Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
22 de octubre del 2023
Familiares de personas desaparecidas durante el periodo histórico conocido como la guerra sucia denunciaron que con Alejandro Encinas al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación no hubo avances importantes en llegar a la justicia y, prueba de ello, aseguraron, es que en este gobierno se sigue protegiendo al Ejército de las atrocidades que cometió en Guerrero.
«Nosotros estuvimos en el informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia un día antes que Alejandro Encinas dejara el cargo y dijimos que no hay ningún avance objetivo y que el Ejército sigue ocultando la información», dijo Octaviano Gervasio Serrano, representante del colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados por la Guerra Sucia, quien participó en la conferencia de prensa junto a otros familiares de desaparecidos.
La semana pasada, Alejandro Encinas dio a conocer su renuncia a la Subsecretaría de Gobernación luego de que aceptó la invitación de la aspirante de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para incorporarse a su equipo de trabajo.
Octaviano Gervasio recordó que hace ocho meses renunciaron dos de los tres integrantes del Comité para el Acceso a la Justicia, Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus.
En declaraciones públicas que hicieron los dos miembros de este Comité establecieron que se iban del cargo porque no había apoyo económico y político de las instituciones gubernamentales y así era difícil cumplir con las expectativas de justicia a los familiares de los desaparecidos.
«Este comité es importante porque es donde están los abogados penalistas que iban a lograr judicializar los casos de personas desaparecidas y que están en las averiguaciones previas que tiene la Fiscalía General de la República», dijo Octaviano Gervasio.
Octaviano Gervasio, Carmen Iturio Nava así como Bernardo Hernández, hijos de tres desaparecidos presuntamente por el Ejército en la década de los setentas, dijeron que es difícil que en los últimos 11 meses que le resta a la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia vaya a cumplir con lo que prometió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ir al fondo contra los responsables de la desaparición de cientos de personas en Guerrero.
La Comisión de Acceso a la Verdad está integrada por dos mujeres y tres hombres, entre ellos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Abel Barrera Hernández concluye su trabajo en septiembre del 2024.
«Ellos aseguran que hay avances en esta Comisión que se creó pero es mentira y prueba de ello es de que fracasó la comparecencia de 300 militares como probables responsables de la desaparición de personas», dijo Octaviano Gervasio.
«Lamentablemente vemos una cerrazón y sin una voluntad plena del secretario de Defensa (Luis Crescencio Sandoval) para abrir los archivos con el propósito de darle una protección indebida a esos criminales que están o estuvieron en el Ejército», afirmó Octaviano Gervasio quien es hijo del campesino Octaviano Gervasio Benítez, desaparecido en 1974, en Atoyac de Álvarez presuntamente por militares.
El activista consideró que la Secretaría de la Defensa Nacional debería de dejar que fluya la investigación para que se castigue a los malos elementos del Ejército y esta institución tenga otra imagen ante la sociedad mexicana.
«No todos los del Ejército son malos, hay también buenos pero hay una cúpula de generales y coroneles en retiro que se oponen a que se abran los archivos porque saben que les va a llegar a ellos».
Mencionó que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador defiende al Ejército de graves violaciones a los derechos humanos que ha cometido, para los familiares de las víctimas de la guerra sucia es claro que los militares cometieron atrocidades en contra de la población civil en Guerrero.
«Nosotros lo que exigimos es de que se quite ese pacto de impunidad porque de seguir así van a continuar las desapariciones forzadas como sucede actualmente en el estado».
Este colectivo tiene un registro de más 800 personas desaparecidas durante la guerra sucia y hasta el momento solo se han logrado recuperar siete víctimas recientemente en el municipio de Ajuchitlán del Progreso.
En la conferencia de prensa de los familiares de las personas desaparecidas estuvo la arqueóloga y maestra del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Lidia Iris Rodríguez Rodríguez, quien informó que en las excavaciones que se realizaron en las ex instalaciones del 27 Batallón de Infantería, en Atoyac de Álvarez, hallaron vestigios de ropa que podría ser un indicio de que pertenezcan a personas desaparecidas por el Ejército en la década de los setentas.
Contó que es importante este hallazgo porque los familiares de las víctimas podrían decir a la FGR que prenda llevaban la última vez que vieron a su familiar.
La investigadora en arqueología forense recordó que en investigaciones que se realizaron por casos de desapariciones forzadas en Argentina y Brasil se hallaron ropas y eso derivó en la identificación de las víctimas.
«Nosotros esperamos que la FGR permita realizar más excavaciones en las antiguas instalaciones del 27 Batallón, en Atoyac, para recabar más indicios».
En donde funcionó el 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Atoyac, ahora son instalaciones del ayuntamiento de ese municipio llamada Ciudad de los Servicios.
Octaviano Gervasio anunció que pedirán a la FGR que ordene el cierre de esas oficinas del ayuntamiento para que se realicen más excavaciones.
Hasta el 2019, se llevaron a cabo seis diligencias judiciales en ese terreno en donde estaba el 27 Batallón de Infantería.
