de la guerra sucia.
Dicho programa no se implementó y por eso los familiares de las víctimas decidieron bloquear la carretera la mañana de este miércoles.
Los manifestantes denunciaron que la actual administración federal ha incumplido con las familias afectadas, pues de acuerdo con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), se tendría que hacer un pago a las familias que sufrieron tortura y desapariciones forzadadas.
“Somos respetuosos de nuestro presidente de la República, pero consideramos que muchos funcionarios no están cumpliendo con la cuarta transformación, solo nos dan atole con el dedo”, mencionaron los manifestantes.
Desde las 08:40 de la mañana unas cien personas y miembros de organizaciones sociales, bloquearon ambos carriles de la vía federal de manera parcial.
Después de horas de bloqueo, los manifestantes dialogaron con el delegado regional de la Costa Grande del gobierno federal, Juan Méndez Noriega, quien les prometió una mesa de trabajo en El Quemado donde estarán representantes del CEAV, de la CNDH y del gobierno estatal para dar solución a sus peticiones.
Colectivos de víctimas de familiares de personas desaparecidas durante la década de los setentas pidieron al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, se retracte de su propuesta, que tiene la venia presidencial, de colocar en letras de oro a los militares abatidos en combate durante el periodo conocido como guerra sucia.
En conferencia de prensa, este martes los representantes de los colectivos hicieron un pronunciamiento dirigido a Sandoval González para, entre otras cosas, desista y pida disculpas por lo dicho el pasado 22 de junio durante el inicio de actividades conjuntas entre la Comisión de la Verdad (Comverdad), y el Ejército para abrir sus cuarteles y archivos.
Sandoval González dijo en esa ocasión que los militares caídos en aquella etapa serán homenajeados.
“Es un agravio y una ofensa para las victimas enaltecer a los perpetradores como si fueran héroes nacionales”, mencionó Octaviano Gervasio Benítez, representante del Colectivo de grupos de desaparecidos de la guerra sucia.
“Por eso pedimos al secretario se retracte de su propuesta de enaltecer a los perpetradores”.
Además de la petición de que el secretario se retracte, los colectivos piden al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al subsecretario de Gobernación y presidente de la Comverdad, Alejandro Encinas Rodríguez, una serie de peticiones que garantice a las víctimas y familiares un acceso pleno a la justicia.
Los colectivos pidieron que a los trabajos de la Comverdad se sume la Secretaría de Marina (Semar), para que explique el tema de los vuelos de la muerte, donde supuestamente a través de aviones tiraron en el mar a activistas desaparecidos desde entonces.
También pidieron incluir a la Fiscalía General de la República (FGR), para comenzar a judicializar los casos y después la creación de una Fiscalía Especial para los casos sucedidos durante la guerra sucia y poder enjuiciar a los perpetradores y que las entrevistas a los perpetradores sean realizadas por ministerios públicos y no por historiadores.
“Hasta que cada perpetrador sea presentado a la justicia vamos a estar en paz, ya basta de actos protocolarios que fomentan la impunidad“, mencionó Gervasio Benítez quien comentó que su padre fue desaparecido por el Ejército durante la guerra sucia en Atoyac.
Los colectivos también denunciaron el enfoque que la Comverdad a las investigaciones y anunciaron que ellos no quieren un informe o un libro, como pretenden, lo que piden es castigo a los culpables.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH), las victimas directas durante la guerra sucia ascienden a 542 personas, pero los colectivos dijeron que a través de sus propias indagatorias ellos contabilizan alrededor de 1,200.
A tres años del gobierno de López Obrador, los colectivos piden justicia y concluyeron que la ola de violencia y desapariciones que generan los grupos del crimen organizado se debe a que sucesos como la guerra sucia continúan impunes.
En un pronunciamiento por escrito Ventura Reyes expresó que las víctimas y familiares de personas desaparecidas durante la guerra sucia lo que necesitan es reconciliación, reivindicación y justicia.
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero (Archivo)
30 de junio de 2022
Chilpancingo
El activista Ventura Reyes Urióstegui denunció la intención del gobierno federal de indemnizar a las víctimas y familiares de la guerra sucia.
Calificó esa acción como algo mínimo y dijo que se necesita justicia y que el Estado diga dónde están los desaparecidos.
Por parte de la Comisión de Atención a Victimas de la Violencia (CEAV), y de la Comisión de la Verdad, hay un programa que se puso en marcha el pasado 11 de febrero, en Guerrero, para indemnizar a familiares y victimas de la guerra sucia.
En un pronunciamiento por escrito Ventura Reyes expresó que las víctimas y familiares de personas desaparecidas durante la guerra sucia lo que necesitan es reconciliación, reivindicación y justicia.
Explicó que para lograrlo se requiere considerar los ideales y causas que motivaron a los movimientos guerrilleros y, “en un proceso de reconciliación tenemos que poner por delante las razones por las que luchamos y la disposición del régimen para crear las condiciones y hacer realidad esos ideales”, explicó.
Se conoce como guerra sucia a un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver a los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano.
Ventura Reyes consideró que además de la justicia y la presentación con vida de los desaparecidos se necesitan crear las condiciones para lograr los objetivos que el movimiento guerrillero abanderó.
Sobre la propuesta presidencial de abrir los cuarteles para revisar los archivos del Ejercito, Ventura Reyes consideró que es una pérdida de tiempo para las víctimas, porque el Estado sabe dónde están.
“Fueron los cuerpos de seguridad quienes se los llevaron (a los desaparecidos), por órdenes del gobierno en turno. Querer meter a las víctimas a hurgar en los archivos del Ejercito es un engaño más, porque así no van a encontrar la verdad”.
Respecto a su propuesta de reconciliación Ventura Reyes apuntó que se necesita entablar un diálogo y llegar a acuerdos con todas las partes, el gobierno, el Ejercito e integrantes de los movimientos guerrilleros para deslindar responsabilidades de quienes tomaron las decisiones y las estrategias de guerra.
De acuerdo con Ventura Reyes se necesita deslindar responsabilidades y castigar a los culpables para que haya justicia y las instituciones se fortalezcan con instrumentos de justicia, política y economía más justas.
Agregó que de parte de las víctimas y familiares hace falta más organización para hacer una exigencia de justica más amplia, consensuada e incluyente.
“Lo cierto es que no se ha hecho un esfuerzo por definir y fijar posicionamientos consensuados, frente a las diferentes aristas del tema”, mencionó.
Respecto a la propuesta del presidente de homenajear a los militares fallecidos Ventura Reyes dijo que no se puede tomar partido a favor de los perpetradores.
“El Ejército y el presidente están en su derecho de reconocer a los militares y agentes caídos, pero al hacerlo, se asumen como parte beligerante. De manera institucional deben estar del lado de la ley y de la justicia, al calificar los acontecimientos en cuestión”.
Exigieron también que se diga la verdad sobre el papel del Ejército en la Guerra Sucia. Consideran que siguen siendo intocables y no hay voluntad política para abrir los cuarteles y ser investigados
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Amílcar Juárez
12 de marzo de 2022
Chilpancingo
Familiares y víctimas de desaparición forzada de los años 70´s se reunieron con integrantes de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990.
Exigieron a las autoridades justicia para las víctimas, el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el periodo denominado Guerra Sucia, así como la presentación con vida de sus familiares.
En el encuentro, que se realizó en el Auditorio Sentimientos de la Nación, las víctimas expusieron sus casos particulares y sus expectativas sobre la Comisión.
Entre los asistentes estuvieron hijas, hijos, hermanas y esposas de personas desparecidas y torturadas, también algunos sobrevivientes de tortura y encarcelamiento.
Las víctimas contaron sus experiencias en la búsqueda de justicia y realizaron exigencias a las autoridades.
Nicolás Catarino Vásquez contó a la Comisión que él fue desaparecido, torturado y posteriormente encarcelado por el Ejército Mexicano en 1970, tenía 18 años y estudiaba la preparatoria. A 50 años de esos hechos pidió tener acceso a una reparación del daño.
«Yo no me refiero a una reparación económica, me gustaría una reparación psicológica y saber que mis torturadores sean alcanzados por la justicia», comentó.
Trinidad Cuevas, quien militó en las Fuerzas Armadas del Pueblo, lo que le costó la persecución del Ejército, contó que es desplazada de Jalisco. En la Guerra Sucia, los dos hijos de Trinidad fueron desaparecidos. No sabe nada hasta la fecha, exigió su presentación con vida.
Leticia Gutiérrez, hija de Lauro Gutiérrez Santana, arrestado por el Ejército en Atoyac de Álvarez por ser presunto militante del Partido de Los Pobres, dirigido por Lucio Cabañas, también acudió a la reunión.
Fuentes cercanas a la familia les informaron que Gutiérrez Santana estaba arrestado en al Campo Militar número 1, donde posteriormente fue ejecutado.
Las víctimas denunciaron algunos problemas a los que se enfrentan en la búsqueda de justicia, como la falta de protocolos en los servicios médicos forenses, lo que calificaron como una “crisis forense”. No les permiten un reconocimiento eficiente de los cadáveres, lo que dificulta el reconocimiento a los familiares.
Pidieron también tener acceso a una reparación del daño que no sólo sea económica, si no también psicológica, justicia para las víctimas y un castigo a los perpetradores.
Exigieron también que se diga la verdad sobre el papel del Ejército en la Guerra Sucia. Consideran que siguen siendo intocables y no hay voluntad política para abrir los cuarteles y ser investigados.
Pidieron a la Comisión valorar la creación de un museo para rendir un homenaje a todas las víctimas de la Guerra Sucia.
Integrantes de la Comisión contestaron a los presentes que tomarán en cuenta sus testimonios y propuestas; además, prometieron que recabarán más información sobre las víctimas.
Abordarán el tema de los militares y propondrán otra Comisión de la verdad que abarque la década de 1990 para revisar casos como los de El Charco y Aguas Blancas.
En el foro estuvieron presentes integrantes de la Comisión de la Verdad, el Colectivo de esposas e hijos desaparecidos de la Guerra Sucia, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
Las víctimas dijeron tener esperanza en estos espacios y esperan que sus casos y testimonios no sean archivados como en sexenios anteriores.
Los integrantes de la Comisión se comprometieron a mantener un diálogo permanente con las víctimas y los resultados de la investigación serán presentados en un informe.
El 7 de octubre del 2021, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la creación de la Comisión, luego que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto para dicha finalidad.
El mecanismo tiene como referente a las comisiones que hubo en Uruguay, Argentina y Ghana. La mexicana tratará de entender el tamaño y la densidad de los movimientos contrainsurgentes que utilizó el Estado mexicano para reprimir a los movimientos sociales.
Familiares de desaparecidos en la Guerra Sucia protestaron en la 35 Zona Milita
Marcharon con fotografías de sus desaparecidos y con pancartas en las que se leían sus exigencias de justicia: “Justicia y verdad, no más impunidad”, que el gobierno sea responsable de investigar y aclarar los hechos ocurridos en la Guerra Sucia”
Texto: Beatriz García
Fotografía: Óscar Guerrero
Han pasado 62 años desde que militares asesinaran en la sierra de Atoyac a cientos de familias. En ese territorio suman más de 700 desaparecidos.
Este sábado, Día del Ejército Mexicano, marcharon en la capital, y protestaron en la 35 zona militar, para exigir se abran “expedientes secretos” que tiene en su poder esa institución, donde habla de lo que pasó en la Guerra Sucia.
Por la mañana, un evento oficial encabezado por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, celebró la presencia militar en Guerrero y la supuesta labor de protección que desempeña en la población, pero a la par la sociedad civil recuerda las graves violaciones que esta institución ha cometido a lo largo y ancho del estado.
A las 10 de la mañana tres colectivos de familiares de desaparecidos en los años sesenta, en la denominada Guerra Sucia, se reunieron en la capital, en la alameda Granados Maldonado. Los familiares marcharían hacia la 35 zona militar, en una marcha que denominaron: Marcha contra el Ejército Mexicano.
“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército en Guerrero no paran desde los años 70s, época conocida como Guerra Sucia, lo único que ha cambiado, coincidió el defensor de derechos humanos, Vidulfo Rosales Sierra y la integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e hija del guerrillero, Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas Ayala”, se publicó en un texto en Amapola. Periodismo transgresor este sábado.
Los familiares de desaparecidos marcharon con fotografías de sus desaparecidos y con pancartas en las que se leían sus exigencias de justicia: “Justicia y verdad, no más impunidad”, “Justicia, pido el esclarecimiento de la desaparición de mi padre, Zenón Zamora Hernández, que el gobierno sea responsable de investigar y aclarar los hechos ocurridos en la Guerra Sucia, el 16 de julio de 1974”, “Desaparecido por el Ejército Mexicano, Raymundo Barrientos, el Rincón de las Parotas”.
El representante del colectivo Esposas e Hijos de los Desaparecidos de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio, dijo que la mayoría de los crímenes de lesa humanidad, y de los que tienen documentados, se dieron en 1974, de ellos siguen sin saberse y no se han castigado a los culpables, porque fueron desaparecidos por el Ejército de forma sistemática, una orden dada desde el comandante supremo de las fuerzas armadas, los ex presidentes Luis Echeverría Álvarez y López Portillo.
Los desaparecidos, antes, fueron torturados, “con tratos inhumanos crueles y degradantes”, de los que no se conoce la verdad, ni se ha castigado a los responsables, y que incluso hay militares que se hacen llamar “honorables” y que hasta medallas se les han entregado, pero que son unos criminales.
Lamentó que las desapariciones forzadas en el país y en el estado siguen, que es “una crisis humanitaria”, que pueden desaparecer una persona y nadie investiga nada, y que por ello es necesario se investigue desde la Guerra Sucia, porque si no esto crímenes se seguirán cometiendo.
Informó que de esta época tienen un total de 700 desaparecidos registrados y lamentó que cada administración federal que pasa siempre es el mismo discurso, que van a investigar y nunca lo hacen.
El contingente llegó a las afueras de las instalaciones de la 35 Zona Militar, donde en todo momento las puertas permanecieron cerrada.
En una torre de las instalaciones militares fotografiaron y grabaron la protesta de los manifestantes.
Los manifestantes colocaron las lonas de sus desaparecidos y exigencias sobre la fachada de las instalaciones.
En el lugar se escuchó el clamor de: ¡Justicia!, mientras realizaron un mitin donde algunos familiares dieron su testimonio, y aclararon que no iban a felicitar a los militares si no a exigir la investigación de sus desaparecidos.
Al final un militar accedió a abrir una pequeña ventana, donde hubo una confrontación verbal, porque no los quisieron recibir, lo único que pudieron hacer es entregar un documento que firmaron todos los familiares, para exigir investigación y verdad en la Guerra Sucia.
En el informe 2020-2021 de Amnistía Internacional advirtió que en 2020 el gobierno a cargo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, desplegó a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, la del priista Enrique Peña Nieta y del panista, Felipe Calderón Hinojosa
Texto: Beatriz García
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
19 de febrero del 2022
Chilpancingo
Las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército en Guerrero no paran desde los años 70s, época conocida como Guerra Sucia, lo único que ha cambiado, coincidió el defensor de derechos humanos, Vidulfo Rosales Sierra y la integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e hija del guerrillero, Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas Ayala.
Hoy sábado se conmemora el Día del Ejército Mexicano y de manera oficial se celebran eventos para congratular el trabajo que han hecho los militares en el país, además de entregarles reconocimiento. En Guerrero no es a excepción.
Un sin número de violaciones a los derechos humanos se han cometido por elementos del Ejército en Guerrero y en el resto del país, y que han sido de interés público, casos que ha llegado a instituciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mismo motivo por el que se han emitido recomendación al Estado mexicano.
El 31 de agosto del año pasado Amnistía Internacional y Seguridad sin Guerra emitieron un posicionamiento donde externaron su preocupación con la decisión del gobierno federal, de continuar con el enfoque de militarizar la seguridad pública, como lo hicieron los dos gobiernos que lo antecedieron.
“Esto ha detonado el aumento de quejas por violaciones graves a los derechos humano, de tal manera que hacemos un llamado urgente para que la seguridad pública esté en manos de personal civil, como lo establecen las normas del derecho internacional de los derechos humanos”, advirtieron los organismos defensores.
En el informe 2020-2021 de Amnistía Internacional advirtió que en 2020 el gobierno a cargo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, desplegó a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, la del priista Enrique Peña Nieta y del panista, Felipe Calderón Hinojosa.
El Sistema Nacional de Alerta de Violencia a los Derechos Humanos de la CNDH estableció que el número total de quejas registradas contra la Guardia Nacional en 2020 sumaron 350. En el 2021 acumularon más de 261 quejas, lo que situaba a ese cuerpo de seguridad entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos.
Violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército en Guerrero
En Amapola. Periodismo transgresor hicimos un recuento de las violaciones a derechos humanos cometidos por el Ejército en Guerrero, desde la Guerra Sucia, hasta uno de los casos emblemáticos, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cometidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, hechos que demuestran que las violaciones cometidas por militares no paran, lo que cambia es la época.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan es un organismo defensor que ha acompañado casos en los que estuvieron involucrados militares, como el del asesinato del nahua Bonfilio Rubio Villegas, originario de Tlatzala, municipio de Tlapa, que fue asesinado por militares mientras viajaba en un autobús en el 2009, y los casos de violación sexual a las Me´phaa, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Sobre esta situación habló el abogado de Tlachinollan y que acompaña en su defensa a los padres y madres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra.
Desde los años 70, finales de los 60, con la llamada Guerra Sucia, explicó, ahí se vio la faceta del Ejército cometiendo “violaciones atroces” a los derechos humanos más elementales, asentados en tratados internacionales que deben respetar la vida y la integridad de las personas.
Entre la gama de violaciones ejercidas por los militares en los sesentas fueron, principalmente, “ejecuciones extrajudiciales”, tortura, desapariciones, señaló el abogado. Y además, hubo un caso que se registró en la Corte Interamericana y fue el parteaguas para documentar estas violaciones, el caso de Rosendo Radilla Pacheco, un líder social de Atoyac, que lucho por mejoras en educación y salud, contra las injusticias y abusos.
Fue desaparecido por militares en 1974.
El caso de Rosendo Radilla fue el que abrió brecha y sentó bases para que se pudiera restringir el fuero militar y se pudieran hacer reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código de Justicia Militar, por ello, ahora, los delitos que comete el Ejército son juzgados por la justicia civil.
Después de estos hechos se construyeron diversos cuarteles militares en el estado y aunque ahora los militares estarían dentro de estas construcciones no se irían de Guerrero, dijo, pero sí disminuyó su presencia en las comunidad y aparentemente las violaciones a derechos humanos, pero volverían a surgir en los años noventa, cuando aparece la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
El escenario volvió a ser el mismo, torturas, desapariciones, por lo cual surgió una recomendación de la CNDH, que menciona 30 casos donde hubo violaciones a los derechos humanos sobre tortura, incursiones a comunidades, violaciones sexuales cometidos contra mujeres, explicó el defensor de derechos humanos.
El accionar del Ejército en Guerrero se prolongó en distintas partes del estado, en los años de 1998 y 2000 con la masacre de El Charco, donde participó directamente el Ejército, contra una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Fue entonces que suceden los hechos de tortura por militares contra ecologistas que defendían sus recursos naturales en Petatlán, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera.
Después se cometen las violaciones sexuales contra Valentina Rosendo e Inés Fernández, dentro de un operativo que despliega el Ejercito en comunidades de los municipios de Acatepec y Ayutla de los Libres, porque hay información de que ahí operan grupos insurgentes, y tienen como finalidad “reducir el margen de acción de los grupos insurgentes que operan en esa región”, según informes oficiales del Ejército.
Estos casos se difundieron internacionalmente. Los casos también los retomó la CIDH, y entonces poco se frenó la presencia del Ejército en las comunidades.
En el sexenio del panista, Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012, se constituyó la llamada “guerra contra el narcotráfico”, una supuesta estrategia de esa administración para combatir a los grupos delictivos, que propició que los militares se desplegaran en todos los rincones del país.
En esta época fue asesinado Bonfilio Rubio Villegas, en un retén de militares en Huamuxtitlán. Mientras viajaba en un autobús, supuestamente porque los efectivos creyeron que ahí iban delincuentes.
-¿Entonces se hablaría de que las violaciones por parte del Ejército no cesan, que lo que único que ha cambiado es la época?- se le preguntó al abogado.
Se siguen reditando, han sido diferentes épocas, por diferentes motivos, pero todo el tiempo el Ejército ha cometido violaciones a los derechos humanos, tortura, desaparición, ejecuciones extrajudiciales, de manera selectiva, pero, también masiva como Tlatlaya, Ayotzinapa y El Charco. También de manera selectiva como la Guerra Sucia que iban matando, dos, tres, cuatro, cinco activistas, señaló Rosales.
En el 2000 cambio un poco el discurso con la aplicación de la Ley Federal de Armas, Fuego y Explosivos, pero las violaciones se siguieron cometiendo, insistió el abogado y activista.
Hubo unos pequeños avances en términos de esta materia contra el Ejército, agregó, y esa es la batalla que liberaron organizaciones sociales y de derechos humanos, para acotar el fuero militar, para efecto de que las violaciones de derechos humanos no fueran juzgadas por tribunales e instancias militares, y se logró, no en México, pero si por los casos que fueron llevado a la Corte Interamericana.
La realidad es que el Ejército es un poder dentro de los poderes, y que el poder civil tiene que hacer acuerdos con los poderes legalmente establecidos, aunque el Ejército sigue teniendo un poder fuerte en la vida fáctica, es una institución hermética, porque no transparenta y no hay poder que lo obligue a rendir cuentas.
El gobierno de AMLO que prometía un gobierno diferente, no lo es: Micaela Cabañas
La representante de la Oficina Foránea en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Micaela Cabañas, expresó, que la población y se siente atropellada, porque el Ejército fue creado para defender “contra la invasión enemiga” y no para atacarlo.
“Nos sentimos ofendidos, nos sentimos atropellados del nuevo gobierno que pensamos que iba a ser de cambio, a nuestro favor de las organizaciones sociales, civiles, principalmente. Después de haber pasado varios años de violaciones a derechos humanos, pensamos que tal vez si se iban a acabar (las violaciones del Ejército) o por lo menos no iba a ser tan dura la estocada, pero definitivamente al parecer es todavía más agresivo en contra de nosotros”, expresó la también hija del ex tinto guerrillero y fundador del Partido de los Pobres (PDLP).
Resaltó que el papel del Ejército fue de violaciones a la población civil, durante la guerra sucia, y que es doloroso saber que en la actualidad se repite y se están dando cargos públicos a quienes traen escuela de represión.
Se pregunta si realmente han cambiado las condiciones y por qué el gobierno en lugar de proteger, arremete contra el pueblo.
Pero hay una esperanza, dijo, porque ahora hay instituciones de derechos humanos y es un organismo de amparo que hace sobrepeso, aunque sigue habiendo violaciones, porque la formación y la escuela del Ejército se repite.
“El maestro Lucio Cabañas Barrientos fue uno de los primeros defensores de derechos humanos en aquel entonces cuando no había protección, pero protegía a su pueblo, a los maestros, a los padres y les enseñaba una mejor idea en su entorno, pero en la actualidad todo lo que hemos pasado la familia Cabañas, he tenido que caminar tanto, he sido víctima tantas veces pero hoy me honra decir que soy sobreviviente, que estoy en una institución para defender el pueblo”, consideró.
