Texto: Itzel Urieta Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo 28 de diciembre del 2023
Chilpancingo
Un grupo de civiles armados privó de la libertad a la directora del relleno sanitario de Taxco, Anabel Gutiérrez, a un trabajador del Ayuntamiento y a varias personas dedicadas al reciclaje de residuos.
Los hechos de acuerdo con los comentarios en redes sociales ocurrieron desde el martes 27 de diciembre, entre las 12 y tres de la tarde, pero trascendió hasta la noche del miércoles 28.
La información difundida en redes sociales y la que se conoce hasta el momento es que los civiles armados arribaron a la Unidad de Desechos Sólidos, ubicada en el barrio de El Panteón.
El grupo de civiles armados se llevó por la fuerza a las víctimas, aun no se sabe nada de su paradero.
El número de trabajadores y de personas dedicadas al reciclaje de residuos privados de su libertad es impreciso. Algunos medios de la región mencionan que se llevaron a 12, otros que a seis.
Ni el alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, o el Ayuntamiento emitieron algún comunicado al respecto.
La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado donde informó que abrió una carpeta de investigación por «desaparición cometida por particulares».
En la imagen, Marina y Policía Estatal recorren las calles de Chilpancingo, como parte de una operación de vigilancia, en noviembre del 2021. Foto: José Luis de la Cruz/ Archivo.
También informó que durante la madrugada de hoy realizaron un operativo en el poblado de Huixtac donde denunciaron que había personas privadas de su libertad.
A dicho lugar llegaron elementos de la FGE, Ejército y Guardia Nacional pero no hallaron a las personas.
De acuerdo con el comunicado en dicho lugar hallaron dos automóviles y una motocicleta con reporte de robo.
En los últimos meses en Taxco ocurrieron varios hechos violentos. El 25 de diciembre localizaron los cadáveres de Lucero Torres Iturralde y Jorge Mejía Reyes, ambos profesores estaban desaparecidos.
Antes de ser hallados sin vida, en redes sociales trascendió la noticia de que habían sido privados de su libertad por civiles armados.
La denuncia no se hizo ante ninguna institución.
En noviembre, tres periodistas fueron privados de su libertad en el mismo municipio, quienes fueron liberados después de varios días.
Julio Pérez García un menor de 15 años de edad que el primero de septiembre sufrió desaparición forzada junto con otras seis víctimas en un centro de rehabilitación en Acapulco a manos de presuntos agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) no es buscado por las autoridades, denunciaron sus familiares.
El pasado 5 de octubre la FGE dio a conocer que de los 17 cadáveres hallados en distintas fosas clandestinas por colectivos de familiares de desaparecidos en el parque nacional de El Veladero en Acapulco, tres corresponden a siete de los privados de su libertad el pasado 1 de septiembre en el centro de Rehabilitación Renovación Espiritual en la colonia Linda Vista en Acapulco.
Los tres cadáveres que ya fueron identificados y sepultados por sus familiares son, Eric Calixto Chávez, Brian Josué Vargas Hernández y Jesús Arroyo Venegas.
Falta por localizar a María Perla Guzmán, Andrés Gabriel Delgado, el menor de 15 años Julio Pérez García y Moisés Juárez Abarca, éste último líder perredista defensor de los derechos humanos de las poblaciones LGTBy+.
«Nosotros teníamos la certeza de que de los 17 cadáveres hallados en una de las fosas clandestinas uno de ellos era el de mi sobrino Julio Pérez, pero la Fiscalía no nos dice nada pero tampoco lo busca», denunció la tía del menor desaparecido.
El menor de 15 años Julio Pérez vive en la colonia Emiliano Zapata y en enero de este año sus familiares lo llevaron al Centro de Rehabilitación Renovación Espiritual donde recibió terapias psicológicas hasta junio de este mismo año.
«Mi sobrino ya había terminado con su período de seis meses de recibir terapias pero le gustó y a cada rato iba al centro de rehabilitación a apoyar a la gente que llegaba a ese lugar», dijo la tía de Julio Pérez.
El familiar del menor desaparecido dice que la primera versión que les dieron algunos de los testimonios es de que un grupo de agentes de la Fiscalía llegaron al Centro de Rehabilitación y se llevaron al menor de 15 años y a los seis adultos.
«Pero la Fiscalía nos aseguró que ellos no se llevaron a ninguno de nuestros familiares pero lo más raro es que nunca los buscaron y si oficialmente ya se hallaron a tres fue gracias a las madres buscadoras y no a las autoridades», dijo la tía de Julio Pérez.
Por su parte, doña Guadalupe Hernández, madre de Brián Josué Vargas Hernández, uno de los siete desaparecidos que ya fue identificado dentro de los 17 cadáveres hallados en las fosas clandestinas, dijo que la FGE le informó que su hijo fue asesinado por asfixia.
«Ya sepulté a mi hijo y ahora quiero, exijo que la Fiscalía General investigue y detenga a los responsables de la desaparición y asesinato de mi Brian», afirmó Guadalupe Hernández.
La mamá de Brian Josué agradeció a los integrantes de los colectivos de buscadoras de fosas clandestinas el haber hallado a su hijo Brian.
«Gracias a estas personas hallamos a esas 17 personas enterradas y la Fiscalía nunca hizo nada por buscarlos allá», dijo Guadalupe Hernández.
Jonathan Munivez Mayo tenía 21 años cuando lo desaparecieron hombres armados a bordo de una patrulla de la Policía Municipal de Chilpancingo.
Este 4 de octubre del 2023, la familia de Jonathan celebró una misa por su cumpleaños número 36, en la Casa del Peregrino, que oficio el padre José Filiberto Velazquez Florencio
Jonathan lleva 15 desaparecido, desde que en 2008 policías municipales irrumpieron en la madrugada en su departamento en el poblado de Petaquillas, una comunidad del municipio de la capital de Guerrero, Chilpancingo.
La autoridad municipal negó participación, sin embargo, los que se lo llevaron estaban vestidos de policías y llegaron en una patrulla de la Policía Municipal.
Hace 49 años, el Ejército se lo llevó como guía para buscar un campamento de guerrilleros, después lo mató. Es la octava víctima que será exhumada y probará el terrorismo de Estado
Texto y fotografía: José Miguel Sánchez
17 de septiembre del 2023
Chilpancingo
La mañana del 19 de noviembre de 1974 un grupo de militares tocaron la puerta de José Santos González Rojas, de 26 años, quien se dedicaba junto con sus hermanos a la agricultura y la ganadería en la comunidad serrana de Palos Altos, municipio de San Miguel Totolapan.
Los militares buscaban un guía para, supuestamente, llevarlos a recorrer la zona a buscar un campamento de guerrilleros.
Para ese entonces, ya había caído en combate el líder guerrillero Lucio Cabañas y el Ejército quería exterminar todas las células del Partido de los Pobres.
Era la década de 1970, la llamada guerra sucia estaba en su punto máximo de ebullición, la Sierra guerrerenses fue el campo de batalla entre el Ejército y la guerrilla.
Por ese motivo cientos de elementos del Ejército se desplegaron en Guerrero para enfrentar la guerrilla; dichas operaciones militares dejaron el saldo de cientos de personas desaparecidas, asesinadas, torturadas y pueblos saqueados y miles de desplazados.
Por la violencia ejercida por parte del Ejército, académicos y víctimas piden que este hecho histórico que va de 1960 a 1980 sea conocido como terrorismo de Estado.
Uno de esos pueblos asediados por el Ejército fue Palos Altos, donde una de las víctimas fue Santos González.
«En aquel tiempo no podías decirle que no al Ejército y por eso fue él (Santos González), que con miedo los acompañó para supuestamente ser su guía, pero ya nunca regresó», contó en entrevista Evaristo Tamaquio González, sobrino de Santos, quien se define como hijo de crianza y una de las personas que emprendió la lucha por la justicia.
Familiares de José Santos González exigen justicia, la imagen este 17 de septiembre en Chilpancingo.
Santos González Rojas era habitante de Palos Altos, comunidad serrana de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero, se dedicaba a la agricultura y la ganadería, por lo que conocía muy bien los alrededores de Palos Altos.
En la Sierra de Guerrero, por las distintas irrupciones ilegales del Ejército la población vivió en constante miedo, «por eso, hasta que vimos que los militares se fueron, salimos a buscar a mi tío», recuerda Tamaquio González.
«Lo cargaban como guía y ya después lo desaparecieron, nosotros como a los ocho días lo fuimos a buscar y lo encontramos muerto y ya en descomposición», agregó.
Por las condiciones en las que hallaron el cadáver de Santos González, a su familia le fue imposible regresar con él, por lo que decidieron enterrarlo en el mismo punto donde lo hallaron.
Fue en el punto conocido como el Cerrito del Águila, a una hora y media de camino de Palos Altos donde hallaron el cadáver y lo enterraron.
Carlos González Marques también sobrino de Santos González emprendió una lucha de 49 años para recuperar los restos de su tío, hacerle justicia y darle un entierro digno.
Una lucha colectiva
Carlos y Evaristo se unieron al Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, para exigir justicia y castigo a los responsables del asesinato de su tío.
Desde dicho colectivo, decenas de familias piden justicia para las víctimas, por lo que junto con la Asociación Representativa Ejidos y Comunidades Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y la Asociación Cívica Nacional Revoluciones (ACNR) formaron La Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia.
Desde La Unión de Colectivos se interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Ejército por desaparición forzada.
Resultado de dicha denuncia, la FGR determinó exhumar ocho cadáveres de fosas clandestinas en Los Espadines y Palos Altos, las ubicaciones las obtuvieron a través de las declaraciones de las familias de las ocho personas que vieron cómo el Ejército los asesinó.
Fue así que del 4 al 8 de septiembre, la Unión de Colectivos junto con la FGR, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) realizaron la búsqueda de las fosas clandestinas.
Durante las labores de búsqueda hallaron los restos de Gervasio Bernardino Durán, Eduviges Ovillada Ortiz, Bartolo Rojas Nazario, Francisco Rojas Nazario, Pablo Rojas Terán, Apolonio Hernández Bernardino y José Isabel Rojas Bernardino, de 13 años.
La justicia quedó cerca, a tres horas de distancia
De Los Espadines a Palos Altos son tres horas de distancia, y aunque estaba incluido en las labores llegar, el clima y el tiempo impidieron a las autoridades completar los trabajos, por lo que quedaron pendientes de exhumación, los restos de José Santos González Rojas, enterrado cerca del poblado de Palos Altos.
«Estamos en eso, exigiendo justicia y ojalá pronto llegue, estamos un poco tristes y preocupados por no tener todavía a nuestro familiar y darle cristiana sepultura, pero esperemos que ya pronto.
Los otros siete restos fueron hallados en tres fosas clandestinas, dos en Los Espadines, una con tres y la segunda con dos víctimas y una tercera fosa en el lugar conocido como Las Desdichas, del municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente de Guerrero.
Este mediodía, en conferencia de prensa en las instalaciones de la CDHEG, familiares de estas ocho víctimas, entre hijos, hermanos y sobrinos pidieron a la FGE y al Servicio Médico Forense (Semefo) agilizar las labores de identificación para que lo más pronto posible accedan a los restos de sus familiares y puedan darles sepultura.
«Encontramos los resultados que nosotros queríamos, donde el Ejército mexicano asesinó sin dar ni una explicación, llegaban a los pueblos a masacrar y echar los cuerpos a una fosa clandestina», mencionó Estela Arroyo Castro, coordinadora de la Asociación Representativa de Ejidos, Comunidades, Grupos Vulnerables y Violaciones a los Derechos Humanos (Arecovidh).
Durante las labores de exhumación, el personal de la FGE negó a los familiares observar los trabajos y solo al final, antes que los restos fueran trasladados en helicóptero a Chilpancingo les permitieron verlos durante unos minutos.
A 49 años de los hechos, la familia de Santos Gónzalez pide que se agilicen los trabajos para que las autoridades les entreguen a su familiar.
Los restos de la víctima que faltó podrían ser exhumados después de octubre, terminada la temporada de lluvias.
En la conferencia de prensa, los familiares de las siete víctimas de la guerra sucia desaparecidas y asesinadas presuntamente por elementos del Ejército, exigieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), la identificación inmediata de los restos hallados en la comunidad de Los Espadines, en la Sierra de la Tierra Caliente.
Son siete los desaparecidos, entre ellos, un menor
Texto: Amapola Periódico
Fotografía: En Primer Plano
Chilpancingo
«Mi hijo no es un delincuente», asegura Guadalupe Hernández Zavaleta, mamá de Bryan Josué Vargas Hernández quien junto con otros cuatro hombres, un menor de edad y una mujer fueron privados de su libertad por presuntos agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) del centro de rehabilitación Renovación Espiritual, ubicado en la colonia Vista Hermosa, en Acapulco.
En entrevista, Guadalupe Hernández, dice que el viernes 1 de septiembre su hijo le contó que tenía que ir al centro de rehabilitación porque se habían presentado algunos problemas.
«Al ratito llego», fueron las últimas palabras que me dijo mi hijo cuando me avisó que se iba al centro de rehabilitación. Eran como las cuatro de la tarde del viernes, afirmó Guadalupe Hernández.
Cuenta que este lunes 4 de septiembre el encargado del centro de rehabilitación le comunicó que su hijo y otros seis más habían sido sacados por la fuerza por un grupo de hombres que llegaron al centro de rehabilitación en una camioneta de la Fiscalía General del Estado.
«Nos dijo que (los delincuentes) primero se llevaron a un grupo de tres, en donde iba mi hijo, y después otro grupo de personas», contó.
Menciona que a ella y a los familiares de los otros seis secuestrados les dijo la Fiscalía que esta institución no realizó ningún operativo en el centro de rehabilitación y mucho menos privó de la libertad a los muchachos.
Indicó que su hijo Bryan iba a ese centro de rehabilitación para dar terapias a las personas que tienen alguna adicción por el alcohol.
«MI hijo nunca ha bebido, no fuma y le gustaba ir a ese centro para ayudar a la gente porque él es una persona solidaria y no es ningún delincuente».
«Mi hijo es una persona limpia» , refiere Guadalupe Hernández.
Exigió a la FGE que realice su trabajo y localice con vida a su hijo y a las demás personas que también sufrieron desaparición forzada.
Junto con Bryan Josúe Vargas, fueron privados de su libertad del centro de rehabilitación, Jesús Arroyo Venegas, de 38 años, Erick Calixto Chávez, de 23, María Perla Guzmán, el menor de 15 años Julio Pérez García, Andrés Gabriel Delgado y Moisés Tomás Juárez Abarca, de 38 años y quien es líder de la comunidad de LGTBI+ de una corriente política al interior del PRD en Guerrero.
Guadalupe Hernández pidió a la FGE que investigue al encargado del centro de rehabilitación porque fue muy raro que les haya avisado tres días después de la desaparición forzada de sus familiares.
Debido al tardío aviso de la desaparición de las siete víctimas, sus familiares presentaron la denuncia hasta el lunes 4 de septiembre y otros hasta el martes 5.
El encargado del albergue a quien se le conoce como Sam, no se ha aparecido desde el pasado lunes después de avisar vía telefónica de los sucesos del pasado viernes.
«No sabemos a qué hora se llevaron a la muchacha y a los muchachos pero nos dicen que eso habría ocurrido en la noche del viernes», dice Guadalupe Hernández.
La tarde de ayer miércoles, las madres de tres de las siete víctimas llevaron a cabo una protesta en el Asta Bandera, ubicada en la avenida costera Miguel Alemán, en Acapulco, para exigir la búsqueda de sus familiares.
Durante el mitin, los familiares denunciaron la inacción de la FGE para dar con el paradero de sus parientes.
«Ya se cumplieron cinco días de la desaparición de mi hijo y no vemos resultados», expresó.
Para mañana viernes tienen programada una marcha que partirá de la Diana hasta el Asta Bandera, en esta misma vía.
Un maestro de la preparatoria 4 de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), con sede en el municipio de Taxco de Alarcón, fue reportado como desaparecido por sus familiares y piden que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) realicen su búsqueda para localizarlo con vida.
Es el catedrático Esteban Arredondo Ávila, quien fue visto la última vez el lunes 28 de agosto cuando se dirigía a Iguala, luego de realizar un trámite en las oficinas de la rectoría de la Uagro, end Chilpancingo, por la mañana.
El maestro de 32 años, con nueve años como profesor en la preparatoria 4 de Taxco, es originario de la ciudad de Iguala. La última vez que lo vieron vestía pantalón de mezclilla, playera rosa y tenis blancos.
«Es una persona honorable (Esteban Arredondo) que nunca ha tenido conflicto con nadie, es un ciudadano honesto y participa en las actividades de la colonia donde vive», escribieron los familiares del profesor.
La Asociación Nacional Cívica Revolucionaria (ACNR) pidió al gobierno la búsqueda de Esteban Arredondo.
«Esteban estuvo hasta después de las 11 de la mañana en las oficinas de rectoría en Chilpancingo y cuando, al parecer, abordaba un vehículo para trasladarse a Iguala se perdió el contacto con él», dijo un familiar del profesor, de quien se guardará identidad, en una entrevista vía telefónica.
«Después de que Esteban no aparecía realizamos su búsqueda, pero no lo hemos hallado», mencionó.
Agregó que ya acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer la denuncia y les informaron que realizarán la búsqueda.
Ficha de búsqueda del ACNR para localizar Esteban Arredondo Ávila, maestro de la preparatoria 4 de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Texto: Carlos Arrieta, Charbell Lucio, Carlos López, Marlén Castro, Beatriz García, Margena de la O, Jesús Guerrero, Óscar Guerrero, Franyeli García, Rocío Gallegos, Blanca Carmona, Gabriela Minjares
Ilustración: Margarita Sousa
30 de agosto del 2023
En México, oficialmente se reconoce la existencia de 354 víctimas a las que «se le(s) privó de la libertad por una corporación policiaca o militar», entre los años 2006 y 2023, tal como se desprende del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de la Secretaría de Gobernación federal.
A esa cifra deben sumarse al menos otras 72 víctimas del mismo periodo que también se incluyen en dicho registro oficial, pero que no están catalogadas como víctimas de agentes oficiales, a pesar de que sus familiares sí responsabilizaron de los hechos a autoridades estatales o federales de seguridad.
Así, en total, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas del gobierno federal incluye 426 casos acumulados durante el periodo de la guerra contra el crimen organizado, en los que la autoridad o sus familias señalan a «una corporación policiaca o militar» como autora de los hechos.
El fenómeno de la desaparición forzada en México ha sido denunciado al menos desde la década de los 60 del siglo pasado, pero ésta es la primera vez que puede conocerse un listado de víctimas atribuidas a cuerpos de seguridad pública y seguridad nacional, elaborado por las mismas autoridades mexicanas.
Durante el periodo de la guerra contra el crimen organizado, este listado incluye 391 víctimas del sexo masculino y 35 del femenino.
De esos casos, 96 se dieron durante el gobierno de Felipe Calderón; otros 176 se registraron en el periodo de Felipe Peña Nieto; y en lo que va de la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador suman 154 casos.
Estas, sin embargo, no son todas las desapariciones forzadas en los que se presume o se ha comprobado la participación de cuerpos de seguridad pública o seguridad nacional, sino sólo los casos reconocidos por la autoridad en su Registro Nacional. Las cifras de este registro son, por lo tanto, inferiores a la realidad, sobre todo tomando en cuenta que las fiscalías de justicia del país no dan seguimiento a las denuncias, ni actualizan su información.
La cifra total de desapariciones forzadas ocurridas en el país es desconocida.
Tan sólo una búsqueda en registros hemerográficos, documentales, académicos y de organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos tanto públicos como independientes, realizada como parte de esta investigación, permitió identificar otros 353 casos de desaparición forzada presuntamente perpetrados por fuerzas estatales y federales durante la guerra contra el crimen organizado, que no están contemplados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Es el caso, por ejemplo, de los abogados Guillermo Alejandro Ortiz Ruiz y Vianey Heredia Hernández, cuyos nombre no están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, a pesar de que en 2010 fueron raptados en el municipio de Apatzingán, Michoacán, y desde entonces se ignora su paradero.
«Hay evidencias de que fueron elementos del Ejército mexicano –explica la señora Mercedes Guadalupe Ruiz, mamá de Guillermo–. Ya que la actividad del teléfono de mi hijo muestra las llamadas emitidas desde la zona militar de Apatzingán.»
Los abogados Guillermo y Vianey, dedicados a la gestión de trámites mineros, desaparecieron el 29 de noviembre de 2010, cuando se dirigían desde Apatzingán, Michoacán, hacia la ciudad de Acámbaro, en Guanajuato, para entrevistarse con clientes que querían reclamar la titularidad de una mina.
Según los registros de geolocalización del teléfono de Guillermo (de los que se posee una copia), seis días después de la desaparición, el 5 de diciembre, el aparato fue encendido en el municipio de Tumbiscatío, para cruzarse mensajes de voz con otro teléfono ubicado en las inmediaciones del 30 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, con sede en Apatzingán, Michoacán.
Luego, el 11 de diciembre, el teléfono de Guillermo se activó nuevamente para emitir un mensaje de voz, estando ahora alrededor del mismo cuartel.
El caso de estos abogados, además, es una muestra del tipo de irregularidades con las que se construye la impunidad en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado.
Aunque la desaparición fue denunciada un día después de los hechos, el Ministerio Público de Michoacán se tomó dos meses para iniciar una averiguación previa, a la que la familia de las víctimas sólo tuvo acceso hasta el año 2012, dos años después de los hechos, momento en el que descubrieron que la autoridad sólo investigaba el robo de la camioneta en la que Guillermo y Vianey se transportaban, pero a ellos no los reconocían como víctimas de desaparición y, por lo tanto, no se había realizado ninguna diligencia para su localización.
El Ministerio Público tampoco investigó por qué el teléfono de Guillermo se activó en las cercanías del 30 Batallón de Infantería de Apatzingán y, finalmente, en 2021, se informó a la familia de las víctimas que no había elementos de investigación y que el expediente sería archivado.
En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tampoco se contempla el caso de Lenin Vladimir Castañón Rodríguez, un taxista de 41 años que en julio de 2019 fue raptado por policías estatales.
«Un día antes se habían llevado a dos taxistas y con él ya fueron tres –recuerda Olga, su esposa–. Todos los taxistas se alertaron y empezaron a correr la voz. Todo el mundo dijo que se lo habían llevado del mercado (municipal de Chilpancingo, capital de Guerrero), pero nadie me dijo nunca quién lo hizo, sólo hubo una persona que me dijo que se paró una camioneta de la Unidad de Fuerzas Especiales (de la policía estatal), una camioneta medio vieja, en la que venía el chofer y dos mujeres, ésos se le cerraron, los policías fueron los que se lo llevaron, fueron ellos.»
En este Registro Nacional, un ejemplo más, sí se contempla la desaparición de Carlos Guzmán Zúñiga, ocurrida el 15 de diciembre de 2008 en el estado de Chihuahua, pero no la de su hermano José Luis, a pesar de que ambos fueron raptados de su vivienda en el mismo momento.
Los hermanos Carlos y José Luis, de 28 y 29 años, no habían cometido ningún delito y, tal como testificaron sus vecinos, su privación de la libertad fue resultado prácticamente del azar, del destino que los puso en el camino del Ejército y de la Policía Federal.
“Estaban ellos en su casa –narra Rosa Zúñiga, tía de ambos muchachos– y estaba Carlos, ese viene siendo el más chico, parado afuera de su casa. Y andaban los soldados y Policía Municipal y federales, andaban que revisando casas… Llegaron con los vecinos y luego ya se pasaron a la casa de mi hermana y subieron nada más a mi sobrino Carlos, y luego sale mi sobrino José Luis a mirar qué es lo que está pasando, porque escuchó ruidos, sale y se asoma y también lo suben a la patrulla de los soldados. Los subieron a los dos…”
El Ejército negó haber detenido a los hermanos Guzmán Zúñiga a través de un documento formal, emitido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, según el cual “personal militar no participó en la detención y desaparición de los hoy agraviados”.
Pero, además del Ejército, otra de las corporaciones involucradas, la Policía Federal, también intentó desvincularse de la privación de la libertad de los hermanos Guzmán, y para ello presentó como prueba el parte policiaco elaborado el día de los hechos.
En este documento, la Policía Federal reconoce que ambos hermanos fueron detenidos y “trasladados a las instalaciones del Regimiento de Caballería Motorizada (del Ejército)» en Ciudad Juárez.
Desde que los hermanos Guzmán Zúñiga fueron ingresados a ese cuartel, nunca más fueron vistos con vida.
Base abierta
Además de las víctimas a las que «se le(s) privó de la libertad por una corporación policiaca o militar» durante el periodo de la guerra contra el crimen organizado, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas también incluye en esta categoría otros 298 casos ocurridos entre 1965 y 2005, así como 84 casos en los que no se especifica la fecha de los hechos.
En total, bajo la categoría específica de víctimas desaparecidas «por una corporación policiaca o militar», el Registro Nacional suma 652 registros, de los años 60 del siglo pasado a la fecha.
La base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizados es pública desde el 24 de agosto de 2023, en la página oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (https://comisionacionaldebusqueda.gob.mx/transparencia/)
La lista de víctimas de desaparición perpetradas “por una corporación policiaca o militar”, y de víctimas no catalogadas en esa categoría a pesar de que sus familias atribuyen el crimen a corporaciones de seguridad pública o seguridad nacional, puede descargarse aquí (https://docs.google.com/file/d/1ia8bGcR27
Previo a la conmemoración del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, integrantes de un colectivo de madres buscadoras elaboraron papalotes donde pintaron los rostros de sus hijos con consignas de exigencia para que el gobierno los localice con vida.
La organización Memoria, Verdad y Justicia Acapulco-Chilpancingo realizaron esta actividad para sensibilizar a la ciudadanía y al gobierno.
El grupo de madres del colectivo iniciaron una serie de actividades desde el fin de semana pasado en la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco.
Las madres se concentraron en una casa para crear los papalotes y pintar los rostros de sus desaparecidos.
Patricia Retana Ahuejote contó que el pasado 13 de agosto su hijo José Ismael Martínez Retana cumplió seis años de ser secuestrado; sigue sin aparecer.
José salió a bailar con su novia y amigos a un antro en la playa La Condesa en Acapulco y ya no volvió. Les avisaron que fue secuestrado.
Patricia Retana, quien es doctora, recordó que pagó un rescate a los supuestos captores de su hijo, pero nunca lo liberaron.
José cumplirá 23 años este viernes 1 de septiembre.
«Para mí es una terapia hacer esto (elaborar los papalotes), pero a la vez siento mucho dolor por no saber el paradero de mi hijo», expresó.
Las madres utilizan papel de china de diversos colores, hilo y resistol para elaborar los papalotes que también en Acapulco los conocen como culebrinas.
Patricia Retana dijo que un individuo al que le entregó el dinero por el rescate de su hijo está detenido, pero un juez sigue sin dictarle la sentencia condenatoria y teme que el presunto secuestrador salga en libertad a través de un amparo que solicitó ante la justicia federal.
En entrevista llamó a las autoridades a que muestren un poco de sensibilidad y busquen a sus seres queridos.
«El gobierno es muy apático y corrupto», agregó.
Este martes, las integrantes de este mismo colectivo soltaron los papalotes en Playa Suave del puerto.
Durante esta actividad, las madres de los desaparecidos exigieron a las autoridades la búsqueda de sus seres queridos.
Este miércoles 30, diversos colectivos de personas desaparecidas en Guerrero realizarán movilizaciones en Chilpancingo, Acapulco e Iguala.
Reynol Magaña Dionicio tiene 85 años, es originario de la comunidad de Ocotito, muicipio de Chilpancingo, y desde el 16 de agosto está desaparecido.
De acuerdo con Reyna Magaña Martínez, hija de Reynol, su padre salió del lugar conocido como Albercas Panorámicas, ubicadas en la carretera Ocotito-Zoyatepec.
A 13 días de la desaparición de Reynol, sus familiares han realizado búsquedas por su cuenta en lugares en comunidades cercanas a Ocotito.
«La última vez que lo vieron fue en Rincón de la Vía (comunidad vecina de Ocotito), si alguien lo veo que nos avise por favor», mencionó la hija.
Explicó que su padre padece de demencia senil. La demencia senil es un conjunto de diferentes enfermedades y síndromes que se caracterizan por un deterioro cognitivo progresivo y asociado al envejecimiento.
Debido a este padecimiento es que Reynol tiene dificultades para recordar lugares y personas, es parte de lo que les preocupa a Reyna y a sus hermanos.
Reynel es campesino, está acostumbrado a caminar, pero ahora con su padecimiento ya era común para la familia que saliera a caminar por mucho tiempo, siempre estaban pendietes de él, en esta ocasion, al parecer, salió sin que nadie se diera cuenta.
La familia acudió hace unos días a interponer la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por desaparición.
Reyna contó que ayer realizó los últimos trámites en la FGE y la ficha de Reynol ya está activa.
Reynol le comentó a sus hijos que él quería llegar a Atoyac de Álvarez, porque nació en ese municipio, cada que salía «esa es su meta».
La familia espera que con la ficha de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y las búsquedas de campo que haga la FGE localicen con vida a Reynol.
«Si en un momento su mente está bien, que sepa que lo estamos buscando y queremos que regrese», agregó la hija.
La investigación «Permiso para matar» busca documentar un grupo específico de crímenes de guerra: aquellos que presuntamente fueron cometidos por fuerzas de seguridad, federales o estatales contra víctimas inocentes o indefensas, pero nunca llegaron a un ministerio público. Son las víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Texto: Daniel Moreno / Animal Político
Ilustración: Jesús Santamaría y Andrea Paredes
28 de agosto del 2023
Nunca sabremos cuántas personas han muerto realmente por “culpa” de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Y nunca sabremos por qué murieron o quién las mató, porque más del 90 por ciento de homicidios quedan impunes.
Hablamos de todos los muertos, de los que oficialmente “se mataron entre ellos”, de los que “chocaron” con fuerzas de seguridad de cualquier nivel siendo supuestos integrantes del crimen organizado, de los que cayeron por el fuego cruzado y que se describe en informes oficiales como “víctimas colaterales”, de cientos de integrantes de fuerzas de seguridad, víctimas de algún ataque y, por supuesto, de las personas inocentes, indefensas, cuya vida fue truncada por policías, soldados o marinos con el pretexto del cumplimiento del deber, sobre las que trata esta investigación.
Claro que hay números oficiales que registran los asesinatos cometidos cada año y podemos decir que, desde 2006, se han reportado más de 370 mil homicidios dolosos y feminicidios.
Pero no hay forma de calibrar la precisión de los números oficiales, de saber cuáles de estas muertes deben contarse como resultado del conflicto armado.
Además, las víctimas registradas oficialmente por el Inegi no incluyen, para poner un ejemplo, 111 mil personas desaparecidas, un número incluso que las propias autoridades consideran que solo ofrece una idea aproximada del tamaño del problema, porque tampoco hay posibilidades de tener una cifra exacta.
Esos conteos, por supuesto, tampoco incluyen a las víctimas que yacen en cientos o miles de fosas clandestinas que permanecen ocultas a lo largo del territorio, a la espera de algún grupo de madres buscadoras, esas que recorren kilómetros cada día buscando a sus hijos e hijas.
¿Cómo confirmar hechos y cifras cuando un boletín oficial informa vagamente que hubo un enfrentamiento en el que murieron “cinco o diez presuntos delincuentes”, por ejemplo? ¿Qué hacer cuando el gobierno dice que un grupo delictivo “se llevó a sus muertos”? ¿Cuántos no fueron reportados por la propia autoridad? ¿De cuántos no habrán de encontrarse huellas?
¿Cuántas personas sin vínculo con la violencia han muerto o desaparecido a manos de la autoridad, pero no fueron reportadas?
Y si no sabemos con precisión cuántos, se alejan las posibilidades de saber por qué o quién lo hizo, porque hay que insistir y ser más precisos: 24 de cada 25 asesinatos intencionales quedan impunes.
¿Cuántos murieron sin empuñar un arma, sin retar a la autoridad? ¿Quién puede ir más allá de lo que informan los escuetos boletines de la Defensa Nacional o de la Guardia Nacional? ¿Los fallecidos sí eran del crimen organizado? ¿De veras le dispararon a la policía?
¿Quién investiga las causas reales de un asesinato? ¿Quién busca al homicida? ¿Quién certifica que sí “encontraron el cuerpo en un terreno” o verifica que efectivamente las autoridades sólo “repelieron una agresión”?
Oficialmente, no hay gobierno que reconozca abusos de las fuerzas de seguridad, así que tampoco podemos saber cuántas personas fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos como la ejecución extrajudicial o la desaparición forzada. Y cuando por una u otra razón quedan en evidencia los abusos, las autoridades solo los atribuyen a “manzanas podridas”, que excepcionalmente se filtran en sus filas, pero nunca se reconoce la existencia de un sistema pensado para permitir la impunidad de estas fuerzas, de sus mandos y de quienes diseñan las estrategias y marcan el rumbo de la “guerra”.
Hay datos para demostrar que todas estas preguntas son válidas, que se debe dudar de las cifras oficiales y, sobre todo, de una narrativa ofrecida por la autoridad que principalmente permite su actuar en impunidad.
Otro ejemplo. Los últimos tres gobiernos -que han estado encabezados por cada uno de los tres principales partidos de México- tiene casos en los que se documentó que primero fue reportado un “enfrentamiento entre delincuentes y autoridades”, pero investigaciones periodísticas, de organizaciones de la sociedad civil o denuncias de familiares dejaron al descubierto que los hechos no habían ocurrido como se reportaron, que ni siquiera los números de víctimas cuadran o descubierto que, en realidad, se trató de crímenes cometidos por las fuerzas públicas.
Ahí están Monterrey, Tanhuato, Tlatlaya, Nuevo Laredo…
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La investigación que presentamos busca documentar un grupo específico de crímenes de guerra: aquellos que presuntamente fueron cometidos por fuerzas de seguridad, federales o estatales contra víctimas inocentes o indefensas, víctimas que fueron “detenidas” por estas mismas fuerzas, pero nunca llegaron a un ministerio público. Son las víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Más específico: hombres y mujeres sin vínculos con el crimen organizado, sobre los que no pesaba ninguna sospecha y que no eran parte de ninguna investigación.
Este trabajo prueba que cualquier persona en México puede ser víctima del abuso de poder y las violaciones de derechos humanos que sostienen la política de seguridad del Estado.
Aquí hay más de mil 500 víctimas, con nombre y apellido. Víctimas de autoridades, de policías, soldados, guardias nacionales o marinos, no de la guerra contra el crimen. Aunque hablemos de un universo de 371 mil asesinatos en tres sexenios, mil 500 no son pocas porque en realidad son sólo una muestra, en la que se puede presumir que murieron o desaparecieron, impunemente, a manos de entidades gubernamentales. Triplemente grave.
Personas que salían de la escuela, estaban en casa, compraban algo en una tienda, jugaban futbol, transitaban por una carretera, comían en un restaurante… O que salían de la biblioteca de su escuela, el Tec de Monterrey, como les ocurrió a Jorge Antonio Mercado Alonso y a Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados por el Ejército el 19 de marzo de 2010. Un caso muy conocido, y que aun así permanece impune.
Las fuerzas de seguridad, en estos mismos casos y según la versión oficial, simplemente “se equivocaron” o lo que hicieron solo fue un “acto de indisciplina” o “los culpan, pero seguro son inocentes” o…
En el caso de Jorge y Javier, como en cientos más, la autoridad buscó sembrarles pruebas a las víctimas para eludir su responsabilidad y si fueron “descubiertos” se debe únicamente a la insistencia de una familia o a la investigación de periodistas o al trabajo de organizaciones de la sociedad civil. Nunca a gobernante alguno.
La suma de casos, las coincidencias en el modus operandi y la impunidad dejan en claro que no solo son un número inaceptable, también que son algo más que errores o casos aislados.
Revelan que las fuerzas del orden saben que no habrá consecuencias. Que lo hacen porque se puede. Que actúan a sabiendas de que tienen licencia a priori y un manto de complicidades a posteriori para disponer de la vida de cualquier persona. Que en México se cometen crímenes de lesa humanidad.
Éste es un listado inédito de víctimas que demandan justicia, que exigen una explicación: ¿por qué, si solo salió unos minutos a un mandado? ¿Y por qué el gobierno encubre a sus criminales?
La investigación se basa en fuentes hemerográficas, testimonios, investigaciones académicas, recomendaciones de todas las comisiones de derechos humanos y, particularmente, en las propias denuncias que han recabado decenas de colectivos de familiares.
La metodología para esta búsqueda inicia con el universo digital de Google y un buscador diseñado por Óscar Elton y Mónica Meltis, de Data Cívica, que permitió seleccionar decenas de miles de notas periodísticas o boletines que incluían información sobre asesinatos y detenciones en los que presuntamente había policías estatales o federales, militares en activo, marinos destacamentados en unidades dedicadas a la seguridad o elementos de la Guardia Nacional.
Utilizando palabras clave, se generó un primer listado con más de 60 mil coincidencias. Se revisaron una por una para seleccionar los casos que podían encuadrar en dos categorías seleccionadas: ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas perpetradas por presuntas fuerzas federales o estatales, pero que además hay elementos para probar que no estaban participando en hechos delictivos y que ni siquiera tenían órdenes de aprehensión ni una orden de juez para su arresto, o bien que estaban indefensos.
Además, se revisaron todas las recomendaciones de las 32 comisiones estatales de Derechos Humanos y la Nacional.
Se acudió a algunas organizaciones de familiares de desaparecidos para conocer sus casos.
Se revisaron expedientes de los pocos casos que se abren al público y al periodismo.
Se hicieron entrevistas con 191 familiares directos de las víctimas.
Profundizamos también en la vida de 191 víctimas de ejecución y desaparición, en las que grabamos entrevistas con familiares que narran sus pesadillas y nos actualizan sobre el estado de la investigación.
Policías de distintas corporaciones, fiscalías, Guardia Nacional, Ejército y Marina. Decidimos no incluir a policías municipales, que también son parte del enfrentamiento armado, pues el número a identificar se podría multiplicar por 10, y esta investigación no contaba con tal alcance. Nos queda pendiente registrar, bajo la misma metodología, la colusión de las policías municipales con el crimen organizado, la mera ineficiencia o el poder que da un arma y que permite a los policías de estas corporaciones matar, sin que pase nada.
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La investigación a profundidad de estos 135 casos fue posible por el trabajo que hicieron periodistas de todo el país, que participaron por meses en esta investigación.
Participaron La Verdad de Juárez (Chihuahua), el Noroeste (Sinaloa), Amapola Periodismo (Guerrero), Lado B (Puebla), Elefante Blanco (Tamaulipas).
Y los periodistas Carlos Arrieta, Charbell Lucio y Carlos López (Michoacán), Miguel León (Veracruz) y el propio Paris Martínez (CDMX).
Todos y todas, coautores de este trabajo, que se nutre sobre todo de las propias indagatorias que hacen los familiares de las víctimas. Sin ellas ni siquiera podríamos saber lo poco que sabemos sobre la impunidad oficial cuando en México las autoridades matan personas inocentes, las ejecutan y las desaparecen.
Permiso para matar documenta casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial de fuerzas de seguridad | Ilustración: Jesús Santamaría / @re.zndz y Andrea Paredes / @driu.paredes
Alejandro Arcos Fuentes desapareció el 15 de junio del 2023, de acuerdo con testigos, un grupo de hombres se lo llevaron al salir de un ferretería en el centro de la comunidad serrana de Jaleaca de Catalán, municipio de Chilpancingo.
A un mes de los hechos, denunció la familia, la Fiscalía General del Estado (FGE), no ha realizado una búsqueda en el poblado y sus alrededores para dar con el paradero de Alejandro.
Esta no es la primera vez que la familia Arcos Fuentes es víctima de la violencia que ocurre en la Sierra de Guerrero.
El 21 de mayo del 2021, el hermano de Alejandro, Marco Antonio Arcos Fuentes, que se desempeñaba como comisario de Jaleaca, fue asesinado en Chilpancingo días después de organizar un marcha para exigir a las autoridades ambientales detener la tala inmoderada de arboles en la sierra de Chilpancingo.
Marco Antonio, en los primeros meses de 2021 encabezó protestas en Chilpancingo para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detener la tala inmoderada de árboles que ocurre desde hace 10 años en los alrededores de Jaleaca lo que ocasionó la disminución de agua en los manantiales.
Dos días antes de su asesinato, Marco Antonio retuvo a funcionarios de la Semarnat y Profepa para exigir solución a la petición de detener la tala de árboles.
Por su parte, Alejandro desapareció en el centro de Jaleaca después de comprar unas varillas para construir una tumba para una de sus sobrinas.
«Estabamos de luto, estabamos enterrando a una sobrina y Alejandro para ayudar a su cuñado fue a la ferretería para comprar el material para construir la tumba, y fue de regreso que nos dijeron que unas personas se las llevaron», contó Maritza Arcos Fuentes, hermana de Alejandro.
Para exigir la pronta aparición con vida de Alejandro, su famila organizó una marcha del Monumento a las Banderas con dirección al edificio de la FGE.
Desde el caso de Marco Antonio y ahora el de Alejandro, la FGE es omisa y en ninguna de las investigaciones da resultados, denunció Maritza.
«En el caso de Marco Antonio nunca nos entregaron sus pertenencias, empezando por su teléfono y es hora que no sabemos nada de las investigaciones», dijo Maritza.
Otra de las denuncias que hizo la familia es que a un mes de la desaparición de Alejandro el personal de la FGE no ha realizado búsquedas en campo.
La marcha llegó a la FGE donde fueron atendidos por personal de la Fiscalía Especial de Desaparición de Personas.
Después de un mes desaparecido fue localizado sin vida el adolescente Abimael Bolaños Cortez, de 17 años, estudiante del Instituto de Estudios Stephen Hawking (IESH), en el municipio de Eduardo Neri.
De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, el cadáver de Abimael fue hallado el 21 de julio, en el acceso del antiguo basurero de Zumpango del Río, cabecera municipal de Eduardo Neri.
Después le hicieron las pruebas de ADN correspondientes y el viernes 11 de agosto confirmaron que se trataba del menor. Hasta ahora la familia desconoce la causa de muerte.
Abimael desapareció el 21 de junio cuando salió de su casa con dirección a su escuela, alrededor de las siete y media de la mañana. El último contacto que Abimael tuvo fue con una compañera de su escuela, quien le encargó unas copias para un trabajo que entregarían, pero Abimael nunca contestó su mensaje ni llegó al plantel, contaron en su momento familiares.
Después de la desaparición de Abimael, sus familiares y amigos hicieron una marcha hacía la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir agilidad en la búsqueda.
Ana María Cortes Sánchez, madre del menor, informó que en la FGE minimizaron el caso y le dijeron que tenían muchos otros casos acumulándose.
Contó que en la reunión con funcionarios de la FGE le dijeron que era posible que su hijo se fuera por su voluntad de su casa “porque a lo mejor ya estaba harto de ella, su madre”.
Mencionó que su respuesta fue que antes de hacer esos señalamientos se pusieran a buscarlo. “Yo le decía (Abimael) que es como mi nariz, porque siempre va delante de mí”, dijo Ana María que le contestó a los agentes ministeriales.
Por la protesta afuera de la FGE elementos de la Policía Investigadora Ministerial realizaron un recorrido por última ruta que vieron a Abimael y colocaron carteles y entregaron fichas de búsqueda, pero ni hallaron al menor.
La FGE entregó el viernes los restos del adolescente a su familia y el sábado fue sepultado. Abimael cumplió 17 años en el periodo de su desaparición.
Aun cuando ya entregaron el cadáver de menor a su familia y fue sepultado, la FGE todavía no desactiva la ficha de búsqueda de Abimael.
Por el asesinato de Abimael, el Instituto Educativo Stephen Hawking, donde estudiaba el menor, exigió a las autoridades justicia. “Cumplan su propósito, exigimos justicia para nuestro alumno, compañero y amigo Abimael Bolaños Cortez. Descansa en Paz», se lee en la esquela publicada en los medios oficiales de la institución.
«A lo largo de su tiempo en nuestra Institución, Abimael dejó una huella de amabilidad y compromiso que nunca olvidaremos. A pesar de su partida, su presencia seguirá viva en los pasillos y aulas que compartimos», es otro fragmento de la esquela.
De acuerdo con reportes oficiales de la FGE el cadáver de Abimael fue hallado en avanzado estado de descomposición, por lo que se cree que murió en los primeros días de su desaparición.
La FGE aún no determina la causa de muerte.
Familiares y conocidos del menor de 16 años, Abimael Bolaños Cortez, desaparecido el 21 de junio, marcharon hacía la Fiscalía General del Estado el día viernes 30 para exigir agilizar su búsqueda. Foto: Oscar Guerrero.
