Colectivos de familiares de personas desaparecidas protestan para exigir Ley de desaparición forzada

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Colectivos de familiares y víctimas de personas desaparecidas marcharon y bloquearon la Autopista del Sol y avenidas a la altura del Congreso local, para exigir a los diputados la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada.

A las diez de la mañana alrededor de 800 personas, todas familiares de desaparecidos integrantes de colectivos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, marcharon desde las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y continuaron en marcha al norte de Chilpancingo.

Durante la marcha bloquearon el carril norte-sur del bulevar Vicente Guerrero y a la altura del Congreso local, los cuatro carriles y la lateral del Autopista del Sol para exigir a las diputadas y los diputados la aprobación de esta ley.

Después de hora y media de mantener bloqueado los cuatro carriles del bulevar Vicente Guerrero, el contingente de la manifestación se movió a las entradas del Congreso local.

En tanto los diputados sesionaban dentro del Congreso local, los accesos fueron cerrados por el personal de seguridad.

Durante la movilización representantes de diversos colectivos coincidieron en que ninguna autoridad “los quiere ver ni escuchar ni atender”.

Con la Ley de desaparición de personas que proponen los colectivos intentan que exista un marco jurídico que garantice la coordinación de todas las dependencias encargadas de la búsqueda y localización de las personas desaparecidas para mejorar e implementar los mecanismos más eficientes.

A nivel federal existe la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, además de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.

Dichas leyes a pesar de estar aprobadas por el Congreso de la Unión desde 2017 y 2018, respectivamente, sólo 15 estados han armonizado estas leyes. Guerrero está pendiente.

Los inconformes también piden el presupuesto suficiente para garantizar los derechos de los familiares de las personas desaparecidas y tener acceso a una reparación del daño.

Otra de las demandas que expusieron es la creación e implementación de estrategias de seguridad para garantizar la no repetición de los hechos.

“Parece que sólo así nos voltean a ver, porque en campaña (los diputados) van y nos prometen mil soluciones, pero una vez en el poder ni nos ven ni nos oyen”, mencionó la directora de Los otros desaparecidos de Iguala AC, Aurora Bahena Cruz

Explicó que desde noviembre pasado presentaron la iniciativa ciudadana en materia de personas desaparecidas, y a la fecha sólo les informaron que dicho documento está en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

“Desde noviembre está ahí y no hacen nada los diputados, si no hacen nada que renuncien, con el sueldo que tienen se podrían resolver muchos problemas”, dijo.

Bahena Cruz informó que del Congreso local, al conocer la manifestación, les informaron a los colectivos que la ley la aprobarían en los próximos días, “pero nosotros queremos saber y verla antes de que se apruebe, y tener la certeza que es una ley acordé a las necesidades de las víctimas”.

Durante la protesta platearon al Congreso local un foro, un parlamento abierto y mesas de trabajo para discutir, proponer y crear en conjunto la Ley de desaparición de Personas.

“Queremos que se garantice el principio de participación conjunta y podamos manifestar nuestras necesidades y opiniones”, dijo Beatriz Adriana Rivera, integrante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso.

Además de los colectivos de personas desaparecidas, a la marcha asistieron integrantes del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, del Frente de Defensa Popular Francisco Villa, y representantes de colectivos de víctimas de la guerra sucia.

“Desgraciadamente al Estado mexicano y a sus instituciones parece no importarles cumplir con todo lo que ratifican ante las instancias internacionales y aún seguimos luchando para que nos proporcionen una gota de nuestros múltiples derechos”, se lee en un documento que repartieron durante la movilización.

Los colectivos participantes en la movilización fueron la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem); Siempre Vivos de Chilapa, Guerrero; Familiares de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos; Familiares en Búsqueda María Herrera; Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso y Los Otros Desaparecidos de Iguala.

José Díaz Navarro, representante de Siempre Vivos, mencionó que desde 1960, época de la llamada guerra sucia, hasta el 2022 tienen un registro de 4,000 personas desaparecidas.

“Desgraciadamente el Congreso ha sido omiso, indiferente, siempre pone excusas y nunca nos atienden. A nivel nacional ya hay 15 estados que tienen una ley de personas desaparecidas lo que nos habla de las prioridades que hay en el estado”, expuso.

Liberaron un carril de la Autopista del Sol en cada sentido.

A las tres de la tarde, después de que entró una comisión de los colectivos al Congreso local para dialogar con algunos diputados, levantaron el bloqueo de la Autopista del Sol y el personal liberó los accesos del Congreso local.

En el día del Ejército, familiares de víctimas de la guerra sucia exigen justicia afuera de la 35 zona militar

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Alejandro López Cabañas era el sastre de la comunidad de San Vicente, en Atoyac de Álvarez. La noche del 27 de junio de 1972 militares se lo llevaron con engaños al cuartel, un mes después regresó a su casa con secuelas de la tortura que sufrió y con las que vivió de por vida.

“Llevaron a mi padre por engaño al cuartel, que iba arreglar unos pantalones del coronel Macario Castro Villareal y que se dirigiera al cuartel y que inmediatamente se regresara”, relató la hija de Alejandro, Estela López Arroyo.

No fue así, Alejandro regresó un mes después con claros signos de tortura y contó que se lo llevaron solo porque tenía el apellido Cabañas, igual que el entonces guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, aunque Alejandro jamás participó en los movimientos sociales, según lo relatado por su hija.

Hace 15 años Alejandro falleció y nunca se pudo recuperar de las lagunas mentales que fueron consecuencia de las torturas de los militares.

Estela, de 62 años, participó el día de hoy en la marcha que realizaron tres colectivos de familiares de víctimas de la guerra sucia para exigir justicia y verdad.

Este domingo, en el marco del Día del Ejército Mexicano, los colectivos marcharon en la capital y protestaron en la 35 zona militar, para exigir un “acceso pleno a la justicia, sin simulación e impunidad”.

A las 10 de la mañana tres colectivos de familiares de desaparecidos, torturados y asesinados durante la denominada Guerra Sucia, se reunieron en el monumento a Las Banderas y salieron en marcha hacia la 35 zona militar.

La guerra sucia es un periodo histórico entre 1960 y 1980 en el que fueron secuestrados, asesinados y torturados cientos de personas, algunas afinas a los movimientos sociales de la época y algunas otras solo estaban en el lugar y momento equivocado.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los desaparecidos por el Estado en este periodo es de 800 personas en todo el territorio nacional.

Aunque cifras de colectivos locales hablan de esos 800 desaparecidos solo en Guerrero, sin contar víctimas de tortura y asesinados.

Al mismo tiempo que las familias y víctimas marchaban, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda desayunaba con mandos militares por la conmemoración del Día del Ejército dentro de la 35 zona militar.

Los familiares y victimas marcharon con cartulinas y fotografías de sus desaparecidos, con pancartas en las que se leían sus exigencias de justicia.

El representante del colectivo Esposas e Hijos de los Desaparecidos de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Benítez, dijo que la mayoría de los crímenes de lesa humanidad, y de los que tienen documentados, se dieron en 1974 a 1980, de los que a casi 50 años no hay justicia para la víctimas ni castigo a los perpetradores.

“Los desaparecidos fueron torturados con tratos inhumanos crueles y degradantes de los que no se conoce la verdad, ni se ha castigado a los responsables”, dijo Gervasio Benítez.

Informó que de esta época tienen un total de 700 desaparecidos registrados y lamentó que “cada administración federal que pasa siempre es el mismo discurso, que van a investigar y nunca lo hacen”.

El contingente llegó a las afueras de las instalaciones de la 35 Zona Militar, donde fueron cerradas las puertas y detrás había un contingente de militares con equipo antimotines.

Por una pequeña puerta salió un elemento de Gobernación y un mando del Ejército a hablar con los manifestantes.

Desde las torres de vigilancia, militares fotografiaron y grabaron en todo momento la protesta de los manifestantes.

Por su parte, los manifestantes tiraron cuetes en señal de protesta, algunos fueron lanzados directamente dentro de las instalaciones militares.

Las familias e integrantes de los colectivos colocaron las lonas de sus desaparecidos y exigencias sobre la fachada de las instalaciones.

Antes de retirarse, los manifestantes leyeron una serie de peticiones que entregaron al personal que estuvo en la puerta observando la manifestación.

En dicho documento piden la destitución del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, “por el mal trabajo que hace al investigar los crímenes de la guerra sucia, debido a que actualmente solo dos ministerios públicos atienden las 600 carpetas de investigación de nuestros casos”.

El documento también señala que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, “no permite el avance de las investigaciones y protege a los militares criminales que aún viven”, se lee en el documento.

A la gobernadora Evelyn Salgado Pineda piden que se investigue a los entonces agentes de la Policía Judicial involucrados en las detenciones y extra judiciales que acabaron en desapariciones forzadas.

Denunciaron que la Comisión para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico de la guerra sucia (Comverdad) no ha aportada nada nuevo a las investigaciones y la catalogaron de “omisión y simulación”.

El documento es firmado por el Colectivo de esposas e hijos de desaparecidos y desplazados de la guerra sucia del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. A.C, la Asociación representativa de Ejidos y Comunidades y víctimas de violaciones de derechos humanos y grupos vulnerables A.C y por la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR).

 

Verdad y justicia, la exigencia de familiares de Doroteo a 48 años de su desaparición forzada

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Tlachinollan 

Chilpancingo

Doroteo Iturio de Jesús trabajaba en la construcción de caminos en Coyuca de Benítez. Una tarde del 15 de octubre de 1974 regresaba del trabajo con sus compañeros cuando en un reten militar, a la altura del vado de Aguas Blancas, lo detuvieron y nadie más supo de él.

Cada mañana Doroteo salía a trabajar, era parte de la Junta Local de Caminos de Coyuca de Benítez, un organismo que dependía de la Dirección de Obras Públicas municipal que se encargaba de construir, reparar y dar mantenimiento a las carreteras locales, principalmente a las que conducían a las comunidades rurales.

Se lo llevaron de la carretera que lleva a Aguas Blancas, donde trabajaba.

Desde la mañana de ese 15 de octubre, Doroteo, también junto a un grupo de compañeros, vio el retén militar, pero los soldados sólo los pararon minutos y los dejaron ir a trabajar.

“Entonces los militares le dijeron que fuera a trabajar y que al regreso se iba a quedar con ellos. Si él hubiera sido otro, entonces, ya no pasa, pero él era obediente y por eso regresó, y cuando lo detuvieron ya no lo soltaron”, cuenta una de sus hijas, Carmen Iturio Nava, en entrevista.

“Entonces, uno de sus compañeros del trabajo nos fue a avisar, me dijo: ‘agarraron a Doroteo, ya no lo dejaron venir y yo no sé qué va a pasar’”.

La familia buscó ayuda de inmediato para localizar a Doroteo, pero nunca la consiguió.

En las oficinas de la Junta Local de Caminos tampoco dieron razón de él, le dijeron a la familia que na sabían nada.

Las pocas pistas que recabó la familia los llevo a un búsqueda que tampoco tuvo éxito. Les dijeron que a Doroteo lo llevaron a un retén de Pie de la Cuesta, en Acapulco; uno de sus hijos lo fue a buscar pero nunca lo vio y las autoridades militares no le dieron información.

El caso de Doroteo también es parte de una recopilación de testimonios publicada en 2020 por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en el que los ocho hijos cuenta parte su vida después de la desaparición de su padre.

“Lo buscamos en los retenes, lo buscamos en el cuartel militar de Atoyac, lugar donde realmente nos cerraron las puertas, no decían nada o nos decían a lo mejor anda por ahí de borracho, a lo mejor se fue con otra mujer, le decían a mi mamá, o sea, vulgaridades que los militares tenían preparadas para alejar a las familias”, es un fragmento en el libro del testimonio de Antonio Iturio Nava, otro de los hijos de Doroteo.

En la imagen, Carmen Iturio Nava muestra la foto de su padre desaparecido durante un testimonio a la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia, el pasado 9 de diciembre del 2022, en Chilpancingo.

En el momento de su desaparición, Doroteo tenía siete hijos y una más que estaba por nacer. Derivado de su desaparición, su familia se vio en la necesidad de emigrar a Chilpancingo ante la falta de condiciones para vivir en su natal Coyuca de Benítez, en la Costa Grande de Guerrero.

Doroteo era el sustento de su familia, su esposa era ama de casa y cuidaba a los siete hijos.

Con la desaparición de Doroteo la familia se quedó sin ingresos y las tierras fueron acaparadas por otros familiares.

“Mis hermanos trabajaron de lo que fuera para tener, los más pequeños hacían mandados en las casas por unas monedas que les pudieran dar”, recuerda Carmen.

En época de cosecha, la familia se alquilaba para el corte de café, pero fue insuficiente y al final migraron.

La familia Iturio Nava también sufrió acoso e intimidación de parte del Estado. “(…) Después de que desaparecieron a mi papá, cerca de la casa, todas las noches, pasaban los militares y se oía cómo andaban recorriendo en la colonia donde vivíamos nosotros, porque era parte de la intimidación que hacían hacia los hijos y esposas”, narra Carmen.

“Nosotros denunciamos al Estado mexicano que nos hizo víctimas de lo que ahora somos y de la situación en la que estamos, porque nosotros quisiéramos que nuestro familiar estuviera a lado de nosotros, pero no es así por culpa del Ejército”.

La detención de Doroteo, creen algunos familiares, fue porque era familiar del entonces guerrillero Lucio Cabañas Barrientos –sus padres de ambos eran primos–, y por algunas colaboraciones a su primo.

Era 1974, la época de la llamada guerra sucia, término que algunos académicos y familiares de las víctimas prefieren llamar terrorismo de Estado.

Entre 1960 y 1980 el Ejército y grupos paramilitares desaparecieron, de acuerdo con cifras oficiales, a 800 personas, entre estudiantes, militantes de izquierda y personas sumadas a la guerrilla, por considerarlos un peligro para el Estado.

Entre esas 800 personas está Doroteo, de quien no hay pistas de su paradero. 48 años después todavía exigen su aparición con vida y justicia.

“Queremos que nos explique y se nos diga dónde está nuestro padre. Puedo decir que a mi no me avergüenza que mi padre haya sido un guerrillero, a mí me enorgullece ser hija de Doroteo Iturio de Jesús y quiero se escuche su nombre donde quiera que vaya yo”, dice Carmen.

La familia de Doroteo es parte del Colectivo de Integrantes Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, donde junto con otras familias en la misma situación piden justicia y reparación del daño.

“Mi padre no era un criminal, era un guerrillero que peleo por sus ideales y del que siempre voy a vivir orgullosa”.


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Denuncian omisión de la FGE para dar con el paradero de desaparecido en Chilpancingo

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo 

 

Orlando Mauro Santos desapareció el 7 de septiembre pasado en la comunidad de Mazatlan, municipio de Chilpancingo. Después de un complicado trámite porque les tomaran su declaración, y a casi tres meses de su desaparición, familiares denunciaron omisión por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en las acciones de localización.

Los familiares, en conferencia de prensa, pidieron ayudan a la ciudadania para proporcionar información que ayude a su localización.

Orlando se desempeñaba como albañil en Mazatlán, un comunidad de Chilpancingo. El 7 de septiembre salió de su casa alrededor de las cuatro de la tarde «a dar una vuelta”, y a partir de entonces nadie sabe de su paradero.

Por la desaparición de Orlando, su esposa y un sobrina de él acudieron a la FGE a interponer una denuncia por el caso, pero les negaron el trámite porque no fue una desaparición forzada.

Ante la negativa, los familiares acudieron a la Comisión Estatal de Búsqueda para interponer una denuncia. «Ahí sólo le tomaron una muestra de ADN a los familiares»,  comentó en la conferencia de prensa Isabel Guadalupe Salvador Mauro, sobrina de Orlando.

Después acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo y ahí les dijeron que tenían que ir a la FGE para tomarles una muestra de ADN.

Al final la FGE les tomó la denuncia, “pero a tres meses de la desaparición no se han realizado acciones efectivas para su localización”.

La sobrina denunció que apenas hace 7 días la FGE emitió la ficha de búsqueda.

Después de la desaparición de Orlando, sus familiares publicaron una denuncia en redes sociales para pedir ayuda, pero por la publicación comenzaron a recibir llamadas falsas de extorsión.

Desde la desaparición, y ante la omisión de las autoridades, los familiares emprendieron una búsqueda por su cuenta.

Con sus propios recursos acudieron a las comunidades vecinas a Mazatlán para preguntar por Orlando y pegar en las calles la ficha de búsqueda. La cabeceras de Chilpancingo, Tixtla, Quechultengango, Apango, y las comunidades de Ocotito son algunos de los lugares donde fueron por su cuenta.

La sobrina comentó que un conocido les dijo que vio a Orlando ese mismo 7 de septiembre cerca del restaurante Tecuán, ubicado al norte de Chilpancingo, y le comentó que necesitaba efectivo para viajar a la Ciudad de México.

Sus familiares ofrecieron algunas señas particulares de Orlando: tiene dos tatuajes en los brazos, un corazón con el nombre de Yolanda y el otro es un alacrán.

Al momento de su desaparición vestía camisa gris de manga larga, pantalón de mezclilla y huaraches.

La familia de Mauro Santos se dijo desesperada y pidieron a la población les ayudara a localizarlo, porque “estamos inmersos en la angustia”.

Presentan iniciativa sobre Ley de Personas Desaparecidas en Guerrero

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

La diputada de Morena, Nora Yanek Velázquez Martínez, presentó una iniciativa para crear la Ley en Materia de Desaparición de Personas para atender la problemática de las personas desaparecidas y sus familiares en el estado.

Uno de los puntos principales de esta ley es que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) deje de depender de la Secretaría General de Gobierno y sea un organismo público descentralizado.

“Como órgano autónomo se le tendrá que otorgar un presupuesto propio para desempeñar las tareas de búsqueda y de identificación de restos forenses”, mencionó Velázquez Martínez durante su participación.

La designación del titular de este órgano se plantea que sea de manera pública, a propuesta de la gobernadora o gobernador en turno y con la aprobación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

En la iniciativa se plantea la creación de un Consejo Ciudadano que de seguimiento y observe las acciones que las dependencias de seguridad y forenses realizan en materia de búsqueda de personas.

Además incorpora un capítulo especial para los casos de desapariciones de mujeres que específica un tratamiento inmediato, confidencialidad, no revictimización y una investigación con perspectiva de género.

“La necesidad de generar un marco jurídico que ofrezca seguridad, certeza jurídica en el desempeño responsable de las autoridades para la búsqueda de personas y, principalmente, integrar una propuesta para construir la normatividad necesaria para delimitar responsabilidades específicas a las autoridades en la investigación de los delitos de desaparición”, justificó Velázquez Martínez.

La iniciativa fue propuesta por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Leticia Mosso Hernández, la morenistas Velázquez Martínez y Alfredo Sánchez Esquivel.

Esta ley pretende homologar a nivel estatal la Ley General de Desaparición Forzada y sumarse a las ya existentes en los estados de Oaxaca, Jalisco, Hidalgo, Veracruz y Pueblo.

“No solo estamos cumpliendo con la obligatoriedad de armonizar nuestro marco jurídico a la ley General, o de llenar el vacío legal que limita a la actual Comisión Estatal de Búsqueda; sino de atender con un elemental sentido humanitario, la urgencia, la desesperación, el dolor de quienes quieren encontrar a un ser querido que ha desaparecido”, dijo Velázquez Martínez.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y posterior dictaminación y votación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregan medalla al mérito civil a la activista Tita Radilla, pide justicia por los desaparecidos y que legisle la Ley de Desaparición Forzada

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

Chilpancingo

 

La activista por los derechos humanos y personas desaparecidas de la guerra sucia, Tita Radilla Martínez, recibió esta tarde la Presea al Mérito Civil, Nicolás Bravo, por su activismo a favor de las víctimas de desaparición forzada.

La activista denunció la omisión de las autoridades federales y estatales por no permitir el acceso a la justicia “que se merecen las familias de las personas desaparecidas”.

Entrevistada al término de la entrega de las preseas al Mérito Civil, Radilla Martínez dijo que en la actual administración no hay un avance real para lograr la justicia que requieren las familias de los desaparecidos.

Agregó que al Poder Legislativo local le falta aprobar una ley con todo y presupuesto sobre desaparición forzada en el estado de Guerrero.

“Queremos que los diputados aprueben un presupuesto necesario para las búsquedas y localización de nuestros seres queridos que son miles a nivel nacional y que día a día esta cifra de horror sigue creciendo y nadie la para”, mencionó Radilla Martínez.

Otra de las exigencia de Radilla Martínez fue acelerar los trabajos de la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos Durante la Guerra Sucia de los años sesentas y setentas del Estado de Guerrero (Comverdad).

Consideró que la Comverdad registra pocos avances en las investigaciones y las familias necesitan saber la verdad de lo qué paso con sus seres queridos.

“La verdad es que muchos de nosotros ya estamos enfermos, casi cinco décadas de buscar a nuestros desaparecidos y necesitamos una respuesta del gobierno mexicano porque (las desapariciones) son un acto de gran magnitud y así deben de ser las acciones del Estado, enormes, grandes, para que pueda haber resultados”.

Sobre el reconocimiento entregado hoy por manos de la gobernadora morenista, Evelyn Salgado Pineda, Padilla Martínez dijo que no es un honor recibir medallas o reconocimientos y que si los aceptan es para que el problema de los desaparecidos sea visibilizado.

“Yo espero que a partir de este reconocimiento los diputados nos escuchen y aprueben el proyecto de iniciativa de desaparición forzada para la protección de las familias de las personas desaparecidas”.

Radilla Martínez dijo que para las familias de las personas desaparecidas “no hay una cuarta transformación, todo está igual a cinco décadas de comenzar esta lucha por la aparición con vida, en mi caso, de mi padre”, dijo.

Explicó que todo seguirá igual si no cambian a los funcionarios “de antaño” que siguen en los mismos puestos de poder.

“Si queremos que cambien las cosas las instituciones deben cambiar y sanearse, no queremos más protección para los perpetradores”.

Radilla Martínez indicó que para la entrega del premio no hubo un acercamiento con la gobernadora para plantearle sus demandas, pero mencionó que de su parte buscará una reunión para tratar sus demandas.

Radilla Martínez, mejor conocida como Tita Radilla, es una activista mexicana que lucha por la justicia para personas víctimas de desaparición forzada y sus familiares. Es vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), y denunció en distintas ocasiones y ante instancias internacionales el caso de su padre Rosendo Radilla.

Rosendo Radilla Pacheco fue desaparecido por elementos del Ejército un 25 de noviembre de 1974 con la excusa de que Rosendo componía corridos para Lucio Cabañas y por tener vínculos con él y Genaro Vázquez Rojas, ambos guerrilleros. Desde esa fecha no se sabe nada de su paradero.

Otros de los reconocimientos otorgados el día de hoy, por el aniversario de la creación del estado de Guerrero, fue a Antonia Ramírez Marcelino, mujer nahua, originaria de la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, en la región de la montaña alta de Guerrero, que el pasado mes de febrero junto con otras nueve mujeres de la comunidad impugnaron la elección de comisarios por no permitir la participación de las mujeres.

Finalmente, a través de un fallo del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE) se logró que las mujeres votaran por primera vez en una elección de comisarios.

Otra mujer que recibió el galardón fue la activista por los derechos de las personas afromexicanas, Mijane Jiménez Salinas.

Otra mujer premiada esta mañana es Artemisa Jaramillo, originaria de Tixtla, quien recibió el premio Guillermo Soberón Acevedo, por sus aportes en ciencia y tecnología. Artemisa Jaramillo es una líder mundial en tecnología digital.

También fueron reconocidos y reconocidas María de Jesús Mateos Morales, Jesús Bartolo Bello López, Juan Carranza Soriano, Olivia Leyva Muñoz, Eloísa Maciel Oregón, Jaqueline Avilés de la O, Demian Alarcón Ortiz, Robyn Bendicta Sidney Gordon, Sergio Anacleto Aguilar, Neftalí García Castro, Baldemar Arteaga Martínez y Raúl Calvo Sánchez.

Otros de los galardones entregados por la gobenadora fue la Condecoración Estatal Vicente Guerrero al artista plástico Bernardo Rosendo Ponce; la Juan Álvarez fue para el abogado Joel Moreno Temelo; la Ignacio Manuel Altamirano fue para Vera Judith Villa Guardiola.

En agosto 35 denuncias por desaparición de personas

Texto: Beatriz García

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

En agosto, la escalada de desaparecidos en Guerrero continuó como en los últimos meses.

La Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 35 denuncias de desaparición, casos por las que se emitieron alertas Alba y Amber, para mujeres mayores de edad y niñas y niños menores de 18 años.

De las 35 denuncias que familiares interpusieron durante agosto de este 2022 para pedir la localización de sus seres queridos, hubo alertas Violeta, un protocolo empleado recientemente dirigido para la desaparición de mujeres que se activa con una denuncia a través del número de emergencias 911. De las que se activaron 16 durante este mes que está por cerrar: 16 mujeres desaparecidas, de las cuales 13 aparecieron, sin que las autoridades informaran en qué condición.

Familiares de ocho menores de edad, de igual manera, interpusieron denuncia por igual número de desaparecidos, de los cuales cinco fueron localizados.

Además se activaron dos Alerta Alba, es decir dos familias interpusieron denuncia por la desaparición de dos mujeres mayores de edad y por otros ocho hombres mayores de edad, por quienes las FGE activó las fichas Has visto a; dos de éstos aparecieron, tampoco difundieron en qué condiciones.

Agosto del 2022 rebasó por dos el número de desaparecidos en relación al agosto de un año anterior, que tuvo un registro de 32 desaparecidos. Pero agosto del 2021 registró esa cifra con desaparecidos por los que sus familiares presentaron denuncias formales y denuncias que solo se hicieron vía redes sociales.

Entonces, es probable que agosto de este año la cifra sea mayor a 35, si se contemplaran los desaparecidos por los que sus familiares pidieron ayuda para su localización vía redes sociales.

En menos de 20 días, durante agosto, desaparecen un menor y una menor en Chilapa

El 14 de agosto, familiares de María de Jesús Antonio Rodríguez, de 16 años, supieron por última vez de su familiar.
Los familiares supieron que ese domingo estuvo en el zócalo de la cabecera municipal, de acuerdo con información que publicaron vía Facebook y la ficha Alerta Amber que se emitió después de que interpusieron su denuncia ante el Ministerio Público.

No se sabe qué ropa o zapatos portaba el día que desapareció, pero los familiares informaron a las autoridades que la menor es delgada, tiene el cabello negro lacio, cejas semipobladas, ojos grandes y labios delgados. Además tiene un tatuaje de corazón en la mano izquierda, otro más de un rosario en el tobillo derecho y un lunar en el cuello.
María de Jesús sigue desaparecida.

Jesús Manuel García, de 17 años, desapareció 22 días después que María de Jesús, también en la cabecera municipal de Chilapa. Sus familiares también interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público, además pidieron ayuda a la población mediante Facebook.

El menor es estudiante del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Chilapa.

El 26 de agosto, la última comunicación que tuvo con sus familiares fue a las ocho de la noche y dijo que ya iba para su casa, pero nunca llegó. Sigue desaparecido.

Jesús Manuel como señas particulares tiene una cicatriz en la mejilla derecha y tiene brakets. Es delgado, su cabello es negro lacio, cejas pobladas, nariz grande y labios gruesos.

Julio cerró con 22 desaparecidos

Un mes antes, en julio, de acuerdo con el recuento mensual que hace este medio mediante los reportes de familiares de desaparecidos en denuncias formales, en medios de comunicación y en redes sociales, el mes cerró con 22 desaparecidos.
En julio del 2021 este medio registró 50 desaparecidos, que cuentan con denuncias formales y otros con denuncias vía redes sociales, es decir, 28 desaparecidos más que este 2022.

El panorama de este año sigue igual para cientos de familias en el estado, situación que los lleva a buscar sus propios mecanismos de búsqueda y justicia.

El 25 y 26 de julio pasado en Chilpancingo, por ejemplo, en el Centro Cultural Zanate Azul se reunieron integrantes del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas María Herrera y del Colectivo Familiares en Búsqueda Lupita Rodríguez Narciso, quienes participaron en la Caravana Nacional Narrativas y Memorias de la Desaparición en México.

Esta actividad la realizó el Colectivo de Puebla Técnicas Rudas, en articulación con Amapola. Periodismo transgresor.

De los desaparecidos de julio, sólo localizaron a ocho

De los 22 desaparecidos documentados por este medio, 14 están sin ser localizados; ocho fueron localizados según las fichas emitidas por la FGE, sin que difundieran sus condiciones al momento de la localización.

En julio, en comparación con las denuncias formales de agosto, fueron menos desaparecidos entre denuncias formales y por redes sociales, pero también fueron menos los localizados.

En una desglose de los datos que Amapola. Periodismo transgresor registró sobre las y los desaparecidos de julio, el panorama queda así: el mayor número de reportes de desaparecidos se dio mediante la línea telefónica Locatel, por la que se emitieron nueve fichas de seis mujeres y tres hombres de entre cuatro y 80 años, de ellos, seis fueron localizados.

En la FGE, familiares de cinco hombres mayores de edad interpusieron una denuncia formal, por los que se activó la ficha Has visto a, los desaparecidos tienen entre 18 y 45 años. Todos siguen sin ser localizados.

En julio cuatro menores de edad desaparecieron en Guerrero y sus familiares interpusieron una denuncia formal que activó cuatro fichas por su desaparición y que circularon principalmente en redes sociales. Dos de ellas siguen desaparecidas.

Dos mujeres más, pero mayores de edad, también desaparecieron en julio; por ambas hay una denuncia formal ante las autoridades ministeriales y circulan sus fichas de la Alerta Alba. Ambas siguen sin ser localizadas.

Por una mujer desaparecida junto con su hijo se activó la alerta Violeta. Se trata de Liliana López de la Cruz, de 23 años, quien desapareció el pasado 31 de julio en Ometepec, junto a su hijo Fabián Victoriano López, de dos años. Ninguno ha sido localizado.

La Alerta Violeta es un protocolo estatal que fue activado el 18 de julio día que lo presentaron autoridades locales.

Así quedaron las cifras de desaparición en junio.

En junio, en el puerto, las manifestaciones y bloqueos fueron constantes para exigir búsquedas de desaparecidos.

Luego de la desaparición en mayo de Yoselín Patricio Vendrel, de 16 años, sus familiares bloquearon la Autopista del Sol para presionar a las autoridades. La joven fue localizada con vida.

Mayo, de acuerdo con el recuento de este medio, cerró con 56 víctimas de desaparición entre hombres y mujeres adultos y menores de edad.

En junio dos veces se replicaron los bloqueos. El 5 de junio, familiares de Andrés Ayala Silva, quien también tiene el apodo de Sexy Lola dentro de la lucha libre, bloquearon el bulevar Vicente Guerrero, después de que desapareció un día antes cerca de las cuatro de la tarde, después de salir de su trabajo como mesero en un restaurante de la Isla Roqueta, de acuerdo con lo documentado en los medios.

Ese mismo día hubo otro bloqueo en la avenida Escénica de familiares y amigos de Clemente Mejía Ávila, de 75 años, quien desapareció el 31 de mayo de este año.

El adulto mayor desapareció después de salir de su casa en Cumbres de Llano Largo, en el puerto, rumbo a sus labores de campo. No hay indicios de su paradero.

Familiares de desaparecidos consideraron que sólo con la presión social las autoridades gubernamentales responden.

 

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Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

El Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, de Chilpancingo, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, marcharon y montaron un tendedero con las fotos de sus familiares desaparecidos para exigir su aparición con vida.

La marcha comenzó en la Alameda Granados Maldonado y recorrió el andador Emiliano Zapata, en el centro de Chilpancingo.

Afuera de la Catedral Santa María de la Asunción, Gema Antúnez Flores, representante del Colectivo, leyó un posicionamiento a nombre de los integrantes, donde denunció a las autoridades por su omisión al problema de la desaparición.

«Las autoridades han sido omisas y no dan respuesta a las exigencias, la desaparición forzada es catalogada como crimen de lesa humanidad y Guerrero ocupa uno de los primeros lugares de desaparición forzada en el país», mencionó.

Una de las exigencias del colectivo es la creación de un banco de datos para identificar de una manera más eficiente los cadáveres que llegan al Servicio Médico Forense (Semefo).

El Colectivo María Herrera lo conforman 80 familias con al menos un integrante desaparecido.

Antúnez Flores pidió una reunión directa con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que escuche de manera personal sus demandas.

Reconoció la apertura de muchos funcionarios al tema de la desaparición pero creen necesario que Salgado Pineda sepa de sus peticiones.
«Hacemos un llamado a la gobernadora para que nos reciba. Ya nos canceló tres citas y queremos que nos escuche personalmente como cabeza principal del estado», dijo la activista.

A los grupos del crimen organizado que desaparecen personas les pidieron no enterrar los cadáveres de las personas que asesinan.

«Si algo les hicieron, con quitarles la vida, creo yo, es suficiente, que necesidad de enterrarlos para que sus familias no los hallen».

«Para los familiares es un infierno vivir día con día sin saber nada de nuestros seres queridos».

En el acto llamaron a la sociedad a no ser indiferente a la problemática de la desaparición y les pidieron ser empáticos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en México hay más de 100,000 desaparecidos, de las cuales 75,000 son hombres y 15,000 mujeres.

«Nada nos ha detenido ni nos detendrá por buscar a nuestros familiares porque en nuestra mesa hay una silla que los está esperando».

Después del mitin colocaron un tendedero con las fotos de personas desaparecidas y posteriormente entraron a una misa a la Catedral Santa María de la Asunción.

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Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

El Colectivo de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, un grupo de madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, junto con estudiantes, protestaron en la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir justicia y atención a los casos de sus familiares.

Durante la protesta, afuera de la FGE, salió la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, con ocho guardaespaldas a su alrededor, a buscar diálogo con los manifestantes.

Durante su salida, normalistas de Ayotzinapa gritaban consignas.

Valdovinos Salmerón se acercó a los estudiantes y acarició a uno de ellos en la cara, mientras decía, «quiero que sepas que estoy para apoyarte».

Los normalistas no respondieron a la fiscal y continuaron gritando consignas.

Los integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez se negaron a dialogar con la fiscal porque lo consideraron una falta de respeto que en este día conmemorativo y en medio de una manifestación busque el diálogo.

«Por respeto a nuestro compañeros normalistas y a los padres y madres de los 43 y por respeto a nuestro dignidad no vamos a hablar con la fiscal, es su trabajo y tiene todo el tiempo del mundo para atendernos, porque solo cuando nos manifestamos y es un día conmemorativo se acerca a nosotros», mencionó Molina Rodríguez.

Al término de la manifestación, Valdovinos Salmerón comentó que trata de atender los problemas de la fiscalía, uno a la vez.

«No voy a resolver un problema de 10 años en ocho meses», mencionó la fiscal.

La manifestación se realizó en el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada

El contingente encabezado por el hijo de Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, dijo que en la entidad hay un estimado de unos 5,000 desaparecidos.

El activista señaló que el colectivo optó por rechazar las invitaciones de las instituciones de gobierno, puesto que no se trata de celebrar el día.

Agregó que existe un distanciamiento con la FGE porque no hay apertura al diálogo con la fiscal ni sus funcionarios.

De 2018 a la fecha, el Colectivo halló 180 cadáveres, los cuales ya fueron entregados a sus familiares.

El colectivo se fundó el 23 de septiembre de 2016 y primero era encabezado por Guadalupe Rodríguez Narcizo, quien falleció en agosto del 2021.

Otra de las exigencias del Colectivo es que el Congreso local homologue y apruebe la Ley de Declaración de Ausencia, para que los familiares de desaparición tengas acceso a apoyos sociales y reconocimiento.

«Conmemoramos un día que no tendría que existir»

Durante un acto de conmemoración por el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada Ema Mora Liberato, presidenta de la asociación Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, dijo frente a autoridades que por irresponsabilidad del Estado es que existen personas desaparecidas.

«El Estado nos falló y nos vemos en la necesidad de conmemorar un día que no tendría que existir», mencionó Mora Liberato frente a la fiscal general del estado.

En el marco del día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Cruz Roja Mexicana, la Secretaría de Salud, y el Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron una ofrenda floral en el Cementerio Estatal Forense.

Al acto asistieron como invitados integrantes de la asociación Familias de Acapulco en búsqueda de sus desaparecidos.

Durante su participación, Mora Liberato dijo que la construcción de un cementerio estatal es un avance para las familias de las víctimas pero que eso no resuelve el problema.

«Este cementerio no nos da una respuesta para evitar la desaparición de personas, necesitamos saber quiénes están ahí y que tengan una identidad», mencionó.

También le pidió a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, que sus funcionarios se apeguen a los protocolos y respeten el dolor de las víctimas.

«No se olviden que tienen un puesto derivado de una necesidad».

Mora Liberato explicó que muchas veces les entregan cadáveres incompletos y cuando son completos no todas las partes pertenecen a uno mismo.

Por lo que pidieron entregas de cadáveres dignas para las familias de las víctimas y que dejen de apilarlos en bolsas de basura sin algún registro.

«Sin algún protocolo ni tacto, en el Ministerio Público nos dicen que nuestro familiar ya está en Semefo y que vayamos por él, esas palabras nos laceran».

Exigió también los apoyos que por ley les deben otorgar como víctimas indirectas, ya que explicó que muchos familiares por las búsquedas se quedan sin empleo y quedan vulnerables.

Durante la participación, la fiscal general dijo que no puede influir en las desapariciones ni en las mentes de quienes las cometen.

“Es un hecho que no podré cambiar, el que sigan desapareciendo personas, o que no pueda influir en la mente malvada de un ser humano”, mencionó Valdovinos Salmerón.

Lo que sí puede hacer, dijo, es brindar apoyo para la localización de sus seres queridos.

Personal del Semefo informó que en el cementerio estatal hay un total de 673 cadáveres sin identificar, de los cuáles, en los últimos seis años, identificaron solamente ocho.

La cifra del total de cadáveres sin reclamar en todo el estado asciende a 680.

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Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Durante el conversatorio Narrativas y memorias de la desaparición en Guerrero, Colectivos de familiares de personas desaparecidas denunciaron los riesgos a los que se enfrentan, la omisión de los tres niveles de gobierno, a demás del desgaste físico, emocional y económico que viven durante la búsqueda de sus seres queridos.

El Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas María Herrera y el de Familias en Búsqueda Lupita Rodríguez Narciso coincidieron en la falta de presupuesto para atender a las víctimas de personas desaparecidas, en la falta de protocolos para investigar los casos de desaparición y en el peligro que implican las búsquedas en fosas clandestinas.

En el conversatorio las integrantes de los colectivo contaron las condiciones en las que realizan sus labores de búsqueda y las dificultades a las que se enfrentan en su lucha por visibilizar la problemática de los desaparecidos.

“Cuando buscamos cuerpos en fosas clandestinas nunca es cerca, caminamos siempre entre ocho y 10 kilómetros solo para que los grupos de la delincuencia nos amenacen con disparos al aire, pero eso nunca nos ha detenido”, comentó durante el conversatorio Ivon Álvarez Gil del colectivo Lupita Rodríguez.

Álvarez Gil busca a su hermano, Juan Álvarez Gil, desaparecido el 5 de julio del 2013, secuestrado por un grupo de civiles armados en las calles de Chilpancingo, para ella la búsqueda de su hermano es un compromiso que hizo con su madre, que falleció hace cinco años. “Mi madre se fue y no le pude cumplir la promesa de regresarle a su hijo”, contó con la voz entre cortada.

Gema Antúnez Flores, del colectivo Lupita Rodríguez, también abordo el tema de las búsquedas.

“Como familiares nos enfrentamos al clima, a los grupos criminales, muchos recibimos amenazas de esos grupos, pero lo que nos mueve es algo más grande, es el amor por nuestros familiares y por eso nunca nos hemos detenido”.

El conversatorio se realizó en el marco de la Caravana Nacional Narrativas y Memorias de la Desaparición en México, capitulo Chilpancingo, donde a demás del conversatorio se realizó una muestra colectiva de carteles, un concierto y un taller para los familiares de personas desaparecidas.

Otro de los temas que se abordaron durante el conversatorio fue el papel de las instituciones gubernamentales y como hacen caso omiso a la problemática.

En el caso de Guerrero, de parte de la administración morenista de Evelyn Salgado Pineda, los colectivos contaron sobre la falta de apoyos que hay hacía su labor.

Gema Antúnez contó que desde el comienzo de la administración, en octubre del 2021, buscan una reunión con la gobernadora pero siempre que agendan les cancelan de último minuto.

Lo único positivo que lograron en esta administración es la apertura al diálogo con la fiscal general Sandra Luz Valdovinos, quien, dijeron, está en la disposición de atender al colectivo María Herrera.

Al respecto, Álvarez Gil mencionó que de parte de su colectivo (Lupita Rodríguez) ya se reunieron con la gobernadora pero no hay acuerdos concretos.

“Es lo de siempre, solo vamos y la gobernadora nos dice que tenemos a disposición a todos los secretarios, pero nosotros no queremos eso, no queremos a un funcionario detrás de un escritorio, queremos que salgan y nos apoyen en nuestras búsquedas”.

Un punto en el que coincidieron los colectivos es en aumentar el presupuesto para los organismos que trabajan directamente con las víctimas y sus familiares, pues denunciaron que las oficinas de la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) en Acapulco no hay ni garrafones de agua para los trabajadores, menos para apoyar y solucionar peticiones de las víctimas y colectivos.

Llamqron a las autoridades a dotar de presupuesto y herramientas como palas, picos y retroexcavadoras para las búsquedas y que queden a disposición de todos los colectivos

En el caso de las fiscalías piden agilizar las investigaciones porque dijeron que los avances que hay en las carpetas de investigación es porque los familiares aportaron todas las pruebas.

Al finalizar el conversatorio Gema Antúnez llamó a los grupos del crimen organizado parar las desapariciones.

“Les preguntamos a todos esos perpetradores, ¿si ya los mataron por qué enterrarlos, que les cuesta dejarlos donde podamos encontrarlos para que sus familias puedan estar en paz”.

Muestra colectiva de cartel

En el marco de la Caravana se realizó la muestra colectiva de carteles Narrativas y Memorias de la Desaparición en México, una serie de 97 carteles creados por artistas de diversos colectivos y universidades que plasmaron su sentir por las desapariciones en el país.

Los carteles tienen la temática de desaparecidos y estará expuesta hasta el próximo viernes en el centro cultural El Zanate Azul, espacio que fue sede de estas actividades.

El evento fue organizado por los colectivos Técnicas Rudas, Amapola periodismo y el Centro de Estudios sobre Infancias y Juventudes en Guerrero (Ceijgro).

Además de la exposición de carteles se realizó un concierto gratuito de los rockeros mexicanos Francisco Barrios, conocido como El Mastuerzo y Arturo Muñoz, Cárcara, quienes cantaron canciones dedicadas a personas desaparecidas.

El Mastuerzo es conocido por formar parte del grupo de rock Botellita de Jeréz, además de ser solidario con diversos movimientos sociales que van desde la Guerra sucia, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y actualmente con colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Una de las canciones que tocó está dedicada a una sobrina desaparecida durante la guerra sucia.

En el conversatorio tambien participaron la reportera Marlén Castro, de Amapola periodismo y Arturo de Dios, también fundador de este medio nativo digital.

Castro y De Dios señalaron la responsabilidad del Estado en todas las desapariciones registradas en Guerrero, estado en el cual se documento la primera documentación forzada en el país.

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Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Colectivos de víctimas de familiares de personas desaparecidas durante la década de los setentas pidieron al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, se retracte de su propuesta, que tiene la venia presidencial, de colocar en letras de oro a los militares abatidos en combate durante el periodo conocido como guerra sucia.

En conferencia de prensa, este martes los representantes de los colectivos hicieron un pronunciamiento dirigido a Sandoval González para, entre otras cosas, desista y pida disculpas por lo dicho el pasado 22 de junio durante el inicio de actividades conjuntas entre la Comisión de la Verdad (Comverdad), y el Ejército para abrir sus cuarteles y archivos.

Sandoval González dijo en esa ocasión que los militares caídos en aquella etapa serán homenajeados.

“Es un agravio y una ofensa para las victimas enaltecer a los perpetradores como si fueran héroes nacionales”, mencionó Octaviano Gervasio Benítez, representante del Colectivo de grupos de desaparecidos de la guerra sucia.

“Por eso pedimos al secretario se retracte de su propuesta de enaltecer a los perpetradores”.

Además de la petición de que el secretario se retracte, los colectivos piden al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al subsecretario de Gobernación y presidente de la Comverdad, Alejandro Encinas Rodríguez, una serie de peticiones que garantice a las víctimas y familiares un acceso pleno a la justicia.

Los colectivos pidieron que a los trabajos de la Comverdad se sume la Secretaría de Marina (Semar), para que explique el tema de los vuelos de la muerte, donde supuestamente a través de aviones tiraron en el mar a activistas desaparecidos desde entonces.

También pidieron incluir a la Fiscalía General de la República (FGR), para comenzar a judicializar los casos y después la creación de una Fiscalía Especial para los casos sucedidos durante la guerra sucia y poder enjuiciar a los perpetradores y que las entrevistas a los perpetradores sean realizadas por ministerios públicos y no por historiadores.

“Hasta que cada perpetrador sea presentado a la justicia vamos a estar en paz, ya basta de actos protocolarios que fomentan la impunidad“, mencionó Gervasio Benítez quien comentó que su padre fue desaparecido por el Ejército durante la guerra sucia en Atoyac.

Los colectivos también denunciaron el enfoque que la Comverdad a las investigaciones y anunciaron que ellos no quieren un informe o un libro, como pretenden, lo que piden es castigo a los culpables.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH), las victimas directas durante la guerra sucia ascienden a 542 personas, pero los colectivos dijeron que a través de sus propias indagatorias ellos contabilizan alrededor de 1,200.

A tres años del gobierno de López Obrador, los colectivos piden justicia y concluyeron que la ola de violencia y desapariciones que generan los grupos del crimen organizado se debe a que sucesos como la guerra sucia continúan impunes.

 

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Has visto a… Lucyla Mendoza, la víctima 13 de desaparición que expone la trata en Montaña alta

La desaparición de mujeres mucha veces queda desdibujada en medio de violencias más estructurales en la región 


Texto: Beatriz García 

Chilpancingo 

 

Lucyla Mendoza García estaría a punto de graduarse del Centro de Estudios de Bachillerato de Tlapa, una oportunidad que le brindó su familia y que muy pocas la tienen en la Montaña alta de Guerrero. Salió de su comunidad, Pueblo Viejo, municipio de Metlatónoc, para estudiar. Su graduación está prevista en julio, pero ella está desaparecida desde el 9 de mayo pasado. 

La joven es una de los 56 víctimas de desapareción que Amapola. Periodismo trangresor registró durante mayo; son hombres y mujeres adultos y menores de edad. 

Lucyla tiene 19 años, es originaria de uno de los municipios más pobres y de gran marginación en América latina, que se ubica en Guerrero; es una zona carente de servicios básicos como educación, salud, vivienda y servicios públicos. 

Es una de las pocas mujeres de la región a quien sus padres campesinos y hermanos migrantes en Estados Unidos le brindan la oportunidad de ir a Tlapa, la cabecera municipal a la que migra la población de otros municipios de la Montaña, en particular de la parte alta, en busca de mejores oportunidades de vida. 

Las mujeres en la Montaña viven en medio de distintas violencias físicas, como en otras partes de Guerrero: desapariciones, feminicidios y casamientos forzados. 

En Tlapa, por ser la ciudad más grande de la región, se concentran las escuelas y algunos servicios públicos, además es el principal centro económico.  

El 9 de mayo por la tarde, Lucyla quedó de visitar a una de sus amigas en Tlapa, pero nunca llegó. Sus padres estaban en Pueblo Viejo, ubicado a unas cuatro horas de esa cabecera municipal, sin acceso a la telefonía celular. A los cuatro días de la desaparición, las amigas de Lucyla llamaron a sus padres a la caseta de la comunidad para informarles que no sabían nada de su hija y que estaban preocupadas por ella.  

De inmediato, un familiar de Lucyla elaboró una ficha de su desaparición para publicarla en redes sociales. 

“Familiares de la jovencita Lucyla Mendoza García, así como autoridades estatales y municipales, piden la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero”, se lee en la ficha que aún circula en las redes. 

En la publicación, los familiares colocaron números telefónicos por si alguien tenía información de la joven. Los mensajes y llamadas que les llegaron fueron de extorsión y amenazas. En uno de los mensajes se leía que ya no buscaran más a la joven, de lo contrario “algo” le sucedería a la familia. 

En otro mensaje que recibieron les decían que Lucyla estaba en Acatepec, en la Montaña alta, que la habían comprado para una casa de citas, es decir, con fines de trata 

El caso de Lucyla, según la versión de un familiar, quien pidió no mencionar su nombre por su seguridad, puede ser similar al de otra  menor de la misma comunidad (Pueblo Viejo), a quien se la llevaron unos hombres con fines de trata, pero ella logró comunicarse con su familia, quienes pidieron ayuda a la policía y la niña regresó con vida. 

Sobre la desparición de Lucyla, la familia sospecha de Sergio Ramírez Comonfort, un hombre de la misma comunidad, quien, saben, vende a jóvenes y niñas. Al menos así está asentado en la denuncia que recogió el Centro de Derechos Huanos de la Montaña Tlachinollan, que acompaña a la familia de Lucyla.  

Un día después de que se corrió el rumor de la desaparición de la joven, Sergio Ramírez se esfumó de la localidad y su familia interpuso una denuncia penal por su supuesta desaparición, de acuerdo con la versión del familiar de la estudiante de bachillerato. 

Las autoridades no dan información a la familia sobre las investigaciones del caso. La información que tiene la familia es porque lo investigaron por su cuenta y ellos se la reportaron a las autoridades.  

La familia asumió una responsabilidad directa de Fiscalía General del Estado (FGE). También optó porque lo trataran directo en la FGE Chilpancingo, por desconfianza a las autoridades regionales.  

Las violencias en Guerrero contra las mujeres son expuestas y documentadas por familares de las víctimas, quienes terminan asumiendo el trabajao de investigar. También las activistas y feministas en pro de los derechos de la mujer, quienes lograron que la Secretaría de Gobernación (Segob) emitiera ya dos Alertas de Violencia de Género (AVG) en el estado. 

El 23 de junio del 2016 hicieron la solicitud ante Instituto Nacional de Mujeres (INM). Guerrero llevaba años con una violencia sistemática hacia las mujeres; el estado ocupó uno de los primeros tres lugares a nivel nacional en violencia feminicida durante el periodo 1984-2010. 

El 22 de junio del 2017, la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró la AVG en Guerrero. Los municipios dentro de esa alerta son Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ometepec, Ayutla, Coyuca de Catalán, Tlapa e Iguala. Posteriormente se sumó Chilapa. 

El 5 de junio de 2020, ante el incumplimiento del estado para demostrar avances en la protección de la vida, integridad y seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes guerrerenses, la Segob, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), emitió la segunda AVG por Agravio Comparado para Guerrero. 

La segunda AVG se emitió con el objetivo de garantizar a las niñas y mujeres víctimas de violación sexual la interrupción del embarazo sin que tuvieran que interponer una denuncia y evitar poner en riesgo su salud, garantía que tendrán hasta ahora que se despenalizó el aborto en el estado.  

A este contexto de las mujeres se suma la pobreza en la que están inmersas en los municipios y localidades de la Montaña alta del estado, principalmente en los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc que durante muchos años organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU, las han catalogado como una de las regiones más pobres del mundo, lo que genera mayores dificultades para que las víctimas de alguna violencia acudan a la ciudad a interponer una denuncia. 

La familia de Lucyla es de las pocas que pudieron ir a interponer una denuncia formal a Tlapa, porque tienen familiares ahí. 

Sin embargo, Pueblo Viejo, de donde es originaria la joven, es un vivo ejemplo de pobreza y marginación de la región. 

Para llegar a Pueblo Viejo desde Tlapa–ubicada a entre tres y cuatro horas de distancia– se invierten tres horas en el camino de terracería, pero en temporada de lluvia pueden aumentar. El camino lo trazaron los mismos pobladores. Pero, el transporte solo llega a Zitlaltepec y de ahí los pobladores que van a la comunidad deben caminar una hora. 

El transporte público de Pueblo Viejo a Tlapa se reduce a dos camionetas pasajeras, pero con una sola salida al día. La camioneta sale entre 3:30 y 4:00 de mañana. El costo es de 120 pesos a 150 pesos.  

En caso de una urgencia, por ejemplo médica, los pobladores deben pagar un viaje particular que les cuesta 2,000 pesos, cantidad que casi nadie tiene. 

De acuerdo con pobladores, las autoridades les han prometido en muchas ocasiones la construcción de una carretera, pero nunca llega. 

En la localidad hay un centro de salud con apenas una enfermera, rara la vez llega un médico para dar atención. Los medicamentos que suelen darles sólo son paliativos, como paracetamol y ambroxol, incluso ha llegado medicamento caducado. 

El Centro de Estudios de Finanzas Públicas destaca que el porcentaje de pobreza moderada y extrema de la Montaña alta de Guerrero es de 88.72 por ciento, de acuerdo a un artículo publicado por Verificado. 

Esa información confirmada indica que los municipios donde más personas en pobreza viven son Cochoapa el Grande con 99.3 por ciento de su población y Metlatónoc con 98.4 por ciento. 

Con todas estas condiciones adversas que configuran violenias más estructurales es probable que la cifra de mujeres deesparecidas en la región Montaña sea mayor, pero hay pocas posibilidades de saberlo. 

56 víctimas de desparición en Guerrero durante mayo 

En mayo 56 personas de entre 8 y 80 años de edad desaparecieron en Guerrero, de los cuales 34 siguen desaparecidos, de acuerdo con el registro mensual que hace Amapola. 

El registro mensual contempla a mujeres y hombres desaparecidos de quienes sus familiares interpusieron denuncia formal ante las autoridades, por quienes se activaron fichas de Alerta Amber para menores de edad, fichas de Alerta Alba para mujeres mayores y fichas Has visto para el caso de hombres mayores. 

El registro también contempla desaparecidos por los que sus familiares interpusieron denuncia en el servicio telefónico Locatel y en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, donde también se emitió ficha de búsqueda y que se distribuyó principalmente en redes sociales como Facebook. 

En este mismo registro están las personas que desaparecieron y días después fueron hallados asesinados, por ejemplo, el ganadero que desapareció en Zitlala, de quien después localizaron su cadáver junto a otra persona. Otro caso es el de hombre de quien hallaron su cadáver flotando en un arroyo y tenía una semana reportado como desaparecido. 

En la lista de desaparecidos de la Montaña alta en mayo, además de Lucyla, está el caso de Dolores Flores Basurto, de 20 años, quien desapareció en Tlapa el 11 de mayo, después fue localizada, no se sabe si viva a o muerta. 

También en Tlapa desapareció el 7 de mayo Crescencio Damián Oliva de 32 años, sigue sin ser  localizado; el 9 de mayo desapareció Sergio Ramírez Comonfort de 29 años, y Elmer Zahi Vázquez Cristino de 25 años y Zeferino Cristino Vázquez de 72 años, quienes desaparecieron el 22 de mayo pasado. Ninguno de ellos fue localizado. 

13 mujeres desaparecidas en la Montaña alta  

En la Montaña alta suman 13 niñas, adolecentes, jóvenes y adultas  desaparecidas desde el 2018 hasta mayo del 2022, de acuerdo con el registro de Tlachinollan.  

Los integrantes de este organismo de defensa de los derechos humanos en la Montaña alta de Guerrero acompañan a víctimas de las diferentes violencias que se viven en la zona, entre ellas las mujeres que han vivido una violencia feminicida. Contempla un periodo más amplio y comienzan a hacer visible un problema más complejo, como la trata de mujeres.  

La abogada Neil Arias Vitinio lleva puntual seguimiento sobre las desapariciones de menores de edad y mayores de edad. El último caso que registró y por el que acompaña a sus familiares es el de Lucyla Mendoza. 

Vía telefónica, la abogada contó que de las 13 desaparecidas que tiene registradas, la más pequeña  es de 5 años. 

Dentro de las líneas de investigaciones de estos 13 casos, de acuerdo con lo que las autoridades aportaron a los y las defensoras de Tlachinollan, en las desapariciones tuvieron que ver grupos criminales, algunos relacionadas a la trata de personas. 

Del caso de Lucyla, la abogada compartió que ha solicitado a las autoridades de la FGE que agoten todas las líneas de investigación, porque, de acuerdo con el relato de familiares y conocidos, el sospechoso es una persona que forma parte de un grupo criminal y tiene antecedentes de haber engañado a otras jóvenes de varias partes de la región. 

Lo grave para la abogada, es que el sospechoso ahora lo consideran una víctima, porque supuestamente está desaparecido, que impide se consolide la línea de investigación que indica que está involucrado en la desaparición de Lucyla. 

Destacó que la Montaña alta es una zona marginada y el problema  está en que para la FGE si una mujer desaparece en esta región es porque  “se fueron con el novio con consentimiento”. Con esa narrativa impuesta los casos quedan cerrados. 

En la Montaña alta las autoridades también se aprovechan porque a los familiares se les complica viajar, que impide exijan una investigación pronta y oportuna, pero los y las defensoras de Tlachinollan aseguran que estarán acompañando a las familias de cada víctima hsta encontrarlas. 

 

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